7 de mayo de 1934: Ubico suaviza el Reglamento de Jornaleros

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico suaviza considerablemente el «Reglamento de Jornaleros«, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas. Ubico, al igual que Barrios, era un importante cafetalero, pero por medio de esta ley trasladó el control de los jornaleros de los grandes productores al Estado, y pudo controlar la recuperación de la economía nacional.

Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas. En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas. En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El Reglamento de Jornaleros:

Véase también: Reglamento de Jornaleros

El «Reglamento de Jornaleros» fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno —quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela—, y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos «mandamientos de jornaleros» para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas «propiedades» se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementaron con el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871. Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras «realengas«, de las grandes haciendas confiscadas a las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas. Los principales favorecidos fueron los criollos liberales —entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3-6—, y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y la mayoría de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán. El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

Actualización de la Ley de Vialidad:

Véase también: Ley de Vialidad de 1874, Ley de Vialidad de 1933

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de una nueva y «Ley de Vialidad«, que fue el decreto 1474 emitido en 1933 por la que pasaba el control de los trabajadores de los cafetaleros a la Dirección de Caminos.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

El Decreto 1995:

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.1

He aquí la transcripció íntegra del decreto:

Decreto Número 1995

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando:

Que se ha observado que las dificultades que se suscitan entre los patrones y los jornaleros provienen de la inconformidad con las sumas que aparecen recibidas de los llamados habilitadores, y que, por otra parte, los anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios.

Por tanto, decreta:

Art. 1.° — Se prohiben, en lo sucesivo, los anticipos a los colonos y jornaleros de las fincas.

En ningún caso los colonos y jornaleros tendrán derechos a ser habilitados.

Art. 2.° — Los anticipos concedidos antes de la emisión de esta Ley, podrán liquidarse, simultánea o gradualmente, en efectivo o por cumplimiento del compromiso contraído, a elección del colono o jornalero, durante los dos años siguientes a la publicación de la misma. Pasado este tiempo, el saldo pendiente quedará a favor del respectivo colono o jornalero.

Las prescripciones de este artículo no obstan para el cumplimiento de los artículos 13 y 22 de la Ley de Trabajadores.

Art. 3.° — Los patrones, los administradores y sus agentes, que concedan anticipos a los colonos y jornaleros, perderán las sumas que entreguen en ese concepto a favor de quienes las reciban, en incurrirán en una multa de CIEN A QUINIENTOS QUETZALES, que impondrá el Jefe Político, con destino a la Tesorería de la Junta de Agricultura y Caminos del Departamento. 

Art. 4.° — Unicamente los empleados de las fincas podrán desempeñar el cargo de agentes de su patrón para contratar con los trabajadores la prestación de servicios en sus haciendas y fincas.

Ninguna persona podrá emplearse, a la vez, con dos o más patrones o dueños de propiedad para representarlos en actos comprendidos en el párrafo anterior.

La persona que violare lo dispuesto en este artículo sufrirá, por su inobendiencia, al pena de seis meses de arresto menor.

Art. 5.° — Los individuos que, al entrar en vigor esta Ley, hubieran habilitado trabajadores para contratar sus servicios, con terceras personas, deberán, dentro de los quince días siguientes, presentar una nómina de los trabajadores habilitados ante las Jefaturas Políticas del lugar del domicilio de éstos, para que, determinado el monto exacto de cada habilitación, se fije el término y condiciones en que el trabajador efectuará la devolución.  Este término no será mayor de treinta días.

Art. 6.° — El presente Decreto entrará en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el siete de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.

(f.) L. F. Mendizábal, primer vicepresidente

(f.) C. Enrique Larraondo, secretario

(f.) F. Hernández de León, secretario

Casa del Gobierno: Guatemala, diez de mayo de mil novientos treinta y cuatro.

Publíquese y cúmplase.

(f.) Jorge Ubico.2

(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Guillermo Cruz.

Modificación de la ley de vagancia:

Véase también: Ley de vagancia de 1878, Ley de vagancia de 1934

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la «Ley de Vagancia«, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras. Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso —aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita—.10


Bibliografía:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala).
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. — (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901. XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. — (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906. XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 (2). p. 414.
  8. Méndez, Rosendo P. (1936). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1933-1934. LII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 363-364.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid., p. 10.
  11. Ibid., p. 11.
  12. Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935 LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 71-75.

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