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11 de octubre de 1825: decretan la primera constitución del Estado de Guatemala

La Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala decreta la constitución del Estado cuando éste era parte de la República Federal de Centro América.

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La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala a principios de la década de 1890, cuando todavía tenía la Fuente de Carlos III y estaba en pie el Palacio Colonial, que estaba ubicado en donde hoy se encuentra el Parque Centenerio y la Biblioteca Nacional. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Formación de la República Federal de Centro América:

Véase también: se forma la República Federal

La República Federal de Centro América se formó el 22 de noviembre de 1824, con el mismo territorio que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala —exceptuando a Chiapas que se quedó en México tras la efímera Anexión de Centroamérica a México— y quedó compuesta por cinco estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El Estado de Guatemala:

El Estado de Guatemala fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente que emitió la constitución del 11 de octubre de 1825: «el estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y lo forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior«.​

La misma constitución de 1825 indicó cual era el territorio del estado, y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825, cuando la Asamblea Constituyente dividió al territorio en siete departamentos.Nota

Principales artículos de la Constitución de 1825:

Algunos de los artículos de aquella Constitución se reproducen a continuación:

Título I: Del estado; sus derechos; sus garantías particulares; del territorio

    • Artículo 1°.— El estado conservará la denominación de Estado de Guatemala.
    • Artículo 2°.— Forman el estado los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo.
    • Artículo 3°.— El estado de Guatemala es soberano e independiente, y libre en su gobierno y administración interior.1

Sección 1a.: Del estado

    • Artículo 5°.— Ningún individuo, ninguna reunión parcial de ciudadanos, ninguna fracción del pueblo puede atribuirse la soberanía, que reside en la universalidad de los ciudadanos del estado.
    • Artículo 6°.— Los ciudadanos investidos de la autoridad legislativa, ejecutiva y judiciaria son dependientes del estado, y responsables a él, en los términos que prescribe la constitución.
    • Artículo 7°.— Ninguna autoridad del estado es superior a la ley: por ella ordenan juzgan y gobiernan las autoridades; por ella se debe a los funcionarios respeto y obediencia.
    • Artículo 8°.— Delegando el estado el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judiciario, conserva la facultad de nombrar constitucionalmente sus funcionarios.
    • Artículo 9°.— Ningun oficio público es venal ni hereditario.
    • Artículo 10.— El estado no reconoce condecoraciones ni distintivos hereditarios. Tampoco admite vinculaciones.
    • Artículo 14.— Ninguno puede ejercer autoridad en nombre del estado, ni llenar ninguna función pública sin estar autoridado por la ley.
    • Artículo 15.— La fuerza pública es instituida para la seguridad comun y no para utilidad de los funcionarios a quienes se confía.
    • Artículo 16.— El estado es un asilo sagrado para todo extranjero, y también la patria de todo el que quiera residir en su territorio, raidándose en él con arreglo a las leyes.
    • Artículo 17.— La policía de seguridad no podrá ser confiada sino a la sautoridades civiles, en la forma que la ley determine.
    • Artículo 18.— Ninguna población podrá ser desarmada, ni despojarse a ninguna persona de las armas que tenga en su casa ni que lleve lícitamente.2

Sección 2a.: derechos particulares de los habitantes

    • Artículo 20.— Los derechos del hombre en sociedad son: la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad.
    • Artículo 21.— Todo hombre es libre en el estado: nadie puede venderse ni ser vendido.
    • Artículo 22.— No existen las distinciones sociales sino para la utilidad comun: no hay entre los ciudadanos otra superioridad legal que la de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, ni otra distinción que la de las virtudes y los talentos.
    • Artículo 23.— Todos los ciudadanos son adminisbles a los empleos públicos.
    • Artículo 24.— Todos los habitantes del estado están obligados a obedecer y respetar la ley, que es igual para todos, ya premie, ya castigue: a servir a la patria, a defenderla con las armas y a contribuir proporcionalmente a los gastos públicos, sin exención ni privilegio alguno.
    • Artículo 25.— A nadie puede impedirse la libertad de decir, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que puedan sujetarse en ningun caso, ni por pretexto alguno a examen ni censura.
    • Artículo 26.— Ninguno está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni puede impedírselo lo que no prohibe.
    • Artículo 27.— Las acciones privadas que no hieren el orden, la moralidad, ni la decencia pública, ni producen perjuicio de tercero, están fuera de la jurisdicción de los magistrados.
    • Artículo 28.— Todos los habitantes del estado deben ser protegidos en el goce de su vida, de su reputación, de su libertad, seguridad y propiedad. ninguno puede ser privado de estos derechos sino en los casos prevenidos por la ley, y con las formalidades legales.
    • Artículo 29.— Todo habitante libre de responsabilidad puede trasladarse a un país extranjero, y volver al estado cuando le convenga.3
    • Artículo 39.— El gobierno del estado es el republicano, popular, representativo.[…]4
    • Artículo 94.— Corresponde a la Asamblea:
      1. Proponer y decretar, interpretar y derogar las leyes, ordenanzas y reglamentos, que en todos los ramos de la administración pública, deben regir en lo interior del estado.
      2. Determinar anualmente el gasto de la administración del estado, y decretar los impuestos y contribuciones de todas clases, necesarios para cubrirle, y para llenar el cupo que le corresponda en los gastos de la administración federal, estableciendo las contribuciones públicas, su naturaleza, cantidad, duración, y modo de percibirlas.
      3. Aprobar el repartimiento que de las contribuciones directas se haga a los departamentos del estado, según su población y riqueza; velando sobre su inversión y la de todos los ingresos públicos de cualquiera clase, haciéndose dar cuenta de ellos al poder ejecutivo.
      4. Decretar la creación o supresión de los oficios públicos, dotados por la hacienda del estado, por los fondos comunes.
      5. Permitir o negar la introducción de tropas de otros estados para guarnición interior del de Guatemala.
      6. Fijar periódicamente la fuerza permanente, si se necesitase en tiempo de paz; crear la milicia cívica, la activa, y levntar toda la que corresponda al estado en tiempo de guerra.
      7. Dar ordenanzas a la fuerza pública del estado […].5

Título IX. Sección 3a.: Justicia criminal. Garantías.

    • Artículo 182.— No podrá imponerse pena de muerte, sino por delitods que atenten directamente contra el orden público, y en el asesinato u homicidio premeditado o seguro.
    • Artículo 183.— Están abolidos para siempre el uso de los tormentos, los apremios, la confiscación de bienes, azotes y penas crueles.
    • Artículo 184.— Nadie puede ser preso sino en virtud de orden escrita de autoridad competente para darla. No podrá librarse ésta sin que preceda justificación de que se ha cometido un delito que merezca pena más que correccional; y sin que resulte al menos por el dicho de un testigo, quién es el delincuente.
    • Artículo 185.— Pueden ser detenidos el delincuente cuya fuga se tema con fundamento, el que sea encontrado en el acto de delinquir; y en este caso cualquiera pude aprenderlo para llevarle al juez.6

Notas:

  • La constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 fue la base para los distritos y circuitos estipulados para los juicios de jurados el 11 de abril de 1836. Esto lo explica la publicación de Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, volumen I de 1869 de Manuel Pineda de Mont, la cual especifica en la página 467 que para dicha Recopilación se utilizó la copia del acta de los distritos que fue elaborada el 11 de abril de 1836; sin embargo, leyendo cuidadosamente toda la ley transcrita por Pineda de Mont, se advierte que al principio de la misma, en la página 463, dice: «Ley 4: Artículos de la Constitución Política del Estado de Guatemala, decretada por su Asamblea el 11 de octubre de 1825, decretando los pueblos que comprende el territorio del Estado«.​

Bibliografía:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 42.
  2. Ibid, p. 222.
  3. Ibid, p. 223.
  4. Ibid, p. 69.
  5. Ibid, p. 201.
  6. Ibid, p. 224.

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