Si bien hubo un cambio en la orientación de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II en la década de 1960 cuando se puso mucho énfasis en el servicio social de los eclesiásticos, anteriormente sus miembros habían gozado de amplios privilegios y eran propietarios de grandes haciendas, monasteries y lujos.
Durante la época colonial, por ejemplo, el clero secular estaba obligado a tener bajo su cuidado las diferentes parroquias de poblados indígenas, a cambio de los cual recibía servicios y alimentos gratuitamente por parte de los pobladores. Este beneficio era tan deseado por el clero, que las órdenes regulares que formaron las doctrinas originales en el siglo XVI, se resistieron a entregarlas a las parroquias seculares hasta la segunda mitad del siglo XVIII y solamente porque las relaciones entre la Corona y la Iglesia se resquebrajaron.
La época turbulenta que vivió España en la década de 1810 luego de la invasión napoleónica favoreció que se emitieran leyes que modificaran muchas de las prestaciones que tenían los eclesiásticos. Si bien muchos de los diputados a las Cortes de Cádiz eran miembros de la Iglesia, muchos de los cambios propuestos prosiguieron y llegaron a convertirse en leyes, entre ellos la eliminación del trabajo gratuito que los pobladores indígenas hacían para sus curas párrocos.
Cuando el rey Fernando VII recuperó el trono en 1814 derogó las leyes de las cortes, hizo prisioneros a los diputadores y restableció muchos de los privilegios de la Iglesia. En Guatemala, tras la Independencia de Centroamérica los eclesiásticos mantuvieron su posición de élite hasta 1829, en que el partido conservador fue derrotado por los ejércitos liberales de Francisco Morazán quien expulsó a todos los frailes de Centroamérica y le quitó todos los privilegios al clero secular.
Tras la derrota de Morazán a manos de Rafael Carrera en la Ciudad de Guatemala en 1840, el gobierno conservador se restructuró en el Estado de Guatemala y debido a que la revolución que encabezó Carrera era eminentemente católica, restableció todos los privilegios que la Iglesia había tenido hasta 1829. Dichos beneficios se mantuvieron vigentes hasta el proceso de Reforma Liberal iniciado por J. Rufino Barrios en 1872.
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