22 de diciembre de 1871: el gobierno de facto del presidente provisorio Miguel García Granados elimina el diezmo y lo sustituye por una contribución anual de veinte mil pesos a la arquidiócesis

22diciembre1871
Salón de actos de la Facultad de Medicina y Farmacia del Centro en 1896.  El edificio, (desaparecido durante los terremotos de 1917-18) había sido expropiado a la Orden de los Padres Paulino en la década de 1870.  Imagen tomada de “La Ilustración Guatemalteca“.

La Revolución Liberal de 1871 empezó a atacar frontalmente a la Iglesia Católica desde su triunfo el 30 de junio.  Poco a poco fueron expropiando monasterios y haciendas a las órdenes regulares, principiando por los jesuitas, por quienes tenían un odio casi patológico.  Por su parte, al clero secular lo debilitaron eliminando el diezmo obligatorio, aduciendo que las municipalidades tenían dificultades logísticas para cobrarlo.

En 1871 el gobierno de Guatemala todavía no había denunciado el Concordato establecido con la Santa Sede en 1852 y no podia tomar decisiones unilaterales con respecto a los clérigos. Por esta razón, decidieron otorgar una contribución anual de viente mil pesos que el gobierno le daría a la arquidiócesis, además de los cuatro mil pesos anuales estipulados en el Concordato.  Esta erogación fue otorgada únicamente los primeros dos años ya que cuando el general Miguel García Granados fue sustituido por el general J. Rufino Barrios el ataque contra la Iglesia Católica fue frontal.

Lo que ocurrió fue que el presidente provisorio era miembros de las famlias más adineradas de Guatemala (aunque estuviera en el partido liberal) y tenía muchos parientes en el clero. Fue por ello que los liberales, ansiosos por quedarse con las propiedades de los religiosos, lo cambiaron por J. Rufino Barrios en 1873 quien, emulando a lo que ya había hecho Francisco Morazán en 1829, procedió a expulsar a todos los frailes y monjas, a eliminar los privilegios de los obispos y curas y a expropiar los bienes, especialmente las grandes haciendas que fueron repartidas entre sus correligionarios para formar grandes fincas cafetaleras.

Esta ataque frontal dejó a la iglesia guatemalteca en una situación sumamente precaria, la cual se extendió hasta el gobierno del general José María Reina Barrios cuando se permitió el retorno del arzobispo Ricardo Casanova y Estrada luego de un exilio de diez años en Costa Rica.  En cuanto a las órdenes religiosas y los bienes de las mismas, estas no pudieron regresar oficialmente al país sino hasta en 1954, luego del derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz, ya que el arzobispo Mariano Rossell y Arellano trabajó en la causa liberacionista al ver que era la oportunidad para recuperar los privilegios de la Iglesia.


BIBLIOGRAFIA: