Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.
Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, y siguiendo el ejemplo de los liberales que forzaron al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz en 1820, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:
La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:
Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:
- Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
- Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
- Queda abolida la distinción del “don”.
- Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
- El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
- El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
- Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
- Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
- Los ayuntamientos “municipalidades”.
- Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
- Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.
Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala, tal y como había ocurrido también en España en 1823 cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.
BIBLIOGRAFIA:
- Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
- — (1871). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1870 II. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
- — (1872). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1871 III. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
