25 de octubre de 1709: se confirma a Fray Rodrigo de la Cruz como Prefecto General vitalicio de la Orden de Belén, fundada por el santo Hermano Pedro

25octubre1709
Antigua iglesia de Belén en la Antigua Guatemala a principios del siglo XX.  Tras los terremotos de 1773, los frailes tuvieron que vender sus antiguos monasterios para subsisitir, y por ello la iglesia era utilizada como fábrica.  Imagen de Arnold Genthe.

La orden de los betlemitas es una orden regular hospitalaria que se estableció en el Reino de Guatemala durante la época colonial, a instancias del santo Hermano Pedro de Betancour, y por el trabajo incansable de Fray Rodrigo de la Cruz (cuyo verdadero nombre era Rodrigo Arias de Maldonado, ex gobernador de Costa Rica).  Esta orden tiene la particularidad de ser tanto la primera que se estableció en tierras americanas y como de ser la útima orden regular que se aprobó.

De la Cruz nació en Marbella, Granada el 23 de diciembre de 1637, y provenía de una familia que era descendiente del duque de Alba y de los condes duques de Benavente: la de Andrés Arias Maldonado, quien fuera nombrado gobernador de Costa Rica en 1656.  Poco después de llegar a Centroamérica, Andrés Arias falleció y la gobernatura recayó en su hijo Rodrigo, quien conquistó Talamanca utilizando para ellos sesenta mil pesos de su propio peculio.

En virtud a sus victorias y a su lealtad para con la corona, el rey Carlos II lo nombró marqués de Talamanca, pero para cuando llegó la bula con su nombramiento, Rodrigo Arias había tomado los hábitos de la orden de Belén, una sencilla orden de frailes que había formado el santo hermano Pedro de Betancour.  De acuerdo al historiador eclesiástico Domingo Juarros, cuando Arias se encontraba en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1666, presenció el milagro de resurrección de una señora, hecho por el santo hermano Pedro, lo que lo horrorizó y lo llenó de veneración para con el santo.  De la impresión, Arias abrazó la vida monástica y se cambió el nombre por el de Rodrigo de la Cruz.

Tan solo cuatro meses después de su conversión falleció el hermano Pedro, y de la Cruz quedó al frente de la nueva orden, y del Hospital de Nuestra Señora de Belén.  De inmediato se dedicó a organizar correctamente la orden, formando los estatutos de la Compañía Betlemítica, consiguiendo que los aprobara el Ordinario y que nuevos hermanos tomaran los hábitos.  Posteriormente, se reunieron capitularmente y eligieron a de la Cruz como su Superior el 2 de febrero de 1668.

Ya formalmente al frente de la orden, de la Cruz continuó con la construcción del Hospital, la casa de los hermanos y la iglesia de Belén, y también fundó el beaterio de Belén para mujeres.  Posteriormente viajó a Lima, en donde fundó el instituto Betlemítico en el Hospital de Nuestra Señora del Carmen y luego fue a Madrid y a Roma para obtener la confirmación de la constitución de su orden.

Regresó a Guatemala en 1676 a poner en práctica las ordenanzas y luego fue a Lima a hacer lo mismo, aprovechando para fundar Hospitales en Cajamarca, Chachapoyas, Piura y Trujillo.  Incansable en su labor, el 10 de diciembre de 1703 fue nombrado Prefecto General de la orden hasta que la Curia Romana decidiera si aquel puesto era vitalicio; esta resolución fue confirmada el 25 de octubre de 1709, en el segundo capítulo general que se celebró en el Convento de Guatemala.

De la Cruz continuó su ardua labor al frente de la orden hasta su muerte, el 25 de septiembre de 1716, cuando tenía 79 años de edad, 50 de haber ingreso a la orden y 29 de ser su Prefecto General.  Fue sepultado en la Iglesia del Hospital de México, que él mismo había fundado.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


22 de junio de 1944: la carta de los 311

311 ciudadanos envían una carta al presidente general Jorge Ubico pidiendo que se restituyan las garantías constitucionales

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El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico.   Imaen tomada de Wikimedia Commons.

El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento.​ Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República.1​ Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos, nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas, siguiendo el ejemplo de la huelga general en El Salvador que había logrado derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez el 11 de mayo de ese año, luego de 14 años de férreo gobierno.2

Ubico entonces suprimió la garantías constitucionales y dirigió el siguiente manifiesto a la población:3

El día de hoy, en Consejo de Secretarios de Estado, he decretado la restricción de algunas de las garantías constitucionales.

El primer deber que me concierne como mandatario es, ante todo, la conservación de la paz y del orden interno de la República; y esas dos finalidades del Poder Ejecutivo están amenzadas por la acción perturbadora de elementos que han querido exaltar los ánimos en algunos sectores de la vida nacional.

Se hace indispensable la adopción de medidas enérgicas para contrarretar la acción disolvente de los agitadores; y a esta finalidad conduce la restricción de las garantías.  No obstante, la sociedad debe estar tranquila en sus elementos de orden y de trabajo.  Las medidas de represión que hayan de adoptarse no regirán con las personas de orden y cumplidoras de sus deberes ciudadanos; y el término de esta situación de emergencia será el que quieran los agitadores.

Cuando vuelvan las corrientes sociales, en los sectores perturbados al cause normal de sus actividades, serán restablecidas inmediatamente las garantías que hoy me veo en el caso de restringir. 

Vuesto conciudadano,

Jorge Ubico

Guatemala, 22 de junio de 1944.3

Ese mismo día, un grupo de 311 ciudadanos, envalentonado por el ambiente favorable contra los regímenes que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos había apoyado en Guatemala, Honduras y El Salvador,  le envió la siguiente misiva al general Ubico:

Señor Presidente de la República:

Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:

El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.

La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.

Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo.​ La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción.

Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.

Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.

La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.

Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.

Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.

Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.

Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:

    1. El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
    2. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.

Guatemala, 22 de junio de 1944.4

Este memorial fue redactado en casa del doctor Julio Bianchi y firmado por 311 personas en total, entre quienes figuraban destacadas personalidades de la sociedad guatemalteca, como el Dr. Carlos Federico Mora y estudiantes universitarios, como el futuro presidente Julio César Méndez Montenegro.  Sin embargo, la carta no tuvo la respuesta que esperaban los firmantes, sino que al contrario, produjo una represión violenta contra manifestantes, que resultó en la muerte de la profesora María Chinchilla el 25 de junio, y que a la larga, resultaría en la renuncia del general Ubico el 1 de julio de 1944.4,5


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista en latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. pp. 52,53.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. CLXXIX.
  4. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  5. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.