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27 de diciembre de 1954: restablecen contratos con la UFCO

La Asamblea del gobierno de Castillo Armas se reúne de emergencia para restablecer los contratos leoninos que favorecían a la United Fruit Company.

28diciembre1954
Tramo del Ferrocarril de Guatemala en la década de 1940.  En esa época el monopolio del ferrocarril lo tenía la companía International Railways of Central America, la cual era una subsidiaria de la United Fruit Company. En el recuadro: el coronel Carlos Castillo Armas.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La Asamblea Legislativa se reúne de emergencia:

Véase también: Carlos Castillo Armas, United Fruit Company

El 27 de septiembre de 1954 se solicitó a la Asamblea del gobierno de facto del coronel Carlos Castillo Armas que se revisaran los contratos suscritos con la United Fruit Company (UFCO) con el gobierno de Lázaro Chacón el 25 de mayo de 1930 y con el gobierno de Jorge Ubico, el 3 de marzo de 1936.   Por medio de estos contratos, la compañía frutera, y sus subsidiarias —la ferrocarrilera International Railways of Central America (IRCA) y la generadora de electricad Electric Bond and Share—,  fueron exoneradas del pago de impuestos, y habían quedado en una posición privilegiada frente a otras empresas nacionales y extranjeras. De hecho, los enclaves bananeros en Tiquisate, Escuintla y Bananera, Izabal, estaban unidos por el único ferrocarril que existía en el país, y que era controlado por la IRCA, la cual tenía también el uso exclusivo de los puertos de Champerico, San José y Puerto Barrios por medio de su flota mercante, la Great White Fleet. Este monopolio del transporte de pasajeros y carga hacía que la UFCO, además de la exoneración de impuestos de que gozaba, fuera la que verdaderamente mandara en el país, y la llevó a un enfrentamiento directo con los gobiernos revolucionarios, especialmente el del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.1

Comisión evaluadora:

Véase también: David Vela

Al recibir la solicitud, la Asamblea eligió a una comisión específica conformada por los diputados David Vela —quien era director del periódico «El Imparcial«—, Oscar Nájera Farfán, Abraham Cabrera Cruz, Ramiro H. Alfaro, Luis Padilla y Guillermo Flores Avendaño —quien luego sería presidente de la República—, para que estudiaran los contratos y dictaminaran al respecto.

Al día siguiente, 28 de diciembre, la comisión inusualmente presentó su dictamen de aprobación, junto con contratos adicionales que habían sido firmados el día anterior entre el gobierno de Castillo Armas y la United Fruit Company, los cuales de inmediato fueron enviados de vuelta a la Asamblea para su aprobación final, ya que era urgente para el gobierno liberacionista cumplir sus compromisos con su principal patrocinador antes de que terminara el año.1

Los contratos modificados:

Así, por medio de aquellos contratos, que en realidad fueron simples modificaciones de los de 1930 y 1936, la UFCO:

  1. Ya no tenía el compromiso de construir un puerto en el litoral Pacífico, pero quedaba obligada a pagar un impuesto del 30% de las utilidades netas que obtuviere con motivo de todas las actividades que realizare en Guatemala. El párrafo donde esto se indica dice así: La Compañía se obliga a pagar al Gobierno un impuesto anual sobre las utilidades o rentas netas que obtenga de todas sus actividades en el país, conforme a las tarifas vigentes hoy o que en el futuro se establezcan por la ley, bajo el entendido de que el total de este impuesto no excederá el 30% de dichas utilidades o rentas netas que se certificarán conforme se disone en el artículo 3º de este contrato. Queda expresamente convenido que la Compañía continuará cubriendo los otros impuestos que ya paga (tales como contribución sobre inmuebles, derechos de importación y exportación, y cuto del IGSS), mientras las leyes respectivas no sean derogadas o modificadas. Fuera de lo anterior, las partes convienen que, durante la vigencia de este contrato, las ganancias brutas, o netas, utilidades o rentas netas de la Compañía no estarán sujetas a ningún otro impuesto, contribución, gravamen, o recargo alguno, ahora establecidos o que se establezcan en el futuro por el Estado, los departamentos, los municipios o cualquiera otra subdivisión de la República. No se obligará a la Compañía a repartir utildades u otorgar participación en las mismas, salvo el caso que se emitan leyes de aplicación general y sin carácter discriminatorio.2
  2. Dió por terminado el reclamo que había presentado contra el gobierno de la República por la aplicación de la reforma agraria y la expropiación de parte de sus tierras ociosas. El párrafo donde esto se resuelve dice literalmente: Con el otorgamiento del presente contrato, ambas partes dan por terminadas y definitivamente concluidas cualesquiera diferencias existentes que hubieren dado lugar a reclamaciones formuladas por una parte contra la otra. Ambos contratantes por este medio renuncian a dichos reclamos y a las acciones que de ellos pudieran derivarse. Al dictarse decreto por la Asamblea Constituyente aprobando el presente contrato, la Compañía desistirá en forma expressa y absoluta de los recursos de revisión y de las reclamaciones [ya hechas], así como de cualquier otro recurso, reclamo gestión que hubiere hecho o presentado contra el Gobierno de la República, dentro o fuera de ella, con motivo de los expedientes de expropiación que se han seguido en aplicación del Decreto número 900 del Congreso.3
  3. Daba al Estado otras tierras de menor calidad que quedarían como reserva, y con la condición de que ninguna reforma agraria futura podría afectarlas bajo ningún concepto. Los reclamos indicados en el inciso anterior fueron resueltos de esta forma: Con el propósito de resolver en forma conciliatoria los expedientes expropiatorios de las tierras de la Compañía, […] así como de poner fin a las reclamasciones hechas por dicha Compañía ante o contra el Gobierno, las partes contratantes covienen en celebrar la transacción [siguiente]: La Compañía Agrícola de Guatemala traspasará a la Nación sin que ésta deba pagar nada por ello, lotes de terreno que suman una extensión total aproximada de 40,740 hectáreas (100,000 acres), equivalentes poco más o menos a 1,000 caballerías estimadas por la Compañía en más de dos millones de quetzales, a razón de dos mil quetzales la caballería, de las tierras que la Compañía posee en Tiquisate, del departamento de Escuintla y de la finca «Los Angeles», en el municipio de San José, del mismo departamento. Los lotes referidos se indican aproximadamente en los planos que la Compañía presenta al Gobierno y se desmembrarán de las fincas respectivas.4

La cuestión del pago de impuestos fue crucial en este nuevo decreto. A pesar de que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos tenían intereses económicos en la UFCO —como el propio secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, y del embajador de los EEUU ante las Naciones Unidas, John Cabot Lodge—, fue muy delicado para el gobierno estadounidense enterarse que la UFCO no pagaba impuestos sobre utilidades en Guatemala, pues iba en contra de la imagen que quería proyectar de libertad y prosperidad. Por ello, le hizo ver a la UFCO y a Castillo Armas que no iba a permitir la exoneración de impuestos y que tenían que encontrar la manera de llegar a un acuerdo para resarcir a la frutera por los embargos hechos durante la reforma agraria y de que ésta pagara impuestos al estado guatemalteco.

Acuerdo gubernativo aprobando la modificación:

Se reproduce aquí el acuerdo gubernativo, por su relevancia histórica ya que muestra la urgencia con que el gobierno guatemalteco cumplía con las exigencias de la frutera estadounidense que lo había llevado al poder:

Palacio Nacional: Guatemala, 27 de diciembre de 1954.

El Presidente Constitucional de la RepúblicaNota a

Que el estudio sobre las modificaciones a los contratos de la Compañía Agrícola GuatemalaNota b, hecho por la comisión específica designada para el efecto, está ceñido a los puntos de vista que sustenta el Gobierno; y que examinados, tanto el contrato que contiene la negociación indicada, como el que se refiere al arreglo transaccional que pone fin al problema agrario pendiente de resolución entre las partes contratantes, son beneficiosos para los intereses nacionales;Nota c por tanto, en Consejo de Ministros, acuerda:

Artículo 1.º— Aprobar las ocho cláusulas de que consta el contrato, que modifica los contratos de la Compañía Agrícola de Guatemala, suscrito el día de hoy por los señores Ministros de Gobernación licenciado Ricardo Quiñones Lemus, de Hacienda y Crédito Público Jorge Echeverría Lizarralde, y de Economía y Trabajo, licenciado Jorge Arenales Catalán, en representación del Gobierno de la República de Guatemala, con el señor Almyr Lake Bump.

Artículo 2.º— Aprobar las diez cláusulas de que consta el contrato de transacción, de sta misma fecha y suscrito por las personas mencionadas en representación del Gobierno de la República y la Compañía Agrícola de guatemala.

Artículo 3.º— Dar cuenta inmediata a la Asamblea Nacional Constituyente de los contratos de que se ha hecho mérito, para su aprobación, de conformidad con el artículo 3º del Decreto número 3 de la propia Asamblea.

Artículo 4.º— Este acuerdo entra en vigor inmediatamente.

Comuníquese.

      • Castillo Armas
      • Ministro de Agricultura: Lázaro Chacón Pazos
      • Ministro de Economía y Trabajo: Jorge Arenales Catalán
      • Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas: Martín Prado Vélez
      • Ministro de Educación Pública: Jorge del Valle Matheu
      • Ministro de Relaciones Exteriores: Carlos Salazar Gatica
      • Ministro de Hacienda y Crédico Público: Jorge Echeverría Lizarralde
      • Mnistro de la Defensa Nacional: Enrique Close de León
      • Ministro de Gobernación: Ricardo Quiñones Lemus
      • Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soza Barillas5

Notas:

  • a: Castillo Armas empezó a utilizar esta denominación luego de resultar triunfador por abrumadora mayoría en un plebiscito convocado para determinar si la población aprobaba su gestión.  El resultado de aquel plebiscito fue de 400000 votos contra 400, reflejando el total control de la Operación PBHISTORY sobre el resultado.  Debe indicarse que el orden constitucional estaba roto desde el momento en que asumió el cargo la Junta de Gobierno, por lo que Castillo Armas era en realidad un presidente de facto, y lo sería hasta que la constitución de 1956 fue aprobada, a pesar de que los acuerdos y decretos de 1954 a 1956 dicen que era Presidente Constitucional de la República al mismo tiempo que se refieren a la Asamblea Nacional Constituyente que estaba en funciones en lugar del Congreso que había sido disuelto.
  • b: es decir, la United Fruit Company y sus subsidiarias.
  • c: no eran los intereses nacionales, sino los de la United Fruit Company lo que se beneficiaban.

Bibliografía:

  1. Villagrán Kramer, Francisco (1993). Biografía política de Guatemala: Los pactos políticos de 1944 a 1970. Guatemala: FLACSO.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1960). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1954-1955. LXXIII, Guatemala: Tipografía Nacional. p. 485.
  3. Ibid., p. 486.
  4. Ibid., p. 487.
  5. Ibid., p. 484.

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