27 de diciembre de 1954: la Asamblea del gobierno de Castillo Armas se reúne de emergencia para restablecer los contratos leoninos que favorecían a la United Fruit Company

28diciembre1954
Tramo del Ferrocarril de Guatemala en la década de 1940.  En esa época el monopolio del ferrocarril lo tenía la companía International Railways of Central America, la cual era una subsidiaria de la United Fruit Company.  En el recuadro: el coronel Carlos Castillo Armas.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 27 de septiembre de 1954 se solicitó a la Asamblea del gobierno de facto del coronel Carlos Castillo Armas que se revisaran los contratos suscritos con la United Fruit Company con el gobierno de Lázaro Chacón el 25 de mayo de 1930 y con el gobierno de Jorge Ubico, el 3 de marzo de 1936.   Por medio de estos contraros, la compañía frutera, y sus subsidiarias (la ferrocarrilera IRCA y la generadora de electricad Electric Bond and Share) fueron exoneradas del pago de impuestos, y habían quedado en una posición privilegiada frente a otras empresas nacionales y extranjeras.  De hecho, los enclaves bananeros en Tiquisate, Escuintla y Bananera, Izabal, estaban unidos por el único ferrocarril que existía en el país, y que era controlado por la IRCA, la cual tenía también el uso exclusivo de los puertos de Champerico, San José y Puerto Barrios por medio de su flota mercante, la Great White Fleet. (Este monopolio del transporte de pasajeros y carga hacía que la UFCO, además de la exoneración de impuestos, fuera la que verdaderamente mandara en el país, y la llevó a un enfrentamiento directo con los gobiernos revolucionarios, especialmente el del coronel Jacobo Arbenz Guzmán).

Al recibir la solicitud, la Asamblea eligió a una comisión específica conformada por los diputados David Vela (quien era director del periódico “El Imparcial“), Oscar Nájera Farfán, Abraham Cabrera Cruz, Ramiro H. Alfaro, Luis Padilla y Guillermo Flores Avendaño (quien luego sería presidente de la República), para que estudiaran los contratos y dictaminaran al respecto.

Al día siguiente, 28 de diciembre, la comisión inusualmente presentó su dictamen de aprobación, junto con contratos adicionales que habían sido firmados el día anterior entre el gobierno de Castillo Armas y la United Fruit Company, los cuales de inmediato fueron enviados de vuelta a la Asamblea para su aprobación final, ya que era urgente para el gobierno liberacionista cumplir sus compromisos con su principal patrocinador antes de que terminara el año.

Así, por medio de aquellos contratos, que en realidad fueron simples modificaciones de los de 1930 y 1936, la UFCO:

  1. Dió por terminado el reclamo que había presentado contra el gobierno de la República por la aplicación de la reforma agraria y la expropiación de parte de sus tierras ociosas.
  2. Daba al Estado otras tierras de menor calidad que quedarían como reserva, y con la condición de que ninguna reforma agraria futura podría afectarlas bajo ningún concepto.
  3. Ya no tenía el compromiso de construir un puerto en el litoral Pacífico, pero quedaba obligada a pagar un impuesto del 30% de las utilidades netas que obtuviere con motivo de todas las actividades que realizare en Guatemala.

La cuestión del pago de impuestos fue crucial en este nuevo decreto.  A pesar de que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos tenían intereses económicos en la UFCO (como el propio secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, y del embajador de los EEUU ante las Naciones Unidas, John Cabot Lodge), fue muy delicado para el gobierno estadounidenses enterarse que la UFCO no pababa impuestos sobre utilidades en Guatemala, pues iba en contra de la imagen que quería proyectar de libertad y prosperidad.  Por ello, le hizo ver a la UFCO y a Castillo Armas que no iba a permitir la exoneración de impuestos y que tenían que encontrar la manera de llegar a un acuerdo para resarcir a la frutera por los embargos hechos durante la reforma agraria y de que ésta pagara impuestos al estado guatemalteco.


BIBLIOGRAFIA: