25 de mayo de 1930: los secretarios de Fomento y Agricultura celebran un contrato para la construcción de un moderno puerto en el Pacífico con la United Fruit Company

25mayo1930
Terminal de la International Railways of Central America (), concesionaria de la United Fruit Company en el puerto de San José en la década de 1940.  En el recuadro: publicidad de la Great White Fleet, también de la UFCO, que aparecía en 1930.  Estas empresas estadounidenses tenían los monopolios del transporte en el país y no pagaban impuestos al estado guatemalteco por ello. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y de “Nuestro Diario“.

El 25 de mayo de 1930, obligado por la fuerte crisis que afrontaba por el colapso del precio del café, derivado a su vez de la Gran Depresión que se había iniciado en 1929, el gobierno del general Lázaro Chacón firmó un contrato con la compañía frutera transnacional United Fruit Company, por medio del cual, a cambio de construir un moderno puerto en el Pacífico, le dió a la compañía los siguientes privilegios:

  1. El control absoluto sobre el puerto y el tramo de ferrocarril
  2. Facultades para tratar y contratar con sus empleados y obreros como mejor le pareciera, al punto de poder obligarlos a trabajar de día y de noche y el número de horas que considerara conveniente
  3. Excención del pago de impuestos fiscales y municipales presentes y futuros.

De acuerdo a los críticos de aquel contrato, aquellos privilegios eran inconstitucionales, pues en realidad colocaban a la compañía frutera por encima de la ley, desistir por cincuenta años a la facultad de revisar reglamentos generales y leyes y a la de emitir nuevos y más justos; por estas razones, quienes criticaban el contrato decían que era nulo, pues los reglamentos no podían derogarse por convenios con el Estado y porque los artículos 13 y 15 de la constitución vigente en ese momento establecían que los extranjeros estaban estrictamente obligados a observar las leyes y a pagar los impuestos locales y las contribuciones establecidas y las que se establezcan en lo sucesivo aunque sean aumentando o disminuyendo las anteriores y que las leyes eran obligatorias para todos y que la renuncia de las mismo no producía efecto alguno.

Por su parte, los que apoyaban el contrato con la frutera aducían que el artículo 20 de la constitución lo permitía, pues dicho artículo disponía que;

“Para el establecimiento de servicios públicos de gran utilidad, que requiren la inversión de cuantiosos capitales, el Estado podrá celebrar contratos y otorgar, en tal caso, concesiones, por un término no mayor a [cincuenta años].”

Los que apoyaban el nuevo contrato aducían, pues, que la apertura de un moderno puerto en el Pacífico cumplía con este requerimiento porque constituía un servicio de gran utilidad y porque requería la inversión de cuantiosos capitales; además, ofrecer a la frutera que durante el término del contrato no estuviera obigada a pagar más que determinados impuestos era una concesión.

El meollo del asunto estaba en la definición de concesión.  Los opositores del contrato indicaban que la exoneración de impuestos no era tal, sino que era en realidad un privilegio, los cuales eran contrarios al espíritu igualitario y democrático de las instituciones del país.

Para que el lector decida, dejamos la definición legal de concesión:

“Algunas veces, por mútiples circunstancias, la Administración estima que el servicio a ella encomendado podría prestarlo mejor una persona natural o jurídica, y, en tales casos, traspasa a esa otra persona sus derechos y obligaciones, para que haga sus veces; concede parte de los derechos que tiene o todos, pero nunca puede concedir más porque ninguno puede dar más de lo que tiene y porque hay derechos inalienables.  En tal caso, el que traspasa o cede derechos y obligaciones se llama concedente; el que asume los derechos y se hace cargo de las obligaciones, se llama concesionario; y esa conjunción de voluntades y a veces también el documento en que se hace constar, se llama concesión.”

Este puerto nunca se construyó, debido a que el gobierno del general Chacón terminó abruptamente por un derrame cerebral que sufrió el 12 de diciembre de 1930, y a que el gobierno del general Jorge Ubico no exigió a la frutera que cumpliera con sus compromisos e incluso le extendió sus privilegios en 1936. Finalmente, cuando el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán intentó revocar los privilegios de la UFCO, fue derrocado por ésta y todos los contratos que la compañía tenía con el Estado de Guatemala fueron modificados para beneficio de ésta por el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas en 1954.  Dentro de esas modificaciones se eliminó el requerimiento de la construcción del puerto del Pacífico.


BIBLIOGRAFIA: