20 de febrero de 1838: tras la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez se emite un decreto que deroga las disposiciones anticlericales y anticonservadoras que emitió Francisco Morazán en 1829

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Mapa del Estado de Guatemala en 1832 sobre el que gobernó el Dr. Mariano Gálvez.  Sombreado a la izquierda aparece el territorio de lo que sería el Estado de Los Altos entre 1838 y 1840 (incluyendo parte del actual México) y sombreado a la izquierda el enclave británico en Belice que existía desde antes de la Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El final del gobierno del Dr. Mariano Gálvez y el del gobierno del general José María Reina Barrios guardan muchas similitudes.  Ambos gobernantes liberales tuvieron unos brillantes primeros años de gobierno, para luego caer víctimas de las crisis políticas o económicas que se produjeron hacia el final de su período presidencial no sin antes adoptar un gobierno despótico y dictatorial para internar mantenerse en el poder.  Si bien Gálvez no fue asesinado como Reina Barrios, no fue porque no tuviera enemigos, sino porque logró huir a tiempo.  Y, en ambos casos, ambos gobernantes dejaron un vacío de poder que resultaría en el establecimiento de férreas dictaduras:  la del general conservadorRafael Carrera y la del licenciado liberal Manuel Estrada Cabrera.

En el caso específico del Dr. Gálvez, aún mucho antes de su salida del gobierno, los criollos liberales que habían sido su apoyo estaban divididos y tenían problemas para enfrentar a su enemigo común: los campesinos católicos que se habían alzado contra el gobierno.  Los liberales no lograron ponerse de acuerdo a la hora de hacer gobierno y cometieron un grave error que, a la larga, les costó el poder durante 30 años.

He aquí lo que ocurrió:

El Dr. Pedro Molina, uno de los principales líderes liberales, se dió cuenta de que existían numerosas leyes que se habían establecido durante el gobierno de los 7 años de Gálvez que iban en contra de lo estipulado en la Constitución del Estado, y que estaban vigentes; entonces, elevó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se emitiera una resolución declarándolas inconstitucionales y, por lo tanto, automáticamente derogadas.

La Asamblea analizó la petición y viendo que el Dr. Molina tenía toda la razón, emitió el siguiente decreto el 20 de febrero de 1838:

  1. Ninguna ley evidentemente contraria a la Constitución, puede ni debe subsistir.
  2. Cuando se presente alguna ley notoriamente contraria a la Constitución, los tribunales deberán arreglarse en sus juicios, al sentido claro de la fundamental, informando en seguida al cuerpo legislativo.
  3. Con respecto a los casos dudosos de contradicciones, los tribunales y cualquier ciudadano pueden pedir a la Asamblea la declaratorio correspondiente, sin perjuicio de que dichos tribunales resuelvan desde luego, según entiendan de justicia y por su propio convencimiento.
  4. La declaratoria que haga el Cuerpo Legislativo solamente podrá aplicarse a los casos posteriores al que motivó la duda; y sin que pueda tener jamás efecto retroactivo.

En la práctica, el decreto se traducía en que se daba carta abierta a los criollos conservadores para que solicitaran que se derogaran las disposiciones que había dictado Francisco Morazán en 1829 cuando después de invadir guatemala, y que incluían:

  1. Confiscación de los bienes de los criollos aristócratas (especialmente de la familia Aycinena)
  2. Deportación de los criollos conservadores
  3. Expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres
  4. Clausura de conventos
  5. Reforma social amparada en la separación de Iglesia y Estado

¡Es decir, los liberales destruyeron la obra reformadora de su propio líder, el general Morazán, quizá sin querer!  Pero el decreto del 20 de febrero ya estaba emitido y los conservadores, amparándose en él, pidieron a la Asamblea que derogara los siguientes decretos:

  1. Decreto del 4 de junio de 1829:  en éste se establecía claramente el nombre de las personas que no podían disfrutar de la gracia de un indulto que daba el gobierno liberal, mostrando una parcialidad atentatoria, claramente opuesta a los estipulado en la Constitución.
  2. Decreto del 22 de agosto de 1829: en éste el general Morazán, actuando como Jefe de Estado de Guatemala sin estar debidamente autorizado para ello, daba una larga lista de personas que serían deportadas, después de una injusta prisión.

Los conservadores se dieron cuenta del alcance del decreto del 20 de febrero, tal y como queda claro en el mensaje que le mandaron a la Asamblea:  “[…] usando del derecho de petición y con el debido respeto ocurrimos al cuerpo legislativo, no para implorar gracia, ni solicitar favor, sino para reclamar el cumplimiento de las garantías, violadas en nuestras personas, así como en las de otros muchos de nuestros conciudadanos que también han sido víctimas de medidas de circunstancias, que redujeron a completa nulidad las leyes fundamentales del estado y de la república“.

A pesar de ser una Asamblea liberal, y de que la petición fue analizada por doctores también liberales, la respuesta fue la siguiente: “Los legisladores que las dieron se olvidaron no sólo de que no tenían facultades para ello porque ninguna autoridad del estado es superior a la ley, sino hasta de su propia dignidad y delicadeza.  Ellos habían sido perseguidos y a su vez se convirtieron en enemigos facultados para autorizar la persecución, las prescripciones, la confiscación de bienes… Los mismos que con las armas habían recobrado sus destinos perdidos eran lo que erigiéndose en jueces de su propia causa, declararon nulos e intrusos a los que entraron a ocuparlos por su deserción vergonzosa, olvidándose de que ellos eran los verdaderos autores de ese desorden.”

La Asamblea, pues declaró nulos los decretos de Morazán y le envió a este el fuerte mensaje de que se había tomado atribuciones que no le correspondían.  De este punto ocurrieron dos cosas que llevarían a la caída de los liberales:  los conservadores exiliados pudieron retornar y se aliaron junto con los que ya residían en Guatemala con los campesinos católicos dirigidos por el general Rafael Carrera y, encencieron la cólera de Morazán, que llegó al Estado y destituyó a las autoridades sustituyéndolas, otra vez, por gente de su confianza.  Estos dos hechos llevarían al encuentro final entre Carrera y Morazán en marzo de 1840, en donde se selló el destino de ambos líderes.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.