12 de agosto de 1975: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al gobierno de Guatemala investigar la desaparición de cientos de personas ocurridas desde 1970

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La zona 9 de la Ciudad de Guatemala en 1971. En el recuadro: el general Carlos Arana Osorio, presidente de la República en esa época. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En Guatemala, el comunismo ha sido definido no como su definición lo dice, una lucha por la reivindicación de las clases obreras, sino como una ideología enemiga a los grupos de poder que han dominado la economía nacional desde el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.1  Así pues, todo aquel que intente modificar las leyes que favorecen a las grandes transnacionales que tienen enclaves en el país o a los intereses económicos de los grandes cafetaleros nacionales es inmediatamente definido como comunista, y todo aquel que combata esta tendencia, es anticomunista.2

En este contexto, el gobierno del general Carlos Arana Osorio fue de marcada tendencia anticomunista.  Por esta razón, durante este gobierno se estableció un estado de sitio el 12 de noviembre de 1970 y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 5 de febrero de 1971 se había recibido una denuncia de entidades sindicales y políticas izquierdistas, de que aproximadamente setecientas muertes ocurridas a manos de grupos que “gozan de la total protección gubernamental y, por lo tanto, actúan con total impunidad“;  luego, el 28 de julio de 1972 hubo una denuncia de 296 muertes entre noviembre de 1971 y los primeros de meses de 1972, y, por último, para el 30 de septiembre de ese mismo año se reportó que habían ocurrido detenciones arbitrarias de numerosas personas sin que surtieran efecto los recursos de exhibición personal interpuestos por sus abogados.3

El 24 de abrl de 1972 el gobierno respondió a las repetidas solicitudes de la CIDH acerca de las denuncias al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arenales Catalán, indicando que el gobierno era ajeno a los asesinatos ocurridos y sostuvo que se trataba de luchas entre facciones extremistas que estaban “empeñadas en destruirse mutuamente“; es más, aunque agregó que cada vez que las fuerzas de seguridad del estado lograban capturar al responsable de tales hechos lo ponían a disposición de la justicia, no suministró información específica sobre los casos concretos que estaban incluidos en las denuncias originales.3

Ante esta respuesta, la CIDH solicitó más información a las entidades denunciantes, y recibió dos listas de nombres.  La primera tenía el nombre de cincuentisiete personas desaparecidas o capturadas y un resumen de lo ocurrido a cada una de ellas; la segunda lista era menos precisa y solo tenía el vago título de “nómina de personas desaparecidas“.  La CIDH trasladó estas listas al gobierno guatemalteco en septiembre de 1972, a lo que este respondió el 1 de diciembre proporcionando información sobre únicamente ocho personas incluidas en la primera lista; al respecto de los demás indicó que era común que muchas personas “desaparecieran sin dejar rastro” y otras que eran reportadas incorrectamente como desaparecidas.   Cuando la CIDH insistió en un informe más detallado, el gobierno de Guatemala respondió el 4 se septiembre de 1973 que consideraba que sus informes anteriores eran lo suficientemente amplios y explícitos y que no le era posible rendir más información sobre las investigaciones en curso porque iba en detrimento del proceso normal de las mismas.3

Debido a la gravedad y cantidad de denuncias, el 1 de noviembre de 1973 la CIDH solició al gobierno de Arana que se permitiera al relator recoger información para determinar si exitía mérito en las denuncias indicadas; pero el gobierno guatemalteco negó la anuencia solicitada el 3 de noviembre. 3

La CIDH concluyó que debido a la actitud del gobierno de no suministrar la información correspondiente y de no permitir que se realizara una investigación de campo por un relator, los actos violentos reportados eran perpetrados por agentes del gobierno de Guatemala, o por personas que han contaban con la protección o la tolerancia del mismo.  Por esta razón recomendó al gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, que había tomado posesión el 1 de julio de 1974, para que promoviera e investigara de forma “rigurosamente fehaciente” si se habían cometido o no los hechos que la CIDH ahora consideraba como verdaderos.  El nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Lauregud respondió lo siguiente:

Me encuentro ante una situación que considero difícil de solucionar en forma favorable para las peticiones de la Comisión.  Efectivamente, la Resolución […] se refiere a una serei de sucesos que ocurrieron en el gobierno anterior y a una serie de denuncias sobre desaparecimiento de personas cuya investigación y búsqueda correspondía a dicho gobierno“.3

El 12 de agosto de 1975, la CIDH finalmente envió la siguiente resolución al gobierno de Guatemala:

  1. Observar al Gobierno de Guatemala que los hechos denunciados a la Comisión configuran graves violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; al derecho de justicia; al derecho de protección contra la detención arbitraria y al derecho a proceso regular […]
  2. Incluir esta resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización [de Estados Americanos]
  3. Hacer este acuerdo del conocimiento del Gobierno de Guatemala y de los reclamantes3

Como era de esperarse, y como la CIDH no tenía mayor poder más que solicitar que se realizaran investigaciones, esta solicitud no llegó a nada y la situación en el país empeoraría, especialmente durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, quien tomó posesión en sustitución de Laugerud el 1 de julio de 1978. 4 Para entonces, y con la nefasta intervención de las fuerzas de seguridad del estado en la quema de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, el país quedó aislado de la comunidad internacional,5 la cual inició una campaña de desprestigio a las autoridades guatemaltecas y que continúa hasta la fecha.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA.
  2. Sabino, Carlos (2008). Guatemala, la Historia silenciada (1944-1989): El dominó que no cayó. Tomo II. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
  3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1975). Caso 1702, 1748 y 1755. Guatemala. Organización de los Estados Americanos.
  4. Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)»(edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  5. Associació de Amistat amb el Poble de Guatemala (2005). «Venciendo al olvido. 31 de enero de 1980; masacre en la embajada de España en Guatemala»Cuadernos de Guatemala (6).