20 de septiembre de 1934: condenan a implicados en complot para asesinar a Ubico

Condenan al paredón a 13 implicados en complot para asesinar al presidente Jorge Ubico

20septiembre1934
La tristemente célebre Penitenciaría Central de Guatemala, en donde estuvieron prisioneros numerosos presos políticos durante los gobiernos de J. Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y Jacobo Arbenz. En los recuadros: el coronel de aviación Miguel García-Granados Solís y el busto del periodista Clemente Marroquín rojas, acusados de ser cabecillas del atentado contra Jorge Ubico en 1934. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A principios de septiembre de septiembre de 1934 se desarticuló un atentado contra el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico.1 Al igual que ocurrió con los atentados en contra del general J. Rufino Barrios en 18772 y 18843, y contra el licenciado Manuel Estrada Cabrera en 19074 y 19085, los cuartos de la Auditoría de Guerra donde se efectuaban los interrogatorios estaban abarrotados con más de quince acusados, en su mayoría inocentes.1

Entre los detenidos estaba Jacobo Sánchez, de 26 años de edad, oriundo de Quetzaltenango. quien había obtenido una beca del gobierno para estudiar derecho, aunque tenía  antecedentes penales por asuntos políticos. De acuerdo a lo que se había aveiguado hasta ese momento, Sánchez Calderón ingresó a la confabulación en junio de 1934, cuando un coronel del ejército le expresó la urgencia de asesinar al general Jorge Ubico, que en ese momento contemplaba la reelección. Días más tarde, lograron evadir la férrea vigilancia del régimen ubiquista y escondieron algunas bombas en las instalaciones de una escuela. Según las declaraciones de Sánchez, querían aprovechar el desplazamiento de Ubico por la capital para concretar sus planes, lanzando ataques simultáneos en diversos cuarteles. Al igual que como ocurrió en 1907 con el atentado de la Bomba4 en contra del presidente Estrada Cabrera, escogieron varios puntos por lo que pasaba frecuentemente el gobernante; en 1934 los implicado escogieron el puente de la Penitenciaría, el parque Concordia y la avenida Reforma.1

Se decidieron por fin por el puente de la Penitenciaría e iban a transportar los explosivos en la segunda quincena de septiembre. Sánchez afirmó que entregó “cuatro candelas de dinamita que tenía en su poder desde hacía siete años más o menos”. Pero al ser trasladado al cantón Barillas, donde supuestamente estaban guardados más explosivos, intentó huir en la oscuridad del amanecer y le fue aplicada la ley fuga, según reza el parte oficial.1

Muchos de los implicados en la conspiración fueron condenados a muerte por el delito de rebelión frustrada y sedición consumada, y el resto fue hecho prisionero en la Penitenciaría Central, en donde sufrirían numerosos vejámenes. Tal y como ocurriera en tiempos de los gobiernos de Barrios y de Estrada Cabrera, el terror hizo presa de los habitantes de la Ciudad de Guatemala durante varias semanas.1,3,5  Las fuerzas de seguridad del estado desplegaron todas sus armas, tal y como lo hicieron en 1932, cuando cerraron la frontera para evitar que entraran los perseguidos por el régimen del general Maximiliano Hernández Martinez en El Salvador, y cuando neutralizaron al primer partido comunista en Guatemala.6 Y si en 1932 la represión sirvió para entronizar a Ubico como el paladín del anticomunismo, dos años más tarde el frustrado atentado fue utilizado para allanar el camino de la reelección y, de paso, salir de enemigos del régimen.1

Otro de los implicados, Carlos Pacheco Marroquín, fue hallado oculto en una residencia del centro capitalino, y cuando fue encontrado por la policía, le fue aplicada la ley fuga al igual que a Sánchez.  No contento con esto, el régimen continuó su persecución y, tal y como hiciera el embajador mexicano Federico Gamboa en 1907,7 el embajador Mexicano advirtió que parecía «que el proyectado plan terrorista ha aterrorizado al gobierno  y éste a su vez al pueblo de Guatemala, pues la zozobra y la intranquilidad y el dolor se reflejan en todas las capas sociales.” Nuevamente, como en el gobierno de Estrada Cabrera, el embajador mexicano no pudo permanecer indiferente ante las continuas peticiones de asilo que recibía. El diplomático debía tomar decisiones y precisaba instrucciones concisas de sus superiores.1

De hecho, el embajador mexicano, ante la solicitud de algunos familiares de un sentenciado, intercedió ante el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Alfredo Skinner Klée, sin ningún resultado favorable, aunque a diferencia de Gamboa, Serrano contaba con el apoyo de la Convención sobre Asilo Político de La Habana (1928) y de Montevideo (1933).  Por esta razón, el canciller mexicano José Manuel Puig recomendó ecuanimidad y absoluto respeto hacia el gobierno de Ubico, pretendiendo “borrar completamente para el futuro las suspicacias por las acciones del pasado”, en alusión a lo que ya había ocurrido con Gamboa.  El gobierno mexicano, ocupado en amainar las tensiones a flor de piel de la familia revolucionaria y sofocar los combates con el clero de Veracruz, Tabasco y Jalisco, actuó ante la represión en Guatemala como esperaba que sus vecinos reaccionaran ante un eventual levantamiento de sus enemigos.1

Mientras tanto, Jorge García Granados, político y abogado descendiente del ex-presidente Miguel García Granados, dirigió una carta al presidente pidiendo un juicio comedido de la confabulación y el perdón hacia los condenados; sin embargo, este razonamiento cayó en saco roto. El 13 de septiembre de 1934, los medios escritos, completamente controlados por el régimen, publicaron un editorial donde justificaron la represión, aduciendo que la sedición era admisible cuando se lidiaba con el andar oprobioso de los gobernantes “ineptos, descentrados, retrógrados ladrones, que pisotean las leyes del país y hacen escarnio de las garantías individuales y sociales”, pero no lo era «ante un gobierno que realizaba una obra de reconstrucción económica y rescataba a la nación del maremágnum de la lucha fratricida«.1 Esto era una alusión directa a la recuperación económica que había vivido Guatemala poco a poco tras la llegada de Ubico al poder en 1931, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, luego de una serie de golpes de estado que siguieron a la renuncia del general Lázaro Chacón luego de que éste sufriera un derrame cerebral que lo imposibilitó para seguir gobernando dada la anarquía que se vivía en el país tras la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.8

De acuerdo al periódico «El Liberal Progresista«, órgano oficial del gobierno de Ubico, la actitud de los conspiradores se debía a su «mentalidad enfermiza, característica de sujetos desprovistos de toda moralidad, carentes por completo de los más elementales escrúpulos y que, por lo mismo, han encontrado en el gobierno del general Ubico una barrera infranqueable”. La tolerancia, pues, se había agotado y en su lugar debía imponerse una justicia inflexible, sin distingos ni miramiento para “los traidores en toda la extensión de la palabra, una sanción ejemplar que, de una vez por todas, sirva de escarmiento a los que de tal forma quieran ensangrentar el país, y hacer befa de sus instituciones y leyes”.1

Por supuesto, dejó por un lado completamente que aquella conspiración, igual que la ocurrida contra J. Rufino Barrios y Juan Martín Barrundia en 1884, era una cortina de humo para eiminar a enemigos del régimen.  En 1934, se pretendía esconder el hecho de que el registrador de la Propiedad Inmueble, el abogado Efraín Aguilar Fuentes de 37 años de edad, había descubierto que el coronel Roderico Anzueto Valencia, gran aliado del presidente Ubico, se estaba apropiando de numerosas propiedades en la Ciudad de Guatemala, y que se lo había hecho ver al gobernante cuando éste le reclamó que por qué no apoyaba su reelección.  El registrador no sabía que Anzueto Valencia únicamente era un testaterro del propio Ubico y fue involucrado entre los que participaron en el complot contra el presidente.9

A fin de aplicar la pena de muerte a los implicados, el 19 de septiembre el gobierno publicó el siguiente decreto:

Decreto Número 1581

Jorge Ubico, Presidente de la República,

Considerando: que es del conocimiento del Gobierno que algunos individuos de mal vivir y con tendencias comunistas retienen su poder explosivos, bombas de mano, etcétera, y que es deber de aquél garantizar la vida y los intereses de los habitantes, velar por el mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos y sostener las instituciones del Estado, por tanto: en uso de las facultades que le confiere el inciso 22 del artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°. Toda persona que, sin autorización legal, tenga en su poder explosivos, bombas, máquinas para hacerlos estallar, o artefactos para usos similares, de cualquier naturaleza que sean, está obligada a entregarlos a la autoridad militar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación, por bando, de este Decreto en la cabecera del distrito municipal de su actual estancia o vecindad.  Las personas que omitieren cumplir con lo dispuesto en este artículo, cualquiera que sea la causa, sufrirán la pena de muerte.

Artículo 2°. También sufrirán pena de muerte:

    1. Las personas que sin la debida autorización fabricaren o hicieren fabricar, importaren, transportaren bombas o artefactos similares y máquinas para hacerlos estallar;
    2. Los individuos que con dano de las personas y de la propiedad privada, hicieren estallar bombas o explosivos.

Artículo 3°. La pena que indican los artículos anteriores se aplicará no sólo a los autores, sino también a los cómplices o encubridores.

Artículo 4°. Los procesos originados por los delitos a que se refiere esta ley, se tramitarán y fallarán por los Tribunales Militares, conforme el Título IV del Código Militar, Segunda Parte.  No será motivo de incompetencia, la circunstancia de haberse cometido el delito en lugar distinto de aquel en donde se tramite o falle el proceso.  La apreciacón de la prueba queda al prudente arbitrio del Tribunal.

Artículo 5°. El presente Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial y se dará cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en la Casa de Gobierno: en Guatemala a los diez y nueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.

      • Jorge Ubico
      • El Secretario de Estado en el Despacho de guerra, José Reyes
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada10

Con el decreto del 19 de septiembre, doce personas fueron enviadas al al paredón de fusilamiento el 20 de septiembre, entre ellos Aguilar Fuentes. Además, ese mismo mes, se detonaron públicamente en el Campo Marte las bombas incautadas, acción con la cual pretendieron exaltar la reacción acertada del régimen; sin embargo, el proceso siguió abierto. Faltaba aprehender a dos de los supuestos cabecillas principales, a quienes había supuestamente había acusado Aguilar Fuentes durante una de las tantas sesiones de tortura de las que fue víctima.  Uno de ellos era el Miguel García-Granados Solís, coronel de aviación y nieto del general homónimo que gobernó a Guatemala de 1871 a 1873, tras el triunfo de la revolución liberal que acabó con régimen conservador de los 30 años;  García Granados estaba en la mira del presidente porque ya había mostrado antipatía contra la reelección que buscaba Ubico.  El otro supuesto cabecilla era el licenciado Clemente Marroquín Rojas, prestigioso periodista que había atacado al general Ubico desde que éste participara en las elecciones de 1926, publicando una serie titulada «Desnunando al Idolo«.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Monterrosa Cubías, Luis Gerardo (Agosto de 2020) ¡Por la democracia y libertad de Guatemala! Exiliados del ubiquismo en la frontera sur de México (1934-1938). En: Secuencia. (107).  México: Secuencia.
  2. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Arregladas para uso de las escuelas primarias y secundarias de ésta República.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 202.
  3. Rodríguez, Guillermo (Mayo de 1886) Exposición y documentos presentados a la Asamblea Nacional Legislativa por Guillermo Rodríguez, acusado y sentenciado con pretexto de la bomba del 13 de abril de 1884.  Guatemala: Tipografía de Arenales.
  4. Estrada Paniagua, Felipe (9 de mayo de 1907).  El 29 de abril y las otras minas. Guatemala: La Locomotora, Tipografía Nacional. p. 5.
  5. Estrada Paniagua, Felipe (29 de abril de 1908). «El crimen del 20»La Locomotora: revista de política, ciencia, literatura y bellas artes (Guatemala).
  6. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.
  7. Gamboa, Federico (1934). Mi diario. México: Ediciones Botas.
  8. Mora, Carlos F. et. al. (12 de diciembre de 1930) “Acta de los médicos en que se declara la imposibilidad del general Chacón para seguir en la presidencia de la República”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  9. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  10. , Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935. LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 291-292.