21 de diciembre de 1949: la «Ley de arrendamiento forzoso»

Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la «Ley de arrendamiento forzoso»

21diciembre1949
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial.  Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto.  Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso.  Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1

Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826.  Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para  atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2

Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4

Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata.  De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7

El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.9 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13

El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó  el Decreto Legislativo No. 712, llamado «Ley de arrendamiento forzoso«, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14

A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15

Decreto Legislativo No. 712

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;

Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;

Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;

Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15


BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871  (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  3. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
  4. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  5. Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union»Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Original held and digitised by the British Library): 31-44.
  6. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: Período de veinte años corridos del 14 de abril de 1865 al 5 de abril de 1885. Guatemala: José de Pineda e Ibarra. p. 117-123.
  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. pp. 1-26.
  8. Godínez Juárez, Ingrid Elizabeth (2014). Análisis jurídico del fideicomiso de apoyo financiero para los productores del sector cafetalero guatemalteco, otorgado a favor de la comunidad agraria Chocolá del municipio de San Pablo Jocopilas en el Departamento de Suchitepéquez. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. pp. 40-41.
  9. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  10. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  11. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  12. Gobierno de Guatemala (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  13. Colmenares Arandi, Rodolfo (2007). Código de Trabajo, 1947-2007. Edición conmemorativa. Guatemala: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. p. 1.
  14. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)»YouTube
  15. Congreso de la República de Guatemala (1949). Ley de Arrendamiento Forzoso. Decreto Legislativo No. 712.  Guatemala: El Guatemalteco.