16 de marzo de 1968: secuestro del arzobispo Casariego y Acevedo

16marzo1968
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. A la izquierda, el Palacio Arzobispal, de donde fue secuestrado el arzobispo Casariego y Acevedo. En el recuadro: retrato oficial del arzobispo quien fue elevado a cardenal por el Papa en 1969. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y de Parroquia Santa María de Todos los Santos.

El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro estuvo constantemente extendiendo el estado de alarma o el estado de sitio en toda la República y favoreciendo los intereses de las élites económicas ante los constantes ataques y atentados perpetrados por los grupos rebeldes de izquierda.   De hecho, para principios de 1968 había favorecido el fortalecimiento del ejército mediante lo siguiente:

  1. Permitió el ingreso de los Boinas Verdes (Green Berets) del Ejército de los Estados Unidos para entrenar a los miembros del ejército en la lucha contrainsurgente con tácticas aprendidas en las guerras de Corea y de Vietnam.
  2. Recibió 17 millones de dólares de ayuda militar recibida por el gobierno de los Estados Unidos
  3. Creó el Instituto de Previsión Militar y el Centro de Estudios Militares.1

Si bien todo esto iba contra los principios del presidente, quien era de izquierda, éste había firmado un pacto con los militares para poder tomar posesión en 1966 y no le quedaba más que aceptar las condiciones que se le imponían.2  Es más, a principios de 1968 llegó al colmo de dar refugio en el Palacio Nacional a muchos de sus antiguos correligionrios quienes dormían allí en catres y sofás porque ese era el único lugar en donde estaban a salvo de las «listas de la muerte» que el Ejército había preparado en contra de los activistas izquierdistas.3

La estrategia militar estaba a cargo de tres figuras principales: el coronel Carlos Arana Osrio, comandante de la guerra contrainsurgente en Zacapa y jefe de los grupos paramilitarse que aterrorizaban a la población rural; el coronel Manuel Francisco Sosa Avila, director de la Policía Nacional y coordinador de los grupos paramilitares conocidos como «escuadrones de la muerte«, y el coronel Rafael Arriaga Bosque, Ministro de la Defensa Nacional, quienes urdieron un plan para salir definitivamente del presidente Méndez Montenegro.3

El sábado 16 de marzo de 1968, como ya era costumbre, el presidente emitió un decreto, extendiendo el estado de alarma:4

Decreto número 629:

Julio César Méndez Montenegro, Presidente Constitucional de la República,

Considerando: que los enemigos del orden público y la paz social persisten en la comisión de acciones de violencia contra las personas y sus bienes para intranquilizar a la familia guatemalteca, ya sea mediante actos directos de agresión armada o haciendo estallar artefactos explosivos, además de otros hechos graves de terrorismo;

Considerando: que en consecuencia, no habiendo desaparecido totalmente las causas que dieron origen al establecimiento del Estado de Alarma y a la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales en todo el territorio nacional se hace indispensable dictar las medidas necesarias a fin de que el Gobierno legítimamente constituido pueda hacer uso de las facultas de excepción que la Constitución de la República contempla para los casos en que se pretende quebrantar el orden institucional,

Por tanto, […] en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°. — A partir del día dieciséis de marzo del año en curso se prorrogan por treinta días más, en todo el territorio nacional, el Estado de Alarma y la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales. […]

Artículo 6°. —Las personas contra quienes existieran indicios fundados de que actúan para alterar el orden público, podrán ser detenidas sin necesidad de mandamiento judicial o apremio.[…]

Artículo 8°. — Los órganos de publicidad está obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico, o agraven la situación.

Artículo 9°. — Las providencias, resoluciones o disposiciones que dictaren las autoridades encargadas de mantener el orden público, tendrán carácter eminentemente ejecutivo y los actos derivados de su aplicación no podrán ser impugnados de amparo, sino hasta que cese la vigencia de este decreto.[…]4,Nota_a

A pesar de la prórroga del estado de alarma, ese mismo día por la tarde el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mario Casariego y Acevedo fue secuestrado.  El arzobispo era de origen español y nacionalizado guatemalteco y había sido Arzobispo Coadjutor, Vicario General de la Iglesia Católica guatemalteca, y capellán de la Escuela Politécnica, y gracias a la participación de su predecesor, Mariano Rossell y Arellano, en el derrocamiento del gobierno del teniente coronel Jacobo Árbenz Guzmán, contaba con importantes relaciones con el ejército y las élites económicas guatemaltecas.3

Este secuestro correspondía al plan de Arana, Sosa Ávila y Arriaga Bosque, quienes culparon a las Fuerzas Armadas Rebeldes —único grupo guerrillo que existía en ese entonces— de haberlo perpetrado. Los militares pensaron que aquello provocaría un enorme rechazo hacia los grupos guerrilleros y protestas masivas contra el gobierno, tras lo cual darían un golpe de Estado y restaurarían el orden. Finalmente, ya en el poder, harían negociarían con los supuestos guerrilleros y quedarían como los héroes que salvaron la situación y rescataron al arzobipos.5

Como esperaban, inmediatamente después del secuestro, el Presidente tuvo que declarar el Estado de Sitio el lunes 18, el cual fue aprobado por medio del siguiente decreto del Congreso: 6

Decreto Número 1739

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: Que el pueblo de Guatemala se ha visto conmovido ante el inaudito secuestro de que ha sido víctima el Ilustrísimo y Reverendísimo Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Monseñor Mario Casariego, lo cual constituye un ataque a las instituciones sociales, culturales y espirituales de los guatemaltecos, un desprecio a la máxima autoridad católica del país y una perturbación grave de la paz;Nota_b

Considerando: que no obstante haber emitido el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Decreto 629 que impuso el Estado de Alarma por treinta días en todo el territorio nacional, a partir del 16 de marzo del año en curso, se han producido hechos de honda repercusión en la paz social y el orden público, que atentan contra la seguridad el Estado, por lo que el Presidente de la República en Consejo de Ministros ha impuestos el Estado de Sitio a través del Decreto número 630, por treinta días a partir del 18 de marzo en curso, por tanto:

Con base en el artículo 151 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.Nota_c

Artículo 2°. — Se faculta a la Corte Suprema de Justicia, para que durante la vigencia del Decreto del presidente de la República, número 630, pueda delegar la práctica de exhibiciones personales en uno o varios Magistrados de la misma, o de la Corte de Apelaciones, cumpliendo con las formalidades que determina la ley.[…]6

Pero el plan de los militares falló, principalmente porque el arzobispo no estuvo de acuerdo con el auto-secuestro y porque los secuestradores atraparon a Casariego prácticamente en la puerta del Palacio Arzobispal, situado a escasos 100 metros del Palacio Nacional, y que en ese momento tenía una fuerte presencia militar y policial.  Por este último detalle fue que algunos periodistas de «El Imparcial» y de «La Hora» hicieron ver de inmediato que los militares podrían estar involucrados en el hecho.5,Nota_d Y por esto, en vez de que hubiera manifestaciones contra el gobierno, lo que hubo fueron manifestaciones contra el Ejército.  Para el 20 de marzo, ya la embajada de los Estados Unidos estaba al tanto de lo que verdaderamente había ocurrido y reportó lo siguiente al Departamento de Estado: «el secuestro del arzobispo is parte de un complot militar/derechista para derrocar al gobierno.  El secuestro parece haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas armadas para promover manifestaciones contra el gobierno.»7

En un incidente que parece sacado de una novela, un cartero vió al arzobispo cuando se lo llevaban sus captores, y los siguió en su carro hasta una casa en Villa Canales.  El cartero llamó a la Policía Nacional para reportar el hecho desde un teléfono público cercano, y se llevó una gran sorpresa cuando vió que a los pocos minutos se llevaban al arzobispo a otro lugar. Todavía tuvo tiempo para llamar a los periódicos a darles la primicia antes de ser arrestado por «esparcir rumores maliciosos en detrimento de la seguridad del Estado«.7

Viéndose descubiertos, los militares complotistas buscaron un chivo expiatorio.  El día en que fue liberado Casariego y Acevedo, la Policía Nacional arrestó a dos miembros del grupo paramilitar Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO), llamados Raúl Estuardo Lorezana e Inés Mufio Padilla.  Luego, cuando los llevaban a prestar declaración, el carro en el que iban se detuvo y sus custodios se salieron, solo para un carro que iba pasando los rociara con metralla.7

Nuevamente el plan fue contraproducente.  La indignación estalló ante lo burdo del ataque contra Lorenzana y Mufio y el presidente, envalentonado, pidió la renuncia a los tres conspiradores quienes aceptaron, pero no tuvieron que enfrentar cargos. Arriaga Bosque fue enviado a Miami, Florida como Cónsul General, Avila se fue para España como agregado militar, y Arana salió para Nicaragua como embajador y fue recibido por el presidente Anastasio Somoza como a un héroe.8

Cuando Arana regresó a Guatemala, resultó electo presidente en sustitución de Méndez Montenegro en 1970, con lo que llegó al poder constitucionalmente.


NOTAS:

    • a: por este medio se da carta blanca a las fuerzas del estado para actuar como juzguen más conveniente y esperar hasta que pase el estado de alarma para rendir cuentas, si es que alguien se atreviera a hacerlo para entonces.
    • b: nótese la revenrencia que muestran los miembros del congreso ante el arzobispo metropolitano, la cual contrasta con todos los decretos anticlericales emitidos por los gobiernos de J. Rufino Barrios en la que tachaba a la Iglesia Católica de innecesaria y obsoleta.  Esto se debía a que el fallecido arzobispo Mariano Rossell y Arellano fue uno de los principales aliados del Movimiento de Liberación Nacional para derrocar al gobierno de Arbenz, y así recuperar muchos de los privilegios perdidos en 1871.
    • c: este párrafo daba permiso a las élites económicas de utilizar grupos paramilitares para defender sus bienes.  Esto estaba en consonancia con el decreto 2795 emitido el 29 de abril de 1944 por el gobierno del general Jorge Ubico, en el que le daba autorización a las élites económicas y a la United Fruit Company de matar a todo aquel que intentara robar en sus posesiones, sin temor a tener persecusión legal.9
    • d: el periódico «La Hora» era propiedad del vicepresidente de la República, licenciado Clemente Marroquín Rojas.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Donoghue, Michael (1995). Army for Progress: the U.S. Militarization of the Guatemalan Political and Social Crisis 1961-1969. University of Rhode Island. p. 146.
  2. Villagrán Kramer, Francisco (1994). Biografía política de Guatemala: Los pactos políticos de 1944 a 1970 (2a. edición). Guatemala: FLACSO.
  3. Chaulón Vélez, Mauricio José (2009). La Hermandad del Señor Sepultado del templo de Santo Domingo, en la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, y sus niveles de relación con grupos de poder político y económico durante el siglo XX. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala; Escuela de Historia. p. 146.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, LXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 121-122.
  5. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 147.
  6. Azurdia Alfaro, Recopilación de las Leyes, p. 60-61.
  7. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 148.
  8. Ibid., p. 149.
  9. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305.