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Mapa que muestra el área aproximada que tenía el Estado de Los Altos. En ese momento las fronteras con México no estaban bien definidas y Soconusco pertenecía al departamento de Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 26 de mayo de 1839, la Asamblea Constituyente de los Altos decretó la demarcación territorial del nuevo Estado, dividiéndolo en cuatro departamentos: Quezaltenango —como se llamaba en ese entonces, y que incluía a lo territorios de Soconusco, Retalhuleu y San Marcos—, Totonicapam — como se llamaban entonces, y que incluía a Huehuetenango y Quiché—, Solóla y Suchitepéquez. En el mismo decreto consignó los derechos y garantías que correspondían a todos sus habitantes y declaraba que el nuevo Estado era uno de los que componían la moribunda Federación Centroamericana, ya que los diputados altenses tenían la esperanza de a enviar a sus representantes al nuevo pacto de confederación que esperaban que se celebrara luego del rompimiento de 1838.1,2

Ese mismo día la Asamblea de Los Altos emitió sus bases constitucionales, mientras se emitía la ley fundamental, cuyo proyecto se encomendó a José Antonio Azmitia, José Matías Quiñones y Francisco Quiñones Sunsín. La intención de los diputadores era que la Constitución de los Altos se basara en el cuadro sinóptico aprobado por la Asamblea el 29 de abril y que contenía los derechos y garantías ya mencionados, basados principios liberales de derecho público, además de que no hacía mención en él de la religión en lo absoluto, y estaba fuertemente influida por la constitución de los Estados Unidos y las primeras enmiendas que se le habían hecho a ésta.1,2

He aquí el cuadro sinóptico:3

Derechos Libertad Libertad personal
Libertad de opinión
Libertad de escribir y publicar sus pensamientos sin previa censura; pero con responabilidad.
Seguridad Nadie puede acusar, arrestar ni detener a un habitante de los Altos, sino con las formalidades y en los casos establecidos previamente por ley.
La casa de un habitante de los Altos es un asilo sagrado, que no puede ser violado, sin crimen.
Propiedad El habitante de los Altos tendrá siempre expedito el libre uso de sus bienes. El poder público del Estado garantiza las propiedades: se compromete a no exigir jamás empréstitos forzosos, a indemnizar previamente el valor de aquella propiedad que exige con urgencia la necesidad pública; y a protegerle en el ejercicio libre de su industria, sin más restricción que la que demande el interés público calificada por su representación popular.
Igualdad Todos los habitantes de los Altos son iguales ante la ley, ya premie ya castigue. La obligación de defender el Estado con las armas y de sostenerle, contribuyendo en proporción a sus haberes es igual.
Garantías Poder electoral Lo ejerce el Pueblo por medio de sus inmediatos elegidos, y éstos eligen diputados, sufragan para magistrados y el jefe de Estado
Poder constituyente Siempre es diverso del legislativo. Es convocado en los casos y de la manera prevenida en la Constitución.
Poder legislativo Lo ejercen las cámaras de Diputadores y Senadores con el veto suspensivo del Ejecutivo, y en un caso del Supremo Tribunal.
Poder ejecutivo Unipersonal, periódico, irrelegible y responsable.
Poder judicial Lo ejercen magistrados electos por el pueblo. Es independiente porque la elección de estos magistrados es para mientras dura su buena conducta, porque no hay translaciones ni promociones, y porque sus sueldos no pueden ser alterados durante la permanence de los electos en el destino.
Poder municipal Lo ejercen las Juntas Departamentales y las Municipalidades: unas y otras encargadas de la Educación Pública.
Excentricidad del P.E. Para este efecto tendrán las Juntas Departamentales la repartición de las contribuciones que decrete la Asamblea y la propuesta de los empleados del departamento.
Derecho de petición
Milicia cívica por toda fuerza pública En caso de estimarse conveniente otra fuerza que no sea cívica, nunca excederá la que se organiza de la quinta parte de la cívica que exista organizada.

En ese momento un grupo considerable de criollos liberales había emigrado a Quetzaltenango, y entre ellos estaban los antiguos líderes del derrocado gobierno del Dr. Mariano Gálvez: José Francisco Barrundia, Juan Barrundia —exjefe de Estado—, el propio Gálvez, Antonio Rivera Cabezas, Simón Vasconcelos, Juan Frem, José Bernardo Escobar, y Gregorio Márquez entre otros, quienes no solamente apoyaron la creación del Estado de Los Altos, con vana la esperanza de que junto con El Salvador —que en ese momento era gobernado por Francisco Morazán, pudieran recuperar el poder en Guatemala— sino que aconsejaron al jefe de Estado Marcelo Molina a que desoyera las invitaciones de los delegados de Guatemala para hacer la guerra a Morazán y El Salvador.4

Debido a que el Estado de los Altos se había formado con el 50% del territorio de Guatemala y contenía el 75% de la capacidad productiva de ésta, además de la importante frontera comercial con México, y salida al mar, era solamente cuestión de tiempo para que estallara la guerra entre ambos estados, como efectivamente ocurrió tras la matanza de indígenas que protestaban contra el impuesto individual en Santa Catarina Ixtahuacán el 1 de octubre de ese mismo año.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alejandro Marure (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro-américa, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta de la Paz. p. 115.
  2. Carranza, Jesús (1897) Un pueblo de Los Altos: Apuntamientos para su historia (Totonicapán).  Quetzaltenango: Popular. p. 99.
  3. Ibid., p. 279.
  4. Ibid., pp. 96-97.
  5. Ibid., p. 100.

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