El presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, decreta una nueva ley contra la vagancia

10 de mayo de 1934

Debido a los nefastos efectos de la Gran Depresión en la economía nacional, el gobierno del presidente de Guatemala, general Jorge Ubico deroga la ley de vagancia de J. Rufino Barrios y emite una más estricta para obligar a los campesinos e indígenas a trabajar en la construcción de caminos que ayuden a la producción de las fincas cafetaleras del país. Ubico, al igual que Barrios, era un importante cafetalero, pero por medio de esta ley trasladó el control de los jornaleros de los grandes productores al Estado, y pudo construir numerosas obras de infraestructura y ayudar a recuperar la economía nacional.

Cuatro escenas de cultivo de café en Guatemala grabadas de fotografías de Eadweard Muybridge de 1875.
Cuatro escenas de cultivo de café en Guatemala grabadas de fotografías de Eadweard Muybridge de 1875. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Producción de café y la Gran Depresión:

Véase también: Reglamento de Jornaleros

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.1

El Decreto 1995:

Véase también: el Decreto 1995

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.1

Modificación de la ley de vagancia:

Véase también: Ley de vagancia de 1878

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico emitió el Decreto 1996 conocido como la «Ley de Vagancia«, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras. Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso —aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita—.10

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.1

La ley también indicada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada. Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.1-2

He aquí la transcripción íntegra de la ley de 1934, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo, remarcando las secciones que fueron modificadas con respecto a la ley de 1878:

DECRETO NUM. 1996

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, decreta la siguiente 

LEY CONTRA LA VAGANCIA

Párrafo I: De la vagancia

Art. 1.° — De conformidad con el artículo 20 de la Constitución de la República, la vagancia es punible.

Art. 2.°— Son vagos:

      1. Los que no tienen oficio, profesion, sueldo, ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia;
      2. Los que teniendo oficio, profesión, industria o renta, no trabajen habitualmente y no se les conozca otros medios lícitos de proporcinarse la subsistencia;
      3. Los que concurran ordinariamente a los billares públicos, cantinas, tabernas, casas de prostitución u otros centros de vicio, de las 8 a las 18 horas;
      4. Los que hagan colectas públicas o privadas, en cualquier forma y para cualquier objeto, sin llenar los requisitos establecidos por las leyes;
      5. Los que, directamente o por medio de otro, ejerzan la mendicidad;
      6. Los dueños, propietarios, usufructuarios, arrendatarios o coposeedores de terrenos rústicos que no comprueben en debida forma, obtener de ellos renta, producto o beneficio alguno que les proporcione la subsistencia para sí y para su familia o que, encontrándose en esas condiciones, no comprueben estar ocupados en otro trabajo, propio o ajeno que les proporcione medios de vida para sí y para su familia;
      7. Los que, habiendo contraído compromiso de trabajo o de prestación de servicios, no cumplan, sin causa justificada, las obligaciones contraídas; 
      8. Los que no tengan domicilio conocido.
      9. Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en las fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona;
      10. Los estudiantes matriculados de los Institutos docentes, privados o públicos que, sin motivo que lo justifique, dejen de asistir puntualmente a sus clases.

Párrafo II: 

Art. 3.°— Son circunstancias agravantes en el delito de vagancia:

      1. La embriagues habitual.
      2. Ser reincidente en el delito de vagancia o haber sido condenado con anterioridad por cualquier otro delito que merezca pena de prisión correccional;
      3. Ejercer la mendicidad por medio de un menor o incapacitado, o la vagancia, acompañada de éstos;
      4. Emplear simulación, disfraz o astucia;
      5. Cometer el delito durante el quebrantamiento de una condena y dentro el plazo que se persiga al reo para que vuelva a la prisión;
      6. No comparecer al juicio en los términos que establece esta Ley o fije el Juez.

Art. 4.°— Cuando el vago reincidente resultare culpable de otro delito y fuere condenado, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará y fallará por el Tribunal que corresponda juzgar del delito principal; en el mismo caso, si el vago no fuere reincidente se aplicará la regla establecida en el artículo 82 del Código Penal.

Art. 5.°— Todas las autoridades y sus agentes tienen la estricta obligación de perseguir la vagancia; y tan pronto como llegue a su noticia que alguno la ejerce, deben ponerlo en conocimiento del Juez menor, o de quien haga sus veces para que se procede como lo prescribe la ley.

Art. 6.°— No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, cualquiera del pueblo puede denunciar a los vagos ante la autoridad competente. En los campos, fincas, aldeas y caseríos, los Alcaldes auxiliares o los propietarios o administradores de las fincas o haciendas, donde no hubiere Alcaldes, deberán hacer la denuncia, cuando los jornaleros no tengan cultiva la extensión de terrenos que fija el inciso 9° del artículo 2° o esté comprendidos en el caso previsto por el inciso 7° del mismo artículo.

Art. 7.°— Los Jueces menores que no cumplan con juzgar el delito a que se refiere esta Ley, quedarán sujetos a las sanciones establecidas en los artículos 241 y 242, inciso 1° del Código penal, y los obligados a perseguir y denunciar, si no lo hacen, incurrirán en una multa de diez a cincuenta quetzales.

Párrafo III: Penas

Art. 8.°— Las penas aplicables por el delito de vagancia son las siguientes:

      1. Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante, la pena será de 30 días de prisión simple;
      2. Si en la vagancia concurriere una o más circunstancias agravantes, la pena será de dos meses de prisión simple;
      3. Cada reincidencia en que se incurra será castigada con un mes más sobre las penas impuestas conforme a los dos párrafos anteriores.

Art. 9.°— La pena que se imponga conforme al inciso 1° del artículo anterior, será conmutable en todo o en parte, siempre que lo solicite persona  de responsabilidad que al propio tiempo, se comprometa a proporcionar trabajo al reo en un término que no exceda de cinco días.  La conmuta se regulará de conformidad con el artículo 2° del decreto 1740.

En los demás casos la pena es inconmutable.

Art. 10.— Si el ibertado bajo el compromiso a que se refiere el Párrafo I del artículo anterior, fuere aprehendido nuevamente como vago, después de cinco días de haber obtenido su libertad, será castigado como reincidente; y el obligado a proporcionarle trabajo que no hubiese cumplido, será penado con una multa del doble de la conmuta que pagó el reo, salvo que pruebe su inculpabilidad de forma legal.

Art. 11.— A los condenados cuyas penas fueran inconmutables o que no pudieren conmutar conforme el inciso 1° del artículo 9° de esta ley, se les obligará a trabajar en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en el servicio de hospital, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, municipales ode caminos, según las circunstancias de cada persona y de cada lugar, cuidando de la seguridad del penado.

Art. 12.— La cesantía en empleo, colocación, servicio o trabajo no es excusa en favor del reo de vagancia, salvo que se acredite haber hecho, sin éxito, reiteradas gestiones por conseguir ocupación o empleo, de acuerdo con sus aptitudes.

Art. 13.— Las conmunas ingresarán a las Tesorerías Municipales respectivas.

Párrafo IV: competencia y procedimiento

Art. 14.— Son competentes para conocer de los delitos de vagancia, los Jueces menores en la jurisdicción en que sea aprehendido el presunto vago, cualquiera que sea su domicilio.

Art. 15.— La comptencia de los Jueces menores no se limita, cualquiera que sea le pna que corresponda al culpable y aunque militen circunstancias agravantes, salvo el caso a que se refiere el artículo 4° de esta ley.

Art. 16.— Todo detenido por el delito de vagancia deberá ser presentado a la autoridad correspondiente en la misma audiencia.  En caso de que la aprehensión se verificare después de ella, deberá ser presentado en la audiencia siguiente.  Si el reo gozare de libertad, su fiador lo presentará en el mismo término.

Art. 17.— Recibido por el Juez el parte, denuncia o querella, mandará comparecer inmediatamente al detenido y al agente que lo aprehendió; al acusador o al denunciante; oirá a cada uno, recibirá las pruebas que se propusieren y pronunciará su fallo en el acto.

Art. 18.— Si las pruebas que se ofrecieren no pudieran producirse inmediatamente, o si el sindicado no hubiere comparecido, el Juez señalará el día siguiente para recibirlas, y en esa audiencia se procederá como lo expressa el artículo anterior, se hubieren o no rendido las pruebas.

Art. 19.— Cada juicio de vagancia se seguirá en pieza separada y, tanto la declaración del aprehensor, como la querella, denuncia, contestación del sindicado, pruebas que se rindan y cualquiera otra diligencia y sobre el mismo asunto, así como el fallo, deberán hacerse constar en una sola acta que firmarán el Juez, 

Art. 20.— Cuando el sindicado de vagancia hubiere sido libertado bajo fianza y no compareciere al día siguiente o el día que fija el Juez, se conminará al fiador a presentarlo dentro de cinco días, más el término de la distancia, y si no lo hiciere, se impondrá a éste una multa equivalente a la conmuta que hubiere tenido que pagar el indiciado, si hubiere sido condenado, sin perjuicio de dictarse orden de captura contra el reo para juzgarlo al ser habido.

Art. 21.— Cuando el acusador, denunciante o agente no concurran a las audiencias que expresa esta Ley o fije el Juez, se procederá sin su presencia, quedando sujetos a las responsabilidades legales, si los hechos y fundamentos en que se apoye la denuncia o acusación no resultaren probados.

Art. 22.— En los juicios de vagancia se admitirán todas las pruebas que establece el Código de Procedimientos penales, debiéndose practicar en la misma audiencia; pero si se tratare de acreditar que el sindicado ejerce alguna ocupación honesta, sólo será aceptable la prueba que demuestre que el sindicado la ejerce de manera continua y que le produce los elementos necesarios para su subsistencia diaria.

Art. 23.— Contra la sentencia dictada por los Jueces menores en los juicios de vagancia, procede el recurso de apelación, del que conocerá el Juez de Primera Instancia respectivo.

Art. 24.— El expresado recurso se interpondrá inmediatamente después de notificado el fallo o dentro de las 48 horas siguientes; se hará constar y se otorgará en ambos efectos en la misma acta.  Si no se interpone apelación, el fallo será elevado en consulta al Juez de Primera Instancia respectivo. 

Art. 25.— Otorgada la apelación o formulada la consulta, se elevará al Tribunal que corresponda el juicio, con la hoja de remisión correspondiente. Inmediatamente que el Tribunal superior reciba los autos, señalará día para la vista, que se verificará dentro de un término que no exceda de tres días, más el término de la distancia, de conformidad con el artículo XXX de la Ley Constitutiva del Poder Judicial, cuando el Juzgado de primera Instancia respectivo no radicare en el mismo lugar en que se siguió el proceso. Toda la tramitación de Segunda Instancia en estos juicios deberá hacerse con citación del Ministerio Público.

Art. 26.— El día de la vista, el Tribunal levantará acta en que conste lo que expongan el acusador, el sindicado, el Ministerio Público, si comparecieren; se recibirá la prueba que se presente, si procede, y en el mismo acto se dictará sentencia.

Art. 27.— En la segunda instancia no se admirán más pruebas que las que se hubieren propuesto en Primera Instancia y no se hubieren practicado por causas ajenas a la voluntad de quien las propuso.

Art. 28.— Cuando el reo fuere menor de edad y no tuviere tutor, se le nombrará un tutor específico, que le asistirá en ambas instancias.

Art. 29.— Cuando a los Jefes de Demarcación o comisarios de Policía les fuere presentado en horas que no sean de audiencia un presunto reo de vagancia que ofreciere fianza de persona conocida para no quedar detenido, la aceptarán, levantando inmediatamente un acta en que conste el compromiso del fiador de presentar a su fiado al día siguiente ante el Juez respectivo. Mas, si en los libros de la Policía constare que el sindicado es reincidente, no tendrá derecho a obtener su libertad bajo esta fianza.

Párrafo V: Disposición especial

Art. 30.— Las disposiciones de la presente Ley, en lo que concierne a la obligación de trabajar, no comprenden a los menores de 14 años, a los mayores de 60, ni a los inválidos.

Art. 31.— Queda derogado el Decreto Número 222, de 14 de septiembre de 1878, y todas las leyes que se opongan a la presente, que deberá regir desde el día de su publicación.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el ocho de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.

(f.) L. F. Mendizábal, primer vicepresidente

(f.) C. Enrique Larraondo, secretario

(f.) F. Hernández de León, secretario

Casa del Gobierno: Guatemala, diez de mayo de mil novientos treinta y cuatro.

Publíquese y cúmplase.

(f.) Jorge Ubico.3

(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Gmo. S. de Tejada.

Efectos de la nueva ley de Vagancia:

Véase también: Ley de Vialidad de 1874, Ley de Vialidad de 1937

A la larga, la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad permitieron continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país —en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927— y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.4


Bibliografía:

  1. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  2. Bauer Paiz, Alfonso (1965). Catalogación de Leyes y Disposiciones de Trabajo de Guatemala del Período 1872 a 1930. Guatemala: Univerisdad de San Carlos, Facultad de Ciencias Económicas; Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. p. 2.
  3. Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935 LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 71-75.
  4. Chacón Córdova, La figura del general Jorge Ubico, p. 10.