9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:

2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismoimentras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 

BIBLIOGRAFIA:

 

10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

 

El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo,​ Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.

BIBLIOGRAFIA:

17 de abril de 1961: 1200 guerrilleros cubanos, muchos de ellos entrenados en la finca “Helvetia” de Roberto Alejos en Retalhuleu, Guatemala, desembarcan en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, Cuba

El 17 de marzo de 1960, el president Dwight Eisenhower ordenó a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el propósito de derrocar al líder Fidel Castro. En esta empresa, la CIA tenía la responsabilidad de coordinar acciones de inteligencia con grupos anticastristas dentro de Cuba, que pudieran facilitar la invasion, pues se confiaba en levantamientos populares contra Castro y en deserciones masivas en sus fuerzas.

En noviembre de 1959 comenzaron a reunirse grupos que habían sido opositores a la dictadura de Batista, y que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución, como la “Legión de Acción Revolucionaria” (LAR)​ o la “Acción Católica Universitaria” (ACU). Estos movimientos estaban formados, en su mayoría, por jóvenes universitarios católicos de clases acomodadas, quienes decidieron buscar a otros excombatientes del “Movimiento 26 de Julio” que mostrasen desacuerdo con la implementación de un régimen comunista, recibiendo además el apoyo de la CIA y parte del clero cubano.

En estas reuniones se creó el “Movimiento de Recuperación Revolucionaria” (MRR) y fue trasladado a los Estados Unidos para ser entrenados militarmente por la CIA. A partir de enero de 1960 empezaron a trasladarse a Estados Unidos en forma individual el grupo formado por los estudiantes universitarios y el 17 de mayo de 1960, un grupo de diez individuos fue trasladado al Motel “María Antonieta” de Fort Lauderdale. En la madrugada del 19 de mayo, fueron presentados a los miembros de la CIA encargados de trasladarlos a Useppa Island, en el estado de Florida.

En días posteriores fueron llegando los otros miembros que conformarían el grupo fundador de la Brigada 2506. A este grupo de estudiantes se sumó un grupo de jóvenes oficiales del Ejército de Cuba, que habían servido durante el gobierno de Fulgencio Batista luchando contra la guerrilla de Fidel Castro.

El 4 de julio de 1960, el grupo de los radio-operadores fue trasladado al aeropuerto de Opalocka en Miami y transportado a Guatemala. Anteriormente, el grupo conformado por exmilitares y un puñado de universitarios, había sido trasladado a Panamá. El grupo de Guatemala aterrizó en el aeropuerto militar de San José, Escuintla y fue trasladado en un autobús perteneciente al Ejército de Guatemala a la finca “Helvetia” en Retalhuleu, propiedad de Roberto Alejos, hermano del Embajador de Guatemala en Washington, bajo el Gobierno del presidente Miguel Ydígoras Fuentes.

Los miembros de este grupo de radio-operadores estudiaban telegrafía durante la semana, los sábados y domingos construían la Base TRAX, en las montañas adyacentes a la finca Helvetia. Posteriormente llegó el coronel Napoleón Valeriano (a) “Coronel Vallejo”, el cual tenía gran experiencia en la lucha guerrillera en Filipinas, su tierra natal, derrotando a la guerrilla comunista Hukbalahap.

La Brigada 2506 contaba con la élite de las fuerzas aéreas de Cuba, compuesta por ex-pilotos de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y Ejército. En la parte civil de la Fuerza Aérea de Liberación (FAL), los pilotos de los aviones de transporte provenían de las líneas aéreas comerciales como Cubana de Aviación y Aerovías Q; algunos de ellos tenían un promedio de 20 000 horas de vuelo. Ellos volarían obsoletos aviones bimotores C-46 y cuatrimotores C-54 dados de baja tras la Segunda Guerra Mundial.

El armamento militar que el gobierno estadounidense suministró a la Brigada se componía de pistolas, fusiles, carabinas, subfusiles, fusiles automáticos, ametralladoras y granadas. El armamento pesado consistía en morteros, así como cañones sin retroceso y explosivo C-3 y C-4 para las demoliciones. Pero gracias a sus servicios de inteligencia, el gobierno de Fidel Castro sabia que la guerrilla cubana se estaba entrenando en Guatemala y estaba preparado para la posible invasión.

Tras cuatro o cinco días de navegación, durante la madrugada del lunes 17 de abril de 1961 se produjo el desembarco en Playa Girón y Playa Larga de 1200 miembros de la Brigada 2506 escoltados por sus buques y ante escasa resistencia local. Horas después los invasores son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida, con la misión principal de controlar las tres carreteras de acceso al lugar.

Hacia las 06:30 a. m., los aviones de la naciente Fuerza Aérea Revolucionaria del gobierno cubano derribaron siete aviones B-26 que escoltaban a los invasores, y pusieron fuera de combate a los buques “Houston” y “Río Escondido”, cerca de Playa Larga, perdiéndose el armamento que transportaban para las fuerzas en tierra. Los invasores quedaron sorprendidos al notar que los aviones gubernamentales dominaban el cielo de Playa Girón, en contra de lo que aseguraban los mandos militares estadounidenses desde el día 15.

Las tropas regulares del gobierno cubano llegaron paulatinamente a la zona, reforzando a los miembros de las “Milicias Nacionales Revolucionarias” locales que hasta entonces rechazaban el ataque con medios bastante reducidos. Antes de la caida de la noche, los barcos de la Brigada 2506 se retiraron definitivamente quedando sin desembarcar equipos y municiones.

Al final del día, los 1200 invasores habían establecido una cabeza de playa, penetrando hasta 10 kilómetros en tierra firme, mientras se proyectaban hacia las poblaciones de Jocuma y Horquitas. Pese al avance, la Brigada 2506 carecía de apoyo aéreo efectivo, en tanto el gobierno de EE. UU. no autorizó nuevos vuelos de aviones A-26 desde Nicaragua, entonces gobernaba por Anastasio Somoza.

El miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras tuvieron que retroceder durante la madrugada desde San Blas hacia Playa Girón, donde quedan prácticamente sitiadas por las tropas gubernamentales; los que quedan rezagados pronto fueron cercados y se rindieron en el transcurso de la mañana.

El propio Fidel Castro se traslado a la zona del conflicto y observo directamente las últimas acciones bélicas. Precisamente Castro presionó fuertemente para que la ofensiva se acelerara y así evitar que transcurrieran las 72 horas que necesitaba el gobierno de los EE. UU. para reconocer al “gobierno provisional” que allí se intentaba establecer, con el objetivo de evitar la invasión directa de la Marina y el Ejército estadounidense. Hacia el final del día la mayoría de sobrevivientes debieron rendirse poco antes del anochecer. La operación terminó con una derrota total de los miembros de la Brigada 2506.

El número de bajas entre los invasores sobrepasó el centenar de muertos; los capturados fueron 1189. Los prisioneros invasores fueron juzgados y condenados a prisión por el gobierno cubano, aunque algunos ex oficiales de la policía de Batista fueron condenados a muerte y ejecutados. Los sobrevivientes fueron canjeados a fines de 1962 mediante intermediarios con el gobierno estadounidense a cambio de 53 millones de dólares en forma de alimentos, medicinas y tractores.

La victoria generó un enorme respaldo político a Fidel Castro entre las masas cubanas y permitió a su gobierno profundizar en el carácter socialista de la Revolución Cubana, mientras que la oposición interna quedaba neutralizada por la alarma generada durante la invasión.

BIBLIOGRAFIA:

 

28 de marzo de 1680: la Corona Española despacha cédula mandando fundar villas en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla en donde se habían avecindado muchos españoles y mulatos que no respetaban a las autoridades indígenas locales

Fotografías de Amatitlán en 1900, mostrando vistas del Lago y del puente construido por los frailes dominicos en el siglo XVII, cuando el poblado fue elevado a la categoría de Villa. Fotografías de Hamilton. M. Weight.

El 6 de abril de 1675 el gobernador del Reino de Guatemala Fernando Francisco de Escobedo envió una carta al rey de España informándole que en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla se habían avecindado muchos españoles, mulatos y otras castas son cuales vivían sin autoridad alguna, porque como las autoridades locales eran indígenas no las respetaban ni obedecían. De aquí que cometían muchos delitos y cada día había quejas al respecto en la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Real Audiencia.

Escobedo recomendaba que esos poblados fueran entonces convertidos en villas para que se establecieran autoridades españolas que controlaran la situación. Por despacho del 29 de febrero de 1676 el rey solicitó al gobernador que justificara los motivos de su solicitud, por lo que este recabó toda la información que pudo y la remitió el 16 de mayo de 1678.

Cuando el Supremo Consejo de Indias revisó la información enviada por Escobedo, el rey despachó una cédula el 28 de marzo de 1680 ordenando a la Real Audiencia para que fundaran Villas en los pueblos mencionados.

El Cabildo criollo, que no había participado en la solicitud de Escobedo, envió a su Produrador Síndico General como su representante ante la Real Audiencia y solicitó al rey que se suspendiera la creación de las villas, pues estas quedarían fuera de la jurisdicción del Cabildo de la ciudad. Los documentos presentados llevaban las firmas de los principals criollos capitalinos pero tras evaluarlos, la Real Audiencia determinó el 29 de marzo y el 24 de abril de 1681 que se ejecutara la real cédula que ordenaba se fundaran las villas solicitadas por Escobedo.

En 1682 llegó al Reino el licenciado Juan Miguel de Augurio y Alaba, como Visitador General, y como tal, el 10 de febrero de ese año ordenó que se delimitara cada una de las villas. Comisionó al licenciado Diego Ibañez de Faria para que realizara las mediciones y las entregara a la Real Audiencia, la cual las revisó y decidió formar el Corregimiento de los pueblos de San Juan Amatitlán, San Miguel Petapa y Santa Inés.

El nuevo Corregimiento colindaba con los Guazacapam y Acasaguastlán, y con los pueblos de San Cristóbal Amatitlán y Mixco. El primer Corregidor de Petapa y Amatitlán fue el señor Juan de Peralta Cisneros, nombrado el 9 de mayo de 1682.

BIBLIOGRAFIA:

18 de febrero de 1824: la Asamblea Nacional Constituyente habilita el Puerto de Iztapa en Escuintla al que llama “Puerto de la Independencia”

Trabajos del Ferrocarril y Puerto de Iztapa en 1896. Imagen tomada de La Ilustración Guatemalteca.

La infraestructura de Guatemala dejaba mucho que desear al momento de la Independencia de Centro América en 1821, y eso preocupó a los miembros de la Asamblea Constituyente, quienes se esforzaron por mejorar las vías de comunicación del estado.

En el decreto del 18 de de 1824, dicha Asamblea reconoció la importancia del puerto de Iztapa en el Océano Pacífico, abandonado desde la época colonial y emitió el siguiente decreto:

  • Artículo 1.°: Se rehabilita el Puerto antiguo de Iztapa, en el partido de Escuintla.
  • Artículo 2.°: Se denominará de ahora en Adelante, Puerto de Iztapa o de la Independencia.
  • Artículo 3.°: el gobierno cuidará de proveer cuanto sea necesario para su major planta y seguridad.

Desafortunadamente, las guerras que se desataron en 1828 y se prolongaron hasta 1851 dejaron relegado el desarrollo de la infraestructura del país y el puerto de Iztapa quedó nuevamente en un segundo plano hasta que en 1892 el general presidente José María Reina Barrios inició un agresivo plan para el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria nacional, construyendo Puerto Barrios en Izabal y renovando por completo el puerto de Iztapa en Escuintla, los cuales serían los puertos de entrada a Guatemala desde el Océano Atlántico y el Pacífico, respectivamente.  Es más, estos puertos estarían comunidados por el entonces moderno Ferrocarril Interoceánico que convertiría a Guatemala en un punto estratégico para el comercio mundial.

Nuevamente, la mala suerte se cebó sobre Iztapa:  el gobierno de Reina Barrios había emprendido sus ambiciosos proyectos gracias a superavit comercial derivado del alto precio internacional del café, pero éste se desplomó en 1897 y con él, los sueños del presidente, la economía nacional y la infraestructura de Iztapa.

BIBLIOGRAFIA: