24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.

24febrero1893
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.

Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café.  Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.

Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios.  El gobierno emitió el siguiente decreto para iniciar el proceso:1

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Considerando:

Que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año ala formación del censo general del país;

El Jefe del Poder Ejecutivo acuerda: que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios
        • El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez1

Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:

      • Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
      • Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
      • Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
      • Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
      • Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2

Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida,
acuerda:

Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios.
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4

Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:

    1. El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
    2. En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
    3. Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
    4. La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
    5. Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1894). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1892-1893. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Ibid., 199.
  3. Ibid., 269.
  4. Ibid., 270.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 317.
  6. Ibid, p. 318.

 

1 de julio de 1935: suprimen al departamento de Amatitlán

Debido a la creación del departamento de El Progreso y a los estragos producidos por la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico suprime al departamento de Amatitlán.

1julio1935
Excursión a la orilla del Lago de Amatitlán en 1897. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca”. En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Existe una leyenda romántica que relatan en Amatitlán al respecto de que el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, enamoraba a una dama de la localidad, y que cuando ésta lo rechazó, el presidente decidió suprimir el departamento en represalia.  Independientemente de la leyenda indicada, lo que realmente ocurrió fue que el mantenimiento de dicho departamento resultaba muy oneroso para el país, pues éste estaba atravesando los efectos de la Gran Depresión, y era necesario restablecer el departamento de El Progreso para poder administrar de mejor forma el Ferrocarril del Norte.  Así pues, el 29 de abril de 1935, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente decreto, el cual fue ratificado por el presidente Ubico el 2 de mayo de ese año:1

Decreto Número 2081

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando:

Que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto, decreta:

Artículo 1°. Se suprime el departamento de Amatitlán

Artículo 2°. Los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla.

Artículo 3°. El Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente Decreto, que entrará en vigor el primero de julio del corriente año.

Pase el Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y cinco.

Casa de Gobierno: Guatemala, dos de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Publíquese y cúmplase.

      • Jorge Ubico
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1

A este decreto legislativo le siguieron varios decretos gubernativos por los que la administración del desaparecido departamento fue distribuida entre el de Guatemala y el de Escuintla.  Reproducimos el primero de ellos, sobre las partidas del Ministerio de Hacienda, para que el lector se dé cuenta de cómo se distribuyó el gasto operativo de Amatitlán:2

Decreto Número 1683

Jorge Ubico, presidente de la República,

Considerando: que el decreto legislativo Número 2081 suprimió el departamento de Amatitlán, facultando al Poder Ejecutivo para que ordene las modificaciones que proceden en el Presupuesto General de Gastos vigente; y que, además, es necesario transferir también algunas otras partidas del mismo,

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la ley citada y el artículo 9°. del Decreto legislativo Número 2059, decreta:

Artículo 1° – Se transfieren las siguientes partidas del Presupuesto General de Gastos vigente.

Ramo X – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Inspección de Hacienda, partida N° 70036 – Inspector de Hacienda Q.175.00/mes.

Capítulo II – Departamento de Amatitlán: De la partida N° 70461 a la 70476 – Q.47.00/mes

Ramo X. – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Tribunal y Dirección General de Cuentas – Tribunal de Cuentas – Partidas N°. A-71354-55 – Dos auditores, con Q175.00 cada uno: Q350.00/mes

Dirección General de Rentas:

Inspección de Depósitos de Licores:

        • Partida N° A-71356 -Inspector de Receptorías, Contadores Automáticos y Depósitos Fiscales: Q50.00/mes

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71357-61 – Cinco agentes, con Q13.50 cada uno: Q67.50/mes
        • Partidas N° A-71362-66 – Alimentación de cinco plazas a Q7.00 cada una: Q35.00/mes2

Depósito de Licores de Amatitlán:

        • Partida N°. A-71367 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71368 – Vigilante: Q45.00
        • Partida N°. A-71369: Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Depósito de Licores de Villa Canales:

        • Partida N°. A-71370 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71371 – Vigilante: Q45.00/mes
        • Partida N°. A-71372 – Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Capítulo X – Departamento de Escuintla

Policía de Hacienda: 

        • Partidas N°. A-71373-76 – Cuatro agentes, con Q13.50 cada uno: Q54.00/mes.

Artículo 3°. La diferencia de trescientos diez y ocho quetzales (Q318.00) que existe entre las partidas que se transfieren y las que se crean, deberá cargarse a la partida del Presupuesto N°71353 que corresponde a los gastos extraordinarios e imprevistos del Ramo de Hacienda.

Artículo 4°. La transferencia de mérito tendrá efecto a partir del primero de julio en curso y la Dirección General de Cuentas hará las operaciones que corresponden.

Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco. 

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. González Campo3

El resto de decretos gubernativos que modificaron el presupuesto de gastos de la Nación fueron tras la supresión del Departamento de Amatitlán fueron:

      • 1684: partidas del Ministerio de Agricultura4
      • 1685: partidas del Ministerio de Educación Pública5
      • 1686: partidas del Ministerio de la Guerra6
      • 1687: partidas del Ministerio de Gobernación y Justicia7

Todos estos decretos entraron en vigor el 1 de julio de 1935, que fue cuando el departamento de Amatitlán quedó oficialmente suprimido.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 248-249
  2. Ibid., p. 377.
  3. Ibid., p. 378
  4. Ibid., p. 379
  5. Ibid., pp. 380-381
  6. Ibid., pp. 381-384
  7. Ibid., pp. 384-385

11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer “exclusivamente sobre la clase desvalida” y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas.  Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que “en cambio, prestran otros de diferente naturaleza“;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y 

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados.  Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos.  Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar.  Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios.  Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, p. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, p. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX.  Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

9 de enero de 1970: se inaugura Jurún Marinalá

El presidente Julio César Méndez Montenegro inaugura la hidroeléctrica Jurún Marinalá, que había sido iniciada durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.

29octubre1824
Vista aérea del embalse de la hidroeléctrica Jurún Marinalá en 2006. En el recuadro: propaganda del gobierno del coronel Jacobo Arbenz pidiendo a la población que coopere con la construcción de la hidroeléctrica. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La región de Palín y Amatitlán históricamente estuvo unificadas por la producción de azúcar y la grana o cochinilla desde la época colonial, y posteriormente con la introducción de la producción del café a gran escala después de la Revolución Liberal de 1871.  Por ello, esta región representó el punto de partida para la electrificación en el país.

La hidroeléctrica Jurún Marinalá se inició durante el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, como uno de los cuatro proyectos gubernamentales dirigidos a combatir los monopolios estadounidenses que existían en el país en ese momento.  Específicamente, la hidroeléctrica nacional iba a competir con el monopolio de la Electric Light Company.1  Entre los otros monopolios que había estaban el de la International Railways of Central America (IRCA) en el transporte ferroviario de bienes y pasajeros (con el que el gobierno arbencista iba a competir con la construcción de la Carretera al Atlántico), el manejo de los puertos de San José y Puerto Barrios por la Great White Fleet (contra lo que Arbenz iba a construir el Puerto de Santo Tomás de Castilla), y la Reforma Agraria contra la acumulación de tierras ociosas2 (principalmente contra las grandes extensiones de tierra ociosa que el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera3 y el del general Jorge Ubico habían cedido a la United Fruit Company en Izabal y Escuintla, respectivamente).  (Nota de HoyHIstoriaGT: Otros monopolios estadounidenses en el país incluían los de W. R. Grace and Company y sus subsidiarias, National Aviation Company, Rosenthal bankers, Pacific Bank and Trust Company, Standard Oil Company, Union Oil, Pan American Airways, Retalhuleu Electric Company, Amsinck Sanne and Company, y la British American Tobacco Company4).

El anteproyecto de Jurún Marinalá data de 1952, y especifica una hidroeléctrica de 40,000 KW que dotaría de electricidad a la Ciudad de Guatemala y a los departamentos de la costa del Pacífico.  Este anteproyecto fue realizado por el ingeniero J.A. Bendix en abril de 1953.  Otro informe presentado ante el gobierno de Árbenz en marzo de 1954 por la Westinghouse Electric International Co. fue realizado por Erik Floor and Associates, una firma de Chicago Estados Unidos.5 Pero los proyectos de la hidroeléctica quedaron inconclusos tras el derrocamiento del gobierno arbencista el 27 de junio de 1954 por el Departamento de Estado estadounidense,6 que utilizó la pantalla del Movimiento de Liberación Nacional de la Operación PBSUCCESS de la Central de Inteligencia Americana para hacer ver el golpe de estado como un movimiento anticomunista.7 

Por su importancia para el desarrollo del país, los gobiernos liberacionistas y militares que siguieron estudiaron nuevos informes presentados en los años subsiguientes  que  contemplaban la variante de Jurún – Medio Monte- Marinalá.  Finalmente , en junio de 1964, durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia  se planteo seriamente la construcción de la hidroeléctrica y se hizo un estudio más detallado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).8  Después de cumplir con los requisitos legales de licitación pública el gobierno eligió a la empresa Electro-Watt Consultores para la construcción del proyecto, el cual incluyó lo siguiente:

    1. Utilizar el lago de Amatitlán como el principal embalse regulador para dar más capacidad de generación de energía eléctrica al INDE para la ciudad de Guatemala.
    2. Los ríos que se utilizaron para alimentar las turbinas fueron Michatoya, y su afluente, el Marinalá, que fue en donde se construyó el embalse de regulación, el túnel de aducción de baja presión y una chimenea de equilibrio.
    3. Presa de regulación del lago de Amatitlán ubicada en el desagüe del mismo la cual permitió obtener una cantidad de almacenaje de 22.3 millones de m3 de agua. Esta presa está construida de concreto para que soporte la presión del agua en todas las épocas del año.
    4. Toma de Jurún, la cual tiene una longitud 70.00 m y de ancho 4.00 m. también construida de concreto. 
    5. Dos desarenadores para limpiar el agua automáticamente.
    6. Túnel de aducción y presión ubicado entre el sur de la finca Jurún llegando al
      punto alto de Medio Monte (en las fincas desmembradas).
    7. Chimenea de equilibrio de la rapidez del agua, también ubicada dentro de Medio Monte.
    8. Tubería reforzada, conectada con el túnel de presión.
    9. Casa de máquinas ubicada sobre el río Marinalá en la aldea Agua Blanca también construida con hormigón y que consta de turbinas, generadores, paneles de control y mando, válvulas esféricas,sistemas de regulación, sistemas de enfriamiento, equipo de protección, y grupo diesel de emergencia.9

Cuando se presentó por primera vez de manera más formal el proyecto en 1964 se estimó que tendría un costo de Q.12, 650,000.00, pero cuando se concluyó en en 1970 el costo final fue de Q.16, 700,000.00.  El financiamiento de la obra se hizo por medio de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y del
Banco Mundial, además de fondos propios con los que contaba el INDE. Como parte del proyecto también se construyó una línea de trasmisión denominada
Guacalate-Jurún Guatemala en conjunto con la subestación sur de Guatemala, la cual tuvo un costo de Q.3, 487,7000.00. En total el costo de la hidroeléctrica Jurún Marinalá fue de Q.20, 187,700.00. En estos costos se incluyeron la obra civil, de administración ysupervisión general, equipo electromecánico utilizado y los intereses que se generaron durante el tiempo que duró la construcción, lo que se acumularon sobre la deuda externa del país.9

Cuando se inauguró, Jurún Marinalá era la hidroeléctrica con mayor capacidad de generación de energía en el país, surtiendo de esta a una buena parte de la ciudad de Guatemala y al departamento de Escuintla. Posteriormente se construyeron Aguacapa y la hidroeléctrica de Chixoy.10

Inicialmente, la producción eléctrica le representó considerables ingresos para el estado a través del INDE, pero durante el gobierno de Álvaro Arzú Yrigoyén, muchos bienes nacionales fueron privatizados con la justificación de que eso los haría más efectivos (tal y como ocurrió en muchos países de América Latina durante esa época), por lo que la producción eléctrica pasó a manos privadas sin que la población se beneficiara con ello.10


BIBLIOGRAFIA:

  1. Miguel Coronado, Leceny Lorena(2011) Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, del Municipio de Palón, Escuintla; 1925-1969. Guatemala: Universidad de San Carlos, Escuela de Historia. p. 140.
  2. Congreso de la República de Guatemala (1952). Decreto 900. Guatemala. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2014.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.68.
  4. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 190-193.
  5. Miguel Coronado, Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, p. 141.
  6. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)»YouTube
  7. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  8. Miguel Coronado, Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, p. 141.
  9. Ibid., p. 142.
  10. Ibid., p. 143.

8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.

8enero1877
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra  que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2

Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas. 

El decreto en mención dice así:1

DECRETO Número 170

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;

Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;

Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;

Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;

Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,

Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;

Por tanto, decreta:

Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.

Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue:  en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.

Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.

Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios. 

Art. 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda.  Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.

Art. 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean.  Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.

Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a.  instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.

Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.

Art. 9°. Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.

Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.

Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.

Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.

Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.

Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.

      • J. Rufino Barrios
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos1

Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte,  los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas “de crianza“, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3

Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4

Gobierno

No. de
Adjudicaciones
Superficie
concedida
(hectáreas)
J. Rufino Barrios 8 9,080
Manuel Lisandro Barillas 2 315
José María Reina Barrios 385 506,025
Manuel Estrada Cabrera 1,689 689,415
TOTAL 2,084 1,207,835

BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez, Analia Silvina (2006) La Enfitéusis en la Doctrina. El Salvador: Universidad de El Salvador.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-6.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.67
  4. Ibid., p. 68.

2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

2enero1948
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista.  Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del “New Deal” que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1

La Seguridad Social fue parte de este “New Deal” de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3

Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial.  Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del “New Deal” de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6

A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina.  Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9

Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo


BIBLIOGRAFIA:

  1. Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
  2. Kennedy, David M. (1999). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945. (en inglés) Oxford University Press. ISBN 978-0195038347. pp.: 257-271.
  3. McJimsey, George (2000). The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. (en inglés) University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-1012-9. pp.: 107-108.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. —; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala»Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  6. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  7. Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  8. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana. 
  9. Schlesinger, Stephen; Kinzer, Stephen (1982). «Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala»The David Rockefeller Center Series on Latin American Studies (en inglés) (Cambridge, EE. UU.: Harvard University Press): 1-331. ISBN 0-385-14861-

25 de noviembre de 1894: expanden presupuesto anual de Instrucción Pública

El gobierno del general José María Reina Barrios expande el presupuesto anual de Instrucción Pública en $66,270

25noviembre1894
Ciudad de Guatemala vista desde el Cerrito del Carmen en 1895 en una fotografía de Fernández Valdeavellano. Se aprecia la Iglesia de la Mercer y al fondo el Teatro Colón. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 25 de noviembre de 1894 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios tuvo que expander el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, que entonces ascendía a un millón ciento veinte mil pesos debido al aumento de los precios de los muebles y útiles escolares.1

Reproducimos a continuación el decreto en mención,1 que debe compararse con la partida de 18 milllardos de quetzales que se tienen presupuestados para los profesores el presupuesto de 2021.2

Decreto Número 507

José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando: Que la cantidad de un millón ciento veinte mil pesos en que fijó la Asamblea Nacional Legislativa el Presupuesto de Instrucción Pública para el año económico de 1 de julio de 1894 a 30 de junio de 1895, no fué ni es en manera alguna suficiente para atender, como se debe, a los gastos que tan importante ramo ocasiona, ya que por las circunstancias económicas del país no pueden reducirse inconsideradamente los sueldos de los profesores, y que por el alto precio que han alcanzado los muebles y los útiles de enseñanza, no es posible, sin que medien grandes sacrificios, mantener los establecimientos de Instrucción Pública a la altura que su importancia y el buen nombre de la Nación reclaman;

Que el Gobierno, para concretar sus gastos á la cantidad votada por la Asamblea, se vio en la necesidad extraordinaria, contra sus principios y acatando únicamente los mandatos de una voluntad superior, de hacer modificaciones y alteraciones en el presupuesto establecido por la experiencia y fundado en los justos reclamos de la Nación;

Que el actual orden de cosas, en lo que respecta al ramo de que se trata, no corresponde a lo que el país tiene derecho a esperar y a lo que el Gobierno está obligado a hacer, y que, sólo por una anormal circunstancia, pudo entorpecerse en parte;

POR TANTO,

De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de las facultades que me concede la Constitución, aplicando como se debe los principios de mi programa político, y teniendo en cuenta que por insignificante que sea un lugar, la escuela primaria ejerce en él decisiva influencia, por cuanto civiliza y eleva el sentimiento moral del individuo, he tenido á bien decretar y decreto:

      • Artículo 1°. Desde el día 1 de enero de 1895, quedan establecidas las plazas y escuelas de que se hará mérito en los lugares que expresa la lista que se acompaña.
      • Artículo 2°. Las cantidades necesarias para su sostenimiento durante el primer semestre de 1895, se tomarán de la suma que aparece como superávit en el presupuesto vigente.
      • Artículo 3°. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, queda encargado de la ejecución de este decreto y de dar cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en Guatemala, en el Palacio del Poder Ejecutivo, á los veinticinco días del mes de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.

      • José María Reina Barrios
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral1

Sigue una tabla con todos los poblados en los que se crearon nuevas plazas de maestros. He aquí un ejemplo tomado de dicha tabla con los sueldos que se le pagaban a los maestros en 1894:3

Plantel Puesto/Costo Cantidad Sueldo
Escuela elemental de varones Director 1 $45.00
Profesor de grado 1 $30.00
Alquiler de casa $20.00

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1896). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1894-95 XIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 142-143
  2. Ministerio de finanzas Públicas (2021). Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2021. Guatemala: Ministerio de Finanzas.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación de Leyes, p. 145

15 de noviembre de 1879: trasladan manejo de los cementerios a las municiplidades

El gobierno liberal retira los cementerios del control eclesiástico y regula su administración mediante las municipalidades.

15noviembre1879
Pórtico del entonces majestuoso Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el recuadro, la tumba casi abandonada del ex-presidente mariscal Vicente Cerna en 2014, y que se encuentra en la misma calle principal del Cementerio General. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La secularización de las instituciones guatemaltecas se inició en 1829 con la invasión de Francisco Morazán, pero no se pudo establecer completamente por la revolución católico-campesina de 1837-38.  No fue sino hasta durante el gobierno del general J. Rufino Barrios (1873-1885) que se completó definitivamente la separación de Iglesia y Estado en el país; por supuesto, aquella separación no fue instantánea, y más bien tardó varios lustros en completarse, ya que se fue haciendo paso a paso debido a la arraigada fé católica de los guatemaltecos.

Aunque la expulsión de las órdenes regulares y del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena fue prácticamente instantánea tras el triunfo de la reforma liberal en 1871, el clero secular se mantuvo en el país y todavía tenía a su cargo muchos aspectos administrativos, como el registro de recién nacidos en las actas de bautismo, matrimonios religiosos y defunciones.

Con la expulsión de las órdenes regulares terinó la costumbre de enterrar a los criollos en las catacumbas y columnas de los principales templos de los poblados y ciudades, y el 15 de noviembre de 1879, el gobierno del general Barrios retiró los cementerios a los curas párrocos, mediante el siguiente decreto:

DECRETO NÚM. 248
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: 

Que por no haber estado los lugares públicos de enterramientos sujetos a la inmediata inspección y administracíon de la autoridad civil, carecen los cementerios de las condiciones indispensables para conservar la salubridad pública, no se observan en las inhumaciones y exhumaciones las reglas de la higiene, y se encuentran en su mayor parte abandonados.

DECRETO:

      • Art. 1.° La construcción, admistración é inspección de los cementerios de la  República, quedan a car go exclusivo de la autoridad municipal.
      • Art. 2.° Las Municipalidades ejercerán su intervención en los cementerios
        por medio de las comisioness de policía é higiene que establece el artículo 92 de su ley reglamentaria.
      • Art. 3.° Los derechos de sepultura serán exclusivamente destinados á los gastos de conservación y mejora de los cementerios.
      • Art. 4. Un reglamento especial determinará las bases de la administración, régimen y buen servicio de los cementerios.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a quince de noviembre de mil ochocientos setenta y nueve.

      • J. Rufino Barrios
      • Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A. Ubico Urruela1

Ese mismo día se emitió el Reglamento respectivo, del cual se reproducen aquí algunos artículos importantes:2

    • Art. 1.° Todo cadáver deberá ser enterrado en cementerio público establecido con autorización previa, siendo prohibidas las inhumaciones dentro de poblado.
    • Art. 2.° En lo sucesivo, para la situación de los cementerios, se elijirán lugares secos, ventilados, a una distancia conveniente de las poblaciones en rumbos apartados de los vientos domiuantes, y que en lo posible
      reúnan las mejores condiciones higiénicas. No podrá determinarse el lugar sin oír la opinión de expertos.
    • Art. 10.° Habrá en el cementerio cinco clases de enterramientos: el primero es el de capillas: el segundo en mausoleos; el tercero en nichos; el cuarto de fábrica media; y el quinto de fábrica común en el suelo; a cuyo efecto el terreno estará dividido en otras tantas secciones proporcionadas .
    • Art. 11.° Las capillas se construirán por cuenta de los interesados, en una área cuya extensión no podrá exceder de 61 varas cuadradas, cubriéndose el valor de éstas con arreglo al adjunto arancel.2
    • Artículo 12.° en los laterales destinados a este objeto: en los cementerios se delineará y numerará el orden de los mausoleos, teniendo cada uno tres varas de largo y vara y media de ancho, formando calles de Oriente a Poniente y de Norte a Sur.
    • Art. 13.° Cada lugar de mausoleo se venderá con su cimiento de piedra, ladrillo y mezcla, puesto al nivel del terreno, por el precio del arancel y como sepultura perpetua.
    • Art. 14.° El que haya comprado un lugar de mausoleo puede edificar o permitir que se edifiquen para sus parientes ó amigos tres sepulcros á mas del primero, uno sobre otro; y cada uno de ellos que se vaya fabricando se pagará una tercera parte de lo que se pagó por el anterior.
    • Art. 15.° Los nichos se seguirán fabricando en las paredes de los cementerios y en la forma que ahora se ha adoptado sin perjuicio de las reformas que la experiencia y el buen gusto vayan indicando.
    • Art. 16.° Los entierros que se hagan en ellos, deben comenzar por una línea de abajo á arriba ocupando primero el de más abajo, y sucesivamente el que le sigue sin pasar a otra línea sin que esté cubierto el ultimo sepulcro de la anterior. 
    • Art. 18. La sepultura en nichos no se vende a perpetuidad para un cadáver, porque a los seis años siendo adulto, puede exhumarse para conducir los restos a los osarios, pero los parientes o amigos del sepultado pueden evitar esta exhumación pagando una tercera parte menos de lo que se ha pagado los seis años anteriores; y cada vez que se cumpla este término, pueden hacer igual rescate. Siendo un párvulo el cadáver, el período será de cinco años.
    • Art. 20. Para los enterramientos de fábrica media é ínfima, el cementerio se dividirá en cuatro cuadros pequeños que corresponden a los cuatro ángulos del cuadrado grande, dejando dos calles, que los dividan ó se crucen en el centro, la una de Oriente á Poniente y la otra de Norte a Sur, prohibiéndose hacer entierros en ellas.
    • Art. 21. Para delinear mejor estas calles, se demarcarán, fabricando dos paredes de nichos para párvulos, cuya altura no excederá de dos varas, dejándose encima un canal para llenarlo de tierra bien preparada y cultivar un jardín que sirva de adorno del cementerio.3

No es casualidad que el cementerio de la Ciudad de Guatemala haya sido construido en 1881, dos años después de la emisión de este decreto.  El cementerio original de la ciudad estaba al este de la Catedral Metropolitana, en donde después se construyó el Mercado Central.  Luego, se trasladó a la par del Hospital San Juan de Dios, y allí estuvo hasta que fue trasladado al nuevo local, entonces totalmente alejado de la población en 1881.  Fotografías antiguas del local muestran que antes de los terremotos de 1917-18, el cementerio general cumplía con lo estipulado con el reglamento de 1879.  Desfortunadamente, luego de esos terremotos el cementerio general entró en un declive permanete al punto que en el siglo XXI se encuentra a la par del colector de basura más grande de la Ciudad de Guatemala (aparte de los ríos que le sirven desagüe a la metrópoli), y ha caído en completo abandono.3


  1. BIBLIOGRAFIA:
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 315.
  3. Ibid., p. 317.
  4. Ibid., p. 318.

9 de noviembre de 1878: Barrios convoca a una Asamblea Constituyente

Tras gobernar de facto desde 1873, el general presidente J. Rufino Barrios convoca a una Asamblea Constituyente

9noviembre1878
Monumento al general J. Rufino Barrios en su ubicación original, al final del Paseo de la Reforma, en 1915. En el recuadro, retrato del presidente guatemalteco, con la mano en la Constitución de 1879. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de la Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de 1871, el presidente provisorio, general Miguel García-Granados y Zavala, y su sucesor, el general J. Rufino Barrios, gobernaron de facto, ya que no había una constitución vigente en el país.  Para poder justificar sus actos, se ampararon en el Acta de Patzicía, documento en el que ellos mismos y sus correligionarios habían desconocido la autoridad del presidente constitucional, mariscal Vicente Cerna y Cerna.

El hecho de gobernar de facto le confirió a Barrios amplios poderes, pudiendo gobernar a su capricho.  Sin embargo, convencido de que una constitución hecha a su medida le permitiría extenderse en el poder, convocó a una Asamblea Constituyente el 9 de noviembre de 1878, por medio del siguiente decreto:1

Decreto No. 225

Considerando:

      • Que la República está en plena paz, sin que por ninguna parte apa rezca amenazado el orden;
      • Que no obstante que la Asamblea Constituyente, en su decreto de 23 de octubre de 1876 declaró que por las circunstancias difíciles en que entonces se hallaba el país, no convenía emitir la ley fundamental, invistiéndome con facultades omnímodas para ejercer el Poder Ejecutivo, durante el período de cuatro años, también me autorizó para convocar la Legislatura antes, si lo estimaba conveniente;
      • Que la dictadura no está de acuerdo con los principios republicanos, y si la acepté fué por las circunstancias difíciles en que se encontraba el país, pero con la intención de no hacer uso de ella, sino para mantener la paz y tranquilidad publicas, mientras que el Estado pudiera darse por medio de sus legítimos representantes la ley fundamental que asegura los derechos y garantías de los ciudadanos:
      • Que consecuente con los principios democráticos que declaré desde que fui elevado al poder, considero que ha llegado la época feliz de restablecer el orden constitucional, renunciando las facultades omnímodas y el tiempo que me fué concedido para ejercerlas;
      • Que la Asamblea convocada en 21 de octubre de 1876, tuvo en mira el mantenimiento del orden público, confiriéndome los amplios poderes de que se ha hecho mérito, por ser el sentimiento general de los pueblos que representaban entonces; pero las circunstancias de paz y bienestar que ahora se disfrutan, exigen el que se decrete la Constitución de la República, que tanto se desea;
      • Que debiendo esta ley ser la expresión genuina de los pueblos, conviene que éstos estén representados por mayor número de delegados para que las difíciles cuestiones que pueda comprender la ley fundamental, sean mejor debatidas.

DECRETO:

      • Art. 1. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta de sesenta y un representantes de los pueblos de la República, que se elegirán cu la proporción que establece la adjunta tabla.
      • Art. 2. Las elecciones se harán de completa conformidad con lo establecido en decreto de 21 de octubre de 75, comenzándose a verificar el 10 de enero del 79.
      • Art. 3. La Asamblea Constituyente se instalará el día l5 de marzo del año próximo de 1879 con la solemnidad que prescribe su reglamento.
      • Art. 4. Este alto cuerpo ocupará esclusivamente de dar á la Nación la ley fundamental y de resolver todos los asuntos que el Gobierno presente á su deliberación.
      • Art. 5. Cualquier ciudadano podrá ser electo diputado, con excepción de los Jefes políticos, Administradores de rentas, Administradores y contadores de aguardientes, Jueces de 1ra. instancia y comandantes de armas, por el departamento ó distrito electoral en que ejercen sus funciones. Tampoco podrán serlo, los párrocos ni coadjutores por el distrito en que estén situadas sus parroquias; entendiéndose modificado en estos términos el artículo respectivo de la ley citada de 21 de octubre de 1875.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, el nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.

        • J. Rufino Barrios.
        • El Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, J. Barberena.1

TABLA1

De los distritos electorales en que se divide la República para la elección de diputados a la Asamblea Constituyente, convocada por decreto de 9 de noviembre del año de 1878, con expresión de las cabeceras de círculos; en donde deberán ser calificados los electores comprendidos en ellas y en sus anexiones filiales; de las ciudades, villas y pueblos que forman los distritos; del número de diputados señalado a cada uno de ellos, con advertencia de que la primera población de las designadas a cada distrito, es la cabecera del mismo, en donde deben practicarse las elecciones.

Departamento No. de
Diputados
Guatemala 9
Sacatepéquez 5
Chimaltenango 3
Sololá 3
Quiché 2
Totonicapán 3
Huehuetenango 4
San Marcos 3
Quetzaltenango 4
Suchitepéquez 1
Retalhuleu 1
Escuintla 2
Amatitlán 2
Santa Rosa 2
Jutiapa 1
Jalapa 2
Chiquimula 5
Zacapa 3
Izabal 1
Alta Verapaz 3
Baja Verapaz 3
Petén 1
TOTAL 61

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 209-216.

21 de septiembre de 1845: se emite un decreto para las elecciones municipales que iban a realizarse cada año

21septiembre1845
Retrato del capitán general Rafael Carrera, presidente de la República de Guatemala. A su derecha está el entonces general José Víctor Zavala, y a la derecha el alcalde la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de la Revista Conservadora del pensamiento centroamericano.

En 1845, se había convocado una vez más a una Asamblea Constituyente para que redactara una constitución para el Estado de Guatemala.  Ésta ardua tarea fue quedando pospuesta año tras año debido a la anarquía que imperaba en Guatemala, no solamente por los destrozos ocurridos tras las guerras entre Rafael Carrera y Francisco Morazán, sino que por la injerencia de los estados liberales vecinos, en especial Honduras y El Salvador, quienes patrocinaban rebeliones en contra del gobierno conservador de Guatemala.1 No fue sino hasta qu Carrera destrozó a los liberales en la Batalla de La Arada el 2 de febrero de 1851 que se consiguió un paz relativamente estable, la cual permitió que firnalmente se redactara una constitución.2

Una de las leyes emitidas por una de aquellas constituyentes el 21 de septiembre de 1845 se convirtió en el primer intento para tener elecciones democráticas en las municipalidades guatemaltecas.  He aquí dicha ley:3

El congreso constituyente del Estado de Guatemala, considerando:

1°— Que la administración municipal es el ramo más importante al gobierno político de los pueblos, porque a ella le está confiada cardinalmente la instrucción, la salubridad, el ornato, la comodidad de las poblaciones y aun su asiento:

2°— Que bajo este respecto, los ciudadanos municipales en los gobiernos democrátícos deben ser una emanación del pueblo, constituidos por é inmediatamente, para que sus individuos reunan la confianza pública, estén penetrados de los intereses, necesidades y opiniones del pueblo, y puedan obrar en consonancia con sus comitentes;

3°— Y que el sistema de elecciones municipales adoptado en el decreto de 2 de octubre de 1839, desviándose de estos principios, contrajo el voto activo en ellas solo al pequeño número de personas que han obtenido cargos municipales en los años anteriores, privando a la generalidad de los ciudadanos del sufragio activo que les correspondiera; decreta:

1°— El primer domingo del mes de diciembre del corriente año se convocará a los pueblos para la elección de sus respectivas municipalidades, la que se celebrará el inmediato domingo del mismo mes.[…]

3°— La votación se practicará diciendo en alta voz cada sufragante las personas por quienes vota, designándolas separadamente para los cargos del alcaldes, regidores y síndicos: escribiéndolos el secretario en una lista, que leerá en alta a cada votante, para que se cerciore éste y cualquiera otra persona de la junta que lo solicite.

4° — El directorio estará abierto por ocho horas; y concluida la votación, no bajando de treinta votos concunentes por lo menos, se hará el escrutinio en público, y se declararán electos alcaldes, regidores y síndicos los que obtengan mayoría de sufragios para los respectivos destinos.— Si no se reunieren cinco votos conformes, no habrá elección, y se repetirá el acto bajo el mismo directorio el dia festivo inmediato siguiente. — Si algunas personas reunieren igual número de votos para el mismo cargo, los ciudadanos presentes en el acto del escrutinio elegirán solo entre ellos, y si ya no hubiere concurrencia, lo ejecutará solo el directorio.

5°— Los recursos sobre cohecho ó soborno, y las reclamaciones sobre nulidad serán resueltos en el acto por el directorio y diez ciudadanos presentes que hayan votado.[…]

— Tendrán voto en estas elecciones todos los ciudadanos en ejercicio de sus derechos caificados anteriormente para la elección de diputados.[…]

8°— La renovación anual de la municipalidad se practicará en los mismos dias que expresa el artículo primero; y en la parte que disponen las leyes existentes.

9°— Cuando vaque algún empleo municipal, registrará la corporación las listas de sufragios, y llamará á subrogar á la persona que haya reunido mayoría después de la que se retiró, y ella debe sin excusa alguna entrar á servir el cargo; pero si no hubiere obtenido por lo menos cinco votos, se convocará al pueblo á nueva elección para reponer al municipal que falte.

10°— No se admitirán renuncias á los miembros de la municipalidad sin causas legales. — Conocerá de ellas el corregidor, previo informe de la municipalidad respectiva; y tal resolución se pondrá en noticia del síndico, á fin de que pueda hacer el reclamo conveniente al supremo gobierno caso de no hallarla arreglada.

11°— Se deroga el capítulo 4° de la ley de 2 de octubre de 1839, sobre gobierno político de los departamentos, en cuanto se oponga al presente decreto.3

Aquella bien intencionada ley, no pudo llevarse a la práctica porque, como tal y como ocurrió con los Códigos de Livingston de Mariano Gálvez y José Francisco Barrundia, no se aplicaban a la realidad de las poblaciones rurales del país.4 Era específicamente el artículo 6° el que echaba por tierra la buena intención del decreto, pues solamente eran ciudadanos aquellos que supieran leer y escribir o que tuvieran un oficio propio;  esto dejaba a la gran mayoría de los campesinos indígenas marginados del derecho al voto. De esta cuenta, el presidente de Guatemala, general Rafael Carrera, quien había fundado la República el 21 de marzo de 1847, emitió un decreto en noviembre de ese año, derogando el anterior:

El decreto [del 21 de setiembre de 1845], no ha podido ser ejecutado en muchos pueblos, ni observado en todos exactamente, por contrariar las costumbres de los indios, y exigir en su artículo 6° los votos de ciudadanos cuyos derechos estén calificados con anterioridad para la elección de diputados, calificación que, además de no existir, presenta graves dificultades para hacerse.1


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