28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

17 de noviembre de 1917: con un sismo que destruye el poblado de Amatitlán se inicia el enjambre sísmico que culmina con los terremotos de 1917-18

17noviembre1917
Imágenes de edificios destruidos en la Ciudad de Guatemala tras los terremotos de 1917-18.  Tomadas de Wikimedia Commons.

Los pobladores de la Nueva Guatemala de la Asunción vivieron durante casi ciento cuarenta años con la falsa creencia de que el valle en donde se asentaba la capital del país era inmune a terremotos cataclísmicos como los que asolaron a la ciudad de Santiago de los Caballeros.  Esta creencia errada hizo que muchos edificios y casas se construyeran sin protección sísmica, incluyendo muchas de las edificaciones que hizo el gobierno del general José María Reina Barrios entre 1892 y 1898. Aunque sí se habían sentido fuertes temblores en la ciudad, como el 23 de abril de 1830 o el que destruyó a Quetzaltenango en 1902, no hubo mayores daños en la ciudad y eso reforzó la creencia de que la construcción con refuerzo antisísmico no era necesaria en la ciudad.

En 1916 un enjambre sísmico se desató en la ciudad, y aunque al principio causó alarma entre la población, lo continuo de los temblores hizo que los habitantes se acostumbraran a los mismos.   Y así, cuando un nuevo enjambre sísmico empezó el 17 de noviembre de 1917 con su epicentro en el área del lago de Amatitlán, los habitantes de la ciudad no se preocuparon demasiado al respecto, a pesar de que gran parte del poblado de Amatitlán se derrumbó y se produjeron entre diez a treinta temblores diarios.

Fue el día de Navidad de 1917 que la historia de la ciudad cambió: se produjo el primero de los cataclísmicos terremotos conocidos como “de 1917-18”, los cuales se extendieron hasta mayo de 1918 y derrumbaron a la mayoría de edificios públicos y religiosos, así como una gran cantidad de residencias.  Aquel fue el final de la “Tacita de Plata” (que era como se le conocía a la ciudad en ese entonces) y el inicio de los problemas urbanísticos de que adolece la capital guatemalteca.


BIBLIOGRAFIA:


8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


3 de agosto de 1885: se publica un desglose de la fortuna millonaria que acumuló el fallecido general J. Rufino Barrios durantes su gobierno y que heredó su viuda Francisca Aparicio

3agosto1885
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.

He aquí el desglose:

Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal 80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41 18.000
Casa en la 13 calle poniente 1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo N/A
Casa en el Barrio de la Libertad N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen N/A
Una casa en Quezaltenango N/A
Fincas
“La Majada”, jurisdicción de Mixco N/A
“Los Tarros”, jurisdicción de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla N/A
“Rodeo” del Incienso, departamento de Guatemala N/A
“Paso Antonio”, en Escuintla N/A
“El Barón” N/A
“Primavera” en San Cristóbal, Verapaz N/A
“Punían” en Escuintla 28.000
“El Porvenir” en San Pablo, en San Marcos N/A
“El Rodeo” en San Marcos 30.000
“Pacajá” en Quezaltenango 20.000
Las Salinas de Santa Eulalia en Huehuetenango, con instrumento de maquinaria 30.000

Inmuebles no matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)

Tipo de bienes Descripción Monto
Bienes raíces
Finca “El Malacate” en San Marcos 60.000
Finca “Los Cerritos” de Nowas 10.000
Finca “Chuvá” en Quezaltenango 4.000
Finca “El Sauce” en Izabal 4.000
Un lote de los cinco de la Colonia Belga Santo Tomás, Izabal 10.000
Un terreno comprado a Encarnación Mazariegos en Escuintla 1.000
Un lote baldío junto Hacienda “Los Tarros” Escuintla 800
La Finca “Monte Largo”, comprado a familia Beteta que cedió gratis al general Cruz 4.000
Salinas de Magdalena en el Quiché, con instrumentos de maquinaría 25.000
Una casa en Quezaltenango calle de San Nicolás 4.000
Fincas en sociedad con Felipe Márquez en las islas “El Mico” y Quiriguá en Izabal 30.000
Finca en sociedad con Ramón Murga, “El Ingenio de Arrivillaga” Amatitlán 100.000
Una casa en Nueva York 300.000
Mobiliario
En alhajas y muebles 300.000
En cinco mil fanegas de maíz en San Rafael Mixco 20.000

Derechos y acciones

Tipo de Ingreso Descripción Monto
Derechos en 1885
Participaciones sociales en 8.000 vales dotados, en que es su agente Felipe Márquez 400.000
Producto de 60.000 quintales de café que exportó a $10 liquidado 600.000
Producto de beneficio y venta de ganado de sus haciendas 100.000
Producto de panela y artículos de sus fincas 50.000
Producto de sal de sus salinas 10.000
Por $500 diarios que le pagó la administración de licores 45.000
Por $200 diarios que le pasaba la pagaduría militar y cien el Cuerpo de Artillería 27.000
Por utilidades en las empresas de vales; ferrocarriles, Bancos etc. N/A
Por gastos extraordinarios de representaciones que se hizo entregar N/A
Por el producto de una caballería N/A
Por el producto de un almacén de licores y comestibles en su casa N/A
Por tributo feudal que le mandó en el primer trimestre del año del presidente Rafael Zaldívar de El Salvador 45.000
Por utilidades en las contratas con el Gobierno, por medio de su agente Márquez
Por participación en Sociedad en el almacén de Licores y conservas de Antonio Mengarejo, sin pagar impuestos aduaneros de importación 25.000
Acciones
Banco de Occidente 30.000
Ferrocarril de Champerico concedidas gratis por no indemnizar propiedades particulares y dar todo el apoyo debido N/A
Ferrocarril del Sur, como el anterior N/A
Ferrocarril Urbano N/A
Agencias de San José y Champerico, además de los $25.000 anuales que le pasaban N/A

Inventario adicional

Inventario Descripción Monto
Activo
Posesión de 300 caballerías del Gran lote “Los Andes” a las riveras del Motagua y del trayecto construido del Ferrocarril del Norte en Izabal. 6.000
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette 400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios 4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios 14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo 50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz 20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano 600.000
Suma general $3.792,600

De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)

Descripción Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873 Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente 50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república: 4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente 50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado 240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884. 4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años 1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años 800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico 800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar 424.000
El tributo feudal que le pasó por 9 años el presidente Rafael Zaldívar de El Salvador a $200.000 anualmente 1.800,000
El tributo feudal que pasó Soto de Honduras en tabaco, ganado, sin pagar exportación por $60.000 anuales y luego Bográn -en dinero en 9 años 540.000
Los dividendos sobre el Ferrocarril del Sur 30.000
Los dividentos sobre el Ferrocarril de Champerico 60.000
Dividendos sobre el Ferrocarril Urbano 10.000
Las cantidades que se apercibió del gran capital de la Carretera al Norte, y por medio de Contratas con sus socios y agentes 200.000
Grandes cantidades que se hizo llegar del Banco Nacional, de los bienes de Desamortización 500.000
De los bienes de Redención de Censos 200.000
Por valores de baldíos y redenciones que directamente le entregaban los interesados 300.000
Por cuotas negativas por no ponerles estancos de chicha y aguardientes a algunos pueblos indígenas 100.000
Por cuotas de escusas de ir algunos pueblos a trabajar a los ferrocarriles en que lo mismo lucraban algunos jefes políticos 100.000
Productos de sus salinas en Santa Eulalia, departamento de Huehuetenango 100.000
Producto de las salinas de Magdalena en el Quiché 20.000
Participación en sociedad con Antonio Melgarejo, en su almacén de Licores y Conservas sin pagar derechos aduaneros 100.000
Participación en varios negocios con Felipe Márquez 100.000
Participación en destilación del Ingenio y otros negocios con Ramón Murga 100.000
Participación en vales del Banco Nacional 500.000
Lo mismo en los vales de Tesoro 200.000
En conmutas que le quedaban por indultos de reos y a veces por suscriciones a los pueblos 100.000
Participación en negocios con Florentín Sonza, de artículos de exportación é importación, por Champerico 80.000
Participación en negocios con personas de Retalhuleu y Quezaltenango 50.000
Por suscriciones de dinero mandadas levantar a varias poblaciones de la República 100.000
Participación en negocios de exportación é importación con comerciantes de Guatemala 100.000
Por ahorros en los pagos de admininistradores, mayordomos y caporales de sus fincas y negocios, que salían en el presupuesto militar 1.000,000
Por ahorros en los mozos de los mismos puntos, con motivo de cumplir allí sus trabajos de camino de ley, abonandoles únicamente medio real diario con menoscabo de la Hacienda Pública 1.000,000
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios 100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos 300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina,  Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras 400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos 100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar 31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios 9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años. 400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu 200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871 1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios N/A
Por utilidades en las operaciones con los fondos del Ferrocarril del Norte en el Interior y Exterior N/A
Suma total $ 33.594,000

BIBLIOGRAFIA:


9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

 

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

2junio1897
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 


BIBLIOGRAFIA:


28 de marzo de 1680: la Corona Española despacha cédula mandando fundar villas en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla en donde se habían avecindado muchos españoles y mulatos que no respetaban a las autoridades indígenas locales

Fotografías de Amatitlán en 1900, mostrando vistas del Lago y del puente construido por los frailes dominicos en el siglo XVII, cuando el poblado fue elevado a la categoría de Villa. Fotografías de Hamilton. M. Weight.

El 6 de abril de 1675 el gobernador del Reino de Guatemala Fernando Francisco de Escobedo envió una carta al rey de España informándole que en los poblados de Amatitlán, Petapa y Escuintla se habían avecindado muchos españoles, mulatos y otras castas son cuales vivían sin autoridad alguna, porque como las autoridades locales eran indígenas no las respetaban ni obedecían. De aquí que cometían muchos delitos y cada día había quejas al respecto en la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Real Audiencia.

Escobedo recomendaba que esos poblados fueran entonces convertidos en villas para que se establecieran autoridades españolas que controlaran la situación. Por despacho del 29 de febrero de 1676 el rey solicitó al gobernador que justificara los motivos de su solicitud, por lo que este recabó toda la información que pudo y la remitió el 16 de mayo de 1678.

Cuando el Supremo Consejo de Indias revisó la información enviada por Escobedo, el rey despachó una cédula el 28 de marzo de 1680 ordenando a la Real Audiencia para que fundaran Villas en los pueblos mencionados.

El Cabildo criollo, que no había participado en la solicitud de Escobedo, envió a su Produrador Síndico General como su representante ante la Real Audiencia y solicitó al rey que se suspendiera la creación de las villas, pues estas quedarían fuera de la jurisdicción del Cabildo de la ciudad. Los documentos presentados llevaban las firmas de los principals criollos capitalinos pero tras evaluarlos, la Real Audiencia determinó el 29 de marzo y el 24 de abril de 1681 que se ejecutara la real cédula que ordenaba se fundaran las villas solicitadas por Escobedo.

En 1682 llegó al Reino el licenciado Juan Miguel de Augurio y Alaba, como Visitador General, y como tal, el 10 de febrero de ese año ordenó que se delimitara cada una de las villas. Comisionó al licenciado Diego Ibañez de Faria para que realizara las mediciones y las entregara a la Real Audiencia, la cual las revisó y decidió formar el Corregimiento de los pueblos de San Juan Amatitlán, San Miguel Petapa y Santa Inés.

El nuevo Corregimiento colindaba con los Guazacapam y Acasaguastlán, y con los pueblos de San Cristóbal Amatitlán y Mixco. El primer Corregidor de Petapa y Amatitlán fue el señor Juan de Peralta Cisneros, nombrado el 9 de mayo de 1682.


BIBLIOGRAFIA:


22 de noviembre de 1824: se crea la República Federal de Centro América

22noviembre1824La República Federal de Centro América se formó el 22 de noviembre de 1824, con el mismo territorio que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala (exceptuando a Chiapas que se quedó en México tras la efímera Anexión de Centroamérica a éste) y quedó compuesta por cinco estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El Estado de Guatemala específicamente fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho estado que emitió la constitución del mismo el 11 de octubre de 1825: “el estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y los forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior.”

La misma constitución de 1825 indicó cual era el territorio del estado, y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825. La Asamblea Constituyente dividió al territorio en siete departamentos de esta forma:

Artículo 1. El territorio del estado será dividido en los siete departamentos que siguen:

    • Verapaz, que comprenderá el antiguo partido de este nombre y todo el distrito del Petén.
    • Chiquimula, comprende todos los pueblos y valles del antiguo corregimiento de Chiquimula y Zacapa.
    • Guatemala y Escuintla: le forman todos los pueblos del partido de Escuintla y Guasacapán, la capital de Guatemala, las villas de Guadalupe y Nueva de Petapa, los pueblos de Mixco, Chinautla, Jocotenango, Pinula, San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja en la capital, San Miguel y Santa Inés Petapa, San Juan y San Cristóbal Amatitlán y la población de Palencia.
    • Sacatepéquez y Chimaltenango: le corresponden todos los pueblos de Sacatepéquez no comprendidos en el departamento de Guatemala y todos los del extinguido corregimiento de Chimaltenango.
    • Suchitepéquez y Sololá: forman este departamento los territorios pueblos de las alcaldías mayores de ambos partidos.
    • Quetzaltenango y Soconusco: son comprendidos en este departamento todos los pueblos del extinguido corregimiento de Quetzaltenango, y los del antiguo gobierno de Soconusco.
    • Totonicapán y Huehuetenango: los pueblos de este departamento serán los mismos que formaban antes los partidos de ambos nombres.

Las cabeceras y distritos de los departamentos fueron establecidas de esta forma:

Departamento Cabecera Distritos
Verapaz Cobán
  • Petén
  • Cahabón
  • Cobán
  • Tactic
  • Salamá
  • Rabinal
Chiquimula Chiquimula
  • Zacapa
  • Acasaguastlán
  • Sansaria
  • Esquipulas
  • Chiquimula
  • Jalapa
  • Mita
Guatemala-Escuintla Ciudad de Guatemala
  • Guatemala
  • Amatitlán
  • Escuintla
  • Mixtán
  • Jalpatagua
  • Guazacapán
  • Cuajiniquilapa
Sacatepéquez-Chimaltenango Antigua Guatemala
  • San Pedro Sacatepéquez
  • San Lucas Tejar
  • Chimaltenango
  • Jilotepeque
  • San Juan Sacatepéquez
  • Patzún
Sololá-Suchitepéquez Sololá
  • Joyabaj
  • Quiché
  • Sololá
  • Atitlán
  • Suchitepéquez
  • Cuyotenango
Totonicapán/Huehuetenango San Miguel Totonicapán
  • Totonicapán
  • Momostenango
  • Nebaj
  • Huehuetenango
  • Malacatán
  • Soloma
  • Jacaltenango
  • Cuilco
Quetzaltenango-Soconusco Quetzaltenango

BIBLIOGRAFIA:


23 de octubre de 1876: debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

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Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladores de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.  Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años.   Todo ese tiempo había gobernado amparándose en el Acta de Patzicía, y queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios (al igual que había hecho el general Rafael Carrera antes que él) gobernó el país a su sabor y antojo.


BIBLIOGRAFIA:


 

25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

25septiembre1876
Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de pesos de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

  • J. Rufino Barrios
  • J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos

BIBLIOGRAFIA: