19 de mayo de 1779: Matías de Gálvez continúa el traslado a la Nueva Guatemala

El recién llegado Capitán General Matías de Gálvez y Gallardo continúa con la política de su antecesor, Martín de Mayorga, de forzar el traslado de la destruida Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción.

Ruinas abandonadas en la ciudad de Antigua Guatemala a principios del siglo XX. Las ruinas estuvieron en el abandono desde 1779. En el recuadro: el capitán general Martín de Mayorga. Imágenes tomadas de Mizner Scrapbook Central America y Wikimedia Commons.

El traslado de la destruida ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala a la Nueva Guatemala de la Asunción fue lento y penoso, a pesar de las presiones que ejercían las autoridades civiles sobre los pobladores de la capital del Reino de Guatemala.

El traslado oficial se hizo efectivo cuando el ayuntamiento de la ciudad de Santiago de los Caballeros se trasladó a la Nueva Capital el 30 de diciembre de 1775, y celebró su primer cabildo en su establecimiento provisional en la Ermita del Cerrito del Carmen el 2 de enero de 1776. Sin embargo, no todos los pobladores se trasladaron, lo que obligó a Mayorga y a su justicia mayor, Fernando del Sobral, a tomar varias medidas drásticas para forzar a quienes se resistían a mudarse. Pero conforme más órdenes de traslado llegaban a la antigua capital, más se resistían sus pobladores a mudarse, aconsejados por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz.1

A finales de enero de 1776 se empiezan a enviar materiales desde la antigua capital, los cuales eran acarreados por indígenas de Jocotenango, quienes eran hostigados como si fueran bestias de carga. Esta situación llegó a un punto tal, que el presbítero Miguel de Larrave le pidió a las autoridades que cesaran aquel hostigamiento en noviembre de ese año, y ésta, a su vez, informaron que no se podía hostigarles porque ellos preferían huir a medio camino.2

A principios del año siguiente, Mayorga ordenó que se evaluara qué se podía utilizar todavía en los antiguos edificios públicos, para determinar si se podían trasladar a la nueva capital. De esta forma, el 14 de febrero el maestro de obras Vicente Cruz le informó que había abundantes materiales en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, en el colegio de San Borja, en la antigua Compañía de Jesús, en la casa de la Moneda y en otras estructuras.2

El 23 de abril de 1777 Mayorga suprimió la enfermería del ayuntamiento, y el 17 de julio le dió un ultimátum al claustro de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo para que se trasladara a la nueva capital «dentro del término de dos meses, sin réplica ni excusa alguna«.2 Y el 28 de julio, harto de que no atendieran sus órdenes, Mayorga promulgó un bando en el que ordenaba no solo el traslado de los habitantes, sino que se derribaran todas las ruinas que todavía quedaran en pie.; Y no contento con esto, el 11 de septiembre envió una carta al rey, quejándose de que el arzobispo Cortés y Larraz estaba entorpeciendo la final traslación del pueglo de Guatemala argumentando que solamente con expresa licencia del Papa se podía construir una nueva catedral en el Reino.3

El 27 de septiembre, Mayorga visitó la antigua capital, y cuando estuvo en el Palacio de los Capitanes Generales dió órdenes de que arrancaran las puertas, ventajas, rejas, lozas, maderas, tapices, cañerías de agua, búcaros, escudos y todo lo que pudiera utilizarse en la construcción del palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y le pidió a su justicia mayor, del Sobral, «que se faltaba piedra en la Nueva Capital, arrancara las piedras de las calles«.3

Finalmente, en noviembre de 1777 el claustro de la Universidad se trasladó a la Nueva Guatemala y lo mismo hicieron los agustinos. Los dominicos ya habían empezado su traslado, y Mayorga le dió un plazo de dos meses a los betlemitas, franciscanos, mercedarios y recoletos para hacer lo mismo.3

En 1778 Mayorga prohibió que hubiera guarnición militar en la antigua capital y que ingresara toda clase de mercaderia a la ciudad, a partir del 1 de enero de 1779. El 4 de abril de 1779 Mayorga fue sustituido por Matías de Gálvez, que nombró como justicia mayor a Guillermo de Macé, quien siguió con la obra de forzar el traslado a la nueva capital. De esta cuenta, el 19 de mayo de 1779 emitió los siguientes bandos:

  • Que incontinenti se cierren todas las tiendas, y que no se venda cosa alguna y que los mencionados efectos se deben sacar de este dicho suelo, dentro del término perentorio de quince días.
  • Por cuando las órdenes de su majestad y bando que ha tenido a bien el Superior Gobierno publicar, en esta ciudad, conspirantes a su despueblo y traslación a la Nueva Capital… ha resuelto el Muy Ilustre Señor Presidente, Gobernador y Capitán General de este Reino, que todos los que ejercen oficios públicos, les amoneste, de su orden, no deben dar un golpe sobre ellos, y si disponer el que se trasladen a la cpaital u otros pueblos, distantes a lo menor cinco leguas de éste… debiendo estar enterados que todo oficial, sea de la profesión que fuere deberá desde el día de hoy, suspender su trabajo y dejar este pueblo, en el preciso y perentorio término de quince días… prevenidos de que de no hacerlo, se remitirán bien asegurados, con partida y el correspondiente oficio, sin permitir ni oir excusa alguna…4

Gálvez finalmente logró que Cortés y Larraz renunciara a la mitra en 1780 y que fuera sustituido por Cayetano de Francos y Monroy, quien ayudó considerablemente a la construcción de la Nueva Guatemala de la Asunción.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 212.
  2. Ibid., p. 213.
  3. Ibid., p. 214.
  4. Ibid., p. 215.

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5 de octubre de 1918: nacionalizan la Empresa Eléctrica

El gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera confisca y nacionaliza la Empresa Eléctrica, que era de propiedad alemana

5octubre1918
Una escena de la vida de la Cuidad de Guatemala en 1918. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Por medio de un Acuerdo Gubernativo, el 10 de octubre de 1894 el Ministerio de Fomento del gobierno del general José María Reina Barrios otorgó a Enrique Neutze, una concesión que le permitiría aprovechar las cascadas del Río Michatoya cerca de Palín, Escuintla para producir electricidad, venderla a domicilio y proporcionar alumbrado público enla Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Amatitlán, Palín y Escuintla. Así pues, el 7 de diciembrescuine de 1894 se constituyó la sociedad anónima Empresa Eléctrica de Guatemala. Los socios fundadores fueron: Enrique Neutze, Herman Höpfner, Federico Gerlach, Víctor Matheu, Antonio de Aguirre y Juan Francisco Aguirre. Inicialmente, se instalaron generadores para producir 1,000 HP de fuerza.

En 1916, la demanda servida era de 1,560 HP y cubría 25,300 focos de 16 bujías, además de 577 motores y aparatos. Para entonces, el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la que, no obstante, fue un asunto ajeno a Guatemala hasta en un hecho sorpresivo el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, tiró por la borda la declaratoria de neutralidad que había hecho en 1914 y, bajo la presión de los Estados Unidos, emitió el Decreto Gubernativo número 727, por medio del cual rompió relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán el 27 de abril de 1917.  El gobierno le solicitó al ministro alemán Curt Lehmann que abandonara el país, y sin poner mayor resistecia obedeció a la solicitud despidiéndose con esta frase:: “¡Apunta republiqueta, ya Alemania pegará!”

Tambien se expropiaron algunos bienes a la colonia alemana, los cuales pasaron a manos estadounidense.  Por ejemplo, la Bond & Share Electrical Company, adquirió la Empresa Eléctrica de Guatemala gracias al Acuerdo Gubernativo 742, publicado en el Diario Oficial el día 5 de octubre de 1918, que dice: “Autoriza al intendente general del Gobierno para que, mediante las formalidades del caso, proceda a la confiscación, nacionalización y venta en su caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala.”

Ahora bien, el cambio en la política exterior se debió, no sólo a las fuertes presiones de los Estados Unidos, sino también a la declaración de guerra marina irrestricta, lanzada por el Imperio Alemán.  Guatemala protestó ante este anuncio y el gobierno aprovechó para declarar la ley marcial en el país, ya que las implicaciones de la declaración de guerra irrestricta marítima afectaba directamente a todo el comercio por mar, ya que la marina alemana quedaba autorizada por el Káiser para detener, incautar e incluso atacar cualquier buque cuyas intenciones no quedaran claras a criterio del capitán alemán involucrado. La declaración constituía indirectamente, una declaración de guerra a todos los países que comerciaban con Europa, pues implicaba que la marina alemana adquiría autoridad de policía marítima.  Y esto lo había hecho el emperador alemán a pesar de que existía un marco jurídico de derecho internacional que garantizaba ciertos derechos de los países neutrales, en un intento por debilitar a las entonces ponderosas Inglaterra y Francia y romper la línea de suministros que iba de los puertos de los Estados Unidos hacia los territorios ingleses.


BIBLIOGRAFIA:


22 de febrero de 1951: orderan repatriar restos de Máximo Soto Hall

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo ordena repatriar los restos del escritor y poeta Máximo Soto Hall para que sean sepultados en Antigua Guatemala.

22febrero1951
Residencia del escritor, historiador y poeta Máximo Soto Hall en la Ciudad de Guatemala en 1915. En el recuadro: Soto Hall. Imágenes tomadas de «El Libro Azul de Guatemala«.

Uno de los útimos actos oficiales del gobierno del Dr. Juan José Arévalo fue ordenar la repatriación de los restos del historiador, político y poeta Máximo Soto Hall, quien falleció en Buenos Aires, Argentina en el 14 de mayo de 1944, y quien fuera medio hermano del ex-presidente hondureno Marco Aurelio Soto, además de uno de los principales ideólogos y propagandistas del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera.  De hecho, Soto Hall siguió los pasos de su medio hermano —que llegó al poder con la ayuda del presidente guatemalteco, general J. Rufino Barrios1— y consiguió ser candidato a la presidencia de Honduras con fuerte apoyo del licenciado Estrada Cabrera2, pero no ganó las elecciones por el rechazo de los hondurenos al régimen guatemalteco.3

Tras la caída del régimen cabrerista el 15 de abril de 1920, Soto Hall permaneció en el exilio, que lo llevó a Venezuela, Chile, Argentina y Uruguay, como corresponsal de la revista neoyorquina «Editor and Publisher» y en donde representó a Guatemala en congresos internacionales. Si bien regresó a Guatemala junto con su esposa Amy Miles en julio 1926 y se unió a la Sociedad de Geografía e Historia, no se quedó mucho tiempo y poco después partió para Sudamérica en donde escribió para el periódico «La Prensa» de Buenos Aires.3

Cuando el general Jorge Ubico llegó a la presidencia de Guatemala invitó a Soto Hall a colaborar con él durante una visita que hizo el escritor a su país, pero éste rechazó la oferta porque «no le gustaba la política dura del presidente«, según le dijo a un amigo, aunque parece más factible que la verdadera razón fue la imagen de intelectual antiimperialista que construyó para sí tras la caída de Estrada Cabrera, lo cual era clave para que no se recordara su pasado como colaborador y propagandista de la larga dictadura cabrerista.4

Tal parece que la estrategia de Soto Hall dió resultados puesto que el presidente Arévalo emitió el siguiente decreto el 22 de febrero de 1951:5

Palacio Nacional, Guatemala, 22 de febrero de 1951

El Presidente Constitucional de la República, 

Considerando: que el historiador y poeta guatemalteco Máximo Soto Hall, fallecido en Buenos Aires, República Argentina, en 1943 dio lustre a las letras patrias con su abundante y valiosa producción intelectual;

Considerando: que el extinto escritor expresó su deseo de que sus restos fueran depositados definitivamente en la Antigua Guatemala,

En Consejo de Ministros, acuerda:

Primero – ordenar la repatriación de los restos de Máximo Soto Hall, para ser sepultado definitivamente en la Antigua Guatemala.

Segundo – ordenar la erección de un mausoleo en el cementerio de la citada ciudad.

Tercero – encomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores todo lo relativo al transporte y recepción de los restos, así como la construccióm del mausoleo citado.

Cuarto – Designar a los Ministros de Relaciones Exteriores y Educación Pública y a los escritores Rafael Arévalo Martínez y Virgilio Rodríguez Beteta, para que se constituyan en Comisión Oficial de Homenaje para la recepción de los restos.

Comuníquese y cúmplase.

        • Arévalo
        • Siguen las firmas de los Ministros de Estado, que incluyen a la de Elfego H. Monzón, como Ministro sin cartera.5

BIBLIOGRAFIA

  1. Lozano, Enrique (18 de diciembre de 1890). «Drama Político en Honduras». La Opinión (México, D. F.): 56.
  2. Soto Hall, Máximo (1915). El Libro Azul de Guatemala. Bascom Jones, J. y Scoullar, William T., eds. Guatemala. pp. 166-167.
  3. Molina Jiménez, Iván (2001) La polémica de El Problema de Máximo Soto Hall. 12. p. 160.
  4. Ibid., p. 161.
  5. Morales Urrutia, Mateo; Azurdia Alfaro, Roberto (1959). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1950-1951. LXIX. pp. 740-741.

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13 de febrero de 1676: autorizan fundación del convento de Carmelitas Descalzas

Se emite la Real Cédula que autoriza la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el Reino de Guatemala

13febrero1676
Las ruinas abandonadas del templo de Santa Teresa de la orden de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Antigua Guatemala en 1875, mucho antes de que la ciudad fuera declarada Patrimonio Nacional en 1944. En el recuadro: Santa Teresa de Jesús, patrona del templo. Imágenes tomadas de Mizner Scrapbook Centralamerica y Wikimedia Commons.

La señora Magdalena de Aceituno de Guzmán tenía grandes deseos de fundar un convento de Carmelitas Descalzas en el Reino de Guatemala, por lo que le pidió ayuda al sacerdote Bernardino de Obando y al capitán José de Aguilar y Revolledo, alcalde ordinario. De esta forma, el 24 de abril de 1668, el ayuntamiento de Santiago de los Caballeros de Guatemala, a petición de Aguilar y Revolledo, acordó solicitar al rey licencia para fundar un convento de Carmelitas Descalzas, bajo la advocación de Santa Teresa de Jesús.1

Mientras se procesaba la licencia, hubo varios aportes para el convento: el 3 de abril de 1674, el ayuntamiento dispuso dar ayuda para que se construyera el convento; el obispo Juan Sáenz de Mañosea y Murillo heredó su casa para que en ellas se estableciera el convento cuando murió el 3 de febrero de 1675;2 y, finalmente, el 18 de octubre de ese mismo año Obando compró unas casas para el convento, las cuales habían sido del licenciado Juan de Gárate y Francia, quien fue oidor de la audiencia.3

Por su parte Obando recurrió a la Santa sede y el 26 de enero de 1675 la Sagrada Congregación expidió el decreto otorgando el permiso solicitado. El Papa Clemente X confirmó el permiso el 13 de febrero del mismo año, mientras que en España, el 22 de junio se emitió la Real Cédula que autorizó la fundación del convento, la cual fue confirmada por el rey Carlos el 13 de febrero de 1676. La noticia llegó a Santiago de los Caballeros el 26 de octubre de ese año, por lo que la Audiencia emitió una acuerdo acatando la Real Cédula.3

Tras recibir el permiso otorgado, Obando se fue al Virreinato del Perú y se presentó ante las autoridades eclesiásticas, quienes el 19 de febrero de 1677 concedieron licencia a la Madre Ana Catalana de San Joaquín y a las Hermanas María de la Asunción y María Jerónima de San Juan, Religiosas Profesas de velo negro, del monasterio de la ciudad de los Reyes, para que fuesen a fundar el Convento de Santiago de Guatemala. Las religiosas salieron la clausura de Santa Teresa de Lima el 26 de febrero y el 30 de abril el ayuntamiento de Santiago recibió una carta de Obando que les informaba que ya había arribado al Reino de Guatemala, acompañado de las monjas carmelitas.4

Obando y las monjas carmelitas llegaron el 25 de mayo de 1677 a Santiago de los Caballeros de Guatemala, tomando posesión de su convento e iglesia provisional. El 24 de septiembre, Obando informó al ayuntamiento que el 29 de septiembre, día de San Miguel, el Santísimo iba a ser taslado al templo de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas, e invitó a sus miembros a asistir a la ceremonia. El ayuntamiento acordó asistir en pleno y colocar un altar en la esquinas de las casas consistoriales, y celebrando con fuegos en la Plaza Mayor la noche anterior.5

El templo definitivo del convento de las carmelitas descalzas se empezó a construir el 16 de agosto de 1683, gracias a fondos proporcionados por el capitán José de Aguilar y Revolledo, a quien le agradeció el ayuntamiento formalmente el 11 de abril de 1687, un día antes que el templo fuera bendecido y abierto al público.5

Al morir el 20 de mayo de 1698, Aguilar y Revolledo fue sepultado en el altar mayor del templo en agradecimiento a todas sus contribuciones para la construcción del mismo.6


BIBLIOGRAFIA

  1. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 64.
  2. Ibid., p.69
  3. Ibid., p.70
  4. Ibid., p.71
  5. Ibid., p.72
  6. Ibid., p.100

10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero.  En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«.  Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas  y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo.  Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013). Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966). Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

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22 de enero de 1829: los liberales de Antigua se rebelan contra Aycinena

Debido a la persecusión de que eran objeto por parte del gobierno conservador de Mariano de Aycinena, los liberales en Antigua Guatemala se rebelan contras la autoridades del Estado

22enero1829
Ruinas del pórtico principal de la iglesia de la Compañía de Jesús antes de ser destruidas por los terremotos de 1917-18 y 1976. En el recuadro: el Jefe de Estado Mariano de Aycinena. Imágenes tomadas de Mizner Scrap Book of Central America y de Wikimedia Commons.

Tras el desastre de Milingo en 1827, el general Manuel José Arce fue cortesmente obligado a renunciar a la presidencia de la República Federal de Centro América, dejando el poder en manos de Mariano de Beltranena.  Para entonces, los criollos liberales habían dado la espalda al proyecto político de Arce, y lo acusaban de haberse aliado a los criollos aristócratas conservadores de la ciudad de Guatemala, que servía en ese entonces como capital de la Federación.1  Por su parte, en el estado de Guatemala gobernaba desde noviembre de 1826 el líder conservador Mariano de Aycinena, quien había llegado al poder tras el golpe de estado contra el liberal Juan Barrundia y la captura de éste por parte de Arce en 1826, y quien había emprendido una labor enérgica en contra de los criollos liberales, cuyos líderes exiliados en El Salvador hacían una campaña incesante en contra de su gobierno.2

Aycinena declaró al Dr. Pedro Molina —quien estaba exiliado en El Salvador— y a sus allegados como enemigos de la patria por medio del llamado «Decreto Fatal» en marzo de 1827 y emprendió una represión contra los liberales en Guatemala, por lo que éstos se refugiaron en la ciudad de Antigua Guatemala, en donde el jefe político del departamento, Sebastián Morales, era un liberal que se había puesto al servicio del gobierno conservador para conseguir una puesto como éste, ya que Sacatepéquez y Chimaltenango eran la puerta de acceso a la región de Los Altos.3  Además, la antigua capital del Reino de Guatemala se prestaba para una conjura, ya que en ese época contaba apenas con diez mil habitantes, y quedaba sumida en la oscuridad y quietud tan pronto como se ponía el sol.4

Uno de los organizadores de aquella conjura era el Dr. Mariano Gálvez, quien en esa época no era bien visto por los criollos liberales porque había apoyado sido secretario de Gabino Gaínza y firmado el decreto de anexión a México en 1822,5 pero quien gracias a su inteligencia logró imponerse entre sus correligionarios, cuyo número crecía día a día. Y así, el 22 de enero de 1829, los liberales con  el jefe político Sebastián Morales a la cabeza, desconocieron la autoridad de Aycinena aduciendo que solamente reconocían el gobiero del despuesto Juan Barrundia.6

Los alzados, que eran aproximadamente seiscientos, pidieron que les proporcionaran armas y le ofrecieron el mando de la fuerza al coronel francés Nicolás Raoult, quien políticamente declinó la oferta, aduciendo que era ir al sacrificio, a pesar de que era uno de los principales alborotadores.  Y antes de que lograran conseguir un nuevo jefe militar, las autoridades conservadores enviaron un contingente militar a Antigua y los liberales se dispersaron como pudieron.6

A pesar de aquella derrota inicial, los liberales resultaron vencedores sobre el gobierno de Aycinena porque cuando la noticia del fracaso de la revuelta llegó a oídos del general hondureño Francisco Morazán, éste de inmediato movilizó  su «ejército protector de la ley» y emprendió camino a Guatemala, sitiando la ciudad y obligando a la renuncia de las autoridades federales y estatales el 14 de abril de ese mismo año.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El Libro de las Efemérides; Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 128.
  2. Mencos Franco, Agustín (1893). Rasgos biográficos de Francisco Morazán: apuntes para la historia de Centro América. Guatemala: Tipografía El Comercio. p. 32.
  3. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 129.
  4. Ibid., p. 130.
  5. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada a virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 14-16.
  6. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 131.
  7. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 361-366.

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30 de marzo de 1944: declaran a Antigua Guatemala como Monumento Nacional

Por sugerencia del arquitecto Verle L. Annis y el apoyo del embajador de Estados Unidos, Boaz W. Long, se emite un decreto legislativo declarando Antigua Guatemala como Monumental Nacional.

30marzo1944
El convento abandonado de la Escuela de Cristo en la Antigua Guatemala en la década de 1920. En ese estado se encontraba la mayoría de edificios en la ciudad antes de que la ciudad fuera declarada Monumento Nacional. En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de Guatemala de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras siglos de abandono, la ciudad de Antigua Guatemala finalmente fue reconocida como Monumento Nacional por el gobierno del general Jorge Ubico, luego de un extenso estudio sobre la misma que fue realizado por el arquitecto Verle L. Annis, quien fue patrocinado por el entonces embajador de los Estados Unidos Boaz W. Long. Aquel estudio fue publicado en la «Revista de Guatemala» el 1 de septiembre de 1945.1

En vista del estudio de Annis y con base a las sugerencias del embajador Long, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente Decreto:2

Decreto Número 2772

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que la Ciudad de Antigua Guatemala contiene edificios públicos y privados, calles y plazas de inestimable valor histórico y arquitectónico;

Considerando: que dicha ciudad fue durante más de dos siglos la sede principal de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala, y una de las ciudades más famosas y de mayor importancia del Nuevo Mundo, en los primeros años de la Colonia;

Considerando: que Guatemala, de acuerdo con las Resoluciones XIII y XIV de las conferencias interamericanas celebradas en Montevideo en 1933 y en Lima en 1938, y en cumplimiento de las estipulaciones del Tratado general interamericano sobre la protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos, suscrito en Washington por el Gobierno de Guatemala, con fecha 15 de abril de 1935.

Por tanto: con base en lo que dispone el artículo 28 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°.— Se declara Monumento Nacional la ciudad de la Antigua Guatemala

Artículo 2°.— Todo lo relativo a su conservación, restauración y nuevas construcciones, queda bajo la protección, cuidado y vigilancia del Ejecutivo.

Artículo 3°.— Se fija un plazo máximo de tres años para cambiar por tejas de barro el techo de los edificios que lo tengan de láminas de metal; y se sustituan por aleros volados, del mismo estilo de los primitivamente construidos, los pasamanos o antepechos que no correspondan a la estructura original.

Artículo 4°.— Un Comité presidido por el Intendente municipal de la ciudad de la Antigua e integrado por un arquitecto especializado en construcciones coloniales y tres vecinos de la ciudad, todos de nombramiento del Ejecutivo, tendrá a su cargo la autorización de los trabajos que las autoridades locales o los particulares se propongan llevar a cabo para conservar, restaurar o modificar los edificios, calles y plazas comprendidos dentro del perímetro urbano, así como para las nuevas construcciones.

Artículo 5°.— Queda autorizado el Ejecutivo para que emita los reglamentos, dicte las disposiciones que conduzcan al mejor resultado de lo dispuesto y de facilidades a fin de que se introduzcan las modificaciones que repongan a su estilo primitivo los edificos que hayan sufrido alteración en su estructura.

Artículo 6°.— Las infracciones a lo dispuesto en este Decreto, serán penadas conforme las leyes y reglamentos que se dicten por el Ejecutivo.

Artículo 7°.— Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.Nota a

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el treinta de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Palacio Nacional: Guatemala, treinta y uno de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. Publíquese y cúmplase.

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, J. Antonio Villacorta C.2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 295.
  2. Ibid., p. 294-295.

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20 de enero de 1780: Audiencia da ultimatum a arzobispo Cortés y Larraz

Tras más de seis años de resistirse al traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción luego del terremoto de Santa Marta, la Audiencia de un ultimatum al arzobispo Cortés y Larraz para que renuncie a su cargo.

20enero1780
Vista de la Ciudad de Antigua Guatemala en 2010. Al fondo, el Volcán de Agua. En el recuadro: retrato del arzobispo Pedro Cortés y Larraz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz fue el principal opositor al traslado de la dañada ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala su nuevo solar en el Valle de la Ermita, principalmente porque comprendía que la idea era debilitar la posición del clero frente a las autoridades civiles de la Capitanía General de Guatemala.

Debido a las Reformas Borbónicas que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XVIII, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica en el Imperio Español se resquebrajó, y por ello la ciudad ya no fue reconstruida como había ocurrido tras los terremotos de San Miguel en 17171 y de San Casimiro en 1751.2 La nueva familia real -los Borbones- tenía ideas que simpatizaban con la Ilustración y poco a poco fue alejándose del rígido dogma católico; de hecho, en 1767, el rey Carlos III proclamó la Pragmática Sanción por la cual expulsó a la otrora poderosa e intocable Compañía de Jesús de todos sus territorios, lo que puso sobre aviso al resto de órdenes religiosas.3

En esa situación se encontraba el Estado Español cuando ocurrió el terremoto de Santa Marta en 1773, lo que fue aprovechado por el Capitán General Martín de Mayorga para forzar el traslado de la ciudad a una nueva ubicación y con ello restarle considerable poder económico al clero, que perdería sus posesiones.  Esto lo comprendión perfectamente el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien desde un principio se opuso rotundamente al traslado.4

Si bien la nueva ciudad se trasladó oficialmente el 2 de enero de 1776, cuando se celebró el primer cabildo en el Valle de la Ermita, el arzobispo se quedó en Santiago de los Caballeros, junto con el clero secular bajo su mando, aunque hubo un momento en que la tensión fue tal, que los miembros del Cabildo eclesiástico se vieron en un serio dilema, porque por una parte el arzobispo los amenazaba con la excomunión si no le obedecían, mientras que el Capitán General los amenzaba con enviarlos a la Inquisición si se quedaban en la ciudad.4  Por su parte, los frailes del clero regular, todavía amedrentados tras las expulsión de los jesuitas, dócilmente abandonaron sus dañados palaciegos conventos y se trasladaron a endebles estructuras de madera en la nueva ciudad, en lo que se construían sus nuevas instalaciones.5

En un arranque de ira, Cortés y Larraz presentó su renuncia, aunque luego recapacitó y la retiró; pero para entonces el rey ya le había invitado a retornar a España y habían nombrado al arzobispo Cayetano de Francos y Monroy como nuevo arzobispo de Guatemala.  Al enterarse de esto último, Cortés y Larraz advirtió a los miembros del Cabildo Eclesiástico, diciéndoles que «esas bulas tienen vicios sustanciales, porque han sido libradas en virtud de una renuncia que yo ya retiré; y aún cuando se tuviera en cuenta dicha renuncia, ha sido desestimada por un real acuerdo de 15 de agosto de 17756

En 1779 el Capitán General Mayorga partió para México, a donde había sido nombrado Virrey,7 y Cortés y Larraz continuaba aferrándose a su arquidiócesis. De hecho, al regreso de una visita pastoral a Santiago de los Caballeros, la población salió a recibirlo con gran entusiasmo y cariño; todas las casas estaban adonadas y hubo comisiones con bandas de música que salieron a recibirlo.6  Al ver esto, la Real Audiencia se dió cuenta de que la situación podía desembocar en una guerra civil, por lo que el 20 de enero de 1780 le enviaron a Cortés y Larraz de la Nueva Guatemala una notificación en la que le advertían sin mayores preámbulos que sería expulsado por la fuerza de Guatemala si no acataba el mandato real de retornar a España.  Y también lo conminaron a que condediera el pase a las bulas del nombramiento de Francos y Monroy.8

Para hacer efectivo el ultimatum, la Audiencia nombró al Oidor Tomás Calderón para que fuera a Santiago de los Caballeros a entregar personalmente esta misiva con instrucciones de que regresara con la renuncia firmada por el arzobispo.  Ante esto, Cortés y Larraz, no tuvo más remedio que renunciar, y salir de Santiago de los Caballeros con rumbo a Sololá.  En Panajachel se encontró con la comitiva del nuevo arzobispo, pero no cruzó palabra con éste.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez Girón, Zoila; Flores, José Alejandro; Garnica, Marlen (1995). «El real palacio de Antigua Guatemala: arqueología y propuesta de rehabilitación». En Laporte, L.P; Escobedo, H. Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, versión digital).
  2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008). Apuntes sobre las obras de rehabilitación del Colegio de la Compañía de Jesús. Guatemala. Archivado desde el original el 4 de junio de 2014.
  3. Real Gobierno de España (1805) [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.
  4. Hernández de León, Federico (1963) [1926] El Libro de las Efemérides; Capítulos de la Historia de América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 116
  5. Melchor Toledo, Johann Estuardo (2011). «El arte religioso de la Antigua Guatemala, 1773-1821; crónica de la emigración de sus imágenes»tesis doctoral en Historia del Arte (México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México).
  6. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 117.
  7. Orozco, Fernando. Gobernantes de México (2004 edición). Panorama. p. 484. ISBN 9789683802606
  8. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 118.

9 de agosto de 1561: solicitan establecer la Compañía de Jesús en Guatemala

Autoridades de Guatemala solicitan al rey Felipe II que establezca la Compañía de Jesús en Santiago de los Caballeros de Guatemala

9agosto1561
Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús en la Antigua Guatemala en 1875, luego del terremoto del 3 de septiembre de 1874. En el recuadro: el rey Felipe II. Imágenes de Wikimedia Commons.

En la segunda mitad del siglo XVI la orden de la Compañía de Jesús era muy poderosa en Europa y fueron solicitados por las autoridades del Reino de Guatemala a través de una cédula del 9 de agosto de 1561, pero ésta fue denegada por el rey Felipe II por considerar que los miembros de la orden eran más necesarios para encabezar la Contrarreforma contra los movimientos protetantes que se extendían en Europa. A pesar de esto, cinco años después el propio Felipe II solicitó el envío de veinticuatro jesuitas a América, pero esto no pudo materializar. Luego, en 1580, regresando de visitar colegios de la orden en Perú, pasó por Guatemala el Padre Maestro Juan de la Plaza quien hizo peticiones reiteradas junto con el Ayuntamiento criollo. Finalmente, en 1607 llegaron los primeros jesuitas y se establecieron en la Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.1

Los jesuitas se hospedaron inicialmente en la casa de Lucas Hurtado y, como era su costumbre, se centraron en la enseñanza como principal misión de la orden.  De esta cuenta, abrieron su primer centro educativo, el Colegio San Lucas, el cual se inauguró el 18 de octubre de 1607.  Los sacerdotes le pusieron este nombre a su establecimiento en honor a Lucas Hurtado por todo su apoyo inicial y porque en esa fecha la Iglesia Católica celebra la fiesta del evangelista San Lucas.2

La primera iglesia que construyeron los jesuitas era pequeña, y construida de adobe y con techo rústico; sin embargo, a pesar de estar alejada del centro era reclamada por los vecinos para muchas celebraciones religiosas. En 1610 la Real Audiencia envió un informe al Rey solicitando que se asignara una renta anual al Colegio de los Jesuitas para ayudarlo en sus gastos. Luego, en 1611 Leonor Celada (viuda del escribano real Juan de Guevara) donó a los jesuitas una casa muy cerca de la plaza central, en la manzana que pertenecía a los descendientes del cronista Bernal Díaz del Castillo,​ a únicamente trescientos metros de la fachada de la Catedral, en el flanco poniente de la Plaza de Armas. Gracias a esto, los se mudaron a una posición privilegiada con respecto a las demás órdenes que tenían edificaciones en la ciudad.2

Para 1615 había en la ciudad una efervescencia por construir edificios con mayor tamaño que los existentes hasta el momento y los jesuitas iniciaron la construcción de su iglesia definitiva. Entre 1610 y 1620 se amplió la actividad docente del Colegio de San Lucas y la economía de la orden mejoró; parte del dinero ingresado se empleaba en construir, la casa y la iglesia, que fueron concluidas el 18 de julio de 1626.3

Los jesuitas prosperaron en Guatemala y tuvieron mucha influencia política y económica hasta que fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español por medio de la Pragmática Sanción del rey Carlos III el 2 abril de 1767.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008). Apuntes sobre las obras de rehabilitación del Colegio de la Compañía de Jesús. Guatemala. Archivado desde el original el 4 de junio de 2014. p. 5.
  2. Ibid., p. 6.
  3. Johnston Aguilar, Rene (2001). «Proyecto arqueológico en el claustro norponiente de la Compañia de Jesús, Antigua Guatemala»Academia. Archivado desde el original el 10 de febrero de 2015.
  4. Real Gobierno de España (18050 [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.

2 de abril de 1767: pragmática sanción para expulsar a los jesuitas

El rey Carlos III decreta la pragmática sanción para expulsar a la Compañía de Jesús de todos sus dominios y expropiar sus bienes

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Ruinas del abandonado convento de la Compañía de Jesús en 1875 en la Antigua Guatemala.  Los jesuitas lo tuvieron que abandonar en 1767 y pasó a poder de los mercedarios, hasta el terremoto de 1773.  En el recuadro: el rey Carlos III, quien firmó la pragmática sanción de 1767.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La llegada al trono del nuevo rey Carlos III en 1759 supuso un duro golpe para el poder y la influencia de la orden de la Compañía de Jesús, pues el nuevo monarca, a diferencia de sus dos antecesores, no era nada favorable a los jesuitas, ya que estaba influido por su madre —la reina Isabel de Farnesio— y por el ambiente antijesuítico que predominaba en la corte de Nápoles de donde provenía.1

Tras el motín de Esquilache en 1766, el rey vió la oportunidad que esperaba para salir de la orden y solicitó al fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, que abrira una pesquisa secreta sobre el asunto; Campomanes presentó su Dictamen ante el Consejo de Castilla en enero de 1767 y acusó a los jesuitas de ser los responsables de los motines. Finalmente, luego de varios pasos burocráticos más, el rey Carlos III emitió el «Real Decreto para la Ejecución Extrañamiento de los Regulares de la Compañía de Jesús»  el 27 de febrero de 1767, para que a lo largo del mes de marzo el Conde de Aranda dispusiera con el máximo secreto todos los preparativos para proceder a la expulsión de la Compañía.2

Finalmente, se emitió la pragmática sanción decretada por el rey Carlos III el 2 de abril de 1767, llamada «Extrañamiento de los Regulares de la Compañía de Jesús de todos los dominios de España e Indias, y ocupación de sus temporalidades» el mismo día en que todo estaba listo para su expulsión:3

Habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real, en el extraordinario que se celebra con motivo de las resultas de las ocurrencias pasadas, en consulta de 29 de enero de 1767, y de lo que sobre ella, conviniendo en el mismo dictamen, me han expuesto personas del más elevado carácter y acreditada experiencia; estimulado de gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo constituido de mantener en subordinaci~n, tranquilidad y justicia mis pueblos, y otras urgentes, justas y necesarias, que reservo en mi Real ánimo; usando de la suprema autoridad económica que el Todo-poderoso ha depositado en mis manos para la protección de mis vasallos, y respeto de mi Corona, he venido en mandar extrañar de todos mis dominios de España e Indias, e islas Filipinas y demás adyacentes a los Regulares de la Compañía, así Sacerdotes como Coadjutores, o Legos que hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieren seguirles; y que se ocupen toda las temporalidades de la Compañía en mis dominios: y para la ejecución uniforme en todos ellos he dado plena y privativa comisión y autoridad por otro mi Real decreto de 27 de Febrero al Presidente del mi Consejo, con la facultad de proceder desde luego a tomar las providencias correspondientes.

      1. Y he venido asimismo en mandar, que el Consejo haga notoria en todos estos reinos la citada mi Real determinación; manifestando a las demás Ordenes Religiosas la confianza, satisfacción y aprecio que me merecen por su fidelidad y doctrina, observancia de vida monástica, ejemplar servicio de la Iglesia, acreditada instrucción de sus estudios, y suficiente número de individuos para ayudar a los Obispos y Párrocos en el paso espiritual de las almas, y por su abstracción de negocios de Gobierno, como ajenos y distantes de la vida ascética y monacal.
      2. Igualmente dará a entender a los Reverendos Prelados diocesanos, Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos y demás estamentos o cuerpos políticos del reino, que en mi real persona quedan reservados los justos y graves motivos que a pesar mío han obligado mi Real ánimo a esta necesaria providencia, valiéndome únicamente de la económica potestad, sin proceder por otros medios, siguiendo en ello el impulso de mi Real benignidad como padre y protector de mis pueblos.
      3. Declaro, que en la ocupación de temporalidades de la Compañía se comprehenden sus bienes y efectos, así muebles como raíces, o rentas eclesiásticas que legítimamente posean en el reino; sin perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores, y alimentos vitalicios de los individuos, que serán de cien pesos durante su vida a los Sacerdotes, y noventa a los Legos, pagaderos de la masa general que se forme de los bienes de la Compañía.
      4. En estos alimentos vitalicios no serán comprehendidos los Jesuitas extranjeros que indebidamente existen en mis dominios dentro de sus Colegios, o fuera de ellos, o en casas particulares, vistiendo la sotana, o en traje de abates, y en cualquier destino en que se hallaren empleados: debiendo todos salir de mis reinos sin distinción alguna.
      5. Tampoco serán comprehendidos en los alimentos los Novicios que quisieren voluntariamente seguir a los demás, por no estar aún empeñados con la profesión, y hallarse en libertad de separarse.
      6. Declaro, que si algun Jesuita saliere del Estado eclesiástico (adonde se remiten todos), o diese justo motivo de resentimiento a la Corte con sus operaciones o escritos, lo cesará desde luego la pensión que le va asignada; y aunque no debe presumir que el cuerpo de la Compañía, faltando a las más estrechas y superiores obligaciones, intente o permita, que alguno de sus individuos escriba contra el respecto y sumisión debida a mi resolución, con título o pretexto de apologías o defensorios dirigidos a perturbar la paz de mis reinos, o por medio de emisarios secretos conspire al mismo fin, en tal caso, no esperado, cesará la pensión a todos ellos.
      7. De seis en seis meses se entregará la pensión anual a los Jesuitas por el banco del giro, con intervención de mi Ministro en Roma, que tendrá particular cuidado de saber los que fallecen o decaen por su culpa de la pensión, para rebatir su importe.
      8. Sobre la administración y aplicaciones equivalentes de los bienes de la Compañía en obras pías, como es dotación de Parroquias pobres, Seminarios conciliares, casas de misericordia y otros fines piadosos, oidos los Ordinarios eclesiásticos en lo que sea necesario y conveniente, reservo tomar separadamente providencias; sin que en nada se defraude la verdadera piedad, ni perjudique la causa pública o derecho de tercero.
      9. Prohibo por ley y regla general, que jamás pueda volver a admitirse en todos mis reinos en particular a ningun individuo de la Compañía, ni en cuerpo de Comunidad, con ningun pretexto ni colorido que sea, ni sobre ello admitirá el mi Consejo ni otro Tirbunal instancia alguna; antes bien tomarán a prevención las Justicias las más severas providencias contra los infractores, auxiliadores y cooperantes de semejante intento, castigándolos como perturbadores del sosiego público.[…]
      10. […]
      11. […]
      12. […]
      13. Ningún vasallo mío, aunque sea Eclesiástico secular o Regular, podrá pedir carta de hermandad al General de la Compañía ni a otro en su nombre; pena de que se le tratará como a reo de Estado, y valdrán contra él igualmente las pruebas privilegiadas.
      14. Todos aquellos que las tuvieren al presente deberán entregarlas al Presidente del mi Consejo, o a los Corregidores y Justicias del reino, para que las remitan y archiven, y no se use en adelante de ellas, sin que les sirve de óbice el haberlas tenido en el pasado, con tal que puntualmente cumplan con dicha entrega; y las Justicias mantendrán en reserva los nombres de las personas que las entregaren, para que de este modo no les cause nota.
      15. Todo el que mantuviere correspondencia con los Jesuitas, por prohibirse general y absolutamente, será castigado a proporción de su culpa.
      16. Prohibo expresamente, que nadie pueda escribir, declamar o conmover con pretexto de estas providencias en pro ni en contra de ellas; antes impongo silencio en esta materia a todos mis vasallos; y mando, que a los contraventores se les castigue como reos de lesa Majestad.
      17. Para apartar altercaciones o malas inteligencias entre los particulares, a quines no incumbe juzgar ni interpretar las órdenes del Soberano, mando expresamente, que nadie escriba, imprima ni expenda papeles u obras concernientes a la expulsión de los Jesuitas de mis dominios, no teniendo especial licencia del Gobierno: e inhibo al Juez de imprentas, a sus Subdelegados, y a todas las Justicias de más reinos de conceder tales permisos o licencias, por deber correr todo esto bajo de las órdenes del Presidente y Ministros de mi Consejo con noticia de mi Fiscal.
      18. Encargo muy estrechamente a los revenrendos Prelados diocesanos, y a los Superiores de las Ordenes Regulares, no permitan que sus súbditos escriban, impriman, ni declamen sobre este asunto, pues se les haría responsables de la no esperada infracción de parte de cualquiera de ellos: la cual declaro comprehendida en la ley del Señor Don Juan el I, y Real Cédula expedida circularmente por mi Consejo en 18 de Septiembre del año pasado para su más puntual ejecución, a que todos deben conspirar, por lo que interesa el orden público, y la reputación de los mismos individuos, para no atraerse los efectos de mi Real desagrado.
      19. Ordeno al mi Consejo, que con arreglo a lo que va expresado haga expedir y publicar la Real pragmática más estrecha y conveniente para que llegue a noticia de todos mis vasallos, y observe inviolablemente, publique, y ejecuten por las Justicias y Tribunales territoriales las penas, que van declaradas contra los que quebrantaren estas disposiciones, para su puntual, pronto e invariable cumplimiento; y dará a este fin todas las órdenes necesarias con preferencia a otro cualquier negocio, por lo que interesa mi Real Servicio: en inteligencia de que a los Consejos de Inquisición, Indias, Ordenes y hacienda he mandado remitir copias de mi Real decreto para su respectiva inteligencia y cumplimiento.  Y para su puntual e invariable observancia en todos mis dominios, habiéndose publicado en Consejo pleno este día el Real decreto de 27 de marzo que contiene la anterior resoluci~n, que se mando guardar y cumplir segun y como en él se expresa, fue acordado expedir la presente en fuerza de ley y pragmática sanción, como si fuese hecha y promulgada en Cortes, pues quiere se esté y pase por ella sin contravenirla en manera alguna, para lo cual, siendo necesario, derogo y anulo todas las cosas que sean o ser puedan contrarias a ésta; por la cual encargo a los muy reverendos Arzobispos, Obispos, Superiores de todas las Ordenes Regulares Mendicantes y Monacales, Visitadores, Provisores, Vicarios y demás Prelados y Jueces eclesiásticos de estos mis reinos, observen la expresada ley y pragmática como en ella se contiene, sin permitir que con ningun pretexto se contravenga en  manera alguna a cuanto en ella se ordena: y mando a los del mi Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes de mi Casa y Corte, y de mis Audiencias y Cancillerías, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y ordinarios, y demás Jueces y Justicias de todos mis dominios, guarden cumplan y ejecuten la ticata ley y pragmática sanción, y la hagan guardar y observar en todo y por todo; dando para ello las providencias que se requieran, sin que sea necesaria otra declaración alguna más de esta, que ha de tener su puntual ejecución desde el día que se publique en Madrid, y en las ciudades, villas y lugares de estos mis reinos en la forma acostumbrada, por convenir así a mi Real servicio, tranquilidad, bien y utilidad de la causa pública de mis vasallos.3

Luego de la expulsión de los jesuitas la corona reformó los planes de estudio tanto en las universidades como en los seminarios. La mayoría de los obispos, en aquellos lugares donde no se había cumplido el decreto de Trento —como había sido el caso del Reino de Guatemala—, erigieron seminarios aprovechando las casas de los jesuitas para instalarlos. En estos nuevos seminarios el rey obligó a seguir las líneas doctrinales que había impuesto en las facultades de Teología y de Cánones de las distintas universidades reales y pontificias, que tenían gran influjo jansenista y, por ende, en las que habían sido prohibidos los autores jesuitas.4

Inicialmente se pensó que aquella orden real había sido el inicio de la expansión del espíritu ilustrado, supuestamente reprimido por la poderosa acción reaccionaria de los jesuitas, pero eventualmente las órdenes religiosas beneficiadas a corto plazo con la expulsión y con los bienes de los jesuitas no fueron ni más abiertas ni  progresistas. Es más, para hacer cumplir la orden que prohibía la difusión de las “perniciosas” doctrinas jesuíticas, el rey incromentó la censura y la aplicó desde entonces en otros temas.5

Casi medio siglo después, en el contexto de la Restauración de 1814, el papa Pío VII emitió la bula “Solicitudo omnium Ecclesiarum“, que restauraba la Compañía de Jesús y en España, el rey Fernando VII —nieto de Carlos III— autorizó inmediatamente su retorno a los territorios del Imperio.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Domínguez Ortiz, Antonio (2005) [1988]. Carlos III y la España de la Ilustración. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-5970-3. pp. 135-138.
  2. Ibid., pp. 138-140.
  3. Real Gobierno de España (1805) [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.
  4. Mestre, Antonio; Pérez García, Pablo (2004). «La cultura en el siglo XVIII español». En Luis Gil Fernández y otros, ed. La cultura española en la Edad Moderna. Historia de España XV. Madrid: Istmo. ISBN 84-7090-444-2. p. 524.
  5. Capel Martínez, Rosa Mª; Cepeda Gómez, José (2006). El Siglo de las Luces. Política y sociedad. Madrid: Síntesis. ISBN 84-9756-414-6. p. 275.