1 de mayo de 1838: prohiben que los sacerdotes sean empleados públicos

En uno de los últimos decretos anticlericales, la Asamblea Legislativa emite un decreto prohibiendo a los crérigos ostentar cargos públicos

Pasillo de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, que estaba cerrada cuando este decreto se emitió. En el recuadro: el doctor Pedro Molina. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de la Independencia de Centroamérica en 1821 se formó el partido liberal entre los criollos hacendados que querían para sí el poder que habían tenido los funcionarios españoles y sus principales aliados, los criollos aristócratas.  Por otra parte, también se formó el partido conservador, conformados por dichos aristócratas y los miembros del clero.  En esa época, los clérigos participaban abiertamente en política y lo hacían siempre que podían.1

Tras la derrota del gobierno del Dr. Mariano Gálvez el 2 de febrero de 1838 por las huestes de Mita dirigidas por Rafael Carrera,2 la Asamblea Legislativa trataba de poner orden en el estado anárquico en que se encontraba el Estado de Guatemala. Entre los miembros de aquella Asamblea estaba el padre José Quiñónez, representate del clero secular, pero la Asamblea mantenía una mayoría de criollos liberales, liderados por Pedro Molina, José Francisco Barrundia, Mariano Padilla e Ignacio Gómez.1

Quiñónez buscaba que se decretara una amnistía general con lo que pretendía que se permitiera retornar al arzobispo Ramón Casaus y Torres, a los frailes y a los aristócrats  expulsados por Morazán en 1829, a lo que se opuso tajantemente el Dr. Molina, quien puso la moción que decía: «Ningún eclesiástico puede ser en el Estado, elector ni elegido, para ningún destino político«.3

A pesar de las objeciones de varios diputados que hicieron ver que los clérigos habían sido parte importante del gobierno colonial y de los primeros años del gobierno independiente, la Asamblea dictaminó lo siguiente:4

La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala,

Considerando: que la separación entre la Iglesia y el Gobierno y la incompatibilidad del ministerio eclesiástico con los empleos seculares se deduce de la esencia de las cosas, y es conveniente y aun necesaria, para la libertad y paz pública y para los progresos de la moral religiosa: que tal separación establecida felizmente en países libres, cultos y religiosos, donde asegura la felicidad nacional y la pureza de la fe, debe consignarse especialmente entre nosotros como necesaria en nuestras circunstancias para calmar el fanatismo y las preocupaciones, que tiende a fomentar la unión del prestigio sacerdotal al poder temporal imperando sobre las instituciones y los negocios civiles, y alarmando las conciencias y la ignorancia popular; y por último, que el precepto del evangelio y leyes canónicas y el espíritu de la Iglesia prohiben a los sacerdotes toda intervención en los asuntos públicos, como ajenos de su sagrado ministerio, se ha servido decretar y DECRETA:

    1. Los Ministros del culto, de cualquier secta religiosa, no podrán ser elegidos ni designados para ningún destino político.
    2. Se reforma en estos términos la Constitución del Estado.

Pase a la próxima Legislatura pa su sanción.

Dado en Guatemala a primero de mayo de mil ochocientos treinta y ocho.4

Fue el útimo de los decretos legislativo que atacaba los intereses del clero, pues poco después, el 25 de julio de 1838, el nuevo jefe de Estado Mariano Rivera Paz emitió un decreto anulando todos los decretos anti-aristócratas y anticlericales que habían emitido de 1829 a 1838,5 y luego los liberales perdieron el poder tras el golpe de estado de Rafael Carrera contra Carlos Salazar el 13 e abril de 1839.6


BIBLIOGRAFIA: 

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 200.
  2. Solís, Ignacio (1906) Memorias del General Carrera, 1837 a 1840. En: Colección de Documentos Históricos y Biográficos. 1. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 15-40.
  3. Hernández de León, El libro de las Efemérides, p. 201.
  4. Ibid., p. 203.
  5. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y ar1eglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  6. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América CentralII. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 75-81.

28 de abril de 1844: Malespín rechaza la invasión de Arce desde Guatemala

El Salvador rechaza una invasión a su territorio realizada por el ex-presidente federal Manuel José Arce y patrocinada por el comandante de las fuerzas armadas de Guatemala, general Rafael Carrera.

La plaza central de San Salvador, donde se observa la parroquia que sirvió de primera catedral. En los recuadros: el obispo Jorge Viteri y Ungo y el jefe de Estado Francisco Malespín. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los historiadores liberales, encabezados por el licenciado Lorenzo Montúfar, pintaron a la figura del capitán general Rafael Carrera como la de un ignorante analfabeto criador de cerdos a las órdenes de los intereses de los criollos aristócratas, diciendo que era «un caite» al servicio de los «serviles«.17  Como la historia oficial del Guatemala se ha basado en la obra de Montúfar, esa es la imagen con que el general Carrera es mostrado en las escuelas.8 Sin embargo, estudios más a fondo demuestran que Carrera no estaba al servicio de nadie y que era él quien imponía sus condiciones.

He aquí un ejemplo.

Cuando el general conservador Francisco Malespín llegó al poder en El Salvador, Carrera se dió cuenta de que no le convenía, ya que éste podía llegar a ser un caudillo tan fuerte como él en el vecino país.  Malespín había sido electo en enero de 1844 para gobernar El Salvador de 1844 a 1845 y para celebrar su toma de posesión, tres días después de la misma el obispo de El Salvador, Viteri y Ungo, consagró al nuevo arzobispo de Guatemala, el doctor Francisco de Paula García y Peláez en una ceremonia que se extendió por dos días de celebraciones.9

Mientras tanto en Guatemala, estaba de vuelta el general Manuel José Arce, ex-presidente de la República Federal de Centro América, a quien Carrera apreciaba mucho ya que le reconocía sus méritos militares y había sido corneta de órdenes suyo durante la Guerra Civil Centroamericana.  Pero entonces, el anciano Arce estaba obsesionado con recuperar el poder que perdió en 1827 por lo que Carrera se aprovechó de su ambición de poder.9  Además Carrera estaba asesorado por Alejandro Marure y Manuel Pineda de Mont, y sabía que los líderes aristócratas querían sacurdirse de su molesta presencia para hacerse definitivamente con el poder en Guatemala.10

Malespín estaba organizando su gobierno, convocando a una asamblea legislativa, cuando se enteró que Arce se dirigía El Salvador al mando de un ejército.  Y es que, como ya se ha dicho, a Carrera no le gustaba la presencia de Malespín a pesar de que era conservador, y decidió apoyar a Arce para derrocarlo.  Aunque Malespín y el obispo Viteri se sorprendieron con la actitud de Carrera, rápidamente se organizaron para la defensa, y el 28 de abril de 1844, cuando Arce ya estaba en Atiquizaya, en territorio salvadoreño —con suficientes armas y dinero tratando de formar un ejército—, Malespín envió la siguiente proclama:11 

En perfecta paz interior, y en las mejores condiciones con los Estados confederados, y aun con el mismo de Guatemala, se hallaba El Salvador, ocupándose de proyectar algunas mejoras y hacer otras de fácil ejecución, en todos los ramos de la administración pública, cuando el señor Manuel José Arce se presentó al pueblo de Atiquizaya, excitando a la municipalidad y vecindario al desconocimiento de las autoridades supremas del Estado, ofreciendo apoyarlo con una partida de tropa que traía armada de Guatemala, con las armas que también conducía empaquetadas y con iguales pronunciamientos que aseguró se verificarían en todo el Estado.  Al propio tiempo en Guatemala se presentó el enviado de aquel gobierno, cerca de éste, dimitiendo su comisión, porque siendo vecino del último, no quería se pensase de que él tomaba parte o aprobaba la invasión que allá se intentaba hacer en el El Salvador.12

Y es que el representante de Guatemala en El Salvador, Juan Antonio Alvarado, supo de antemano lo que intentaba Carrera, y renunció antes de quedar involucrado en un asunto tan grave.  Por su parte, Malespín envió a su ejército comandado por Pedro Escalón, quien hizo huir a los hombres de Arce y capturó un lote de armas todavía empacadas y un lote de documentos que demostraban la relación de Carrera y Arce.12

En ese entonces existía el Pacto de Chinandega, que formaba las Repúblicas Confederadas por El Salvador, Honduras y Nicaragua, y estaban presididas por el «Supremo Delegado«, general Fruto Chamorro. El presidente salvadoreño Francisco Malespín, confiando en la ayuda de los estados de la Confederación, reunió a cuatro mil soldados y emprendió la marcha hacia Guatemala.  Mil hombres ocuparon El Coco, mientras que otros ocuparon Chalchuapa para que, Malespín llegara a Jutiapa.13

El jefe de Estado de Guatemala, Mariano Rivera Paz, decretó el 12 de mayo la expulsión del ex-presidente Manuel José Arce por medio de la siguiente resolución: «Acuerda: que el señor Manuel J. Arce debe salir de esta ciudad dentro de 24 horas, y evacuar el territorio del Estado dentro de 20 días tomando la dirección que él elija».14 Rivera Paz también decretó el estado de guerra en Guatemala el 22 de mayo y envió al teniente general Carrera para que comandara las fuerzas para repeler aquella invasión.13

Pero cuando Malespín se enteró de que las fuerzas guatemaltecas iban a enfrentarlo, regresó a El Salvador, aduciendo que era por el mal clima de Jutiapa, aunque el clima en Chalchuapa era peor.  Malespín no era un cobarde en lo absoluto, pero sabiendo lo que planeaba Carrera, sospechaba que podrían darle un golpe de estado mientras estaba en Guatemala.13

Con todo esto, el ex-presidente Arce quedó sumamente abatido y murió dos años después, cuando se le permitió regresar a El Salvador, casi en la miseria y cuando ya Malespín había caído.12


BIBLIOGRAFIA:

  1. Montúfar y Rivera, Lorenzo (1878). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía El Progreso. I
  2.  (1878). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía El Progreso. II
  3.  (1879). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía El Progreso. III
  4.  (1881). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía El Progreso. IV
  5.  (1881). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía El Progreso. V
  6.  (1887). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía La Union. VI
  7.  (1887). Reseña Histórica de Centro-América. Guatemala: Tipografía La Union. VII
  8. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Guatemala, Tipografía Nacional.
  9. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 182.
  10. Marroquín Rojas, Clemente (1971).  Francisco Morazán y Rafael Carrera.  Guatemala: José de Pineda e Ibarra. p. 251.
  11. Hernández de León, El libro de las Efemérides, p. 184.
  12. Ibid., p. 186.
  13. Marroquín Rojas, Francisco Morazán y Rafael Carrera, p. 253.
  14. Ibid., p. 254.

14 de abril de 1687: se bendice el templo de las Carmelitas Descalzas

Se bendice el templo de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Ruinas de la iglesia de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas en la ciudad de Antigua Guatemala. En el recuadro: retrato oficial del obispo Andrés de las Navas, quien bendijo el templo. Imágenes tomadas de Aprende Guatemala. e Historia religiosa de Guatemala.

Tres religiosas de las Carmelitas Descalzas llegaron en 1677, procedentes de Lima, traídas por el padre Bernardino de Ovando.1 Entraron a la ciudad de Santiago de los Caballeros el 25 de mayo  y se hospedaron en el Convento de Santa Catarina Mártir en lo que se terminaba de construir el de ellas.  Las religiosas eran Sor Ana de San Joaquín, priora, María de la Asunción, superiora; y María Gerónima de San Juan, tornera.2

La iglesia de este convento se comenzó a construir en el 17 de agosto de 1685, cuando el obispo Andrés de las Navas y Quevedo colocó la primera piedra en presencia de los miembros del Ayuntamiento criollo y de la Real Audiencia.  El templo se concluyó el 12 de abril de 1687 y ese mismo dia por la tarde colocaron en él el Santísimo Sacramento, que llevaron desde la Catedral en procesión.2

El 14 de abril se realizó la solemne bencición del templo y las celebraciones continuaron por ocho dias.3 Y posteriormente, el 9 de enero de 1705, el ayuntamiento decidió suministrar los fondos para que se colocara un óleo de San José en el templo.4


BIBLIOGRAFIA:

    1. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 69.
    2. Juarros, Domingo (1857) [1808]. Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. Guatemala: Imprenta de la Luna. p. 182.
    3. Pardo, Efemérides de la Antigua Guatemala, p. 81.
    4. Ibid., p. 104.

9 de abril de 1638: autorizan construir ermita de Nuestra Señora del Carmen

Los Cofrades de Nuestra Senora del Carmen reciben el permiso del presidente del Reino de Guatemala para construir su ermita en la cuidad de Santiago de los Caballeros.

Ruinas de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen de Antigua Guatemala en 1910. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano.

El 3 de septiembre de 1634 el obispo Agustín de Ugarte y Saravia instituyó la Cofradía del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen en la capilla de Santa Teresa en la Iglesia Catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y el 20 de noviembre de ese año aprobó los estatutos de la misma.1 Los miembros de esta cofradía eran conocidos como «los encamisados» del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen, y eran los encargados de recoger limosnas para costear sus gastos. Estos encamisados gestionaron durante cuatro años el permiso para construir su ermita al obispo doctor de Ugarte y Saravia y al Presidente del Reino de Guatemala, Alvaro Quiñónez Osorio. Los encamisados organizaban paseo a pie y acaballo y vestían trajes multicolores. Adornaban sus caballos con flecos, estrellas y cometas de papel de varios colores y los pobladores los acogían magníficamente ya que junto con ellos iban los «fieros» quienes hacían burla a los funcionarios y personajes del momento.2

Finalmente, el permiso eclesiástico fue concedido el 9 de abril de 1638 y el presidente Quinonez Osorio, en uso de la regalía del vicepatronato real, confiere el permiso civil al día siguiente.3 Los trabajos de la capilla comenzaron tan pronto como se tuvo el permiso delvpresidente, y la misma estuvo concluida en dos meses, ya que trabajaron día y noche en su construcción.2

El 10 de junio se realizó la ceremonia de consagración de la capilla, que era de adove y techo de paja, y que fue destruida por el terremoto de 1651. El templo fue reconstruido y fue inaugurado nuevamente el 12 de abril de 1686 a la que años más tarde se le adjuntó la casa conventual, cuando adquirieron la que casa que había sido del pintor capitán Antonio Montúfar, situada al sur del templo.2

Como ocurrió con todas las estructuras de la ciudad de Santiago de los Caballeros, el terremoto de San Miguel en 1717 destruyó al templo de Nuestra Señora del Carmen casi por completo, y para reconstruirla, la curia eclesiástica nombró prioste al presbítero Manuel de Morgan, quien pidió limosna entre los fieles. De esta forma, se reconstruyó un templo aún mayor que el anterior, a un costo cuarenta mil pesos, el cual fue estrenado en 1725. Y entre 1725 y 1728, se construyó la hermosa fachada característica del templo, la cual tenía varias imágenes de santos, además de un adorno bordado que complementaba lo más destacado del estilo barroco.4


BIBLIOGRAFIA:

    1. Pardo, J. Joaquín (1944). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Unión Tipográfica. p. 28.
    2. Bojórquez, Cativo, Lionel Enrique (2014). Proyecto de restauración y reciclaje del Templo de Nuestra Señora del Carmen, Antigua Guatemala.  Guatemala: Univerisdad de San Carlos de Guatemala. p. 14.
    3. Pardo, Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779, p. 40.
    4. Bojórquez Cativa, Proyecto de restauración y reciclaje, p. 15.

16 de marzo de 1968: secuestro del arzobispo Casariego y Acevedo

16marzo1968
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. A la izquierda, el Palacio Arzobispal, de donde fue secuestrado el arzobispo Casariego y Acevedo. En el recuadro: retrato oficial del arzobispo quien fue elevado a cardenal por el Papa en 1969. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y de Parroquia Santa María de Todos los Santos.

El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro estuvo constantemente extendiendo el estado de alarma o el estado de sitio en toda la República y favoreciendo los intereses de las élites económicas ante los constantes ataques y atentados perpetrados por los grupos rebeldes de izquierda.   De hecho, para principios de 1968 había favorecido el fortalecimiento del ejército mediante lo siguiente:

  1. Permitió el ingreso de los Boinas Verdes (Green Berets) del Ejército de los Estados Unidos para entrenar a los miembros del ejército en la lucha contrainsurgente con tácticas aprendidas en las guerras de Corea y de Vietnam.
  2. Recibió 17 millones de dólares de ayuda militar recibida por el gobierno de los Estados Unidos
  3. Creó el Instituto de Previsión Militar y el Centro de Estudios Militares.1

Si bien todo esto iba contra los principios del presidente, quien era de izquierda, éste había firmado un pacto con los militares para poder tomar posesión en 1966 y no le quedaba más que aceptar las condiciones que se le imponían.2  Es más, a principios de 1968 llegó al colmo de dar refugio en el Palacio Nacional a muchos de sus antiguos correligionrios quienes dormían allí en catres y sofás porque ese era el único lugar en donde estaban a salvo de las «listas de la muerte» que el Ejército había preparado en contra de los activistas izquierdistas.3

La estrategia militar estaba a cargo de tres figuras principales: el coronel Carlos Arana Osrio, comandante de la guerra contrainsurgente en Zacapa y jefe de los grupos paramilitarse que aterrorizaban a la población rural; el coronel Manuel Francisco Sosa Avila, director de la Policía Nacional y coordinador de los grupos paramilitares conocidos como «escuadrones de la muerte«, y el coronel Rafael Arriaga Bosque, Ministro de la Defensa Nacional, quienes urdieron un plan para salir definitivamente del presidente Méndez Montenegro.3

El sábado 16 de marzo de 1968, como ya era costumbre, el presidente emitió un decreto, extendiendo el estado de alarma:4

Decreto número 629:

Julio César Méndez Montenegro, Presidente Constitucional de la República,

Considerando: que los enemigos del orden público y la paz social persisten en la comisión de acciones de violencia contra las personas y sus bienes para intranquilizar a la familia guatemalteca, ya sea mediante actos directos de agresión armada o haciendo estallar artefactos explosivos, además de otros hechos graves de terrorismo;

Considerando: que en consecuencia, no habiendo desaparecido totalmente las causas que dieron origen al establecimiento del Estado de Alarma y a la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales en todo el territorio nacional se hace indispensable dictar las medidas necesarias a fin de que el Gobierno legítimamente constituido pueda hacer uso de las facultas de excepción que la Constitución de la República contempla para los casos en que se pretende quebrantar el orden institucional,

Por tanto, […] en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°. — A partir del día dieciséis de marzo del año en curso se prorrogan por treinta días más, en todo el territorio nacional, el Estado de Alarma y la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales. […]

Artículo 6°. —Las personas contra quienes existieran indicios fundados de que actúan para alterar el orden público, podrán ser detenidas sin necesidad de mandamiento judicial o apremio.[…]

Artículo 8°. — Los órganos de publicidad está obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico, o agraven la situación.

Artículo 9°. — Las providencias, resoluciones o disposiciones que dictaren las autoridades encargadas de mantener el orden público, tendrán carácter eminentemente ejecutivo y los actos derivados de su aplicación no podrán ser impugnados de amparo, sino hasta que cese la vigencia de este decreto.[…]4,Nota_a

A pesar de la prórroga del estado de alarma, ese mismo día por la tarde el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mario Casariego y Acevedo fue secuestrado.  El arzobispo era de origen español y nacionalizado guatemalteco y había sido Arzobispo Coadjutor, Vicario General de la Iglesia Católica guatemalteca, y capellán de la Escuela Politécnica, y gracias a la participación de su predecesor, Mariano Rossell y Arellano, en el derrocamiento del gobierno del teniente coronel Jacobo Árbenz Guzmán, contaba con importantes relaciones con el ejército y las élites económicas guatemaltecas.3

Este secuestro correspondía al plan de Arana, Sosa Ávila y Arriaga Bosque, quienes culparon a las Fuerzas Armadas Rebeldes —único grupo guerrillo que existía en ese entonces— de haberlo perpetrado. Los militares pensaron que aquello provocaría un enorme rechazo hacia los grupos guerrilleros y protestas masivas contra el gobierno, tras lo cual darían un golpe de Estado y restaurarían el orden. Finalmente, ya en el poder, harían negociarían con los supuestos guerrilleros y quedarían como los héroes que salvaron la situación y rescataron al arzobipos.5

Como esperaban, inmediatamente después del secuestro, el Presidente tuvo que declarar el Estado de Sitio el lunes 18, el cual fue aprobado por medio del siguiente decreto del Congreso: 6

Decreto Número 1739

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: Que el pueblo de Guatemala se ha visto conmovido ante el inaudito secuestro de que ha sido víctima el Ilustrísimo y Reverendísimo Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Monseñor Mario Casariego, lo cual constituye un ataque a las instituciones sociales, culturales y espirituales de los guatemaltecos, un desprecio a la máxima autoridad católica del país y una perturbación grave de la paz;Nota_b

Considerando: que no obstante haber emitido el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Decreto 629 que impuso el Estado de Alarma por treinta días en todo el territorio nacional, a partir del 16 de marzo del año en curso, se han producido hechos de honda repercusión en la paz social y el orden público, que atentan contra la seguridad el Estado, por lo que el Presidente de la República en Consejo de Ministros ha impuestos el Estado de Sitio a través del Decreto número 630, por treinta días a partir del 18 de marzo en curso, por tanto:

Con base en el artículo 151 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.Nota_c

Artículo 2°. — Se faculta a la Corte Suprema de Justicia, para que durante la vigencia del Decreto del presidente de la República, número 630, pueda delegar la práctica de exhibiciones personales en uno o varios Magistrados de la misma, o de la Corte de Apelaciones, cumpliendo con las formalidades que determina la ley.[…]6

Pero el plan de los militares falló, principalmente porque el arzobispo no estuvo de acuerdo con el auto-secuestro y porque los secuestradores atraparon a Casariego prácticamente en la puerta del Palacio Arzobispal, situado a escasos 100 metros del Palacio Nacional, y que en ese momento tenía una fuerte presencia militar y policial.  Por este último detalle fue que algunos periodistas de «El Imparcial» y de «La Hora» hicieron ver de inmediato que los militares podrían estar involucrados en el hecho.5,Nota_d Y por esto, en vez de que hubiera manifestaciones contra el gobierno, lo que hubo fueron manifestaciones contra el Ejército.  Para el 20 de marzo, ya la embajada de los Estados Unidos estaba al tanto de lo que verdaderamente había ocurrido y reportó lo siguiente al Departamento de Estado: «el secuestro del arzobispo is parte de un complot militar/derechista para derrocar al gobierno.  El secuestro parece haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas armadas para promover manifestaciones contra el gobierno.»7

En un incidente que parece sacado de una novela, un cartero vió al arzobispo cuando se lo llevaban sus captores, y los siguió en su carro hasta una casa en Villa Canales.  El cartero llamó a la Policía Nacional para reportar el hecho desde un teléfono público cercano, y se llevó una gran sorpresa cuando vió que a los pocos minutos se llevaban al arzobispo a otro lugar. Todavía tuvo tiempo para llamar a los periódicos a darles la primicia antes de ser arrestado por «esparcir rumores maliciosos en detrimento de la seguridad del Estado«.7

Viéndose descubiertos, los militares complotistas buscaron un chivo expiatorio.  El día en que fue liberado Casariego y Acevedo, la Policía Nacional arrestó a dos miembros del grupo paramilitar Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO), llamados Raúl Estuardo Lorezana e Inés Mufio Padilla.  Luego, cuando los llevaban a prestar declaración, el carro en el que iban se detuvo y sus custodios se salieron, solo para un carro que iba pasando los rociara con metralla.7

Nuevamente el plan fue contraproducente.  La indignación estalló ante lo burdo del ataque contra Lorenzana y Mufio y el presidente, envalentonado, pidió la renuncia a los tres conspiradores quienes aceptaron, pero no tuvieron que enfrentar cargos. Arriaga Bosque fue enviado a Miami, Florida como Cónsul General, Avila se fue para España como agregado militar, y Arana salió para Nicaragua como embajador y fue recibido por el presidente Anastasio Somoza como a un héroe.8

Cuando Arana regresó a Guatemala, resultó electo presidente en sustitución de Méndez Montenegro en 1970, con lo que llegó al poder constitucionalmente.


NOTAS:

  • a: por este medio se da carta blanca a las fuerzas del estado para actuar como juzguen más conveniente y esperar hasta que pase el estado de alarma para rendir cuentas, si es que alguien se atreviera a hacerlo para entonces.
  • b: nótese la revenrencia que muestran los miembros del congreso ante el arzobispo metropolitano, la cual contrasta con todos los decretos anticlericales emitidos por los gobiernos de J. Rufino Barrios en la que tachaba a la Iglesia Católica de innecesaria y obsoleta.  Esto se debía a que el fallecido arzobispo Mariano Rossell y Arellano fue uno de los principales aliados del Movimiento de Liberación Nacional para derrocar al gobierno de Arbenz, y así recuperar muchos de los privilegios perdidos en 1871.
  • c: este párrafo daba permiso a las élites económicas de utilizar grupos paramilitares para defender sus bienes.  Esto estaba en consonancia con el decreto 2795 emitido el 29 de abril de 1944 por el gobierno del general Jorge Ubico, en el que le daba autorización a las élites económicas y a la United Fruit Company de matar a todo aquel que intentara robar en sus posesiones, sin temor a tener persecusión legal.9
  • d: el periódico «La Hora» era propiedad del vicepresidente de la República, licenciado Clemente Marroquín Rojas.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Donoghue, Michael (1995). Army for Progress: the U.S. Militarization of the Guatemalan Political and Social Crisis 1961-1969. University of Rhode Island. p. 146.
  2. Villagrán Kramer, Francisco (1994). Biografía política de Guatemala: Los pactos políticos de 1944 a 1970 (2a. edición). Guatemala: FLACSO.
  3. Chaulón Vélez, Mauricio José (2009). La Hermandad del Señor Sepultado del templo de Santo Domingo, en la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, y sus niveles de relación con grupos de poder político y económico durante el siglo XX. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala; Escuela de Historia. p. 146.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, LXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 121-122.
  5. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 147.
  6. Azurdia Alfaro, Recopilación de las Leyes, p. 60-61.
  7. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 148.
  8. Ibid., p. 149.
  9. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305. 

11 de marzo de 1844: el convenio de Guadalupe

Tras sofocar un alzamientos en Pinula, el teniente general Rafael Carrera firma con los líderes de los alzados el convenio de Guadalupe, en la villa del mismo nombre, por medio del cual disuelven la Asamblea Constituyente y obligan a los eclesiásticos a dejar sus puestos en el gobierno de Mariano Rivera Paz.

11marzo1844
La ciudad de Guatemala en 1865, aproximadamente, vista desde el Cerrito del Carmen. Se aprecian los volcanes de Pacaya y de Agua al fondo, y entre los edificios se reconocen el Teatro Carrera, y las iglesias de La Merced, San Francisco, Catedral y Santa Teresa. En los recuadros: el teniente general Rafael Carrera, el arzobispo Francisco de Paula García Peláez, el Marqués de Aycinena y Mariano Rivera Paz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 3 de marzo de 1844 arribó el arzobispo coadjuctor Francisco de Paula García y Peláez al territorio guatematleco, después de haber sido consagrado por el obispo Juan Viteri y Ungo en El Salvador. Tras el Te Deum que le celebraron en la Catedral de la Ciudad de Guatemala los miembros del clero, se dirigieron a la casa de gobierno, que estaba frente a la Iglesia de Santa Rosa y allí sostuvieron una reunión con el Jefe de Estado Mariano Rivera Paz, Consejo y los miembros de la Asamblea Constituyente, dando por confirmada la creación de un Estado elclesiástico en Guatemala. Pero hubo un gran ausente en aquella reunión: el general Rafael Carrera, quien para entonces era el teniente general de las Fuerzas Armadas, y quien se había salido a pacificar a unos pueblos en el oriente del país.1

Aquello era parte de una estratagema del militar, ya que su mutua desconfianza con los eclesiásticos y con los diputados, no permitía que avanzara la agenda de uno ni de los otros.  Así, mientras Carrera estaba ausente, «convenientemente» se armó una revuelta en Pinula cuando aproximadamente mil campesinos se alzaron, provocando el pánico entre los pobladores de la ciudad, quienes todavía tenían frescos en la memoria las invasiones de Francisco Morazán en 1829 y en 1840, y las invasiones de Carrera en 1839.2

Rivera Paz mandó a llamar inmediatamente a Carrera, quien regresó a la ciudad a marchas forzadas y dijo al llegar: «¡Aquí está Carrera, para quien quiera algo de él» ¿Quiénes son los sublevados? ¿Los de Pinula? Pues duerma soesegada la sociedad de Guatemala, que Rafael Carrera está para velar la tranquilidad del vecindario y para poner en cintura, a revoltosos y ambiciosos…»

Carrera se hizo acompañar de su estado mayor y al frente de sus tropas atacó a los alzados, que ya estaban casi a las puertas de la ciudad y tras una escaramuza en donde hubo algunos muertos, los rebeldes pidieron una tregua y firmaron el convenio de Guadalupe, en el poblado del mismo nombre entonces en las afueras al sur de la ciudad.  Aquel convenio demuestra que Carrera tenía un plan bien trazado para salir de sus rivales eclesiásticos y de los diputados constituyentes, y lo reproducimos a continuación por su relevancia histórica:

El teniente general Rafael Carrera, general en jefe del Ejército del Estado de Guatemala, y los jefes de las dos divisiones de los pueblos aliados que operaban hostilmente sobre la capital, hemos convenido en obsequio de la paz pública y de la sangre centroamericana, en que se atiendan las peticiones racionales de dichos jefes y los intereses del Estado bajo los puntos siguientes:

      1. La autoridad de la Asambles Constituyente debe ser subrogada por un Consejo de gobierno con tanta autoridad como la misma Asamblea.  Este cuerpo constituirá el Estado, será electo popularmente y se compondrá de un individuo por cada departamento. Para ser electo miembro de este Consejo, se tendrán las cualidades siguientes: 1°. Ser hijo del Estado y del departamento, mayor de edad, de conocidad probidad y saber, y que en todas épocas haya demostrado ser verdadero patriota, que ama el bienestar de los pueblos; y 2°. ser propietario para que esta circunstancia lo constituya en conservador de la paz.  Que se ocupe en observar la inversión de los caudales públicos y en representar las necesidades de sus ponderantes para que se promueva su fácil remedio.  De esta reducción de representantes resultará más violencia en los asuntos, menos oposición al bien general; más economía al erario; y lo que es más, la desaparición del aspirantismo.
      2. La constitución que dé el Consejo será sancionada por otro Consejo, compuesto por doble número de representantes, electos en los términos expresados en el artículo anterior; y este Consejo que no tiene más objeto que sancionar, podrá ser carga concejil.
      3. Que el Presidente del Estado se le den bastantes facultados por la Asamblea actual antes de disolverse, sin más condición que cada año deberá dar residencia de administración al Consejo.
      4. Como la administración de justicia está algo desvirtuada, y los pueblos creen que por el interés se les despoya de ella, es indispensable que estos destinos y el de los escribanos sean servidos puramente por sueldos y sin cobrar cosa alguna, y por personas que se renovarán según su buena o mala administración por el mismo Consejo el que también nombrará los letrados de probidad y honor que deben dirigir a las partes litigantes en sus asuntos; pues de esto resultará más prontitud en el despacho, menos parcialidad, más rectitud en la administración de justicia. 
      5. Que se dé un nuevo arreglo a la hacienda pública: que se disminuyan los empleados civiles y aun los militares si fuere forzoso; de esto resultará menos gravámenes a los pueblos, menos apuros para el Gobierno, y una economía para aumentar los fondos públicos, los cuales tarde o temprano servirán al ejército, sin necesidad de dejar a los propietarios, pues éstos deben ser protejidos por las leyes.
      6. Promoverá el Supremo Gobierno y el Consejo la prosperidad efectiva de los pueblos por hacer obras públicas de beneficencia, construcción de puentes y fábricas para las poblaciones industriosas que se hallen limitadas a su tejidos, hilados, etc.
      7. Nombrará el Supremo Gobierno, de acuerdo con el Consejo, un solo juez de tierras y un agrimensor para cada dos departamentos, los cuales serán escogidos entre los más honrados de la profesión, quedando sujetos a la formación de causa y pérdida de honorarios si obran mal en su ejercicio.
      8. Que se sobrecargen los drechos a aquellos efectos extranjeros que se introduzcan y puedan fabricarse en el país.
      9. Que los eclesiásticos no se mezclen en cosas políticas y de consiguiente no podrán ser electos para destinos públicos, para que la verdadera religión no pierda su prestigio y reverencia.
      10. Que se conceda el fuero de guerra a las milicias del Estado, que en el día lo gozan únicamente los que están en actual servicio.
      11. El ejército de los pueblos aliados, siempre sumiso al Supremo Gobierno, y a su benemérito caudillo y general en jefe del Ejército, deseoso de dar purebas de que si están con las armas en la mano, no es con miras perversas, sino con la de solicitar la mejora de los habitantes del Estado, desde luego quieren que la reforma se haga con toda libertad, y depondrán las armas tan luego como se reuna la Asamblea, y que el Estado se halle organizado según los artículos precedentes, quedando entonces encargado de la realización y cumplimiento de este convenio el Excmo. señor Teniente General y General en jefe del ejército, debiendo advertir que este nuevo régimen adoptado durará por todo el tiempo en que reuslten beneficios al estado; quedando en libertad los pueblos para variarlo según les convenga.
      12. Y por conducto del gobierno, se dé cuenta a la Asamblea Constituyente del Estado con el presente convenio.

Cuartel general en la Villa de Guadalupe, 11 de marzo de 1844.

        • Rafael Carrera
        • Antonio Solares
        • José Clara Lorenzana
        • Manuel figueroa
        • Pedro Velásquez
        • Manuel Solares
        • Manuel Álvarez3

Tras enterarse de este convenio, el Consejero de Estado, Marqués Juan José de Aycinena, renunció a su cargo con fecha retroactiva al 7 de marzo, aunque la Asamblea no aceptó el tratado, obligando a Carrera a seguir moviendo sus piezas para que terminara haciéndolo.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 397.
  2. Ibid., p. 398.
  3. Ibid., pp. 399-401.
  4. Ibid., p. 402.

3 de marzo de 1983: fusilan a 6 condenados por Tribunales de Fuero Especial

Durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Mont fusilian a seis condenados por los Tribunales de Fuero Especial, tres días antes de la llegada del Papa Juan Pablo II.

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El Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el paredón perimetral fueron fusilados los seis condenados a la pena de muerte por los Tribunales de Fuero Especial. En el recuadro: el Gral. Efraín Ríos Mont, al centro, con su Ministro de la Defensa, general Oscar Humberto Mejía Vítores, a su derecha. El Ministro de la Defensa dirigía los Tribunales de Fuero Especial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y de Associated Press.

Durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Mont se establecieron los llamados «Tribunales de Fuero Especial«, los cuales juzgaban sumariamente a los implicados en actividades guerrilleras.  Los tribunales estaban ubicados en el Palacio Nacional —aunque esto no era del dominio público en esa época— y juzgaron más de setenta casos, los cuales resultaron veinte condenas.1

El 17 de septiembre de 1982 fueron fusilados cuatro guerrilleros, siendo aquella la primera ejecución oficial en siete años, aunque el país estaba en medio de una cruenta guerra civil que había dejado ya miles de muertos y que obligaba al gobierno a extender el estado de sitio cada 30 días. 1,2  A estos fusilamientos le siguieron otros dos, el 3 y el 22 de marzo de 1983.  Pero de todos estos, el que ocurrió el 3 de marzo de 1983 fue el que más repercusión mundial tuvo porque ocurrió apenas cuatro días antes de que llegara el Papa Juan Pablo II en su visita oficial a Guatemala.1

Los seis condenados — Walter Vinicio Marroquín González, Sergio Roberto Marroquín González, Héctor Haroldo Morales López, Marco Antonio González (de nacionalidad hondurena), Carlos Subuyug Cuc, y Pedro Raxon Tepet2 — fueron fusilados a las cinco de la manana frente al paredón del Cementerio General de la Ciudad de Guatemala y los bomberos se encargaron de darles sepultura.  Subuyg Cuc y Raxon Tepet fueron ejecutados por terrorismo, mientras que el resto por secuestro.2  El hondureno González se había entrevistado con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y les contó que había entrado a Guatemala por un puesto fronterizo en Agua Caliente solamente para ser capturado por el ejército guatemalteco y llevado a la prisión del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional, en donde lo mantuvieron incomunicado y lo hicieron confesar por medio del método de «capucha llanta«.  González le dijo a los representantes de CIDH que esa tortura consistía en colocar una capucha de goma del reo, la cual le cubría toda la cabeza hasta el cuello, y a la que se introducía alcohol mientras el reo está atado de pies y manos, llevándolo casi hasta la asfixia.  La CIDH verificó que los sindicados a los tribunales de Fuero Especial habían confesado luego de sufrir esta tortura.3

Los obispos de Guatemala habían enviado un telegrama al gobierno de Ríos Mont pidiendo clemencia para los condenados, en atención a la llegada del Papa, pero no fueron atendidos.  Es más, el nuncio apostólico en Guatemala, Oriano Quilici, había informado que el Papa había intercedido por los condenados y había solicitado al gobierno dar muestras de clemencia, pero la solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justica.  Ya cuatro de los que murieron el 3 de marzo se habían salvado el 1 de febrero porque cuando ya estaban en el Cementerio General, veinte minutos antes de ser fusilados llegó la orden de suspender la ejecución.1

Debido a que Ríos Mont pertenecía a la Iglesia Evangélica «El Verbo» se conjeturó que no habría querido otorgar la clemencia por su oposición a la Iglesia Católica, algo que habría quedado corroborado por el desplante que le hizo a Juan Pablo II cuando éste llegó a Guatemala, al negarse a besarle el «Anillo del Pescador«.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Agencias (3 de marzo de 1983). Gran tristeza en la Iglesia de Guatemala por la ejecución de seis personas en vísperas de la visita de Juan Pablo II. España: El País.
  2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (3 de octubre de 1984). Resolución Nº. 15/84 Casos 8094, 9038 y 9080, Guatemala.  Organización de Estados Americanos.
  3. — (1984). Reporte del País: Guatemala.  Organización de Estados Americanos.

20 de enero de 1780: Audiencia da ultimatum a arzobispo Cortés y Larraz

Tras más de seis años de resistirse al traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción luego del terremoto de Santa Marta, la Audiencia de un ultimatum al arzobispo Cortés y Larraz para que renuncie a su cargo.

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Vista de la Ciudad de Antigua Guatemala en 2010. Al fondo, el Volcán de Agua. En el recuadro: retrato del arzobispo Pedro Cortés y Larraz. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz fue el principal opositor al traslado de la dañada ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala su nuevo solar en el Valle de la Ermita, principalmente porque comprendía que la idea era debilitar la posición del clero frente a las autoridades civiles de la Capitanía General de Guatemala.

Debido a las Reformas Borbónicas que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XVIII, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica en el Imperio Español se resquebrajó, y por ello la ciudad ya no fue reconstruida como había ocurrido tras los terremotos de San Miguel en 17171 y de San Casimiro en 1751.2 La nueva familia real -los Borbones- tenía ideas que simpatizaban con la Ilustración y poco a poco fue alejándose del rígido dogma católico; de hecho, en 1767, el rey Carlos III proclamó la Pragmática Sanción por la cual expulsó a la otrora poderosa e intocable Compañía de Jesús de todos sus territorios, lo que puso sobre aviso al resto de órdenes religiosas.3

En esa situación se encontraba el Estado Español cuando ocurrió el terremoto de Santa Marta en 1773, lo que fue aprovechado por el Capitán General Martín de Mayorga para forzar el traslado de la ciudad a una nueva ubicación y con ello restarle considerable poder económico al clero, que perdería sus posesiones.  Esto lo comprendión perfectamente el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien desde un principio se opuso rotundamente al traslado.4

Si bien la nueva ciudad se trasladó oficialmente el 2 de enero de 1776, cuando se celebró el primer cabildo en el Valle de la Ermita, el arzobispo se quedó en Santiago de los Caballeros, junto con el clero secular bajo su mando, aunque hubo un momento en que la tensión fue tal, que los miembros del Cabildo eclesiástico se vieron en un serio dilema, porque por una parte el arzobispo los amenazaba con la excomunión si no le obedecían, mientras que el Capitán General los amenzaba con enviarlos a la Inquisición si se quedaban en la ciudad.4  Por su parte, los frailes del clero regular, todavía amedrentados tras las expulsión de los jesuitas, dócilmente abandonaron sus dañados palaciegos conventos y se trasladaron a endebles estructuras de madera en la nueva ciudad, en lo que se construían sus nuevas instalaciones.5

En un arranque de ira, Cortés y Larraz presentó su renuncia, aunque luego recapacitó y la retiró; pero para entonces el rey ya le había invitado a retornar a España y habían nombrado al arzobispo Cayetano de Francos y Monroy como nuevo arzobispo de Guatemala.  Al enterarse de esto último, Cortés y Larraz advirtió a los miembros del Cabildo Eclesiástico, diciéndoles que «esas bulas tienen vicios sustanciales, porque han sido libradas en virtud de una renuncia que yo ya retiré; y aún cuando se tuviera en cuenta dicha renuncia, ha sido desestimada por un real acuerdo de 15 de agosto de 17756

En 1779 el Capitán General Mayorga partió para México, a donde había sido nombrado Virrey,7 y Cortés y Larraz continuaba aferrándose a su arquidiócesis. De hecho, al regreso de una visita pastoral a Santiago de los Caballeros, la población salió a recibirlo con gran entusiasmo y cariño; todas las casas estaban adonadas y hubo comisiones con bandas de música que salieron a recibirlo.6  Al ver esto, la Real Audiencia se dió cuenta de que la situación podía desembocar en una guerra civil, por lo que el 20 de enero de 1780 le enviaron a Cortés y Larraz de la Nueva Guatemala una notificación en la que le advertían sin mayores preámbulos que sería expulsado por la fuerza de Guatemala si no acataba el mandato real de retornar a España.  Y también lo conminaron a que condediera el pase a las bulas del nombramiento de Francos y Monroy.8

Para hacer efectivo el ultimatum, la Audiencia nombró al Oidor Tomás Calderón para que fuera a Santiago de los Caballeros a entregar personalmente esta misiva con instrucciones de que regresara con la renuncia firmada por el arzobispo.  Ante esto, Cortés y Larraz, no tuvo más remedio que renunciar, y salir de Santiago de los Caballeros con rumbo a Sololá.  En Panajachel se encontró con la comitiva del nuevo arzobispo, pero no cruzó palabra con éste.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez Girón, Zoila; Flores, José Alejandro; Garnica, Marlen (1995). «El real palacio de Antigua Guatemala: arqueología y propuesta de rehabilitación». En Laporte, L.P; Escobedo, H. Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, versión digital).
  2. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2008). Apuntes sobre las obras de rehabilitación del Colegio de la Compañía de Jesús. Guatemala. Archivado desde el original el 4 de junio de 2014.
  3. Real Gobierno de España (1805) [1775]. Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por el señor don Carlos IV. Madrid. pp. 181-183.
  4. Hernández de León, Federico (1963) [1926] El Libro de las Efemérides; Capítulos de la Historia de América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 116
  5. Melchor Toledo, Johann Estuardo (2011). «El arte religioso de la Antigua Guatemala, 1773-1821; crónica de la emigración de sus imágenes»tesis doctoral en Historia del Arte (México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México).
  6. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 117.
  7. Orozco, Fernando. Gobernantes de México (2004 edición). Panorama. p. 484. ISBN 9789683802606
  8. Hernández de León, El Libro de las Efemérides, p. 118.

20 de diciembre de 1855: inicia ciclo académico en la Nacional y Pontificia Universidad

Tras reformar sus estatutos para cumplir con lo estipulado en el Concordato de 1852, se inician las clases en la Nacional y Pontifica Universidad de San Carlos

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Edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala.En el recuadro: el obispo y Marqués de Aycinena, Juan José de Aycinena y Piñol, rector de la Pontificia Universida de influyente político durante el gobierno de Rafael Carrera. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno conservador del capitán general Rafael Carrera estuvo sumamente ligado a la Iglesia Católica y por medio del Concordato establecido en 1852 y ratificado en 1854 le entregó a ésta la educación del país.  En esa época la Universidad de San Carlos estaba dedicada principalmente a la preparación de eclesiásticos avalada por el Papa, y por eso era Nacional y Ponticia. Así pues, como parte de lo establecido en el Concordato, los estatutos de la Universidad fueron modificados por el capitán general Rafael Carrera, presidente vitalicio de la República, el 22 de septiembre de 1855.1

Se presentan a continuación los principales aspectos de aquel acuerdo:

Considerando: que la universidad es un establecimiento de la mayor importancia, y que influye eficazmente en el buen orden social, porque en él recibe la juventud los principios que deben guiarla en las diferentes profesiones á que se dedica: atendiendo á las instancias que se han hecho al gobierno para que se dicten medidas adecuadas con el fin de mejorarlo y corregir los abusos que puedan haberse introducido, sobre lo cual se ha oído el parecer del rector y el de diversas comisiones compuestas de personas distinguidas por su saber y esperiencia. Habiendo representado el Muy Reverendo Arzobispo Metropolitano que es urgente la necesidad de que se modifiquen los estudios de los que se dedican al estado eclesiástico; y teniendo presente lo que se halla dispuesto en el concordato celebrado con Su Santidad respecto á la enseñanza de las ciencias morales y eclesiásticas. De conformidad con lo que me ha propuesto el ministerio de instrucción publica, y de acuerdo con el consejo de estado, he tenido a bien decretar y decreto:2

Artículo 1° — Se tendrá como estatuto fundamental de este establecimiento las constituciones de la Real y Pontificia universidad de San Carlos de Guatemala, aprobadas por el rey don Carlos II, en 20 de febrero de 1686, y se observarán en lo sucesivo como estaban en uso en 1821, quedando en consecuencia derogadas las diferentes leyes y demás disposiciones que se han dado sobre esta materia.3,Nota_a […]

Art. 3°. — Por esta vez, y atendiendo á las circunstancias que se han tenido presentes, se nombra para componer el claustro de consiliarios, a los doctores don Juan José de Aycinena, arcediano de esta Santa Iglesia Metropolitana, por la facultad de cánones; don Basilio Zeceña, consejero de estado, por la de teología; don Pedro Yalenzuela, consejero de estado, por la de leyes; y don Quirino Flores, protomédico, por la de medicina; y bachilleres reverendo padre don Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri; fray Juan Félix de Jesús Zepeda, guardián de la comunidad de San Francisco; don Francisco Abella y presbítero don Vicente Hernández. Tres dias después de la publicación de este decreto, se reunirán los consiliarios nombrados, y bajo la presidencia del muy reverendo arzobispo, procederán a elegir al rector. El rector y claustro de consiliarios nombrados, durarán dos años. Terminado este periodo, que se contará desde ello de noviembre siguiente a la publicación de este decreto, serán renovados, eligiéndose con arreglo a las constituciones para los biennios sucesivos. El rector y demás miembros del claustro podrán ser reelectos; pero no serán obligados a admitir el nuevo nombramiento sin un intervalo de dos años.Nota_b

Art. 4°. — Luego que estuviere nombrado el rector, dispondrá, con permiso de la autoridad eclesiástica, el restablecimiento de la capilla, para que se celebren en ella las funciones religiosas y prácticas de piedad que estaban establecidas, y será de su cargo vigilar que los cursantes asistan a estos actos.3

Art. 5°. —Se restablece el uso del traje talar para todo acto literario público, bajo la pena de nulidad de todo grado que se conceda sin esta formalidad. El rector cuidará de que asistan a los actos literarios los cursantes de la facultad a que pertenezca el actuante.3,Nota_c

Art. 6°. — Para admitirse a la matrícula en la universidad, se exigirá de los que soliciten ser matriculados la certificación correspondiente de haber sido examinados y aprobados en latinidad. Pasado un año desde la fecha de este decreto, no podrán ser admitidos al grado de bachiller los actuales cursantes, sin cumplir antes con este requisito, a no ser que lo hubiesen llenado a su ingreso.5,Nota_d […]

Art. 31°.— Serán feriados en lo sucesivo los días festivos de guarda, con arreglo al decreto pontificio de 20 de enero de 1839, los de la Semana Santa, los de la Pascua de Navidad, hasta el día de año nuevo, las funciones de universidad y las fiestas cívicas establecidas: se fijará en cada clase la tabla que contenga estos feriados. Las vacaciones comenzarán el 10 de noviembre y concluirán el 20 de diciembre, en cuyo dia se hará la apertura solemne de las clases, en la forma prescrita por las constituciones.5

Art. 41°. — El ministro de instrucción pública queda encargado especialmente de su ejecución; dará posesión en acto solemne al rector y consiliarios nombrados, y podrá presidir los claustros siempre que lo estime conveniente.6,Nota_e

En base a este decreto, las clases de la Universidad se iniciaron el 20 de diciembre de cada año hasta 1871.


NOTAS:

  • a: es decir, se reformaron los estatutos universitarios de 18404 de forma que reflejaron lo acordado en el Concordato.
  • b: nótese cómo la gran mayoría de los principales puestos administrativos de la Universidad estaban ocupados por los líderes del clero secular —arzobispo y arcediano de la catedral— y del clero regular —vicarios y jefes de las congregaciones de frailes—.
  • c: esta costumbre todavía se mantiene en la Universidad de San Carlos.
  • d: este era necesario porque en esa época el uso del latín era obligatorio para los que querían cursar la carrera eclesiástica.
  • e: la Universidad quedó entonces convertida en una dependencia del Ministerio de Instrucción Pública.  Si bien durante el gobierno del general Carrera esto no significó mucho pues el papel de la Iglesia era preponderante no solo en la Universidad sino en todo el gobierno, sí se hizo notar tras el triunfo de la Revolución Liberal en 1871, cuando la Universidad fue separada en Escuelas Facultativas que dependendían del presidente de la República a través del Ministerio.

BIBLIOGRAFIA:

  1. La Gaceta (10 de noviembre de 1854). No oficial. Edicto. Guatemala. Imprenta de La Paz.
  2. Pineda de Mont, Rafael (1872). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República III. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 203.
  3. Ibid., p. 204.
  4. Ibid., pp. 171 y siguientes.
  5. Ibid., p. 209.
  6. Ibid., p. 211.

14 de diciembre de 1844: Carrera asume la presidencia del Estado de Guatemala

El general Rafael Carrera asume la presidencia del Estado de Guatemala por primera vez.

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Fotografía de Eadweard Muybridge del Cerrito del Carmen en 1875. En el recuadro: moneda con la efigie del general Rafael Carrera. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de que el jefe de Estado Mariano Rivera Paz renunciara a su puesto el 8 de diciembre de 1844 por la presión que ejercía el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Rafael Carrera, se reunió un Consejo Constituyente que el 11 de diciembre elegió al general Carrera como el nuevo Jefe de Estado de Guatemala,1,2 amparado en un decreto que decía «en defecto o por renuncia del consejero en el servicio, se hará cargo del gobierno del Estado el Comandante Militar«.3

Carrera tomó el poder el 14 de diciembre, como parte de su plan para hacerse definitivamente del poder dando la apariencia de legalidad que había iniciado contra Mariano Rivera Paz.  Pero desde un principio tomó unas medidas que no fueron del agrado de los criollos conservadores y los clérigos, y éstos empezaron a planear como deshacerse de él.  Entre estas medidas estuvo la disolución del Consejo de Gobierno, mediante el siguiente decreto:

1°. — Se deroga el decreto de 8 de octubre de 1841, que creó un consejo consultivo de gobierno. (Nota de HoyHistoriaGT: este consejo tenía la misión de ayudar al presidente en el ejercicio de las funciones gubernativas)
2°. — Entretanto que se arregla este ramo de la administración de un modo estable, el congreso proveerá a la sucesión del mando por impedimento temporal del presidente del estado en los casos que ocurran.
4

Argumentado que Carrera había llegado al poder por decreto y no por elección popular, los conservadores iniciaron su ofensiva contra Carrera, quien, seguro de su posición como hombre fuerte del país, pidió una licencia para alejarse del cargo el 25 de enero de 1845, dejándo el gobierno en manos del licenciado Joaquín Durán, quien a los pocos días fue sustituido por el brigadier Vicente Cruz, tras una revolución que estalló el 1 de febrero.3-5 Los criollos de ambos partidos estaban felices porque parecía que el general mestizo no iba a volver, e incluso aprovecharon para derogar el decreto que autorizaba el retorno de los jesuitas al país, pero el 6 de junio, Carrera regresó, aduciendo que su licencia había expirado.5

Viendo que la situación se estaba saliendo de control, y sabiendo que eventualmente le iban a rogar que regresara al poder, Carrera pidió nuevamente una licencia, dejando el poder nuevamente en Vicente Cruz, ahora Vice Jefe del Estado.1   Aunque eventualmente regresó al poder y fundó la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847,6 pero con cada licencia suya en el poder los problemas se habían agravado, hasta que llegó el momento en que el líder conservador Luis Batres Juarros le pidió que renunciara  a la presidencia de la República en 1848.7

Tal como predijo Carrera, cuando salió al exilio a México en agosto de 1848 con pena de muerte en caso intentara regresar,7 Guatemala entró en un caos total, al punto que el Estado de Los Altos intentó separarse del país de nuevo8 y los criollos conservadores le rogaron que regresara al poder a pesar del terror y protetas de los liberales, lo que hizo en 1849, haciendo huir a los criollos liberales, retomando Los Altos y obligando a los conservadores a pactar con él.9 Finalmente, una vez que derrotó a los liberales centroamericanos en la Arada el 2 de febrero de 1851,10 se aseguró en el poder no solamente de Guatemala sino de sus vecinos, hasta su muerte, acaecida el 14 de abril de 1865.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Guatemala, Tipografía nacional. p.123.
  2. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 72-73.
  3. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Guatemala: Editorial del Ejército. p. 229.
  4. Pineda de Mont, Manuel, Recopilación de las leyes de Guatemala, p. 184.
  5. Coronado Aguilar, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, pp. 237-238.
  6. Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, pp. 73-76.
  7. Carranza, J.E. et. al. (1897) Un pueblo de Los Altos. Apuntamientos para su Historia (Totonicapán). Quetzaltenango: Popular. p. 112.
  8. Ibid., pp. 113-115.
  9. Coronado Aguilar, Apuntamientos para la Historia de Guatemala, p. 257.
  10. Sierra González, Aída Lucila (2001). «La batalla de la Arada». Guatemala: Servicio de Historia Militar, Sección de Investigaciones Históricas, Museo Militar. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2014.
  11. Pineda de Mont, Manuel (1872). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República III. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 351-352.