9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

3 de julio de 1871: tras el triunfo de la revolución liberal el 30 de junio de ese año aparece un artículo denunciando las riquezas de la Iglesia Católica

Plano del Palacio Arzobispal de la Nueva Guatemala de la Asunción.  Incluye el lujoso edificio adyacente a la Catedral Metropolitana y un convent, huerta y cementerio en lo que es hoy en día el Mercado Central.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera prueba que afrontó el presidente de facto provisorio Miguel García Granados inmediatamente después del triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 fue mantener relaciones armoniosas con la Iglesia Católica, ya que de inmediato surgieron publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los escritores conservadores. Los autores de ambos bandos solían ocultar su identidad con ingeniosos pseudónimos para poder atacar la vida privada de sus rivales.

Ambos bandos hacían exigentes demandas.  Por ejemplo, un autor que firmaba simplemente como “Un Guatemalteco” publicó un artículo en que denunciaba la riqueza excesiva del clero, atacando directamente las propiedades del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena, ya que éste era miembro de la poderosa familia Aycinena que había co-gobernado con el general Rafael Carrera desde que los conservadores recuperaron el poder en 1839 en Guatemala.  Por su parte, un escritor conservador escribió un artículo en que denunciaba la libertad de cultos aduciendo que esto podría conducir a que los librepensadores desecraran los elementos sagrados del culto católico.

Para tratar de evitar males mayores, el anciano presidente provisorio, quien provenía de una familia aristocrática y tenía lazos de consanguinidad con los Aycinena, emitió un decreto modificando la libertad de expresión, que decía así:

DECRETO NUM. 5.

Considerando:

  1. Que la libertad absoluta de la comunicación del pensamiento por medio de la palabra y la escritura, y cualquier expresión o signo, siempre que no ofenda a la conducta privada de los individuos, o excite directamente el uso de la fuerza contra la ley o las autoridades constituidas, es la garantía de los derechos que el hombre tiene con anterioridad á todo pacto social;  
  2. Que la ley de 30 de Abril de 1852 es incompatible con el régimen actual de libertad y progreso;
  3. Que entre tanto se reune la representación nacional, a cuya alta competencia corresponde definitivamente la ley de imprenta, se hace necesario dictar alguna providencia para evitar los abusos que puedan ocurrir;

DECRETO:

  1. Queda establecida la liberad absoluta de imprenta, y en consecuencia derogada la expresada ley de Abril de 1852.
  2. Bajo esta libertad no se permiten los  delitos declarados tales por las leyes existentes, y especialmente aquellos que afectan la vida privada
    de los individuos.
  3. En los casos de infracción, los jueces comunes procederán a la averiguación del delito y castigo del culpable, con arreglo a las leyes vigentes, debiendo preceder siempre acusaación de partes lejítimas.
  4. Para hacer efectiva la responsabilidad de que habla el artículo anterior, todas las publicaciones deben llevar la firma del autor; y en el caso de que se omita este requisito, la responsabilidad se hará efectiva contra la imprenta.
  5. Los directores de las imprentas en que se publique algún escrito sin la firma del autor, aun cuando este no contenga ninguna de las infracciones expresadas en el artículo 2.° serán multados con una cantidad que no exceda de cien pesos ni baje de diez, según las circunstancias del caso calificadas por los mismos Tribunales comunes.

Dado en Guatemala, á 7 de Julio de 1871

Miguel García Granados

El alcance del decreto anterior fue muy escaso, ya que luego de que se emitió, lo que se inició como ataques en publicaciones de reducida circulación, poco a poco fue escalando a publicaciones mayores, hasta que finalmente se empezaron a materializar medidas drásticas contra la Iglesia, las que incluyeron la expulsion del arzobispo Piñol y Aycinena, la de los jesuitas y la expropiación y disolución del resto de órdenes monásticas.  Eventualmente, el propio presidente de facto provisorio fue removido y sustuido por el mucho más joven y radical general J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA: