17 de julio de 1856: el gobierno del general Rafael Carrera emite un decreto para proporcionar fondos adicionales a la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos

 

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El edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos, convertido en la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro en 1895. Imagen tomada de El Porvenir de Centro América.

En 1855, el gobierno del general Rafael Carrera emitió un decreto reformando los estatutos de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, por su importancia en el buen orden social, para evitar los abusos que se estaban cometiendo y la actualización de los estudios eclesiásticos basados en lo dispuesto en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 1854.

En primer lugar, el estatuto fundamental de la Pontificia Universidad pasó a ser nuevamente las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, aprobado por el rey Carlos II el 20 de febrero de 1686, los cuales se iban a observar tal y como estaban en uso en 1821, al momento de la Independencia de Centroamérica.  Por supuesto, en caso de que hubiera discrepancias derivadas de los cambios que habían ocurrido en el gobierno y la sociedad guatemalteca en los últimos treinta años, el Rector quedaba facultado para decidir lo que más le conviniera a la universidad.

La influencia de la Iglesia Católica sobre la formación universitaria quedó de manifiesto cuando se formó un claustro de consiliarios que elegiría al rector, conformado de la siguiente forma:

  • Doctores:
    • Facultad de Cánones: Juan José de Aycinena, marqués de Aycinena, obispo in partibus de Trajanópolis y arcediano de la Catedral Metropolitana
    • Facultad de Teología: Basilio Zeceña, consejero de Estado
    • Facultad de Leyes: Pedro Valenzuela, consejero de Estado
    • Facultad de Medicina: Quirino Flores, protomédico
  • Bachilleres:
    • Padre Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri
    • Fray Juan Félix de Jesús Zepeda. guardián de la comunidad de San Francisco
    • Francisco Abella
    • Presbítero Vicente Hernández

El requisito de ingreso a los estudios de bachillerato era haber aprobado latinidad y, en el caso de los estudiantes de medicina y de farmacia, ciencias naturales; ahora bien, el decreto de reforma estipulaba que los alumnos del Colegio Tridentino, del Colegio de Infantes y del Colegio de la Compañía de Jesús podían optar inmediatamente al grado de bachiller, previa certificación.  Las cátedras generales impartidas eran filosofía, y matemática (que incluía geometría, trigonometría y álgebra), y los planes de estudio eran los siguientes:

  • Teología: 3 años
    • Dogma
    • Moral
    • Escritura Sagrada
  • Derecho civil y canónico:
    • Cánones
    • Leyes
    • Instituta
    • Derecho natural
  • Medicina:
    • Anatomía descriptiva
    • Fisiología
    • Cirugía
    • Patología externa
    • Medicina legal
    • Patología interna
    • Higiene

Para el funcionamiento de la institución el gobierno asignó una pensión anual de cuatro mil pesos, y le asignó las matrículas, propinas y derechos para los grados, con la que se esperaba cubrir el presupuesto estimado de seis mil quinientos pesos, pero no fue suficiente.  Así pues, el 17 de julio de 1856, se mitió el siguiente decreto para mejorar las finanzas de la universidad:

  • Artículo 1°.— Todos los empleados de la administración pública, inclusos los de las corporaciones civiles, y con excepcion de los militares, pagarán a la arca de la universidad, por una sola vez y al librárseles el título, el dos por ciento de la renta o sueldo de un año, siempre que exceda de trescientos pesos; e igual impuesto pagarán los que obtengan beneficios eclesiásticos titulares; si los proventos ó rentas de un año pasaren de trescientos pesos. En los mismos casos pagarán el uno por ciento, si fueren nombrados interinamente.
  • Artículo 2°.— En los casos en que por las leyes vigentes se adeude alcabala por la venta, arrendamiento e imposición de censos, sobre fincas urbanas ó rusticas, en los mismos se pagará el uno por ciento, en beneficio de la universidad.
  • Artículo 3°.— Por la emisión de títulos de abogados, escribanos, médicos y cirujanos, farmacéuticos, agrimensores e ingenieros civiles, se pagará a la universidad por aquellos en cuyo favor se libren la suma de doce pesos; e igual impuesto se pagará por las venias de edad, para administrar bienes, y por los autos de emancipación, no pudiéndose librar los despachos respectivos, sin que previamente se haga constar haberse hecho el entero, con certificación del tesorero de la misma universidad.
  • Artículo 4°.— Quedan vigentes los derechos de grados mayores y menores, y los de matrículas y exámenes, de la manera que se hallan establecidos; y se derogan las demás disposiciones que fijaron rentas primeramente a la academia de estudios y después a la universidad.

BIBLIOGRAFIA:

Marzo de 1832: el gobierno liberal crea la Academia de Ciencias y Estudios en sustitución de la Pontificia Universidad de San Carlos

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Invitación an acto de graduación de la Universidad de San Carlos del bachiller Francisco de Paula García y Peláez (futuro arzobispo de Guatemala) en 1817. La invitación estaba escrita en latín y tenía una oración para el santo al que estaba dedicado el acto.  Imagen tomada de la invitación de García Peláez.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, única institución pública de educación superior en Guatemala, ha pasado por varias transformaciones durante su existencia. Dejando por un lado la discusión de que si se trata o no de la misma institución que fue originalmente fundada en 1676, hoy hablaremos de una de las etapas menos conodicas de la Universidad: la Academia de Ciencias y Estudios que existió entre 1832 y 1840.

En 1832, luego de triunfar en la Guerra Civil Centroamericana, los criollos liberales se habían hecho con el poder en Centroamérica, aprovechando su poder para expulsar a los criollos conservadores aristocráticos de la región y saqueado los tesoros privados y religiosos de la ciudad de Guatemala. El nuevo gobierno liberal del Estado de Guatemala consiguió cierta tranquilidad y decidió restablecer la educación pública.

Para que el lector se de una idea de lo escaso de la preparación de la población  guatemalteca de la época, he aquí un listado de las instituciones disposibles para la educación primaria en la ciudad capital:

Para varones:

  • La escuela normal creada el 8 de marzo de 1831.
  • Tres escuelas de primeras letras fundadas en 1829.
  • Dos escuelas de primeras letras creadas por el arzobispo Cayetano de Francos y Monroy a finales del siglo XVIII
  • La escuela de primeras letras del convento de Belén

Para niñas:

  • Escuela del beaterio de Santa Rosa
  • Escuela del beaterio de Indias
  • Escuela del convento de Belén
  • Colegio “La Presentación”
  • La escuela de la parroquia de San Sebastián
  • La escuela en la parroquia de Candelaria.

Fuera de la capital solamente había escuelas para varones en la cabecera de cada uno de los seis departamentos que existían en ese entonces, y una más para niñas en las cuatro cabeceras que tenían título de ciudades.

La educación secundaria estaba en peores condiciones, ya que estaba concentrada en su totalidad en la ciudad de Guatemala, y era solamente para varones. Existían dos instituciones:

  • El Colegio y Seminario Tridentino, el cual estaba enfocadao a la liturgia, práctica pastoral y ejercicios de predicación.
  • El Colegio de Infantes, el cual estaba encargado del resto de la educación secundaria.

Para afrontar la educación superior, que había quedado a la deriva durante la Guerra Civil, el gobierno creó una Academia de Ciencias y Estudios la cual quedó a cargo del gobierno del Estado, y para que contara con las mejores posibilidades de éxito se estipuló incorporar a:

  • Todos los doctores, maestros y licenciados de la antigua Universidad de San Carlos.
  • Todos los abogados de los tribunals del estado, esten o no matriculados en su respectivo colegio.
  • Todos los licenciados y habilitados por el protomedicato para el ejercicio de la medicina y cirugía, y profesores de farmacia.
  • Todos lo que en adelante obtuvieran alguno de estos títulos conforme al nuevo arreglo de la instrucción pública.

Además se estipuló que una vez establecida la Academia, se consideraría suprimida la antigua Universidad y el colegio de abogados, que de hecho estaban casi disueltos debido a los desastres causados por la Guerra Civil Centroameriana y se refundieron en la misma los fondos y pertenencias de ambos cuerpos y sus obligaciones respectivas, en especial la que le tocaba al colegio de abogados, de dirigir la academia de derecho teórico-práctico que convirtieron en esa oportunidad en la cátedra de práctica forense.

La Academia de Ciencias y Estudios funcionó únicamente por cinco años, ya que la guerra civil que estalló en 1838 entre las autoridades liberales anticlericales y el campesinado católico alteró nuevamente la vida del Estado.

La Pontificia Universidad de San Carlos fue restablecida con sus estatutos y privilegios originales el 5 de noviembre de 1840, ya cuando el regimen liberal había colapsado, aunque ya solamente funcionaba en el Estado de Guatemala. Por su parte, el colegio de abogados fue restablecido por decretos del 23 de diciembre de 1851 y del 30 de octubre de 1852.

BIBLIOGRAFIA:

22 de febrero de 1851: luego de casi 75 años después del traslado de la capital a la Nueva Guatemala de la Asunción, finalmente se dedica el templo de San Francisco en la nueva capital con una celebración por el triunfo de Rafael Carrera en la batalla de La Arada

La Iglesia de San Francisco y su convent, ya converitdo en la Administración de Correos en 1892.  Nótese el alumbrado público, los rieles del tranvía y el poste de telégrafo frente al atrio de la iglesia.    Fotografía de Kildare y Valdeavellano, tomada de Guatemala Ilustrada.

Tras el terremoto de Santa Marta las órdenes regulares fueron obligadas por el Capitán General a trasladarse a la Nueva Guatemala de la Asunción, teniendo que abandonar sus fastuosos conventos y empezar de cero aunque sus edificios no estuvieran tan dañados. Los franciscanos construyeron una iglesia provisional en 1778 en la Calle Real y Calle de las Beatas que llamaron “Capilla Provisional de San Francisco el Viejo”.

La construcción y dedicacióm del tempo de San Francisco son el mejor ejemplo de las viscicitudes que atravesó la capital de Guatemala tras su traslado a la nueva ciudad. Las órdenes recibieron escaso apoyo económico de parte del Capitán General, y aunque los franciscanos tuvieron el diseño del nuevo templo y convento en 1788 no fue sino hasta en 1800 que pudieron empezar a construir, luego de haber recuperado todo lo que pudieron de los escombros de la arruinada ciudad de Santiago de los Caballeros y de haber vendido parte de sus propiedades. El arquitecto español Santiago Marquí estuvo a cargo del proyecto inicialmente y alrededor de 1820, cuando la estructura estaba casi finalizada, solicitaron la autorización para construir las torres de los campanarios.

Los procesos de la Independencia de Centroamérica obligaron a suspender los trabajos; de hecho, cuando los liberales al mando de Francisco Morazán derrotaron a Mariano de Aycinena y los conservadores guatemaltecos en abril de 1829, el templo pasó a poder del clero secular, que estaba debilitado porque se eliminó también el diezmo obligatorio y los frailes franciscanos fueron expulsados del territorio centroamericano igual que el resto de órdenes regulares. Los soldados y oficiales liberales saquearon los tesoros del templo (por cierto, estos robos dieron lugar a la conocida frase chapina “se fue con Pancho“, que originalmente quería decir que se lo había robado Francisco Morazán).

Tras el retorno al poder de los conservadores en 1840, y bajo el liderazgo del capitán general Rafael Carrera, las órdenes regulares retornaron a Guatemala y empezaron a prosperar nuevamente. Los terciarios franciscanos retornaron también y lograron finalizar la construcción del templo, el cual fue inaugurado en 1851 por el arzobispo Francisco de Paula García y Peláez, para celebrar la victoria guatemalteca en la Batalla de la Arada. Las obras finales estuvieron a cargo de Miguel Rivera Maestre, pero el templo ya nunca tuvo campanarios.

Tras la muerte de Rafael Carrera en 1865, y luego de la Revolución Liberal de 1871, los franciscanos fueron expulsados de Guatemala nuevamente junto con el resto del clero regular en 1874 por el gobierno anticlerical de J. Rufino Barrios, y mientras que el templo fue entregado al clero secular, el resto de las instalaciones fueron confiscadas: el convento de los terciarios fue convertido en la oficina de Correos y la Aduana, y posteriormente albergó la Estación Sur del Ferrocarril, la Escuela número 2 y la Cárcel de Varones.

Los franciscanos retornaron a Guatemala en 1956 y en 1960 recuperaron el templo, pero no así el convent que ya no existía, pues había sido demolido por los terremotos de 1917 y 1918 y en su lugar se construyó el Palacio de la Policía Nacional durante el gobierno del general Jorge Ubico, el cual ahora funciona como el Ministerio de Gobernación. La cárcel era lo único que quedaba en pie del convento, pero fue demolido durante el gobierno del general Romeo Lucas García y el espacio sigue sin ocuparse hasta la fecha.


BIBLIOGRAFIA:

28 de noviembre de 1848: es designado para la presidencia interina de la República de Guatemala el ciudadano José Bernardo Escobar

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Plaza Central de Quetzaltenango en 1840. Bosquejo realizado por Frederick Catherwood y publicado en 1854 en el libro Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan de John Lloyd Stephens.

Cuando llegó a la presidencia el Teniente General Rafael Carrera, decretó la erección de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847. Agradada en su patriotismo por las medidas del “Caudillo Adorado de los Pueblos”, como le llamaban en ese tiempo a Carrera, el 14 de septiembre de 1848 la Asamblea Legislativa emitió el Decreto que ratifica que “Guatemala es una nación soberana, una república libre é independiente“.

Pero la Guatemala de 1848 ya no era la de 1847.  Había muchas rebeliones e inseguridad y los criollos (tanto conservadores como liberales) le habían exigido al presidente Carrera que dejara el poder.  Carrera conocía muy bien a los criollos y había aceptado irse al exilio a México después de dejar el poder, sabiendo que no iba a pasar mucho tiempo antes de que lo llamaran de vuelta.

Y tal como él vaticinó, ocurrió: a los pocos días de la firma del decreto arriba mencionado se inició la rebelión armada del general Vicente Cruz, en Antigua Guatemala que aprovechó la ausencia de Carrera y el hecho de que el general Mariano Paredes, jefe del Ejército, estuviera sometiendo insurrecciones liberales en Los Altos. Es decir, la Ciudad de Guatemala estaba prácticamente abandonada ya que los dos jefes militares más calificados del momento nada podían hacer por ella.

Cruz y sus hombres dejaron la Antigua Guatemala y, dando un rodeo, llegaron a Villa Nueva. Ante tal actitud, el gobierno convocó a la Asamblea, la cual se reunió el 27 de noviembre y ante ella presentó su renuncia el Presidente interino licenciado Juan Antonio Martínez. En el mismo acto la Asamblea aceptó la renuncia y designó presidente interino al liberal José Bernardo Escobar, personaje culto y diputado a la misma Asamblea, de quién “no se podía decir que fuera un pelele en manos de nadie“.

Era el peor momento posible para asumir la presidencia de la República: el ejército de Cruz avanzaba casi sin encontrar resistencia y el primero de diciembre, desde San José Pinula, dirigió una nota al presidente Escobar intimidándole a entregar la plaza, ofreciendo respetar vidas y haciendas, menos las de los Molina, los Arrivillaga, Vidaurre, Manuel Dardón, el expresidente Juan Antonio Martínez, los Zepeda y José Francisco Barrundia, todos ellos, importantes criollos liberales a quienes Cruz consideraba traidores a la causa. A pesar de la situación crítica, haciendo gala de energía y patriotismo Escobar rechazó la petición de los alzados, lo que resultó en que siguieran las hostilidades. Y para colmo de males, en Palencia se encontraba ya el general Serapio Cruz (el famoso “Tata Lapo”), hermano de Vicente Cruz.

El general Cruz repitió su oferta el 12 de diciembre y Escobar sin dinero ni tropas envió varias embajadas a parlamentar, en una de las cuales iba el propio Arzobispo de Guatemala, Francisco de Paula García Peláez. Por fin Cruz, admitió celebrar conversaciones, pero uno de los puntos que propuso era que se restableciera el Estado de Los Altos diciendo: “El gobierno retirará de Los Altos las fuerzas de Ocupación, para que aquellos pueblos puedan libremente decidir su future, prara lo cual no se les molestará en nada“. A pesar de ser liberal, Escobar rechazó lo que se le proponía respecto de Los Altos, por el daño que ocasionaría a la integridad territorial de la Guatemala.

Tras el fracaso de la negociación, Escobar buscó un arreglo político: quitó a Basilio Porras del Ministerio de la Guerra y lo colocó en el de Relaciones Exteriores, y entregó la cartera militar al Teniente Coronel de Ingenieros Manuel José Narciso de Jonama y Bellsolar, que estaba retirado de la vida pública desde 1829, pero conservaba simpatías entre los liberales y era además amigo personal de Carrera. Pero esta medida tampoco solucionó nada y la rebelión continuó, obligando entonces a Escobar a presentar formalmente su renuncia a la presidencia el 30 de diciembre de 1848. La Asamblea eligió a Manuel Tejada, quién renunció al día siguiente por lo que Escobar tuvo que seguir en el mando.

A principios de 1849 se reunió la Asamblea para elegir sustituto a Escobar y decidió nombrar al general Mariano Paredes quien había logrado la pacificación de Los Altos y detener la revuelta de los Cruz.  Finamente, Escobar pudo entregar la Primera Magistratura el 18 de enero de 1849 y con el fin de evitarse ofensas o represalias se exiló voluntariamente en El Salvador. Pero hasta allí lo siguieron sus enemigos: los hermanos Cruz ordenaron su envenenamiento por haber rechazado sus exigencias.

En cuanto a Carrera, en agosto de 1849 regresó a Guatemala y se convertió en el verdadero poder tras el presidente Paredes pues se aseguró de conseguir todas las alianzas que pudo entre los indígenas del Occidente guatemalteco, férreos opositores al Estado de Los Altos que pretendían establecer los criollos liberales.


BIBLIOGRAFIA:

16 de noviembre de 1854: el arzobispo de Guatemala, amparándose en las leyes coloniales de Indias, solicita al gobierno del general Rafael Carrera que se restablezca el cobro del diezmo a la cochinilla

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Retrato official del Arzobispo Francisco de Paulo Garcia y Peláez, quien fuera quizá el ultimo arzobispo guatemalteco que verdaderamente tuvo poder económico y politico en el país.  Luego de él, los arzobispos fueron expulsados varias veces del país y solamente recuperaron parte de su antigua gloria luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.  Fotografía de Juan José de Jesús Yas.

El gobierno conservador del general Rafael Carrera se caracterizó por la fuerte influencia que tuvo la Iglesia Católica en Guatemala.  No solamente se permitió el retorno de los frailes de las otrora poderosas órdenes regulares (incluyendo a los jesuitas que habían sido expulsados por los propios españoles en 1787), sino que también por el apoyo económico al clero secular, dirigido por el Arzobispo.

Un ejemplo es la restitución del diezmo a la cochinilla (tinte que entonces era el principal producto de exportación de Guatemala) que fue solicitado a Carrera por el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez el 16 de noviembre de 1854; este gravamen había sido eliminado por el gobiero liberal el 21 de abril de 1831, pero el arzobispo argumentó que “se debía entender la obligación general de pagar el diezmo, que segun la ley 4a., título 16, libro 1o. de la Recopilación de Indias (es decir, leyes coloniales), se satisfice por todos los frutos de la tierra.”

El gobierno de Carrera accedió a entregar el diezmo solicitado, pero solamente 4 reales sobre cada tercio de ciento cincuenta libras y no doce como estaba antes de la derogación de 1831, debido a que en ese momento el precio del producto estaba pasando una crisis considerable.

La imposición tomó vigencia a partir del 1 de enero de 1855 y para facilitar su recaudación y ayudar al clero secular a cobrarla, se autorizó a las administraciones de rentas para cobrar el diezmo indicado con comisiones del cabildo.  Todo esto, amparado en el Concordato que se había establecido con la Santa Sede en 1852 y ratificado en 1854.

BIBLIOGRAFIA: