30 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América elimina los títulos y tratamientos de distinción que se utilizaban hasta entonces

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Fuente del patio interior del desaparecido Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala en 1875.  Imagen de Eadweard Muybridge, archivo de Foto Rex, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.

Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:

La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:

Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
  2. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
  3. Queda abolida la distinción del “don”.
  4. Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
  5. El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
  6. El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
  7. Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
  8. Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
  9. Los ayuntamientos “municipalidades”.
  10. Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
  11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala


Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


29 de junio de 1823: se inician las sesiones de la primera Asamblea Constituyente en Centroamérica


Fuente de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción, que estaba frente al Palacio Colonial, en donde se realizó la primera reunión de la Asamblea Constituyente en el mismo salón en el que se firmó el Acta de Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La Primera Asamblea Constituyente de Centroamérica que había sido instalada el 24 de junio de 1823 inició sus sesiones el 29 de junio de ese año a instancias del jefe politico del extinto Primer Imperio Mexicano, el general Vicente Filísola.   El primer acto que se hizo fue circular el acta inagurual de la Asamblea a todos los miembros de las Provincias Centroamericanas.

Reproducimos a continuación el acta, para que nuestros lectores se den cuenta de la  enorme influencia que tenia el Ayuntamiento de los criollos aristócratas y la Iglesia Católica.  Además, es importante destacar que la  mayoría de los representantes era de Guatemala, seguidos de un número considerable de representantes de El Salvador y unos cuantos de Honduras.  Las otras provincias no tenían representantes.

En la ciudad de Guatemala á veinticuatro de junio de mil ochocientos veintitrés, dia señalado para la instalación del congreso á que convocó el acta de 15 de
setiembre de 1821, se reunieron en el palacio del gobierno los representantes cuyos poderes estaban aprobados, la diputación provincial, la audiencia territorial, el ayuntamiento, claustro de doctores, consulado, colegio de abogados, gefes militares y de rentas, y prelados regulares; y, presididos por el mismo geje político, se dirigieron á implorar el auxilio divino á la iglesia catedral, donde el muy reverendo arzobispo celebró de pontifical y se pronunció tambien un discurso análogo de las circunstancias, por el eclesiástico encargado de ello.

Después se procedió al juramento que debian prestar los diputados. El secretario de gobierno, usando de la fórmula prevenida en el ceremonial, les preguntó: “¿juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que los pueblos vuestros comitentes han puesto á vuestro cuidado, mirando en todo por el bien y prosperidad de los mismos pueblos?” contestaron: “sí juramos:” y pasaron á tocar el libro de los evangelios, que se hallaba al intento colocado en una mesa en el presbiterio.

De catedral salieron para el ediñcio del congreso acompañados de las mismas autoridades. Las calles del tránsito estaban guarnecidas de tropas, que hicieron los honores debidos á la representación nacional; un numeroso concurso esperaba el momento de la instalación, y en medio de sus demostraciones de regocijo, llegó la comitiva al salón de las sesiones.

El presidente de las juntas preparatorias tomó su asiento, y el gefe político que ocupaba el del lado izquierdo, hizo, antes de despedirse, un pequeño discurso, manifestando la complacencia que sentía al ver realizados en la instalación del congreso los votos de Guatemala, y congratulándose de haber contribuido á llenar tan justos deseos. Dio también un papel en que dijo estar consignados sus sentimientos.

El señor presidente le contestó: que los representantes estaban penetrados del interés que tomaba por la felicidad de estas provincias.

Las autoridades se despidieron con el gefe; y luego que regresó la comisión nombrada para acompañarlas, se anunció que iba a tratarse de la elección de presidente, vice-presidente y cuatro secretarios. Se procedió á la de presidente, y fué electo el señor Delgado con treinta y siete votos, teniendo dos el señor Dávila, y otros dos el señor Molina.

En la de vice-presidente reunió catorce votos el señor Dávila; once el señor Barrundia; ocho el señor Molina; siete el señor Barrutia, y uno el señor Cañas (don Simeón), y como ninguno obtuvo la mayoría se procedió á nueva elección entre los señores Dávila y Barrundia. De esta vez resultó electo el primero con veintisiete votos.

Por veintitrés fué nombrado para primer secretario el señor Sosa; el señor Gálvez habia tenido diez, el señor Córdova (don Mariano) seis, el señor Alcayaga uno, y otro el señor Córdova (don José Francisco).

Para segundo secretario resultó electo el señor Gálvez, por treinta y nueve votos. Tuvo los dos restantes el señor Córdova (don José Francisco.)

Para tercer secretario, el señor Córdova (don Mariano) que reunió treinta y tres votos. El señor Córdova (don José Francisco) tenia cuatro, el señor Dieguez tres, y uno el señor Cañas (don Antonio) .  Por veintiséis fué nombrado cuarto secretario el señor Vasconcelos, teniendo cinco el señor Dieguez, tres el señor Cañas (don Antonio), igual número el señor Estrada, dos el señor Menéndez (don Isidro), uno el señor Sánchez V otro el señor Azmitia.

Publicadas estas elecciones, que merecieron aplausos de las galerías, el señor Dávila cedió el asiento de presidente al señor Delgado. Los señores Sosa y Gálvez siguieron ocupando los que tenían como secretarios de las preparatorias, y los señores Córdova y Vasconcelos toman los que les correspondan.

El señor presidente puesto en pié, como los demás representantes, pronunció: ”El Congreso está solemnemente constituido é instalado.”

A continuación nombró una comisión compuesta de los señores Valenzuela y Menéndez (don Marcelino) para que llevasen al gobierno el parte oficial concebido en estos términos:  ‘El congreso general de estas provincias se ha declarado hoy 24 de junio de 1823, solemnemente constituido é instalado, después de haber elejido un presidente, un vice-presidente y cuatro Secretarios. Recayó el nombramiento de presidente en el señor don José Matías Delgado, diputadlo por el partido de San Salviulor. el de vice-presidente en el señor don Fernando Antonio Dávila, diputado por el de Sacatepéquez. y el de secretarios en los que suscribimos, y representamos por los de San Salvador, Totonicapam, Huehuetenango y San Vicente, según el orden de nuestras firmas.’

La comisión salió a palacio, previo aviso que se habia dado al jefe político para que se sirviera esperarla.

El congreso continuó reunido, hasta que, regresada la comisión, entregó la respuesta del gefe político, que uno de los secretaries leyó en la tribuna, y es como sigue: ”Con la más viva satisfacción, me he impuesto por el parte oficial de VV. SS. que he recibido en este momento, de quedar constituido e instalado solemnemente el congreso general de estas provincias, habiendo sido nombrado por su presidente el excelentísimo señor don José María Delgado, por vice-presidente el señor don Femando Antonio Dávila VV. SS. de secretarios. Ruego á VV. SS. se sirvan manifestar á su soberanía mi complacencia al ver realizados los votos de la opinión general, que tuve el honor de interpretar el 29 de marzo último, y felicitarla á mi nombre con la más cordial enhorabuena.”

El señor presidente dio por concluido el acto, señalando para la apertura y primera sesión del congreso, el domingo 29 del presente mes.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. —
    Es copia: Sosa. 

BIBLIOGRAFIA:


11 de junio de 1829: las nuevas autoridades liberales obligan al arzobispo Ramón Casaus y Torres y a la mayoría de ordenes regulares a salir al exilio

Antigua fuente que se encontraba en el atrio de la Iglesia de La Recoleccion en la Ciudad de Guatemala.  Fotografía de Alberto G. Valdeavellano.

El general Francisco Morazán invadió a Guatemala luego de que el presidente Federal Manuel José Arce se aliara con los conservadores guatemaltecos y fuera separado de su cargo por estos tras el desastre militar de Milingo en 1827. Morazán se alzó con el triunfo el 12 de abril de 1829 y pocos meses después, dispuso salir de los principales aliados de los aristócratas: los frailes regulares y la cúpula del clero secular.

La noche del 10 al 11 de junio de 1829, llegaron sigilosamente los delegados de la autoridad al Palacio Arzobispal y sacaron al arzobispo Ramón Casaus y Torres todavía en camisa de dormir, lo obligaron a empacar y lo sacaron camino a la costa del Norte montado en una mula.  No les importó en lo más mínimo que la mañana era nebulosa y amenazaba lluvia.

Igual suerte corrieron los frailes de Santo Domingo, La Recolección y San Francisco; todos fueron enviados a Omoa, en fueron embarcados con destino a la Isla de Cuba, que todavía era posesión española y los recibió con los brazos abiertos.  Solamente se salvaron los frailes de la Merced y los hospitalarios de Belén quienes no participaban activamente en política.

Cuando llegó a la Habana Casaus y Torres se dedicó a buscar todos los medios para atacar a los liberales en el poder. Y fue tal la agitación causada en Guatemala gracias a la distribución de las pastorales que escribiera por los curas párrocos que predicaban en el área rural, que hubo revueltas indígenas en San Agustín Acasaguastlán y Zacapa.  La autoridad se vio así en un grave problema y tuvo que expedir un decreto por el declara al arzobispo enemigo de la Patria el 13 de junio de 1830:

1. — Se declara traidor a la patria al Arzobispo de Guatemala, fray Ramón Casaus.

2. — Se declara que el mismo Arzobispo ha perdido los derechos de ciudadano, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, artículo 20 de la Constitución federal.

3. — En consecuencia queda extrañado perpetuamente del territorio del Estado, y su silla
vacante.

4. — Mientras se provee canónicamente el Arzobispado, sus rentas entrarán a la tesorería.  Los bienes particulares de fray Ramón, serán ocupados con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 23 de noviembre último.

5. — El Cabildo eclesiástico nombrará Vicario y Gobernador general del Arzobispado, arreglándose a lo dispuesto en el derecho canónico;  pero el que así fuere nombrado, no entrará a ejercer su cargo sin aprobación previa del gobierno.

6. — Es prohibida, de hoy en adelante toda comunicación con el expresado fray Ramón Casaus, a quien se considerará enemigo público.

7. — El gobierno cuidará de informar a Su Santidad sobre todo lo ocurrido, activando las
disposiciones prevenidas en el decreto de 5 de diciembre del año próximo pasado.

8. — El mismo gobierno hará imprimir y publicar los documentos principales que demarcan la conducta hostil del Arzobispo, a quien se le intimará el presente decreto.

Este decreto tambien dejo sin el beneficio del diezmo obligatorio al clero secular, dejando a los curas párrocos en situación muy difícil.  Pero a pesar de todo esto, siguieron azuzando el ánimo de los campesinos indígenas. Conforme pasó el tiempo el gobierno liberal fue poniendo de su parte para facilitar la labor de los curas; primero, cuando hizo negocios con los ingleses protestantes, y luego cuando estableció un impuesto individual excesivo para los indígenas y cuando promulgó los códigos de Livingston que autorizaban el matrimonio civil y el divorcio. Todo eso, aunado al resentimiento por la expulsión del arzobispo, hizo que estallara la revolución campesina en 1837 cuando el gobierno quiso imponer unos cinturones sanitarios para evitar la propagación de la epidemia del cólera, impidiendo que las comunidades rurales tuvieran acceso a sus fuentes de agua.


BIBLIOGRAFIA:


19 de mayo de 1828: el ex-presidente de la República Federal de Centro América, Manuel José Arce, es obligado a solicitar un salvoconducto para poder salir del Estado de Guatemala

Así lucía la Antigua Guatemala en 1827, cuando Arce se retiró del gobierno.  Pintura de George Ackerman.

El declive del general Manuel José Arce inició tras el desastre de las tropas a su mando en Milingo el 18 de mayo de 1827.  En tan solo un año fue obligado a dejar el mando supremo del ejército federal,  la Asamblea le aceptó la renuncia al cargo de presidente y se retiró a la Antigua Guatemala.

Ya en la Antigua, quiso recuperar el poder y así lo solicitó a la Asamblea, pero ésta no lo aceptó de Vuelta, dejando en su lugar a Mariano de Beltranena, quien había sido su vicepresidente.  Desalentado por este nuevo fracaso, Arce decidió dejar Guatemala y regresar a El Salvador, su estado natal, en donde intentaría reconciliarse con los criollos liberales.

En el camino hacia El Salvador, se encontró con un mercenario español de apellido Monge, quien montaba guardia en los caminos junto con su escolta por órdenes del gobierno federal.  Tras una tarde de amena conversación ambos personajes se despidieron y cada quién siguió su camino.  Pero al día siguiente, cuando Arce había retomado el camino hascia El Salvador, se aparecieron nuevamente los hombres de Monge, pero esta vez, exigiéndole que les presentara su pasaporte para poder continuar su camino.

Arce quedó estupefacto ante tal solicitud, no solamente porque él era el expresidente de la República Federal, sino porque ya habían matenido una larga conversación con Monge el día anterior.  Cuando se dió cuenta de que no se trataba más de que una maniobra de los miembros de la Asamblea para humillarlo, Arce mandó a uno de sus sirvientes de regresó a la Ciudad de Guatemala para que le consiguiera un salvoconducto para poder continuar su camino.

Aunque el sirviente cumplió con su encargo lo más rápido que pudo, Arce se vió oibligado a pernoctar en una causcha abandonada mientras esperaba, mientras escuchaba las burlas de Monge sobre su situación.  Finalmente, obtuvo el salvoconducto y pudo continuar su camino, pero ya nunca se recobraría de aquella humillación.


BIBLIOGRAFIA:


27 de octubre de 1828: en el marco de la Guerra Civil Centroamericana, el Jefe del Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena publica un manifiesto advirtiendo a la población de la inminente invasión de Francisco Morazán

Firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821.  En este cuadro de Rafael Beltranena elaborado en 1910, Mariano de Aycinena aparece de pie, segundo de izquierda a derecha.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego de alierse con los miembros conservadores de la familia Aycinena, el presidente de la Federación Centroamericana, Manuel José Arce y Fagoaga ordenó a dos mil tropas federales al mando del general Manuel de Arzú para ocupar El Salvador, evento que marcó el inicio de la Guerra Civil Centroamericana. Mientras tanto en Honduras, Francisco Morazán aceptó el desafío: le entregó el mando a Diego Vigil como nuevo jefe del Estado de Honduras y se fue a Texiguat, donde se preparó y organizó sus tropas con miras a la campaña militar salvadoreña.

Tras cruentos combates, el 9 de octubre las tropas federales se vieron obligadas a rendirse y el 23 de octubre el general Morazán hizo su entrada triunfal en la plaza de San Salvador. Unos días más tarde, marchó en Ahuachapán para organizar el ejército con miras a retirar a los conservadores aristócratas y eclesiásticos del poder en el territorio guatemalteco e implantar un orden constitucional afín a la Federación Centroamericana que los liberales ambicionaban.

Al enterarse de estos hechos, el gobernador conservador del Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena y Piñol trató de negociar con Morazán, pero como éste estaba decidido a acabar con la hegemonía de los aristócratas y eclesiásticos guatemaltecos, no aceptó ningún trato. Aycinena, al ver que no conseguía una solución pacífica, escribió a sus conciudadanos:

“COMPATRIOTAS:

Con el mayor sentimiento, me veo en la necesidad de anunciaros: que todos los esfuerzos del supremo gobierno nacional, y de las autoridades del Estado, por el restablecimiento de la paz, han sido inútiles: los que llevan la voz y se han apoderado del mando en S. Salvador, tienen interés en prolongar la guerra; porque ella sirve á sus miras personales, y les importa muy poco la suerte de los pueblos.Aspirando á la dominación de toda la república, y al aumento de su propia fortuna, quieren teñir de sangre éste suelo privilegiado, y destruir todas las fuentes de la riqueza de la nación y del propietario particular.Si no fuesen estos los principios de su conducta, ya habrían vuelto á la partia la tranquilidad de que antes gozara: ya habrían convenido en alguno de tantos tratados de paz que se les han propuesto, casi todos ventajosos para ellos mismos; pero los rehúsan, porque de nada se cuidan menos que del bien general.

—Mariano de Aycinena y Piñol
Manifiesto del Jefe de Estado a los pueblos
27 de octubre de 1828″

La preocupación de Aycinena era fundada: el día 12 de abril de 1829, tras una aplastante derrota y una serie de atrocidades de parte de las tropas liberales, el Jefe del Estado guatemalteco tuvo que firmar el Convenio de Capitulación en una de las esquinas del Parque Concordia con Morazán, y fue enviado a prisión con sus compañeros de gobierno; también fue hecho prisionero el expresidente federal Arce y Fagoaga, quien no había participado en los combates. En ese momento, Morazán garantizó la vida y propiedades de todos los conservadores miembros de la familia Aycinena y les ofreció pasaporte para salir del territorio a todo el que quisiera.

Pero el 19 de abril por la tarde, Morazán citó a todos los miembros del Clan Aycinena al Palacio de los Capitanes Generales, en donde tenía su cuartel; llegaron con sus trajes de gala desde el ex gobernador Aycinena hasta magistrados, jefes del ejército y vecinos para tratar “un asunto de interés público”.​ Reunidos en un gran salón, de improviso entró la tropa del francés Raoul, quienes los obligaron a formarse y luego los escoltaron hasta el edificio de la Universidad, que Morazán había convertido en cárcel.

Al día siguiente, Morazán, unilateralmente anuló el documento de Capitulación.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

7 de agosto de 1830: el Congreso de la República Federal de Centro América decreta la ley de responsabilidad de los servidores públicos

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Escudo de la República de Guatemala que estuvo vigente entre 1858 y 1871, año en que se public la Recopilación de Leyes de donde se extrajo esta información.  Imagen tomada de la obra de Manuel Pineda de Mont.

Ya desde sus orígenes, los gobernantes de la región centroamericana intentaron poner en orden los asuntos internos por medio de leyes que tipificaran los delitos incurridos por los empleados públicos.  El 7 de agosto de 1830, cuando la Guerra Civil Centroamericana había terminado y los conservadores y eclesiásticos regulares habían sido expulsados de la región, el congreso liberal dispuso emitir la ley de responsabilidad de los empleados públicos.

Dicha ley dice textualmente sobre el presidente, ministros y senadores:

Artículo 6.°: El presidente y vicepresidente de la república; los senadores; ministros de la suprema corte de justicia y jefes militares y de rentas serán habidos y tratados como prevaricadores, siempre que se les compruebe cohecho o soborno en la provisión o presentación para los empleos, aun cuando la propuesta haya tenido efecto en los aspirantes y aun cuando no hubiersen recibido por si mismos, sino por medio de otro, alguna dádiva de estos, o en nombre suyo.  La aceptación de la promesa es por si sola motive bastante para incurrir en la pena de privación del empleo.

No es de extrañar que con semejante rigor, para 1840, los diferentes estados de la región se habían ido separando uno a uno de la República Federal, en la que ya solamente quedaban los estados de El Salvador (donde vivía el presidente liberal Francisco Morazán), Guatemala (en donde los conservadores habían arrebatado el poder a Mariano Gálvez) y Los Altos (a donde se habían ido a refugiar los liberales guatemaltecos).

En abril de 1840 Morazán fue categóricamente derrotado por Rafael Carrera en la Ciudad de Guatemala cuando intentaba mantener por la fuerza lo poco que quedaba de la Federación, dando por finalizada de hecho la República Federal de Centro América.


BIBLIOGRAFIA:

 

21 de junio de 1839: se restablecen las órdenes religiosas en Guatemala luego de haber sido expulsadas por Francisco Morazán y los liberales en 1829

Iglesia del Colegio de Propaganda Fide en 1875, al fondo del paredón se ve el portón al Convento.  Estos edificios fueron retorandos a los miembros de la congregación religiosa en 1839 luego de que fueran expulsados en 1829.  Imagen de Eadweard Muybridge.

El 13 de abril de 1839 habían entrado los campesinos montañeses a la capital del Estado de Guatemala, comandados por el general mestizo Rafael Carrera.   Aunque los milicianos eran hombres duros y analfabetos con un acérrimo fanatismo católico, respetaban a su general, quien tenía un supremo don de mando.

La bandera de los campesinos era la religión: era en los asuntos de la Iglesia en donde más se hacía sentir el cambio radical en el gobierno del Estado.  Carrera ordenó al presinte Mariano Rivera Paz, hombre “de caráter débil pero de buen corazón“, que reuniera a la Asamblea Legislativa para que se hiciera un decreto que ordenara al gobernador eclesiástico que en todas las iglesias del Estado se hiciera un día de rogación por el acierto de los trabajos de la propia Asamblea.  Era el principio de lo que sería la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado guatemalteco durante los próximos treinta años.

El cambio en el sentimiento religioso fue muy grande y contrastaba con todos los vejámenes y humillaciones que se le habían hecho a los curas y a los frailes durante el gobierno liberal que empezó en 1829.  Es más, desde ese año no había arzobispo, sino gobernador eclesiástico, porque al prelado Ramón Casaus y Torres lo habían expulsado los liberales sin mayores contemplaciones.

Una de las primeras medidas en favor de los sacerdotes católicos fue la autorización del retorno de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, y Colegio de Misiones de Propaganda Fide (La Recolección) (que era la preferida de la familia Aycinena y recibió trato preferencial) y que se les devolvieran sus iglesias y conventos.  En cuanto a los Jesuitas, éstos habían sido expulsado por las autoridades españolas desde 1767 y no poseían conventos ni haciendas en el país.

Los religiosos encontraron así en Guatemala un refugio a la persecución de que eran víctimas en todo el continente americano, pues se les miraba como un símbolo de la dominación española y un atraso en el progreso de los pueblos.  Pero gracias al férreo control de Rafael Carrera sobre el gobierno guatemalteco, pudieron desarrollarse tranquilamente en el país hasta 1871, cuando los liberales por fin retomaron el poder.

El decreto es el siguiente:

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, 21 DE JUNIO DE 1839, DECLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28 DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL SE SUPRIMIERON LAS ORDENES MONÁSTICAS

  1. Se declara nulo e insubsistente él decreto de veintiocho de julio de mil ochocientos veintinueve, contraido á la supresión de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, Merced y Colegio de Misioneros de Propaganda Fide.
  2. En consecuencia el gobierno del estado, poniéndose de acuerdo con el goberno eclesiástico, y oyendo á la municipalidad de esta capital, proveerá lo conveniente para que desde luego tenga efecto el restablecimiento del Colegio de misioneros de Propaganda Fide proporcionando a los religiosos la devolución de su iglesia y convento; y haciendo para ello las indemnizaciones que fueren de
    justicia.
  3. Para el restablecimiento de las otras órdenes religiosas, el gobierno también de acuerdo con el ordinario eclesiástico, y oyendo á la corporación municipal, dispondrá lo conveniente; consultando á la asamblea cuando fuere necesaria alguna resolución legislativa.

BIBLIOGRAFIA:


13 de junio de 1830: la Asamblea Legislativa de Guatemala, controlada por los criollos liberales, declara traidor a la patria al arzobispo Ramón Casaus y Torres y lo expulsa del territorio

Tras el triunfo de Francisco Morazán contra Mariano de Aycinena y Manuel José Arce en 1829, los criollos liberales dispusieron de la antigua capital de la Capitanía General de Guatemala a su sabor y antojo.  Morazán expulsó a la familia Aycinena y a los miembros de las órdenes regulares de todo el territorio centroamericano y sus aliados liberales saquearon cuanto pudieron de las casas y monasterios de los expulsados.  Además, las enormes haciendas de los religiosos fueron entregadas a los socios ingleses del caudillo liberal.  En cuanto al clero secular, dirigido por el arzobispo Ramón Casaus y Torres, éste fue marginado por la eliminación del diezmo obligatorio y la expulsión del arzobispo el 13 de junio de 1830.

En ese entonces, como ahora en el siglo XXI, los criollos abrazaban causas idealistas para esconder sus verdaderos fines.  Por su lado, los criollos liberales decían que defendían el progreso y las ideas avanzadas del siglo XIX contra el oscurantismo católico colonial, mientras que los criollos conservadores decían defender la verdadera religión y las buenas costumbres.  En realidad, ambos perseguían el poder político y económico, y cuando lo perdían, luchaban sin cesar por recuperarlo.  Así fue como el país se vio envuelto en una guerra civil hasta 1851.

Volviendo a Casaus y Torres, cuando el campesinado católico al mando de Rafael Carrera recuperó el poder para los conservadores en 1839, la Asamblea Constituyente declaró nula e inconsistente la expulsión del arzobispo, y lo reconoció de nuevo.  La Catedral, que había estado cerrada desde la partida del prelado en 1830, volvió a abrir sus puertas en espera del pastor.  Pero éste nunca regresó, de hecho, tras dos años de que el gobierno le estuvo rogando que dejara La Habana y regresa a Guatemala, se decidió que lo mejor era dirigirse al Vaticano directamente.

Finalmente, en 1843 fue reconocido como arzobispo metropolitano de Guatemala el presbítero Francisco de Paulo García y Peláez, quien sería un de los baluartes del gobierno conservador del capitán general Rafael Carrera.

BIBLIOGRAFIA: