4 de junio de 1829: decreto federal de Francisco Morazán considera usurpador al gobierno conservador de Guatemala de 1826 al 29 y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias

4junio1829
En la imagen: la antigua Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro a principios del siglo XX. En este edificio funcionó originalmente la Real y Pontificia Universidad de San Carlos y luego el Congreso Federal. Allí fueron hechos prisioneros los conservadores derrotados por Morazán en 1829. Imagen tomada del Museo de la Universidad de San Carlos.

Tras la victoria del general liberal hondureño Francisco Morazán el 12 de abril de 1829, éste hizo prisioneros a los criollos aristócratas, todos ellos miembros o parientes de la familia Aycinena, que había tomado el poder en Guatemala tras el golpe de estado contra Juan Barrundia en 1826.1

 

Por medio del decreto del 4 de junio de ese año, el gobierno federal se declaran nulas las elecciones del Estado de Guatemala del 31 de octubre de 1826, considera usurpadores de la soberanía de dicho Estado a todos los que legislaron hasta 1829, y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias.2

De acuerdo al historiador conservador Antonio Batres Jáuregui (quien a pesar de ser conservador fue funcionario de los gobiernos liberales desde J. Rufino Barrios hasta Manuel Estrada Cabrera), aquel decreto “con mengua del derecho natural y de todo sentimiento humanitario, fue, para nuestra desventurada tierra, causa de grandes dolores y fuego voraz que incendió la pasión partidista, a la cual se deben sangrientas luchas, devastaciones, miserias y lágrimas.”3

Dicho decreto fue recogido en la Recopilacidn de Leyes de la República de Guatemala de 1821 a 1869 escrito por Manuel Pineda de Mont, pero sus artículos 2.° y 3.° fueron editados porque incluían nombres y apellidos de las familias aristócratas que habían sido miembros del gobierno de 1826 a 1829.  El decreto dice así:

1.° Se declaran nulas y contrarias a las leyes fundamentales de la República y del Estado las elecciones celebradas en virtud del decreto anti-constitucional del presidente de la República, de 31 de octubre de 1826, y las siguientes de 27 y 28.

2.° Editado

3.° Editado

(Nota de HoyHistoriaGT: Los artículos 2.° y 3.° declaran reos de usurpación y traición a los que ejercieron la autoridad en virtud de las elecciones mencionadas en el artículo 1.°, y los listaba con nombres completos y los condenaban a muerte obligándolos antes a devolver lo que habían ganado en concepto de salario durante su gestión. Además, se agregaba la confiscación de bienes a los principales miembros de la familia Aycinena y del gobierno conservador.4)

4.° Son nulas y de ningun valor las determinaciones que con el nombre de leyes, decretos, órdenes, acuerdos, providencias y reglamentos hayan sido dictadas por estos poderes intrusos, y quedan en su vigor y fuerza las emitidas por las legítimas autoridades, hasta el 13 de octubre de 1826.

5.° Se han por válidos y subsistentes los actos emanados de la corte superior y jueces de primera instancia en lo civil y criminal en todas las causas, con excepción de las que se versan sobre materias políticas; pero quedan expeditos a las partes, en las causas puramente civiles, los recursos de nulidad e injusticia notoria, debiendo correr el término designado por la ley desde la publicación de este decreto.5

Aunque eventualmente las penas de muerte fueron conmutadas, los principales miembros del partido conservador fueron condenados al exilio, de acuerdo al decreto del Congreso Federal del 7 de septiembre de 1829, que dice así:

4.° Serán expatriados perpetuamente y confinados fuera la república, al país que designe el gobierno de acuerdo con el senado:

  • Primero: El ex-presidente y ex-vicepresidente de la República Manuel José Arce y Mariano de Beltranena,
  • Segundo: Los ex-secretarios de estado y del despacho de Relaciones Juan Francisco de Sosa, y de Guerra Manuel de Arzú,
  • Tercero: Los jefes de sección que funcionaron como secretarios en los mismos ramos, Francisco María Beteta y Manuel Zea.
  • Cuarto: Los primeros y segundos jefes del ejército federal que sirvió a disposición del gobierno durante la revolución, Francisco Cáscara, Manuel Montúfar y José Justo Milla, pues los demás quedan incluidos en este artículo bajo otros aspectos. (Nota de HoyHistoriaGT: José Justo Milla fue el padre del escritor José Milla y Vidaurre).
  • Quinto: El que se tituló jefe de estado de Guatemala, Mariano de Aycinena.
  • Sexto: Los que le sirvieron en calidad de secretarios, Agustín Prado, José Francisco de Córdova, Antonio José de Irisarri, José de Velasco, Vicente Domínguez y Vicente del Piélago.
  • Séptimo: El comandante general que fue de las armas de la federación y del estado, Antonio del Villar.1

BIBLIOGRAFIA:

  1. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala. pp. 114-120.
  2. Taracena Flores, Arturo (2015). La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829. Nación y estados, republicanismo y violencia. Guatemala: Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. p. 3.
  3. Batres Jáuregui, Antonio (1946). La América Central ante la Historia. Memorias de un siglo 1821-1921. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 131.
  4. — (1896). Literatos guatemaltecos: Landívar e Irisarri, con un discurso preliminar sobre el desenvolvimiento de las ciencias y las letras en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 185.
  5. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 239-240.

6 de marzo de 1837: en San Juan Ostuncalco se produce la primera sublevación indígena contra los Códigos de Livingston que impuso el gobierno liberal de Mariano Gálvez

6marzo1837
Iglesia Parroquail de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango en 2010.  Los curas párrocos fueron instrumentales en la rebelión campesina contra las leyes laicas impuestas por los Códigos de Livinston impulsados por José Francisco Barrundia (en el recuadro). Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del Dr. Mariano Gálvez habría sido mejor si no hubiera tenido la influencia nefasta de José Francisco Barrundia, quien era un liberal radical que intentó introducir al país novedosos sistemas de justica y educación que no se adaptaron en lo absoluto a la realidad nacional.  El caso más específico fue el de los Códigos de Livingston, que Barrundia tradujera, y que prácticamente forzó a Gálvez a imponer desde la presidencia de la Asamblea Legislativa el 1 de enero de 1837.

Y es que el problema de los mencionados cógidos era que imponía modificaciones al sistema de vida que eran incompatibles con las costumbres ancestrales y coloniales de los indígenas guatemaltecos;  el matrimonio civil, el divorcio, y los juicios de jurados eran ideas muy novedosas para esa época en que apenas 15 años antes se había declarado la independencia del Imperio Español. Así como estaban las cosas en ese momento, a los indígenas no les pareció en lo absoluto que se restringiera la actividad de los curas párrocos (que no habían sido expulsado del territorio como los frailes regulares) ni que se pusiera a la autoridad de la Iglesia Católica bajo la autoridad civil, cuando estaban acostumbrados a que fuera todo lo contrario.

Otra de las cosas que se impusieron en los códigos fue la construcción de cárceles públicas en los poblados.  Y aquí fue donde la situación estalló, pues los curas párrocos se encargaron de divulgar toda clase de historias falsas sobre las nuevas instalaciones carcelarias entre los indígenas a su cargo.  Así pues, el 6 de marzo de 1837, apenas dos meses después de implementados los códigos, los indígenas de San Juan Ostuncalco se alzaron contra los que estaban construyendo la cárcel pública de la localidad.  Armados de hondas y piedras, hicieron huir al juez y al magistrado de la corte que estaban supervisando las obras, quienes al verse a salvo pidieron ayuda a una escolta.  Los soldados llegaron a dispersas a los alzados a balazos, y así terminó aquel primer tumulto contra los códigos.

Pero aquel primer alboroto fue solamente un aviso, pues la labor de los curas párrocos apenas empezaba a dar frutos.  Tan solo un año después, debido a los alzamientos indigenas en todo el Estado, el régimen liberal se había resquebrajado y Mariano Gálvez había abandonado la presidencia.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (6 de marzo de 1926) El Capítulo de las Efemérides, 6 de marzo de 1837, Levantamiento en San Juan Ostuncalco. Guatemala: Nuestro Diario, Talleres SELCA.
  • Solís, Ignacio (1906) Memorias de Carrera, 1837 a 1840. Tip. de Sánchez y de Guise. Guatemala.

 

24 de febrero de 1836: tras la expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres en 1829, el Papa interviene para nombrar un Vicario Capitular para el Estado de Guatemala

24febrero1836
Así lucía la Catedral Metropolitana de Guatemala en la época en que Casaus y Torres fue expulsado y declarado traidor a la patria.  En el recuadro: el arzobispo en mención.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Los miembros de la Iglesia Católica, tanto del clero regular (frailes) como del clero secular (curas párrocos) no siempre estuvieron defendiendo las causas populares en Guatemala.  De hecho, esto apenas se inició con la Teología de la Liberación que empezó en 1968, luego de las profundas reformas llevadas a cabo por el Concilio Vaticano II.  Por el contrario, durante la colonia española y el gobierno de los 30 años, los miembros del clero eran los que más poder económico, político y diplomático tenían en la región.

Pero su poder se empezó a resquebrajar después de la Independencia en 1821.  Aunque en el Acta misma dice que esta región seguiría “siendo católica por los siglos de los siglos”, la verdad fue que apenas se separó Centro América del fracaso Primer Imperio Mexicano en 1823, y de inmediato se iniciaron los decretos anticlericales que buscaban mermar el poder de los religiosos.  Esto llevó a un golpe de estado en Guatemala en 1826, que puso en el poder al conservador Mariano de Aycinena, miembro de la familia más poderosa de la época colonial y con muchas conexiones con el clero.  Sus primos y sobrinos eran frailes u obispos, su hermana era una importante monja concepcionista que decía que sufría las estigmatas de Cristo y él mismo representaba el añejo poder aristocrático de la colonia.

El resto de los criollos de la región detestaba a los conservadores y a los religiosos por su poder económico y, con las ansias de quedárselo para ellos, abrazaron la causa liberal, el libre pensamiento y el progreso, atacando así a una religión que ya había quedado “obsoleta por el paso del tiempo“.  Así que el golpe de estado en Guatemala sirvió para encender la mecha de una guerra civil que terminó con la invasión del Estado por parte del líder liberal, el general Francisco Morazán, quien el 14 de abril de 1829 metió a la cárcel sin juicio a los Aycinena y sus familiares y colaboradores cercanos, después les confiscó sus bienes y por último los expulsó de la región centroamericana.  Y lo mismo hizo con los religiosos: expulsó a todas las órdenes de frailes, exceptuando a las hospitalarias y se quedó con sus numerosos bienes, los cuales repartió entre sus correligionarios o vendió a particulares, en especial a ciudadanos ingleses.  Y en cuanto al arzobispo Ramón Casaus y Torres, líder del clero secular, lo expulsó en junio de 1829.

Casaus y Torres, como la gran mayoría de eclesiásticos de su tiempo, era un hombre soberbio que estaba acostumbrado a mandar y no a que lo sacaran a media noche de sus aposentos, lo pusieran a lomos de mula y lo echaran de la ciudad.  Así que partió de muy mala gana hacia La Habana, Cuba, que todavía era colonia española y desde allí se dedicó a escribir documentos atacando sin miramientos a las nuevas autoridades liberales de Guatemala.  Esto no le sentó bien a los criollos liberales, que el 13 de junio de 1830 lo declararon traidor a la patria y le prohibieron el retorno al país, dejando así al país sin arzobispo.

Y aquí se inició la primera gran crisis de la Iglesia Católica en Guatemala pues la mayoría de frailes y monjas  habían sido expulsados y no había nadie al frente de la curia en el clero secular.  Casaus y Torres había dejado a varios señores a cargo de su arquidiócesis, pero de ellos únicamente el laico Diego Batres pudo hacerse cargo de la situación. Luego de un tiempo empezó a discutirse la posibilidad de que había que elegir a un nuevo arzobispo, y la opinión de las autoridades se dividió: unos decían que no hacía falta, porque Casaus y Torres había sido expulsado por las autoridades civiles y no por las eclesiásticas, mientras que otros decían que había que cambiarlo porque era traidor a la patria.  Prevaleció la opinión de los último, y quedó nombrado como vicario capitular Batres, a pesar de no ser religioso.

Aquello se volvió un gran problema, pues aunque las autoridades eran aniclericales, la mayoría de la población seguía siendo profundamente católica.  Y Batres pasó a ser el hazmereir de la ciudad, quedando en ridículo a donde iba, frente a los fieles católicos y, en especial, frente a las beatas que suspiraban por el retorno de Casaus y Torres.  Afortunadamente para Batres, la situación la zanjó el papa Gregorio quien lo confirmó como vicario capitular mediante la siguiente comunicación:

“Hace pocos días representaron a nuestro Smo. Padre Gregorio, por la divina Providencia Papa XVI algunos individuos del Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Guatemala, cómo, habiendo sido el actual Arzobispo de la misma Iglesia separado de su grey por las turbulencias políticas, y hallándose en La Habana, decidió dicho Cabildo, atendidas las circunstancias y principalmente la distancia de los lugares, deber proceder a la elección de Vicario capitular; y que esta recayó en el doctor Diego Batres, desginado en tercer lugar entre los que había nombrado el Arzobispo, cuando iba a apartarse de Guatemala, para que en su ausencia hiciesen sus veces.  Pero como se suscitó duda sobre la legitimidad de la misma elección, acordaron consultar a la silla apostólica, así para que les dejase tranquila su conciencia, como para que oportunamente les prescribiese lo que debería hacerse en este asunto.  Por tanto, después de un maduro examen de todo, Su Santidad, a quien di cuenta yo el infrascrito Secretario de la Sagrada Congregación destinada a los negocios consistoriales, acogiendo benignamente esta súplica y sanando previamente, en cuando sea necesario, lo que el mismo Diego Batres haya practicado como vicario capitular de la referida Iglesia Metropolitana, le ha confirmado con la autoridad apostólica en este cargo, con las facultades que por derecho o costumbres competen a los Vicarios capitulares; concediendo además al Cabildo la potestad de subrogarle otro, cuantas veces aconteciere que falte, sin que obste en contrario cosa alguna.  Y mandó que se extendiese el presente decreto, y se insertase en las actas de la misma Sagrado congregación. Dado en Roma, el día 24 de febrero del año del Señor, 1836.

Luis Tregia, Arzobispo de Calcedonia, Secretario de la misma Sagrada Congregación”

La situación mejoró un tanto para los miembros del clero secular, pero apenas un año y medio después, el pueblo campesino católico se alzaría en armas, pidiendo que retornara el arzobispo y que se abriera la Catedral Metropolitana que había permanecido cerrada desde su marcha en 1829, pues no estaban conformes con el gobierno “hereje” que los liberales habían impuesto, entre otras razones.  Se iniciaba así una segunda época de bonanza que se inició en 1840 y terminó con la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (25 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 25 de febrero de 1836, Un cisma en el cabildo y una carta del Papa”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

20 de febrero de 1838: tras la caída del gobierno del Dr. Mariano Gálvez se emite un decreto que deroga las disposiciones anticlericales y anticonservadoras que emitió Francisco Morazán en 1829

20febrero1838
Mapa del Estado de Guatemala en 1832 sobre el que gobernó el Dr. Mariano Gálvez.  Sombreado a la izquierda aparece el territorio de lo que sería el Estado de Los Altos entre 1838 y 1840 (incluyendo parte del actual México) y sombreado a la izquierda el enclave británico en Belice que existía desde antes de la Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El final del gobierno del Dr. Mariano Gálvez y el del gobierno del general José María Reina Barrios guardan muchas similitudes.  Ambos gobernantes liberales tuvieron unos brillantes primeros años de gobierno, para luego caer víctimas de las crisis políticas o económicas que se produjeron hacia el final de su período presidencial no sin antes adoptar un gobierno despótico y dictatorial para internar mantenerse en el poder.  Si bien Gálvez no fue asesinado como Reina Barrios, no fue porque no tuviera enemigos, sino porque logró huir a tiempo.  Y, en ambos casos, ambos gobernantes dejaron un vacío de poder que resultaría en el establecimiento de férreas dictaduras:  la del general conservadorRafael Carrera y la del licenciado liberal Manuel Estrada Cabrera.

En el caso específico del Dr. Gálvez, aún mucho antes de su salida del gobierno, los criollos liberales que habían sido su apoyo estaban divididos y tenían problemas para enfrentar a su enemigo común: los campesinos católicos que se habían alzado contra el gobierno.  Los liberales no lograron ponerse de acuerdo a la hora de hacer gobierno y cometieron un grave error que, a la larga, les costó el poder durante 30 años.

He aquí lo que ocurrió:

El Dr. Pedro Molina, uno de los principales líderes liberales, se dió cuenta de que existían numerosas leyes que se habían establecido durante el gobierno de los 7 años de Gálvez que iban en contra de lo estipulado en la Constitución del Estado, y que estaban vigentes; entonces, elevó una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se emitiera una resolución declarándolas inconstitucionales y, por lo tanto, automáticamente derogadas.

La Asamblea analizó la petición y viendo que el Dr. Molina tenía toda la razón, emitió el siguiente decreto el 20 de febrero de 1838:

  1. Ninguna ley evidentemente contraria a la Constitución, puede ni debe subsistir.
  2. Cuando se presente alguna ley notoriamente contraria a la Constitución, los tribunales deberán arreglarse en sus juicios, al sentido claro de la fundamental, informando en seguida al cuerpo legislativo.
  3. Con respecto a los casos dudosos de contradicciones, los tribunales y cualquier ciudadano pueden pedir a la Asamblea la declaratorio correspondiente, sin perjuicio de que dichos tribunales resuelvan desde luego, según entiendan de justicia y por su propio convencimiento.
  4. La declaratoria que haga el Cuerpo Legislativo solamente podrá aplicarse a los casos posteriores al que motivó la duda; y sin que pueda tener jamás efecto retroactivo.

En la práctica, el decreto se traducía en que se daba carta abierta a los criollos conservadores para que solicitaran que se derogaran las disposiciones que había dictado Francisco Morazán en 1829 cuando después de invadir guatemala, y que incluían:

  1. Confiscación de los bienes de los criollos aristócratas (especialmente de la familia Aycinena)
  2. Deportación de los criollos conservadores
  3. Expulsión del arzobispo Ramón Casaus y Torres
  4. Clausura de conventos
  5. Reforma social amparada en la separación de Iglesia y Estado

¡Es decir, los liberales destruyeron la obra reformadora de su propio líder, el general Morazán, quizá sin querer!  Pero el decreto del 20 de febrero ya estaba emitido y los conservadores, amparándose en él, pidieron a la Asamblea que derogara los siguientes decretos:

  1. Decreto del 4 de junio de 1829:  en éste se establecía claramente el nombre de las personas que no podían disfrutar de la gracia de un indulto que daba el gobierno liberal, mostrando una parcialidad atentatoria, claramente opuesta a los estipulado en la Constitución.
  2. Decreto del 22 de agosto de 1829: en éste el general Morazán, actuando como Jefe de Estado de Guatemala sin estar debidamente autorizado para ello, daba una larga lista de personas que serían deportadas, después de una injusta prisión.

Los conservadores se dieron cuenta del alcance del decreto del 20 de febrero, tal y como queda claro en el mensaje que le mandaron a la Asamblea:  “[…] usando del derecho de petición y con el debido respeto ocurrimos al cuerpo legislativo, no para implorar gracia, ni solicitar favor, sino para reclamar el cumplimiento de las garantías, violadas en nuestras personas, así como en las de otros muchos de nuestros conciudadanos que también han sido víctimas de medidas de circunstancias, que redujeron a completa nulidad las leyes fundamentales del estado y de la república“.

A pesar de ser una Asamblea liberal, y de que la petición fue analizada por doctores también liberales, la respuesta fue la siguiente: “Los legisladores que las dieron se olvidaron no sólo de que no tenían facultades para ello porque ninguna autoridad del estado es superior a la ley, sino hasta de su propia dignidad y delicadeza.  Ellos habían sido perseguidos y a su vez se convirtieron en enemigos facultados para autorizar la persecución, las prescripciones, la confiscación de bienes… Los mismos que con las armas habían recobrado sus destinos perdidos eran lo que erigiéndose en jueces de su propia causa, declararon nulos e intrusos a los que entraron a ocuparlos por su deserción vergonzosa, olvidándose de que ellos eran los verdaderos autores de ese desorden.”

La Asamblea, pues declaró nulos los decretos de Morazán y le envió a este el fuerte mensaje de que se había tomado atribuciones que no le correspondían.  De este punto ocurrieron dos cosas que llevarían a la caída de los liberales:  los conservadores exiliados pudieron retornar y se aliaron junto con los que ya residían en Guatemala con los campesinos católicos dirigidos por el general Rafael Carrera y, encencieron la cólera de Morazán, que llegó al Estado y destituyó a las autoridades sustituyéndolas, otra vez, por gente de su confianza.  Estos dos hechos llevarían al encuentro final entre Carrera y Morazán en marzo de 1840, en donde se selló el destino de ambos líderes.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

12 de febrero de 1823: poco después de haber sometido a El Salvador, el mexicano Vicente Filísola se entera de la caída del Imperio de Agustín de Iturbide

12febrero1823
Coronación de Agustín de Iturbide como el Emperador Agustín I, en la Catedral de la Ciudad de México.  En el recuadro: el emperador mexicano.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

De todas las provincias centroamericanas, la única que se opuso rotundamente a la Anexión a México el 5 de enero de 1822 fue la de El Salvador, llegando incluso al extremo de declararse un estado más de la Unión Americana con tal de no estar sujetada al poder de Agustín de Iturbide.  Cuando Gabino Gaínza no logró tomar el control de la situación, fue llamado con engaños a México y en su lugar fue enviado el brigadier Vicente Filísola, quien tomó el poder en la ciudad de Guatemala en junio de 1822, y luego partió hacia El Salvador, tomando la región por la fuerza el 10 de febrero de 1823. Como las fuerzas de El Salvador eran solamente un grupo de patriotas voluntariosos, no eran capaces de hacer frente al disciplinado contingente de Filísola.

Cuando por fin las fuerzas de Iturbide habían tomado el control de toda Centroamérica, el 12 de febrero  llegó a Filísola por correo expreso, una copia del Acta de Casa Mata, en la que se desconocía al emperador Iturbide.   En México, la situación había degenerado en cuestión de semanas; Iturbide se había convertido en el emperador Agustín I y había disuelto el congreso, proclamando su autoridad sobre todas las cosas.  El poder lo había cegado y los desaciertos en que incurrió daban muestras de que estaba fuera de control.  Iturbide destituyó al general Satan Anna del mando militar, quien empezó a levantar las ánimos de sus tropas contra el Emperador, a quien tildaba (y no sin razón) de ser un “loco caprichoso“.  Santa Anna trazó su plan de Veracruz en el que desconocía a Iturbide como emperador y reorganizaba a los ejércitos, dando inicio a una guerra civil.

Al enterarse de esto, Iturbide giró órdenes de detener a Santa Anna y puso al general Echevarri al mando supremo del ejército.  Pero en lugar de ayudar al Emperador, Echevarri se alió con Santa Anna y junto los demás jefes y oficiales del Estado Mayor, firmaron el Acta de Casa de Mata el 1 de febrero de 1823, en la que decían:

  1. Siendo que la soberanía reside exclusivamente en la nación, se instalará el congeso a la mayor posible brevedad;
  2. La convocatoria se hará bajo las bases prescritas para las primeras.
  3. Respecto a que los señores diputados que formaron el extinguido congreso, hubo algunos que por sus ideas liberales y firmeza de carácter se hicieron acreedores al aprecio público, al pso que otros no correspondieron debidamente a la confianza que en ellos se depositó, tendrán las provincias la libre facultar de reelegir los primeros y sustituir a los segundos con sujetos más idóneos para el desempeño de sus arduas obligaciones.
  4. Luego que se reúnan los representantes de la nación, fijarán su residenci aen el lugar o pueblo que estimen por más conveninete, para dar principios a sus sesiones.
  5. El ejército no atentará contra la persona del emperador, pues lo contempla decidido para la representación nacional.

Inmediatamente se buscaron correos que repartieran copias del Acta y que se leventara a los pueblos en el desconocimiento del emperador, llegando a Filísola el 12 de febrero.  Al contrario de Iturbide, Filísola era un hombre inteligente y al leer el Acta de Casa de Mata, salió a perseguir a los salvadoreños que habían resistido a la invasión y habían huído a Honduras;  de esta forma, Filísola no levantó sospechas entre los hombres a su mando ni entre sus enemigos en Centroamércia, y como pudo empezó a trazar su plan de retirada en forma adecuada.  Pero las noticias que se recibieron desde México en los siguientes días eran alarmantes y no le dejaron duda de que la caída de Iturbide era inminente; por ello, al regresar a la Ciudad de Guatemala convocó a una Asamblea Constituyente Centroamericana el 24 de junio de ese año y le entregó el poder para poder regresar a México tan pronto como le fue posible.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (12 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 12 de febrero de 1823, Filísola recibe copia del Acta de Casa de Mata”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

26 de junio de 1846: fracasa atentado contra la vida de Rafael Carrera durante las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres

26junio1846
La Catedral de la Ciudad de Guatemala, tal y como lucía en la época en que ocurrió el intento de asesinato contra Carrera.  En el recuadro:  el capitán general Rafael Carrera, y el poeta Juan Diéguez Olaverri, líder la conjura.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El día 26 de junio del año de 1846 se iban a celebrar las exequias fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, quien había sido desterrado por Francisco Morazán en 1829, y cuyos restos habían sido traídos a Guatemala desde La Habana, en donde había vivido exiliado el clérigo. Era la voluntad del extinto arzobispo que fuera enterrado en el templo de Santa Teresa en la Ciudad de Guatemala, y el gobierno católico conservador no escatimó en gastos para cumplir con el deseo del finado.

La catedral estaba adornada con suntuosas colgaduras de luto y los restos del Arzobispo estaban colocados en un artístico y lujoso catafalco. Una numerosa concurrencia ocupaba el templo, entre ellos el “Protector de la Iglesia“, el general Rafael Carrera, quien en su uniforme de gala estaba bajo su dosel de Jefe de Estado, rodeado de autoridades civiles y militares y de los miembros de la familia Aycinena. El Dr. José María Castilla, ocupaba la cátedra sagrada, y hacía el elogio de las virtudes y de los méritos del arzobispo Casaus, muerto en el destierro.

De pronto, se situaron guardias en las puertas de la iglesia, y se formó en son de guerra una fuerza armada frente al templo, y se vio á un oficial ayudante entregarle al Jefe de Estado un par de pistolas, luego de cruzar unas breves palabras.  Carrera, general guerrillero acostumbrado a los rigores de la batalla, guardó tranquilamente las armas y continuó presenciando las exequias, y tranquilamente marchó con la procesión que, a eso de las tres de la tarde, dejó los restos del Arzobispo en la iglesia de Santa Teresa.

La conspiración contra Carrera estaba descubierta, y los conjurados que habían planeado capturar á Carrera en el templo, y aún darle muerte en caso necesario, no tuvieron más que ocultarse o emprender la fuga. El Gobierno, como era de esperarse, capturó a los conjurados que no lograron huir, y persiguió a los que lo hicieron. Los hermanos Juan y Manuel Diéguez, líderes de la conjura, habían logrado huir y refugiase en la hacienda de Saltan, en Salamá, Baja Verapaz, propiedad del Presbítero J. Mariano Ocaña pero fueron descubiertos y capturados por un oficial de Carrera llamado Ruperto Montoya quien lo llevó a la cárcel del Castillo de San José, que era por aquel tiempo la prisión de Estado. Como muchos los conjurados eran estudiantes de la Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, el rector Juan José de Aycinena y Piñol, líder de la familia Aycinena, se apresuró a distanciarse cuanto pudo de la conjura por temor a serias represalias.

Tras el juicio que se les siguió, los hermanos Diéguez y algunos de sus cómplices, confesaron su culpabilidad. Dijeron que se habían propuesto “llevar á cabo un cambio político, establecer un gobierno sujeto al imperio de las instituciones, y para ello, en caso de resistencia o de necesidad, estaban dispuestos a quitar la vida al Jefe del Estado”. Pero en un extraño caso de magnanimidad, Carrera perdonó la vida a los conjurados condenados a muerte tras un penoso juicio, permitiéndoles salir al exilio tras tenerlos unos cuantos meses en prisión.


BIBLIOGRAFIA:

  • Brañas, César (1979). Tras las huellas de Juan Diéguez Olaverri. Guatemala: Unión TIpográfica.
  • Vela Salvatierra, David (1943). “Juan Diéguez Olaverri”, en Literatura guatemalteca. Guatemala: Unión Tipográfica. 2

26 de noviembre de 1813: nace el poeta Juan Diéguez Olaverri

26noviembre1811
El mirador “Juan Diéguez Olaverri” en los Cuchumatanes, nombrado así en honor al célebre poeta guatemalteco que escribió el poema “Los Cuchumatanes”.  En el recuadro:  el retrato de Diéguez Olaverri.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Diéguez Olaverri nació en Huehuetenango el 26 de noviembre de 1813 y posteriormente realizó sus estudios en la Academia de Ciencias y Estudios, de donde obtuvo el título de abogado y luego trabajó con la administración de Mariano Gálvez.  Gozaba de mucho prestigio ya que su padre había sido uno de los firmantes del Acta de Independencia en 1821.

Cuando Gálvez implementó los códigos de Livingston el 1 de enero de 1837, los pueblos campesinos se levantaron contra el régimen no solamente por los códigos, sino por el impuesto personal contra los indígenas que había restablecido Gálvez, mientras que el descontento entre los criollos liberales por la forma selectiva en que se aplicaba el habeas corpus de los códigos hizo que se formulara una queja formal ante la Asamblea Legislativa, reunida el 16 de julio de 1837, lo que dió origen al cisma en el partido liberal entre el Partido Ministerial y el Partido de la Oposición que lucharon con encarnizamiento, concluyendo con el triunfo de los opositores y con la caída del Jefe del Estado el 2 de febrero de 1838. En aquel partido opositor estaban: el vice- Jefe Dr. Pedro Valenzuela, José Francisco Barrundia, Doroteo y Simón Vasconcelos, el Dr. Pedro Molina y sus hijos, Venancio Castellanos, el Dr. D. Mariano Padilla, Miguel García Granados, y el aún joven, Diéguez Olaverri. Era tal la rivalidad, que cuando vieron que Gálvez utilizaba política de tierra arrasada contra las aldeas de donde provenían las rebeliones campesinas, no dudaron en aliarse con los rebeldes católicos campesinos dirigidos por un joven general guerrillero llamado Rafael Carrera, quien entonces contaba con tan solo 24 años de edad.

Aquellas luchas internas entre los liberales no solamente resultaron en la caída de Gálvez y la toma de la Ciudad de Guatemala por las tropas rebeldes, sino que provocaron que el Dr. Pedro Molina, rector de la Academia de Ciencias, saliera para San Salvador a asistir como facultativo al vice-Presidente de Centro -América Diego Vigil, resultando en que la Academia de Ciencias y Estudios quedara práticamente disuelta a fines de 1838.

Tras la caída de Gálvez, Diéguez fue nombrado jefe de sección del Ministerio y autorizó las providencias generales del Gobierno. Su reputación literaria se formaba en ese período de su vida; por esa época, el escritor José Milla, entonces muy joven, le consultó su primer poema “La Bruja y el Fraile”, que al final no se publicó.

En julio de 1842, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, y en atención a su horadez y capacidad, fue nombrado juez de Primera Instancia del departamento de Sacatepéquez, suscrito el despacho por el Jefe del Estado, Mariano Rivera Paz y refrendado por su Ministro el obispo Juan José de Aycinena. Posteriormente, en 1844 desempeñó el mismo cargo de juez en la Ciudad de Guatemala.

Pero cuando en 1846, como todavía no se había establecido una constitución en el Estado a pesar de haber convocado a constituyentes desde 1838, y viendo cómo Rafael Carrera había manejado la política del estado a su antojo hasta hacerse con el poder, Diéguez formó un partido con jóvenes estudiantes universitarios que decidieron llenar aquel vacío constitucional, convocar una constituyente auténtica, y dar al poder militar una organización regularizada. Así, el 26 de junio de 1846, cuando habrían de celebrarse en la Iglesia Catedral las honras fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, muerto en la Habana, Diéguez, sabiendo que Carrera habría de concurrir á la función religiosa, dió la orden a los suyos para que fueran armados al templo a asesinar al Jefe de Estado. El plan fracasó y Diéguez y su hermano Manuel tuvieron que salir al exilio a Chiapas tras pasar un tiempo encarcelados en el Castillo de San José.

Durante su destierro escribió “La Garza“, la cual es considerada como una de sus mejores poesías y en la que se considera que describe su propia personalidad.  Por su parte, en “Tardes de Abril” describe las bellezas naturales de Guatemala.  Otra poesías por las que es reconocido son “A mi Gallo” y “Los Cuchumatanes“.

Los hermanos Diéguez regresaron a Guatemala en 1860, y eventualmente hicieron las paces con Carrera, quien lo dejó tranquilos mientras vivió.

Juan Diéguez vivió sus últimos años en Quetzaltenango y Antigua Guatemala, y tras la muerte de un hijo suyo y la de su protector, el padre Ocaña, falleció el 28 de junio de 1866 en la Ciudad de Guatemala.  Como su familia no tenía dinero, la Junta del Colegio de Abogados donó doscientos pesos para el sepelio y el gobierno del mariscal Vicente Cerna le concedió a su viuda y sus cinco hijos sobrevivientes una modesta pensión, que luego prorrogó el general Miguel García Granados por unos años más.

Las poesías de Diéguez Olaverri fueron compiladas por Jorge Arriola, quien eventualmente las publicó.


BIBLIOGRAFIA:

  • La Ilustración Guatemalteca (15 de septiembre de 1896).  Nuestro grabados.  La Ilustración Guatemalteca: Siguere, Guirola y Cía. Guatemala.

30 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América elimina los títulos y tratamientos de distinción que se utilizaban hasta entonces

30julio1823
Fuente del patio interior del desaparecido Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala en 1875.  Imagen de Eadweard Muybridge, archivo de Foto Rex, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.

Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, y siguiendo el ejemplo de los liberales que forzaron al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz en 1820, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:

La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:

Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
  2. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
  3. Queda abolida la distinción del “don”.
  4. Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
  5. El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
  6. El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
  7. Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
  8. Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
  9. Los ayuntamientos “municipalidades”.
  10. Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
  11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala, tal y como había ocurrido también en España en 1823 cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

1julio1823
Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltranena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


29 de junio de 1823: se inician las sesiones de la primera Asamblea Constituyente en Centroamérica

29junio1823
Fuente de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción, que estaba frente al Palacio Colonial, en donde se realizó la primera reunión de la Asamblea Constituyente en el mismo salón en el que se firmó el Acta de Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La Primera Asamblea Constituyente de Centroamérica que había sido instalada el 24 de junio de 1823 inició sus sesiones el 29 de junio de ese año a instancias del jefe politico del extinto Primer Imperio Mexicano, el general Vicente Filísola.   El primer acto que se hizo fue circular el acta inagurual de la Asamblea a todos los miembros de las Provincias Centroamericanas.

Reproducimos a continuación el acta, para que nuestros lectores se den cuenta de la  enorme influencia que tenia el Ayuntamiento de los criollos aristócratas y la Iglesia Católica.  Además, es importante destacar que la  mayoría de los representantes era de Guatemala, seguidos de un número considerable de representantes de El Salvador y unos cuantos de Honduras.  Las otras provincias no tenían representantes.

En la ciudad de Guatemala á veinticuatro de junio de mil ochocientos veintitrés, dia señalado para la instalación del congreso á que convocó el acta de 15 de
setiembre de 1821, se reunieron en el palacio del gobierno los representantes cuyos poderes estaban aprobados, la diputación provincial, la audiencia territorial, el ayuntamiento, claustro de doctores, consulado, colegio de abogados, gefes militares y de rentas, y prelados regulares; y, presididos por el mismo geje político, se dirigieron á implorar el auxilio divino á la iglesia catedral, donde el muy reverendo arzobispo celebró de pontifical y se pronunció tambien un discurso análogo de las circunstancias, por el eclesiástico encargado de ello.

Después se procedió al juramento que debian prestar los diputados. El secretario de gobierno, usando de la fórmula prevenida en el ceremonial, les preguntó: “¿juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que los pueblos vuestros comitentes han puesto á vuestro cuidado, mirando en todo por el bien y prosperidad de los mismos pueblos?” contestaron: “sí juramos:” y pasaron á tocar el libro de los evangelios, que se hallaba al intento colocado en una mesa en el presbiterio.

De catedral salieron para el ediñcio del congreso acompañados de las mismas autoridades. Las calles del tránsito estaban guarnecidas de tropas, que hicieron los honores debidos á la representación nacional; un numeroso concurso esperaba el momento de la instalación, y en medio de sus demostraciones de regocijo, llegó la comitiva al salón de las sesiones.

El presidente de las juntas preparatorias tomó su asiento, y el gefe político que ocupaba el del lado izquierdo, hizo, antes de despedirse, un pequeño discurso, manifestando la complacencia que sentía al ver realizados en la instalación del congreso los votos de Guatemala, y congratulándose de haber contribuido á llenar tan justos deseos. Dio también un papel en que dijo estar consignados sus sentimientos.

El señor presidente le contestó: que los representantes estaban penetrados del interés que tomaba por la felicidad de estas provincias.

Las autoridades se despidieron con el gefe; y luego que regresó la comisión nombrada para acompañarlas, se anunció que iba a tratarse de la elección de presidente, vice-presidente y cuatro secretarios. Se procedió á la de presidente, y fué electo el señor Delgado con treinta y siete votos, teniendo dos el señor Dávila, y otros dos el señor Molina.

En la de vice-presidente reunió catorce votos el señor Dávila; once el señor Barrundia; ocho el señor Molina; siete el señor Barrutia, y uno el señor Cañas (don Simeón), y como ninguno obtuvo la mayoría se procedió á nueva elección entre los señores Dávila y Barrundia. De esta vez resultó electo el primero con veintisiete votos.

Por veintitrés fué nombrado para primer secretario el señor Sosa; el señor Gálvez habia tenido diez, el señor Córdova (don Mariano) seis, el señor Alcayaga uno, y otro el señor Córdova (don José Francisco).

Para segundo secretario resultó electo el señor Gálvez, por treinta y nueve votos. Tuvo los dos restantes el señor Córdova (don José Francisco.)

Para tercer secretario, el señor Córdova (don Mariano) que reunió treinta y tres votos. El señor Córdova (don José Francisco) tenia cuatro, el señor Dieguez tres, y uno el señor Cañas (don Antonio) .  Por veintiséis fué nombrado cuarto secretario el señor Vasconcelos, teniendo cinco el señor Dieguez, tres el señor Cañas (don Antonio), igual número el señor Estrada, dos el señor Menéndez (don Isidro), uno el señor Sánchez V otro el señor Azmitia.

Publicadas estas elecciones, que merecieron aplausos de las galerías, el señor Dávila cedió el asiento de presidente al señor Delgado. Los señores Sosa y Gálvez siguieron ocupando los que tenían como secretarios de las preparatorias, y los señores Córdova y Vasconcelos toman los que les correspondan.

El señor presidente puesto en pié, como los demás representantes, pronunció: ”El Congreso está solemnemente constituido é instalado.”

A continuación nombró una comisión compuesta de los señores Valenzuela y Menéndez (don Marcelino) para que llevasen al gobierno el parte oficial concebido en estos términos:  ‘El congreso general de estas provincias se ha declarado hoy 24 de junio de 1823, solemnemente constituido é instalado, después de haber elejido un presidente, un vice-presidente y cuatro Secretarios. Recayó el nombramiento de presidente en el señor don José Matías Delgado, diputadlo por el partido de San Salviulor. el de vice-presidente en el señor don Fernando Antonio Dávila, diputado por el de Sacatepéquez. y el de secretarios en los que suscribimos, y representamos por los de San Salvador, Totonicapam, Huehuetenango y San Vicente, según el orden de nuestras firmas.’

La comisión salió a palacio, previo aviso que se habia dado al jefe político para que se sirviera esperarla.

El congreso continuó reunido, hasta que, regresada la comisión, entregó la respuesta del gefe político, que uno de los secretaries leyó en la tribuna, y es como sigue: ”Con la más viva satisfacción, me he impuesto por el parte oficial de VV. SS. que he recibido en este momento, de quedar constituido e instalado solemnemente el congreso general de estas provincias, habiendo sido nombrado por su presidente el excelentísimo señor don José María Delgado, por vice-presidente el señor don Femando Antonio Dávila VV. SS. de secretarios. Ruego á VV. SS. se sirvan manifestar á su soberanía mi complacencia al ver realizados los votos de la opinión general, que tuve el honor de interpretar el 29 de marzo último, y felicitarla á mi nombre con la más cordial enhorabuena.”

El señor presidente dio por concluido el acto, señalando para la apertura y primera sesión del congreso, el domingo 29 del presente mes.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. —
    Es copia: Sosa. 

BIBLIOGRAFIA: