4 de mayo de 1830: renovación de las autoridades del Estado de Guatemala

Con el fin de retirar al Dr. Pedro Molina de la Jefatura del Estado de Guatemala, la Asamblea Legislativa convoca a elección de nuevas autoridades.

Calle real de Jocotenango en la ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. En los recuadros: los líderes liberales Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Pensamiento Centroamericano.

A principios de 1830 ya gobernaba el Estado de Guatemala el líder liberal y médico Pedro Molina, pero los mismos liberales dentro de la Asamblea Legislativa le abrieron un expediente y tuvo que delegar el poder al vicejefe de Estado, Antonio Rivera Cabezas.  Como era frívola la acusación, cuando ésta fue tramitada por la Corte Superior de Justicia se determinó que no había motivo para proceder contra Molina.  Sin embargo, los diputados estaban empeñados en salir del jefe de Estado y cerraron sus sesiones ordinarias antes de conocer el dictamente de la Corte Superior.1

Molina apeló ante el Congreso de la República Federal de Centro América —el cual en ese entonces se reunía en la Nueva Guatemala de la Asunción— y éste le pidió un informe a la Comisión Permanente de la Asamblea, forzándola a reiniciar sus sesiones.  Los diputados del Estado, empecinados en salir de Molina, formularon nuevas acusaciones en su contra y, comprendiendo que la Corte Superior de Justicia iba a desestimar el caso, decidieron dictar un decreto mandando a que se eligieron nuevas autoridades para el Estado.2

Esa era la situación cuando se produjo el terremoto del 23 de abril de 1830, que dañó severamente a la ciudad, y que forzó a las autoridades a trasladarse al poblado de Jocotenango, que entonces era un poblado indígena que estaba alejado del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que en el siglo XXI es parte de la zona 2 del Centro Histórico de la ciudad.3

Pero ni los sismos hicieron desistir a los diputados en su afán de salir de Molina.  Y así, el 4 de mayo de ese año suscribieron el siguiente Decreto en Jocotenango:4

La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, teniendo presente:

1°.— Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 115 y 199 de la Constitución del Estado;

2°.— Que el artículo 138 y el 139 de la misma, establecen que en falta del primero y segundo Jefe, antes de la época constitucional los designados para subrogarles no duren en sus funciones sino el tiempo que faltaba a los subrogados para la renovación ordinaria.

3°.— Que la de los ciudadanos Juan Barrundia y Cirilio Flores por un efecto de circunstancias, debía de verificarse hasta en las próximas elecciones, y los nuevos nombrados empezar a fungir en el año de 1831.

4°.— Que en tal concetp las funciones del primero y segundo Jefe, ciudadanos Pedro Molina y Antonio Rivera, deben termina en el mismo año, ha tenido a bien decretar y decreta:

Artículo 1°.— Se procederá a las elecciones de los representantes, consejeros, primero y segundo Jefe, y magistrados de la Corte Superior de Justicia, que deben renovarse con arreglo a las disposiciones de la materia y a la adjunta tabla y en los días que señala la Constitución.

Artículo 2°.— El departamento de Guatemala y Escuintla elegirá un diputado propietario y dos suplentes. Igual número el de Sacatepéquez y Chimaltenango.  El de Totonicapán nombrará dos diputados propietarios y dos suplentes. Los departamentos de Quetzaltenango, Verapaz, Sololá y Chiquimula, sufragarán cada uno por un diputado propietario y un suplente.

Artículo 3°.— Las juntas electorales de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula y Verapaz, procederán cada una a nombrar un Consejero propietario y un suplente.

Artículo 4°.— Todas las del Estado procederán a sufragar para primero y segundo Jefe y para cuatro magistrados propietarios de la Corte Superior de Justicia y tres suplentes.

Artículo 5°.— La legislatura de 1831 procederá en la renovación del primero y segundo jefe y magistrados de la Corte Superior de Justicia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°. del decreto de la Asamblea Constituyente de 25 de octubre de 1825.

Comuníquese.

Jocotenango, mayo de 1830.4

En las elecciones resultó electo José Francisco Barrundia, quien no aceptó el cargo y se hizo a un lado, dejando el camino para que el Dr. Mariano Gálvez fuera prácticamente nombrado como Jefe de Estado el 24 de agosto 1831.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 220.
  2. Ibid., p. 221. 
  3. Archivo General de Centro América. Leg. 2404. Exp. 50121. Folio No. 1, 1v y 2.
  4. Hernández de León, El libro de las Efemérides, pp. 222-223.
  5. Ibid., p. 224. 

5 de octubre de 1918: nacionalizan la Empresa Eléctrica

El gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera confisca y nacionaliza la Empresa Eléctrica, que era de propiedad alemana

5octubre1918
Una escena de la vida de la Cuidad de Guatemala en 1918. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Por medio de un Acuerdo Gubernativo, el 10 de octubre de 1894 el Ministerio de Fomento del gobierno del general José María Reina Barrios otorgó a Enrique Neutze, una concesión que le permitiría aprovechar las cascadas del Río Michatoya cerca de Palín, Escuintla para producir electricidad, venderla a domicilio y proporcionar alumbrado público enla Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Amatitlán, Palín y Escuintla. Así pues, el 7 de diciembrescuine de 1894 se constituyó la sociedad anónima Empresa Eléctrica de Guatemala. Los socios fundadores fueron: Enrique Neutze, Herman Höpfner, Federico Gerlach, Víctor Matheu, Antonio de Aguirre y Juan Francisco Aguirre. Inicialmente, se instalaron generadores para producir 1,000 HP de fuerza.

En 1916, la demanda servida era de 1,560 HP y cubría 25,300 focos de 16 bujías, además de 577 motores y aparatos. Para entonces, el mundo estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, la que, no obstante, fue un asunto ajeno a Guatemala hasta en un hecho sorpresivo el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, tiró por la borda la declaratoria de neutralidad que había hecho en 1914 y, bajo la presión de los Estados Unidos, emitió el Decreto Gubernativo número 727, por medio del cual rompió relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán el 27 de abril de 1917.  El gobierno le solicitó al ministro alemán Curt Lehmann que abandonara el país, y sin poner mayor resistecia obedeció a la solicitud despidiéndose con esta frase:: “¡Apunta republiqueta, ya Alemania pegará!”

Tambien se expropiaron algunos bienes a la colonia alemana, los cuales pasaron a manos estadounidense.  Por ejemplo, la Bond & Share Electrical Company, adquirió la Empresa Eléctrica de Guatemala gracias al Acuerdo Gubernativo 742, publicado en el Diario Oficial el día 5 de octubre de 1918, que dice: “Autoriza al intendente general del Gobierno para que, mediante las formalidades del caso, proceda a la confiscación, nacionalización y venta en su caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala.”

Ahora bien, el cambio en la política exterior se debió, no sólo a las fuertes presiones de los Estados Unidos, sino también a la declaración de guerra marina irrestricta, lanzada por el Imperio Alemán.  Guatemala protestó ante este anuncio y el gobierno aprovechó para declarar la ley marcial en el país, ya que las implicaciones de la declaración de guerra irrestricta marítima afectaba directamente a todo el comercio por mar, ya que la marina alemana quedaba autorizada por el Káiser para detener, incautar e incluso atacar cualquier buque cuyas intenciones no quedaran claras a criterio del capitán alemán involucrado. La declaración constituía indirectamente, una declaración de guerra a todos los países que comerciaban con Europa, pues implicaba que la marina alemana adquiría autoridad de policía marítima.  Y esto lo había hecho el emperador alemán a pesar de que existía un marco jurídico de derecho internacional que garantizaba ciertos derechos de los países neutrales, en un intento por debilitar a las entonces ponderosas Inglaterra y Francia y romper la línea de suministros que iba de los puertos de los Estados Unidos hacia los territorios ingleses.


BIBLIOGRAFIA:


24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.

24febrero1893
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.

Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café.  Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.

Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios.  El gobierno emitió el siguiente decreto para iniciar el proceso:1

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Considerando:

Que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año ala formación del censo general del país;

El Jefe del Poder Ejecutivo acuerda: que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios
        • El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez1

Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:

      • Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
      • Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
      • Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
      • Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
      • Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2

Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida,
acuerda:

Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios.
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4

Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:

    1. El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
    2. En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
    3. Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
    4. La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
    5. Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1894). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1892-1893. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Ibid., 199.
  3. Ibid., 269.
  4. Ibid., 270.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 317.
  6. Ibid, p. 318.

 

27 de julio de 1957: Luis González López asume la presidencia interina

Tras el asesinato de Castillo Armas, el primer designado, Luis González López decreta el Estado de Sitio por un mes.

27julio1957
El Palacio Nacional visto desde el famoso «Peladero» del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La misma noche del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesiones extraordinarias de Legislativo1, el que al día siguiente que emitió los decretos 1191 y 1192, por medio de los que llamó al licenciado Luis Arturo Gonález López a hacerse cargo de la presidencia interina y convocó a elecciones presidenciales.  He aquí un resumen de aquel decreto:2

Decreto Número 1191

El Congreso de la República de Guatemala

Considerando: que la noche del veintiséis de los corrientes falleció trágicamente el ciudadano Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas y que […] en caso de falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, debe ser sustituido por el Primer Designado a la Presidencia de la República;

Considerando: […] el Decreto del Congreso en que se llame al Designado para ejercer la Presidencia, debe contener la convocatoria a elecciones presidenciales;

Por tanto, decreta:

Artículo 1. Se llama al primer Designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González López para que ejerza la Presidencia de la República, a quien previa protesta de ley se le da posesión. […]

Artículo 3. Se convoca al pueblo de Guatemala para elegir Presidente de la República dentro del término de cuatro meses, y en cuyas elecciones se observarán las prescripciones de la Ley Electoral.

Artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado pcon el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, y entrará en vigor inmediatamente.[…]2

Una vez juramentado, González López emitió el Decreto número 590, por medio del cual instalaba el Estado de Sitio en todo el país:3

Decreto Número 590-Bis

El Primer Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República,

Considerando: que la trágica muerte del Presidente Constitucional de la República, coronel Carlos Castillo Armas, coloca al país en una situación de grave pligro para la estabilidad de las instituciones públicas, y que en este concepto, es indispensable la adopción de medidas extraordinarias para preservar el orden público;

Considerando: que ante hecho de tal naturaleza el Organismo Ejecutivo está obligado a dictar las disposiciones que sean adecuadas para el mantenimiento de la constitucionalidad, seguridad de las personas y de sus bienes; 

Por tanto, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Orden Público, y en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1. Se declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de esta fecha.

Artículo 2. Cesa la vigencia plena de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 43, 44, 46, 53, 54, 55 y 56, primer párrafo del número 54, 64, 70 y 71, última frase del 73 y 76, todos de la Constitución de la República.

Artículo 3. Durante la vigencia de este decreto se hará aplicación de las medidas comprendidas en los capítulos I, II y III del título II, capítulo II, II y III del título III, todos del Decreto número 22 de la Asamblea Nacional Constituyentes, Ley de Orden Público.

Artículo 4. Se ordena al Ministro de la Defensa emitir las ordenanzas y acuerdos de observancia general que sean necesarias, delegándose en las autoridades militares, la autoridad civil de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Orden Público.

Artículo 5. Se ordena la inmediat apublicidad y divulgación del presente decreto; de él se dará cuenta al Congreso de la República y entra en vigor inmediatamente.3

El Congreso de la República aprobó el decreto de González López ese mismo día, y pospuso la convocatoria a elecciones hasta que el Estado de Sitio se levantara:4

Decreto Número 1192

El Congreso de la República de Guatemala, 

Considerando: que son atendibles y justificadas las razones invocadas por el Primer Designado en ejercicio de la Presidencia para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional; […]

Considerando: que el Decreto 590 emitido por el Primer Desginado en Consejo de Ministros, con esta fecha, se ajusta a los principios constitucionales;

Considerando: que como consecuencia del Estado de Sitio se limitan los derechos ciudadanos, particularmente en cuanto se refiere a la función electoral y a la propaganda que de ella se deriva;

Por tanto, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1. Se ratifica el Decreto número 590 emtido por el Primer Desginado en el ejercicio de la Presidencia en Consejo de Ministros.

Artículo 2. La convocatoria a que se refiere el artículo 3 del Decreto número 1191 de este Congreso […] surtirá sus efectos hasta que cese la situación de emergencia a que ha dado lugar el Estado de Sitio.

Artículo 3. Este decreto aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran este Congreso, entrará en vigor inmediatamente.[…]4

Un poco más tarde, el mismo 27 de julio, González López decretó duelo nacional por 9 días y el Ministro de la Defensa, Coronel Juan Francisco Oliva, en base al decreto 1192 del congreso emitió un decreto por el que se otorgó al ejército la facultad de hacerse cargo de la situación.5

Aquel estado de sitio duró hasta el 2 de agosto, fecha en que se convocó a elecciones.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Sandoval, Marta (2014). «Tres disparos en una noche lluviosa»Contrapoder. Guatemala. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1960). Recopilación de la Leyes de la República de Guatemala, 1956-1957. LXXVI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 50-51.
  3. Ibid, p. 73.
  4. Ibid,  pp. 51-52.
  5. Ibid,  pp. 263-264.

10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero.  En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«.  Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas  y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo.  Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013).  Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1  Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo.  Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital.  Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio.  Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6  Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7  Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4  Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas.  El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala. Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución.  México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920). Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).

11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas.  Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestran otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y 

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados.  Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos.  Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar.  Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios.  Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, p. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, p. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX.  Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.

8enero1877
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra  que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2

Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas. 

El decreto en mención dice así:1

DECRETO Número 170

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;

Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;

Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;

Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;

Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,

Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;

Por tanto, decreta:

Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.

Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue:  en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.

Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.

Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios. 

Art. 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda.  Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.

Art. 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean.  Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.

Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a.  instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.

Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.

Art. 9°. Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.

Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.

Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.

Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.

Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.

Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.

      • J. Rufino Barrios
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2

Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte,  los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3

Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4

Gobierno

No. de
Adjudicaciones
Superficie
concedida
(hectáreas)
J. Rufino Barrios 8 9,080
Manuel Lisandro Barillas 2 315
José María Reina Barrios 385 506,025
Manuel Estrada Cabrera 1,689 689,415
TOTAL 2,084 1,207,835

BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez, Analia Silvina (2006) La Enfitéusis en la Doctrina. El Salvador: Universidad de El Salvador.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-6.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.67
  4. Ibid., p. 68.

2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

2enero1948
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista.  Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1

La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3

Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial.  Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6

A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina.  Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9

Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo


BIBLIOGRAFIA:

  1. Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
  2. Kennedy, David M. (1999). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945. (en inglés) Oxford University Press. ISBN 978-0195038347. pp.: 257-271.
  3. McJimsey, George (2000). The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. (en inglés) University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-1012-9. pp.: 107-108.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. —; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala»Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  6. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  7. Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  8. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana. 
  9. Schlesinger, Stephen; Kinzer, Stephen (1982). «Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala»The David Rockefeller Center Series on Latin American Studies (en inglés) (Cambridge, EE. UU.: Harvard University Press): 1-331. ISBN 0-385-14861-

12 de diciembre de 1996: firman acuerdo para retorno de la URNG a la legalidad

En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad

Palacio Nacional de la Cultura
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción «humanitaria«.  Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont —y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996—, se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1

Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1

La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, —cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias— máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1

De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1

Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2

Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar.  De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3

Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4

Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. Definiciones

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:

(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]

(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. 

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]

5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]

II. Objetivos y principios

7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

III. Componentes del programa de incorporación

A. Area Jurídica

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.

Delitos comunes conexos

22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […] 

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

B. Area política

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Area de Seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. 

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG

D. Area socieconómica

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]

F. Subprogramas especiales

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. Arreglos institucionales

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]

V. Disposiciones finales.

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]

Madrid, 12 de diciembre de 1996.

Por el Gobierno de Guatemala:
  • Gustavo Porras Castejón
  • General de Brigada, Otto Pérez Molina
  • Richard Aitkenhead Castillo
  • Raquel Zelaya Rosales

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:

  • Comandante Pablo Monsanto
  • Comandante Rolando Morán
  • Carlos González
  • Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas:

  • Jean Arnault

BIBLIOGRAFIA:

  1. Sicher Moreno, Gonzalo (s.f.). Fracasos con gobiernos reformistas y éxito con la derecha en los diálogos de paz de Guatemala. Afers Internacionals, núm. 42, p. 138.
  2. Ibid., p.139.
  3. Porras Castejón, Gustavo (junio de 2015). «Los Estados Unidos y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas»Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d.
  4. Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (12 de diciembre de 1996) Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Madrid.