27 de julio de 1524: los españoles fundan en Iximché la primera capital del Reino de Guatemala

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Ruinas de Iximché en 2008. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Desde su fundación en 1470 hasta su abandono en 1527, Iximche’ fue la capital del reino kaqchikel. La arquitectura del sitio incluye un número de templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota mesoamericano.

Durante algunos años, los kaqchikel fueron aliados de los quichés; sin embargo, el crecimiento del poder de los kaqchikel dentro de esta alianza finalmente causó tantas tensiones que los kaqchikel se vieron obligados a huir de la capital de los quichés y de fundar la ciudad de Iximche’.

Los kaqchikeles establecieron su nueva capital en una cumbre con buenas defensas naturales, casi totalmente rodeada de profundos barrancos, y gracias a ello la ciudad se desarrolló rápidamente, alcanzando su extensión máxima en cuestión de cincuenta añod. El consejo de gobernantes de Iximche’ estaba conformado por cuatro nobles principales, que representaban a los cuatro clanes más importantes del pueblo kaqchikel, aunque solo eran los señores de los clanes Sotz’il y Xajil quienes poseían el poder real.

Al principio vivieron en paz con los quichés, pero alrededor de 1491 los kaqchikeles combatieron y derrotaron a sus antiguos señores; esto, sin embargo, fue seguido por conflictos internos entre los clanes kaqchikeles, en los cuales los clanes rebeldes finalmente fueron subyugados en 1493.

Además, la guerra contra los quichés no terminó en 1491, sino que continuó durante la primera parte del siglo XVI. En esa época se produjo la llegada de los primeros españoles al área ocupada por el México actual, y el emperador Azteca envió mensajeros para avisar a los kaqchikeles de la presencia de los invasores. Además, los europeos trajeron consigo enfemedades contagiosas ajenas a los indígenas americanos, lo que provocó una epidemia de viruela que diezmó a la población nativa debilitando considerablemente a los señoríos locales. Para entonces, Iximché era la segunda ciudad más importante del altiplano de Guatemala después de Q’umarkaj, la capital del reino quiché, pero la epidemia redujo su población cobsiderablemente.

Debido a la alianza propuesta en 1524, el enviado de Cortés, Pedro de Alvarado, fue bien recibido en Chi Iximche’ y los reyes kaqchikeles proporcionaron a los españoles y a sus aliados cholultecas y tlaxcaltexas guerreros nativos para ayudar en la conquista de los demás reinos indígenas en el altiplano. Alvarado mantuvo la alianza y el 27 de julio del mismo año, Iximché fue declarada la primera capital del Reino de Guatemala.

Pero, gracias a las excesivas exigencias tributarias de los españoles, los kaqchikeles no tardaron en romper la alianza y abandonaron su capital, que fue quemada dos años más tarde por desertores españoles. Los europeos fundaron una nueva ciudad cercana, pero la abandonaron en 1527 por la continuas hostilidades de los kaqchikeles, que finalmente se rindieron en 1530.

El poblado quedó parcialmente olvidado tras la conquista y fue hasta en el siglo XVII, que las ruinas de Iximche’ fueron descritas en la “Recordación Florida” del historiador y militar criollo Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. En el siglo XIX, fueron visitadas varias veces por científicos que publicaron planes y descripciones del sitio, pero no fue sino hasta en la década de 1940 que se iniciaron investigaciones serias del sitio, las cuales continuaron en forma esporádica hasta principios de 1970.


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21 de julio de 1868: nace en Chimaltenango la emitente profesora guatemalteca Natalia Górriz, vda. de Morales

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Retrato de la profesora Górriz, vda. de Morales realizado por Francisco Alarcón en Barcelona, España, y que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.

Natalia Górriz fue una maestra guatemalteca originaria de Chimaltenango quien tras graduarse de profesora en el Instituto Nacional para Señoritas (hoy Belén) en 1884, desarrolló una intensa labor en beneficio de las docentes guatemaltecas: fue profesora de pedagogía y gramática y luego directora del Instituto en 1891, cuando apenas tenía veintrés años de edad. En 1888 promovió la formación de la “Escuela Normal de Señoritas” que se formó en el antiguo instituto Belén y por la que no cobró recargo alguno al gobierno guatemalteco. En 1892, el gobierno del general José María Reina Barrios la promovió al puesto de Inspectora General de las Escuelas de niñas de la Ciudad de Guatemala.

Escribió un libro dedicado a Cristóbal Colón al cumplirse el cuarto centenario del Descubrimiento de América en 1892, tras lo cual su carrera docente quedó truncada cuando contrajo matrimonio con el ministro de Fomento y de la Guerra del general Reina Barrios, el licenciado Próspero Morales, en 1894.

Tras la renuncia de su esposo al gabinete de gobierno del general Reina Barrios, debido a la crisis económica que vivía Guatemala a mediados de 1897, estuvo un tiempo exiliada en Tapachula, México desde donde Morales intentó invadir Guatemala y derrocar tanto al general Reina Barrios en 1897, como al nuevo presidente, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien había asumido el mando el 8 de febrero de 1898 tras el asesinato del presidente Reina Barrios y a quien Morales conocía muy bien ya que Estrada Cabrera había sido ministro de Gobernación de Reina Barrios. Ambas invasiones fracasaron, y de hecho, pocos días después de la segunda derrota falleció Morales. Górriz de Morales entonces retomó su carrera docente y llegó a ser socia de la Sociedad Geográfica de Madrid, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, y representante de Guatemala ante la feminista Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas.


BIBLIOGRAFIA:


9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala


Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


5 de junio de 1982: tras ser casi derrotada por la ofensiva militar encabezada por el general Benedicto Lucas García antes del golpe de estado del 23 de marzo, la guerrilla destruye un puente vital para la comunicación entre Guatemala y México

Patrulleros indígenas desfilando en Cobán en 1980.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Para 1982, los grupos guerrilleros estaban en una situación precaria después del éxito de la ofensiva antiguerrillera dirigida por el general Benedicto Lucas García, durante el gobierno de su hermano, el también general Fernando Romeo Lucas García. Esta ofensiva había incluído el uso de un software que ya había utilizado exitosamente la Junta Militar en Argentina para localizar y destruir los reductos guerrilleros en los centros urbanos; este programa de computadora identificaba aquellas residencias en donde había uso excesivo de agua potable y de electricidad y el Ejército las marcaba como posibles objetivos guerrilleros.  Dichos reductos ya habían dado muestras de su poder, como cuando colocaron una bomba de alto poder en un tragante en el parque central ubicado en la esquina opuesta al despacho presidencial en el Palacio Nacional en septiembre de 1980, y cuando detonaron potentes bombas que dañaron considerablemente las instalaciones del Banco Industrial en la zona 4, el Banco del Café en la Avenida Reforma y frente al Instituto de Previsión Militar, a tan solamente una cuadra del Palacio Nacional.

Entre 1980 y 1981 se produjeron varios combates en reductos guerrilleros en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, los cuales fueron destruidos por completo por el Ejército; estos reductos estaban diseminados en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo áreas de clase alta como Vista Hermosa, de clase media como la colonia Utatlán y una casa situada a apenas una cuadra del Palacio Nacional. Al mismo tiempo, se estaba emprendiendo fuertes ofensivas contra las posiciones guerrilleras en las regions rurales, en especial en la Franja Transversal del Norte; puede decirse que para principios de 1982, la guerrilla estaba contra las cuerdas y tuvo que cambiar de estrategia radicalmente.

Así fue como los grupos guerrilleros ejecutaron lo que ellos denominaron “recuperaciones económicas”, y que no eran otra cosa que actos de delincuencia común para obtener fondos para subsistir: impuestos de guerra, secuestros para obtener rescates (como por ejemplo, el del periodista Alvaro Contreras Vélez del periódico Prensa Libre), y asaltos a comercios y autobuses. Además, para alarmar a la población y hacer presencia, cometían actos terrotistas, como derribar torres de transmisión eléctrica desde Chixoy y que provocaban prolongados apagones, o como el atentado perpetrado el 5 de junio de 1982, cuando zapadores del Frente “Ernesto Guevara” del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) dinamitaron el Puente San Juan, de 55 metros de longitud, que se encuentra sobre la carretera Interamericana a la altura del kilómetro 280, lo que interrumpió el tránsito de Guatemala hacia México.

Otros atentados perpetrados por la guerrilla en esa época fueron:

  • 26 de agosto de 1982: secuestro y asesinato de patrulleros civiles que estaban en la aldea Pajuil País del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, quienes fueron enterrados en una fosa común.
  • 25 de junio al 21 de julio de 1982: la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), incendió las fincas El Matasano, en El Quetzal; Panorama, en San Rafael Pie de la Cuesta; Carolina y Platanillo, en el Tumbador, San Marcos por colaborar con el Ejército.
  • 18 de diciembre de 1982: el EGP voló dos puentes en la carretera que pasa por el Parcelamiento Santo Tomás en el municipio selvático de Ixcán, Quiché, en el área petrolera de la Franja Transversal del Norte. Esta acción impidió la movilización de vehículos militares en Playa Grande.

Para combatir el auge del terrorismo guerrillero, el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, con la asesoría militar del gobierno del presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos emprendió una contraofensiva de tierra arrasada similar a las utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Vietnam, resultando en masacres en diferentes aldeas y caceríos, en especial en la región selvática y aislada del Ixcán en la Franja Transversal del Norte, la cual estaba aislada del resto del país por la barrera natural de Los Cuchumatanes.


BIBLIOGRAFIA:


3 de junio de 1871: los rebeldes liberales desconocen al gobierno constitucional del Mariscal Vicente Cerna y nombran presidente provisorio interino a Miguel García Granados en Patzicía


Finca El Naranjo, en las afueras de la Ciudad de Guatemala en la época en la que se firmó el Acta de Patzicia.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras iniciar la invasion por el occidente de Guatemala en abril de 1871, el ejército liberal rebelde fue obteniendo fáciles victorias, y engrosado sus filas con numerosas deserciones, en especial porque esa región era en la que los criollos liberales habían intentado formar el Estado de Los Altos en 1838, por lo que era parcial a la causa.  El gobierno del Mariscal Vicente Cerna se había mantenido en el poder gracias a la fuerte presencia de carácter de su antecessor, el general Rafael Carrera, pero tras seis años de la muerte del “Caudillo adorado de los pueblos“, dicha presencia se había debilitado considerablemente.

Cuando llegaron a Chimaltenango, los liberales confiaban en una victoria segura, por lo que emitieron la siguientes Acta el 3 de junio:

En la Villa de Patzicía a tres de Junio de mil ochocientos setenta y uno, los Jefes y Oficiales del Ejército Libertador reunidos en Consejo, motu propio, y

CONSIDERANDO:

  1. Que el gobierno oligárquico y tiránico del Presidente Cerna se ha hecho intolerable a la Nación por sus repetidos actos arbitrarios y de crueldad y por la violación diaria de las leyes fundamentales de la República y en especial de la de garantías individuales.
  2. Que el Presidente Cerna es también usurpador, por cuanto se ha arrogado facultades que la ley de ninguna manera le concede, atacando la representación nacional y persiguiendo a sus miembros.
  3. Que ha arruinado la Hacienda pública y comprometido en 1o futuro la independencia del país, contratando un empréstito estranjero bajo bases ruinosas y sin facultades para ello,
  4. Que en tales casos los ciudadanos tienen no solamente el derecho sino también el deber de resistir la tiranía. Considerando además, que desde el mes de Abril hemos empuñado las armas con el loable objeto de libertar a la Nación de la tiranía que la oprime; todo bien considerado, hemos convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1°.

Desconocemos al gobierno del tirano y usurpador D. Vicente Cerna

ARTICULO 2°.

Nombramos Presidente Provisorio de la República al General Sr. D. Miguel García Granados, ampliamente facultado para organizar el pais bajo las bases que el mismo general ha proclamado en su manifiesto de ocho de mayo próximo pasado.

ARTICULO 3°.

Queda igualmente facultado para cuando las circunstancias lo permitan, reunir una Asamblea Constituyente, que decrete la Carta fundamental que deba rejir definitivamente a la Nación.

ARTICULO 4°.

Todos los Jefes y Oficiales nos comprometemos bajo juramento a no dejar las armas de la mano hasta no haber llevado a debido efecto todos los puntos contenidos en esta acta.

  • General de Brigada, Rufino Barrios
  • (Siguen las firmas de otros oficiales rebeldes)

Esta es el Acta de Patzicía, escrita por los criollos liberales, con la cual gobernó el gobierno provisorio de facto de Miguel García Granados de 1871 a 1873, y luego el gobierno de J. Rufino Barrios de 1873 a 1879, aduciendo que no tenían tiempo para reunir a la Asamblea Nacional Legislativa que la misma acta sugiera. De esta cuenta, cuando por fin se emitió la Constitución de 1879, Barrios llevaba seis años en el poder, y apenas inició su primer período constitucional en 1880.

Los cambios que introdujeron los liberales incluyeron:

  • la expulsión y expropiación de bienes de las órdenes regulares de la Iglesia Catolita, principales terratenientes y miembros del partido consevador
  • derogación de los pactos que el gobierno de Carrera estableció con los campesinos indígenas de la República
  • introducción de la producción de café a gran escala y construcción de infraestructura ferroviaria para facilitarla
  • subasta de tierras ejidales de las comunidades indígenas para favorecer la formación de grandes fincas cafetaleras.

Es conveniente indicar que la “crueldad y tiranía” de Cerna mencionadas en el Acta, estaban dirigidas hacia los criollos liberales (como el caso del Mariscal Serapio Cruz -Tata Lapo- quien murió en batalla y cuya cabeza fue exhibida como trofeo por las tropas gubernamentales), pero que luego palidecerían comparadas con lo ocurrido con los perseguidos políticos durante los gobiernos liberales de Barrios, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico.  Asimismo, la deuda incurrida con la casa extranjera sería una pequeña fracción de la enorme deuda que dejó el general José María Reina Barrios con los bancos ingleses al morir en 1898 tras el colapso del precio internacional del café y que obligaron a su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, a establecer una fuerte alianza con los Estados Unidos y evitar así una invasión inglesa para cobrar la deuda.  (Esa deuda la pagó el presidente Ubico el 30 de junio de 1944, luego de años de austeridad en el manejo de la cosa pública).


BIBLIGRAFIA:


10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

 

El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.


BIBLIOGRAFIA:


22 de noviembre de 1825: se crea la República Federal de Centro América

Mapa histórico de México y la República Federal de Centro América de 1829.  Mapa tomado de HISTORISCH-GENEALOGISCH-GEOGRAPHISCHER ATLAS von Le Sage Graf Las Cases. Karlsruhe. Bei Creuzbauer und Nöldeke.

La República Federal de Centro América se formó el 22 de noviembre de 1824, con el mismo territorio que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala (exceptuando a Chiapas que se quedó en México tras la efímera Anexión de Centroamérica a éste) y quedó compuesta por cinco estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El Estado de Guatemala específicamente fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho estado que emitió la constitución del mismo el 11 de octubre de 1825: “el estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y los forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior.”

La misma constitución de 1825 indicó cual era el territorio del estado, y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825. La Asamblea Constituyente dividió al territorio en siete departamentos de esta forma:

Artículo 1. El territorio del estado será dividido en los siete departamentos que siguen:

    • Verapaz, que comprenderá el antiguo partido de este nombre y todo el distrito del Petén.
    • Chiquimula, comprende todos los pueblos y valles del antiguo corregimiento de Chiquimula y Zacapa.
    • Guatemala y Escuintla: le forman todos los pueblos del partido de Escuintla y Guasacapán, la capital de Guatemala, las villas de Guadalupe y Nueva de Petapa, los pueblos de Mixco, Chinautla, Jocotenango, Pinula, San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja en la capital, San Miguel y Santa Inés Petapa, San Juan y San Cristóbal Amatitlán y la población de Palencia.
    • Sacatepéquez y Chimaltenango: le corresponden todos los pueblos de Sacatepéquez no comprendidos en el departamento de Guatemala y todos los del extinguido corregimiento de Chimaltenango.
    • Suchitepéquez y Sololá: forman este departamento los territorios pueblos de las alcaldías mayores de ambos partidos.
    • Quetzaltenango y Soconusco: son comprendidos en este departamento todos los pueblos del extinguido corregimiento de Quetzaltenango, y los del antiguo gobierno de Soconusco.
    • Totonicapán y Huehuetenango: los pueblos de este departamento serán los mismos que formaban antes los partidos de ambos nombres.

Las cabeceras y distritos de los departamentos fueron establecidas de esta forma:

Departamento Cabecera Distritos
Verapaz Cobán
  • Petén
  • Cahabón
  • Cobán
  • Tactic
  • Salamá
  • Rabinal
Chiquimula Chiquimula
  • Zacapa
  • Acasaguastlán
  • Sansaria
  • Esquipulas
  • Chiquimula
  • Jalapa
  • Mita
Guatemala-Escuintla Ciudad de Guatemala
  • Guatemala
  • Amatitlán
  • Escuintla
  • Mixtán
  • Jalpatagua
  • Guazacapán
  • Cuajiniquilapa
Sacatepéquez-Chimaltenango Antigua Guatemala
  • San Pedro Sacatepéquez
  • San Lucas Tejar
  • Chimaltenango
  • Jilotepeque
  • San Juan Sacatepéquez
  • Patzún
Sololá-Suchitepéquez Sololá
  • Joyabaj
  • Quiché
  • Sololá
  • Atitlán
  • Suchitepéquez
  • Cuyotenango
Totonicapán/Huehuetenango San Miguel Totonicapán
  • Totonicapán
  • Momostenango
  • Nebaj
  • Huehuetenango
  • Malacatán
  • Soloma
  • Jacaltenango
  • Cuilco
Quetzaltenango-Soconusco Quetzaltenango

BIBLIOGRAFIA:


 

23 de octubre de 1876: debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.

Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años.   Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país constitucionalmente a su sabor y antojo.


BIBLIOGRAFIA:

19 de octubre de 1851: la Asamblea Constituyente de Guatemala decreta el Acta Constitutiva de la República de Guatemala, hecha a la medida de los deseos del presidente Rafael Carrera

19octubre1851
Arzobispo Metropolitano Francisco de Paula Garcia Peláez: tomó el juramente a Carrera como presidente de la República basado en la constitución de 1851 en la cual, entre otras cosas, se comprometía a mantener la religion católica pura e inalterable. Retrato que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.

En el siglo XIX hubo dos grandes líderes indiscutibles en Guatemala: el conservador Rafael Carrera y el liberal J. Rufino Barrios.  Su poder fue tan absoluto, que hicieron que las Asambleas Constituyentes redactaran constituciones hechas a su medida, y gobernaron con ellas hasta su muerte: Carrera de 1851 a 1865 y Barrios de 1873 a 1885.

El 19 de octubre de 1851 fue el turno de Carrera.  El Acta Constitutiva promulgada en ese momento tiene algunas características que describimos a continuación:

Esta constitución tenia una amplia influencia de la Iglesia Católica y de hecho iniciaba con las siguientes palabras: “En el nombre de Dios Todopoderoso”

La definición de guatemalteco era:

  • Nacidos en la República o que se encontraban en ella al momento de la Independencia de España.
  • Nacidos de padres guatemaltecos en el extranjero
  • Los naturales de otros países centroamericanos
  • Los extranjeros naturalizados

La definición de ciudadano guatemalteco era:

  • Aquellos que tengan profesión, oficio o propiedad que les proporcione medios para subsistir con independencia.
  • Aquellos extranjeros que cumplan con los requisites anteriores y fueran nombrados para cargos públicos y los aceptaran.

Nótese que esta definición dejaba como ciudadanos prácticamente solo a los varones criollos y mestizos.

Se dejaba de ser ciudadano:

  • Al tomar las armas en contra de la República
  • Por condenación a pena corporal
  • Por conducta notoriamente viciada

El presidente de la República era electo cada cuatro años, por una Asamblea General copuesta de la Cámara de Representantes, del Arzobispo Metropolitano, de los individuos de la Corte de Justicia y de los vocales del Consejo de Estado y podia ser reelecto.

En otras palabras: los amigos de Rafael Carrera lo iban a reelegir cada cuatro años; de hecho, en 1854 lo nombraron presidente vitalicio.  No había voto popular para el presidente, solamente para los representantes y solamente los ciudadanos podían votar.

No había figura de vicepresidente, y en caso de falta absoluta del presidente se hacía cargo de la presidencia uno de los Ministros de Estado; por esta razón, cuando murió Carrera el 14 de abril de 1865, fue Pedro de Aycinena quien se hizo cargo de la presidencia, pues fungía como Ministro de Relaciones Exteriores.

El Consejo de Estado estaba formado por los Ministros de Estado y por ocho consejeros nombrados por la Cámara de Representantes.  Eran nombrados cada cuatro años y podían ser reelectos; ahora bien, podían ser requeridos en el Consejo de Estado por las siguientes autoridades:

  • El Presidente de la República
  • El Arzobispo Metropolitano
  • Los obispos que hubiera en la capital
  • Los gobernadores del arzobispado
  • el Regente de la Corte de Justicia
  • el Presidente del Cabildo Eclesiástico
  • el Rector de la Pontificia Universidad
  • el Prior del Consulado
  • el Presidente de la Sociedad Económica
  • el Comandante General de las Fuerzas Armadas

Se nota aquí el enorme control que tenía la Iglesia sobre los asuntos de Estado, en especial el clero secular dirigido por el Arzobispo.

En cuanto al congreso, éste quedó denominado como “Cámara de Representantes” y estaba compuesto por 55 miembros que podían ser reelectos.  En caso de alguna acusación en suc ontra, la Cámara misma decidía si procedía un juicio o no.

Los departamentos eran gobernados por los Corregidores y las Municipalidades.

Finalmente, se estipulaba que el Presidente de la República al tomar posesión iba a prestar juramento en manos del Arzobispo Metropolitano de la siguiente forma:

  • ¿Prometéis conserver la integridad e independencia de la República, y gobernar al pueblo según las disposiciones del Acta Constitutiva, las leyes vigentes y costumbres de Guatemala?
  • ¿Prometéis emplear todo el poder que la Nación os ha conferido, para que las leyes sean observadas y administrada la justicia?
  • ¿Prometéis mantener con todo vuestro poder las leyes de Dios, y hacer que la religion católica se conserve pura e inalterable, y proteger a sus ministros?

Nuevamente el poder católico se hacía evidente.

Esta constitución estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1871.


BIBLIOGRAFIA: