24 de marzo de 1838: conferencias de Mataquescuintla entre el gobierno federal y las fuerzas campesinas de Rafael Carrera

24marzo1838
El poblado de Mataquescuintla, visto desde Miramundo y Pino Dulce.  En el recuadro:  el comandante campesino Rafael Carrera y el líder criollo liberal José Francisco Barrundia.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego del derrocamiento del gobierno del Dr. Mariano Gálvez, las fuerzas campesinas comandadas por “el indioRafael Carrera (como le llamaban los criollos locales), no depusieron las armas y el gobierno de Francisco Morazán encomendó a José Francisco Barrundia, quien había pactado anteriormente con Carrera para derrocar a Gálvez, para que conferenciara con el líder campesino y lo convenciera a entregarlas.  La reunión ocurrió en el campamento de las fuerzas rebeldes en Mataquescuintla y el mismo Barrundia mandó un informe a Morazán tras el fracaso de la misma, el cual reproducimos a continuación, con algunas notas de nuestra autoría para aclarar algunos puntos:

“Ciudadano presidente de la República.

“Los comisionados para la pacificación de las fuerzas de Carrera debemos informar a Ud. brevemente todo lo ocurrido en el desempeño de nuestro encargo.”

“Llegamos el mismo día de nuestra salida, que fue el 24 a la plaza de Mataquescuintla después de medio día.  Se nos presentaron cuatro encargados del comandante Carrera para conferenciar.  Nosotros exigíamos que llegase él mismo como lo había ofrecido antes para el punto de Cruz-Alta.  Más habiéndolo rehusado tratamos ligeramente con sus encargados de nuestro asunto; y desde luego encontramos la mayor resistencia al punto principal de entregar las armas. A teimpo que sus encargados iban a llamarle, le vimos a la puerta rodeado de su fuerza militar.  Se le instó a que entrase y rehusó con aspereza habiendo empezado allí mismo una contienda con nosotros de reproches a la conducta del Gobierno de Guatemala, y del Presidente que nosotros contestamos a la vista de toda la tropa, y aún tomando parte en ella algunos de sus soldados. Él manifestó que no tenía ya que hacer en nuestro negocio puesto que ya habíamos hablado con sus encargados y que jamás podría convenirse, y era un agravio proponérselo, que entregara las armas, manifestando la mayor desconfianza y desabrimiento.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  en Guatemala los criollos y la élite económica no está acostumbrada a que un indígena o mestizo le hable de tú a tú y mucho menos que se oponga a sus designios.  Esta actitud prepotente de Carrera frente a los enviados criollos de Morazán los desarmó por completo.)

“Como esta entrevista en cierta manera tumultuaria entre la mismo tropa no ofrecía, regularidad, sino más bien malos resultados, instamos a Carrera para que se presentase el día siguiente a terminar este negocio y nos lo ofreció formarlmente a pesar de la ligereza con que lo trataba. En esta noche fuimos inquietados por el incendio de dos casas que consideramos verificado a propósito por algún mal designio, pues no podía ser accidental, no hallándose persona alguna en todo el pueblo.  Mas no hubo resultado alguno.”

“A la mañana siguiente, a las 9 remitimos una nota a Carrera llamándole a la conferencia.  Se presentó cerca del medio día en la plaza con una fuerza como de 300 hombres.  Entró a conferenciar rodeado de sus jefes y a presencia de toda su fuerza que escuchaba a puerta abierta desde afuera.  Los princiaples motivos de su obstinación para la entrega de las armas, eran o se descubrían en una suma desconfianza del Gobierno, no hallándose suficientes las garantía posibles para desvanecerla. Decían que el Gobierno de Guatemala no había cambiado en nada en cuanto a las vejaciones y mala fé que siempre lo animaron.  Preguntaron cual era el origen de la agresión que suponía de nuestras tropas. Y desconocía en cierta manera la obediencia que se debe al Gobierno y a la necesidad de que este regularice todas las fuerzas y disponga de ellas conforme a las leyes y según convenga al orden público.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  en otras palabras, a Carrera no le importaban las leyes del gobierno de Morazán ni del Estado de Guatemala, porque no confiaba en ellos ya que consideraba que el gobierno no había hecho nada por los campesinos tras el derrocamiento de Gálvez).

“Él y sus jefes reprochaban las leyes de libertad de comercio; de libertad de concienca y todo el espíritu de nuestras instituciones, afectando el de religión hasta un exceso de fanatismo.  La comisión se ocupaba en desvanecer sus falsas nociones, en inspirarle confianza en los prinicpios libres de nuestra legislación y en el Gobierno actual, tanto del Estado como de la República.  Mas conocíamos la dificultad de safisfacer sus desos y los nuestros, oponiéndose a todo por falta de principios y la irregularidad de sus miras, principalmnete en una conferencia tumulturaria y del momento. La simple idea de distinguir entre la administración pasada que había violado todos sus derechos y la actual que los respetaba, no podía inspirárseles ni satisfacérseles.”

(Nota de HoyHistoriaGT: en Guatemala las élites políticas están acostumbradas a que la población inculta del área rural de la República acepte sus complejas leyes y reglamentos sin analizarlos, y nunca se habían encontrado con un líder campesino que los retara y les expusiera las graves fallas de dichas leyes.  Nuevamente, la comisión de Morazán quedó desarmada).

“En estas circunstancias ellos han presentado unas proposiciones que adjuntamos a esta nota. Se advierte en ellas claramente la influencia de alguna personalidad muy superior a las luces cortísimas y simplicidad de estas masas con designios tal vez muy siniestros. Nosotros recibimos en este acto la nota del Presidente acompañándonos la muy safistactoria de Chiquimula en contra de los planes y pretensiones de Carrera para contraerse aquel departamento; pero no quisimos hacer uso de ella por la exaltación desagradable con que eran recibidas todas nuestras manifestaciones sobre los recursos y superioridad del poder del Gobierno, a la vista de una masa armada y conferenciando con nosotros mismos sobre asuntos tan delicados. Nuestra posición era, por tanto, sumamente crítica y expuesta.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  por un lado, Barrundia no quería creer que fuera Carrera, a quien consideraba como un indígena analfabeto, el que hubiera tenido la idea de las contra-proposiciones que le presentaron a la comisión del gobierno y, por otro, no se atrevió a intentar sobornarlo con la gobernación de Chiquimula que le había autorizado Morazán al ver la determinación del general campesino.  Finalmente, maniesta que él y los otros representantes estaban aterrorizado durante las conferencias).

“Entre tanto, el comandante Carrera se separó a hablar conmigo aparte: ocurrió el cura Aqueche y juntos tratamos de otro nuevo medio de conciliación.  Este consistía en los artículos siguientes:

“Primero: que las armas se reuniesen y almacenasen en Mataquescuintla con una guarnición de 50 hombres de aquella misma tropa, que no pasaría nunca de este número.”

“Segundo: que cuando se ofreciese perseguir a aquellas partidas o ladrones que inquietasen a los pueblos, no saldría fuerza alguna a verificarlo sin permiso del gobierno.”

“Tercero: que el mismo cura Aqueche respondía de la inviolabilidad de este arreglo yse hacía él mismo un guarda almacén o depositario de las armas.”

“Cuarto: que desde el momento que tuviesen ya los pueblos un obispo americano, una rebaja suficiente de contribuciones y una administración interior de confianza, pondrían estas armas a disposición del Gobierno.” (Nota de HoyHistoriaGT: este es el punto medular del conflicto entre Carrera y los criollos liberales:  los ataques contra al religión Católica y la desproporcionada carga tributaria impuesta a los campesinos).

“Ofrecimos presentar estas propuestas, junto con las que hemos acompañado para que el Presidente se informase y en vista de todo resolviese lo conveniente.”

“Nosotros consideramos muy difícil la subsistencia de cualquier convenio, y mucho menos la coordinación de ideas o de un sistema político entre masas agitadas a la vez por el fanatismo, por los males aun existentes de una persecución a muerte que acaban de sufrir y por las falsas ideas que se les han infundido sobre nuestra legislación.  Al mismo tiempo que habituadas ya a una vida salvaje y dura y al solo ejercicio de las armas, sus tendencias no pueden ser ya a los trabajos del campo ni a la vida regular de la sociedad.  Y este espíritu se manifiesta más altamente en el carácter de su jefe Carrera, que es intrépido, independiente y resulto al paso que decidido y propenso a la vida inculta y militar a la que se halla habituado.  De suerte que ni el interés ni los empleos pueden obrar en su corazón sobre los halagos de esta independencia salvaje y de la ambición de superioridad sobre los muchos pueblos que ya le rodean y le presentan sus masas.  Con tristados por este choque que parece indefectible entre la parte civilizada y las masas incultas de la nación (pues que va extendiéndose a todos los Estados de la República) hacemos esta exposición al Presidente para que medite la gran dificultad e interés de este negocio que descarga sobre sus hombros, y con el fin de que exista este documento interesante del primer paso que ha dado para su arreglo; el cual va a abrir una campaña acaso muy dilatada y de resultados más extensos de los que pueden alcanzarse actualmente en nuestra posición política.”

“Ofrecemos, pues, al Presidente de la República todas nuestras consideraciones y respetos, siendo sus afectísimos servidos que B.S.M.”

  • José Francisco Barrundia
  • José María Castilla
  • Matías Quiñónez
  • Basilio Zeceña

Aquellos criollos liberales tenían razón: no se logró ningun acuerdo y Morazán y Carrera llegaron al punto al que tenían que llegar: la confrontación directa que se dió en la Ciudad de Guatemala del 17 al 19 de marzo de 1840, resultando en la aplastante derrota de Morazán y el desmembramiento absoluto de la República Federal.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

 

 

23 de febrero de 1863: las fuerzas salvadoreñas derrotan al ejército de Rafael Carrera en Coatepeque, El Salvador

23febrero1863
Batalla de Coatepeque, tal y como fue esculpida en el Monumento a Gerardo Barrios en El Salvador.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego de la batalla de La Arada el gobierno de Guatemala vivió tranquilamente, pues sus vecinos centroamericanos quedaron bajo su control, mientras que México estaba hundido en graves guerras civiles.  Pero hacia el final de la vida del general Rafael Carrera, el presidente Gerardo Barrios intentó deponer al fuerte gobierno conservador católico que se había establecido en Guatemala.

En 1863, el partido de los criollos liberales estaba decidido a acabar con el partido conservador en Nicaragua y, sobre todo, el aborrecido gobierno conservador de Carrera en Guatemala. Poco antes, el líder liberal Máximo Jerez había propuesto en Nicaragua que se hiciera una nueva república federal y que se le diera la presidencia de la misma a Carrera, estableciendo la capital nuevamente en la Ciudad de Guatemala.  Esto no fue del agrado de los liberales de los otros estados quienes soñaban con una Federación, pero sin los “cachurecos” (es decir, los conservadores guatemaltecos y sus aliados, los miembros del clero).  Entre aquellos destacaba el general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador, quien atacó duramente la propuesta de Jerez, llegando a romper relaciones diplomáticas con los estados centroamericanos.

Carrera tomó aquello como una afrenta y dirigió a su ejército a la frontera con El Salvador e invadió Santa Ana.  De esta cuenta, a principios de febrero, el gobierno de Gerardo Barrios lanzó una dura proclama en contra del gobierno cachureco fanático de Carrera, diciendo que éste gobernaba con el rosario en la boca y la espada sangrienta en la mano y que era indispensable derrocar aquel “tirano”.  Y entonces, en respuesta, el 2 de febrero de 1863, al conmemorar el décimo segundo aniversario de la Batalla de La Arada, Carrera pasó revista a sus tropas en la calle frente al templo de San José en la Ciudad de Guatemala, y el 5 partió al frente de las mismas hacia Jutiapa, a donde llegó el 9 de febrero.

El 15 de febrero, estaban ya las tropas listas, desde Guatemala, Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa, comandadas, entre otros, por el general Serapio Cruz (“Tata Lapo”) y el también general José Víctor Zavala; solamente faltaba el destacamente de Chiquimula, comandado por el general Vicente Cerna.  El 16, fuerzas compuestas por quinientos hombres salieron para Ahuchapán y la tomaron ese mismo día, mientras que por la tarde, salió Zavala con los batallones de la capital y de Santa Rosa, para que, finalmente, al día siguiente saliera Carrera con el resto de las fuerzas guatemaltecas.

Aquello significó la declaratoria de guerra y las fuerzas de Carrera, en total de seis mil hombres, ocuparon Chalchuapa. Ya con Ahuachpán tomada, los guatemaltecos avanzaron hacia Santa Ana, en donde los salvadoreños abandonaron la plaza y salieron a atrincherarse a Coatepeque, desde donde atacaron a la retaguardia del ejéricto de Carrera que hacía un reconocimiento del terreno antes de la batalla.

Al día siguiente, 23 de febrero, a pesar de iniciar con ímpetu desde las cinco de la mañana, las fuerzas guatemaltecas no pudieron someter a Coatepeque, en donde comandaban la batalla Gerardo Barrios y Máximo Jerez, y los salvadoreños, disfrutando de un mejor posición, hicieron estragos entre los atacantes. Debido a la escacez de agua y el calor sofocante, los guatemaltecos tuvieron que emprender la retirada, dejando casi mil muertos y sufriendo una gran cantidad de deserciones.

Al día siguiente, ya con el resto de sus fuerzas reorganizadas, Carrera intentó un nuevo ataque, pero nuevamente fue repelido por los salvadoreños, pero de tal forma, que el ejército guatemalteco huyó en desbandada y Carrera tuvo que ordenar la retirada.  Los salvadoreños, no obstante el brillante triunfo, quedaron tan maltrechos, que no pudieron avanzar sobre la retaguardia y dejaron que se fueran los invasores.

Carrera regresó a la ciudad de Guatemala el 5 de marzo al frente de dos mil quinientos hombres, y fue recibido como que si hubiera derrotado al enemigo.  ¡Era tal el servilismo que imperaba!  Después de dos días de ausentarse de sus obligaciones como presidente por estar indispuesto, Carrera retomó su funciones y empezó a planificar su revancha, que a la larga se cumplió en forma absoluta: Barrios, vencido, tuvo que salir huyendo de su propio país, para caer luego en manos de sus enemigos, que lo ejecutaron sin piedad.  Y Máximo Jerez, que había ayudado a Barrios enormemente en la campaña de Coatepeque, evalentonado por la victoria sobre Carrera se fue a Nicaragua para acabar con los conservadores de esa región, pero solo alcanzó una terrible derrota tras la cual fue exiliado a Costa Rica.


BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (22 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 22 de febrero de 1863, Acción de Coatepeque”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

4 de febrero de 1976: catastrófico terremoto asola a Guatemala, causando veintitres mil muertos y setentisiete mil heridos

4febrero1976
Derrumbe de una  residencia a la orilla de un barranco en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.  En el recuadro: una vivienda de adobe derrumbada en el Centro Histórico de la ciiudad.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 4 de febrero de 1976 a las 3:03:33 am, un poderoso terremoto azotó a Guatemala. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 km², y comprendía a varios departamentos del país. Al igual que como ocurrió durantes los terremotos de 1917-18, aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta un metro de ancho; también la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando poblados enteros y vías de acceso. Numerosos derrumbes en los taludes de relleno y en los taludes de corte en las carreteras​ dejaron numerosas comunidades incomunicadas, especialmente en la carretera al Atlántico, la carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala y la carretera CA-I entre Patzún y Panajachel. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras.

El sismo dañó prácticamente a todo el país, aunque los lugares más afectados fueron:

  • Chimaltenango: fue el departamento más afectado, registrando la mayoría de decesos.
    • San Martín Jilotepeque: quedó completamente en ruinas y únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central.​
    • Carretera CA-I (carretera Interamericana): sufrió severos daños entre Patzicía, Patzún, Godínez y Panajachel. En el punto intermedio entre Godínez y Patzún, en el lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de tal magnitud que sepultó a varias casas con todo y sus habitantes.
    • Mixco Viejo: estas ruinas precolombinas sufrieron serios daños estructurales.
  • Departamento de Guatemala:
    • Ciudad de Guatemala: la ciudad y sus alrededores sufrieron graves daños, debido a la sobrepoblación y a lo precario de las viviendas, a pesar de estar lejos del epicentro del terremoto. La periferia de la ciudad quedó más destruida que el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. Al igual y como ocurrió con los terremotos de 1917-18 los templos católicos resultaron seriamente afectados: en la Catedral Metropolitana colapsó la cúpula elíptica que tenía,​ la Iglesia la Recolección y la Ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. Los centros de salud se quedaron pronto sin medicinas de primeros auxilios y sin alimentos, pues el sismo cortó el suministro de agua potable​ y los alimentos se agotaron rápidamente pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles ya que hasta los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones​ y se percibía el olor nauseabundo que provenía de desagües rotos.
    • San Juan Sacatepéquez, la municipalidad se derrumbó parcialmente.
    • Mixco: la estación de policía quedó inhabitable pero continuó operando; los agentes de la policía en las primeras horas que siguieron al terremoto encontraron ciento cincuenta muertos y doscientos heridos. Ante la gravedad de la situación y que la estructura del recinto estaba colapsada, el juez de la localidad autorizó a que los detenidos que tuvieran faltas leves fueran liberados.
  • El Progreso:
    • Carretera al Atlántico, la principal vía de comunicación del país, sufrió daños principalmente entre el kilómetro cero en el palacio Nacional y el kilómetro 80 -en El Rancho de San Agustín dejando incomunicados a Sanarate, Guastatoya y los poblados intermedios con la ciudad de Guatemala.​
  • Sacatepéquez :
    • Antigua Guatemala: el Palacio de los Capitanes Generales (que había sido reconstruido a finales de la década de 1880) resistió el temblor con algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. También hubo destrozos en la Parroquia de San José Catedral, el palacio del Ayuntamiento, las iglesias del Carmen, La Compañía de Jesús(que entonces albergaba un mercado), San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico.
    • La carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada.
  • Izabal:
    • Puerto Barrios: las instalaciones de la portuaria quedaron seriamente dañadas
    • Los Amates: varias estelas mayas de Quiriguá se cayeron.

Aunque inicialmente el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García reportó que las pérdidas de vidas humanas eran mínimas para calmar a la población, a medida que se recuperaban los cuerpos de las víctimas la verdadera magnitud del desastre quedaba al descubierto. El gobierno tuvo que enterrar a numerosas víctimas como XX en fosas comunes, debido a la enorme cantidad de muertos y era la única forma de evitar una epidemia. El resultado final, indicó que hubo veintitrés mil personas fallecidas, setentisiete mil gravemente heridas, mientras que alrededor de doscientos cincuenta y ocho mil casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas desplazadas. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en 1917-18, no hubo un sismo inicial que advirtiera a la población y muchos murieron soterrados por sus propias viviendas; los sobrevivientes armaron albergues temporales en las calles junto a paredes inestables, que cedieron con las fuertes réplicas del sismo, provocando aún más víctimas mortales, cuando les cayeron paredes de edificios dañados. Después de eso las personas movieron sus albergues al centro de las calles, a parques o al primer terreno baldío que pudieron encontrar.

El riesgo de una epidemia de fiebre tifoidea se logró evitar porque cuando se suspendió el servicio de agua potable, el gobierno emitió boletines radiales de información sobre como prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratamiento.​ Tampoco hubo un incremento en problemas psicosomáticos entre los sobrevivientes, a pesar de la experiencia traumática que padecieron. Los problemas que sí hubo fueron: diarrea, problemas pulmonares y oculares, estos últimos por la cantidad de polvo que se levantó de los escombros debido a las frecuentes réplicas.

El pillaje también se desató, y ante la falta de elementos de seguridad pues éstos estaban ocupados con las labores de ayuda, se organizaron patrullas civiles para evitarlo;. Los miembros de las patrullas eran vecinos voluntarios que estaban armados como podían y no llevaban a los capturados a las autoridades sino que ellos mismos se encargaban de escarmentarlos.

A diferencia del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera que fue totalmente inepto para afrontar la catástrofe de 1917-18, el gobierno del general Laugerud García afrontó la situación eficientemente y recuperó al país en cuestión de dos años.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


1 de febrero de 1897: se sofoca la primera revolución armada contra el gobierno del general José María Reina Barrios

1febrero1897
Palacio de “La Reforma”, construido en donde ahora se encuentra el Obelisco a los Próceres.  Fue una de las obras por las que el gobierno del general José María Reina Barrios fue acusado de despilfarro por sus detractores.  En el recuadro: el general Reina Barrios, en la primera instantánea tomada en Guatemala.  Fotografía de Alberto G. Valdeavellano, tomadas de La Ilustración Guatemalteca.

El 2 de febrero se publicó la siguiente noticia en el periódico oficial “El Guatemalteco“:

“El 28 de enero próximo pasado, fué invadido el territorio de esta República por una falange revolucionaria que se componía de más de 150 hombres, armados con Remington, Winchester y algunos rifles Lebel.”

“Tan pronto como el gobierno tuvo noticia de los sucesos relacionados dictó todas las mediadas necesarias para levantar fuerzas suficientes a efecto de perseguir y destruir a los que en mala hora han tratado de trastornar el orden y la paz de que ha venido disfrutando la República.  Y el 1 del corriente el capitán Calderón, al mando de 100 hombres, logró dar alcance a los revolucionarios en el lugar llamado Granadías, e inmediatamente se empeñó en reñido combate, del que resultó la completa derrota de la falange revolucionaria y la captura de los jefes principales: Tadeo Trabanino, Braulio Martínez, Juan Vargas y Anselmo Fajardo.  Estos fueronjuzgados y pasados por las armas el mismo dí: los demás prisioneros se juzgan actualmente en la cabecera del departamento de Chiquimula.  Se tiene noticia de que el resto de los facciosos ha logrado escapar cruzando la frontera salvadoreña.”

Aquella fue la primera revuelta contra el gobierno del general José María Reina Barrios, quien había sido muy progresista e innovador, preocupado por la infraestructura del país, la construcción del Ferrocarril del Norte y la realización de una Exposición Centroamericana para presentar a Guatemala como un favorable destino para inversiones con su nuevo Ferrocarril Interoceánico.  Pero a finales de 1896, todo se le juntó al presidente provocando que se convirtiera en un tirano: el colapso económico de la caída del precio del café y la aguda crítica de los aspirantes a la presidencia en las elecciones de 1897 (entre quienes estaban su exministro de la Guerra Próspero Morales, su primo, el general Daniel Fuentes Barrios, y el licenciado José León Castillo), en contra del despilfarro del gobierno.

El año 1897 se inició con aquella revuelta que fue fácilmente vencida, pero cuando Reina Barrios disolvió la Asamblea y se perpetuó en el poder, se produjeron otras dos revoluciones simultáneas: la Revolución Quetzalteca y la Revolución Castillista en Oriente, las cuales también fueron sofocadas, aunque con mucha mayor dificultad.  Eventualmente, la situación se hizo insostenible y el presidente fue asesinado el 8 de febrero de 1898, siendo sustituido ni por Morales ni por Castillo que tanto lo combatieron, sino por el primer designado a la presidencia, su ex-ministro de Gobernación y Justicia, el licenciado Manuel Estrada Cabrera.


BIBLIOGRAFIA:

  • La Ilustración Guatemalteca (15 de febrero de 1897). «Ecos de la Prensa»La Ilustración Guatemalteca (Guatemala) 1 (14): 216.

26 de enero de 1838: en medio de la guerra civil contra el gobierno liberal de Mariano Gálvez, se subleva la guarnición de “La Concordia” en la Ciudad de Guatemala

26enero1838
El antiguo Calvario, situado en el entonces extremo sur de la Ciudad de Guatemala; por esa área ingresaron tropas provenientes de Antigua Guatemala para reprimir la sublevación del Batallón “La Concordia”.  En el recuadro: el jefe de estado, doctor Mariano Gálvez.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del del Jefe del Estado de Guatemala, doctor Mariano Gálvez, colapsó gradualmente debido a sus fallidas políticas económicas y sociales.  En primer lugar restituyó el impuesto individual a los indígenas, que había existido en la época colonial, y que los dejó práticamente en la miseria; luego, se asoció con los ingleses, a quienes los curas párrocos se encargaron de difamar diciéndole a los indígenas de sus parroquias que eran herejes y que el gobierno también. Y, por último, impuso leyes laices inspiradas en el código de Livingston, que se había establecido con éxito en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, pero que no se pudo aplicar en Guatemala, ya que los conceptos de juicios con jurados, matrimonio laico y divorcio eran ajenos a la idiosincracia nacional.

Acostumbrados s soportar vejámenes e injusticias desde la conquista, los pobladores indígenas no protestaron por todo esto, pero como no estaban para nada conformes, un grupo se alzó en armas en Mataquescuintla cuando el gobierno les prohibió acceder a sus fuentes de agua como medida de prevención sanitaria contra la epidemia de cólera morbus a mediados de mayo de 1837.  Se regó el rumor de que era el mismo gobierno el que estaba envenando las fuentes de agua y el descontento estalló en una rebelión armada.

Inicialmente, las fuerzas gubernamentales prevalecieron en Mataquescuintla el 15 de junio de 1837, derrotando a los sublevados dirigidos por el entonces desconocido Rafael Carrera, pero se extralimitaron tras someter a los alzados, cometiendo contra ellos todo tipo de vejámenes, dando como resultado que ya no se pudiera resolver la situación por la vía pacífica.

A partir de ese momento, el gobierno del doctor Gálvez empezó a desmoronarse. El 16 de junio de ese año se reunió en una sesión extraordinaria la Asamblea Legislativa, y durante esa agitada jornada se formaron los partidos “Ministerial” y “Opositor” los cuales se enfrentaron violentamente en los siguientes meses. Como no podían ponerse de acuerdo, y la amenaza de la rebelión aumentaba entre los campesinos, Gálvez dió cabida en su gabinete a dos miembros del partido Opositor, Juan José de Aycinena y Marcial Zebadúa, para intentar calmar los ánimos, pero luego de solo un mes, tuvo que pedirles la renuncia y sustituirlos por un Ministro Imparcial el 13 de diciembre, debido a la gran cantidad de insultos que los mencionados ministros recibieron en la prensa local.  Aquel ministerio también duró poco, y el gobierno quedó prácticamente desmantelado, con el partido Opositor y los campesinos alzados exigiendo la salida de Gálvez.

Y la situación empeoró aún más.  El 13 de enero el gobierno tuvo que declarar a los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez en estado de rebelión lo que mantuvo a todos los poblados bajo el régimen militar y sin ninguna garantía constitucional; como respuesta, la ciudad de Antigua Guatemala desconoció al Jefe del Estado y nombró a un gobierno provisorio el 18 de ese mes, seguida de Chiquimula el 25 y de Salamá el 30.  Esto, aunado a la rebelión campesina, dejó a todo el estado sumido en la anarquía.

El 26 de enero, el batallón “La Concordia” se alzó en armas contra las autoridades del estado exigiendo que se restituyera el Ministerio Imparcial y que se mantuviera al doctor Gálvez en la jefatura del Estado, contra los deseos de los Opositores. Aquel alzamiento no hizo más provocar el ataque a la ciudad de Guatemala por parte de las fuerzas de Antigua Guatemala, que la invadieron entrando por el Calvario en la noche del 29 al 30 de enero.  Tras una batalla que se prolongó por cuatro días, los soldados de “La Concordia” se rindieron, y con ello terminó el gobierno de Gálvez quien renunció dejando el poder en manos del vice-jefe de Estado, Pedro Valenzuela, en una situación por demás precaria.


BIBLIOGRAFIA:


28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.


BIBLIOGRAFIA:


9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

 

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


6 de julio de 1853: el general Vicente Cerna aplasta a los invasores liberales hondureños y guatemaltecos que habían invadido el departamento de Chiquimula bajo las ordenes de Trinidad Cabañas

6julio1853

Tras el retorno del capitán general Rafael Carrera de su breve exilio en México, los criollos liberales guatemaltecos huyeron a Honduras y El Salvador desde donde intentaron retomar el poder.  Incluso después de la derrota aplastante que sufrieron en la Batalla de La Arada en 1851 insistieron, y así en 1853 el departamento de Chiquimula fue invadido por algunos liberales guatemaltecos y por el ejército hondureño comandado por el presidente de Honduras, Trinidad Cabañas.  (En ese tiempo, el ministro plenipotenciario de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos era el líder criollo liberal guatemalteco José Francisco Barrundia).

Al enterarse, el presidente Carrera dio una proclama con el fin de levantar el espíritu popular y el 6 de julio firmo un decreto en el que llama a las armas a todos los habitantes de la República, junto con su Ministro Pedro de Aycinena.  El decreto dice así:

RAFAEL CARRERA

CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ETC., ETC., ETC.

ATENDIENDO

A que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuerzas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabañas y dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la mira de sujetarla y privarla de su independencia, satisfaciendo al mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos personales; y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y seguridad de los pueblos, adoptando al efecto las medidas convenientes,

ORDENO Y MANDO:

  1. Todo habitante de la República, segun su condición y circunstancias, prestará al Gobierno sus servicios, tan luego como fuere requerido, por autoridad competente, a fin de repeler al enemigo exterior y mantener el orden interior.  Cualquiera negativa o resistencia al cumplimiento de este deber, dará lugar a que se imponga la pena que corresponda, segun la gravedad del caso, por la autoridad militar que ejercen en cada departamento los comandantes y jefes de las fuerzas, a quienes se encomienda el cumplimiento de estas disposiciones.
  2. Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, o le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente conforme a ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las armas como traidor, siendo responsables los expresados comandantes de cualquier acto de tolerancia.
  3. Los tribunales, jueces, corregidores y demás agentes de la autoridad, reprimirán severamente con el mayor celo y actividad a los que se ocupen de esparcir papeles, falsos rumores, o cualquiera especie maliciosa; en el concepto de que también serán responsables de cualquier abandono, tolerancia o descuido en el particular.
  4. Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el Estado de Honduras, mientras exista su actual Gobierno y no se satisfaga a Guatemala por la ofensa que se le ha inferido.  En consecuencia, no se consentirá en adelante por las autoridades fronterizas, ni por otra alguna, que vayan o vengan pasajeros, ni se hagan introducciones o extracciones de efectos de comercio, y productos naturales; en el concepto de que transcurrido el término que el Gobierno fijará en una disposición separada, serán destruidos todos los frutos o efectos que se importen de Honduras, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar contra los contraventores.

Publíquese en la forma acostumbrada en esta capital, en las cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, a fin de que llegue a noticia de todos y no se alegue ignorancia.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, a 6 de julio de 1853.

  • Rafael Carrera
  • El Ministro de lo interior, encargado del despacho de la guerra, Pedro de Aycinena

Ese mismo día el entonces general Vicente Cerna atacó las fuerzas invasoras a las 8 de la mañana  y tras dos horas y media de fieros combates en los que se llego al uso de las bayonetas, se impuso a Cabañas, quien tuvo que retirarse y pedir a los gobiernos de El Salvador y Nicaragua para que mediaran en el asunto.

Como dice el ideólogo liberal Lorenzo Montúfar en el volúmen 5 de su “Reseña Histórica de Centro-América”: “Varios encuentros entre las tropas de Carrera y Cabañas fueron siempre funestos para este Jefe.  El General Cabañas, siempre liberal, siempre intrépido y valiente, no tuvo la calma que era indispensable para no exponer en aquellas circunstancias a su patria y a su partido. En mejores días la causa liberal defendida por él habría podido triunfar; en aquellos momomentos Cabañas era preciso que sucumbiera”.


BIBLIOGRAFIA:


10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

10mayo1952
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia“, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.


BIBLIOGRAFIA: