22 de septiembre de 1826: tras el golpe de estado contra Juan Barrundia, en San Martín Xilotepeque la Asamblea crea las milicias de “Voluntarios Defensores de la Constitución”

22septiembre1826
La Hoja Suelta en que el derrocado Vice jefe de Estado intento establecer las milicias de Voluntarios de Defensores de la Constitución. Imagen tomada de la Universidad de Rice, Estados Unidos.

La Asamblea del Estado de Guatemala inició su primera serie de sesiones ordinarias el 1 de febrero de 1826 dominada por diputados liberales, y para el 20 de julio de ese año emitieron el primer decreto que afectaba los intereses de las órdenes monásticas y criollos conservadores: prohibieron que a los conventos ingresaran menores de 23 años y que profesaran menores de 25 años.

Este cambio en la hasta entonces altamente rentable carrera eclesiástica no sentó bien a los criollos conservadores ni a las autoridades eclesiásticas, quienes se aliaron a las autoridades federales y consiguieron que el senado federal fuera disuelto con la renuncia de dos de sus miembros el 2 de septiembre. Ya con el presidente federal erigido en dictador, consiguieron hacer prisionero al jefe de Estado Juan Barrundia y desarmar a las guardas cívicas del Estado.

Guatemala entró así a la Guerra Civil Centroamericana que enfrentó al presidente Manuel José Arce y Fagoaga y los criollos aristócratas guatemaltecos (ahora gobernados por Mariano de Aycinena como jefe Estado) contra los criollos liberales del resto de las provincias.

En Guatemala, los liberales de la Asamblea se reagruparon en San Martín Xilotepeque y emitieron el siguiente decreto, tratando inútilmente de iniciar una rebelión contra las autoridades conservadoras:

Ministerio Gral. del Gobierno del Estado de Guatemala
Departamento de Guerra.

El Vice Jefe del Estado se ha servido dirigirme el decreto siguiente:

DECRETO

El Vice-Jefe del Estado de Guatemala.

Por cuanto la Asamblea legislativa tubo à bien decretar y el Consejo Representativo sancionar lo siguiente.

La Asamblea legislativa del Estado de Guatemala, teniendo en consideración
las críticas sircustancias en que se haya el mismo Estado: amenazada su existencia politica por la autoridad ejecutiva de la república, y siendo un deber del cuerpo Legislativo dictar todas las resoluciones
convenientes a fin de reponer las cosas al Estado constitucional, ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Se levantarán milicias en el Estado, con la denominación de “Voluntarios Defensores de la Constitucion”.
  2. Podrán alistarse en las milicias de voluntarios, los individuos de la cívica, y activa, y a estos últimos se les computará triple el tiempo que sirviesen como voluntarios.
  3. Los alistamientos serán por el término de tres meses, a menos que antes se haya asegurado la independencia y fueros del Estado, pues en este caso se retirarán los voluntarios que no quieran continuar en la milicia activa.
  4. Quedan exceptuados del primer sorteo para la milicia activa todos los Ciudadanos que sean alistados en la voluntaria.
  5. El Gobierno formará un reglamento para la organización de los cuerpos voluntarios defensores de la Constitución, y dictará las medidas necesarias para su arreglo y disciplina.

Comuniquese al consejo Representativo para su sanción.

Dado en la Villa de San Martin Xilotepeque à dies y ocho de Septiembre de mil ochosientos veinte y seis.

  • Nicolás Espinosa, Diputado Presidente
  • Eusebio Arzuate, Diputado secretario
  • José Mariano Vidaurre, Diputado secretario.

Sala del consejo representativo de Guatemala en la Villa de San Martín a veinte y dos de Septiembre de mil ochocientos veinte y seis.

  • Al Vice Jefe del Estado
  • José Maria Santa Cruz, Vice presidente
  • Miguel de Talavera
  • Mariano Zenteno
  • José Bernardo Escobar, Secretario.

Y habriendo dispuesto el Vice Jefe del Estado se imprima, publique, y circule, de su orden lo comunico a Ud. acompañándole suficiente número de ejemplares al efecto.

Dios, Unión, Libertad. Villa de San Martín Xilotepeque, Septiembre 22 de 1826.

  • Castillo.

Los liberales no lograron derrocar a las autoridades conservadoras sino hasta que Francisco Morazán invadió a Guatemala e hizo prisioneros a los Aycinena el 14 de abril de 1829.


BIBLIOGRAFIA:


 

16 de septiembre de 1845: la Asamblea Legislativa convocada por el Convenio de la Villa de Guadalupe decreta la constitución para Guatemala, aunque esta nunca sería sancionada

16septiembre1845
Una excursion a la Villa de Guadalupe a finales del siglo XIX.  Imagen tomada de “El Porvenir de Centro-América

Los primeros trece años del gobierno conservador de 30 años, es decir, el período comprendido entre 1838 y 1851 fue uno de los más inestables, turbulentos y sangrientos de la historia de Guatemala. Si bien los criollos liberales habían sido derrotados y expulsados a Honduras y El Salvador, éstos estuvieron intentando recupear el poder mediante invasiones y pagando mercenarios y forajidos dentro de Guatemala para destabilizer a los gobiernos de Mariano Rivera Paz y de Rafael Carrera.

El período fue tan inestable, que los gobiernos no tuvieron una constitución formal; en primer lugar, porque no se sabía si el Estado de Guatemala seguía siendo parte de la República Federal de Centro América. En Segundo lugar, ya cuando se estableció formalmente como Estado Independiente en 1844, las pugnas entre el general Rafael Carrera y las autoridades eclesiásticas mantuvieron la situación tensa. Finalmente, después de establecer la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847, la constante amenaza de invasión no permitió que una Asamblea constituyente presentara un documento formal hasta que finalmente Carrera derrotó de forma definitiva a Los Altos en 1848 y a El Salvador y Honduras en 1851 en la Batalla de La Arada

Para darle al lector una major idea, se presenta a continuación una historia condensada de los intentos de decretar una constitución durante ese período, extraída de la “Recopilación de Leyes de la República de Guatemala” publicada por Manuel Pineda de Mont por orden del gobierno del Mariscal Vicente Cerna en 1869:

La comisión de constitución dé la asamblea constituyente instalada el 29 de mayo de 1839, redactó y firmó un proyecto en 29 de enero de 1842. La asamblea dio orden de imprimirlo en 20 de abril de dicho año, á virtud del dictamen de su comisión fecha 7, que firmaron los señores Aycinena, Pavón, Dardon, Colora, Andreu y Estrada. Comenzó á discutirse en sesión pública del dia 1.° de julio de 1843, y fué aprobado en 6 de dicho julio de 43 su artículo 1.° Mas el 3 de octubre siguiente, en consecuencia de proposición de los señores diputados Pavón y Andreu, y de otra del señor Arroyo, presentada durante la discusión, fué suspendida.

El congreso reunido de resultas del convenio de la Villa de Guadalupe entre los sublevados en Pínula y las tropas que fueron á atacarlos, (el 11 de marzo de 1844) decretó otra constitución, en 16 de setiembre de 1845; pero no obtuvo sanción, y quedó en nada. Se componía de 222 artículos. Fué redactada en Quezaltenango y adoptada la idea inoportunamente para un cuerpo distinto, como es Guatemala, superior á los Altos. Asi lo demostró oficialmente el señor licenciado Larreynaga en un informe que redactó por encargo de este gobierno, de fecha 9 de diciembre de 1845, y otro del señor licenciado don Ignacio Gómez de 12 del propio mes.

La otra asamblea constituyente reunida el año de 1848 y disuelta el de 49, antes de su desaparecimiento, presentó su respectiva comisión otro proyecto con 148 artículos, en 1.° de agosto de 1849, que después imprimió en San Salvador el finado señor Irunfraray, que lo conservaba, como individuo que había sido de la referida comisión. –

Esta es la historia compendiada de tal asunto.

El señor licenciado don Miguel Larreynaga siendo diputado de la asamblea
constituyente de Guatemala, presentó ante ella una proposición, con fecha 7 de agosto de 1840, con nueve artículos, pidiendo se decretase una ley á la cual se debería dar el nombre de ley costitucional. Se le dio primera lectura el 19 de setiembre, y segunda el 23 del mismo.— Junio 24 de 1869.


BIBLIOGRAFIA:


2 de septiembre de 1813: la Cortes de Cádiz modifican la estructura politico-administrativa del Reino de Guatemala

2septiembre1813
El Juramento de las Cortes en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de San Fernando en 1810.  Obra de José Casado del Alisal.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante la época colonial, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala era a la vez gobernador de la provincia, capitán general, vicepatrono real y delegado de la Real Hacienda. A diferencia de las audiencias de Guadalajara, de Panamá, de Quito, de Charcas y de Concepción en Chile, que en el siglo XVI eran audiencias subordinadas al virrey de Nueva España y de Lima, la de Guatemala dependía directamente del Consejo de Indias, por lo cual esta fue la primera audiencia pretoriana en territorio americano.

Así pues, tras la invasión de Napoleón y la convocatoria a Cortes, el 2 de septiembre de 1813, las Cortes de Cádiz mantuvieron la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimieron la noción de “Reino de Guatemala” cuando dividieron su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Soconusco, Honduras y El Salvador) y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

Como resultado de esto, José de Bustamante y Guerra, inició su mandato como Presidente de la Real Audiencia de Guatemala en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala y capitán General de la capitanía General de Guatemala“, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda“, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco y Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues“; pero en 1813, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz, cambió a “Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala“.


BIBLIOGRAFIA:


30 de julio de 1823: la Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América elimina los títulos y tratamientos de distinción que se utilizaban hasta entonces

30julio1823
Fuente del patio interior del desaparecido Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala en 1875.  Imagen de Eadweard Muybridge, archivo de Foto Rex, tomada de Wikimedia Commons.

Tras la declaración de la Independencia absoluta de Centroamérica el 1 de julio de 1823 luego del colapso del Primer Imperio Mexicano, los miembros de la Asamblea constiuyente que se estableció en la región a instancias del gobernador mexicano Vicente Filísola establecieron los lineamientos para redactar la Constitución de la Federación.

Como se consideraba que habían sido los criollos aristócratas quienes habían fomentado la malograda anexión al Imperio de Iturbide en 1822, y siguiendo el ejemplo de los liberales que forzaron al rey Fernando VII a aceptar nuevamente la constitución de Cádiz en 1820, la nueva asamblea emitió el siguiente decreto, eliminando el trato preferencial que se les daba hasta entonces:

La asamblea nacional constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando:

Que los tratamientos y títulos de distinción son ajenos de un sistema de igualdad legal, en que los funcionarios y ciudadanos no deben tener otro título que el que sea propio de las funciones que ejercen, ni más distintivo que el que merezcan por sus virtudes cívicas; ha tenido a bien decretar y decreta:

  1. Quedan abolidos todos los tratamientos de “majestad”, “alteza”, “excelencia”, “señoría” y demás que se han usado hasta hoy.
  2. Las autoridades, corporaciones y empleados públicos no se denominarán con otro título, que el que diere la ley al destino o empleo que ejerzan.
  3. Queda abolida la distinción del “don”.
  4. Esta asamblea se denominará “asamblea nacional constituyente”.
  5. El poder ejecutivo, “supremo poder ejecutivo”.
  6. El tribunal que se organice, equivalente al supremo de justicia que establece la constitución española, alta corte de justicia.
  7. Los jefes políticos y diputaciones provinciales conservarán estos nombres.
  8. Los tribunales de las audiencias se denominarán “cortes territoriales de justicia”.
  9. Los ayuntamientos “municipalidades”.
  10. Los prelados diocesanos, tendrán el título de “padre”, unido a la denominación de “arzobispo” u “obispo”.
  11. Los cabildos eclesiásticos continuarán con este nombre.

Esta ley fue modificada el 15 de octubre de 1844 (cuando los aristócratas habían recuperado el poder en Guatemala, tal y como había ocurrido también en España en 1823 cuando Fernando VII recuperó el poder absoluto) renovando los títulos de “Excelencia” para el presidente de la República y otras autoridades, y el de “Su Ilustrísima” para los obispos, hasta que los títulos fueron removidos oficialmente por el gobierno provisorio del general Miguel García Granados poco después de la Revolución Liberal de 1871.


BIBLIOGRAFIA:


24 de julio de 1839: Guatemala y Nicaragua firman una alianza en contra del presidente liberal de El Salvador, Francisco Morazán

24julio1839
Dibujo a lápiz del general Francisco Morazán. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Para 1839 la República Federal de Centro América por la que tanto habían luchado los criollos liberales prácticamente había colapsado, aunque su principal caudillo, el general Francisco Morazán seguía siendo el presidente federal. La figura del general Rafael Carrera en Guatemala iba a ser decisiva para terminar tanto con la Federación como con la carrera política del caudillo hondureño, ya que Carrera guardaba un enorme resentimiento hacia Morazán por las atrocidades que este había cometido contra los campesinos del Oriente guatemalteco y contra su propia familia y no iba a descansar hasta derrotar al caudillo liberal.

El 6 de abril de 1839 Morazán se enfrentó al general hondureño Francisco Ferrera, en la batalla del Espíritu Santo, cerca del rió Lempa. Ferrera había pactado una alianza con Carrera y aunque las tropas federales alcanzan el triunfo, quedaron debilitadas. Esto sirvió para que los criollos liberales salvadoreños ratificaran su confianza en Morazán fuera elegido presidente de El Salvador.

Carrera contraatacó.

El 24 de julio de 1839, Nicaragua y Guatemala celebraron un tratado de alianza en contra del gobierno salvadoreño, al mismo tiempo que Carrera llamó a los salvadoreños a la insurrección popular, lo que provocó algunos levantamientos, que fueron vencidos sin mucho esfuerzo por el gobierno de Morazán.

La ofensiva contra el gobierno de Morazán persistió. Al no lograr subvertir desde dentro la autoridad del presidente salvadoreño, tropas hondureñas y nicaragüenses invadieron el país a finales de septiembre de 1839. Nuevamente el general Morazán, con seiscientos salvadoreños derrota en la batalla de San Pedro Perulapán a los más de dos mil invasores comandados por los generales conservadores.

Al enterarse de que Carrera había retomado por la fuerza el Estado de Los Altos (que era el refugio de los criollos liberales en el occidente de Guatemala), y envalentonado por su reciente victoria, Morazán decidió invadir Guatemala por segunda vez y acabar con el general campesino de una vez por todas. La derrota que sufrió en la Ciudad de Guatemala en 1840 a manos de las fuerzas de Carrera sería el final de la Federación y de la carrera política de Morazán.


BIBLIOGRAFIA:


17 de julio de 1856: el gobierno del general Rafael Carrera emite un decreto para proporcionar fondos adicionales a la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos

17julio1856
El edificio de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos, convertido en la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro en 1895. Imagen tomada de El Porvenir de Centro América.

En 1855, el gobierno del general Rafael Carrera emitió un decreto reformando los estatutos de la Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, por su importancia en el buen orden social, para evitar los abusos que se estaban cometiendo y la actualización de los estudios eclesiásticos basados en lo dispuesto en el Concordato celebrado con la Santa Sede en 1854.

En primer lugar, el estatuto fundamental de la Pontificia Universidad pasó a ser nuevamente las constituciones de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo, aprobado por el rey Carlos II el 20 de febrero de 1686, los cuales se iban a observar tal y como estaban en uso en 1821, al momento de la Independencia de Centroamérica.  Por supuesto, en caso de que hubiera discrepancias derivadas de los cambios que habían ocurrido en el gobierno y la sociedad guatemalteca en los últimos treinta años, el Rector quedaba facultado para decidir lo que más le conviniera a la universidad.

La influencia de la Iglesia Católica sobre la formación universitaria quedó de manifiesto cuando se formó un claustro de consiliarios que elegiría al rector, conformado de la siguiente forma:

  • Doctores:
    • Facultad de Cánones: Juan José de Aycinena, marqués de Aycinena, obispo in partibus de Trajanópolis y arcediano de la Catedral Metropolitana
    • Facultad de Teología: Basilio Zeceña, consejero de Estado
    • Facultad de Leyes: Pedro Valenzuela, consejero de Estado
    • Facultad de Medicina: Quirino Flores, protomédico
  • Bachilleres:
    • Padre Nicolás Arellano, prepósito de la congregación de San Felipe Neri
    • Fray Juan Félix de Jesús Zepeda. guardián de la comunidad de San Francisco
    • Francisco Abella
    • Presbítero Vicente Hernández

El requisito de ingreso a los estudios de bachillerato era haber aprobado latinidad y, en el caso de los estudiantes de medicina y de farmacia, ciencias naturales; ahora bien, el decreto de reforma estipulaba que los alumnos del Colegio Tridentino, del Colegio de Infantes y del Colegio de la Compañía de Jesús podían optar inmediatamente al grado de bachiller, previa certificación.  Las cátedras generales impartidas eran filosofía, y matemática (que incluía geometría, trigonometría y álgebra), y los planes de estudio eran los siguientes:

  • Teología: 3 años
    • Dogma
    • Moral
    • Escritura Sagrada
  • Derecho civil y canónico:
    • Cánones
    • Leyes
    • Instituta
    • Derecho natural
  • Medicina:
    • Anatomía descriptiva
    • Fisiología
    • Cirugía
    • Patología externa
    • Medicina legal
    • Patología interna
    • Higiene

Para el funcionamiento de la institución el gobierno asignó una pensión anual de cuatro mil pesos, y le asignó las matrículas, propinas y derechos para los grados, con la que se esperaba cubrir el presupuesto estimado de seis mil quinientos pesos, pero no fue suficiente.  Así pues, el 17 de julio de 1856, se mitió el siguiente decreto para mejorar las finanzas de la universidad:

  • Artículo 1°.— Todos los empleados de la administración pública, inclusos los de las corporaciones civiles, y con excepcion de los militares, pagarán a la arca de la universidad, por una sola vez y al librárseles el título, el dos por ciento de la renta o sueldo de un año, siempre que exceda de trescientos pesos; e igual impuesto pagarán los que obtengan beneficios eclesiásticos titulares; si los proventos ó rentas de un año pasaren de trescientos pesos. En los mismos casos pagarán el uno por ciento, si fueren nombrados interinamente.
  • Artículo 2°.— En los casos en que por las leyes vigentes se adeude alcabala por la venta, arrendamiento e imposición de censos, sobre fincas urbanas ó rusticas, en los mismos se pagará el uno por ciento, en beneficio de la universidad.
  • Artículo 3°.— Por la emisión de títulos de abogados, escribanos, médicos y cirujanos, farmacéuticos, agrimensores e ingenieros civiles, se pagará a la universidad por aquellos en cuyo favor se libren la suma de doce pesos; e igual impuesto se pagará por las venias de edad, para administrar bienes, y por los autos de emancipación, no pudiéndose librar los despachos respectivos, sin que previamente se haga constar haberse hecho el entero, con certificación del tesorero de la misma universidad.
  • Artículo 4°.— Quedan vigentes los derechos de grados mayores y menores, y los de matrículas y exámenes, de la manera que se hallan establecidos; y se derogan las demás disposiciones que fijaron rentas primeramente a la academia de estudios y después a la universidad.

BIBLIOGRAFIA:


3 de julio de 1871: tras el triunfo de la revolución liberal el 30 de junio de ese año aparece un artículo denunciando las riquezas de la Iglesia Católica

3julio1871
Plano del Palacio Arzobispal de la Nueva Guatemala de la Asunción.  Incluye el lujoso edificio adyacente a la Catedral Metropolitana y un convento, huerta y cementerio en lo que es hoy en día el Mercado Central.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera prueba que afrontó el presidente de facto provisorio Miguel García Granados inmediatamente después del triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871 fue mantener relaciones armoniosas con la Iglesia Católica, ya que de inmediato surgieron publicaciones anticlericales, que a su vez fueron atacadas por los escritores conservadores. Los autores de ambos bandos solían ocultar su identidad con ingeniosos pseudónimos para poder atacar la vida privada de sus rivales.

Ambos bandos hacían exigentes demandas.  Por ejemplo, un autor que firmaba simplemente como “Un Guatemalteco” publicó un artículo en que denunciaba la riqueza excesiva del clero, atacando directamente las propiedades del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena, ya que éste era miembro de la poderosa familia Aycinena que había co-gobernado con el general Rafael Carrera desde que los conservadores recuperaron el poder en 1839 en Guatemala.  Por su parte, un escritor conservador escribió un artículo en que denunciaba la libertad de cultos aduciendo que esto podría conducir a que los librepensadores desecraran los elementos sagrados del culto católico.

Para tratar de evitar males mayores, el anciano presidente provisorio, quien provenía de una familia aristocrática y tenía lazos de consanguinidad con los Aycinena, emitió un decreto modificando la libertad de expresión, que decía así:

DECRETO NUM. 5.

Considerando:

  1. Que la libertad absoluta de la comunicación del pensamiento por medio de la palabra y la escritura, y cualquier expresión o signo, siempre que no ofenda a la conducta privada de los individuos, o excite directamente el uso de la fuerza contra la ley o las autoridades constituidas, es la garantía de los derechos que el hombre tiene con anterioridad á todo pacto social;  
  2. Que la ley de 30 de Abril de 1852 es incompatible con el régimen actual de libertad y progreso;
  3. Que entre tanto se reune la representación nacional, a cuya alta competencia corresponde definitivamente la ley de imprenta, se hace necesario dictar alguna providencia para evitar los abusos que puedan ocurrir;

DECRETO:

  1. Queda establecida la liberad absoluta de imprenta, y en consecuencia derogada la expresada ley de Abril de 1852.
  2. Bajo esta libertad no se permiten los  delitos declarados tales por las leyes existentes, y especialmente aquellos que afectan la vida privada
    de los individuos.
  3. En los casos de infracción, los jueces comunes procederán a la averiguación del delito y castigo del culpable, con arreglo a las leyes vigentes, debiendo preceder siempre acusaación de partes lejítimas.
  4. Para hacer efectiva la responsabilidad de que habla el artículo anterior, todas las publicaciones deben llevar la firma del autor; y en el caso de que se omita este requisito, la responsabilidad se hará efectiva contra la imprenta.
  5. Los directores de las imprentas en que se publique algún escrito sin la firma del autor, aun cuando este no contenga ninguna de las infracciones expresadas en el artículo 2.° serán multados con una cantidad que no exceda de cien pesos ni baje de diez, según las circunstancias del caso calificadas por los mismos Tribunales comunes.

Dado en Guatemala, á 7 de Julio de 1871

Miguel García Granados

El alcance del decreto anterior fue muy escaso, ya que luego de que se emitió, lo que se inició como ataques en publicaciones de reducida circulación, poco a poco fue escalando a publicaciones mayores, hasta que finalmente se empezaron a materializar medidas drásticas contra la Iglesia, las que incluyeron la expulsion del arzobispo Piñol y Aycinena, la de los jesuitas y la expropiación y disolución del resto de órdenes monásticas.  Eventualmente, el propio presidente de facto provisorio fue removido y sustuido por el mucho más joven y radical general J. Rufino Barrios.


BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

1julio1823
Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


17 de junio de 1843: el marqués de Aycinena protesta contra la formación de un gobierno unitario en Centroamérica tras haberlo apoyado a capa y espada en 1824

17junio1843
Plano original de la Mansión Aycinena en la Nueva Guatemala de la Asunción.  Siendo la principal familia del Reino de Guatemala, los Aycinena tuvieron un lugar privilegiado con su mansión ubicada en la Plaza de Armas, detrás del portal del Comercio.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego de la proclamación de la Independencia en 1821 y de la separación de Centro América del Primer Imperio Mexicano en 1823 se dividió la opinión respecto a la forma de gobierno. Esta fue una razón más para que se formaran los dos bandos criollos que aparecieron; los miembros del partido aristócrata o conservador abogaban por una forma de gobierno unitario, similar a la que había hasta entonces, mientras que los fiebres o liberales apoyaron la creación de una federación similar a la de los Estados Unidos.

Tras largas discusiones los liberales prevalecieron y se estableció la República Federal de Centro América, con cinco estados creados para halagar a los criollos que radicaban en ello y que tenían muy poco en común, salvo un resentimiento hacia las autoridades aristócratas que vivían en Guatemala cuyo líder, el marqués de Aycinena protestó contra la forma federativa y trató en vano de impedir que se implementara. El marqués escribió un folleto en los Estados Unidos contra la Constitución de 1824 que, por estar cubierto por un papel amarillo, se le llamó “El Toro Amarillo“. El líder liberal José Francisco Barrundia respondió a Aycinena, quien respondió con dos publicaciones más pero no logró su cometido.

La situación en Centroamérica cayó en una espiral destructiva que degeneró en la Guerra Civil Centroamericana, la expulsión de los aristócratas del territorio y la separación de la Federación. Para 1842 los aristócratas habían regresado al poder en Guatemala y la cuestión de la Unión Centroamericana resurgió. En abril de dicho año se reunió en Chinandega la Convención de los Estados centroamericanos, a la que asistieron El Salvador, Honduras y Nicaragua con la intención de formar un gobierno unitario para la región. Concluyeron que lo que había qué hacer era establecer un gobierno nacional provisorio nombrado por la Convención el cual sería ejercido por un Supremo Delegado quien, a su vez, nombraría a un Ministro de Relaciones Exteriores e Interiores y dispondría de una milicia nacional. A fin de lograr que el gobierno conservador en Guatemala aceptara lo estipulado en la Convención se propuso preparar lo necesario para establecer un Concordato con la Santa Sede y procurar del Gabinete de Madrid el reconocimiento de la independencia de Centro- América.

El Supremo Delegado fue Antonio José Cañas, quien inmediatamente envió una invitación al gobierno de Mariano Rivera Paz para que entrara en la Convención.
Era el gobierno unitario que tanto habían deseado los aristócratas guatemaltecos. Pero Guatemala presentó una respuesta del marqués Aycinena al licenciado don Francisco Castellón con fecha del 17 de junio de 1843 que leía:

“Mi gobierno se ve en la necesidad de reiterar la protesta que tantas veces ha hecho, de NO ESTIMAR POR OONVENIENTE NI PRACTICABLE en Centro América el establecimiento de una forma de gobierno unitario, porque esto no haría más que sumir al país en mayores desgracias de las que hasta ahora se han sufrido.”

El completo giro en la posición de Aycinena se debe a las persecuiones y expropiaciones contra los aristócratas que ocurrieron tras la invasión a Guatemala por las fuerzas de Francisco Morazán en 1829. En 1842, con el fuerte apoyo del general campesino Rafael Carrera y la caída en desgracia de Morazán, los conservadores comprendieron que estaban mejor formando su propio estado, y así lo hicieron.


BIBLIOGRAFIA:


 

27 de mayo de 1866: muere Mariano de Beltranena, prócer de la Independencia y expresidente de la República Federal de Centro América

27mayo1866
Imagen de las calles de Matanzas, cuba en 1902, en donde falleció Mariano de Beltranena en 1866.  Imagen de los archivos de la Universidad de Miami.

Mariano de Beltranena y Llano era miembro de lo que se llamara en su época “las familias”, que eran grupos de criollos de origen español emparentados con la familia Aycinena y que aspiraban a crear una nobleza criolla, ya que la nobleza española auténtica nunca viajó a América y prefirió mantenerse en Europa.

La familia Aycinena se opuso originalmente a la independencia debido a sus aspiraciones aristocráticas, pero cuando la necesidad de la emenacipación se hizo evidente fueron los encargados de negociar con Gabino Gaínza la traición de éste al monaca español, y de hecho, la firma de Mariano de Beltranena es la que se sigue a la del capitán general en el acta del 15 de septiembre de 1821. Para entonces Beltranena tenía poco más de 40 años, era abogado y había pertenecido al Ayuntamiento (que era el gobierno criollo opuesto a la Real Audiencia), al consulado de comercio e integraba la diputación provincial.

La situación de la región se deterioró en los siguientes años hasta que estalló la Guerra Civil Centroamericana entre los criollos conservadores y los liberales luego del golpe de estado que derrocó al Jefe de Estado Juan Barrundia en Guatemala dejando a Mariano de Aycinena en el poder.  Sin embargo, tras la debacle del presidente federal Manuel José Arce en San Salvador en 1827, el poder de los conservadores se fue debilitando gradualmente.  Finalmente, el general liberal Francisco Morazán derrotó al gobierno de Mariano de Aycinena, y entró a la Ciudad de Guatemala el 13 de abril de 1829 después de firmarse la capitulación en la que garantizaba las vidas y los bienes de los sitiados.  Sin embargo, las sus tropas invasoras consumaron saqueos y abusos contra los habitantes de la ciudad de Guatemala, incluyendo robos y asesinatos sin importarles la dichosa capitulación y la casa de Beltranena fué uno de los principales blancos de los forajidos debido a que eran miembros de las familias aristocráticas.

Para como de males, al día siguiente de ocupar la plaza, Morazán citó a un número de vecinos distinguidos, entre los que se encontraba el presidente de la República Federal en receso, Manuel José Arce, el vicepresidente en ejercicio del poder Mariano de Beltranena, el jefe del Estado de Guatemala, Mariano de Aycinena, los Ministros de la República y del Estado, y cuando todos estaban en una sala del palacio, trajeados con sus vestidos de etiqueta, se presentó un oficial invasor que los redujo a prisión por a Morazán se le había antojado romper unilateralmente el convenio de capitulación.

Cuando todos esperaban lo peor y escribían o gritaban su testamente, Beltranena se mantuvo altivo y sereno, y pidió un papel para escribir la siguiente protesta

“Hallándome en el palacio nacional el día de ayer con los Secretarios del despacho, dedicado a los asuntos del Gobierno, fué ocupada la capital de la República por las fuerzas de los Estados de Honduras y El Salvador, después de haber capitulado la guarnición que la defendía. El Secretario de Estado dirigió inmediatamente por mi orden mía comunicación al general de dichas fuerzas, en solicitud de que le informase si el Gobierno podía considerarse libre y expedito en el ejercicio de sus funciones; y habiéndosele contestado que desde el momento de la ocupación de la plaza debían de cesar de funcionar todas las autoridades que existían en ella, repuso el Secretario de Estado: que el Gobierno se abstendría de todo acto gubernativo, cediendo al imperio de las circunstancias. Durante estas comunicaciones, el coronel J. Gregorio Salazar me comunicó de palabra orden de prisión y también la intimó al Secretario de Estado. Fui arraneado en unión suya del palacio del gobierno, para ser conducido a un cuartel por el mismo jefe y por un oficial subalterno. Se ha violado en mi persona la suprema autoridad de la nación, y se ha ultrajado al pueblo centroamericano. Yo solo puedo responder de mi administración y de mi conducta a sus representantes: la ley fundamental que lo prescribe ha sido hollada por el poder de las armas. Yo protesto solemnemente contra la ilegalidad y contra la violencia de estos procedimientos. En el cuartel de mi prisión, a 14 de abril de 1829.

  • M. Beltranena 
  • F. de Sosa, Ministro de Relaciones Interiores, Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos

Pese a su formal protesta, Beltranena permaneció en prisión, prácticamente pasando de la presidencia de la República de Centro América a una celda. Al poco tiempo Arce y Aycinena, se dirigieron al general Morazán pidiéndole gracia en su infortunio y al cabo de unos meses, los puso en libertad y les expatrió hacia Nueva Orleáns, con la condición precisa que no podían regresar ni a Centro América ni a México.  Por su parte, Beltranena permaneció prisionero y cuando por fin salió en libertad, salió para la Isla de Cuba en donde murió, sin querer regresar jamás a Guatemala aún después de que Rafael Carrera recuperó el poder para los conservadores en 1838.


BIBLIOGRAFIA: