4 de junio de 1829: decreto federal de Francisco Morazán considera usurpador al gobierno conservador de Guatemala de 1826 al 29 y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias

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En la imagen: la antigua Escuela Facultativa de Derecho y Notariado del Centro a principios del siglo XX. En este edificio funcionó originalmente la Real y Pontificia Universidad de San Carlos y luego el Congreso Federal. Allí fueron hechos prisioneros los conservadores derrotados por Morazán en 1829. Imagen tomada del Museo de la Universidad de San Carlos.

Tras la victoria del general liberal hondureño Francisco Morazán el 12 de abril de 1829, éste hizo prisioneros a los criollos aristócratas, todos ellos miembros o parientes de la familia Aycinena, que había tomado el poder en Guatemala tras el golpe de estado contra Juan Barrundia en 1826.1

 

Por medio del decreto del 4 de junio de ese año, el gobierno federal se declaran nulas las elecciones del Estado de Guatemala del 31 de octubre de 1826, considera usurpadores de la soberanía de dicho Estado a todos los que legislaron hasta 1829, y anula sus decretos, órdenes, leyes, reglamentos y providencias.2

De acuerdo al historiador conservador Antonio Batres Jáuregui (quien a pesar de ser conservador fue funcionario de los gobiernos liberales desde J. Rufino Barrios hasta Manuel Estrada Cabrera), aquel decreto “con mengua del derecho natural y de todo sentimiento humanitario, fue, para nuestra desventurada tierra, causa de grandes dolores y fuego voraz que incendió la pasión partidista, a la cual se deben sangrientas luchas, devastaciones, miserias y lágrimas.”3

Dicho decreto fue recogido en la Recopilacidn de Leyes de la República de Guatemala de 1821 a 1869 escrito por Manuel Pineda de Mont, pero sus artículos 2.° y 3.° fueron editados porque incluían nombres y apellidos de las familias aristócratas que habían sido miembros del gobierno de 1826 a 1829.  El decreto dice así:

1.° Se declaran nulas y contrarias a las leyes fundamentales de la República y del Estado las elecciones celebradas en virtud del decreto anti-constitucional del presidente de la República, de 31 de octubre de 1826, y las siguientes de 27 y 28.

2.° Editado

3.° Editado

(Nota de HoyHistoriaGT: Los artículos 2.° y 3.° declaran reos de usurpación y traición a los que ejercieron la autoridad en virtud de las elecciones mencionadas en el artículo 1.°, y los listaba con nombres completos y los condenaban a muerte obligándolos antes a devolver lo que habían ganado en concepto de salario durante su gestión. Además, se agregaba la confiscación de bienes a los principales miembros de la familia Aycinena y del gobierno conservador.4)

4.° Son nulas y de ningun valor las determinaciones que con el nombre de leyes, decretos, órdenes, acuerdos, providencias y reglamentos hayan sido dictadas por estos poderes intrusos, y quedan en su vigor y fuerza las emitidas por las legítimas autoridades, hasta el 13 de octubre de 1826.

5.° Se han por válidos y subsistentes los actos emanados de la corte superior y jueces de primera instancia en lo civil y criminal en todas las causas, con excepción de las que se versan sobre materias políticas; pero quedan expeditos a las partes, en las causas puramente civiles, los recursos de nulidad e injusticia notoria, debiendo correr el término designado por la ley desde la publicación de este decreto.5

Aunque eventualmente las penas de muerte fueron conmutadas, los principales miembros del partido conservador fueron condenados al exilio, de acuerdo al decreto del Congreso Federal del 7 de septiembre de 1829, que dice así:

4.° Serán expatriados perpetuamente y confinados fuera la república, al país que designe el gobierno de acuerdo con el senado:

  • Primero: El ex-presidente y ex-vicepresidente de la República Manuel José Arce y Mariano de Beltranena,
  • Segundo: Los ex-secretarios de estado y del despacho de Relaciones Juan Francisco de Sosa, y de Guerra Manuel de Arzú,
  • Tercero: Los jefes de sección que funcionaron como secretarios en los mismos ramos, Francisco María Beteta y Manuel Zea.
  • Cuarto: Los primeros y segundos jefes del ejército federal que sirvió a disposición del gobierno durante la revolución, Francisco Cáscara, Manuel Montúfar y José Justo Milla, pues los demás quedan incluidos en este artículo bajo otros aspectos. (Nota de HoyHistoriaGT: José Justo Milla fue el padre del escritor José Milla y Vidaurre).
  • Quinto: El que se tituló jefe de estado de Guatemala, Mariano de Aycinena.
  • Sexto: Los que le sirvieron en calidad de secretarios, Agustín Prado, José Francisco de Córdova, Antonio José de Irisarri, José de Velasco, Vicente Domínguez y Vicente del Piélago.
  • Séptimo: El comandante general que fue de las armas de la federación y del estado, Antonio del Villar.1

BIBLIOGRAFIA:

  1. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala. pp. 114-120.
  2. Taracena Flores, Arturo (2015). La primera guerra federal centroamericana, 1826-1829. Nación y estados, republicanismo y violencia. Guatemala: Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. p. 3.
  3. Batres Jáuregui, Antonio (1946). La América Central ante la Historia. Memorias de un siglo 1821-1921. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 131.
  4. — (1896). Literatos guatemaltecos: Landívar e Irisarri, con un discurso preliminar sobre el desenvolvimiento de las ciencias y las letras en Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 185.
  5. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 239-240.

2 de septiembre de 1813: la Cortes de Cádiz modifican la estructura politico-administrativa del Reino de Guatemala

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El Juramento de las Cortes en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de San Fernando en 1810.  Obra de José Casado del Alisal.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante la época colonial, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala era a la vez gobernador de la provincia, capitán general, vicepatrono real y delegado de la Real Hacienda. A diferencia de las audiencias de Guadalajara, de Panamá, de Quito, de Charcas y de Concepción en Chile, que en el siglo XVI eran audiencias subordinadas al virrey de Nueva España y de Lima, la de Guatemala dependía directamente del Consejo de Indias, por lo cual esta fue la primera audiencia pretoriana en territorio americano.

Así pues, tras la invasión de Napoleón y la convocatoria a Cortes, el 2 de septiembre de 1813, las Cortes de Cádiz mantuvieron la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimieron la noción de “Reino de Guatemala” cuando dividieron su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Soconusco, Honduras y El Salvador) y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

Como resultado de esto, José de Bustamante y Guerra, inició su mandato como Presidente de la Real Audiencia de Guatemala en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala y capitán General de la capitanía General de Guatemala“, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda“, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco y Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues“; pero en 1813, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz, cambió a “Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala“.


BIBLIOGRAFIA:


24 de julio de 1839: Guatemala y Nicaragua firman una alianza en contra del presidente liberal de El Salvador, Francisco Morazán

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Dibujo a lápiz del general Francisco Morazán. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Para 1839 la República Federal de Centro América por la que tanto habían luchado los criollos liberales prácticamente había colapsado, aunque su principal caudillo, el general Francisco Morazán seguía siendo el presidente federal. La figura del general Rafael Carrera en Guatemala iba a ser decisiva para terminar tanto con la Federación como con la carrera política del caudillo hondureño, ya que Carrera guardaba un enorme resentimiento hacia Morazán por las atrocidades que este había cometido contra los campesinos del Oriente guatemalteco y contra su propia familia y no iba a descansar hasta derrotar al caudillo liberal.

El 6 de abril de 1839 Morazán se enfrentó al general hondureño Francisco Ferrera, en la batalla del Espíritu Santo, cerca del rió Lempa. Ferrera había pactado una alianza con Carrera y aunque las tropas federales alcanzan el triunfo, quedaron debilitadas. Esto sirvió para que los criollos liberales salvadoreños ratificaran su confianza en Morazán fuera elegido presidente de El Salvador.

Carrera contraatacó.

El 24 de julio de 1839, Nicaragua y Guatemala celebraron un tratado de alianza en contra del gobierno salvadoreño, al mismo tiempo que Carrera llamó a los salvadoreños a la insurrección popular, lo que provocó algunos levantamientos, que fueron vencidos sin mucho esfuerzo por el gobierno de Morazán.

La ofensiva contra el gobierno de Morazán persistió. Al no lograr subvertir desde dentro la autoridad del presidente salvadoreño, tropas hondureñas y nicaragüenses invadieron el país a finales de septiembre de 1839. Nuevamente el general Morazán, con seiscientos salvadoreños derrota en la batalla de San Pedro Perulapán a los más de dos mil invasores comandados por los generales conservadores.

Al enterarse de que Carrera había retomado por la fuerza el Estado de Los Altos (que era el refugio de los criollos liberales en el occidente de Guatemala), y envalentonado por su reciente victoria, Morazán decidió invadir Guatemala por segunda vez y acabar con el general campesino de una vez por todas. La derrota que sufrió en la Ciudad de Guatemala en 1840 a manos de las fuerzas de Carrera sería el final de la Federación y de la carrera política de Morazán.


BIBLIOGRAFIA:


21 de diciembre de 1813: el Capitan General de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, se entera de la Conjuración de Belén por un delator

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Patio del Instituto Normal para Señoritas Belén en 1913, cien años después de la Conjuración de Belén.  El convento fue convertido en Instituto por las autoridades liberales en la década de 1870.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Muy pocos son los nombres de los Capitanes Generales que recuerdan los guatemaltecos.  Están, por ejemplo, Martín de Mayorga por el traslado de la capital desde Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción; y Melchor de Mencos, su sucesor, por la construcción de los más importantes edificios de la nueva ciudad.  Tambien se recuerda a Gabino Gaínza, quien traicionó la confianza depositada en él y lideró a Centroamérica tras la independencia de España en 1821.  Y durante la época inmediatamente anterior a la independencia está José de Bustamante y Guerra.

Bustamante y Guerra llegó a Guatemala en 1811 y ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala, creó el “cuerpo de voluntarios de Fernando VII” y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los independentistas. También se opuso a la Constitución de Cádiz de 1812 y todo lo que fuera a reformar el gobierno español.

A pesar del régimen opresor, a partir del 28 de octubre de 1813, y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, empezaron a celebrarse en la celda prioral del Convento de Belén varias juntas organizadas por fray Juan Nepomuceno de la Concepción con el objeto de derrocar al capitán general Bustamante y Guerra y lograr la independencia de la región.​ En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y de Mariano Bedoya, hermanos menores de Dolores Bedoya de Molina, y cuñados de Pedro Molina, todos ellos ricos criollos hacendados que no estaban de acuerdo con el gobierno de Bustamante. Además,​ entre los conjurados había varios miembros de los cleros tanto regular como secular, demostrando el interés de las diferentes facciones de la Iglesia católica en el alzamiento contra Bustamante y Guerra.

Pero el 21 de diciembre de 1813, Bustamante y Guerra, se enteró de que en el convento de Belén se reunían los sediciosos gracias a la delación de José Prudencio de La Llana, y de inmediato dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante, Francisco Cáscara, apresaran a los religiosos de ese monasterio. Muchos fueron apresados ese día y otros traicionados cuando el teniente de dragones Yúdice escribió a Bustamante y Guerra para pedir la clemencia del rey al verse descubierto y le dió nombres de los conjurados.​ Finalmente, para cubrir todas sus bases, Bustamante comisionó a su sobrino. el carmelita fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correos, para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos.

Todos los apresados fueron juzgados y condenados a diferentes penas, entre ellas encierro y destierro, aunque nadie fue desterrado porque la situación de las colonias y del propio monarca español estaba muy inestable.  Por su parte, Bustamante y Guerra logró su confirmación en su puesto por el rey Fernando VII cuando éste retomó el poder absolute en 1814 y fue destituido en agosto de 1817 para que regresara a España, a donde arribó en 1819 y entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. En 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombró director general de la Armada hasta 1822.


BIBLIOGRAFIA:


 

Las Cortes de Cádiz

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Cortes de Cádiz en 1812.  Cuadro de Salvador Vinegra.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal lucharon contra el Primer Imperio francés de Napoleón, quien pretendía instalar en el trono español a su hermano, José Bonaparte. Esta fue llamada “Guerra de Indendencia de España”.  Ante el vacío de poder que se originó los poblados españoles se organizaron en juntas locales con representates militares, eclesiásticos y civiles, las cuales al agruparse resultaron en la formación de las Cortes de Cádiz en 1811.

Las Cortes aprobaron la nueva Constitución el 19 de marzo de 1812; ésta constaba de 384 artículos organizados en diez títulos todo basado en el principio de que la soberanía reside en la Nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales.  La Constitución no contenía una declaración explícita de derechos, pero los principios de derechos y libertades figuran en varios artículos, los cuales aunque son comunes en el siglo XXI, eran imposibles antes de la Constitución Cádiz. Entre ellos, quizá el más destacado fue el de la libertad de prensa y la eliminación de la censura del gobierno y de la Iglesia Católica.

Otras innovaciones radicales incluyeron:

  • la división de poderes: el ejecutivo recaía en manos del Rey y sus Secretarios de Despacho, o Ministros, el legislativo lo ejercían las Cortes unicamerales y el judicial era potestad de los tribunales de justicia independientes, comunes a toda la Nación
  • principio de soberanía nacional, la legitimidad del Monarca no provenía del origen divino, sino de la Nación reunida en las Cortes y de las leyes que estas promovieran.
  • el Rey sólo conservaba aquellas funciones que las Cortes no podían ejercer por sí mismas. Era la cabeza oficial del poder ejecutivo, pero el principio de responsabilidad ministerial sentaba las bases para que delegara la toma de decisiones: la responsabilidad de los actos regios recaía sobre el Gobierno, pues los ministros debían refrendar con su firma toda decisión del Monarca.
  • el establecimiento de escuelas primarias en todos los municipios, así como un Plan General de Enseñanza
  • la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto
  • la plena igualdad entre los ciudadanos de la Península y los ciudadanos de los territorios de ultramar

En cuanto a la religión, esta se mantuvo igual, pues un tercio de los diputados eran eclesiásticos y por ello sostuvieron que la religión de la Nación española era la “católica, apostólica y romana, única verdadera”, protegida por ley, y prohibió el ejercicio de cualquier otra. Eso sí, la Iglesia perdió algunos privilegios, como la censura previa de las publicaciones, además de la abolición de la Inquisición.  Es importante destacar que el representante de Guatemala ante las Cortes fue el canónigo del cabildo eclesiástico Antonio de Larrazábal y Arrivillaga.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz promulgaron entre 1810 y 1813 varios decretos que desmantelaban las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Un decreto del 6 de agosto de 1811 abolió el régimen señorial, célula básica de la organización local; medida de trascendental importancia que debía preceder a la aprobación de la Constitución. En el Antiguo Régimen, aproximadamente la mitad de la población española vivía bajo el régimen señorial. Los señores feudales tenían plena potestad para administrar justicia y nombrar autoridades en los señoríos sometidos a su jurisdicción. Así, cada señorío se regía por sus propias leyes, tenía sus propios órganos de justicia y sus propios sistemas tributarios, pues los señores percibían de sus vasallos rentas derivadas del ejercicio de su jurisdicción: tasas judiciales, monopolios locales, derechos de peaje, tasas por la caza, la pesca, el uso de pastos o de molinos. Los vasallos también debían realizar prestaciones personales, como trabajar algunos días en las tierras, molinos o fábricas del señor.

Las Cortes se caracterizaron por la poca representación que se concedió a las provincias americanas, pobladas por 13 millones de personas pero representadas por apenas 30 diputados, frente a las peninsulares, con 10 millones de personas pero 77 diputados. Esta fue una de las causas principales de la poca capacidad de las Cortes para satisfacer las demandas de los criollos.

En 1812, las Cortes de Cádiz mantienen la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimen la noción de Reino de Guatemala al dividir su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Honduras y El Salvador) instalada el 2 de septiembre de 1813 y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

En 1812, José de Bustamante y Guerra era el Presidente de la Real Audiencia de Guatemala.  Bustamente  inició su mando en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala”, “capitán General de Guatemala”, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda”, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco” y “Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues”; en 1812, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz se le cambia el título de Gobernador por el de Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala.

El 22 de marzo de 1814, ya cuando Napoleón había abdicado en Francia, el rey Fernando VII derogó la constitución de 1812 y reinstaló el absolutismo, por lo que José de Bustamante y Guerra volvió a ser Gobernador del Reino de Guatemala.  El representante de Guatemala, Larrazábal, fue hecho prisionero, primero en Cádiz y luego en el Convento de Belén en Guatemala.

Todas estas alteraciones en el orden politico de España y de sus colonias americanas estuvieron de la mano de las grandes revoluciones independentistas en las colonias mayores, es decir, los virreinatos de Nueva España y Nueva Granada.


BIBLIOGRAFIA:

  • Aymes, Jean-René; Conard-Malerbe, Pierre (2008). La Guerra de la Independencia en España (1808-1814) (6.ª edición). Madrid: Siglo XXI. ISBN 978-84-323-1335-6.
  • Belaubre, Christophe (2015). «Larrazába, Antonio: Principales etapas de la vida de un influyente canónigo de la Iglesia Catedral de Guatemala que fue diputado a las Cortes de Cádiz en representación de Guatemala». AFEHC.
  • Diego García, Emilio de (2008). España, el infierno de Napoleón : 1808-1814 : una historia de la Guerra de la Independencia (1.ª edición). Madrid: Esfera de los Libros. ISBN 978-84-9734-691-7.
  • Diego García, Emilio de; Sánchez-Arcilla, José (2011). Diccionario de la Guerra de la Independencia 1808-1814 (1.ª edición). San Sebastián de los Reyes, Madrid: Actas Editorial. ISBN 978-84-9739-100-9.
  • Farias, Rafael (1920). Memorias de la Guerra de la Independencia escritas por soldados franceses. Madrid.
  • Fraser, Ronald (2006). La maldita Guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia 1808-1814. Barcelona: Crítica. ISBN 84-8432-728-0.
  • Malye, Françoise (2007). Napoleón y la locura española. Madrid: Editorial EDAF. ISBN 978-84-414-2038-0.
  • Olóriz, Hermilio de (1910). Navarra en la Guerra de la Independencia. Biografía del Guerrillero D. Francisco (Espoz y Mina). Pamplona.
  • Toreno, Conde de (1851). Historia del levantamiento, guerra y revolución de España. París.
  • Rodríguez Espinosa, M. (2011). «Cádiz, la ciudad cosmopolita y la traducción durante la Guerra de la Independencia». En Zaro, Juan Jesús. La traducción como actividad editorial en la Andalucía del siglo XIX. Sevilla: Alfar. pp. 27-56. ISBN 978-84-7898-379-7.
  • Ruiz Jiménez, Marta (2009). “Directorio de diputados de las Cortes de Cádiz” en Trienio: Ilustración y liberalismo, ISSN 0212-4025, 53, págs. 5-115.
  • — (2002). “Elecciones de Diputados por Madrid a las Cortes de Cádiz (I): Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813)” en Revista de las Cortes Generales, ISSN 0213-0130, 57, págs. 257-292
  • — (2003). “Los salones de Cortes entre 1810 y 1814” en Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII, ISSN 1132-8304, 11, págs. 99-109 [1]
  • —(2008). “Organización interna de las Cortes de Cádiz” en Congreso internacional “Guerra, sociedad y política” (1808-1814) / coord. por Francisco Miranda Rubio, 1, ISBN 978-84-9769-235-9, págs. 667-690
  • —(2008). La Comisión de Guerra en las Cortes de Cádiz (1810-1813) Repertorio Documental.Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC: Doce Calles, ISBN 978-84-00-08727-2
  • —(2009). Para una reconstrucción de las Cortes de Cádiz los papeles de gobierno interior del archivo del Congreso de los Diputados.ISBN: 9788497440882. Madrid. Colección: Anejos de la Revista Trienio.

21 de junio de 1839: se restablecen las órdenes religiosas en Guatemala luego de haber sido expulsadas por Francisco Morazán y los liberales en 1829

21junio1839

El 13 de abril de 1839 habían entrado los campesinos montañeses a la capital del Estado de Guatemala, comandados por el general mestizo Rafael Carrera.   Aunque los milicianos eran hombres duros y analfabetos con un acérrimo fanatismo católico, respetaban a su general, quien tenía un supremo don de mando.  La bandera de los campesinos había la religión: era en los asuntos de la Iglesia en donde más se hacía sentir el cambio radical en el gobierno del Estado. 1  Si bien el impuesto individual hacia los indígenas los había afectado, fue la implementación de los Códigos de Livingston la que causó gran indignación entre la población campesina, pues autorizaba el divorcio y el matrimonio civil, dejando por un lado siglos de sincretismo religioso con la religión católica; por ello fue que cuando el gobierno del licenciado Mariano Gálvez intentó implementar cinturones sanitarios contra una epidamia de cólera, previniendo a los pobladores acceder a sus fuentes de agua, el descontento estalló en una rebelión en todo el país.2

Tras su ingreso triunfal, y fiel a la bandera del catolicismo, Carrera ordenó al Jefe de Estado Mariano Rivera Paz, hombre “de caráter débil pero de buen corazón“, que reuniera a la Asamblea Legislativa para que se hiciera un decreto que ordenara al gobernador eclesiástico que en todas las iglesias del Estado se hiciera un día de rogación por el acierto de los trabajos de la propia Asamblea.  Aquel el principio de lo que sería la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado guatemalteco durante los próximos treinta años.1

El cambio en el sentimiento religioso fue muy grande y contrastaba con todos los vejámenes y humillaciones que se le habían hecho a los curas párrocos y a los frailes regulares durante el gobierno liberal que empezó en 1829, tras la invasión de Francisco Morazán que derrocó no solamente al gobierno federal sino que a las autoridades del estado de Guatemala, encabezadas por Mariano de Aycinena.3  No solamente habían expulsado a los frailes y ex-claustrado a las monjas, sino que el país no tenía arzobispo sino gobernador eclesiástico, porque al prelado Ramón Casaus y Torres lo habían expulsado los liberales sin mayores contemplaciones.3-5

Una de las primeras medidas en favor de los sacerdotes católicos fue la autorización del retorno de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, y Colegio de Misiones de Propaganda Fide (La Recolección, la cual era la preferida de la familia Aycinena y recibió trato preferencial) y que se les devolvieran sus iglesias y conventos.5  En cuanto a los Jesuitas, éstos habían sido expulsados por las autoridades españolas desde 1767 y no poseían conventos ni haciendas en el país, pero eventualmente les fue autorizado el retorno.

Los religiosos encontraron así en Guatemala un refugio a la persecución de que eran víctimas en todo el continente americano, pues se les miraba como un símbolo de la dominación española y un atraso en el progreso de los pueblos. 6 Pero gracias al férreo control de Rafael Carrera sobre el gobierno guatemalteco, pudieron desarrollarse tranquilamente en el país hasta 1871, cuando los liberales por fin retomaron el poder.5

El decreto de 1839 por medio del cual se autorizó a los religiosos a retornar al Estado es el siguiente:

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, 21 DE JUNIO DE 1839, DECLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28 DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL SE SUPRIMIERON LAS ORDENES MONÁSTICAS

  1. Se declara nulo e insubsistente él decreto de veintiocho de julio de mil ochocientos veintinueve, contraido á la supresión de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, Merced y Colegio de Misioneros de Propaganda Fide.
  2. En consecuencia el gobierno del estado, poniéndose de acuerdo con el goberno eclesiástico, y oyendo á la municipalidad de esta capital, proveerá lo conveniente para que desde luego tenga efecto el restablecimiento del Colegio de misioneros de Propaganda Fide proporcionando a los religiosos la devolución de su iglesia y convento; y haciendo para ello las indemnizaciones que fueren de
    justicia.
  3. Para el restablecimiento de las otras órdenes religiosas, el gobierno también de acuerdo con el ordinario eclesiástico, y oyendo á la corporación municipal, dispondrá lo conveniente; consultando á la asamblea cuando fuere necesaria alguna resolución legislativa.7

BIBLIOGRAFIA:

  1. Woodward, Ralph Lee, Jr. (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Edición en línea) (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.
  2. Solís, Ignacio (1906) Memorias de Carrera, 1837 a 1840. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. 
  3. Molina Moreira, Marco Antonio (1979). «Manuel Francisco Pavón Aycinena, constructor del sistema político del Régimen de los Treinta Años». Tesis (Guatemala: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala).
  4. Williams, Mary Wilhelmine (1920). «The ecclesiastical policy of Francisco Morazán and the other Central American liberals». (en inglés) The Hispanic American Historical Review III (2).
  5. Hernández de León, Federico (10 de abril de 1928). «Fenómenos de nuestra historia». Nuestro Diario (Guatemala).
  6. Pérez, Pedro Nolasco O. de M. (1966). Historia de las Misiones Mercedarias en América. Madrid.
  7. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 273.