2 de septiembre de 1812: las Cortes de Cádiz eliminan el Reino de Guatemala y en su lugar establecen la Provincia de Guatemala y la Provincia de Nicaragua y Costa Rica; ambas dependientes de la Real Audiencia de Guatemala

Cortes de Cádiz en 1812.  Cuadro de Salvador Vinegra.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal lucharon contra el Primer Imperio francés de Napoleón, quien pretendía instalar en el trono español a su hermano, José Bonaparte. Esta fue llamada “Guerra de Indendencia de España”.  Ante el vacío de poder que se originó los poblados españoles se organizaron en juntas locales con representates militares, eclesiásticos y civiles, las cuales al agruparse resultaron en la formación de las Cortes de Cádiz en 1811.

Las Cortes aprobaron la nueva Constitución el 19 de marzo de 1812; ésta constaba de 384 artículos organizados en diez títulos todo basado en el principio de que la soberanía reside en la Nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales.  La Constitución no contenía una declaración explícita de derechos, pero los principios de derechos y libertades figuran en varios artículos, los cuales aunque son comunes en el siglo XXI, eran imposibles antes de la Constitución Cádiz. Entre ellos, quizá el más destacado fue el de la libertad de prensa y la eliminación de la censura del gobierno y de la Iglesia Católica.

Otras innovaciones radicales incluyeron:

  • la división de poderes: el ejecutivo recaía en manos del Rey y sus Secretarios de Despacho, o Ministros, el legislativo lo ejercían las Cortes unicamerales y el judicial era potestad de los tribunales de justicia independientes, comunes a toda la Nación
  • principio de soberanía nacional, la legitimidad del Monarca no provenía del origen divino, sino de la Nación reunida en las Cortes y de las leyes que estas promovieran.
  • el Rey sólo conservaba aquellas funciones que las Cortes no podían ejercer por sí mismas. Era la cabeza oficial del poder ejecutivo, pero el principio de responsabilidad ministerial sentaba las bases para que delegara la toma de decisiones: la responsabilidad de los actos regios recaía sobre el Gobierno, pues los ministros debían refrendar con su firma toda decisión del Monarca.
  • el establecimiento de escuelas primarias en todos los municipios, así como un Plan General de Enseñanza
  • la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto
  • la plena igualdad entre los ciudadanos de la Península y los ciudadanos de los territorios de ultramar

En cuanto a la religión, esta se mantuvo igual, pues un tercio de los diputados eran eclesiásticos y por ello sostuvieron que la religión de la Nación española era la “católica, apostólica y romana, única verdadera”, protegida por ley, y prohibió el ejercicio de cualquier otra. Eso sí, la Iglesia perdió algunos privilegios, como la censura previa de las publicaciones, además de la abolición de la Inquisición.  Es importante destacar que el representante de Guatemala ante las Cortes fue el canónigo del cabildo eclesiástico Antonio de Larrazábal y Arrivillaga.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz promulgaron entre 1810 y 1813 varios decretos que desmantelaban las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Un decreto del 6 de agosto de 1811 abolió el régimen señorial, célula básica de la organización local; medida de trascendental importancia que debía preceder a la aprobación de la Constitución. En el Antiguo Régimen, aproximadamente la mitad de la población española vivía bajo el régimen señorial. Los señores feudales tenían plena potestad para administrar justicia y nombrar autoridades en los señoríos sometidos a su jurisdicción. Así, cada señorío se regía por sus propias leyes, tenía sus propios órganos de justicia y sus propios sistemas tributarios, pues los señores percibían de sus vasallos rentas derivadas del ejercicio de su jurisdicción: tasas judiciales, monopolios locales, derechos de peaje, tasas por la caza, la pesca, el uso de pastos o de molinos… Los vasallos también debían realizar prestaciones personales, como trabajar algunos días en las tierras, molinos o fábricas del señor.

Las Cortes se caracterizaron por la poca representación que se concedió a las provincias americanas, pobladas por 13 millones de personas pero representadas por apenas 30 diputados, frente a las peninsulares, con 10 millones de personas pero 77 diputados. Esta fue una de las causas principales de la poca capacidad de las Cortes para satisfacer las demandas de los criollos.

En 1812, las Cortes de Cádiz mantienen la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimen la noción de Reino de Guatemala al dividir su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Honduras y El Salvador) instalada el 2 de septiembre de 1813 y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

En 1812, José de Bustamante y Guerra era el Presidente de la Real Audiencia de Guatemala.  Bustamente  inició su mando en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala”, “capitán General de Guatemala”, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda”, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco” y “Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues”; en 1812, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz se le cambia el título de Gobernador por el de Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala.

El 22 de marzo de 1814, ya cuando Napoleón había abdicado en Francia, el rey Fernando VII derogó la constitución de 1812 y reinstaló el absolutismo, por lo que José de Bustamante y Guerra volvió a ser Gobernador del Reino de Guatemala.  El representante de Guatemala, Larrazábal, fue hecho prisionero, primero en Cádiz y luego en el Convento de Belén en Guatemala.

Todas estas alteraciones en el orden politico de España y de sus colonias americanas estuvieron de la mano de las grandes revoluciones independentistas en las colonias mayores, es decir, los virreinatos de Nueva España y Nueva Granada.

BIBLIOGRAFIA:

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  • Diego García, Emilio de; Sánchez-Arcilla, José (2011). Diccionario de la Guerra de la Independencia 1808-1814 (1.ª edición). San Sebastián de los Reyes, Madrid: Actas Editorial. ISBN 978-84-9739-100-9.
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21 de junio de 1839: se restablecen las órdenes religiosas en Guatemala luego de haber sido expulsadas por Francisco Morazán y los liberales en 1829

Iglesia del Colegio de Propaganda Fide en 1875, al fondo del paredón se ve el portón al Convento.  Estos edificios fueron retorandos a los miembros de la congregación religiosa en 1839 luego de que fueran expulsados en 1829.  Imagen de Eadweard Muybridge.

El 13 de abril de 1839 habían entrado los campesinos montañeses a la capital del Estado de Guatemala, comandados por el general mestizo Rafael Carrera.   Aunque los milicianos eran hombres duros y analfabetos con un acérrimo fanatismo católico, respetaban a su general, quien tenía un supremo don de mando.

La bandera de los campesinos era la religión: era en los asuntos de la Iglesia en donde más se hacía sentir el cambio radical en el gobierno del Estado.  Carrera ordenó al presinte Mariano Rivera Paz, hombre “de caráter débil pero de buen corazón“, que reuniera a la Asamblea Legislativa para que se hiciera un decreto que ordenara al gobernador eclesiástico que en todas las iglesias del Estado se hiciera un día de rogación por el acierto de los trabajos de la propia Asamblea.  Era el principio de lo que sería la simbiosis entre la Iglesia Católica y el Estado guatemalteco durante los próximos treinta años.

El cambio en el sentimiento religioso fue muy grande y contrastaba con todos los vejámenes y humillaciones que se le habían hecho a los curas y a los frailes durante el gobierno liberal que empezó en 1829.  Es más, desde ese año no había arzobispo, sino gobernador eclesiástico, porque al prelado Ramón Casaus y Torres lo habían expulsado los liberales sin mayores contemplaciones.

Una de las primeras medidas en favor de los sacerdotes católicos fue la autorización del retorno de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, y Colegio de Misiones de Propaganda Fide (La Recolección) (que era la preferida de la familia Aycinena y recibió trato preferencial) y que se les devolvieran sus iglesias y conventos.  En cuanto a los Jesuitas, éstos habían sido expulsado por las autoridades españolas desde 1767 y no poseían conventos ni haciendas en el país.

Los religiosos encontraron así en Guatemala un refugio a la persecución de que eran víctimas en todo el continente americano, pues se les miraba como un símbolo de la dominación española y un atraso en el progreso de los pueblos.  Pero gracias al férreo control de Rafael Carrera sobre el gobierno guatemalteco, pudieron desarrollarse tranquilamente en el país hasta 1871, cuando los liberales por fin retomaron el poder.

El decreto es el siguiente:

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL ESTADO DE GUATEMALA, 21 DE JUNIO DE 1839, DECLARANDO INSUBSISTENTE EL DE 28 DE JULIO DE 1829, POR EL CUAL SE SUPRIMIERON LAS ORDENES MONÁSTICAS

  1. Se declara nulo e insubsistente él decreto de veintiocho de julio de mil ochocientos veintinueve, contraido á la supresión de las órdenes religiosas de San Francisco, Santo Domingo, Merced y Colegio de Misioneros de Propaganda Fide.
  2. En consecuencia el gobierno del estado, poniéndose de acuerdo con el goberno eclesiástico, y oyendo á la municipalidad de esta capital, proveerá lo conveniente para que desde luego tenga efecto el restablecimiento del Colegio de misioneros de Propaganda Fide proporcionando a los religiosos la devolución de su iglesia y convento; y haciendo para ello las indemnizaciones que fueren de
    justicia.
  3. Para el restablecimiento de las otras órdenes religiosas, el gobierno también de acuerdo con el ordinario eclesiástico, y oyendo á la corporación municipal, dispondrá lo conveniente; consultando á la asamblea cuando fuere necesaria alguna resolución legislativa.

BIBLIOGRAFIA: