Costa Rica retira precipitadamente sus tropas de Nicaragua, y Guatemala envía a su ejército para ayudar a combatir a los filibusteros de William Walker
Luego de que el filibustero estadounidense William Walker invadiera Nicaragua, el presidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora, dejó el mando en manos del doctor José María Castro y se puso al frente de sus tropas invadiendo Nicaragua. Iba a combatir a mercenarios que procedían no solamente de los Estados Unidos, sino que de Francia, Alemania y Holanda, entre otros.1
En las primeras batallas hicieron pedazos a los filibusteros, y aunque éstos contraatacaron en la ciudad de Rivas, los costarricenses lograron resistir al asesio filibustero. Sin embargo, el clima de Nicaragua en esa época era hostil y fue propicio para que se desatara una epidemia de cólera morbus, la cual diezmó a los soldados costarricenses.2 Ante esta situación, Mora no tuvo más remedio que retirarse de Nicaragua, no sin antes lanzar la siguiente proclama:3
Jefes y oficiales: derrota de los filibusteros en cuanto encuentro hemos tenido, ocupación de San José y de Rivas, posesión de la línea de tránsito, tales son los resultados de nuestra corta campaña. A pesar de mil obstáculos y de peligros independientes del cálculo humano, hemos hecho por ahora lo bastante por el honor de nuestro nombre, para la gloria del ejército, para el interés de la república. No hay deshonor en cejar ante un clima insalubre. Podemos retirarnos a nuestro territorio con serenidad y erguila la cabeza dejando escarmentado y a distancia a un enemigo exhausto, sin prestigios, sin recursos, mejor preparado para la fuga que para la resistencia.3
Así pues, el 26 de abril Mora retiró a sus tropas en Nicaragua, y el secretario general del gobierno nicaragüense hizo saber al Ministro de la Guerra: «al comunicar al Ministerio esta urgente medida, dictada por los progresos alarmantes del cólera y la necesidad de atender a la salud de nuestras valientes tropas, no puedo prescindir de deplorar el que una calamidad, superior a las fuerzas humanas, detenga el triunfo de nuestros triunfos y la ruina del filbusterismo…«3
La actitud digna del presidente Mora llegó al punto de separar a sus hombres en diferentes grupos que se internaron en la selva para evitar el paso por ciudades y poblados, aunque esto significara dejar numerosos soldados muertos.3
Ante la salida del fuerte ejército costarricense, los Estados Unidos siguieron proveyendo de armas y municiones a los filibusteros de Walker que se perfilaban como nuevos conquistadores de Nicaragua. Pero entonces, en mayo de 1856 el gobierno del capitán general Rafael Carrera envió sus tropas comandadas por el general y expresidente Mariano Paredes y el coronel José Víctor Zavala.4 En Nicaragua, por su parte, Walker se declaró dictador del país el 19 de junio, iniciando así la segunda parte de la Guerra Nacional.
Eventualmente, las fuerzas comandadas por Zavala resultaron triunfantes sobre los filibusteros, aunque con muchas pérdidas, incluyendo la de Paredes, quien murió víctima del cólera morbus.4
Morazán firma el Pacto del Jocote con Vicente Villaseñor, quien traicionó al jefe de estado de Costa Rica, Braulio Carrillo.
Cuartel militar de la provincia de Alajuela, cerca de la cual se firmó el Pacto del Jocote. En el recuadro: el jefe de estado de Costa Rica, Braulio Carrillo, traicionado y derrocado por aquel pacto. Imágenes tomadas de «Mi Costa Rica de Antano«.
El ex-presidente de la República Federal de Centro América, general Francisco Morazán, se encontraba exiliado en David, Panamá, cuando un grupo de criollos liberales costarricenses le envió una carta pidiéndole que fuera a Costa Rica para combatir al jefe de Estado conservador Braulio Carrillo, quien el 6 de junio de 1842 se había declarado «jefe perpetuo e inamovible«. Entre aquellos liberales estaban varios enemigos personales de Carrillo, incluyendo al ex-jefe de Estado Juan Mora Fernández, y varios exiliados costarricenses que vieron en Morazán la mejor opción para retomar el poder en su Estado.1
En Perú, Morazán recibió del presidente de aquel país un batallón de cinco mil hombres, y de los desterrados costarricenses un capital de 18 mil pesos, con lo cual compró armamento y arrendó un navío para ir a Costa Rica, a donde llegó el 7 de abril de 1842. Al enterarse, Carrillo ordenó que una fuerza de setecientos hombres al mando de su protegido, el brigadier salvadoreño Vicente Villaseñor, repelieran la invasión morazanista.1
El general Francisco Morazán desembarcó en el puerto de Calderas en el Estado de Costa Rica junto con sus tropas, y logró atraer a las fuerzas Villaseñor al paraje de El Jocote, cerca de El Coyol en Alajuela. Allí, bajo la sombra de un árbol, firmaron el «Pacto del Jocote«, por medio del cual Villaseñor traicionó al Jefe de Estado de Costa Rica, Braulio Carrillo Colina, y su ejército se unió sin combatir con el de Morazán quien fue proclamado como nuevo jefe de Estado de Costa Rica.2
En abril de 1840,cuando Morazán había salido al exilio tras renunciar como jefe de Estado de El Salvador, intentó desembarcar con sus allegados en el puerto de Puntarenas,3 pero Carrillo no se lo permitió. Ahora que los papeles se habían cambiado, Carrillo fue el que tuvo que embarcarse para salir al exilio en Sudamérica.4
Una vez en el poder, Morazán no perdió el tiempo, pues su principal meta era vengarse de la derrota que sufrió a manos del coronel Rafael Carrera el 19 de marzo de 1840 en la ciudad de Guatemala. De esta forma, el 10 de julio hizo que se instalara en la ciudad de San José, la Asamblea Constituyente, la cual declaró que el Estado de Costra Rica se reintegraba a la República Federal de Centro América el 20 de ese mismo mes.4
Su siguiente paso fue organizar la invasión de Nicaragua, pero cuando estaba ocupado en esto, las poblaciones de San José, Heredia y Alajuela se levantaron en masa contra él el 11 de septiembre porque no estaban de acuerdo con participar en dicha guerra y, tras derrocarlo, lo fusilaron el 15 de ese mismo mes.5
El general J. Rufino Barrios, en calidad de haberse autonombrado Jefe Supremo del Ejército de la Unión Centroamericana, declara que habrá libertad de prensa en toda la región.
La Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala en 1875 en una fotografía de Eadweard Muybridge. A la derecha la fuente de Carlos III en donde Barrios hizo fusilar a los supuestos implicados en un complot en su contra en 1877. En el recuadro: el general J. Rufino Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Al momento de embarcarse en su ambicioso proyecto de lograr la Unión Centroamericana, el estado mental del general J. Rufino Barrios estaba sumido en una obsesión en contra de los autores de un atentando en su contra que había ocurrido el 13 de abril de 1884, al punto que, según su ministro de Fomento Francisco Lainfiesta, solamente de eso hablaba en las reuniones de Ministros.
De acuerdo a Lainfiesta, aquellas reuniones transcurrían de esta manera:1
Se paseaba el general Barrios por su despacho con las manos asidas por detrás; allí estábamos los seis ministros con los brazos cruzados, lo más del tiempo silenciosos. Barrios hablaba y hablaba de los asesinos, de la ramerita de [Guillermo] Rodríguez, del chicherito, etcétera y repentinamente se acercaba a decirnos: «Si ustedes quieren, saquen a esa tal Rodríguez sáquenlo, sáquenlo; pónganlo en libertad… pero yo le mando pegar antes mil palos.»
Esto decía y repetía con frecuencia, como respondiendo a objeciones que él imaginaba se le hacían en favor de Rodríguez; o como para prevenir que se le hicieran, y era en aquellos arranques, cuando solía agarrarse la cabeza, diciendo: «Si esto no acaba pronto, voy a parar en loco».
Santos Soto [otro de los acusados] recibió orden de permanecer en el interior y en la hora del movimiento de Palacio, frente a la entrada de la casa, para que todos le viesen entrar y fuese como un fantasma funesto que a muchos había de causar susto. […] Además, pasaba Soto algunas horas en el despacho presidencial, sentado allí entre los ministros, lo que parecía expresamente dispuesto así por Barrios en son de burla o menosprecio de sus altos funcionarios.1
A don Juan Rodríguez lo hizo trasladar al Palacio Nacional, frente por frente de la casa de la presidencia, ocupando el lujoso saloncito destinado al despacho del presidente. Allí encontré a Rodríguez inesperadamente […] Por la noche le hacía pasar Barrios a la casa y permanecer hasta las nueve, […] tomando parte en la terturlia que allí formaban algunos de los ministros. Yo estuve una vez en esa terturlia.2
Concluye Lainfiesta su relato diciendo: «Si no fue mediando un verdadero trastorno mental, ¿sería posible imaginar procedimientos tan torcidos y extravagantes como los relacionados?»2
Con respecto a la situación en el país a principios de 1885, dice Lainfiesta:
El país se encuentra como desmayado o detenido en su anterior derrotero de movimiento y acción. El precio del café es desfavorable y esto desalienta a los agricultores; la Hacienda Pública, entregada a las más ruinosas transacciones para sobrellevar a medias el peso de las necesidades; el crédito de los ministros de Barrios a excepción de Cruz y Díaz Mérida, y el de varios particulares, comprometidos en fianzas a favor del Tesoro Nacional, arrancadas en son de companerismo y amitad; y la atmósfera general, pesada y oscura a cauas de las crueles zozobras y sufrimientos del ano fatal recién pasado. Y Barrios delirando siempre con la bomba y con nuevos proyectos de asesinato de su persona; hasta concluir con que era indispensable llevar a cabo la Unión Nacional, único recurso, decía «que nos queda para asegurar la tranquiidad y las conquistas de la revolución de 1871».3
En medio de esta situación, ante las críticas contra su idea de unión que se estaban dando en Nicaragua, Honduras y El Salvador, y que se referían a él como «el salvaje de San Marcos«, Barrios emitió un decreto aduciendo que iba a permitir la libertad de prensa en toda Centroamérica, tal y como supuestamente lo había estado haciendo en Guatemala bajo los principios liberales.4 Por supuesto, aquello era propaganda para su proyecto unionista, porque en Guatemala no había tal libertad de expresión; basta solamente el ejemplo de la renuncia en 1882 del embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, licenciado Lorenzo Montúfar, para darse cuenta de que lo que se publicaba en el país era únicamente alabanzas a favor del presidente.5
Reproducimos a continuación aquel decreto unilateral que emitió Barrios el 7 de marzo de 1885 para que el lector juzgue su contenido:
J. Rufino Barrios, General de División y Supremo Jefe Militar de la Unión de Centro-América,
Considerando: que proclamada la Unión de las Repúblicas de la América Central debe tratarse de alcanzar desdo luego un sus más impotantes objetos, el que sean amplias, electivas y prácticas las garantías de que los ciudadanos, eficazmente amparados por la autoridad y por la ley, han de gozar bajo un régimen verdaderamente liberal;
Que el Jefe de la Unión se ha esforzado por establecer y consolidar en la República de Guatemala tales garantías, y entre ellas, muy principalmente, la libertad de la prensa, sin la que no puede decirse que haya instituciones de- mocráticas ni que el ciudadano sea libre, cuando no tiene el ejercicio de uno de sus más sagrados derechos; pero, ó no se han comprendido é interpretado debidamente los propósitos que a este respecto le inspiran los principios que profesa; ó no han podido secundarse a causa de la incertidumbre y pequeñez en que la desunión ha mantenido a estos pueblos, pequeñez que así como no ha permitido que adquieran riqueza y prosperidad material, tampoco les ha hecho sentir la necesidad de usar de aquellos derechos indispensables en una República realmente digna de este título y formada de hombres libres;
Que hoy es tiempo de que la prensa, sacudiendo todo temor, use de toda la libertad que necesita para ser provechosa y fecunda, y para constituirse en vigorso auxiliar é intérprete de la opinión y en poderosa palanca del progreso; y es tiempo de que comprendiéndose rectamente la intención del Jefe de la Unión de sostener por todos los medios á su alcance, la libertad y respeto de esa salvadora institución; le ayuden todos aprovechándose de ella y procurando los beneficios que de su amplio ejercicio han de resultar;
Que de ese modo se darán á conocer y podrán cor regirse los desmanes en que incurran las personas revestidas de autoridad; y por lo mismo, es preciso impedir severamente que éstas, puedan en algún caso, abusar de su posición, y salirse de los límites que fijan las leyes actuales para el ejercicio de esa libertad, que solo son propiamente los de no emplearla para ejecutar un delito, DECRETA:
Art. 1.° — El Jefe Supremo de la Unión, bajo su más estrecha responsabilidad, ampara, protege y sostiene en todo Centro-América la amplia libertad de la prensa, sin previa censura y sin otras restricciones qne las de la ley vigente.
Art. 2.° — Lejos de oponerse a que se comenten ó censuren sus propios actos oficiales, o los de cualquiera otra autoridad o empleado, excita a todos a que públicamente externen sus opiniones a este respecto, y las defiendan sin ningún miramiento o reserva.
Art. 3.° — Cualquiera autoridad o empleado que, de hecho o abusivamente, fuera de los casos, o sin la forma y garantías que la ley establece,proceda en cualquier sentido, contra periodistas o escritores que por la prensa censu- ren sus actos ó los del Gobierno ó sus agentes, incurrirá en destitución inmediata de su cargo ó empleo é inhabilitación perpetua para ejercerlo.
Tras la Anexión al Primer Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822, se disuelve la Junta Provisional Consultiva establecida por el acta del 15 de septiembre de 1821.
Palacio Colonial de la Ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. aquí se firmó el acta de Independencia y la Anexión a México. En el recuadro: retrato que se cree que corresponde al brigadier Gabino Gaínza. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
8.° — Que el señor Jefe Político, brigadier don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar que este tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los señores individuos de esta diputación provincial y de los señores don Miguel Lárreynaga, ministro de esta audiencia; don José del Valle, auditor de Guerra; marqués de Aycinena; doctor don José Valdez, tesorero de esta santa iglesia; doctor don Ángel Maria Candina; y licenciado don Antonio Robles, alcalde tercero constitucional: el primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, el cuarto por Solóla y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate, y el sexto por Ciudad Real de Chiapa.2
En la junta consultiva estaba, en primer lugar, el brigadier Gabino Gaínza, que había traicionado a España al pactar con los criollos aristócratas la independencia de la región, seguido por el Marqués de Aycinena, quien era el líder de dichos criollos aristócratas. También estaba José Cecilio del Valle, quien publicaba «El Amigo de la Patria» —periódico de los aristócratas y quien redactara el Acta de Independencia—, y el tesorero de la arquidiócesis. En otras palabras, los principales miembros de la Junta eran todos antiguos funcionarios o influyentes personajes del gobierno colonial. Ahora bien, el problema con esto, es que el resto de criollos del antiguo Reino de Guatemala no veía con buenos ojos a los criollos aristócratas de la capital, ya que sabían que éstos tenían los mejores puestos en las administraciones civiles y religiosas —que eran entonces un gran privilegio en términos económicos—, y además consideraban que los aristócratas no les daban un trato justo con respecto al comercio del producto de sus haciendas.3
La Asamblea Constituyente declaró la independencia absoluta de la región el mismo 1 de julio y nombró a la región provisionalmente Provincias Unidas del Centro de América en un acta en la que el artículo 1.° específicamente dice que la región no es propiedad de ninguna familia en particular, en alusión directa a los criollos aristócratas guatemaltecos:
Que las provincias de que se componía el Reino de Guatemala, son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo; y que no son, ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.5
Dado que la Junta Consultiva el 21 de febrero de 1822 había aprobado la anexión a México, los criollos rurales se aglutinaron en la causa liberal y acusaron a los aristócratas de haberla promovido y les recriminaron el desastroso estado en que quedó la región luego de la caída de Iturbide. Por eso, muchos de los decretos emitidos por las Asambleas de Centroamérica y del Estado de Guatemala iban dirigidos a restar los privilegios a los aristócratas y a los eclesiásticos,6 hasta que llegó el momento en que los aristócratas no soportaron más y dieron el golpe de estado contra Juan Barrundia en septiembre de 1826,7 iniciando la Guerra Civil Centroamericana que, en el caso de Guatemala, se extendió hasta 1851 y retrasó el desarrollo del país considerablemente.
En las Convenciones de Washington las repúblicas centroamericanas firman el Tratado General de Paz y Amistad para tratar de evitar que ocurran golpes de estado en la región.
Edificio «Panamerican Union» en Washington, D.C. En este edificio se guardó el original del Tratado General de Paz y Amistad de los países Centroamericanos en 1923. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
A instancias del gobierno de los Estados Unidos, las naciones centroamericanas se reunieron en Washington para celebrar un Tratado General de Paz y Amistad. Los Estados Unidos esperaban con este tratado mantener un mejor control de la región, intentando por este medio que no hubiera golpes de estado ni revoluciones.1 El Tratado estuvo vigente hasta 1934 y con base en él, el gobierno de los Estados Unidos no reconoció al gobierno de facto del general Manuel María Orellana, que asumió el poder el 17 de diciembre de 1930 luego de derrocar al presidente interino, Baudilio Palma,2 y el gobierno del general Jorge Ubico cerró sus fronteras a los campesinos que huían de El Salvador luego de un alzamiento comunista en ese país en 1932.3
El tratado se reproduce a continuación por su relevancia histórica:1
LAS CONVENCIONES DE WASHINGTON- TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD
Los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, deseando continuar las buenas relaciones de amistad que han existido entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de una situación de paz en la América Central, han tenido a bien celebrar un Tratado General de Paz y Amistad, y, al efecto, han nombrado Delegados, a saber:
GUATEMALA, a los Excelentísimos señores Don Francisco Sánchez Latour y Licenciado Don Marcial Prem;[…]
En virtud de la invitación hecha al Gobierno de los Estados Unidos de América por los Gobiernos de las cinco Repúblicas de Centro América, estuvieron presentes en las deliberaciones de la Conferencia, como Delgados del Gobierno de los Estados Unidos de América, los Honorables Señores Charles E. Hughes, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América y Sumner Welles, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Después de comunicarse sus respectivos plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, los Delegados de los cinco Estados de la América Central, reunidos en Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos en Washington, han convenido en llevar a efecto el propósito indicado de la manera siguiente:
Artículo I. Las Repúblicas de Centro América consideran como el primordial de sus deberes, en sus relaciones mutuas, el mantenimiento de la paz; y se obligan a observar siempre la más completa armonía y a resolver los desacuerdos o dificultades que puedan sobrevenir entre ellas, de conformidad con las Convenciones que en esta fecha han suscrito para el establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano y para el establecimiento de Comisiones Internacionales de Investigación.
Artículo II.— Deseando asegurar en las Repúblicas de Centro América los benéficos que se derivan de la práctica de las instituciones libres y contribuir al propio tiempo a afirmar su estabilidad y los prestigios de que deber rodearse, declarán que se considera amenazante a la paz de dichas Repúblicas todo acto, disposición o medida que altere en cualquiera de ellas el orden Constitucional, ya sea que proceda de algún Poder público, ya de particulares.
En consecuencia, los Gobiernos de las Partes Contratantes no reconocerán a ninguno que surja en cualquiera de las cinco Repúblicas por un golpe de estado o de una revolución contra un gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional. Y aun en este caso se obliga a no otorgar el reconocimiento si alguna de las personas que resultaren electas Presidente, Vicepresidente o Designado estuviere comprendida en cualquiera de los casos siguientes:
Si fuere el jefe o uno de los jefes del golpe de estado o de la revolución; o fuere por consanguinidad o afinidad ascendiente, descendiente o hermano de alguno de ellos.
Si hubiese sido Secretario de Estado o hubiese tenido alto mando militar al verificarse el golpe de estado o la revolución o al practicarse la elección, o hubiese ejercido ese cargo o mando dentro de los seis meses anteriores al golpe de estado, revolución o elección.Nota a
Tampoco será reconocido, en ningún caso, el gobierno que surja de elecciones recaídas en un ciudadano inhabilitado expresa e indubitablemente por la Constitución de su país para ser electo Presidente, Vicepresidente o Designado.
Artículo III.— Las Partes Contratantes se obligan a constituir ante cada una de las otras agentes diplomáticos o consulares.
Artículo IV.— Ningún Gobierno de Centro América podrá, en caso de guerra civil, intervenir a favor ni en contra del Gobierno del país donde la contienda tuviere lugar.
Artículo V.— Las Partes Contratantes se obligan a mantener en sus respectivas Constituciones el principio de no reelección del Presidente y Vicepresidente de la República; y aquellos en cuya Constitución se permita esa reelección se obligan a provocar la reforma constitucional en ese sentido en la próxima reunión del Poder Legislativo después de la ratificación del presente Tratado.Nota b
Artículo VI.— Los nacionales de una de las Partes Contratantes, residentes en el territorio de cualquiera de las otras, gozarán de los mismos derechos civiles de que gozan los del propio país. Se considerarán como ciudadanos en el país de su residencia si manifestaren su voluntad de serlo y reuniesen las condiciones que exijan las correspondientes leyes constitutivas.
Los no naturalizados estarán exentos en todo tiempo de todo servicio militar. Tampoco podrán ser admitidos en dicho servicio sin el previo consentimiento de su Gobierno, salvo el caso de guerra internacional con un país no centroamericano. También estarán exentos de todo empréstito forzoso o requerimiento militar y no se les obligará por ningún motivo a pagar más contribuciones o impuestos ordinarios o extraordinarios que aquellos que pagan los naturales.
Artículo VII.— Los ciudadanos de los países signatarios que residan en el territorio de los otros gozarán del derecho de propiedad literaria, artística o industrial en los mismos términos y sujetos a los mismos requisitos que los naturales.
Artículo VIII.— Las naves mercantes de cada uno de los países signatarios se considerarán en los mares, costas, y puertos de los otros como naves nacionales; gozarán de las mismas exenciones, franquicias, y concesiones que éstas y no pagarán otros derechos ni tendrán otros gravámenes que los establecidos para las embarcaciones del país respectivo.
Artículo IX.— Los Gobiernos de las Repúblicas Contratantes se comprometen a respetar la inviolabilidad del derecho de asilo a bordo de los buques mercantes de cualquiera nacionalidad surtos en sus aguas. No podrá extraerse de dichas embarcaciones sino a los reos de delitos comunes, por orden del Juez competente y con las formalidades legales. A los perseguidos por delitos políticos o delitos comunes conexos con los políticos, no se les podrá extraer en ningún caso.
Artículo X.— Los Agentes diplomáticos y consulares de las Repúblicas Contratantes en los países extranjeros prestarán a las personas, buques y demás propiedades de los ciudadanos de cualquiera de ellas, la misma protección que a las personas, buques y demás propiedades de sus compatriotas, sin exigir por sus servicios otros o mayores derechos que los acostumbrados respecto de sus nacionales.
Artículo XI.— Habrá entre las Partes Contratantes un canje completo y regular de toda clase de publicaciones oficiales.
Artículo XII.— Los instrumentos públicos otorgados en una de las Repúblicas Contratantes serán válidos en las otras, siempre que estén debidamente autenticados y que en su celebración se hayan observado las leyes de la República de donde proceden.
Artículo XIII.— Las autoridades judiciales de las Repúblicas Contratantes darán curso a las requisitorias en materia civil, comercial o criminal, concernientes a citaciones, interrogatorios y demás actos de procedimiento o instrucción, exceptuando las requisitorias en materia criminal cuando el hecho que las motive no constituya delito en el país requerido.
Los demás actos judiciales, en materia civil o comercial, procedentes de acción personal, tendrán en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes igual fuerza que los de los tribunales locales, y se ejecutarán del mismo modo, siempre que se declaren previamente ejecutoriados por el Tribunal Supremo de la República en donde han de tener ejecución lo cual se verificará si llenaren las condiciones esenciales que exige su respectiva legislación y conforme a las leyes vigentes en cada país para la ejecución de las sentencias.
Artículo XIV.— Cada uno de los Gobiernos de las Repúblicas de Centro América, en el deseo de mantener una paz permanente, conviene en no intervenir, en ninguna circunstancia, directa o indirectamente, en los asuntos políticos internos de otra República Centroamericana, y en no permitir que persona alguna, ya sea nacional, centroamericana o extranjera, organice o fomente trabajos revolucionarios dentro de su territorio contra un Gobierno reconocido de cualquiera otra República Centroamericana. Ninguno de los Gobiernos Contratantes permitirá a las personas que estén bajo su jurisdicción que organicen expediciones armadas o tomen parte en las hostilidades que surjan en un país vecino o suministren dinero o pertrechos de guerra a las partes contendientes. Los Gobiernos Contratantes se comprometen a adoptar y dictar las medidas eficaces, compatibles con la Construcción política de su país, que fueren necesarias para evitar que se efectúen actos de esta naturaleza dentro de su territorio.
Inmediatamente después de ratificado este Tratado, los Gobiernos Contratantes se comprometen a presentar a sus respectivos Congresos los proyectos de ley necesarios para el debido cumplimiento de este artículo.
Artículo XV.— Las Partes Contratantes se obligan a no celebrar entre ellas, por ningún motivo, pactos, convenios o acuerdos secretos y en tal virtud, todo pacto, convenio o acuerdo entre dos o más de las Partes Contratantes será publicado en el periódico oficial de cada uno de los Gobiernos interesados.
Artículo XVI.— Estando resumidas o convenientemente modificadas en este Tratado las disposiciones de los firmados en diversas Conferencias Centroamericanas por los cinco Países Contratantes, se declara que todos quedan sin efecto y derogados por el actual cuando sea definitivamente aprobado y canjeado.
Artículo XVII.— El presente Tratado entrará en vigor para las Partes que lo hayan ratificado desde que concurran las ratificaciones de por lo menos tres de los Estados firmantes.
Artículo XVIII.— El presente Tratado estará en vigor hasta el primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro, no obstante denuncia anterior o cualquier otro motivo. Del primero de enero de mil novecientos treinta y cuatro en adelante continuará vigente hasta un año después de la fecha en que una de las partes obligadas notifique a las otras su intención de denunciarlo. La denuncia de este Tratado por una o dos de dichas Partes obligadas lo dejará vigente para las que habiéndolo ratificado no lo hubieren denunciado siempre que éstas fueren por lo menos tres. Si dos o tres Estados obligados por este Tratado llegaren a formar una sola entidad política, el mismo Tratado se considerará vigente entre la nueva entidad y las Repúblicas obligadas que permanecieren separadas, mientras éstas sean por lo menos dos. Cualquiera de las Repúblicas de Centro América que dejare de ratificar este Tratado, podrá adherir a él mientras esté vigente.
Artículo XIX.— El canje de las ratificaciones del presente Tratado se hará por medio de comunicaciones que dirigirán los Gobiernos al Gobierno de Costa Rica, para que éste lo haga saber a los demás Estados Contratantes. El Gobierno de Costa Rica les comunicará también la ratificación si la otorgare.
Artículo XX.— El ejemplar original del presente Tratado, firmado por todos los delegados plenipotenciarios, quedará depositado en los archivos de la Unión Panamericana establecida en Washington. Una copia auténtica de él será remitida por el Secretario General de la Conferencia a cada uno de los Gobiernos de las Partes Contratantes.
Firmado en la ciudad de Washington, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos veintitrés.1
Department of State. (1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
La nueva constitución de Costa Rica, decreta la abolición definitiva del ejército de ese país luego de una fallida invasión contra el presidente de Nicaragua Anastasio Somoza
Monumento a José Figueres Ferrer en Costa Rica, en conmemoración de la abolición del ejército de su país. En el recuadro, Figueres Ferrer durante su primera presidencia. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La desaparición del ejército costarricense está directamente relacionada con el movimiento revolucionario que se produjo en Guatemala en 1944. En ese año, los gobiernos militares dictatoriales de Hernández Martínez en El Salvador y el de Jorge Ubico en Guatemala fueron derrocados entre mayo y junio y el gobierno de Guatemala tuvo un cambio dramático el 20 de octubre de ese año cuando una revolución cívico-militar derrocó al presidente interino, general Federico Ponce Vaides.1
El Pacto del Caribe señalaba que los miembros integraban una red “de grupos representativos de la República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica […] Una vez derrocados los dictadores, los recursos de las naciones liberadas servirán para reforzar nuestro común esfuerzo. […] Todos los grupos representativos de los pueblos oprimidos del Caribe serán invitados para unirse a este pacto, para que así también –con nuestra ayuda– puedan liberar sus propios países”.3
Entre los que asistieron a aquella primera reunión de la Legión Caribe estuvo el costarricense José Figueres Ferrer, quien había tenido que salir al exilio en 1942, durante la presidencia de médico Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de que las fuerzas policiales lo detuvieran durante un discurso radiofónico en el que criticaba duranmente al gobierno. Figueres Ferrer se fue a México, en donde estuvo hasta 1944, y luego regresó a Costa Rica cuando Calderón Guardia entregó el poder a Teodoro Picado Michalski, que gobernó de 1944 a 1948 bajo el control de los partidarios de Calderón y del Partido Comunista. Luego, en 1945, Figueres Ferrer contribuyó a la fundación del Partido Social Demócrata (PSD). y en 1947 participó de la convención de los sectores de oposición política al calderonismo, aunque fue derrotado por Otilio Ulate Blanco, en la postulación para la candidatura presidencial por la coalición con el Partido de Unión Nacional (PUN) en las elecciones de febrero de 1948. En aquellas elecciones también se postuló Calderón Guardia, que aspiraba a ser electo presidente para un segundo término.3 Ese mismo año, tras la reunión en Guatemala, Figueres Ferrer obtuvo apoyo para organizar una fuerza armada irregular de 700 mercenarios, que logró controlar algunas áreas rurales, pero no pudo pasar de allí.4
En ese momento, el ambiente era muy tenso en Costa Rica debido a las acusaciones mutuas entre los oficialistas y la oposición sobre un posible fraude electoral, aunado a los llamamientos que hacía Figueres Ferrer desde sus posiciones en el interior del país. El Gobierno en un intento de apaciguar los ánimos, decidió dejar en manos de la oposición la organización de los comicios en los que resultó provisionalmente electo el candidato opositor, Ulate Blanco. Sin embargo, antes de poder confirmar con el conteo manual el resultado, la sede en donde se encontraban los votos -el Colegio Superior de Señoritas- se incendió en forma sospechosa por lo que el doctor Calderón Guardia presentó al Congreso una demanda de nulidad de las elecciones presidenciales, aunque no de las legislativas, en las que sus partidarios sí habían obtenido mayoría. El 1 de marzo el Congreso, donde la alianza de calderonistas y comunistas tenía mayoría, anuló las elecciones presidenciales detonando una guerra civil, en las que los mercenarios del Ejército de Liberación Nacional de Figueres Ferrer entraron finalmente en acción.4
Una de las primeras acciones realizadas por las fuerzas mercenarias fue tomar el aeropuerto de Pérez Zeledon, con el fin de establecer un puente aéreo con Guatemala, por medio del cual hombres y armas de la Legión Caribe y armas del ejército Guatemalteco pudieran ser transportadas a Costa Rica para ayudar a la causa de los rebeldes. Miguel Ángel Ramírez Alcántara, exiliado dominicano y miembro prominente de la Legión Caribe, fue el líder del estado mayor de aquella fuerza mercenaria del Ejército de Liberación Nacional.4
Figueres Ferrer estaba ansioso por irrumpir en la vida política con un proyecto de modernización que modificaría el orden social agroexportador que se mantenía desde la Independencia. Si bien ya había habido algunas reformas sociales iniciadas por Calderón Guardia, (por ejemplo, la creación de la asistencia social, la aprobación del Código de Trabajo y otras más, todas inspiradas en el «New Deal» del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt). El pacto Ulate-Figueres, firmado tras el triunfo de los rebeldes el 1 de marzo de 1948, permitió que Figueres Ferrer fuera el Secretario de Relaciones Exteriores, puesto en el que declaró el rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de Trujillo en la República Dominicana. Poco después, Figueres Ferrer encabezaría una Junta de Gobierno que se extendió durante los próximos dieciocho meses y que dió origen a la fundación de la Segunda República de Costa Rica.3,4
Antes de que finalizara la guerra civil, Figueres se había comprometido con los comunistas a respetar las reformas sociales de Calderón, para la gran frustración de las élites cafetaleras. La junta de gobierno estableció el monopolio estatal de los depósitos bancarios y nacionalizó los bancos. Y ya en el poder, Figueres Ferrer decidió apoyar el derrocamiento de Anastasio Somoza García en Nicaragua, pero los mercenarios de la Legión Caribe tuvieron una conducta indisciplinada que fue advertida por la prensa internacional, despretigiando el movimiento revolucionario. Entonces, en diciembre de 1948 Somoza organizó una invasión a Costa Rica, y Figueres Ferrer tuvo que recurrir ante la Organización de Estados Americanos para buscar una salida pacífica. Como parte de los compromisos, Figueres devolvió las armas al gobierno de Guatemala, devolvió a algunos exiliados nicaragüenses, renunció a la Legión Caribe y tuvo que abolir al ejército costarricense.4
Aquellas armas devueltas a Guatemala provocaron una fractura irremediable en el gobierno guatemalteco. El gobierno del Dr. Arévalo Bermejo había apoyado con ellas a la invasión contra la República Dominicana por parte de las fuerzas de la Legión Caribe, pero como ésta fracasó rotundamente, las armas quedaron decomisadas en Guatemala, primero en el Puerto de San José, y luego en la residencia presidencial «El Morlón» en Amatitlán. El Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Francisco Javier Arana, fue a revisar la condición de aquellas armas el 18 de julio de 1949, y murió tratando de evitar que lo capturaran los hombres del ministro de la Defensa, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, a quienes había enviado el Arbenz por orden del presidente, luego de que Arana había exigido a Arévalo que este cambiara a todo su gabinete por personas de su confianza. Tras la muerte de Arana, se produjeron fuertes combates contra el presidente Arévalo por los militares leales al fallecido jefe, pero finalmente las fuerzas arbencistas se impusieron.5
Mientras tanto en Costa Rica, la medida de abolir el ejército fue confirmada en el artículo 12 de la Constitución del 8 de noviembre de 1949, la cual entró en vigor el mismo día que la Junta de Gobierno entregó el poder a Utilio Olate Blanco. Figueres Ferrer gobernó Costa Rica nuevamente de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974, en ambos casos llegando al poder por medio de elecciones.4
BIBLIOGRAFIA:
De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
Monge Alfaro, Carlos (1980). Historía de Costa Rica 16a. edición. Cota Rica: Imprenta Trejos. pp. 298-299
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
Aguilar Bulgarelli, Oscar (1974). Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. San José, Costa Rica: EDUCA.
El general liberal Francisco Morazán asume como presidente de la República Federal de Centro América luego de la Guerra Civil Centroamericana
Mapa de México y de la República Federal de Centro América en la época en que Morazán tomó posesión como presidente federal. Nótese que ya existía el enclave británico de Belice entre Yucatán y Guatemala, desde donde los ingleses dirigían su política en la región. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Cuando se realizaron las elecciones, en las que participaron únicamente los criollos varones, el Congreso Federal estaba compuesto en su mayoría por liberales partidarios de Morazán, y tras varias discusiones por no haber mayoría absoluta, declararon a éste presidente de la República Federal de Centro América.1 El mismo doctor Lorenzo Montúfar, liberal radical, expresó lo siguiente sobre la derrota de Valle: «en 1830, el brillo de una espada eclipsaba la ciencia y la profundidad de cálculos del gran pensador centroamericano«.2
La fecha para la toma de posesión fue el 15 de septiembre, pero como se celebraba un aniversario más de la declaración de Independencia, se decidió que fuera el 16. Para ese entonces, Morazán era jefe de Estado de Honduras, y salió de Tegucigalpa dejando en su lugar a José Santos del Valle, llegando a la Ciudad de Guatemala el 14 de septiembre. Sus aduladores liberales en Guatemala lo recibieron con grandes muestras de alegría: hubo repique de campanas y salvas de artillería.3
El 16 de septiembre de 1830 fue un día lluvioso, lo que no impidió que los liberales se vistieran de gala y adornaran sus casas lujosamente, mientras los cañonazos repercutían en el ambiente. La Asamblea formó dos comisiones: una para acompañar hasta el recinto de la Asamblea al presidente Barrundia, y la otra para acompañar al presidente electo a su toma de posesión. Ya en el recinto de la Asamblea, Barrundia entregó el poder a Morazán y el presidente de la Asamblea, E. Lorenzana pronunció un discurso en el hizo un recuento de los males atribuídos al gobierno del general Manuel José Arce y Fagoaga y adulaba al nuevo presidente federal.4
Morazán contestó solemnemente y explicó desde su punto de vista el por qué había las armas en contra del gobierno federal; además, indicó que iba a buscar un acercamiento con las autoridades del clero secular,5 aún después de haber expulsado a los frailes regulares y al arzobispo Ramón Casaus y Torres en 1829.6
Aquel acto terminó con los discursos de rigor, y se inició así el gobierno de Morazán, durante el cual sus medidas anticlericales, su acercamiento con los intereses británicos, que eran vistos como «herejes» por el pueblo católico, y su empecinamiento en perpetuarse en el poder llevaron a los Estados a separarse paulatinamente de la Federación, la cual terminó de hecho cuando el propio Morazán fue categóricamente derrocado en la ciudad de Guatemala por las fuerzas del general campesino guatemalteco Rafael Carrera, el 19 de marzo de 1840. Carrera había liderado una revolución campesino-católica que derrocó al gobierno liberal del jefe de Estado Mariano Gálvez en 1838, luego de que las medidas económicas y judiciales que este tomó colmaron la paciencia de la población rural, y luego recuperó por la fuerza el Estado de Los Altos a principios de 1840, el cual era un nuevo estado que los criollos liberales guatemaltecos habían formado cuando los criollos conservadores recuperaron el poder en Guatemala.6
Morazán intentó regresar a la región cuando fue invitado a ayudar a los criollos liberales a derrocar al gobierno de Braulio Carrillo en Costa en 1842, pero un levantamiento de la población de San José terminó con su breve gobierno provisorio, tras lo cual fue capturado, juzgado sumariamente y fusilado en esa ciudad el 15 de septiembre de 1842, casi 12 años exactos después de haber tomado posesión como presidente de la República Federal.7
Los enviados del gobierno guatemalteco, Lic. Arturo Ubico y Lic. Antonio Batres Jáuregui logran escapar ser capturados por El Salvador y Costa Rica
El antiguo muelle del puerto de Acajutla en El Salvador, en donde no pudo desembarcar el Lic. Ubico debido a la guerra con Guatemala. En los recuadros: el presidente de Honduras, Luis Bográn, y el enviado de Guatemala, Arturo Ubico Urruela. Imágenes tomadas de Fotos antiguas de Sonsonate y de Wikimedia Commons.
El general presidente, J. Rufino Barrios, había estado manipulando la política de Honduras y El Salvador desde 1876, colocando a los licenciados Marco Aurelio Soto1 y Rafael Zaldívar2 como presidentes de Honduras y El Salvador, respectivamente. A cambio, ambos presidentes le pasaban un generoso impuesto feudal cada año3 y se comprometieron a ser sus aliados en caso de guerra. Cuando Soto ya no fue del agrado de Barrios, lo sustituyó por Luis Bográn, y empezó sus preparaciones para intentar la Unificación Centroamericana.
Sin embargo, a diferencia de Bográn que fue su aliado incondicional y hasta fue condecorado por la Asamblea Legislativa de Guatemala como «Benemérito de Centro América», Zaldívar traicionó a Barrios y el 22 de marzo firmó un pacto con Nicaragua y Costa Rica para defenderse de la agresión «del salvaje de San Marcos», que era como llamaban a Barrios sus rivales centroamericanos.4
Barrios partió para reunirse con sus tropas en la frontera con El Salvador el 23 de marzo,5 y envió al licenciado Arturo Ubico en una comisión para el presidente hondureño Luis Bográn, y al licenciado Antonio Batres Jáuregui, a una comisión para Washington. Ambos comisionados partieron en el mismo vapor en el que también iban dos ministros salvadoreños que habían estado en Guatemala, los cuales, cuando llegaron al puerto salvadoreño de Acajutla, se encargaron de hacerle saber a todo el mundo que iban dos comisionados guatemaltecos a bordo. Por esta razón, no los dejaron desembarcar y tuvieron que seguir hasta Costa Rica, pero al llegar al puerto de Puntarenas, tampoco pudieron desembarcar pues los estaban esperando quince lanchas con veinte hombres armados cada una.6
Así pues, Ubico no pudo cumplir con su misión de entregarle doce mil pesos de plata al presidente Bográn, y se los tuvo que dar a Batres Jáuregui, que siguió su viaje hacia los Estados Unidos. Según cuenta este último en su obra «La América Central ante la Historia«, he aquí lo que pasó con aquel dinero tras la muerte de Barrios el 2 de abril de 1885:
«Ubico andaba con pocos fondos, como que creía que ir a Honduras, nada más. Me dió una libranza por mil pesos, contra don Manuel Hernández, que se hallaba en Guatemala y éste la cubrió inmediatamente que le fué presentada. Los doce mil pesos fueron a pasar a San Francisco California, y por influencias de don Florentín Souza, llegaron a poder de doña Francisca Aparicio de Barrios, que era quien menos los necesitaba, y que ningún derecho tenía sobre los fondos nacionales».6
Y aquellos fondos no serían los únicos que heredara la viuda de Barrios, ya que, de acuerdo a un inventario levantado Carlos F. Murga, la Sra. Aparicio de Barrios fue la heredera universal de los bienes que el fallecido presidente guatemalteco acumuló durante su gobierno, y que ascendieron a treinta y tres millones de pesos de la época.7
BIBLIOGRAFIA:
Lozano, Enrique (18 de diciembre de 1890). «Drama Político en Honduras». La Opinión (México, D. F.): 56.
El Salvador, Costa Rica y Nicaragua firman en Santa Ana, El Salvador el Tratado de Alianza contra la Intentona de Barrios.
La ciudad de Guatemala en 1885, cuando J. Rufino Barrios empredió su campaña de Unificación de Centroamérica. En el recuadro: el presidente de Guatemala, J. Rufino Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras presentar con bombos y platillos su decreto de Unión Centroamericana el 28 de febrero de 1885, el presidente de Guatemala, general J. Rufino Barrios, estaba convencido de que el proyecto sería aprobado por los liberales de todos los países de la región.1 Pero aunque la Asamblea Legislativa le era incondicional y lo apoyó al 100%,2 los problemas se dieron de inmediato cuando varios miembros de su gabinete no lo respaldaron, a pesar de que sabían que los iba a destituir de inmediato. Y también tuvo problemas con los representantes diplomáticos, que solamente acusaron recibo del decretro y anunciaron que lo harían del conocimiento de sus gobiernos, con excepción de Alemania, Italia y España; los diplomáticos de los dos primeros felicitaron la iniciativa, dado los fuertes intereses que esos países tenían ya en Guatemala, mientras que el de España indicó que iba a esperar que decía El Salvador al respecto, pues era embajador de esa República también.3
El presidente de Honduras, Luis Bográn, era títere de Barrios, y expresó de inmediato su apoyo a la iniciativa, mientras que el resto de países del área se opusieron a ella. Aquí el caso del presidente salvadoreño, Rafael Zaldívar, fue especial, pues al igual que Bográn había llegado al poder gracias a Barrios e incluso le pasaba un impuesto feudal cada año en reconocimiento por ello.4
Zaldívar estaba en una posición difícil en su país y el 8 de marzo le comunicó a Barrios por telégrafo que aún no podía responder con respecto a la Unión Centroamericana porque debía esperar la resolución del Congreso. Barrios, molesto por la respuesta ambigua de quien era su títere en El Salvador, le contestó:
«Y usted, de quien por haberse manifestado el más entusiasta y amigo, debí esperar emitiría desde luego un decreto de adhesión, resulta ahora convocando al Congreso para darle conocimiento de mi decreto, en vez de adoptar la resolución inmediata y enérgica que correspondía.»
«Mi determinación es irrevocable, y todo lo que no sea secundar desde luego la idea que he proclamado, será envolver a todo el país en una gran revolución, de la cual a usted y solo a usted y a su círculo, haré responsables ante Centroamérica. Reunir al Congreso como usted quiere, me parece enteramente inútil, cuando se trata de una causa que todos los gobiernos, por sus respectivas Constituciones, están obligados a abrazar y que ningún centroamericano puede atreverse a combatir.»3
Para intentar hacer ver aquel proyecto como un ideal liberal y no como el resultado de su ambición personal, el 9 de marzo de ese año Barrios publicó un manifiesto afirmando que no aspiraba a la Presidencia de la República de Centroamérica, y estaba decidido a no aceptarla en caso de que se le propusiera ocuparla.5 Pero el riesgo de que intentara lograr la Unión por la fuerza llevó a temer una guerra en Centroamérica; por eso, ante la amenaza de una invasión armada, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador solicitaron de inmediato el apoyo de México, y Honduras optó por aliarse con Guatemala.3
El 10 de marzo de 1885, el presidente mexicano, general Porfirio Díaz, respondió así al proyecto de Barrios:
«La resolución tomada exclusivamente por la Asamblea de esa República es rechazada con energía por gobiernos y pueblos de las demás repúblicas centroamericanas, según telegramas que he recibido de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Esta circunstancia, y la impresión creciente que la noticia causa en el pueblo mexicano, influirán en la actitud que ha de tomar el Gobierno a mi cargo ante una emergencia que es una amenaza contra la independencia y autonomía de las nacionalidades de este continente.»6
México decía estar a favor de la Unión, siempre y cuando no se realizara de manera forzada y se llevara a cabo por la voluntad de los pueblos involucrados; pero en realidad le convenía que los estados centroamericanos se mantuvieran separados. Poco después, Porfirio Díaz ordenó cerrar la legación de México en Guatemala y trasladar la sede a El Salvador, donde también estaba acreditado el mismo ministro como tal.6
A pesar de este apoyo, en 1885 el gobierno mexicano no mostró señales de que buscaba aprovechar la situación para apoderarse de territorio guatemalteco, pues México atravesaba entonces por una crisis económica grave; situación que había provocado la pérdida de empleos en varios sectores. Esto, no obstante, no impidió que ese país reforzara su frontera a mediados de marzo, cuando Porfirio Díaz ordenó la movilización de alrededor de quince mil hombres a la frontera con Guatemala, pues existía el temor a que Estados Unidos interviniera e incluso aprovechara la situación para apoderarse de territorio centroamericano, lo que colocaría a México en una situación difícil, al tener como vecino a dicho país tanto en el norte como en el sur.6
Con respecto a los Estados Unidos —que entonces todavía no eran la potencia mundial que es en el siglo XXI, aunque sí era poderoso— al principio fue incierto el modo en que procedería el gobierno de ese país ante la acción de Barrios; a esto contribuía que a principios de marzo Grover Cleveland había tomado posesión como presidente de EE UU, siendo el primer demócrata que lo hacía en 16 años. Pero conforme el conflicto se tornaba más serio, la posición de EE UU se fue esclareciendo; el Senado reprobó la conducta de Barrios, y acordó que cualquier invasión de Guatemala a territorio nicaragüense o costarricense, para constituir la Unión, sería considerada «como una intervención poco amistosa y hostil a los derechos de los Estados Unidos, de Nicaragua y de Costa Rica.» Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense envió cuatro buques a costas guatemaltecas, «para que se presenten en el acto como fuerza moral» y si fuera el caso, para brindarles apoyo material a los países amenazados por Barrios. Si bien Centroamérica carecía de recursos estratégicos, tenía poca población y baja prioridad para las inversiones económicas de EE UU , era importante como zona de tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico. Su interés principal estaba entonces en Nicaragua, donde preveía la construcción de un canal interoceánico, cuyos beneficios el gobierno nicaragüense había invitado a compartir al resto de los países centroamericanos.6
De hecho, en Nicaragua acusaban a Barrios de haber iniciado su intentona de Unión Centroamericana al saber que Nicaragua no había logrado concretar el tratado con los Estados Unidos para construir el Canal Interoceánico en ese país. Y es que al principio Barrios apoyó el proyecto propuesto por Estados Unidos, e incluso había buscado y aceptado su mediación, tanto en 1881 como en los años subsecuentes, para evitar un conflicto con México por la cuestión fronteriza. Sin embargo, cuando proclamó la Unión de Repúblicas Centroamericanas también hizo alusión al riesgo que representaba la pequeñez frente a países más poderosos.3
El 8 de marzo, el Congreso de Nicaragua autorizó al presidente Adán Cárdenas para que, solo o aliado con otros países que quisieran defender su autonomía, organizara la defensa nacional sin omitir esfuerzo ni sacrificio alguno, y responsabilizó a los agresores de las consecuencias que provocara la guerra. Dos días más tarde, la misma Legislatura publicó un manifiesto en el que, luego de reprobar el decreto de la Unión, invitó al pueblo nicaragüense a tomar las armas contra el invasor. El 12 de marzo Nicaragua movilizaba ya a miles de hombres armados a la frontera con Honduras, mientras Costa Rica reunía tropas para moverlas al primer aviso a los límites con territorio nicaragüense, con el fin de detener a los invasores.3
El de 20 de marzo por la tarde llegaron a Santa Ana, El Salvador, los delegados de Nicaragua y Costa Rica quienes se reunieron con el presidente Zaldívar al día siguiente para tratar sobre la posición de las tres repúblicas frente a la inminente invasión armadas de Barrios. El 22 de marzo, su posición fue publicada por medio del Tratado de alianza entre Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, para oponerse al «salvaje de San Marcos» —como ellos llamaban al general J. Rufino Barrios— que amenazaba la soberanía e independencia de aquellas repúblicas.3
Por decreto del Emperador Agustín de Iturbide se divide al Reino de Guatemala en tres comandancias generales.
Tumba y trono del emperador Agustín de Iturbide en la Catedral de la Ciudad de México. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El 5 de enero de 1822, la Junta gubernativa de Guatemala declaró que la voluntad de la mayoría de los pueblos que la componían era la de anexarse al Primer Imperio Mexicano dirigido por Agustín de Iturbide. Las únicas dos ciudades que se opusieron fueron San Salvador y Granada, quienes se alzaron en armas contra la decision, aunque eventualmente fueron sometidos por las fuerzas mexicanas del general italiano Vincenzo Filísola en 1823.
Poco después de la Anexión, el 21 de febrero de 1822 se disolvió la Junta provisional consultiva de Guatemala, que había sido creada el 15 de septiembre de 1821 para gobernar el antiguo Reino, ya que ahora era inncesaria. Pero el imperio de Iturbide tuvo el problema de que el gobernante no estaba capacitado para tan alto cargo, y fue de efímera existencia derivado de las incosistencias en su política gubernamental y las grandes rivalidades entre los criollos conservadores y liberales.
Como un ejemplo de las constantes contradicciones de Iturbide, está la orden Imperial de dividir al antiguo Reino de Guatemala en tres comandancias generales, el cual fue emitido el 4 de noviembre de 1822. Las comandancias que se iban a crear eran:
Comandancia de Chiapas, con capital en Ciudad Real
Comandancia de Sacatepéquez, con capital en la Nueva Guatemala
Comandancia de Costa Rica, con capital en León, Nicaragua.
Sin embargo, esta división nunca llegó a materializarse, pues el emperador cambió de opinion poco después.
