6 de febrero de 1956: se aprueba la nueva Constitución de la República de Guatemala tras el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en 1954

La Basílica de Esquipulas en 1887.  Este templo fue muy importante para el Movimiento de Liberación Nacional, ya que el Cristo Negro fue nombrado comandante de la invasión y fue el estandarte del arzobispo Mariano Rossell.  Imagen tomada de Guatemala, the Land of Quetzal.

El gobierno de facto liberacionista, dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas, y que llegó al poder en Guatemala en 1954 luego del derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo de la Operación PBSUCCESS de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) convocó a una Asamblea Constituyente que redactó una nueva constitución para la República, en sustitución de la aprobada por los gobiernos revolucionarios en 1945.

La nueva constitución fue aprobada el 6 de febrero de 1956 y luego promulgada el 1 de marzo de 1956, y fue escrita de forma que el país consiguiera una posición intermedia entre las reformas sociales y laborales que había decretado el período de la Revolución de Octubre y el retorno al sistema semifeudal que estaba vigente durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda.

Uno de los principales cambios fue que la nueva Carta Magna reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, con derecho a adquirir y disponer de sus bienes, autorizó el culto privado y público, admitió la enseñanza religiosa optativa en escuelas estatales y el derecho de asociación con propósitos religiosos pero con prohibición a intervención en política.  Todo esto, en reconocimiento a la intensa labor que desarrolló el arzobispo de Guatemala, Mariano Rossel y Arellano en contra de las políticas anticlericales de los liberales y del que él consideraba como comunismo ateo del gobierno de Arbenz.

Pero el cambio en la política hacia la religión permitió tambien el ingreso de numerosas iglesias protestantes, con sede en los Estados Unidos en su mayoría.  Estas iglesias han proliferado considerablemente desde entonces, al punto que aunque la religión católica sigue siendo el grupo cristiano mayoritario en el país, las iglesias protestantes en su conjunto representan el 50% de los creyentes en Guatemala.

La Constitución de 1956 fue derogada en 1963, tras el golpe de Estado que el Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia perpetró en contra del entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes cuando este último insinuó que permitiría al expresidente revolucionario Juan José Arévalo ser candidato presidencial en las elecciones que se avecinaban.

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27 de enero de 1553: se celebra el primer capítulo provincial de la Orden de Predicadores en Guatemala

La catedral de Cobán, en Alta Verapaz, en 1887.  En lo alto de la fachada se puede observer hoy en día el escudo de la Orden de Predicadores, ya que esta fue una de sus principals ubicaciones en Guatemala.  Imagen tomada del libro “Guatemala, The land of Quetzal“.

La conquista de Guatemala no pudo ser menos glamorosa:  invasiones de unas cuantas decenas de aventureros españoles sin ningun futuro en su tierra natal acompañados de miles de indígenas tlaxcaltecas y cholultecas que se habían aliado a los invasores europeos para dominar a sus vecinos tanto en México como en Guatemala.

Como resultado, los pueblos conquistados fueron sometidos a una serie de vejámenes y esclavitud por parte de los invasores, cuya codicia era desenfrenada, lo que motivó a que llegaran a la región frailes y sacerdotes de las órdenes regulares para intentar poner un poco de orden a la situación.

Una de las primeras órdenes en llegar a la region fue la poderosa Orden de Predicadores, conocida también como la Orden de los Dominicos la cual una vez establecida realizó su primer capítulo provincial el 27 de enero de 1553.  A partir de allí sus esfuerzos fueron encaminados a la conquista pacífica de indígenas por medio de la Capitulación de Tezulutlán en 1537, resultando en la formación de la region de la Vera Paz. Intentaron también pacificar a los itzáes en Petén, pero no pudieron y varios de los frailes murieron en el intento.

Una vez establecidas las otras órdenes en la región, se dividieron el área de Guatemala en la cual establecieron sus doctrinas (poblados de indígenas a quienes impartían la religion católica a cambio de que trabajaran en sus enormes haciendas); de esta forma, los mercedarios se establecieron en la region de Chiapas, Soconusco, Huehuetenango y San Marcos,  los Franciscanos en la costa sur del país y los Dominicos en Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, y la Vera Paz.  Es possible todavbía ver los vestigios de la enorme hacienda de San Jerónimo que los dominicos poseyeron en el valle en donde hoy en día se encuentran los poblados de Salamá y San Jerónimo en la Baja Verapaz.

Los dominicios fueron los únicos frailes que no tuvieron que entregar sus doctrinas al clero secular en la segunda mitad del siglo XVIII gracias a su enorme influencia en la corona española, pero finalmente fueron expulsados del país y perdieron sus propiedades cuando Francisco Morazán invadió a Guatemala en 1829, ocho años después de la Independencia de Centroamérica.

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23 de enero de 1752: se emite la Bula Papal designando a Francisco José de Figueredo y Victoria como el segundo arzobispo de Guatemala

Ruinas de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Antigua Guatemala.  Fotografía de Eadweard Muybridge tomada en 1875.

Francisco José de Figueredo y Victoria fue el segundo arzobispo y XVIII Obispo de Guatemala.  Era originario de Granada  y fue nombrado obispo de Popayano en 1740 y luego arzobispo de Guatemala en 1751. La Bula Papal que lo confirmó se expidió el 23 de enero de 1752 y llegó  la Capitanía General el 13 de mayo de 1753.  La ceremonia en que se le impuso el palio en la iglesia de Cuajiniquilapa.

Lo más importante de su gestión fue poner en práctica la orden Real por la que se despojó a las órdenes religiosas regulares de sus doctrinas y pasarlas al control del clero secular.  Aunque en la práctica la poderosa orden de los Dominicos conservaron sus grandes docrinas en la Verapaz y en el Quiché.

Figueredo y Victoria era ya de edad avanzada cuando se hizo cargo de la mitra guatemalteca, pero eso no le impidió visitarla ni apoyar en todo cuando pudo a otra orden muy poderosa, la de los Jesuitas, a quienes apoyó mucho con su colegio en la ciuad de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Figueredo y Victoria quedó ciego a los 80 años de edad y pidió al rey que le asignaran un coadjutor que le ayudara en su ministerio.  El Rey asignó al guatemalteco  Miguel de Cilieza y Velasco, quien era Maestrescuela de la Catedral, pero la autorización llegó al Reino después del fallecimiento del arzobispo, que ocurrió el 24 de junio de 1765.

Irónicamente, los jesuitas serían expulsados de todos los territorios del Rey de España en 1767, como parte de la Pragmática Sanción.

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11 de diciembre de 1879: la Asamblea Constituyente decreta la Ley Constitutiva de la República de Guatemala que estuvo vigente hasta el 20 de octubre de 1944

Antiguo Colegio y Seminario Tridentino de la Ciudad de Guatemala convertido en el Instituto Nacional Central para Varones por la Reforma Liberal en 1875.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Los dictadores guatemaltecos del siglo XIX gobernaron a su sabor y antojo y consiguieron que las Asambleas Constituyentes de su tiempo decretaran leyes constitutivas que se acomodaban perfectamente a su estilo de Gobierno.  Rafael Carrera tuvo su propia constitución, la cual estuvo vigente de 1851 hasta 1865, y luego J. Rufino Barrios también tuvo la suya, que estuvo vigente durante toda la época de las dictaduras liberales.

La constitución del general Carrera tenia una gran influencia de la Iglesia Católica, mientras que la de Barrios completamente neutralizó a la religion católica, prohibió el ingreso de las órdenes regulares, eliminó la educación religiosa, no permitió que la Iglesia tuviera propiedades, y prohibió que el clero secular cobrara el diezmo obligatorio.  De más está decir que durante el gobierno de Barrios y sus inmediatos sucesores, la situación de los prelados en Guatemala fue precaria.

Barrios había sido presidente de Guatemala pero de facto desde 1873, cuando sus correligionarios liberales se cansaron de la tibieza de carácter del general Miguel Garcia Granados y lo sustituyeron en la presidencia.  A partir de allí fue cuando verdaderamente se inició la Reforma Liberal y se produjeron las grandes expropiaciones de tierras de las comunidades campesinas y de las órdenes religiosas, las que dieron lugar a enormes fincas cafetaleras que convirtieron en grandes potentados no solamente a Barrios sino a que sus principales colaboradores.

La Constitución de 1879 entró en vigor el 1 de marzo de 1880 y establecía que el mandato presidencial sería de seis años sin posibilidad de reelección consecutivo, aunque dejaba la opción de que mediara por lo menos un período para poder ser reelecto.  La idea de Barrios era de seguir en el poder hasta 1885, descansar seis años y luego retomar el poder.  Pero su muerte en Chalchuapa truncó sus fines.  Sus sucesores empezaron a alterar la constitución para lograr perpetuarse en el poder.   Manuel Lisandro Barillas fue el único que lo entregó después de seis años, pero a partir de José María Reina Barrios todos los presidentes se reeligieron o extendieron su mandato por medio de artimañas por lo menos una vez; de hecho, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico se reeligieron varias veces cada uno.

La nueva constitución garantizaba la libertad de expresión y de prensa, pero eso solamente se cumplió durante el gobierno del general José María Reina Barrios.  Todos los otros gobiernos tuvieron a la prensa completamente restringida e incluso hubo varios presidents que tuvieron sus propios periódicos (Estrada Cabrera era propietario del “Diario de Centro América“, y Jorge Ubico del “Liberal Progresista“).

Finalmente, la Constitución declaraba como ciudadano guatemalteco a todo aquel varón nacido en Centroamérica, mayor de 21 años y que supiera leer y escribir.  Esto, claro está, aplicaba únicamente a menos del 2% de la población, así que para que hubiera más votantes también decía que eran ciudadanos los soldados del ejército guatemalteco, quienes eran reclutados forzosamente entre las poblaciones indígenas y todos eran analfabetos.  Es por ello que todos menos uno de los presidentes guatemaltecos de la época liberal fueron generales.

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16 de noviembre de 1854: el arzobispo de Guatemala, amparándose en las leyes coloniales de Indias, solicita al gobierno del general Rafael Carrera que se restablezca el cobro del diezmo a la cochinilla

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Retrato official del Arzobispo Francisco de Paulo Garcia y Peláez, quien fuera quizá el ultimo arzobispo guatemalteco que verdaderamente tuvo poder económico y politico en el país.  Luego de él, los arzobispos fueron expulsados varias veces del país y solamente recuperaron parte de su antigua gloria luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.  Fotografía de Juan José de Jesús Yas.

El gobierno conservador del general Rafael Carrera se caracterizó por la fuerte influencia que tuvo la Iglesia Católica en Guatemala.  No solamente se permitió el retorno de los frailes de las otrora poderosas órdenes regulares (incluyendo a los jesuitas que habían sido expulsados por los propios españoles en 1787), sino que también por el apoyo económico al clero secular, dirigido por el Arzobispo.

Un ejemplo es la restitución del diezmo a la cochinilla (tinte que entonces era el principal producto de exportación de Guatemala) que fue solicitado a Carrera por el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez el 16 de noviembre de 1854; este gravamen había sido eliminado por el gobiero liberal el 21 de abril de 1831, pero el arzobispo argumentó que “se debía entender la obligación general de pagar el diezmo, que segun la ley 4a., título 16, libro 1o. de la Recopilación de Indias (es decir, leyes coloniales), se satisfice por todos los frutos de la tierra.”

El gobierno de Carrera accedió a entregar el diezmo solicitado, pero solamente 4 reales sobre cada tercio de ciento cincuenta libras y no doce como estaba antes de la derogación de 1831, debido a que en ese momento el precio del producto estaba pasando una crisis considerable.

La imposición tomó vigencia a partir del 1 de enero de 1855 y para facilitar su recaudación y ayudar al clero secular a cobrarla, se autorizó a las administraciones de rentas para cobrar el diezmo indicado con comisiones del cabildo.  Todo esto, amparado en el Concordado que se había establecido con la Santa Sede en 1852 y ratificado en 1854.

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9 de noviembre de 1812: las cortes españolas eximen a los indígenas de la prestación de servicios y raciones a los curas párrocos, y los obliga a pagar diezmo como el resto de pobladores coloniales

Ruinas de la Ermita del Espíritu Santo en la ciudad de Antigua Guatemala.  En dicha ciudad abundaban los templos católicos tanto regulares como seculars.  Imagen tomada por Juan José de Jesús Yas aproximadamente en 1910.

Si bien hubo in cambio en la orientación de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II en la década de 1960 cuando se puso mucho énfasis en el servicio social de los eclesiásticos, anteriormente sus miembros habían gozado de amplios privilegios.

Durante la época colonial, por ejemplo, el clero secular estaba obligado a tener bajo su cuidado las diferentes parroquias de poblados indígenas, a cambio de los cual recibía servicios y alimentos gratuitamente por parte de los pobladores.  Este beneficio era tan deseado por el clero, que las órdenes regulares que formaron las doctrinas originales en el siglo XVI, se resistieron a entregarlas a las parroquias seculares hasta la segunda mitad del siglo XVIII y solamente porque las relaciones entre la Corona y la Iglesia se resquebrajaron.

La época turbulenta que vivió España en la década de 1810 luego de la invasión napoleónica favoreció que se emitieran leyes que modificaran muchas de las prestaciones que tenían los eclesiásticos. Si bien muchos de los diputados a las Cortes eran miembros de la Iglesia, muchos de los cambios propuestos prosiguieron y llegaron a convertirse en leyes, entre ellos la eliminación del trabajo gratuito que los pobladores indígenas hacían para sus curas párrocos.

Cuando Fernando VII recuperó el trono derogó las leyes de las cortes, hizo prisioneros a los diputadores y restableció muchos de los privilegios de la Iglesia.  En Guatemala, tras la Independencia de Centroamérica los eclesiásticos mantuvieron su posición de élite hasta 1829, en que el partido conservador fue derrotado por los ejércitos liberales de Francisco Morazán quien expulsó a todos los frailes de Centroamérica y le quitó todos los privilegios al clero secular.

Tras la derrota de Morazán a manos de Rafael Carrera en la Ciudad de Guatemala en 1840, el gobierno conservador se restructuró en el Estado de Guatemala y debido a que la revolución era eminentemente católica, restableció todos los privilegios que la Iglesia había tenido hasta 1829.  Dichos beneficios se mantuvieron vigentes hasta el proceso de Reforma Liberal iniciado por J. Rufino Barrios en 1873.

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13 de octubre de 1848: tras presentar su renuncia en agosto de ese año, la Asamblea Legislativa prohibe al teniente general Rafael Carrera regresar a Guatemala

El capitán general Rafael Carrera y su amigo y aliado, el Mariscal José Víctor Zavala.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 21 de marzo de 1847 el teniente general Rafael Carrera firmó un decreto proclamando a Guatemala como República soberana e independiente, separándola definitivamente de la patria federada centroamericana, y se hizo llamar «fundador de la Nueva República».  Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos al frente del gobierno, para agosto de 1848 la situación de Guatemala era caótica: Serapio Cruz (conocido como «Tata Lapo») asaltaba el Quiché promoviendo revueltas en contra del gobierno; había revueltas en el oriente del país; los criollos liberales y conservadores se mantenían en constante pugna, y en medio de todo esto, el presidente Carrera se dio cuenta que su prestigio se esfumaba y que era conveniente renunciar, lo que hizo con el siguiente manifiesto a la Asamblea Legislativa:

“Estoy resuelto a no permanecer más tiempo en la capital y a trasladarme a un país extranjero.  Suplico a los señores representantes que, en recompensa por mis cortos servicios, se sirvan hacer el sacrificio de mantenerse en sesión permanente hasta admitir mi renuncia y nombrar a quien me suceda.  Yo permaneceré en el despacho, mientras este respetable cuerpo se halle reunido”. 

La Asamblea aceptó encantada la renuncia de Carrera pues los criollos (tanto liberales como conservadores) estaban hartos de que un mestizo los estuviera gobernando y pasaron de inmediato a deliberar quién debería sustituirle. Al final, escogieron al señor Juan Antonio Martínez porque pasaba de los sesenta años, había mantenido una posición prudente con todos los gobiernos, había acrecentado su capital honradamente, su firma gozaba del mejor crédito y era liberal moderado, ejemplar padre de familia, sin vicios y con poca ambición de mando pública.

Carrera decidió vender sus propiades de Palencia, junto a otras que tenía en Agua Caliente, Plan Grande, Los Cubes, El Cangrejito y Lo de Silva y la Asamblea Legislativa cedió las tierras de Palencia a la Orden de Predicadores, a quienes solicitó Carrera que las tierras no fueran comprometidas y que se reuniera a los habitantes pacíficamente para educarlos.

El ahora expresidente partió a México; en su ausencia, la Asamblea Legislativa, ahora en poder de los liberales, dictó el 13 de octubre de 1848 una disposición por la que se le declaraba fuera de la ley que debía aplicársele la pena de muerte si osaba regresar al país.  Al enterarse de la bravuconada de la Asamblea, Carrera se rió de buena gana, pues sabía que no iba a pasar mucho tiempo para que lo llamaran nuevamente a hacerse cargo de la situación.

No pasó mucho tiempo: el 5 de junio de 1849 el nuevo presidente, general Mariano Paredes levantó la proscripción que pesaba sobre Carrera, quien a finales de ese año ya estaba nuevamente a cargo de la situación.  Para entonces, los criollos liberales habían huído hacia El Salvador, mientras que los conservadores decidieron aliarse con Carrera para evitar un alzamiento indígena similar a la Guerra de Castas que estaba ocurriendo en Yucatán y en donde estaban ocurriendo masacres de pobladores criollos.

BIBLIOGRAFIA: