7 de agosto de 1904: la Asamblea Legislativa felicita al licenciado Manuel Estrada Cabrera por su reelección como presidente

 

7agosto1904
Invitación del Club J. Rufino Barrios de Chiquimula para celebrar la primera reelección del presidente Manuel Estrada Cabrera en agosto de 1904. Ya para entonces lo llamaban “Benemérito de la Patria” y “Jefe del Partido Liberal”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Reproducimos a continuación el mensaje enviado al licenciado Manuel Estrada Cabrera por el presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Arturo Ubico Urruela, cuando Estrada Cabrera fue reelecto para la presidencia de Guatemala el 7 de agosto de 1904.  El estilo adulador de dicha respuesta era algo común entre los miembros del partido liberal cuando se dirigían al gobernante:1

Contestación al Mensaje que el Señor Presidente de la República, Licenciado Manuel Estrada Cabrera, dirigió a la Asamblea nacional Legislativa al abrir sus sesiones extraordinarias de 1904.
Señor presidente de la República:

Uno de los actos más trascendentales en la vida de los pueblos, es la delegación de la soberanía nacional, por medio del sufragio, base de la democracia y fundamento de la república, ejercitando los ciudadanos, en los comicios, el derecho sagrado de designar la persona que debe presidir, conforme la Constitución, los destinos del país; de tal suerte, que la primera palabra de la Asamblea Nacional Legislativa, convocada extraordinariamente para hacer el escrutinio de votos en las elecciones que acaban de verificarse, no puede menos que reflejar la más viva satisfacción ya que á la sombra del orden y de la libertad, sin restricciones ni cabalas, han concurrido los guatemaltecos á las urnas electorales, en muchísimo mayor número que en otras ocasiones, guiados por el anhelo del bien general, sin miras rastreras, ni odios de partido.

(Nota de HoyHistoriaGT: en esa época, solamente podían votar los ciudadanos. La constitución de 1879 consideraba como tales únicamente a los varones que supieran leer y escribir, o que tuvieran un oficio que les representara renta. También se incluyeron a los miembros de la tropa, aunque fueran analfabetos).

Es que la nación entera, con buen sentido, guiada por aspiraciones generosas, comprende que la solución de los graves problemas públicos, y el goce de un porvenir próximo y halagüeño, se cifran, no en controversias especulativas, ni en teorías contradictorias, ni en vanas palabras, ni en satisfacer intereses parciales, sino en la conservación del orden, en la amplitud del trabajo, en las garantías públicas, en la cultura general, en el mejoramiento de las condiciones de la vida, por medio — como decís Señor Presidente, en vuestro interesante Mensaje — de una evolución regeneradora, del acercamiento de todas las voluntades y la concordia de los diversos círculos sociales.

¡Espectáculo halagador el de un pueblo que sabe comprender cuánto valen el respeto de los derechos y el cumplimiemto de los deberes, y que acude, con buena voluntad, sin apelar á la fuerza, que es la negación de la ley, ni trastornar la paz, que constituye la vida de las sociedades, á depositar un voto unánime es el estadio eleccionario dando así fehaciente prueba de que, como Vos mismo lo consignáis, ha entrado de lleno en el régimen de sus instituciones!

El Gobierno ha guardado la actitud digna y decorosa que le correspondía, garantizando el sufragio y fortaleciendo el espíritu público, que sólo se desarrolla á la luz del día, bajo la égida de la Constitución, cuando no encuentra obstáculos de intereses bastardos, ó pasiones desencadenadas, que cercenan ó embarazan la expresión genuina de la voluntad general.

(Nota de HoyHistoriaGT: los “intereses bastardos y pasiones desencadenadas” se refieren a los miembros del partido conservador, quienes por ese entonces estaban completamente derrotados.  A pesar de ello, siempre eran atacados por los liberales,, quienes incluso los culpaban de los atentados contra el gobierno de Estrada Cabrera, llamándolos “enemigos del progreso“).

Una de las dificultades del Gobierno popular-representativo consiste en que, apenas se ha comenzado a poner en práctica un programa de administración, a raíz de las luchas electorales, que desgraciadamente conmueven a las veces todo el cuerpo social, cuando al volver, poco después, al campo eleccionario, estallan los intereses y se pone en juego las pasiones, desequilibrando la tranquilidad, esparciendo desconfianza, y exacerbando rencillas y odios entre los mismos conciudadanos. En ese flujo y reflujo se paraliza el trabajo, sufren los intereses, amengua, con detrimento, la riqueza pública y privada.

(Nota de HoyHistoriaGT: el párrafo anterior, si bien fue escrito para adular al licenciado Estrada Cabrera, describe perfectamente la situación que se ha vivido en el país desde que se instauraron las elecciones de gobiernos civiles en 1985).

Es, por lo tanto, motivo plausible de congratulación para la Asamblea, el que se hayan verificado las elecciones para el próximo período presidencial, por modo tan espontáneo como sensato y ordenado, concurriendo con su voto una mayoría tan notable de ciudadanos, que bien revela el espíritu público esparcido por todos los ámbitos de la Nación. Ese acto solemne de la vida política de Guatemala lleva sobre sí, como un sello ostensible, el asentimiento popular, la voluntad explícita y libre del país entero, en su más amplia manifestación.

(Nota de HoyHistoriaGT: de acuerdo a los detractores de Estrada Cabrera, las elecciones eran anómalas ya que se acarreaba a muchos analfabetos a las urnas, o se contaban votos dos veces.)

Por más que Vos, Señor Presidente, prescindáis, con personal modestia, de vuestro preclaro nombre, el merecido prestigio de que goza, y el celo y tino singular con que habéis dirigido la administración y la política, en anormales circunstancias, y en arduas y complicadas emergencias, son relevantes prendas que reconocen todos los guatemaltecos que se interesan por la ventura de la Patria, como lo acaban de demostrar en los comicios, con voto tan elocuente como genérico, tan amplio como entusiasta, tan espontáneo como lleno de patrióticos anhelos.

Si hay algo en la vida pública que pueda ofrecer al gobernante satisfacción elevada, sin presuntuosos alardes, es el contemplar que se reconocen y aprecian los esfuerzos y los sacrificios que hace en pro de los intereses generales, es el ver á los guatemaltecos, sin distinción de colores políticos, ni odios de bandería, al pié del Pabellón de la Patria y al derredor del Jefe Supremo, para procurar, por medio de la paz y del trabajo, el progreso de Guatemala.

¡En ocasión tan propicia, se complace el Poder Legislativo al corresponder, con parabienes sinceros, al saludo que Os habéis servido dirigirle !

Señor Presidente de la República.

Arturo Ubico,
Presidente.

Palacio del Poder Legislativo: Guatemala, 7 de agosto de 1904.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Estrada Paniagua, Federico (1909). Recopilación de Leyes de la República de Guatemala.  XXIII Guatemala: Arturo Siguere y Cía.  pp. xv-xxviii.

26 de mayo de 1973: masacre en Sansirisay, Jalapa

26mayo1973
Montaña de Santa María Xalapán, en Jalapa.  En el recuadro: el escudo del municipio de Sansare, El Progreso, que conlinda con la comunidad de indígena de Santa María Xalapán.  Imágenes tomadas de “Somos Xincas” y de Wikimedia Commons.

Una de las primeras masacres que ocurrieron en Guatemala en la época de la Guerra Civil de 1960-96 (ahora llamado Conflicto Armado Interno) fue la que se produjo el 26 de mayo de 1973 en Sansirisay, un caserío de la aldea en Jalapa, contiguo a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio.1 En esa ocasión murieron entre 14 y 19 personas, en un confuso incidente relacionado con la disputa de tierras que la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y el poblado de Sansare, en El Progreso, reclamaban como suyas.1

Debido al conflicto en Sansirisay, por medio del Decreto Legislativo 23-1974 se autorizó al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para que comprara las fincas rústicas Sansirisay y Amoltepeque, en Sanarate, municipio del departamento de El Progreso, con un área total de 14 caballerías para que le fueran adjudicadas a la comunidad indígena a título gratuito.1  Aquellas fincas que compró el INTA eran parte de la finca Sansirisay y Amoltepeque que fue remedida en 1910 por el Ing. Luis Samayoa y que en ese momento fue reportada con 32 caballerías, 36 manzanas y 2385 varas cuadradas.Finalmente, el INTA declaró que el problema agrario había quedado finalmente resuelto el 20 de agosto de 1981, cuando fueron medidas y unificadas las fincas Alutate, Tatasirire, Pontezuelas, Sanchico y Arloroma, propiedad de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y que tenían una extensión de 395 caballerías en total.2

Pero, ¿cómo se originó aquel conflicto entre la Comunidad de Santa María y el poblado de Sansare?

Durante la época colonial se adjudicaron a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán los siguientes terrenos:

  1. Ejidos de Alutate: adjudicados en 1712 en calidad de ejidos y confirmado por Real Cédula del Rey Felipe V.  Tiene una extensión de 41 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuelas y Sanchico: pagada en 1757 con una extensión de 278 caballerías.
  3. Arloroma: comprada en 1757, con una extensión de 8 caballerías.3

Estos terrenos originalmente tenían 327 caballerías pero cuando fueron remedidos después de la Independencia se encontraron varias discrepancias:

  1. Ejidos de Alutate: en 1889 tenían una extensión de 204.12 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuleas y Sanchico: en 1899 tenían 185,65 caballerías.
  3. Arloroma: una medición de 1920 reportó una extensión de 4.55 caballerías.3

Ahora bien, hubo fuertes disputas por las tierras que correspondían al poblado y sus alrededores, denominados “Llanos de Jalapa” o “La Circunvalación“, entre el común de ladinos, el común de indígenas y otras personas individuales.  Este terreno había sido adjudicado inicialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de “Comunidad de Jalapa”  con base a una medida de 1826 y un título emitido por el gobierno del Jefe de Estado Mariano Gálvez.3 Pero por nuevos Acuerdo Gubernativos y procesos de Titulación Supletoria se emitieron posteriormente otros títulos a favor de personas individuales, generando problemas por las posiciones y, sobre todo, por los  traslapes.4

Por su parte, en 1575 le otorgaron las tierras del pueblo de Sansare a Alonso de Hidalgo, quien las heredó a Isabel Escobar, su viuda, al morir en 1600. Cuando la viuda midió la extensión del terreno, determinó que tenía 154 caballerías. Tiempo después, las tierras pasaron a ser propiedad de Lorenzo Marroquín de Mendoza, y finalmente, en 1904, las tierras fueron inscritas en el Registro del Propiedad a favor de los herederos de Marroquín Mendoza. El poblado de Sansare ha solicitado que el terreno de la finca de los Marroquín Mendoza les fuera otorgado como ejidos, pero no fue posible por ya tener propietarios particulares, aunque eso no ha impedido que las autoridades ediles han realizado titulaciones supletorias de algunos predios de dicha finca a su favor.4

Esta maraña de reclamos sobre la misma tierra desencadenó el conflicto que resultó en la muerte de al menos quince personas en Sansirisay el 26 de mayo de 1973. El incidente fue tan confuso y censurado que algunas fuentes indican que los fallecidos eran de origen xinca, mientras que otras señalan que eran campesinos ladinos,5 y hasta hay otros grupos que dudan de la versión oficial y llegan a señalar que hubo cientos de fallecidos, pero sin contar con pruebas o evidencias.  En lo que sí están todos de acuerdo, es que la masacre ocurrió cuando miembros de la Policía Militar Ambulante intentaron poner orden, y que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Efraín Ríos Mont, llegó en helicóptero al lugar de los hechos y verificó que la situación ya estaba bajo control después de haber sobrevolado el área.5 Y es importante mencionar que ese mismo mes, ya habían sido asesinados unos comuneros de Santa María Xalapán y su abogado Gregorio Fuentes.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Secretaría de Asuntos Agrarios (31 de marzo de 2015). Investigación histórico-catastral de los conflictos territoriales entre la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Jalapa, con vecinos de la cabecera y aldeas de Sansare, El Progreso. Guatemala: Presidencia de la República. p. 33.
  2. Ibid, p. 37.
  3. Ibid, p. 41
  4. Figueroa Ibarra, Carlos (7 de febrero de 2013). Ríos Mont, el ocaso del centauro. En Albedrío. 9. Guatemala: Albedrío.
  5. Arcón Puzul, María Catalina (noviembre de 2008). Situación Socioeconómica de los desplazados internos, víctimas del Conflicto Armado Interno. Guatemala: Escuela de Trabajo Social, Universidad de San Carlos. p. 18.

15 de mayo de 1935: el presidente Jorge Ubico convoca a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1879

15mayo1935
Plaza Central de Guatemala en 1945.  La construcción del Palacio Nacional de Guatemala y la remodelación de la Plaza de Armas fueron emprendidas por el gobierno del general Jorge Ubico para fomentar la economía y paliar los efectos d ela Gran Depresión en el país.  En el recuadro: retrato autografia del general Ubico.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El l de abril de 1935, el presidente general Jorge Ubicopresentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de modificar 27 artículos de la Constitución de 1879, con el fin de “suprimir las restricciones que dificultan el libre ejercicio de la iniciativa presidencial” y, como todo fue aprobado, el 15 de mayo de 1935 convocó a una Asamblea Constituyente que conformó entre sus partidarios para que aceptara las reformas propuestas.1

La principal reforma que le interesaba al gobernante era cambiar las disposiciones hechas en 1927, durante el gobierno del general Lázaro Chacón, y que prohibían la reelección del presidente. Para legalizar esta reforma el gobernante convocó a un plebiscito, en que el que obtuvo la aprobación de la población para su reelección. Pero hubo otras modificaciones importantes:1

  • Dejó en suspenso el Artículo 66 que dice “El período de la Presidencia será de seis años3 y dispuso que el período como Presidente Constitucional de general Ubico terminara el 15 de marzo de 1943.1
  • Estableció la Ley de Probidad que estableció controles que prohibieron el enriquecimiento de los funcionarios y limitó su autoridad y funciones; hasta entonces, el artículo 17 decía: “todo poder reside originariamente la Nación: los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables por su conducta oficial”.4
  • Artículo 26: “es libre la emisión del pensamiento por la palabra, por escrito y también por la prensa, sin previa censura“. 5 El gobierno de Ubico limitó la libertad de prensa prohibiendo prohibió los ataques de los periodistas a los funcionarios públicos.
  • Artículo 28: “la propiedad es inviolable, sólo por causa de interés público legalmente comprobado, puede decretarse la expropiación; y en este caso, el dueño antes de que su propiedad sea ocupada, recibirá en moneda efectiva su justo valor“. 5 Este artículo fue modificado porque se introdujo un sistema de imposición fiscal sobre aquellas haciendas cuyo rendimiento no fuera adecuado a su extensión y condiciones.1
  • Artículo 25:  “se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohibe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especia de instituciones o asociaciones monásticas”.  Las reformas ampliaron la prohibición para incluir a aquellas agrupaciones que procuren el cambio de las instituciones por medios violentos o ilegales, refiriéndose a las organizaciones comunistas y, posteriormente, fascistas.1
  • Artículo 96:  “la ley organiza las Municipalidades sin alterar el principio de elección popular directa y designa las facultades que le corresponden.”6  Este artículo fue totalmente modificado, ya que los organismos locales pasaron a depender del ejecutivo, sustituyendo a los Alcaldes por los Intendentes nombrados por el poder central.2
  • Se restringieron algunos de los derechos individuales, y se ampliaron las facultades del ejecutivo, hasta eliminar el Consejo de Ministros, aunque este siempre había sido una figura decorativa conformada casi siempre por los diputados de más confianza del gobernante de turno.2

En 1941, se reunió la Asamblea del Partido Liberal Progresista, el partido fundado por Ubico, a fin de convocar a una constituyente con el sólo objeto de reformar el artículo primero transitorio de la Constitución de 1935, de manera que permitiera la reelección del gobernante una vez más. Como resultado, en julio de ese mismo año se convocó a una Asamblea Constituyente, que en sólo dos días aprobó, con un sólo voto en contra, la reforma del artículo transitorio, autorizando la reelección de Ubico para el período siguiente, que terminaría el 15 de marzo de 1949, dejando nuevamente en suspenso el artículo 66. La justificación a la que aludió la Constituyente, conformada casi en su totalidad por personal de Partido Liberal Progresista, fue el apoyo popular de la ciudadanía y la obra realizada en las circunstancias difíciles con que encontró el gobierno en 1931, y que se debían a la Gran Depresión que empezó en 1929.2


BIBLIOGRAFIA:

  • Valladares de Ruiz, Mayra (Agosto de 1995). Los gobiernos liberales y sus fuerzas políticas 1871-1944. En Estudios del IIHAA, 2 (95). Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Universidad de San Carlos. p. 106.
  • Ibid, p. 107.
  • Asamblea Legislativa (1879). Constitución de la República de Guatemala.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 11.
  • Ibid, p. 3.
  • ibid, p. 4.
  • Ibid, p. 17.

 

3 de mayo de 1865: la Cámara de Representantes elige al Mariscal Vicente Cerna como presidente de Guatemala

3mayo1865
El Mercado central de la Ciudad de Guatemala, construido por el gobierno del Mariscal Vicente Cerna y destruido por el terremoto de 1976.  En el recuadro: el Mariscal Cerna.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El licenciado Pedro de Aycinena asumió la presidencia provisoria tras la muerte del Capitán General Rafael Carrera el 14 de abril de ese año, ya que de acuerdo a la constitución vigente a él le correspondía por ser el minismo más antiguo.  Su primer acto oficial fue enviar una proclama a la población anunciado la elección del nuevo presidente a la brevedad posible.    (Nota de HoyHistoriaGT: es importante destacar que debido a que Carrera había si nombrado presidente vitalico en 1854, la constitución tuvo que ser modificada para regresar al sistema de presidentes electos cada cuatro años.) 1,2

El decreto de Aycinena dice así:

Pedro de Aycinena,

Ministro de Relaciones Exteriores, encargado interinamente del Gobierno;

Por cuanto: ha llegado el caso previsto en los Artículos 5° y 9° del Acta Constitutiva de la República, con motivo del fallecimiento del Excmo. Sr. Capitán General D. Rafael Carrera, Presidente de la República;

POR TANTO:

Con presencia de lo dispuesto en dichos Artículos, y oído el parecer del Consejo de Estado,

TIENE A BIEN DECRETAR Y DECRETA:

Art. 1.° — Se convoca d la Cámara de Representantes, para que constituyéndose en Asamblea general, con la concurrencia de los funcionarios que al efecto designa el Art. 5° se verifique la elección de Presidente Constitucional de la República.

Art. 2° — Con tal objeto, la Cámara abrirá su sesión extraaordinaria el dia 1.° de Mayo próximo entrante; celebrando una Junta preparatoria el dia 28 del corriente.

Art. 3° — El Ministro de Gobernación queda encargado de la Ejecución del presente Decreto.

Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, á catorce de abril de mil ochocientos sesenta y cinco.

El Ministro de Gobernación,

M. Echeverría.

Y por disposición del Sr. Ministro encargado interinamente del Gobíerno, se imprime publica y circula.— Guatemala, Abril 14 de 1865.

Echeverría.3

La elección fue realizada el 3 de mayo de 1865 por los miembros de la Cámara de Representantes que, al igual que como ocurriría con las Asambleas Legislativas que hubo en los gobiernos liberales, estaba compuesta por allegados del fallecido presidente.  Los candidatos que se presentaron fueron el Mariscal Vicente Cerna y el general Manuel González.4   El Mariscal Cerna era de origen mestizo y había sido uno de los correligionarios de Carrera desde la época en que ambos peleaban juntos durante el alzamiento católico campesino que derrocó al gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en 1838.  Gracias a su amistad con Carrera tuvo puestos de importancia en la administración del gobierno, siendo el Corregidor del entonces vasto departamento de Chiquimula y llegando al máximo escalafón del ejército guatemalteco.  Por otra parte, el general González era descendiente de una de las familias criollas del país, pero quien acababa de regresar de México tras una larga ausencia.4

El Mariscal Cerna resultó electo, y desde su toma de posesión fue llamado “Huevo Santo” por el pueblo guatemalteco dada su parsimonia, la falta de vivacidad en su caráter y, sobre todo, por las estudiadas práticas jesuitas de piedad y catolicismo con el que el nuevo presidente se presentó ante la sociedad.5  También se dice que fue nombrado así porque, a diferencia de Carrera, no acostumbraba a tener agasajos con jovencitas durante sus viajes a los diferentes poblados que visitaba.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 87.
  2. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 4.
  3. Aycinena, Pedro de (14 de abril de 1865). Decreto del Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado Interinamente de la Presidencia. Guatemala: Imprenta de la Paz. p. 1.
  4. Ibid, p. 5.
  5. Ibid, p. 6.

3 de abril de 1877: el gobierno de J. Rufino Barrios implementa el Reglamento de Jornaleros autorizando a los cafetaleros a pagar salarios ínfimos a los campesinos indígenas

3abril1877
Una niña indígena recoge la cosecha de café en una finca cafetalera propiedad de alemanes en Alta Verapaz en Guatemala en 1934.  En el recuadro: la familia alemana propietaria de la finca.  El reglamento de jornaleros y la expropiación de tierras comunales indígenas que realizó Barrios en 1877 permitieron la formación de grandes latifundios cafetaleros a expensas de la propiedad y trabajo indígenas.  Fotogramas tomados del documental fílmico “Guatemala Expedition (1933-1934)“. 

La Reforma Liberal fue en realidad una profunda Reforma Agraria que favoreció a los criollos liberales, iniciando en 1877, cuando el general presidente J. Rufino Barrios vió que la expansión del cultivo del café sería la base financiera que iba a permitirle a él y a sus correligionarios convertirse en potentados que podían rivalizar con los “nobles” aristócratas.1

Solamente había un problema para los planes de Barrios:  la población indígena.  Para salir de ese problema, Barrios implementó dos programas de Reforma Agraria:

  1. Abolición de la propiedad comunal indígena para que las tierras pudieran ser compradas a precios de ganga por inversionistas extranjeros
  2. Reglamento de Jornaleros, que estableció el mandamiento gracias a lo que el gobierno autorizó a los dueños de las grandes fincas que se formaron a dar salarios miserables a los campesinos indígenas que trabajaran para ellos.1

Gracias a estos dos programas, el desarrollo del café en Guatemala fue considerable.1 De hecho, por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.2

Reproducimos a continuación aquel reglamento emitido el 3 de abril de 1877, redactado en su mayoría por el Ministro de Hacienda, Manuel Herrera, con algunos comentarios para ponerlo en su debido contexto histórico:3

Decreto Número 177

J. Rufino Barrrios, general de División y Presidente de la República de Guatemala.

En uso de las amplias facultades de que se halla investido,

(Nota de HoyHistoriaGT:  Barrios no tenía ninguna facultad constitucional en lo absoluto, pues estaba gobernando en base al Acta de Patzicía, el cual fue el documento que los liberales revolucionarios firmaron el 3 de junio de 1871 desconociendo al presidente constitucional Vicente Cerna).

DECRETA:

El siguiente REGLAMENTO DE JORNALEROS

De los patrones y jornaleros

Sección primera: de los patrones

Artículo 1°. Se entiende por patrón el dueño o arrendatario de una finca rural y para los efectos de este Reglamento el que a su nombre la administra o gobierna.

Artículo 2°. Agente del patrón, es el individuo autorizado para concertar trabajadores y representarlo ante las autoridades en los contratos o reclamaciones por el mismo motivo.  Para ser reconocido como agente, basta presentar una carta poder extendida en papel simple y firmada por el patrón u otro individuo de su familia o de sus dependientes.

(Nota de HoyHistoriaGT: nótese cómo se facilita la identificación de quien representara a los patrones).

Artículo 3°. El agente obliga al patrón a estar y pasar por los conciertos o contratos que celebre con los jornaleros, lo mismo que por las gestiones que haga  conforme al artículo anterior.

Artículo 4°. El patrón y sus agentes o dependientes están obligados:

  1. A mantener el buen orden en su respectiva finca;
  2. A exigir al jornalero que trate de acomodarse en su finca, que exprese su nombre y apellido, lugar de su vecindario, última finca donde haya trabajado y la exhibición del libreto o boleta de solvencia con su anterior patrón; (Nota de HoyHistoriaGT: es decir, el campesino indígena tenía que dejar su lugar de residencia para trasladarse a la finca, y soportar el trato y la vivienda que le proporcionaran)
  3. A dar parte a la autoridad inmediata si el jornalero que se presenta fuere colono de otra finca y no llevare autorización para concertarse, o si fuese habilitado por otro partón, con quien no esté solvente;2
  4. A llevar un registro o matrícula de cuentas corrientes en donde asentará semanalmente el debe y el haber de cada jornalero, haciéndoselo saber cada semana y anotándolo en el libreto del mismo jornalero.2
  5.  A proporcionar a los colonos habitaciones de teja o pajizas, y ocupación a ellos y sus familias para que puedan ganar un jornal, y no habiendo trabajo en la finca designarle una área de terreno, sin gravamen alguno, para labrarlo por su propia cuenta; (Nota de HoyHistoriaGT:  las familias completas se iban a trabajar de jornaleros, incluyendo a mujeres y niños, y tenían que abandonar sus lugares de origen para ir de finca en finca).4
  6. A permitir a los colonos, buscar trabajo en otra finca, cuando lo haya en la que habitan, dándoles el permiso por escrito, indiando el tiempo por el cual pueden concertarse;
  7. A no hacer anticipo alguno al colono de otra finca, que trabaja con permiso escrito, de su patrón, bajo la pena de perder la cantidad anticipada que ingresará al fondo de caminos;
  8. A dar al colono o jornalero un libreto que éste conservará en su poder, y asentar en él semanariamente el debe y haber de su cuenta; (Nota de HoyHistoriaGT: este documento se prestaba a todo tipo de abusos, pues los campesinos indígenas eran analfabetos).  En la primera hoja del libreto se pondrá el contrato que se hubiese celebrado con el colono o jornalero, con todas sus circunstancias y condiciones.
  9. A dar a los colonos o jorganerlos una alimentación sana y abundante, cuando en virtud del contrato esté obligado a suministrarla;
  10. A establecer gratis una escuela de primera letras, dominical o nocturna, en las fincas donde hubiera más de diez familias para los niños que trabajan en ellas, y diaria para los pequeños de ambos sexos, si no hubierse población inmediata, o ésta carezca de escuela; (Nota de HoyHistoriaGT: es decir, había mano de obra infantil de ambos sexos).
  11. A pasar al fin de cada año a la autoridad más próxima, una nómina de los nuevos jornaleros habilitados y de los colonos admitidos en el año con razón de su procedencia y de los cambios habidos en los que existían anteriormente.

Artículo 5°. La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que establece el artículo anterior, será penada con una multa de diez a cincuenta pesos, segun los casos.  Las autoridades locales son las competentes para imponer esas multas.

Artículo 6°. En el caso del inciso 7°. del artículo 4°., el colono o jornalero queda obligado a enterar al respectivo fondo el anticipo que hubiere recibido. No pudiendo hacer el entero, descontará su valor en trabajos públicos, salvo el primer patrón la cantidad, para que el jornero o colono se lo abone en trabajos propios. (Nota de HoyHistoriaGT: por supuesto, los patrones nunca abonar esto; los indígenas eran enviados a trabajar en caminos rurales o a hacer el servicio militar si no eran traslados a otra finca).

Artículo 7°. El patrón que a sabiendas seduzca a un colono o jornalero de otra finca, incurrirá en una multa de veinte a cien pesos, sin perjuicio de devolver al mozo, quedando responsable de lo que adeuda a su anterior patrón y a perder la habilitación que le haya dado en favor del fondo de caminos, en cuyo caso se procederá como se dispone en el artículo anterior.

Artículo 8°. Ningun patrón tiene derecho de castigar al colono o jornalero por faltas cometidas en la finca, y en cualquier caso que ocurra, deberá dar parte a la autoridad local más inmediata para que conozca de la falta y la castigue.

Artículo 9°. Es obligación estricta de los patrones tratar bien a los colonos o jornaleros, lo mismo que darles la boleta de solvencia cuando soliciten trasladarse a otro punto.4

Artículo 10°. Cuando el patrón se negare sin motivo a dar al colono o jornalero boleta de solvencia, éste podrá ocurrir a la autoridad local, para que en vista del respectivo libreto se la mande dar, imponiente al patrón una multa de diez pesos.

Artículo 11°. En caso de epidemia local que amenace la vida de los habitantes de una finca, no podrá retenerse en ella a los colonos y jornaleros, debiendo pasado el peligro, volver a la finca a cumplir sus compromisos.4

Artículo 12°. En el caso del anterior artículo, el patrón extenderá por escrito al colono ó jornalero, la respectiva licencia, expresando en ella la cantidad que adeuda y el tiempo que le falta para cumplir su concierto. (Nota de HoyHistoriaGT: el sistema de la libreta se corrompió de tal modo, que aun y cuando los salarios que se pagaban eran miserables, los patrones se las ingeniaron para que los campesinos siempre les estuvieran debiendo).5

Artículo 13°. El patrón que no lleve el libro de cuentas corrientes de que habla el inciso 4°. del artículo 4°., además de pagar la multa que corresponda, quedará sujeto, respecto a cuentas, a estar y pasar por lo que conste en el libro del colono o jornalero.

Artículo 14°. A cualquiera clase de jornaleros el patrón deberá darles habilitación diaria ó cada ocho dias si así lo exigieren para sus alimentos.

SECCIÓN SEGUNDA: Jornaleros

Artículo 15°. Hay tres especies de jornaleros: colonos, jornaleros habilitados para trabajar por tarea, por dia ó por mes, y jornaleros no habilitados.

§ I De los colonos

Artículo 16°. Se entiende por colono el jornalero que se compromete á residir y trabajar en una finca rural o que de hecho trabaja y reside en ella. Los arrendantes de las fincas de campo, están comprendidos en la clase de los colonos y obligados á trabajar en la propia linea si en el contrato de arrendamiento no se hubiere estipulado lo contrario. El mismo carácter y la misma obligación tienen los poseedores de terrenos en precario, comprendidos en los de otra finca rural.

Artículo 17°. El tiempo por el cual puede concertarse un colono será convencional, pero no podrá exceder de cuatro años. Sin embargo, no se retirará de la finca sin estar solvente con su patrón aunque haya pasado el término. (Nota de HoyHistoriaGT: como ya se indicó en la nota del artículo 12, los patrones se las ingenieron para que los colonos estuvieran siempre endeudados con ellos).

Artículo 18°. Son obligaciones del colono:

  1. Prestar su trabajo en la finca por el salario convenido siempre que hubiere ocupación en ella;
  2. Estar sometido al patrón y sus agentes, en todo lo relativo al buen orden y ejecución de los trabajos de la finca;
  3. Conservar el libreto de su cuenta corriente, cuidando de que el patrón asiente semanariamente el estado de ella en dicho libreto;
  4. No recibir de otro patrón anticipo alguno por cuenta de trabajo, que deba verificarse antes de concluirse el término porque se concertó como colono ó aunque se haya concluido, sino está solvente con el patrón;
  5. Enviar á sus hijos a la escuela de primeras letras establecida en la misma finca;
  6. Permanecer en la finca todo el tiempo concertado y no retirarse de ella antes que termine, aun cuando estuviere solvente con su patrón.4

Artículo 19°. El patrón calculará la suma, que pueda anticipar al colono según los trabajos que haya de ejecutar cutar y el tiempo del compromiso. (Nota de HoyHistoriaGT: he aquí una de las principales fuentes de fraude para endeudar a los trabajadores).5

Artículo 20°. Cuando no esté obligado el patrón á suministrar alimentos al colono y éste no pueda procurárselos por consecuencia de suma escasez de granos, o sólo pueda obtenerlos a un precio tal que no baste su salario para proveer a su subsistencia, podrá retirarse de la finca aun cuando no se haya terminado el tiempo de su concierto, a no ser que el patrón se los proporcione a precios cómodos. (Nota de HoyHistoriaGT: he aquí otra de las principales fuentes de fraude para endeudar a los trabajadores).6

Artículo 21°. Si el colono en virtud de los dispuesto en el artículo anterior, hubiere de retirarse de la finca, deberá hacerlo con permiso escrito del patrón en el cual conste la cantidad que adeuda y el tiempo dentro del cual debe volver á cumplir sus compromisos.

Artículo 22°. El colono que extraviare su libreto, deberá estar y pasar por las constancias que respecto á su cuenta existan en los libros del patrón.

§ II De los jornaleros habilitados.

Artículo 23°. Jornalero habilitado es el que recibe dinero anticipado, obligándose a pagarlo con su trabajo personal en una linea rústica. (Nota de HoyHistoriaGT: esta fue fuente de usura para los patronos).5  Para la anticipación se tendrá presente lo dispuesto en el articulo 19.

Artículo 24°. El jornalero habilitado tiene las mismas obligaciones que el colono y cuando no esté concertado por tiempo determinado, puede retirarse de la finca, una vez pagado el anticipo.

Artículo 25°. Son comunes a los jornaleros habilitados las disposiciones de los artículos l8 a 22.

§ III. De los jornaleros no habilitados

Artículo 26°. Son jornaleros no habilitados los que se comprometen á trabajar en una finca rústica sin recibir anticipación alguna y se han de observar respecto de ellos las disiciones contenidas en el inciso 3°. del artículo 4°.

Artículo 27°. El jornalero que no haya recibido habilitación, deberá cumplir el tiempo porque se obligó a trabajar; si no se hubiese fijado ese tiempo se entenderá de una semana.

Artículo 28°. A esta clase de jornaleros deberá pagárseles jornal semanariamente, sino se hubiere estipulado otra cosa, sin perjuicio de la habilitación diaria de que habla el artículo 14.

Artículo 29°. Los jornaleros no habilitados están sujetos a las obligaciones prescritas en los incisos 1°. y 2°. del artículo 18.

Disposiciones generales

Artículo 30°. Son autoridades competentes para los efectos de este reglamento, las siguientes: Jefes políticos, Gobernadores de los pueblos, Alcaldes Municipales o Jueces de Paz y Preventivos y Alcaldes auxiliares.

Artículo 31°. Cuando algún particular desee para sus trabajos un mandamiento de jornaleros, deberá solicitarlo del Jefe político del departamento, cuya autoridad designará el pueblo que deba proporcionarla. (Nota de HoyHistoriaGT: a los indígenas no se les pedía permiso sino que se les obligaba a ir a donde y cuando dijera el Jefe Político). En ningún caso excederá de sesenta el número de jornaleros de cada mandamiento.6

Artículo 32°. Cuando sean comprendidos en un mandamiento jornaleros habilitados por otro patrón, este tiene el derecho de reclamarlos y la autoridad está en la obligación de tragarlos. El patrón que de propia autoridad sustrajere de un mandamiento o tomare por la fuerza a un jornalero habilitado por él, perderá el derecho que le concede este artículo y la cantidad que le adeude el jornalero, a favor del fondo de caminos, procediendo de la manera determinada en los artículos 6°. y 7°.7

Artículo 33°. El jornalero habilitado que sea separado de un mandamiento para entregarlo a su patrón, deberá devolver á la autoridad la habilitación que hubiere recibido, ya sea para habilitar con ella otro jornalero en su lugar ó ya para devolverla al dueño del mandamiento.

Artículo 34°. Podrán pedirse mandamientos y la autoridad darlos por ocho o quince dias, si los jornaleros fueren del mismo departamento donde se halla la finca, y por un mes si fueren de otro departamento. En el primer caso el patrón no abonará a los jornaleros gasto de viaje y en el segundo les pagará á razón de dos reales por cada diez leguas de ida y nada por el regreso. (Nota de HoyHistoriaGT: éstas ínfimas cantidades se aprecian mejor si se comparan con la fortuna que amasó el general Barrios durante su gobierno y que fue publicada el 3 de agosto de 1885).8

Artículo 35°. Todo el que solicite mandamiento de jornaleros deberá pagar el derecho  siguiente:

  • Si el mandamiento lucre por ocho ó quince dias, se pagará medio real por cada jornalero;
  • Si fuere por mas de quince dias UD real por cada uno. Estas sumas formarán parte de los fondos de propios de cada Municipalidad.

Artículo 36°.A los jornaleros de un mandamiento deberá dárseles habilitación antes de salir del lugar de su domicilio, pero la autoridad cuidará bajo su responsabilidad, que dicha habilitación no exceda de la mitad de lo que deba ganar cada uno en el tiempo convenido.

Artículo 37°. En toda Secretaria Municipal se llevará un libro para anotar los mandamientos que se den en lista nominal, expresando el tiempo por que sale, la finca á donde van a trabajar los jornaleros y la cantidad pagada por derechos, conforme al artículo 35. Dicho libro servirá para la revisión y aprobación de las cuentas de cada municipio, y el Secretario Municipal que no cumpla con esta prevención, será destituido de su destino, pagando además una multa no menor de veinte pesos.

Artículo 38°. Las autoridades a que se refiere el artículo 30, tienen las obligaciones siguientes:

  1. Intervenir en los contrati enganche ya sea como jornaleros habilitados o no habilitados, siempre que sean requeridas por cualquiera de las partes, cuidando de que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 37.
  2. Administrar pronta y cumplida justicia, en caso de contención o desacuerdo entre el patrón y el colono ó jornalero y hacer que cada uno por su parte cumpla con sus respectivas obligaciones;
  3. Cumplir con prontitud las prevenciones de los Jefes políticos sobre mandamiento de jornaleros, sujetándose a las prescripciones de este Reglamento;
  4. Facilitar a los patrones o agentes el enganche de jornaleros;
  5. Autorizar a los dueños de fincas que ofrezcan las garantías convenientes para que tengan una pieza de encierro para asegurar á cualquiera que cometa un delito ó falta, mientras se pone a disposición de la autoridad. A falta de un local a propósito, deberán ser conducidos inmediatamente al pueblo mas próximo;7
  6. Perseguirá los deudores fraudulentos por habilitaciones recibidas de diversos patrones, remitiéndolos con seguridad a la finca cuyo patrón se haya presentado á la autoridad. En caso de adeudar el jornalero anticipos a varias fincas se les remitirá a los patrones por el orden en que hayan presentado su reclamo: excepto que uno quiera pagar por todos y los demás convengan en el pago;9
  7. Autorizar las boletas de solvencia cuando asi lo solicite algun jornalero para cambiar de domicilio y extendérsela cuando el patrón se niegue á hacerlo, si del libreto resulta su solvencia;
  8. Cuidar de que se hagan efectivas las multas que se impongan por infracción de este Reglamento;
  9. Cumplir por su parte y hacer cumplir el presente Reglamento.

Artículo 39°. Todos los gastos que se originen para obligar al jornalero al cumplir sus compromisos,serán pagados por el patrón, a cargo del jornalero, anotándolo así en su libreto y en su cuenta.

Artículo 40°. Las funciones de los alcaldes auxiliares están determinadas en la ley y las ejercerán siempre con sujeción a ella como agentes ó comisionados de las autoridades superiores como Jefes políticos, Jueces de Paz, Alcaldes Municipales, etc.

Artículo 41°. Cuando hubiere desacuerdo entre el patrón y el trabajador respecto a tareas, alimentación, jornales ú horas de trabajo, la autoridad que conozca del reclamo, se arreglará á los términos del contrato consignado en el libreto; y á falta de esa constancia, á la costumbre establecida en el lugar donde estuviere situada la finca.

Artículo 42°. Es obligación de los jornaleros que salen a trabajar fuera de su domicilio y que sean militares, dar aviso al Comandante local para que no les considere como faltistas. Los Comandantes no podrán oponerse a su enganche siempre que no estén en servicio activo.

Artículo 46°. Las demandas y reclamos entre patrones y jornaleros se ventilaran siempre ante los alcaldes Municipales ó Jueces de paz. sino sucediere de la suna determinada por la ley como límite de la competencia de esas autoridades y aun cuando los contendientes sean militares, si no estuvieren en servicio activo: cuando pasen de esa suma corresponde conocer a los Jefes Políticos y determinaciones no habrá otro recurso que el de responsabilidad.

Artículo 47°. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales, Jueces preventivos ó de paz y Alcaldes auxiliares, que infringieren cualquiera de las obligaciones que este Reglamento determina, incurrirán en una multa desde cinco á veinticinco pesos, según los casos. Estas multas serán impuestas por los Jefes políticos ó Jueces de Paz en su caso.9

Artículo 48°. Todas las multas que se impongan á las autoridades, patrones ó jornaleros por razón de este Reglamento, ingresarán al fondo de caminos. Al efecto, las autoridades locales de la República remitirán mensualmente á la Jefatura Política dichas multas con cuenta y razón.

Artículo 49°. En cada Jefatura política se llevará un libro exclusivo para esta cuenta con sus comprobantes, en donde se asentarán los ingresos de cada pueblo por razón de multas. Cada tres meses se formará un estado de ella que se remitirá al Ministerio de Fomento, trasladándose tambien a la Administración de Rentas la existencia que resulte y haciendo constar el traslado al pié del mismo estado.

Artículo 50°. En todo el mes de mayo próximo, están obligados los patrones á presentar á la autoridad local más inmediata, la lista de los colonos de su finca y mozos habilitados por cuenta de trabajo, estén o no trabajando: y desde el mes de diciembre próximo entrante se hará según lo previene el inciso 11 del artículo 4.° de este Reglamento. Las habilitaciones que hasta la publicación de este Reglamento, hubiesen recibido los jornaleros, por cuenta de trabajo, de diversos patrones, serán pagadas contra el orden de antigüedad.

Artículo 51°. El .Ministro de Fomento queda encargado del cumplimiento del presente Reglamento y de resolver las Consultas que se hagan por las autoridades sobre su inteligencia,oscuridad é interpretación.

Dado en el Palacio Nacional en Guatemala, a tres de abril de mil ochocientos setenta y siete.

J. Rufino Barrios.

El Ministro de Fomento: Manuel Herrera.9


BIBLIOGRAFIA:

  1. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  2. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. pp. 5-7.
  3. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 69.
  4. Ibid, p. 70.
  5. Ibid, p. 71.
  6. Ibid, p. 72.
  7. Ibid, p. 73.
  8. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. p. 26.
  9. Gobierno de Guatemala, Recopilación de Leyes, p. 74.

4 de febrero de 1976: catastrófico terremoto asola a Guatemala, causando veintitres mil muertos y setentisiete mil heridos

4febrero1976
Derrumbe de una  residencia a la orilla de un barranco en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.  En el recuadro: una vivienda de adobe derrumbada en el Centro Histórico de la ciiudad.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 4 de febrero de 1976 a las 3:03:33 am, un poderoso terremoto azotó a Guatemala. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 km², y comprendía a varios departamentos del país. Al igual que como ocurrió durantes los terremotos de 1917-18, aparecieron grietas en el suelo en muchos lugares del país, y algunas llegaron a medir hasta un metro de ancho; también la cima de algunos cerros se agrietó y luego los cerros se desmoronaron, soterrando poblados enteros y vías de acceso. Numerosos derrumbes en los taludes de relleno y en los taludes de corte en las carreteras​ dejaron numerosas comunidades incomunicadas, especialmente en la carretera al Atlántico, la carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala y la carretera CA-I entre Patzún y Panajachel. Muchos puentes, torres de alta tensión, postes de luz y de teléfonos colapsaron o se destruyeron. Los rieles de las líneas de los ferrocarriles se retorcieron como culebras.

El sismo dañó prácticamente a todo el país, aunque los lugares más afectados fueron:

  • Chimaltenango: fue el departamento más afectado, registrando la mayoría de decesos.
    • San Martín Jilotepeque: quedó completamente en ruinas y únicamente sobrevivió la fuente colonial de la plaza central.​
    • Carretera CA-I (carretera Interamericana): sufrió severos daños entre Patzicía, Patzún, Godínez y Panajachel. En el punto intermedio entre Godínez y Patzún, en el lugar conocido como Los Chocoyos, hubo un derrumbe de tal magnitud que sepultó a varias casas con todo y sus habitantes.
    • Mixco Viejo: estas ruinas precolombinas sufrieron serios daños estructurales.
  • Departamento de Guatemala:
    • Ciudad de Guatemala: la ciudad y sus alrededores sufrieron graves daños, debido a la sobrepoblación y a lo precario de las viviendas, a pesar de estar lejos del epicentro del terremoto. La periferia de la ciudad quedó más destruida que el centro debido a que las casas estaban hechas de adobe. Al igual y como ocurrió con los terremotos de 1917-18 los templos católicos resultaron seriamente afectados: en la Catedral Metropolitana colapsó la cúpula elíptica que tenía,​ la Iglesia la Recolección y la Ermita del Carmen en el cerro del mismo nombre sufrieron daños considerables. Los centros de salud se quedaron pronto sin medicinas de primeros auxilios y sin alimentos, pues el sismo cortó el suministro de agua potable​ y los alimentos se agotaron rápidamente pues tanto las tiendas de abarrotes como las panaderías permanecieron cerradas. Los damnificados tuvieron que permanecer en las calles ya que hasta los hospitales dejaron afuera a sus pacientes, pues los edificios estaban en malas condiciones​ y se percibía el olor nauseabundo que provenía de desagües rotos.
    • San Juan Sacatepéquez, la municipalidad se derrumbó parcialmente.
    • Mixco: la estación de policía quedó inhabitable pero continuó operando; los agentes de la policía en las primeras horas que siguieron al terremoto encontraron ciento cincuenta muertos y doscientos heridos. Ante la gravedad de la situación y que la estructura del recinto estaba colapsada, el juez de la localidad autorizó a que los detenidos que tuvieran faltas leves fueran liberados.
  • El Progreso:
    • Carretera al Atlántico, la principal vía de comunicación del país, sufrió daños principalmente entre el kilómetro cero en el palacio Nacional y el kilómetro 80 -en El Rancho de San Agustín dejando incomunicados a Sanarate, Guastatoya y los poblados intermedios con la ciudad de Guatemala.​
  • Sacatepéquez :
    • Antigua Guatemala: el Palacio de los Capitanes Generales (que había sido reconstruido a finales de la década de 1880) resistió el temblor con algunos daños y únicamente hubo que demoler el muro de la fachada oriental. También hubo destrozos en la Parroquia de San José Catedral, el palacio del Ayuntamiento, las iglesias del Carmen, La Compañía de Jesús(que entonces albergaba un mercado), San Francisco y San Sebastián, así como casas de valor arquitectónico.
    • La carretera entre San Lucas Sacatepéquez y Antigua Guatemala también resultó seriamente dañada.
  • Izabal:
    • Puerto Barrios: las instalaciones de la portuaria quedaron seriamente dañadas
    • Los Amates: varias estelas mayas de Quiriguá se cayeron.

Aunque inicialmente el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García reportó que las pérdidas de vidas humanas eran mínimas para calmar a la población, a medida que se recuperaban los cuerpos de las víctimas la verdadera magnitud del desastre quedaba al descubierto. El gobierno tuvo que enterrar a numerosas víctimas como XX en fosas comunes, debido a la enorme cantidad de muertos y era la única forma de evitar una epidemia. El resultado final, indicó que hubo veintitrés mil personas fallecidas, setentisiete mil gravemente heridas, mientras que alrededor de doscientos cincuenta y ocho mil casas fueron destruidas, dejando a cerca de 1,2 millones de personas desplazadas. Y es que, a diferencia de lo ocurrido en 1917-18, no hubo un sismo inicial que advirtiera a la población y muchos murieron soterrados por sus propias viviendas; los sobrevivientes armaron albergues temporales en las calles junto a paredes inestables, que cedieron con las fuertes réplicas del sismo, provocando aún más víctimas mortales, cuando les cayeron paredes de edificios dañados. Después de eso las personas movieron sus albergues al centro de las calles, a parques o al primer terreno baldío que pudieron encontrar.

El riesgo de una epidemia de fiebre tifoidea se logró evitar porque cuando se suspendió el servicio de agua potable, el gobierno emitió boletines radiales de información sobre como prevenir enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratamiento.​ Tampoco hubo un incremento en problemas psicosomáticos entre los sobrevivientes, a pesar de la experiencia traumática que padecieron. Los problemas que sí hubo fueron: diarrea, problemas pulmonares y oculares, estos últimos por la cantidad de polvo que se levantó de los escombros debido a las frecuentes réplicas.

El pillaje también se desató, y ante la falta de elementos de seguridad pues éstos estaban ocupados con las labores de ayuda, se organizaron patrullas civiles para evitarlo;. Los miembros de las patrullas eran vecinos voluntarios que estaban armados como podían y no llevaban a los capturados a las autoridades sino que ellos mismos se encargaban de escarmentarlos.

A diferencia del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera que fue totalmente inepto para afrontar la catástrofe de 1917-18, el gobierno del general Laugerud García afrontó la situación eficientemente y recuperó al país en cuestión de dos años.


BIBLIOGRAFIA:

 

 


28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

10mayo1952
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia“, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.


BIBLIOGRAFIA:


7 de mayo de 1934: obligado por la Gran Depresión, el presidente Jorge Ubico deroga el Reglamento de Jornaleros instuido por J. Rufino Barrios en 1877

7mayo1934
Una finca de café en las inmediaciones de Antigua Guatemala a principios del siglo XX en una fotografía de Juan José de Jesús Yas.  En el recuadro: el pago a los jornaleros; obsérvese la presencia de niños trabajadores.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 7 de mayo de 1934, enfrentando una severa crisis económica derivada de la Gran Depresión que se originó en los Estados Unidos tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929, el gobierno del general Jorge Ubico derogó el “Reglamento de Jornaleros“, que había sido instituido durante el gobierno de J. Rufino Barrios y que había sido uno de los principales motores económicos de los terratenientes liberales por décadas.

El “Reglamento de Jornaleros” fue redactado por el ministro de Fomento y poderoso azucarero de la región de Escuintla, el licenciado Manuel María Herrera Moreno (quien además era tío del presidente Jorge Ubico ya que estaba casado con Ernestina Ubico Urruela), y no era más que la legalización del trabajo forzado de los pobladores indígenas en las grandes fincas cafetaleras que recién se habían establecido por los liberales en Guatemala y que requerían de grandes cantidades de mano de obra para ser rentables.1,2 Por medio del decreto 177 del 3 de abril de 1877, el gobierno de Barrios emitió mencionado reglamento, y a partir de ese momento se permitió a los propietarios particulares de las fincas cafetaleras solicitar a los jefes políticos de los departamentos “mandamientos de jornaleros” para trabajar en sus propiedades.1,2

Estas “propiedades” se originaron tras una reforma del sistema de propiedad de la tierra que los liberales guatemaltecos implementarion tras el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.  Por este método, pretendían convertir a todos sus allegados en propietarios individuales e iniciaron la venta de las tierras baldías, o tierras “realengas“, de las grandes haciendas confiscadas a las antiguamente ponderosas  órdenes regulares de la Iglesia Católica, y las tierras comunales que tenían las comunidades indígenas.  Los principales favorecidos fueron los criollos liberales (entre ellos el padre del general Ubico, el licenciado Arturo Ubico Urruela, que poseía la importante hacienda cafetalera de San Agustín Las Minas en jurisdicción de Villa Canales3,4,5,6), y los ciudadanos alemanes que se establecieron en la región de la Verapaz.7

Ya anteriormente, en 1829 tras la invasión del general Francisco Morazán y la expulsión de la familia Aycinena y de las órdenes regulares del territorio centroamericano, se habían expropiado por primera vez propiedades rurales para ser rematadas en subasta, principalmente a los socios ingleses del general Morazán.  El principal ejemplo fue la Hacienda de San Jerónimo, ubicada en el municipio de dicho nombre en la Verapaz, y que fue expropiada a los Dominicos y entregada a un ciudadano inglés. Sin embargo, los conservadores recuperaron el poder en 1840 y devolvieron muchas de esas propiedades a las órdenes.

A fin de reactivar la economía durante la Gran Depresión, el general Ubico le dió un impulso a la exportación del café, único producto del país, por medio de la “Ley de Vialidad“, que fue el decreto 1974 emitido en 1933.8 Dado que los fondos nacionales estaban en niveles mínimos, y era necesario construir caminos de terracería que comunicaran a las fincas productoras del grano con los puertos o estaciones del ferrocarril más cercanas, esta ley establecía que todo hombre indígena apto estaba obligado a trabajar en la construcción y mantenimiento de carreteras, con base a un censo proporcionado por cada una de las jefaturas políticas al Ministerio de Agricultura; posteriormente la Dirección de Caminos establecía el plan de trabajo en base a la información del censo. Aquellas personas que no quisieran realizar estos trabajos podían conmutarlo a razón de Q1.00 por semana, y dichos fondos debían utilizarse para la construcción de carreteras. Los únicos hombres indígenas aptos que estaban eximidos de esta obligación eran los profesores, para que no dejaran sus escuelas desatendidas durante las dos semanas que estaban obligados a trabajaren la construcción de caminos. De esta forma, con esta mano de obra gratuita, Guatemala pasó de tener aproximadamente 2,200 Km en carreteras en 1930 a tener 10,200 Km cuando el general Ubico presentó su renuncia el 1 de julio de 1944.9

Por medio del Reglamento de Jornaleros se trataba a los trabajadores casi como esclavos, teniéndolos en una situación de servidumbre similar a la de la época de la colonia. Y es que como el reglamento señalaba que el patrono podía adelantarle parte de su sueldo al trabajador, los patronos idearon un sistema por el cual muchos campesinos poco a poco se fueron endeudado con el dueño de la finca hasta que dicho endeudamiento era ya impagable y tenían que mantenerse a perpetuidad en dichas tierras ya que no podían dejar su trabajo sin haber saldado completamente la deuda adquirida. A esto se sumaba que las deudas eran heredadas de padres a hijos, por lo que estos último ya estaban obligados a permanecer en la finca en que habían trabajados sus padres. Y, por si esto no fuera poco, la mayoría de las fincas pagaban con su moneda propia, la cual podían intercambiar únicamente en la tienda de la finca por los productos que allí se encontraban, los cuales eran vendidos a altos precios.10

Poco antes de derogar el Reglamento de Jornaleros, Ubico promulgó el Decreto No. 1995, el cual señalaba en su único considerando que los “anticipos restringen la libertad de trabajo y convierten al jornalero en objeto de explotación indebida de quienes contratan sus servicios”. En ese decreto, el presidente dio un plazo de dos años para que los terratenientes cobraran a sus jornaleros lo adeudado, transcurridos los cuales todo adeudo quedaba saldado y los empleados empezaban a trabajar de cero o podían irse de la finca. Adicionalmente, el pago ya no podría hacerse por anticipado, sino por tarea, día o semana trabajada.10

Sin embargo, la Ley de Vialidad y el Reglamento de Jornaleros no eran suficientes para sostener la economía nacional, por lo que el gobierno de Ubico derogó el Reglamento el 7 de mayo de 1934 y a los tres días, emitió el Decreto 1996 conocido como la “Ley de Vagancia“, la cual tenía dos temas centrales: evitar la proliferación de vagabundos en el país y suplir de mano de obra a las fincas cafetaleras.10  Por supuesto, no incluía a los miembros de las élites locales, sino que se aplicaba únicamente a los indígenas y mestizos pobres. Todo aquel que era detenido en la calle por vagancia era obligado a ponerse a trabajar o se iba preso (aunque de todos modos terminaba trabajando para el Estado de manera gratuita).<sup>10</sup>

Al iniciar una nueva relación laboral entra en vigor la Ley Contra la Vagancia, que es el Decreto 1996, la cual en su artículo 2 señalaba los distintos casos en los cuales se podían aplicar las penas establecidas:

  • Los que no tienen oficio, profesión, sueldo u ocupación honesta que les proporcione los medios necesarios para la subsistencia.
  • Los jornaleros que no tengan comprometidos sus servicios en fincas, ni cultiven, con su trabajo personal, por lo menos tres manzanas de café, caña o tabaco, en cualquier zona; tres manzanas de maíz, con dos cosechas anuales en zona cálida; cuatro manzanas de maíz en zona fría; o cuatro manzanas de trigo, patatas, hortalizas u otros productos, en cualquier zona.11

La ley también dinciada que tanto las autoridades como los particulares estaban en la obligación de denunciar estos casos para que la persona en cuestión fuera procesada.  Y las penas que se imponían eran:

  • Las penas iniciales eran de 30 días de prisión las cuales iban aumentando en caso de reincidencia señalaba que toda persona que no pudiera comprobar que tenía ingresos para mantenerse sin trabajo, tenía que trabajar un mínimo de 150 días al año y que el pago de dichos servicios se haría al terminar el trabajo y no por anticipado.
  • Si la persona poseía una pequeña parcela de tierra y la cultivaba para su subsistencia, únicamente debía trabajar 100 días al año.11

A la larga, la Ley de Vagancia permitió continuar proveyendo a los terratenientes de mano de obra, sobre todo en la época de cosecha, pues eran muy pocos los campesinos que poseían los medios necesarios de subsistencia que eran requeridos para no ser considerado vago.

Al final, el efecto que esperaba Ubico de estas leyes laborales rindió sus frutos al cabo de varios años, cuando despegó la economía del país (en especial la de los cafetaleros, entre los que se incluía el propio presidente, quien había heredado la Hacienda San Agustín Las Minas a la muerte de su padre en 1927) y poco a poco se pasó de la crisis económica, hasta llegar a un superávit.11


BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino (1877). «Decreto número 177: Reglamentos de jornaleros». El Guatemalteco (Guatemala). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2015.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  4. Ibid. (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901.  XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  5. Ibid, (1909). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906XX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 4-6.
  6. Matta, Juan (1912). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala, 1910-1911 XXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 296.
  7. Caso Barrera, Laura (Diciembre 2014). Viajeros alemanes en Alta Verapaz en el siglo XIX. Su aportación al conocimiento de las lenguas y cultura mayas. Revista Brasileria de Lingüística Antropológica. 6 2. p. 414.
  8. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  10. Ibid, p. 6.
  11. Ibid, p. 7.

21 de marzo de 1847: el gobierno del capitán general Rafael Carrera funda la República de Guatemala

21marzo1847

Primera página del Decreto de Gobierno del 21 de marzo de 1847, la verdadera firma del general Rafael Carrera (a quien los criollos liberales acusaban falsamente de analfabeto y que firmaba como “Racararraca”) y el mapa original de la República de Guatemala.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego de más de veinticinco años de guerra civil, la Federación Centroamericana estaba prácticamente disuelta.  En Guatemala se había impuesto el régimen del capitán general Rafael Carrera, quien a sangre y fuego se impuso a los criollos liberales del país y los aplastó cuando quisieron formar su propio estado en Los Altos en 1838.

Cuando se hizo evidente que Guatemala necesitaba constituirse como República para establecer relaciones comerciales con el resto del mundo, Carrera estableció la República el 21 de marzo de 1847. Con el fuerte apoyo de la Corona Británica el régimen conservador se consolidó y se convirtió en un refugio para los miembros del clero regular que habían sido expulsado de muchos países latinoamericanos por los criollos liberales de esos países, ya que dicho clero había sido la clase social económicamente más poderosa durante la época colonial.

El régimen de Carrera se mantuvo hasta la muerte del caudillo, ocurrida el 14 de abril de 1865 aunque los conservadores se mantuvieron en el poder hasta el 30 de junio de 1871, cuando los criollos liberales liderados por J. Rufino Barrios y Miguel García Granados vencieron al ejército del presidente, el mariscal Vicente Cerna, con apenas un puñado de insurrectos pero con modernas armas proveídas por el gobierno mexicano de Benito Juárez.


BIBLIOGRAFIA: