3 de abril de 1579: avistan al pirata Francis Drake en las costas de Centroamérica

Avistan a la flota del temible pirata inglés Francis Drake en las costa del Pacífico en Centroamérica.

La isla de Plymouth del pirata inglés Francis Drake. En el recuadro: un retrato del corsario. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A los pocos de que tomara posesión como presidente del Reino de Guatemala García de Valverde en sustitución de Pedro de Villalobos, llegó la noticia a Santiago de los Caballeros de Guatemala de que el pirata inglés Francis Drake estaba navegando por las costa del sur de la región.1

El espanto se apoderó de los habitantes de la región, ya que la costa sur se encontraba indefensa porque todos las fuerzas se encontraban concentradas en la costa atlántica, que era por generalmente donde ocurrían los ataques de piratas y corsarios. De hecho, el presidente saliente, Villalobos, había hecho fortificar la población de Trujillo en la costa de Honduras y mantuvo una fuerza militar constante en la costa en prevención de las invasiones inglesas.  No obstante sus precauciones, el pirata inglés Guillermo Parker destruyó algunas poblaciones hondureñas en 1579.1

Para entonces Drake ya era un navegante consumado y se dedicó a saquear las posesiones españolas en América en una época en que la rivalidad entre la España católica de Felipe II y la  Inglaterra anglicana de Isabel I estaba en su apogeo.Nota Así que los saqueos y crímenes que cometía Drake fueron motivo para que la reina de Inglaterra lo agasajara y colmara de atenciones.  La reina Isabel le dió al pirata cinco barcos con los que formó una flota que lo llevó a recorrer una gran parte del mundo, incluyendo la costa del Pacífico del continente americano.2

Para 1879 su fama ya infundía terror entre los pobladores de América, pero eso no impidió que el nuevo presidente Valverde, los oidores de la Real Audiencia y los miembros del Ayuntamiento criollo se aprestaran a defenderse como pudieran del pirata inglés.  La última armada española que había en Centroamérica fue la que utilizó Pedro de Alvarado hasta que llegó a territorios controlados por Francisco Pizarro, quien se la quitó; por eso, para 1879 no había tiempo ni dinero suficientes para adquirir lo que hacía falta para enfrentar a los piratas, pero se logró recaudar los suficientes entre los pobladores para adquirir tres pequeños barcos y una lancha de unos mercaderes que, dicho sea de paso, los vendieron a un precio mucho mayor del que realmente valía.2

Las autoridades también lograron fundir cinco cañones de bronce y con esto, nombraron a Diego de Herrera como comandante de aquella improvisada escuadra, que salió en busca de la poderosa flota de Drake, a quien siguieron la pista por más de trescientas leguas, pero sin darle alcance; así pues, cuando Herrera y sus doscientos hombres llegaron hasta Acapulco sin encontrar a Drake, decidieron regresar a Guatemala.3


NOTAS:

  • Debe notarse que la única diferencia entre ambas religiones era que los anglicanos podían divorciarse.  Esta religión había sido creada por el rey Enrique VIII, padre de Isabel I, cuando se divorció de la reina Catalina de Aragón —que era de origen español— porque ésta no le podía dar hijos varones.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1926] El libro de las Efemérides: Capítulos de la Historia de la América CentralVI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 34.
  2. Ibid., p. 36.
  3. Ibid., p. 37.

29 de abril de 1944: el decreto 2795

El gobierno del general Jorge Ubico emite un decreto por el que exonera a los dueños de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company de responsabilidad criminal en caso de matar a alguien que estuviera robando en sus propiedades rústicas

29abril1944
Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala en la década de 1940. En el recuadro, el presidente, general Jorge Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hacia finales de su gobierno, el general Jorge Ubico aprobó el decreto 2795 de la Asamblea Legislativa, el cual dice así:1

Decreto Número 2795

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que para el desarrollo de la producción agrícola es indispensable poner fin a los delitos contra la propiedad que se cometen en los predios rústicos por personas ajenas a ellos, facultando a sus dueños para emplear contra éstas los medios adecuados para la protección de sus intereses; por tanto, decreta:

Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas rústicas cercadas o sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra los individuos que, habiendo penetrado sin autorización al interior de aquellas, fueren hallados in fraganti, cogiendo o llevándose los animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labrana pertenecientes a las mismas.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.

        • L.F. Mendizábal, presidente
        • F. Hernández de León, secretario
        • R. Ruiz Castanet, secretario

Palacio Nacional: Guatemala, veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.  Publíquese y cúmplase.

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1

De acuerdo al escritor comunista Luis Cardoza y Aragón, este decreto le dió a los propietarios de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company permiso para matar indiscriminadamente.2,Nota Y, al parecer, la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó el poder tras la Revolución del 20 de octubre de ese año así lo comprendió, y derogó el decreto 2795 por medio del decreto siguiente:3

Decreto Número 9

La Junta Revolucionaria de Gobierno, 

Considerando: que la disposición del Decreto legislativo número 2795 no se ajusta a los principios del Derecho penal, toda vez que, sin discriminación alguna, declara exentos de responsabilidad criminal a los propietarios de tales fincas, ya que éstos, así como sus representantes y administradores, están reputados en el interior de las mismas como agentes de autoridad, al tenor de lo estatuido en el artículo 154 del Código Penal; por tanto, decreta:

Artículo único – Se abroga el Decreto legislativo número 2795, de veintisiete de abril del ano en curso.

Del presente decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el palacio Nacional: en Guatemal a aprimero de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Este decreto fue parcialmente resucitado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, ya que cada vez que se extendía el Estado de Alarma o el Estado de Sitio en el país debido a la Guerra Civil que estaba dándose entre el Ejército y las grupos paramilitares por un lado, y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) por el otro, se incluía un artículo como el siguiente:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.4


NOTA:

  • El mismo presidente Ubico era favorecido con esta disposición, ya que era propietario de la finca cafetalera «Hacienda San Agustín Las Minas«.5

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305. 
  2. Cardoza y Aragón, Luis (1991). Miguel Angel Asturias: Premio Lenin de la Paz 1965, Premio Nobel de Literatura 1967. Casi Novela. México: Ediciones Era. p. 146.
  3. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, p. 446.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de GuatemalaLXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 60-61.
  5. Cadenhead, Ivie E. (1974) The Personal Finances of General Jorge Ubico. En: Caribbean Studies. 13 (4). Puerto Rico: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras. p. 127-133.

27 de julio de 1957: Luis González López asume la presidencia interina

Tras el asesinato de Castillo Armas, el primer designado, Luis González López decreta el Estado de Sitio por un mes.

27julio1957
El Palacio Nacional visto desde el famoso «Peladero» del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La misma noche del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesiones extraordinarias de Legislativo1, el que al día siguiente que emitió los decretos 1191 y 1192, por medio de los que llamó al licenciado Luis Arturo Gonález López a hacerse cargo de la presidencia interina y convocó a elecciones presidenciales.  He aquí un resumen de aquel decreto:2

Decreto Número 1191

El Congreso de la República de Guatemala

Considerando: que la noche del veintiséis de los corrientes falleció trágicamente el ciudadano Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas y que […] en caso de falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, debe ser sustituido por el Primer Designado a la Presidencia de la República;

Considerando: […] el Decreto del Congreso en que se llame al Designado para ejercer la Presidencia, debe contener la convocatoria a elecciones presidenciales;

Por tanto, decreta:

Artículo 1. Se llama al primer Designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González López para que ejerza la Presidencia de la República, a quien previa protesta de ley se le da posesión. […]

Artículo 3. Se convoca al pueblo de Guatemala para elegir Presidente de la República dentro del término de cuatro meses, y en cuyas elecciones se observarán las prescripciones de la Ley Electoral.

Artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado pcon el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, y entrará en vigor inmediatamente.[…]2

Una vez juramentado, González López emitió el Decreto número 590, por medio del cual instalaba el Estado de Sitio en todo el país:3

Decreto Número 590-Bis

El Primer Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República,

Considerando: que la trágica muerte del Presidente Constitucional de la República, coronel Carlos Castillo Armas, coloca al país en una situación de grave pligro para la estabilidad de las instituciones públicas, y que en este concepto, es indispensable la adopción de medidas extraordinarias para preservar el orden público;

Considerando: que ante hecho de tal naturaleza el Organismo Ejecutivo está obligado a dictar las disposiciones que sean adecuadas para el mantenimiento de la constitucionalidad, seguridad de las personas y de sus bienes; 

Por tanto, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Orden Público, y en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1. Se declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de esta fecha.

Artículo 2. Cesa la vigencia plena de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 43, 44, 46, 53, 54, 55 y 56, primer párrafo del número 54, 64, 70 y 71, última frase del 73 y 76, todos de la Constitución de la República.

Artículo 3. Durante la vigencia de este decreto se hará aplicación de las medidas comprendidas en los capítulos I, II y III del título II, capítulo II, II y III del título III, todos del Decreto número 22 de la Asamblea Nacional Constituyentes, Ley de Orden Público.

Artículo 4. Se ordena al Ministro de la Defensa emitir las ordenanzas y acuerdos de observancia general que sean necesarias, delegándose en las autoridades militares, la autoridad civil de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Orden Público.

Artículo 5. Se ordena la inmediat apublicidad y divulgación del presente decreto; de él se dará cuenta al Congreso de la República y entra en vigor inmediatamente.3

El Congreso de la República aprobó el decreto de González López ese mismo día, y pospuso la convocatoria a elecciones hasta que el Estado de Sitio se levantara:4

Decreto Número 1192

El Congreso de la República de Guatemala, 

Considerando: que son atendibles y justificadas las razones invocadas por el Primer Designado en ejercicio de la Presidencia para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional; […]

Considerando: que el Decreto 590 emitido por el Primer Desginado en Consejo de Ministros, con esta fecha, se ajusta a los principios constitucionales;

Considerando: que como consecuencia del Estado de Sitio se limitan los derechos ciudadanos, particularmente en cuanto se refiere a la función electoral y a la propaganda que de ella se deriva;

Por tanto, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1. Se ratifica el Decreto número 590 emtido por el Primer Desginado en el ejercicio de la Presidencia en Consejo de Ministros.

Artículo 2. La convocatoria a que se refiere el artículo 3 del Decreto número 1191 de este Congreso […] surtirá sus efectos hasta que cese la situación de emergencia a que ha dado lugar el Estado de Sitio.

Artículo 3. Este decreto aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran este Congreso, entrará en vigor inmediatamente.[…]4

Un poco más tarde, el mismo 27 de julio, González López decretó duelo nacional por 9 días y el Ministro de la Defensa, Coronel Juan Francisco Oliva, en base al decreto 1192 del congreso emitió un decreto por el que se otorgó al ejército la facultad de hacerse cargo de la situación.5

Aquel estado de sitio duró hasta el 2 de agosto, fecha en que se convocó a elecciones.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Sandoval, Marta (2014). «Tres disparos en una noche lluviosa»Contrapoder. Guatemala. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1960). Recopilación de la Leyes de la República de Guatemala, 1956-1957. LXXVI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 50-51.
  3. Ibid, p. 73.
  4. Ibid,  pp. 51-52.
  5. Ibid,  pp. 263-264.

10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero.  En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«.  Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas  y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo.  Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013).  Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

10 de abril de 1963: Carta Fundamental de Gobierno

Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por una Carta Fundamental de Gobierno que le daba poderes dictatoriales al presidente de facto Enrique Peralta Azurdia.

10abril1963
Palacio de Correos de la Ciudad de Guatemala en 2015. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por la siguientes Carta Fundamental de Gobierno:

Decreto-Ley número 8

El Jefe del Gobierno de la República

Considerando, que el Ejército de Guatemala al asumir transitoriamente el Gobierno de la República, lo hizo en forma absolutamente desinteresada, sin el menor deseo de perpetuarse en el poder, sino con el único fin de evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable, que permita al pueblo de Guatemala la elección libre de la persona que debe regir los destinos del país, sin presiones de ninguna especie;Nota_a

Considerando: que mientras esas finalidades se logren, se hace necesario garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y propiciar un ambiente de seguridad que les permita dedicarse a sus actividades normales, bajo el amparo de la autoridad, sin más restricciones que las que sean absolutamente necesarias para luchar contra la subversión comunista;Nota_b

Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta la siguiente

Carta Fundamental de Gobierno

Capítulo I Del Orden Público

Artículo 1°. El poder público será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar.

Artículo 2°. El ministro de la Defensa Nacional será el Jefe del Gobierno de la República

Artículo 3°. El Jefe del Gobierno de la República ejerce las funciones ejecutivas y legislativas; y asume en consecuencia, la formación, promulgación y ejecución de las leyes así como la aprobación e improbación de los tratados y demás convenios internacionales.  Los decretos-leyes serán emitidos en Consejo de Ministros.Nota_c

Artículo 4°. La Corte suprema de Justicia y los demás tribunales y jueces tienen la potestad de administrar justicia conforme a las leyes, con independencia y en forma exclusiva.

Artículo 5°. Guatemala mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centro América y estará pronta a considerar toda actitud que lleve por fin su restauración.

Artículo 6°. La República de Guatemala cumplirá sus obligaciones internacionales; normará sus actos por los tratados, convenciones y pactos que tiendan a consolidad los principios fundamentales de la democracia.1

Capítulo II Nacionalidad

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 16°. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización, por daños y perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren los movimientos armados o los disturbios civiles.

Capítulo III Ciudadanía

Artículo 17. Son ciudadanos:

        1. Los guatemalatecos varones mayores de dieciocho años
        2. Las mujeres guatemaltecas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribirNota_d

[…]Artículo 20. La ciudadanía se pierde:

        1. Por la pérdida de la nacionalidad guatemalteca.
        2. Por prestación voluntaria de servicios a naciones en guerra con Guatemala o a los aliados de aquéllas, siempre que tales servicios implicaren traición a la patria.2, Nota_e

Capítulo IV Garantías Individuales

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 23. Se estatuye el recurso de habeas corpus o de exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del detenido y a decretar su libertad si estuviere ilegalmente en detención.  No podrá ordenarse la libertad de quienes estuvieren sujetos a medidas de seguridad en aplicación de la ley de defensa de las instituciones democráticas.3, Nota_f

Artículo 24. El ejercicio de todos los derechos y el goce de las garantías individuales tendrá como límite las medidas de seguridad que dicte el Jefe del Gobierno.  Toda acción comunista individual o asociada es punible.Nota_f

Capítulo V Atribuciones del Jefe del Gobierno

Artículo 25. El Jefe del Gobierno ejerce sus funciones asistido del número de ministros de Estado que designe.

Artículo 26. Los ministros en todo lo referente a su gestión, serán solidariamente responsables con el Jefe del Gobierno.

Artículo 27. Son funciones del Jefe del Gobierno:

        1. Cumplir y hacer que se cumpla esta Carta fundamental y demás leyes de la República
        2. Proveer a la defensa del territorio nacional
        3. Prestar los auxilios necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia.
        4. […]
        5. Hacer todos los nombramientos de funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de acuerdo con las normas del servicio civil, los de las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con la sola excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala
        6. Decretar tasas e impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
        7. […]
        8. Aprobar o reprobar en Consejo de Ministros los contratos suscritos para la creación o el establecimiento de servicios públicos así como los que se refieran a la explotación de minas e hidrocarburos y demás recursos naturales en los casos que así lo exija la ley.Nota_g
        9. Suspender las garantías contenidas en esta carta en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.Nota_h

Artículo 28. El Jefe del Gobierno será asesorado por un consejo de Estado compuesto por lo menos de diez miembros representativos de los diferentes sectores del país y por la comisión de Asesoría Jurídica.

Capítulo VI Ejército

Artículo 29. El Ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el territorio, la soberanía e independencia de la nación, para la conservación de la seguridad interior y exterior y del orden público.  Se rige por sus leyes y reglamentos.

Artículos 30. La jurisdicción de los tribunales militares se extiende a los integrantes del Ejército de Guatemala, aun cuando no estén en servicio activo y a los civiles en los casos que determina la ley.[…]Nota_i

Artículo 39. El Jefe del Gobierno hará formular, aprobará y publicará el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presupuesto es uno e indivisible y no se podrán hacer más gastos que aquellos epxresamente previstos en él.[…]

Artículo 42. En caso de perturbación del orden público o de emergencia nacional, los servicios públicos podrán ser militarizados.

Artículo 43. No serán aplicables las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a esta Carta […].

Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y tres.

Publíquese y cúmplase.

        • Enrique Peralta Azurdia
        • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]4

NOTAS:

    • a: específicamente para elegir un candidato definitivamente anticomunista, definido a la usanza guatemalteca, es decir, que no estuviera en contra de la tradición criolla de posesión de la tierra y de capital.
    • b: es decir, gobernar en un perenne estado de sitio
    • c: el Jefe del Gobierno era dictador absoluto y emitía y ejecutaba las leyes que necesitaba, ya que el Congreso estaba disuelto
    • d: se incluía como ciudadanos a todos los varones sin distinción de raza ni educación, aunque las mujeres analfabetas quedaban excluídas
    • e: el comunismo internacional era considerado una nación en guerra con Guatemala
    • f: se restringían los derechos de los opositores, que eran acusados inmediatamente de comunistas.
    • g: esto fue aprovechado para que empresas internacionales escribieran una nueva Ley del Petróleo y una nueva Ley de Minería, que correspondían más a los intereses de las empresas particulares que al Estado de Guatemala.
    • h: bastaba con una acto opositor para que se declarara estado de sitio.
    • i: los miembros del ejército son juzgado por su propio fuero militar

BIBLIOGRAFIA:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de la Leyes de Guatemala, 1962-1963LXXXII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 21.
  2. Ibid., p. 23.
  3. Ibid., p. 24.
  4. Ibid., p. 25.

27 de enero de 1908: felicitan a Estrada Cabrera por finalizar el Ferrocarril Interoceánico

El gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera termina el Ferrocarril Interoceánico iniciado por el gobierno de J. Rufino Barrios. Para ello, contrató a la United Fruit Company.

27enero1908
Una fotografía que refleja al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera poco antes del atentando de los Cadetes. En el balcón del Campo de Marte, observa las ceremonias de la celebración de la finalización de Ferrocarril Interoceánico en enero de 1908; al centro del balcón está Minor C. Keith, vicepresidente de la United Fruit Company y presidente de la compañía que construyó el tramo final del ferrocarril; están siendo custodiados por cadetes de la Escuela Politécnica, muchos de los cuales serían hechos prisionados o asesinados tras el atentado del cadete Víctor Vega contra Estrada Cabrera en abril de ese mismo año. Imagen tomada de la revista oficial cabrerista «La Locomotora«.

El principal logro en infrastructura del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera fue la finalización del Ferrocarril Interoceánico, el cual había quedado inconcluso tras la caída del precio del café en 1897.1 En esa oportunidad, el gobierno del general José María Reina Barrios estaba tratando de terminar el ferrocarril para ofrecer a inversionistas extranjeros un canal seco en Guatemala, ya que todavía no estaba construido el Canal de Panamá, y por ello incurrió en una enorme deuda con bancos ingleses.2

Años después, ya cuando Reina Barrios había sido asesinado y su antiguo ministro de Gobernación, Estrada Cabrera, se había hecho cargo de la presidencia, éste último firmó un contrato con Mynor C. Keith, vicepresidente de la United Fruit Company para terminar el tramo El Rancho-Ciudad de Guatemala, el cual era el más difícil de la vía férrea, dado que todo era terreno montañoso.  Por medio de este contrato  el presidente guatemalteco le entregó a la frutera transnacional el usufructo del ferrocarril y de Puerto Barrios por noventa y nueve años, así como una generosa concesión de terreno en Izabal para la plantación de bananos.3 Ahora bien, aquel contrato fue lesivo para el país, no solamente porque le dió entrada a la poderosa frutera transnacional que se convirtió en el verdadero poder tras el gobierno de Estrada Cabrera y sus sucesores, sino que entregar el ferrocarril a la UFCO con excesivas ventajas, como explica el escrito Manuel Galich en su obra «El Tren Amarillo«: los bonos de la vieja deuda del Gobierno de Reina Barrios, de la cual no se había pagado ni el principal, ni los intereses fueron comprados por entidades financieras propiedad de la UFCO a precios irrisorios. Después, estas mismas entidades le propusieron a Estrada Cabrera que consolidara de la deuda, que era un gran beneficio para el deudor y bonos nuevos para las entidades financieras de la UFCO, que encima, como financiadora de la consolidación, cobró los gastos de ésta. Y las entidades financieras, como tenedores de los nuevos bonos, cobraron dos años anticipados de intereses por medio de los propios bonos de la nueva emisión. Además, a cambio de la consolidación, el Gobierno autorizó la constitución de una Compañía que concluyera el ferrocarril, cuyas acciones se distribuyeron en tres partes: una, para los contratistas del ferrocarril, que era la nueva compañía propiedad de la UFCO; otra, para los tenedores de la antigua deuda, por los intereses que se les adeudaban, que eran las empresas financieras de la UFCO; y, finalmente, otra parte para el Gobierno por haber construido casi todo el ferrocarril.

Por supuesto, los entretelones de este contrato no se hicieron públicos, y el 19 de enero de 1908 la llegada del Ferrocarril del Norte a la Ciudad de Guatemala se celebró con gran pompa. Para entonces, el descontento contra el régimen autoritario de Estrada Cabrera estaba en su máxima expresión, al igual que la represión por parte de éste, lo que quedó evidenciado con el atentado de La Bomba del 29 de abril de 1907, en que el presidente estuvo a punto de perder la vida junto con uno de sus hijos y el general José María Orellana, su Jefe de Estado Mayor.5 Las persecusiones que siguieron a este atentando sembraron el terror entre la población.6

Los propagandistas de Estrada Cabrera, para que la comunidad internacional no pusiera atención en la dictadura que había en Guatemala, hicieron llegar la noticia de la finalización del ferrrocail a cuanta publicación pudieron, y fue así como el 27 de enero de ese año la revista «La Ilustración Artística» de Barcelona, España, publicó una nota felicitando al presidente guatemalteco por la conclusión de la obra.7 La información contenida en dicha nota les fue proporcionada por los representantes de la revista en Guatemala, P.J. Guirola y Cía. quienes publicaron «La Ilustración Guatemalteca» entre 1896 y 1898.8

Este artículo, que era prácticamente una oda a Estrada Cabrera, se reproduce a continuación, ya que muestra el servilismo que imperaba entre los allegados del presidente guatemalteco para con la figura presidencial:7

El 19 de los corrientes inauguróse con gran solemnidad el ferrocarril que va desde San José a Puerto Barrios, puertos ambos de la República de Guatemala, situados en el Pacífico el primero, y el segundo en el Atlántico.  Esta nueva vía férrea es de inmensa importancia, no sólo para aquella República, sino para el comercio europeo, que de este modo tendrá una comunicación directa y rápida entre ambos océanos. En cuanto a Guatemala, ocioso es decir reportará extraordinarias ventajas del ferrocarril, recientemente inaugurado, pues además de lo que éste lo aproxima a los Estados Unidos del Norte y del incremento que adquirirá su comercio, podrá ofrecer a una emigración sana y trabajadora elementos de expansión y desarrollo en su riquísimo suelo.

La terminación de esta obra magna débese a la iniciativa del actual presidente, Excmo. Sr. D. Manuel Estrada Cabrera, una de las personalidades más ilustres de América Latina, y a quien Guatemala debe sus adelantos, su comercio, su industria y, en una palabra, todas las manifestaciones que informan el progreso positivo del país.

El Sr. Estrada Cabrera, que desde que ocupa el solio presidencial, ha dedicado todos sus esfuerzos a que Guatemala ocupe un puesto digno en el concierto de las naciones civilizadas, es un jurisconsulto distinguido que ha hecho estudios profundos en ciencias políticas y sociales.

Las reformas progresistas de Guatemala datan de la revolución liberal de 1871. La Instrucción Pública, base de todos los adelantos de todos los pueblos, fue el punto de mira que los hombres de aquel entonces tuvieron com principal elemento para transformar a su patria.

El presidente J. Rufino Barrios fue quien con más ahínco trató de difundir la instrucción por toda la República, habiéndose conquistado con ello el dictado de fundador de tan importante ramo de la gobernación pública. 

Pero lo hecho por el general Barrios no había sufrido reforma alguna hasta hace pocos años; y ha sido el Presidente Estrada Cabrera quien ha iniciado con verdadero entusiasmo y con gran energía de patriota la reforma de la Instrucción Pública. Él ha comprendido que los antiguos sistema de enseñanza son nocivos a la juventud; que lo que hoy se necesita es formar hombres que, el día de mañana, sean aptos para el trabajo en cualquier de sus manifestaciones; y gracia a su labor constante en este sentido funcionan actualmente en toda la República de Guatemala las Escuelas Prácticas, en las que, al par que se dan al alumno conocimientos científicos, se le proporcionan maestros é instrumentos especiales para que aprenda un arte ú oficio.

La terminación del ferrocarril interoceánico, que hace poco tiempo parecía imposible, se ha realizado gracias a él; y hoy Guatemala tiene un nuevo motivo de gratitud para su ilustre Presidente que ha sabido elevarla a un grado de esplendor y de prosperidad extraordinarios.7

A pesar de las elogiosas palabras para con el mandatario, este sufrió un nuevo atentado del que volvió a salir milagrosamente ileso el 20 de abril de ese mismo año, a manos del cadete de la Escuela Politécnica Víctor Vega durante la ceremonia de recepción del nuevo encargado de la Legación de los Estados Unidos.9 Aquel atentado se conoce como «atentado de Los Cadetes» y a raiz de eso se instituyó un verdadero régimen de terror en el país, con el presidente aislándose en la finca presidencia de «La Palma», la Escuela Politécnica derrumbada hasta sus cimientos y todos los ciudadanos preoupados por mostrar una servir adulación a Estrada Cabrera, para no ser acusados de conspiradores.10


BIBLIOGRAFIA:

  1. Luján Muñoz, J. (2003). Las Revoluciones de 1897, La Muerte de J. M. Reina Barrios y la Elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489766990.
  2. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilaciónde Las Leyes de la República de Guatemala, 1897-1898 XVI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 742-743
  3. — (1909). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1904-1905 XXIII. Guatemala: Arturo Siguere y Cía. pp. 289-290.
  4. Galich, Manuel (2013) [1954]. «El tren amarillo, drama del Caribe en tres actos». Tres obras de teatro, edición conmemorativa del centenario de su nacimiento. Guatemala: Cultura; Ministerio de Cultura y Deportes. ISBN 978-9929-559-44-8. pp. 101-105.
  5. Invernizzio, Enrique (10 de mayo de 1907). «El 29 de abril y otras minas»La Locomotora: revista de política, ciencia, literatura y bellas artes (Guatemala) II (33): 6-13.
  6. Ávila Pessel, Carlos (6 de mayo de 1920). Defensa presentada por el Licenciado don Emeterio Ávila Echeverría después de ratificada la sentencia que le condenó a muerte, con relación al atentado del 29 de abril de 1907. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  7. Estrada Paniagua, Felipe (20 de febrero de 1908). «Excmo. Sr. Don Manuel Estrada Cabrera». La Locomotora.  I (56). pp. 6-7.
  8. La Ilustración Guatemalteca (15 de julio de 1897). «Nuestro propósitos»La Ilustración Guatemaleca (Guatemala: Siguere, Guirola y Cía) I (24). p. 346.
  9. Somoza Vives, Fernando (1908). El crimen del 20 y el pueblo guatemalteco. Guatemala: La Mañana.
  10. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp.  177-182.

1 de julio de 1935: suprimen al departamento de Amatitlán

Debido a la creación del departamento de El Progreso y a los estragos producidos por la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico suprime al departamento de Amatitlán.

1julio1935
Excursión a la orilla del Lago de Amatitlán en 1897. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en «La Ilustración Guatemalteca». En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Existe una leyenda romántica que relatan en Amatitlán al respecto de que el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, enamoraba a una dama de la localidad, y que cuando ésta lo rechazó, el presidente decidió suprimir el departamento en represalia.  Independientemente de la leyenda indicada, lo que realmente ocurrió fue que el mantenimiento de dicho departamento resultaba muy oneroso para el país, pues éste estaba atravesando los efectos de la Gran Depresión, y era necesario restablecer el departamento de El Progreso para poder administrar de mejor forma el Ferrocarril del Norte.  Así pues, el 29 de abril de 1935, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente decreto, el cual fue ratificado por el presidente Ubico el 2 de mayo de ese año:1

Decreto Número 2081

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando:

Que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto, decreta:

Artículo 1°. Se suprime el departamento de Amatitlán

Artículo 2°. Los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla.

Artículo 3°. El Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente Decreto, que entrará en vigor el primero de julio del corriente año.

Pase el Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y cinco.

Casa de Gobierno: Guatemala, dos de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Publíquese y cúmplase.

      • Jorge Ubico
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1

A este decreto legislativo le siguieron varios decretos gubernativos por los que la administración del desaparecido departamento fue distribuida entre el de Guatemala y el de Escuintla.  Reproducimos el primero de ellos, sobre las partidas del Ministerio de Hacienda, para que el lector se dé cuenta de cómo se distribuyó el gasto operativo de Amatitlán:2

Decreto Número 1683

Jorge Ubico, presidente de la República,

Considerando: que el decreto legislativo Número 2081 suprimió el departamento de Amatitlán, facultando al Poder Ejecutivo para que ordene las modificaciones que proceden en el Presupuesto General de Gastos vigente; y que, además, es necesario transferir también algunas otras partidas del mismo,

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la ley citada y el artículo 9°. del Decreto legislativo Número 2059, decreta:

Artículo 1° – Se transfieren las siguientes partidas del Presupuesto General de Gastos vigente.

Ramo X – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Inspección de Hacienda, partida N° 70036 – Inspector de Hacienda Q.175.00/mes.

Capítulo II – Departamento de Amatitlán: De la partida N° 70461 a la 70476 – Q.47.00/mes

Ramo X. – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Tribunal y Dirección General de Cuentas – Tribunal de Cuentas – Partidas N°. A-71354-55 – Dos auditores, con Q175.00 cada uno: Q350.00/mes

Dirección General de Rentas:

Inspección de Depósitos de Licores:

        • Partida N° A-71356 -Inspector de Receptorías, Contadores Automáticos y Depósitos Fiscales: Q50.00/mes

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71357-61 – Cinco agentes, con Q13.50 cada uno: Q67.50/mes
        • Partidas N° A-71362-66 – Alimentación de cinco plazas a Q7.00 cada una: Q35.00/mes2

Depósito de Licores de Amatitlán:

        • Partida N°. A-71367 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71368 – Vigilante: Q45.00
        • Partida N°. A-71369: Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Depósito de Licores de Villa Canales:

        • Partida N°. A-71370 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71371 – Vigilante: Q45.00/mes
        • Partida N°. A-71372 – Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Capítulo X – Departamento de Escuintla

Policía de Hacienda: 

        • Partidas N°. A-71373-76 – Cuatro agentes, con Q13.50 cada uno: Q54.00/mes.

Artículo 3°. La diferencia de trescientos diez y ocho quetzales (Q318.00) que existe entre las partidas que se transfieren y las que se crean, deberá cargarse a la partida del Presupuesto N°71353 que corresponde a los gastos extraordinarios e imprevistos del Ramo de Hacienda.

Artículo 4°. La transferencia de mérito tendrá efecto a partir del primero de julio en curso y la Dirección General de Cuentas hará las operaciones que corresponden.

Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco. 

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. González Campo3

El resto de decretos gubernativos que modificaron el presupuesto de gastos de la Nación fueron tras la supresión del Departamento de Amatitlán fueron:

      • 1684: partidas del Ministerio de Agricultura4
      • 1685: partidas del Ministerio de Educación Pública5
      • 1686: partidas del Ministerio de la Guerra6
      • 1687: partidas del Ministerio de Gobernación y Justicia7

Todos estos decretos entraron en vigor el 1 de julio de 1935, que fue cuando el departamento de Amatitlán quedó oficialmente suprimido.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 248-249
  2. Ibid., p. 377.
  3. Ibid., p. 378
  4. Ibid., p. 379
  5. Ibid., pp. 380-381
  6. Ibid., pp. 381-384
  7. Ibid., pp. 384-385

11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas.  Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestran otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y 

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados.  Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos.  Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar.  Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios.  Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, p. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, p. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX.  Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

9 de enero de 1970: se inaugura Jurún Marinalá

El presidente Julio César Méndez Montenegro inaugura la hidroeléctrica Jurún Marinalá, que había sido iniciada durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán.

29octubre1824
Vista aérea del embalse de la hidroeléctrica Jurún Marinalá en 2006. En el recuadro: propaganda del gobierno del coronel Jacobo Arbenz pidiendo a la población que coopere con la construcción de la hidroeléctrica. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La región de Palín y Amatitlán históricamente estuvo unificadas por la producción de azúcar y la grana o cochinilla desde la época colonial, y posteriormente con la introducción de la producción del café a gran escala después de la Revolución Liberal de 1871.  Por ello, esta región representó el punto de partida para la electrificación en el país.

La hidroeléctrica Jurún Marinalá se inició durante el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán, como uno de los cuatro proyectos gubernamentales dirigidos a combatir los monopolios estadounidenses que existían en el país en ese momento.  Específicamente, la hidroeléctrica nacional iba a competir con el monopolio de la Electric Light Company.1  Entre los otros monopolios que había estaban el de la International Railways of Central America (IRCA) en el transporte ferroviario de bienes y pasajeros (con el que el gobierno arbencista iba a competir con la construcción de la Carretera al Atlántico), el manejo de los puertos de San José y Puerto Barrios por la Great White Fleet (contra lo que Arbenz iba a construir el Puerto de Santo Tomás de Castilla), y la Reforma Agraria contra la acumulación de tierras ociosas2 (principalmente contra las grandes extensiones de tierra ociosa que el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera3 y el del general Jorge Ubico habían cedido a la United Fruit Company en Izabal y Escuintla, respectivamente).  (Nota de HoyHIstoriaGT: Otros monopolios estadounidenses en el país incluían los de W. R. Grace and Company y sus subsidiarias, National Aviation Company, Rosenthal bankers, Pacific Bank and Trust Company, Standard Oil Company, Union Oil, Pan American Airways, Retalhuleu Electric Company, Amsinck Sanne and Company, y la British American Tobacco Company4).

El anteproyecto de Jurún Marinalá data de 1952, y especifica una hidroeléctrica de 40,000 KW que dotaría de electricidad a la Ciudad de Guatemala y a los departamentos de la costa del Pacífico.  Este anteproyecto fue realizado por el ingeniero J.A. Bendix en abril de 1953.  Otro informe presentado ante el gobierno de Árbenz en marzo de 1954 por la Westinghouse Electric International Co. fue realizado por Erik Floor and Associates, una firma de Chicago Estados Unidos.5 Pero los proyectos de la hidroeléctica quedaron inconclusos tras el derrocamiento del gobierno arbencista el 27 de junio de 1954 por el Departamento de Estado estadounidense,6 que utilizó la pantalla del Movimiento de Liberación Nacional de la Operación PBSUCCESS de la Central de Inteligencia Americana para hacer ver el golpe de estado como un movimiento anticomunista.7 

Por su importancia para el desarrollo del país, los gobiernos liberacionistas y militares que siguieron estudiaron nuevos informes presentados en los años subsiguientes  que  contemplaban la variante de Jurún – Medio Monte- Marinalá.  Finalmente , en junio de 1964, durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia  se planteo seriamente la construcción de la hidroeléctrica y se hizo un estudio más detallado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).8  Después de cumplir con los requisitos legales de licitación pública el gobierno eligió a la empresa Electro-Watt Consultores para la construcción del proyecto, el cual incluyó lo siguiente:

    1. Utilizar el lago de Amatitlán como el principal embalse regulador para dar más capacidad de generación de energía eléctrica al INDE para la ciudad de Guatemala.
    2. Los ríos que se utilizaron para alimentar las turbinas fueron Michatoya, y su afluente, el Marinalá, que fue en donde se construyó el embalse de regulación, el túnel de aducción de baja presión y una chimenea de equilibrio.
    3. Presa de regulación del lago de Amatitlán ubicada en el desagüe del mismo la cual permitió obtener una cantidad de almacenaje de 22.3 millones de m3 de agua. Esta presa está construida de concreto para que soporte la presión del agua en todas las épocas del año.
    4. Toma de Jurún, la cual tiene una longitud 70.00 m y de ancho 4.00 m. también construida de concreto. 
    5. Dos desarenadores para limpiar el agua automáticamente.
    6. Túnel de aducción y presión ubicado entre el sur de la finca Jurún llegando al
      punto alto de Medio Monte (en las fincas desmembradas).
    7. Chimenea de equilibrio de la rapidez del agua, también ubicada dentro de Medio Monte.
    8. Tubería reforzada, conectada con el túnel de presión.
    9. Casa de máquinas ubicada sobre el río Marinalá en la aldea Agua Blanca también construida con hormigón y que consta de turbinas, generadores, paneles de control y mando, válvulas esféricas,sistemas de regulación, sistemas de enfriamiento, equipo de protección, y grupo diesel de emergencia.9

Cuando se presentó por primera vez de manera más formal el proyecto en 1964 se estimó que tendría un costo de Q.12, 650,000.00, pero cuando se concluyó en en 1970 el costo final fue de Q.16, 700,000.00.  El financiamiento de la obra se hizo por medio de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y del
Banco Mundial, además de fondos propios con los que contaba el INDE. Como parte del proyecto también se construyó una línea de trasmisión denominada
Guacalate-Jurún Guatemala en conjunto con la subestación sur de Guatemala, la cual tuvo un costo de Q.3, 487,7000.00. En total el costo de la hidroeléctrica Jurún Marinalá fue de Q.20, 187,700.00. En estos costos se incluyeron la obra civil, de administración ysupervisión general, equipo electromecánico utilizado y los intereses que se generaron durante el tiempo que duró la construcción, lo que se acumularon sobre la deuda externa del país.9

Cuando se inauguró, Jurún Marinalá era la hidroeléctrica con mayor capacidad de generación de energía en el país, surtiendo de esta a una buena parte de la ciudad de Guatemala y al departamento de Escuintla. Posteriormente se construyeron Aguacapa y la hidroeléctrica de Chixoy.10

Inicialmente, la producción eléctrica le representó considerables ingresos para el estado a través del INDE, pero durante el gobierno de Álvaro Arzú Yrigoyén, muchos bienes nacionales fueron privatizados con la justificación de que eso los haría más efectivos (tal y como ocurrió en muchos países de América Latina durante esa época), por lo que la producción eléctrica pasó a manos privadas sin que la población se beneficiara con ello.10


BIBLIOGRAFIA:

  1. Miguel Coronado, Leceny Lorena(2011) Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, del Municipio de Palón, Escuintla; 1925-1969. Guatemala: Universidad de San Carlos, Escuela de Historia. p. 140.
  2. Congreso de la República de Guatemala (1952). Decreto 900. Guatemala. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2014.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.68.
  4. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 190-193.
  5. Miguel Coronado, Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, p. 141.
  6. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)»YouTube
  7. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  8. Miguel Coronado, Caracterización histórica de la Finca Medio Monte, p. 141.
  9. Ibid., p. 142.
  10. Ibid., p. 143.

8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.

8enero1877
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra  que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2

Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas. 

El decreto en mención dice así:1

DECRETO Número 170

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;

Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;

Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;

Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;

Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,

Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;

Por tanto, decreta:

Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.

Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue:  en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.

Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.

Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios. 

Art. 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda.  Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.

Art. 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean.  Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.

Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a.  instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.

Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.

Art. 9°. Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.

Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.

Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.

Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.

Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.

Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.

      • J. Rufino Barrios
      • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2

Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte,  los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3

Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4

Gobierno

No. de
Adjudicaciones
Superficie
concedida
(hectáreas)
J. Rufino Barrios 8 9,080
Manuel Lisandro Barillas 2 315
José María Reina Barrios 385 506,025
Manuel Estrada Cabrera 1,689 689,415
TOTAL 2,084 1,207,835

BIBLIOGRAFIA:

  1. Rodríguez, Analia Silvina (2006) La Enfitéusis en la Doctrina. El Salvador: Universidad de El Salvador.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-6.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.67
  4. Ibid., p. 68.