9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

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Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.

BIBLIOGRAFIA: