1 de mayo de 1947: durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo entra en vigencia el decreto 330 del Congreso de la República: el Código de Trabajo

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Escenas de la producción cafetalera en Guatemala grabadas en madera con base a las fotografías realizas por Eadweard Muybridge en 1875.  Aquel era el trabajo tradicional de los indígenas guatemaltecos hasta 1947.  En el recuadro: el presidente de Guatemala, Dr. Juan José Arévalo.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hasta 1947, las leyes vigentes en Guatemala favorecían grandemente a los patronos, en especial a todos aquellos que establecieron sus fincas cafetaleras o de otra índole durante el gobierno del general J. Rufino Barrios y los gobiernos liberales que le siguieron.  Leyes como el Reglamento de Jornaleros redactado por el ministro de Fomento del general Barrios, el licenciado Manuel María Herrera Moreno,1 o la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad emitidas durante el gobierno del general Jorge Ubico,2 tenían como único propósito proporcionar de mano de obra indígena casi gratuita a los grandes cafetaleros a fin de impulsar la economía nacional.

Los cambios globales que se produjeron hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, impulsados por el fin del fascismo y el establecimiento del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos produjeron una oleada de leyes que mejoraban las condiciones de los trabajados en todo el mundo.3  En Guatemala gobernaba el Dr. Juan José Arévalo, quien llegó al poder en las primeras elecciones que se realizaron tras el gobierno de 14 años del general Jorge Ubico, que fue el último gobernante liberal en la región.  En Guatemala, tanto el período liberal, que duró de 1871 a 1944, como el conservador, que fue de 1838 a 1871, se caracterizaron porque los presidentes eran dictadores prácticamente dueños de vidas y haciendas que se perpetuaron en el poder y que sólo salieron de la presidencia muertos o derrocados, con la única excepción del general Manuel Lisandro Barillas en 1892.4

Los cambios sociales que se observaron durante la época revolucionaria (1944-1954) obedecieron a las transformaciones globales que se produjeron por la caída de los regímenes fascistas de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia.  En Guatemala, los principales cambios que se dieron incluyeron la implementación de un Instituto de Seguro Social y la de leyes que ofrecieran un mínimo de protección a los trabajadores. Así pues, el Decreto 330 del Congreso de la República fue enviado al ejecutivo el 8 de febrero de 1947 y aprobado por el presidente, Dr. Juan José Arévalo, el 20 de febrero, entrando en vigor el 1 de mayo de eso año para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.5

Desde entonces, el Código ha sufrido varias y serias reformas. Por ejemplo, luego del triunfo de la Operación PBSUCCSS de la CIA estadounidense que derrocó al presidente de Guatemala, coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente Carlos Castillo Armas emitió el Decreto Presidencial 570 el 28 de febrero de 1956, el cual modificó 97 artículos del Código de Trabajo y derogó 7 de ellos. Posteriormente, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, se aprobó la reforma contenida en el Decreto 1441 del Congreso de la República del 29 de abril de 1961, que constituyó prácticamente una
sustitución total del Decreto 330, por lo que desde entonces, se considera al Decreto 1441 como el Código de Trabajo.6 Desde entonces se han venido dando otras reformas para actualizar la ley a las nuevas formas de trabajo que han surgido en las últimas décadas.5


BIBLIOGRAFIA:


9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

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Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.


BIBLIOGRAFIA: