6 de febrero de 1956: se aprueba la nueva Constitución de la República de Guatemala tras el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en 1954

La Basílica de Esquipulas en 1887.  Este templo fue muy importante para el Movimiento de Liberación Nacional, ya que el Cristo Negro fue nombrado comandante de la invasión y fue el estandarte del arzobispo Mariano Rossell.  Imagen tomada de Guatemala, the Land of Quetzal.

El gobierno de facto liberacionista, dirigido por el coronel Carlos Castillo Armas, y que llegó al poder en Guatemala en 1954 luego del derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán con el apoyo de la Operación PBSUCCESS de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) convocó a una Asamblea Constituyente que redactó una nueva constitución para la República, en sustitución de la aprobada por los gobiernos revolucionarios en 1945.

La nueva constitución fue aprobada el 6 de febrero de 1956 y luego promulgada el 1 de marzo de 1956, y fue escrita de forma que el país consiguiera una posición intermedia entre las reformas sociales y laborales que había decretado el período de la Revolución de Octubre y el retorno al sistema semifeudal que estaba vigente durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda.

Uno de los principales cambios fue que la nueva Carta Magna reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, con derecho a adquirir y disponer de sus bienes, autorizó el culto privado y público, admitió la enseñanza religiosa optativa en escuelas estatales y el derecho de asociación con propósitos religiosos pero con prohibición a intervención en política.  Todo esto, en reconocimiento a la intensa labor que desarrolló el arzobispo de Guatemala, Mariano Rossel y Arellano en contra de las políticas anticlericales de los liberales y del que él consideraba como comunismo ateo del gobierno de Arbenz.

Pero el cambio en la política hacia la religión permitió tambien el ingreso de numerosas iglesias protestantes, con sede en los Estados Unidos en su mayoría.  Estas iglesias han proliferado considerablemente desde entonces, al punto que aunque la religión católica sigue siendo el grupo cristiano mayoritario en el país, las iglesias protestantes en su conjunto representan el 50% de los creyentes en Guatemala.

La Constitución de 1956 fue derogada en 1963, tras el golpe de Estado que el Ministro de la Defensa Enrique Peralta Azurdia perpetró en contra del entonces presidente Miguel Ydígoras Fuentes cuando este último insinuó que permitiría al expresidente revolucionario Juan José Arévalo ser candidato presidencial en las elecciones que se avecinaban.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

11 de diciembre de 1879: la Asamblea Constituyente decreta la Ley Constitutiva de la República de Guatemala que estuvo vigente hasta el 20 de octubre de 1944

Antiguo Colegio y Seminario Tridentino de la Ciudad de Guatemala convertido en el Instituto Nacional Central para Varones por la Reforma Liberal en 1875.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Los dictadores guatemaltecos del siglo XIX gobernaron a su sabor y antojo y consiguieron que las Asambleas Constituyentes de su tiempo decretaran leyes constitutivas que se acomodaban perfectamente a su estilo de Gobierno.  Rafael Carrera tuvo su propia constitución, la cual estuvo vigente de 1851 hasta 1865, y luego J. Rufino Barrios también tuvo la suya, que estuvo vigente durante toda la época de las dictaduras liberales.

La constitución del general Carrera tenia una gran influencia de la Iglesia Católica, mientras que la de Barrios completamente neutralizó a la religion católica, prohibió el ingreso de las órdenes regulares, eliminó la educación religiosa, no permitió que la Iglesia tuviera propiedades, y prohibió que el clero secular cobrara el diezmo obligatorio.  De más está decir que durante el gobierno de Barrios y sus inmediatos sucesores, la situación de los prelados en Guatemala fue precaria.

Barrios había sido presidente de Guatemala pero de facto desde 1873, cuando sus correligionarios liberales se cansaron de la tibieza de carácter del general Miguel Garcia Granados y lo sustituyeron en la presidencia.  A partir de allí fue cuando verdaderamente se inició la Reforma Liberal y se produjeron las grandes expropiaciones de tierras de las comunidades campesinas y de las órdenes religiosas, las que dieron lugar a enormes fincas cafetaleras que convirtieron en grandes potentados no solamente a Barrios sino a que sus principales colaboradores.

La Constitución de 1879 entró en vigor el 1 de marzo de 1880 y establecía que el mandato presidencial sería de seis años sin posibilidad de reelección consecutivo, aunque dejaba la opción de que mediara por lo menos un período para poder ser reelecto.  La idea de Barrios era de seguir en el poder hasta 1885, descansar seis años y luego retomar el poder.  Pero su muerte en Chalchuapa truncó sus fines.  Sus sucesores empezaron a alterar la constitución para lograr perpetuarse en el poder.   Manuel Lisandro Barillas fue el único que lo entregó después de seis años, pero a partir de José María Reina Barrios todos los presidentes se reeligieron o extendieron su mandato por medio de artimañas por lo menos una vez; de hecho, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico se reeligieron varias veces cada uno.

La nueva constitución garantizaba la libertad de expresión y de prensa, pero eso solamente se cumplió durante el gobierno del general José María Reina Barrios.  Todos los otros gobiernos tuvieron a la prensa completamente restringida e incluso hubo varios presidents que tuvieron sus propios periódicos (Estrada Cabrera era propietario del “Diario de Centro América“, y Jorge Ubico del “Liberal Progresista“).

Finalmente, la Constitución declaraba como ciudadano guatemalteco a todo aquel varón nacido en Centroamérica, mayor de 21 años y que supiera leer y escribir.  Esto, claro está, aplicaba únicamente a menos del 2% de la población, así que para que hubiera más votantes también decía que eran ciudadanos los soldados del ejército guatemalteco, quienes eran reclutados forzosamente entre las poblaciones indígenas y todos eran analfabetos.  Es por ello que todos menos uno de los presidentes guatemaltecos de la época liberal fueron generales.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

19 de noviembre de 1619: se funda la Ermita del Santo Calvario en la Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala

Entrada a la Ermita del Santo Calvario a principios del siglo XX.  Imagen de Arnold Genthe tomada en 1916.

La Ermita del Santo Calvario fue fundada el 19 de noviembre de 1618, cuando el alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, Juan Luis de Pereira recorrió las estaciones del Via Crucis que los Hermanos Terceros de la orden franciscana guardaban desde su templo en la ciudad, y les donó el terreno que se ubica en donde está la estación XII.

Originalmente los franciscanos colocaron una cruz y poco a poco fueron realizando la construcción del nuevo templo católico, la cual estuvo terminada en 1655.  El santo Hermano Pedro de Betancour participó activamente en la edificación de este templo.

Al respecto de la conclusión de las obras, el historiador Pedro Pérez Valenzuela escribió: “Poco le faltaba el año 1654 para terminar la iglesia del Calvario, situada en el final del muy lindo paseo de La Alameda, el cual comenzaba en el puente de Nuestra Señora de los Remedios. Ya estaba construido el atrio con su portada de bóvedas y las tres capillas al levante, para los pasos de la Pasión de Cristo; y se engalanaban de corolas los dos jardincillos formados a los costados del atrio; y frente al cuerpo de la iglesia ya se había levantado sobre cuatro airosas columnas la bóveda donde se pondría a la veneración el Crucificado”.​

El templo original fue derrumbado por los terremotos de San Miguel en 1717 pero fue rápidamente reparado gracias a la ayuda económica del Capitán General Francisco Rodríguez de Rivas. El templo reconstruido fue abierto al culto el 11 de febrero de 1720.​

El ingeniero y teniente coronel Antonio Marín halló a la ermita «desplomada y cuarteada, amenazando ruina» luego del terremoto de Santa Marta en 1773, y con los temblores de diciembre de 1773, se terminó de caer parte de la media naranja en que estaba el patio de la crucifixión.​

Marín también reportó los daños siguientes:

  • Se hizo pelo en la clave del arco del camarín nuevo
  • Se arruinó el pasadizo al púlpito
  • Aparecieron varias rajaduras horizontales, habiéndose caído una bóveda en el campanario, una bóveda

La iglesia fue nuevamente reconstruida y se mantuvo abierta al culto pero convertida en parroquia, a pesar del traslado de la capital a la Nueva Guatemala de la Asunción.  Los franciscanos, al igual que las otras órdenes regulares fueron obligados a trasladarse en 1776, pero el clero secular dirigido por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz se resitió a dicho traslado y permaneció en la destruida ciudad hasta que fue obligado a renunciar cuando arribó su sucesor, el arzobispo Cayetano de Francos y Monroy.  El nuevo arzobispo permitió a las parroquias que estaban en Antigua Guatemala a seguir abiertas al culto pero trasladó la Catedral a la nueva ciudad.

BIBLIOGRAFIA:

 

  • Gómez Carrillo, Agustín (1886). Estudio histórico de la América Central (3.ª edición). Madrid, España: Imprenta de Hernando. p. 240. 
  • González Bustillo, Juan (1968) [1774]. «Razón particular de los templos, casas de comunidades, de edificios públicos». En Julio García Díaz. Destrucción y traslado de la ciudad de Santiago de Guatemala. Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
  • Juarros, Domingo (1808). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. Tomo I. Guatemala: Ignacio Beteta. 
  • — (1818). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala II. Guatemala: Ignacio Beteta. 
  • López, Santiago Sebastián (1985). «Arte iberoamericano desde la colonización a la independencia». Summa Artis. XXIX: El arte iberoamericano del siglo xviii: El barroco tardío. Madrid: Espasa Calpe. 
  • Pardo, José Joaquín; Zamora Castellanos, Pedro; Luján Muñoz, Luis (1969). Guía de la Antigua Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Editorial José de Pineda Ibarra. 
  • Pérez Valenzuela, Pedro (1967). «Le avisaba el corazón». Canturías a Santiago (Crónicas). Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra.

 

16 de noviembre de 1854: el arzobispo de Guatemala, amparándose en las leyes coloniales de Indias, solicita al gobierno del general Rafael Carrera que se restablezca el cobro del diezmo a la cochinilla

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Retrato official del Arzobispo Francisco de Paulo Garcia y Peláez, quien fuera quizá el ultimo arzobispo guatemalteco que verdaderamente tuvo poder económico y politico en el país.  Luego de él, los arzobispos fueron expulsados varias veces del país y solamente recuperaron parte de su antigua gloria luego del derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.  Fotografía de Juan José de Jesús Yas.

El gobierno conservador del general Rafael Carrera se caracterizó por la fuerte influencia que tuvo la Iglesia Católica en Guatemala.  No solamente se permitió el retorno de los frailes de las otrora poderosas órdenes regulares (incluyendo a los jesuitas que habían sido expulsados por los propios españoles en 1787), sino que también por el apoyo económico al clero secular, dirigido por el Arzobispo.

Un ejemplo es la restitución del diezmo a la cochinilla (tinte que entonces era el principal producto de exportación de Guatemala) que fue solicitado a Carrera por el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez el 16 de noviembre de 1854; este gravamen había sido eliminado por el gobiero liberal el 21 de abril de 1831, pero el arzobispo argumentó que “se debía entender la obligación general de pagar el diezmo, que segun la ley 4a., título 16, libro 1o. de la Recopilación de Indias (es decir, leyes coloniales), se satisfice por todos los frutos de la tierra.”

El gobierno de Carrera accedió a entregar el diezmo solicitado, pero solamente 4 reales sobre cada tercio de ciento cincuenta libras y no doce como estaba antes de la derogación de 1831, debido a que en ese momento el precio del producto estaba pasando una crisis considerable.

La imposición tomó vigencia a partir del 1 de enero de 1855 y para facilitar su recaudación y ayudar al clero secular a cobrarla, se autorizó a las administraciones de rentas para cobrar el diezmo indicado con comisiones del cabildo.  Todo esto, amparado en el Concordado que se había establecido con la Santa Sede en 1852 y ratificado en 1854.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

 

 

9 de noviembre de 1812: las cortes españolas eximen a los indígenas de la prestación de servicios y raciones a los curas párrocos, y los obliga a pagar diezmo como el resto de pobladores coloniales

Ruinas de la Ermita del Espíritu Santo en la ciudad de Antigua Guatemala.  En dicha ciudad abundaban los templos católicos tanto regulares como seculars.  Imagen tomada por Juan José de Jesús Yas aproximadamente en 1910.

Si bien hubo in cambio en la orientación de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II en la década de 1960 cuando se puso mucho énfasis en el servicio social de los eclesiásticos, anteriormente sus miembros habían gozado de amplios privilegios.

Durante la época colonial, por ejemplo, el clero secular estaba obligado a tener bajo su cuidado las diferentes parroquias de poblados indígenas, a cambio de los cual recibía servicios y alimentos gratuitamente por parte de los pobladores.  Este beneficio era tan deseado por el clero, que las órdenes regulares que formaron las doctrinas originales en el siglo XVI, se resistieron a entregarlas a las parroquias seculares hasta la segunda mitad del siglo XVIII y solamente porque las relaciones entre la Corona y la Iglesia se resquebrajaron.

La época turbulenta que vivió España en la década de 1810 luego de la invasión napoleónica favoreció que se emitieran leyes que modificaran muchas de las prestaciones que tenían los eclesiásticos. Si bien muchos de los diputados a las Cortes eran miembros de la Iglesia, muchos de los cambios propuestos prosiguieron y llegaron a convertirse en leyes, entre ellos la eliminación del trabajo gratuito que los pobladores indígenas hacían para sus curas párrocos.

Cuando Fernando VII recuperó el trono derogó las leyes de las cortes, hizo prisioneros a los diputadores y restableció muchos de los privilegios de la Iglesia.  En Guatemala, tras la Independencia de Centroamérica los eclesiásticos mantuvieron su posición de élite hasta 1829, en que el partido conservador fue derrotado por los ejércitos liberales de Francisco Morazán quien expulsó a todos los frailes de Centroamérica y le quitó todos los privilegios al clero secular.

Tras la derrota de Morazán a manos de Rafael Carrera en la Ciudad de Guatemala en 1840, el gobierno conservador se restructuró en el Estado de Guatemala y debido a que la revolución era eminentemente católica, restableció todos los privilegios que la Iglesia había tenido hasta 1829.  Dichos beneficios se mantuvieron vigentes hasta el proceso de Reforma Liberal iniciado por J. Rufino Barrios en 1873.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

2 de octubre de 1841: la Asamblea Constituyente de Guatemala, luego de que los conservadores retomaran el poder, ordena quemar los libros prohibidos por la autoridad eclesiástica e impide la libre importación de los mismos

Virgen de la Soledad. Fotografía de Juan José de Jesús Yas, tomada del Endangered Archives Programme. Arcadia (1890-1930).

Cuando se declara la Independencia en 1821, uno de los puntos principales era que se iba a mantener la religión católica como hasta entonces se había hecho.  Sin embargo, los criollos liberales entendieron que para hacerse del poder tenían que deshacerse del poder eclesiástico y abrazaron la bandera del anticlericalismo.

El 6 de diciembre de 1828, en medio de la Guerra Civil Centroamericana que enfrentó a los criollos liberales contra los conservadores, Mariano de Aycinena (jefe de Estado de Guatemala) ordenó que fueran quemados todos los libros prohibidos por la autoridad eclesiástica, y rogó y encargó a dicha autoridad para proceder en contra de aquellos que se opusieran a tal encargo. Para poner en contexto el requerimiento de Aycinena es importante destacar que en ese momento la guerra se estaba inclinando en favor de los liberales dirigidos por el general Francisco Morazán, quien utilizaba como bandera ideológica un movimiento revolucionario basado precisamente en esos libros prohibidos.

Cuando Mariano de Aycinena fue derrocado por Morazán en 1829, la orden caducó y de hecho lo que ahora se prohibió fue la educación religiosa.  Se clausuró la Pontifica Universidad de San Carlos de Borromeo y en su lugar se instituyó la Academia de Ciencias y Estudios, la cual era una institución laica dirigida por el doctor Pedro Molina.

Cuando el gobierno liberal de Mariano Gálvez se desplomó en 1838, los conservadores retomaron el control en el Estado de Guatemala, dirigidos por el caudillo campesino Rafael Carrera, quien era un católico muy fervoroso.  De hecho, la guerra contra Mariano Gálvez tuvo todos los tintes de una Guerra Santa, pues los campesinos peleaban para que se permitiera el regreso de las órdenes regulares y del arzobispo, y que se abriera nuevamente la Catedral Metropolitana, que había estado cerrada desde que el arzobispo Casaus y Torres había sido expulsado en 1829.

Como era de esperarse, la nueva constitución fue de tintes conservadores con grandes poderes para la Iglesia Católica y uno de las enmiendas incluidas fue la de restablecer las prohibiciones dictadas por Mariano de Aycinena en 1828, además de que se establecieron penas con el objeto de impedir la libre introducción y circulación de los libros que leían los criollos liberales.

BIBLIOGRAFIA:

30 de agosto de 1567: por Real Cédula, el rey Felipe II ordena al arzobispo de México enviar a un visitador para investigar supuestos delitos del Obispo de Guatemala, Bernardino de Villalpando

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Plaza central de Mazatenango, Suchitepéquez con el templo franciscano a la izquierda.  Esta fue la única provincial que el Obispo Villalpando (en el recuadro) logró quitar a las órdenes monásticas.  La fotografía es una composición: Mazatenango en 1875 de Eadweard Muybridge y el retrato del Obispo de una composición realizada por Juan José de Jesús Yas a finales del siglo XIX.

El poder las órdenes regulares de la Iglesia Católica durante la época colonial casi no tuvo oposición ni por las autoridades españolas, ni por los representantes del poder criollo, ni por los miembros del clero secular, con el Obispo o arzobispo a la cabeza.  Fue hasta en 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios españoles que dicha influencia se rompió.

Antes de que se cumpliera la Pragmática Sanción que expulsó a los jesuitas, hubo un Obispo que intentó oponerse a las órdenes religiosas, pero no por su animadversion hacia ellas, sino por cumplir con lo dispuesto en el Concilio de Trento, que había indicado que las doctrinas indígenas tenían que pasar al control del clero secular, y ya no estar controladas por los frailes (conocidos también como religiosos regulares).

Este proceso de secularización fue emprendido por el Obispo Villalpando con todo rigor, logrando despojar a la orden de San Francisco de su provincial en Suchitepéquez, y luego intentó hacer lo mismo con las provincias que éstos tenían en Totonicapán y Quetzaltenango.

Pero de nada valieron sus edictos para evitar que los frailes fungieran como curas párrocos, pues para éstos, las doctrinas (o poblados de indígenas) eran sumamente rentables y les reportan generosos ingresos en sus haciendas, ingenious y trapiches.  Los religiosos regulares, principalmente los dominicos y los franciscanos que gozaban de gran influencia en la corte del rey Felipe II (quien prácticamente vivía enclaustrado en un monasterio) se quejaron con el gobernante y éste emitió  una Real Cédula el 30 de agosto de 1567 por medio de la cual solicitaba al arzobispo de México que enviara un visitador a Guatemala para investigar los “abusos” que estaba cometiendo el Obispo Villalpando.    Asimismo, el papa Pío V envió dos bulas en las que ratifica a las órdenes religiosas su privilegio de fungir como curas.

Al dares cuenta de que estaba remando contra la corriente, el Obispo guatemalteco, salió de la ciudad y empezó a recorrer su diócesis, hasta que lo encontraron muerto en su casa en el actual El Salvador, en agosto de 1569.

BIBLIOGRAFIA: