2 de noviembre de 1966: el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro declara estado de sitio en todo el país

2noviembre1966
Sección del Mapa en Relieve de Guatemala que muestra la Sierra de las Minas, con el río Polochic al norte y el río Motagua al sur. Ésta fue la región en donde desarrolló su actividad militar la guerrilla guatemalteca en 1966, y la que combatió el ejército. En el recuadro, el comandante guerrillero Luis Turcios Lima, de las Fuerzas Armadas Rebeldes quien murió el 2 de octubre de 1966 a los 25 años de edad en un accidente automovilístico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Comunicarte.

El licenciado Julio César Méndez Montenegro tomó posesion de la presidencia de Guatemala el 1 de julio de 1966, lo cual dió a la guerrilla izquierdista la esperanza inicial de un cambio en el enfoque del gobierno, hasta entonces controlado por el Ejército de Guatemala.1

Pero, de acuerdo al escritor izquierdista y ex-vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, el presidente Méndez Montenegro tuvo que firmar un pacto secreto con el Ejército para poder gobernar, y éste inició una fuerte ofensiva contra los insurgentes, a la que llamó “campaña de pacificación“.1  Entonces, entre julio y septiembre de 1966, los delegados de las dos organizaciones guerrilleras comunistas que existían en Guatemala -el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)- se entrevistaron para discutir sus diferencias.  Estos delegados eran César Montes y Marco Tulio Yon Sosa.2

Como resultado de lo convenido, el 10 de septiembre las FAR difundieron un comunicado en el que anunciaban su decisión de suspender las acciones militares, esperando que el Gobierno realizara reformas democráticas profundas y rechazando cualquier presión por parte del Ejército. Mientras tanto, su comandante Luis Augusto Turcios Lima (ex-militar graduado de la Escuela Politécnica de 25 años de edad) redactó el primer plan de campaña nacional llamado “Nuestras tareas fundamentales en la situación actual y nuestra preparación para una inminente campaña en el futuro“. En este plan, preveían que luego de la ofensiva política iban a emprender una fuerte ofensiva militar centrada en la Sierra de Las Minas con nuevo armamento.2

Pero el 2 de octubre de ese año, ya en medio de la ofensiva militar, Turcios Lima murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de Guatemala. Tras su muerte, César Montes se convirtió en el nuevo comandante de las FAR, aunque la muerte Turcios Lima dejó al movimiento revolucionario sin una línea realista para enfrentar la guerra, y sin un comandante efectivo que hiciera responder a toda la organización.2

Además, el 2 de noviembre de 1966, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro emitió el decreto 621, por medio del cual suspendió las garantías constitucionales, argumentado que las medidas para lograr la “concordia nacional en el llamado del gobierno democrático surgido de las elecciones generales del 6 de marzo habían sido contestados declinando los beneficios de la amnistía y con actividades conspirativas”.2

El gobierno de Méndez Montegro fue prorrogando poco a poco el Estado de sitio hasta el 2 de abril de 1967 por medio de los decretos 622, 623 y 624. Por su parte, la campaña de pacificación del Ejército concluyó en agosto, resultando en la primera derrota militar de las fuerzas guerrilleras, que tuvieron que empezar prácticamente desde cero a partir de ese momento.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Figueroa Ibarra, Carlos, et al. (2013) Guatemala: Historia reciente (1954-1996). La dimensión revolucionaria. II. Guatemala: FLACSO, p. 77.
  2. Ibid., p. 78.
  3. Ibid., p. 79.

8 de octubre de 1992: se firma acuerdo entre las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de Guatemala

8octubre1992
Mapa que muestra la Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, región de donde procedían los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Nótese que la región es selvática y que se encuentra al norte de los Cuchumatanes. En el recuadro: el logo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien medió en el acuerdo de 1992. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

 

Debido a los cruentos combates entre el Ejército y el Ejército Guerrillero de los Pobres y las Fuerzas Armadas Rebeldes en las regiones petroleras de la Franja Transversal del Norte y de La Libertad en el Petén, así como la política de tierra arrasada que implementaron los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont entre 1980 y 1982 para hacerse con las regiones petroleras, muchos campesinos guatemaltecos tuvieron que salir huyendo de las comunidades que habitaban y se refugiaron en Chiapas, México.1-3

Los campesinos guatemaltecos estuvieron en calidad de refugiados hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre las Comisiones Permanentes de los representantes de los Refugiados y el gobierno de Guatemala, cuyos princiaples puntos fueron:4

  1. El retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria, expresada individualmente, llevado a cabo en forma colectiva y organizada, en condiciones de seguridad y dignidad.
  2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los retornados.
  3. Acompañamiento del retorno. Este consistiría en la persencia física del Procurador de los Derechos Humanos, la Iglesia, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Apoyo Internacional para el Retorno de Regugiados Guatemaltecos (GRICAR) conforme a sus respectivos mandatos, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
  4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo, de los retornados y miembros de las Comisiones Permanentes.
  5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
  6. Acceso a la tierra. A los retornados se les conferiría títulos provisionales o definitivos extendidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) u otra depdnencia del Estado. En caso de que a un retornado le fuera muy difícil reivindicar su derecho de propiedad, renunciaría a su derecho y el gobierno de Guatemala le suministraría otra tierra financiada a través del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) o el Fondo Nacional para la Tierra (FONATIERRA).
  7. Mediación, seguimiento y verificación: el gobierno de Guatemala manifestó su voluntad de mantenerse abierto a la solución de los problemas que se produjeran durante el retorno, mediante la Comisión Especial para la Atención de Refugiados y Desplazados (CEAR) y las Comisiones Permanentes.4

Aquel convenio fue el primer paso para llevar a cabo el retorno que se efectuó en 1995, y fue firmado por las siguientes personas:4

Institución Representantes
Gobierno de Guatemala
  • Presidente Jorge Serrano Elías
  • Sergio Mollinedo Buckely, Director Ejecutivo de CEAR
Comisiones Permanentes
  • Nicolás Rafael Cardona
  • Ricardo Curtz M. Francisco
  • Miguel Ordóñez Felip
  • Santos Juan Pedro
  • Herminio Cardona Díaz
  • Juan Coc Tut
  • Hermitaneo Monzón de León
  • José Sales Ramírez
  • Antonio Mosquera Aguilar, Asesor Jurídico
  • Alfonso Bauer Paiz, Asesor Jurídico
Instancia Mediadora
  • Ramiro de León Carpio, Procudador de los Derechos Humanos de Guatemala
  • Michel Gabuadan, Encargado de la Misión del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
  • Toribio Pineda, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
  • Jorge Mario Avila del Aguila, Presidente de la Instancia Mediadora
GRICAR
  • Patricia Fuller, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en Guatemala
  • Gilbert Faulques, Asuntos Humanitarios, Embajada de Francia en Guatemala
  • Michael Fruhlinh, Primer Secretario, Embajada de Suecia en Guatemala
  • Cecilia Olmos, Representante de ICVA

BIBLIOGRAFIA:

  1. Citation Resources (2013). «Guatemalan Oil Production and Exploration»Oil Council (en inglés) (Perth, Washington, Estados Unidos). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  2. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste»Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Acuerdos de Paz (1992). Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala. Colección IDIES.

22 de septiembre de 1984: tras reconocer la violación al derecho internacional en el asalto a la embajada española, Guatemala restablece relaciones diplomáticas con España

22septiembre1984
Casa de Nariño, en Bogotá, Colombia. En este recinto se firmó el comunicado conjunto por el que Guatemala y España reanudaron sus relaciones diplomáticas. En el recuadro: el generla Oscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala cuando se firmó el acuerdo. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Uno de los episodios más trágicos de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 fue la Quema de la Embajada de España en la capital del país el 31 de enero de 1980 el cual, aparte del costo en vidas humanas, resultó en el total aislamiento internacional del país.1

España y Guatemala reanudaron sus relaciones dipolomáticas hasta el 22 de septiembre de 1984, cuando ambos países firmaron un comunicado conjunto que satisfacía las exigencias del gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez.  Aquel documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de España, Fernando Morán, y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores, el licenciado Fernado Andrada Díaz-Durán.  En aquel documento, el gobierno guatemalteco reconoció que los trágicos sucesos del 31 de enero de 1980 constituyeron una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena, y aceptó las consecuencias jurídicas resultantes.1

El anfitrión de la reunión fue el presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien fue felicitado por el rey Juan Carlos de España por haber jugado un papel decisivo en la mediación para lograr el acuerdo, que fue firmado al medio día en el palacio presidencial de Nariño en Bogotá.  A la reunión asistieron también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares, y los cancilleres de Colombia y Venezuela.

Aunque el comunicado conjunto estaba listo desde el 22 de agosto, el canciller guatemalteco se excusó diciendo que no había firmado antes por no haber tenido ocasión y junto con el canciller español, reconoció que el acuerdo era “digno, justo, honorable y ecuánime“.1 

He aquí la transcripción del comunicado:2

  1. Los Gobiernos de España y Guatemala han decidido restablecer, a partir del 22 de septiembre de 1984, sus relaciones diplomáticas y proceder, lo antes posible, al intercambio de los respectivos embajadores.
  2. El Gobierno de Guatemala reitera que lamenta profundamente los trágicos acontecimientos ocurridos el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España, con ocasión del allanamiento de que fue objeto.
  3. El Gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de la que ambos países son parte, y por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.
  4. En relación con tales hechos, el Gobierno de Guatemala ratifica que activará los procedimientos que llevan a deducir responsabilidad a que hubiere lugar de conformidad con su legislación interna.
  5. Se constituirá lo más pronto posible una comisión mixta hispano-guatemalteca de carácter técico para determinar, en un plazo de 12 meses, de acuerdo con el derecho internacional y dentro del espíritu de justicia y equidad, lo que proceda en relación con el numeral tercero.
  6. El gobierno de España toma nota del contenido del citado numeral, acepta las satisfacciones dadas por el Gobierno de Guatemala y ambos Gobiernos expresan su complacencia por la forma en que ha sido resuelto este asunto.
  7. Los Gobiernos de España y de Guatemala desean expresar su más profundo agradecimiento al señor presidente de la República de Colombia, doctor Belisario Betancur Cuartas, y al señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Augusto Ramírez Ocampo, así como al ex ministro doctor Rodrigo Joreda Caicedo, quienes, con gran espíritu de fraternidad hacia ambos pueblos, prestaron tan decisiva como generosa colaboración en las negociaciones que han permitido elaborar este comunicado.
  8. Asimismo, ambos gobiernos quieren dejar constancia de su agradecimiento a los de las Repúblicas de Venezuela y El Salvador, por haber representado, durante el tiempo en que estuvieron interrumpidas las relaciones diplomáticas, con tanta eficacia como dedicación sus respectivos intereses por haber contribuido a la solución de este asunto.2

En resumen, los principales puntos que tocó el comunicado fueron:1

  1. El asalto a la embajada fue calificado como allanamiento y el Gobierno de Guatemala presentó excusas por ello.
  2. Aunque Guatemala aceptó los efectos jurídicos de un ilícito internacional, reconociendo de hecho la obligación de indemnizar, esto no se mencionó en el comunicado conjunto.  El ejército guatemalteco, entonces en el poder, se oponía a cualquier reparación económica pues consideraba que todas las víctimas que formaban parte del grupo campesino que tomó la embajada estaba vinculadas con la guerrilla.
  3. Se decidió crear una comisión bilateral para decidir sobre las indemnizaciones.1
  4. No se mencionó en lo absoluto el embajador español Máximo Cajal, único sobreviviente de la tragedia, porque fue la única forma de conseguir el acuerdo1 debido a que el estado guatemaltecado consideraba que Cajal había sido instrumental en la toma de su embajada  al haber invitado al grupo de campesinos para que la utilizara para dar a conocer al mundo sus problemas, e incluso había invitado a dos reconocidos profesionales del derecho, el ex-canciller Adolfo Molina Orantes y el ex-presidente Eduardo Cáceres Lenhoff, para tener rehenes de peso en la embajada ese día.3

BIBLIOGRAFIA:


 

8 de septiembre de 1969: tras el desastre provocado por el huracán Francelia, se crea el Comité Nacional de Emergencia

8septiembre1969
Mapa de la región afectada por las lluvias del huracán Francelia en septiembre de 1969. En el recuadro: el huracán cuando alcanzó su máxima intensidad en el Golfo de Honduras. Imágenes tomadas del reporte de la AID y Wikimedia Commons.

Uno de los peores desastres naturales sufridos por Guatemala fue el huracán Francelia, que afectó el territorio del país a principios de septiembre de 1969, resultando en 269 muertos, 8,521 evacuados y 10,200 personas sin hogar.  El huracán, de categoría 3, dañó los cultivos y destruyó caminos, puentes, vías férreas y postes de transmisión eléctrica.1

Hacia el anochecer del 5 de septiembre, Francelia había dejado caer casi 50 centímetros de lluvia en el país, provocando torrentes que descendieron de las montañas del altiplano, los cuales inundaron partes de la costa del Pacífico  en un área de hasta de 15 a 20 kilómetros tierra adentro.  Estos torrentes fueron una combinación de inundaciones repentinas, derrumbes, y de ríos y canales desbordados; incluso el cráter del Volcán de Agua se rebalsó.  Los municipios más afectados fueron Tiquisate, San José, Escuinta, Masagua, en el departamento de Escuintla, Chiquimulilla en el departamento de Santa Rosa, y Amatitlán en el departamento de Guatemala.2 Todos, a excepción de Amatitlán, están ubicados en la costa del océano Pacífico.

Los deslaves fueron tan grandes, que en el centro de Amatitlán se llegó a medir el lodo a la altura de los hombros.  Por su parte, la carretera Panamericana quedó interrumpida en varias secciones debido a que dos puentes se desmoronaron, uno de ellos en el kilómetro 124 cerca de Los Encuentros.  Un derrumbe entre Quetzaltenango y Huehuetenango dejó interrumpido el tráfico con México, mientras que hubo otro de 4 kilómetros de largo en Los Encuentros.  En los municipios de Chinique y Sacapulas del departamento de Quiché también se reportaron grandes derrumbes.  Para el 6 de septiembre, las fuertes lluevias cesaron y el agua empezó a retroceder en algunos lugares. 3

Como resultado, el presidente de Guatemala, licenciado Julio César Méndez Montenegro estableció el Comité Nacional de Emercencia, por medio de un acuerdo guberantivo del 8 de septiembre de 1969.  Este nuevo comité estaba dirigido por el Ministro de la Defensa y, en teoría, era el centro de control de la ayuda y recuperación del desastre.  Sin embargo, en la práctica, esto no ocurrió ya que la mayoría de organizaciones benéficas, por diversas razones, prefirieron actuar por su cuenta, resultado en áreas que recibieron doble aporte, y otras que no fueron atendidas.  Estas organizaciones fueron la Cruz Roja Guatemalteca, el Ejército, la Fuerza Aérea, los diferentes cuerpos de bomberos del país, algunos partidos políticos, numeros comités locales e incluso personas individuales. 4

Aparte de la ayuda de emergencia, el gobierno empezó de inmediato las reparaciones de los principales caminos y puentos que habían sido destruidos.  Esto fue prioritario por las graves pérdidas económicas que se incurrieron por la falta de comunicación terrestre con México.  Para esto, el gobierno solicitó al gobierno de los Estados Unidos que lo ayuda con puentes tipo Bailey, que fueron instalados en los ríos Achiguate y Guacalate entre septiembre y noviembre de ese año.4

Para manejar este tipo de desastres, el gobierno decidió que el Comité Nacional de Emergencia se convirtiera en una institución permanente, que eventualmente se convirtió en el Comité Nacional de Reconstrucción y Prevención de Desastres, CONRED.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Agency for International Development. (1970) Foreign disaster emergency relief. 10. p. 115. (en inglés). Estados Unidos: Departmento de Estado. 
  2. Ibid., p. 118.
  3. Ibid., p. 119.
  4. Ibid., p. 121.

7 de septiembre de 1980: se realiza la manifestación anticomunista convocada por el Comité de Acción Nacional para la Defensa de la Democracia y la Libertad

7septiembre1980
Así lucía el Parque Central de la Ciudad de Guatemala en 1980. Nótese los autos estacionados alrededor del parque. En el recuadro: los efectos de la bomba que pusieron los guerrilleros el 5 de septiembre para intentar evitar que se realizara la manifestación del 7. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Velmax.

En la Quema de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 murieron decenas de campesinos, guerrilleros, estudiantes universitarios y algunos altos funcionarios derechistas guatemaltecos que el embajador español había invitado ese día, luego de que las fuerzas de seguridad del estado intentaran entrar por la fuerza a las las instalaciones. El grupo izquierdista había intentado hacer púbicas sus quejas de la situación que estaba ocurriendo en el norte del departamento de Quiché, pero fue acallado brutalmente, a pesar de la inviolabilidad diplomática de la embajada y de la presencia de los prestigiosos funcionarios guatemaltecos.1-5 Este hecho provocó altos costos políticos al gobierno de Lucas García, y desató mayor represión y violencia política que provoaron que el gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por el demócrata Jimmy Carter, decidiera suspender la ayuda militar al gobierno guatemalteco.6

La situación llegó a tal punto, que el 1 de septiembre de 1980 el entonces vicepresidente de la República, el izquierdista Francisco Villagrán Kramer renunció al cargo y quedó exiliado en Washington, D.C., argumentando los centenares de asesinatos políticos cometidos por el gobierno del que formaba parte.6

Para el 7 de septiembre de ese año, la extrema derecha guatemalteca, agrupada en el Comité de Acción Nacional para la Defensa de la Democracia y la Libertad, preparó una manifestación de apoyo al gobierno del general Lucas y para protestar contra el gobierno de Estados Unidos, que había suspendido la ayuda militar al ejército guatemalteco. Aquella manifestación fue presidida por el propio presidente, quien en su discurso demostró la oposición gubernamental contra la victoria del Ejército Sandinista en Nicaragua, y el avance ofensivo de las guerrillas comunistas en El Salvador.6

Pero aquella manifestación se llevó a cabo con un elevado costo. El 5 de septiembre, varios grupos guerrilleros intentaron amedrentar a las organizaciones de derecha para evitar que llegaran a la capital o se reunieran en la manifestación anticomunista. Ese día, hicieron explotar bombas en la terminal de los autobuses “Galgos” que cubrían la ruta de Quetzaltenango, de los transportes “Fortaleza” y “Melva” (estos últimos, propiedad de la familia del ex-presidente de la República, general Carlos Manuel Arana Osorio). Si bien en estos ataques hubo varios muertos y heridos, e incluso personas que quedaron sordas, el mayor atentado fue una explosión de gran envergadura ocurrida cuando los grupos opositores hicieron estallar un carro bomba en la esquina de la 6a. calle y 6a. avenida de la zona 1, justo frente al despacho presidencial en el Palacio Nacional.7 Aquella explosión no afectó al presidente personalmente, pero sí produjo numerosos muertos que murieron horriblemente mutilados y dejó daños cuantiosos en la infraestructura del Palacio Nacional. Estos atentados repercutieron internacionalmente, y fueron adjudicados a la guerrilla izquierdista en su momento, 6 aunque investigaciones posteriores demostraron que había sido perpetrado por el comando urbano del Ejéricto Guerrillero de los Pobres.

La manifestación se llevó a cabo a pesar de todo, y aunque hubo momentos de tensión cuando circularon rumores de posibles bombas, finalizó sin mayores incidentes. Luego de esta manifestación se implementó la estrategia contrainsurgente planeada por el general Benedicto Lucas García, nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1981, que terminó con la capacidad militar de guerrilla en la Ciudad de Guatemala y condujo a la derrota militar de la misma en el área rural, con un costo muy elevado para la población civil rural, que padeció masacres y tuvo que salir huyendo a Chiapas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Associació de Amistat amb el Poble de Guatemala (2005). «Venciendo al olvido. 31 de enero de 1980; masacre en la embajada de España en Guatemala»Cuadernos de Guatemala (6).
  2. Efe (2015). «La embajada de España en Guatemala “se quemó desde adentro”, dice defensa en juicio»Yahoo noticias. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2015.
  3. La voz de Galicia (2004). «Acusan al exembajador en Guatemala de idear el asalto a la sede diplomática en 1980»La voz de Galicia (Galicia). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2014.
  4. Lejarreta, Manuel María (2014). «Pluma invitada: El embajador Cajal y el juicio por la quema de la embajada»Prensa Libre. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2014.
  5. Ni uno vivo (s.f.). www.youtube.com «Ni uno vivo. Tragedia en la embajada de España en Guatemala»YouTube
  6. CMI-G (24 de mayo de 2017). ‘Septiembre’: Memoria histórica desde la extrema derecha. Centro de Medios Independientes: Guatemala.
  7. Figueroa, Luis (2011). «Bombazo en el Palacio Nacional (No apto para todo público)»Blog de Luis Figueroa. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2014.

 

6 de septiembre de 1968: la revista “LIFE” publica un artículo sobre el asesinato del embajador John Gordon Mein en Guatemala

6septiembre1968
El embajador estadounidense John Gordon Mein, segundo de derecha a izquierda, durante el homenaje a los especialistas estadounidenses asesinados en Guatemala en enero de 1968 En el recuadro: los bomberos guatemaltecos tratando de reanimar al embajador tras su mortal ataque en la Avenida Reforma. Imágenes tomadas de la revista LIFE, del 6 de septiembre de 1968.

Traducimos a continuación el artículo publicado en la revista estadounidense “LIFE” sobre la muerte del embajador norteamericano John Gordon Mein en la ciudad de Guatemala, que apareció en su publicación del 6 de septiembre de 1968.  Este artículo no solamente menciona la muerte de Gordon Mein, sino que describe la situación que vivía el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro.

“Un día, a finales de enero pasado, el embajador de los Estados Unidos John Gordon Mein, 54, tenía que hacerse cargo de una triste tarea:  permecía impávido mientras el Ministro de la Defensa de Guatemala le otorgaba medallas póstumas a dos miembros del personal de Mein, el coronel John D. Webber y el teniente comandante Ernest A. Munro.  Los dos consejeros militares estadounidenses habían sido asesiandos por terroristas izquierdistas cuando iban en carro en el centro de la Ciudad de Guatemala, en donde más de dos mil asesinatos políticos han ocurrido en los últimos dos años.

Esa matanza que está ocurriendo en Guatemala no proviene solamente de las guerrillas izquierdistas en la ciudad en el área rural, sino que de grupos radicales de extrema derecha que activamente los han bombardeado, secuestrado y asesinado.  Desde 1966 este terror y contraterror ha paralizado virtualmente al gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro, un liberal moderado a quien tanto la derecha como la izquierda quisiera derrocar.

Durante este tiempo, el embajador Mein, un diplomático de carrera tranquilo y experimentado, había maniobrado el terror imperante y se había despreocupado de las amenazas contra su propia vida.  Cuando Webber y Munro fueron asesinados, Mein accedió a llevar a un guardaespaldas. Pero la protección afectaba su tranquilo estilo diplomático, y cuando parecía que las medidas del gobierno habían eliminado el estado de terror que imperaba, dejó de usar el guardaespaldas.

La semana pesada los asesinos atacaron de nuevo.  Con habilidad brutal, un grupo de jóvenes pistoleros vestidos de verde olivo se pusieron a la par del Cadillac conducido por el chofer del embaador Mein, que estaba circulando en la tráfico de la post-siesta.  Encerraron su carro entre un Buick y un pickup rojo, salieron de los autos blandiendo sus armas, y le ordenaron a Mein que saliera.  Mein trató de escapar.

“¡Dispárenle!” ordenó uno de los atacantes. “¡Mátenlo!” Abrieron fuero con sus ametralladoras y pistolas.  Ocho balas le dieorn en la espalda.  Los asesinos huyeron. Mein quedó muerto sobre la acera, el primer embajador de los Estados Unidos que es asesinado en el cumplimiento de su deber.”1

BIBLIOGRAFIA:

17 de agosto de 1981: el general Benedicto Lucas García asume como Jefe del Estado Mayor del Ejército, durante el gobierno de su hermana, general Romeo Lucas García

 

17agosto1981
Fotografía del Washington Post en la que se muestra al general Benedicto Lucas García cuando ya era Jefe del Estado Mayor General, frente a un pelotón del ejército en Santa Cruz del Quiché.  Imagen tomada de Prensa Comunitaria.

El general Benedicto Lucas García fue Jefe del Estado Mayor del Ejército del 17 de agosto de 1981 al 23 de marzo de 1982, fecha en la que su hermano, el presidente general Romeo Lucas García, fue despuesto por un golpe de estado dirigido por oficiales jóvenes del Ejército, quienes eventualmente le dieron el poder al general Efraín Ríos Mont, quien había sido el director de la Escuela Politécnica cuando ellos estudiaban allí.1

La familia Lucas García era propietaria de grandes extensiones de tierra en el departamento de Alta Verapaz, la cual era una región dedicada exclusivamente al cultivo del café, en especial por las familias alemanas que se establecieron allí durante el gobierno del general J. Rufino Barrios.2  Romeo Lucas García fue diputado durante el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes, y consiguió que éste estableciera un parcelamiento en Sebol, que se convirtió en el centro de operaciones de los Lucas García en Alta Verapaz; de hecho, los primeros habitantes del parcelamiento fueron Fernando y Benedicto Lucas García.3  (Eventualmente, este parcelamiento se convirtió en el municipio de Fray Bartolomé de Las Casas en 1980 ya cuando Romeo Lucas era presidente).4

Tras vivir con la familia de Leopoldo Sierra Ruano, propietario de las fincas “Sacampat” e “Ylomán” en San Juan Chamelco y de la finca “Sacabrinhá” en Cobán, Benedicto Lucas viajó a la Ciudad de Guatemala a los 16 años de edad, para inscribirse en la Escuela Politécnica, en donde estudiaba su hermano Romeo.  Pero debido a su baja estatura no pudo ingresar, y tuvo que esperar hasta cumplir los 18 años para hacerlo, ingresando así a la academia militar guatemalteca el 9 de abril de 1950.3

En 1954, durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, el cadete Lucas García fue nombrado por la dirección de la Escuela Politécnica para entrenar a varios integrantes del Paritdo Guatemalteco del Trabajo (PGT) en tácticas militares, dado que ya se temía la inminente invasión de la Operación PBSUCCESS de la CIA, patrocinada por la United Fruit Company.5  Tras el triunfo de la operación de la Inteligencia estadounidense, los cadetes fueron agraviados por miembros del ejército invasor del Movimiento de Liberación Nacional y por ello, atacaron a dicho ejército acantonado en el recién construido Hospital Roosevelt el 2 de agosto de 1954, y lo derrotaron, obligándolo a abordar un tren con destino a Zacapa.6

Sin embargo, como la situación era controlada por la Inteligencia estadounidense, Benedicto Lucas y el resto de los cadetes fueron apresados durantes tres meses y luego expulsados de la Escuela Politécnica.6  Debido a esto, regresó a trabajar a las tierras de su familia en Alta Verapaz, y estando allí fue informado de que había sido designado para irse becado a Francia a la Escuela de Saint-Cyr, para estudios militares especializados.3  Lucas García fue uno de los pocos afortunados de su promoción de la escuela Politécnica que logró continuar en la carrera militar.6

Benedicto Lucas García partió para Francia el 3 de mayo de 1955, y allí se casó con Renné Simonne Pinnel Levilain, con quien tuvo dos hijas.  Se especializó en la construcción de puentes, cararetas y manejo de explosivos, y cuando terminó sus estudios, el gobierno francés le otorgó dos nuevas becas para estudiar paracaidismo.  Luego de cinco años se graduó como Monitor Paracaidista y retornó a Guatemala, en donde fue designado para entrenar a los pelotones modelo en tácticas y ejercicios de guerrilla y de combate a guerrillas, que fueron la especialidad que aprendió en Francia y cuando estuvo con la Legión Extranjera en Argel.3

Junto con su hermano Fernando Romeo, Lucas García fue ascendiendo posiciones en el ejército guatemalteco.  Finalmente, ya siendo ambos generales, Fernando fue electo presidente mediante el sistema que existía en Guatemala en la década de 1970, por medio del cual el Ministro de la Defensa Nacional era candidato presidencial del partido oficial y el nuevo presidente, fuera como fuera.  Así, tras haber sido director Ministro de la Defensa y Director de la Franja Transversal del Norte, Romeo Lucas llegó a la presidencia el 1 de julio de 1978.7  El 15 de agosto de 1981, le informó a su hermano Benedicto que los altos mandos del ejército habían decidido nombrarlo Jefe del Estado Mayor General del Ejército, siendo juramentado el 17 de agosto de ese año.3

En su nuevo puesto en el ejército, Benedicto Lucas aprendió a pilotar helicóptero y recorrió todas las zonas militares para mantenarlas vigiladas y enterarse de cómo estaba la situación en cada una de ellas.  Creó los “Grupos de Colaboradores” que eran personas que se encargaban de la seguridad de cada uno de los poblados del interior de la República, pero que no tenían armas.  De acuerdo a Lucas García, el gobierno de facto de Ríos Mont utilizó esta idea para crear las Patrullas de Auto-defensa Civil, las cuales tenían la misma función pero contaban con armas.3

Cuando se produjo el golpe de estado del 23 de marzo de 1982, Benedicto Lucas estaba dispuesto a combatir las tropas que se habían alzado en la capital, pero su hermano le dijo que se vió obligado a rendirse porque la madre de ambos había sido secuestrada y llevada al Palacio Nacional, en donde la tenían amenazada a punta de fusil y le dijeron que la matarían si no renunciaba a la presidencia.  El gobierno de Ríos Mont le pidió que siguiera al frente del Estado Mayor General del Ejército, pero Benedicto Lucas lo rechazó.1

Puede considerarse que las tácticas empleados por Benedicto Lucas fueron las que resultaron en la derrota militar de la guerrilla guatemalteca, la cual no se pudo reponer luego de que sus reductos en la ciudad de Guatemala fueron desmantelados en cruentas batallas a finales de 1981.

Luego de muchos años, y siguiendo la política que se ha aplicado en toda América Latina de perseguir a los miembros y colaboradores de los gobiernos militares que el gobierno de los Estados Unidos patrocinaba durante las década de 1970 y 1980, Benedicto Lucas fue detenido y hecho prisionero en la cárcel de la unidad militar “Mariscal José Víctor Zavala” en 2016, acusado de delitos de Lesa Humanidad, específicamente por el asesinato de más de quinientas personas durante la guerra civil contra las fuerzas guerrilleras en la zona militar No. 21 “Coronel Antonio José de Irisarri” en Cobán, Alta Verapaz.  En agosto de ese mismo año fue acusado junto con otros militares de violación agravada contra Emma Guadalupe Molina Theissen en la zona militar “General Manuel Lisandro Barillas” en Quetzaltenago, y el secuestro y asesinato de su hermano Marco Antonio Molina Thiessen, de 14 años, quien habría sido secuestrado como represalia por el escape de su hermana de la zona militar.3  Irónicamente, uno de los militares retirados que fue apresado junto con Benedicto Lucas por este caso es el coronel Francisco Luis Gordillo, quien fuera miembro del triunvirato militar que tomó el poder tras el derrocamiento de Romeo Lucas García el 23 de marzo de 1982.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).
  2. Wagner, Regina (2001). The History of Coffee in Guatemala. Guatemala: ANACAFE, Villegas Editores. p.125.
  3. Rivera González, Nelton (3 de octubre de 2016).  Benedicto Lucas, el estratega contra la guerrilla, parte I.  Guatemala: Prensa Comunitaria.
  4. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  5. Raymont, Henry (2007) “Vecinos en conflicto: la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica desde Franklin Delano Roosevelt hasta nuestros días.” Padilla, Luciano, Trad. México: Siglo Veintiuno.
  6. Wer, Carlos Enrique (1999). En Guatemala los héroes tienen 15 años.  Guatemala: Editorial del Ejército.
  7. McClintock, Michael (1985). «The American Connection: State terror and popular resistance in Guatemala». Third World Books (en inglés) Texas: Zed Books, Universidad de Texas 2ISBN 9780862322595.

12 de agosto de 1975: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda al gobierno de Guatemala investigar la desaparición de cientos de personas ocurridas desde 1970

12agosto1975
La zona 9 de la Ciudad de Guatemala en 1971. En el recuadro: el general Carlos Arana Osorio, presidente de la República en esa época. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En Guatemala, el comunismo ha sido definido no como su definición lo dice, una lucha por la reivindicación de las clases obreras, sino como una ideología enemiga a los grupos de poder que han dominado la economía nacional desde el triunfo de la Revolución Liberal el 30 de junio de 1871.1  Así pues, todo aquel que intente modificar las leyes que favorecen a las grandes transnacionales que tienen enclaves en el país o a los intereses económicos de los grandes cafetaleros nacionales es inmediatamente definido como comunista, y todo aquel que combata esta tendencia, es anticomunista.2

En este contexto, el gobierno del general Carlos Arana Osorio fue de marcada tendencia anticomunista.  Por esta razón, durante este gobierno se estableció un estado de sitio el 12 de noviembre de 1970 y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el 5 de febrero de 1971 se había recibido una denuncia de entidades sindicales y políticas izquierdistas, de que aproximadamente setecientas muertes ocurridas a manos de grupos que “gozan de la total protección gubernamental y, por lo tanto, actúan con total impunidad“;  luego, el 28 de julio de 1972 hubo una denuncia de 296 muertes entre noviembre de 1971 y los primeros de meses de 1972, y, por último, para el 30 de septiembre de ese mismo año se reportó que habían ocurrido detenciones arbitrarias de numerosas personas sin que surtieran efecto los recursos de exhibición personal interpuestos por sus abogados.3

El 24 de abrl de 1972 el gobierno respondió a las repetidas solicitudes de la CIDH acerca de las denuncias al ministro de Relaciones Exteriores Jorge Arenales Catalán, indicando que el gobierno era ajeno a los asesinatos ocurridos y sostuvo que se trataba de luchas entre facciones extremistas que estaban “empeñadas en destruirse mutuamente“; es más, aunque agregó que cada vez que las fuerzas de seguridad del estado lograban capturar al responsable de tales hechos lo ponían a disposición de la justicia, no suministró información específica sobre los casos concretos que estaban incluidos en las denuncias originales.3

Ante esta respuesta, la CIDH solicitó más información a las entidades denunciantes, y recibió dos listas de nombres.  La primera tenía el nombre de cincuentisiete personas desaparecidas o capturadas y un resumen de lo ocurrido a cada una de ellas; la segunda lista era menos precisa y solo tenía el vago título de “nómina de personas desaparecidas“.  La CIDH trasladó estas listas al gobierno guatemalteco en septiembre de 1972, a lo que este respondió el 1 de diciembre proporcionando información sobre únicamente ocho personas incluidas en la primera lista; al respecto de los demás indicó que era común que muchas personas “desaparecieran sin dejar rastro” y otras que eran reportadas incorrectamente como desaparecidas.   Cuando la CIDH insistió en un informe más detallado, el gobierno de Guatemala respondió el 4 se septiembre de 1973 que consideraba que sus informes anteriores eran lo suficientemente amplios y explícitos y que no le era posible rendir más información sobre las investigaciones en curso porque iba en detrimento del proceso normal de las mismas.3

Debido a la gravedad y cantidad de denuncias, el 1 de noviembre de 1973 la CIDH solició al gobierno de Arana que se permitiera al relator recoger información para determinar si exitía mérito en las denuncias indicadas; pero el gobierno guatemalteco negó la anuencia solicitada el 3 de noviembre. 3

La CIDH concluyó que debido a la actitud del gobierno de no suministrar la información correspondiente y de no permitir que se realizara una investigación de campo por un relator, los actos violentos reportados eran perpetrados por agentes del gobierno de Guatemala, o por personas que han contaban con la protección o la tolerancia del mismo.  Por esta razón recomendó al gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, que había tomado posesión el 1 de julio de 1974, para que promoviera e investigara de forma “rigurosamente fehaciente” si se habían cometido o no los hechos que la CIDH ahora consideraba como verdaderos.  El nuevo ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Lauregud respondió lo siguiente:

Me encuentro ante una situación que considero difícil de solucionar en forma favorable para las peticiones de la Comisión.  Efectivamente, la Resolución […] se refiere a una serei de sucesos que ocurrieron en el gobierno anterior y a una serie de denuncias sobre desaparecimiento de personas cuya investigación y búsqueda correspondía a dicho gobierno“.3

El 12 de agosto de 1975, la CIDH finalmente envió la siguiente resolución al gobierno de Guatemala:

  1. Observar al Gobierno de Guatemala que los hechos denunciados a la Comisión configuran graves violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona; al derecho de justicia; al derecho de protección contra la detención arbitraria y al derecho a proceso regular […]
  2. Incluir esta resolución en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización [de Estados Americanos]
  3. Hacer este acuerdo del conocimiento del Gobierno de Guatemala y de los reclamantes3

Como era de esperarse, y como la CIDH no tenía mayor poder más que solicitar que se realizaran investigaciones, esta solicitud no llegó a nada y la situación en el país empeoraría, especialmente durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, quien tomó posesión en sustitución de Laugerud el 1 de julio de 1978. 4 Para entonces, y con la nefasta intervención de las fuerzas de seguridad del estado en la quema de la embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, el país quedó aislado de la comunidad internacional,5 la cual inició una campaña de desprestigio a las autoridades guatemaltecas y que continúa hasta la fecha.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA.
  2. Sabino, Carlos (2008). Guatemala, la Historia silenciada (1944-1989): El dominó que no cayó. Tomo II. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.
  3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1975). Caso 1702, 1748 y 1755. Guatemala. Organización de los Estados Americanos.
  4. Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)»(edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  5. Associació de Amistat amb el Poble de Guatemala (2005). «Venciendo al olvido. 31 de enero de 1980; masacre en la embajada de España en Guatemala»Cuadernos de Guatemala (6).

27 de mayo de 2006: fallece en Puerto de la Cruz, Venezuela, el general Fernando Romeo Lucas García, expresidente de Guatemala de 1978 a 1982

27mayo2006
El Hospital General San Juan de Dios en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, construido durante el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García.  En el recuadro: retrato del ex-presidente guatemalteco. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del general Fernando Romeo Lucas García ocurrió en la época más violenta de la guerra civil que sacudió a Guatemala entre 1960 y 1996, y que es ahora llamada “Conflicto Armado Interno” por cuestiones legales tras la aprobación de los Acuerdos de Paz Firme y Durarera firmada en diciembre 1996.

Lucas García nació en el seno de una de las familias de la élite guatemalteca en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.1​ Se graduó de oficial en la Escuela Politécnica en 1949 y en 1960, siendo ya capitán del Ejército de Guatemala, heredó las fincas Saquixquib y Punta de Boloncó al nororiente de Sebol en el departamento de Alta Verapaz, con una extensión de 15 caballerías cada una. En 1963 compró la finca “San Fernando El Palmar” de Sejux con una extensión de 8 caballerías, y finalmente compró la finca “Sepur”, cercana a “San Fernando”, con una extensión de dieciocho caballerías.2​ Durante esos años era diputado en el congreso y cabildeó activamente para impulsar inversión en esa zona del país.2

En 1975 alcanzó la jefatura de Estado Mayor del Ejército de Guatemala,3​ y luego llegó a ser general, siendo nombrado ministro de la Defensa durante el Gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García. Como parte del gabinete de gobierno de Laugerud, Lucas García presidió el Comité de Emergencia tras el terremoto del 4 de febrero de 1976.4​ Fue Ministro hasta pocos meses antes de la campaña electoral de 1977, puesto que, le dio la oportunidad de colocar en las más altas jerarquías del Ejército a oficiales de su más absoluta confianza, haciendo a la institución armada más cohesiva.1​ Cuando dejó el ministerio para dedicarse a su campaña presidencial, también pasó a desempeñar el cargo de coordinador del megaproyecto de la Franja Transversal del Norte (FTN), cuyo objetivo principal era incorporar a la producción de Guatemala las tierras de esa zona (que comprendía el norte de Huehutenango, Quiché y Alta Verapaz, y todo el departamento de Izabal) y la creación de una importante red vial para facilitar las explotaciones petroleras que había en la región de Ixcán y Chisec. Gracias a esto, Lucas García estableció relaciones económicas comerciales la compañía Shennadoah Oil, que exploraba el petróleo en la región.1

En 1977 la municipalidad de San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango, había firmado un contrato con la empresa Cuchumaderas para aprovechar y mantener los recursos naturales; sin embargo, al enterarse del trato entre la municipalidad y la empresa, los pobladores de la localidad obligaron a las autoridades a realizar un cabildo abierto y explicar las características del compromiso, lo que condujo a que en esa misma sesión renunciara el alcalde. Pese a las amenazas que recibieron algunos vecinos de San Mateo, estos organizaron un comité local para defender el bosque, iniciando una demanda legal contra la empresa. Como consecuencia, el proceso de extracción del bosque quedó detenido.5​ De acuerdo a Ronald Hennessey, párroco de San Mateo Ixtatán, los principales socios de Cuchumaderas eran el general Lucas García (quien todavía era director de la FTN cuando Cuchumaderas se fundó), el general Otto Spiegler Noriega (quien era el jefe del Estado Mayor del Ejército y luego sería ministro de la Defensa de Romeo Lucas-García), Jorge Spiegler Noriega (gerente del Instituto Nacional Forestal -INAFOR), y el entonces coronel Rodolfo Lobos Zamora (comandante de la Zona Militar de Quiché y quien luego daría el golpe de estado de 1983 al general Efraín Ríos Mont junto con el general Oscar Humberto Mejía Víctores); sin embargo, investigaciones posteriores en el Registro Mercantil, mostraron que quien aparecía como propietario de la empresa era el ingeniero Fernando Valle Arizpe, quien había sido esposo de la periodista Irma Flaquer hasta 1965y quien había desarrollado relaciones estrechas con altos funcionarios o allegados al Gobierno de Romeo Lucas-García, especialmente Donaldo Álvarez Ruiz, el ministro de Gobernación.6

Por su alta jerarquía, tanto en el ejército como en las élites guatemaltecas, así como por el hecho de que hablaba a la perfección k’ekchí, que es la lengua indígena que se habla en Alta Verapaz, Lucas García fue el candidato oficial ideal para las elecciones de 1978. Y para mejorar su imagen frente a la población, se incluyó al doctor en derecho Francisco Villagrán Kramer como el candidato a la vicepresidencia. Villagrán Kramer era un hombre de reconocida trayectoria democrática, habiendo participado en la Revolución de 1944 y siendo correligionario de Manuel Colom Argueta en algún momento, y que en ese momento era uno de los principales asesores de las gremiales agropecuarias, industriales y financieras de Guatemala.1​ Sin embargo, a pesar de la inclusión de Villagrán Kramer, Lucas García venció a los generales Enrique Peralta Azurdia y Peralta Mendez mediante un fraude electoral el 7 de marzo de 1978, cuando fue electo en la segunda vuelta por el Congreso de la República, provocando un mayor desprestigio en el sistema electoral,1​ que ya se había resentido con el fraude que impuso al general Laugerud García en las elecciones de 1974 por encima del general Efraín Ríos Mont, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército, que había sido postulado por la izquierda guatemalteca.

El 29 de mayo de 1978 (en las postrimerías del Gobierno del general Laugerud García) en la plaza central del puerto fluvial de Panzós, Alta Verapaz, elementos de la Zona Militar en Zacapa atacaron una manifestación pacífica, matando a una gran cantidad de personas. Los fallecidos, campesinos indígenas que habían sido citados en el lugar, estaban luchando por la legalización de las tierras baldías que habían ocupado desde años atrás. Aquel reclamo los enfrentó directamente con los inversionistas que querían explotar la riqueza mineral del área, en particular las reservas de petróleo (explorada por Basic Resources y Shenandoah Oil) y de níquel (explotado por EXMIBAL).7,8

En julio, Lucas García asumió la Presidencia y de inmediato liberó los precios de la canasta básica, y luego un aumento a la tarifa del transporte urbano y la huelga de los pilotos del servicio urbano de la Ciudad de Guatemala colmó la paciencia de los ciudadanos y el rechazo al Presidente llegó al máximo. Los conductores decidieron llevar sus unidades a la Universidad de San Carlos, que era el único lugar fuera de la jurisdicción del Estado en el que podían estar, quedando la Universidad identificada con la oposición al Gobierno.9​ El 4 de agosto se realizó una gran manifestación, pero a pesar de ello, a finales de septiembre de 1978 el Consejo Municipal de la ciudad aprobó una alza en la tarifa del transporte urbano de cinco a diez centavos, para motivar a las empresas a aumentar el salario de sus empleados y así solucionar el conflicto laboral. El viernes 30 de septiembre, día que la nueva tarifa entró en vigencia, jóvenes de diversos barrios populares reanudaron su protesta y el fin de semana siguiente se declaró una huelga general. Finalmente, los empleados estatales paralizaron sus labores y ocuparon sus lugares de trabajo, mientras que los institutos de nivel medio y sus alrededores fueron controlados por estudiantes que se enfrentaron a la policía.10​ Las protestas finalizaron hasta que el viernes 7 de octubre el Consejo Municipal restauró la tarifa de cinco centavos; los manifestantes habían logrado vencer al Gobierno militar a través de la movilización popular, aunque a costa de cerca de decenas de muertes.10

El 12 de octubre de 1978, Lucas García, contrajo matrimonio en secreto en la casa presidencial con la venezolana Elsa Asunción Cirigliano, a quien conoció en 1956, y quien procedía de una familia acomodada de la ciudad de Lechería, al noreste del estado de Anzoátegui en Venezuela.11 Ambos decidieron mantener su matrimonio en secreto porque el gobierno de Lucas García estaba en crisis, y para colmo, en Nicaragua el movimiento urbano estaba uniéndose con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, contra el gobierno de Anastasio Somoza y el gobierno guatemalteco podía ver la inminente posibilidad que los rebeldes guatemaltecos también aprovecharan la movilización popular en la ciudad y entonces decidió utilizar el terror estatal contra ellos.12​ Pocos días después empezaron los ataques contra profesionales universitarios, y el 18 de octubre el Ejército Secreto Anticomunista (ESA) publicó una lista negra en la cual amenazó de muerte a treinta y ocho personajes, incluyendo al rector y varios decanos de la Universidad de San Carlos, así como al secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañeda de León.13​ El 20 de octubre de 1978, luego de la marcha conmemorativa de la Revolución de octubre de 1944 Oliverio Castañeda de León fue asesinado; los perpetradores huyeron de la escena del crimen sin la intervención de los policías que estaban en los alrededores.​ Esta operación, al mediodía y en pleno centro de la ciudad, demostró la impunidad de los asesinos y el abierto desafío lanzado contra el movimiento popular.​ Aquel fue uno de los primeros golpes de una campaña de terror estatal diseñada para desarticular al movimiento popular por los Escuadrones de la Muerte.14

El 25 de enero de 1979 fue asesinado Alberto Fuentes Mohr, diputado del Congreso, dirigente del Partido Socialista Democrático (PSD) y exministro de Finanzas y Relaciones Exteriores del Gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, y el 14 de febrero fue asesinado Manuel Lisandro Andrade Roca, secretario general de la Universidad.10 Los asesinatos políticos continuaron, y el 22 de marzo fue muerto el exalcalde de la capital Manuel Colom Argueta, quien había sido director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala y era el máximo dirigente político del Frente Unido de la Revolución (FUR). Junto a Fuentes Mohr fueron los más destacados miembros de la oposición política legal y con su muerte se cerró aun más el espacio político guatemalteco.14

La guerra civil se recrudeció de forma exponencial, y hubo hechos terribles de violencia como la Quema de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, combates contra reductos guerrillos en pleno centro de la ciudad, y ataques contra poblaciones de civiles en las áreas rurales, muchas de ellas realizadas por las recién establecidas Patrullas de Autodefensa Civil. Muchos de los pobladores de la región de Ixcán tuvo que salir al exlio a México, ya que fueron atacados inmisericordamente acusados de subersivos, debido al fuerte interés que existía por el petróleo en la región.16

La inestabilidad política tanto en el país como en el resto de Centro América, con guerras civiles den El Salvador y Nicaragua, ahuyentó las inversiones nacionales y motivó la fuga de capitales que se estima alcanzó entre 800 millones a 1500 millones de dólares durante los primeros años de la década de los ochenta.17​ Pero, a pesar de esto, el Congreso autorizó la emisión de Bonos del Tesoro que adquirió el Banco de Guatemala, y los créditos con Agencia de Desarrollo Estadonunidense (AID), Fondo de Inversiones de Venezuela, (FIV), Banco Centroamericamente de Integración Económica (BCIE), BIRF, y Banco Intearmericano de Desarrollo (BID), los cuales se utilizaron para:

  • GUATEL: Empresa Guatemalteca de Telecomunicación
  • Complejo Portuario en el Litoral del Pacífico: esto incluyó la construcción de Puerto Quetzal y de la autopista de Escuintla a dicho puerto.
  • Fomentar la caficultura, industria y turismo
  • Construir la carretera doble de Mixco-San Lucas Sacatepéquez
  • Línea de transmisión eléctrica Guatemala sur y Guatemala norte
  • Mantenimiento de carreteras
  • Programas hidroeléctricos de Chixoy, Aguacapa, Xulac y Santa María II; Pueblo Viejo, y Quixal, Chixoy: el plan de Chixoy fue financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contemplaba la inundación de 50 kilómetros a lo largo del río, para lo cual el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) se comprometió reubicar a los 3500 pobladores afectados por dicha inundación. Todas las comunidades aceptaron el traslado, exceptuando la de Río Negro, la que no se quiso trasladar, y que incluso recibió asesoría de las facciones guerrilleras en la región para openerse al desalojo. Río Negro fue finalmente evacuada por la fuerza por el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil, con un costo de 177 personas muertas, el 13 de febrero de 1982.18
  • Mejorar la salud pública: se construyó el nuevo Hospital Genral San Juan de Dios y el Hospital de Quetzaltenango, aparte de centros de saludos en diferentes poblaciones.
    pequeños productores
  • Interconexión eléctrica entre El Salvador y Guatemala.17

A pesar del recrudecimiento de la violencia, Lucas García siguió la promoción de la región de Sebol en Alta Verapaz, en el corazón de la Franja Transversal del Norte, logrando que los principales proyectos estuvieran en los alrededores.  Fue tal el apoyo a la región, que el 23 de abril de 1980 su gobierno creó el municipio de Bartolomé de Las Casas en la región de Sebol.6

Lucas García fue derrocado por el golpe de estado del 23 de marzo de 1982, el cual fue dirigido por los oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala, quienes le entregaron el poder al general Efraín Ríos Mont, quien era el director de la Escuela Politécnica cuando muchos de ellos estudiaron en esa institución.19,20 Tras el golpe de estado, Lucas García y su esposa salieron de Guatemala y se radicaron en Venezuela, y en 1985 le fue diagnosticado Alzheimer, luego de que su esposa notara que se le olvidaban algunos hechos de manera frecuente, al punto de desconocer a familiares cercanos.1 En 1988 falleció su madre, Concepción García, suceso que lo deprimió y profundizó su padecimiento; de hecho, fue por salvar la vida de su madre que Lucas García renunció al poder en 1982, pues su hermano, Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor le había ofrecido enviar armas y tropas para contrarrestar el golpe militar, pero los golpistas tenían como rehen a la señora García.19 Tras la muerte de su madre, Lucas García perdió la memoria por completo.11

Hacia el final de sus días, Lucas García permaneció postrado en cama, mientras su esposa se encargaba de los negocios familiares,11 hasta que el expresidente falleció el 27 de mayo de 2006 en Puerto La Cruz, Venezuela, y fue enterrado en el cementerio de la localidad, por lo que no recibió ningun tipo de honra fúnebre en Guatemala.21


BIBLIOGRAFIA:

  1. IEPALA (1980). Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa, ed. Guatemala, un futuro próximo. Madrid: Artigrafía. p. 147.
  2. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 13 de noviembre de 2014. p. 10.
  3. El País.«Fernando Romeo Lucas García, expresidente de Guatemala»El País. Madrid. 29 de mayo de 2006.
  4. «Biografía de Romeo Lucas García»Aquí Guatemala.
  5. Solano, Contextualización Histórica de la Franja Transversal del Norte, p. 26. 
  6. Ibid, p. 27.
  7. Ibid, pp. 3-10.
  8. Rakosy, Betsy (2002). «Victimization – the EXMIBAL Story»MAC: Mines and communities (en inglés). Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014.
  9. Levenson-Estrada, Deborah (1994). Trade Unionists Against Terror: Guatemala City, 1954-1985 (en inglés) (1.a edición). ISBN 978-0807844403. p. 146.
  10. Ibid, pp. 148-151.
  11. Villalobos Vialto, Roberto (23 de agosto de 2015) Amor Secreto. Guatemala: Prensa Libre.
  12. Levenson-Estrada, Trade Unionists Against Terror. pp. 152-153.
  13. McClintock, Michael (1985). «The American Connection: State terror and popular resistance in Guatemala»Third World Books (en inglés) (1.aedición) (Zed Books, Universidad de Texas) 2ISBN 9780862322595. p. 141.
  14. Aguilera Peralta, Gabriel; Romero Imery, Jorge, et al. (1981). Dialéctica del terror en Guatemala. San José: EDUCA. p. 137.
  15. CEUR (2009). «En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San Carlos, Guatemala 1944 a 1996»Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2009.
  16. Collectif (2011). Perenco: explotar petróleo cueste lo que cueste. Guatemala: Une seule planète.
  17. Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)»(edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
  18. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala, Memoria del Silencio. VI. Caso Ilustrativo No. 10. Masacre y eliminación de la comunidad de Río Negro. pp. 47-48.
  19. Defense Intelligence Agency (1983). «Section 3»Possible Coup in Guatemala. National Security Archive Electronic. Briefing Book No. 32. George Washington University: National Security Archive.
  20. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).
  21. Hurtado, Paola (2006). «Lo que solo Romeo Lucas García pudo olvidar»elPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de enero de 2015.

26 de mayo de 1973: masacre en Sansirisay, Jalapa

26mayo1973
Montaña de Santa María Xalapán, en Jalapa.  En el recuadro: el escudo del municipio de Sansare, El Progreso, que conlinda con la comunidad de indígena de Santa María Xalapán.  Imágenes tomadas de “Somos Xincas” y de Wikimedia Commons.

Una de las primeras masacres que ocurrieron en Guatemala en la época de la Guerra Civil de 1960-96 (ahora llamado Conflicto Armado Interno) fue la que se produjo el 26 de mayo de 1973 en Sansirisay, un caserío de la aldea en Jalapa, contiguo a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio.1 En esa ocasión murieron entre 14 y 19 personas, en un confuso incidente relacionado con la disputa de tierras que la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y el poblado de Sansare, en El Progreso, reclamaban como suyas.1

Debido al conflicto en Sansirisay, por medio del Decreto Legislativo 23-1974 se autorizó al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) para que comprara las fincas rústicas Sansirisay y Amoltepeque, en Sanarate, municipio del departamento de El Progreso, con un área total de 14 caballerías para que le fueran adjudicadas a la comunidad indígena a título gratuito.1  Aquellas fincas que compró el INTA eran parte de la finca Sansirisay y Amoltepeque que fue remedida en 1910 por el Ing. Luis Samayoa y que en ese momento fue reportada con 32 caballerías, 36 manzanas y 2385 varas cuadradas.Finalmente, el INTA declaró que el problema agrario había quedado finalmente resuelto el 20 de agosto de 1981, cuando fueron medidas y unificadas las fincas Alutate, Tatasirire, Pontezuelas, Sanchico y Arloroma, propiedad de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán y que tenían una extensión de 395 caballerías en total.2

Pero, ¿cómo se originó aquel conflicto entre la Comunidad de Santa María y el poblado de Sansare?

Durante la época colonial se adjudicaron a la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán los siguientes terrenos:

  1. Ejidos de Alutate: adjudicados en 1712 en calidad de ejidos y confirmado por Real Cédula del Rey Felipe V.  Tiene una extensión de 41 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuelas y Sanchico: pagada en 1757 con una extensión de 278 caballerías.
  3. Arloroma: comprada en 1757, con una extensión de 8 caballerías.3

Estos terrenos originalmente tenían 327 caballerías pero cuando fueron remedidos después de la Independencia se encontraron varias discrepancias:

  1. Ejidos de Alutate: en 1889 tenían una extensión de 204.12 caballerías.
  2. Tatasirire, Pontezuleas y Sanchico: en 1899 tenían 185,65 caballerías.
  3. Arloroma: una medición de 1920 reportó una extensión de 4.55 caballerías.3

Ahora bien, hubo fuertes disputas por las tierras que correspondían al poblado y sus alrededores, denominados “Llanos de Jalapa” o “La Circunvalación“, entre el común de ladinos, el común de indígenas y otras personas individuales.  Este terreno había sido adjudicado inicialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de “Comunidad de Jalapa”  con base a una medida de 1826 y un título emitido por el gobierno del Jefe de Estado Mariano Gálvez.3 Pero por nuevos Acuerdo Gubernativos y procesos de Titulación Supletoria se emitieron posteriormente otros títulos a favor de personas individuales, generando problemas por las posiciones y, sobre todo, por los  traslapes.4

Por su parte, en 1575 le otorgaron las tierras del pueblo de Sansare a Alonso de Hidalgo, quien las heredó a Isabel Escobar, su viuda, al morir en 1600. Cuando la viuda midió la extensión del terreno, determinó que tenía 154 caballerías. Tiempo después, las tierras pasaron a ser propiedad de Lorenzo Marroquín de Mendoza, y finalmente, en 1904, las tierras fueron inscritas en el Registro del Propiedad a favor de los herederos de Marroquín Mendoza. El poblado de Sansare ha solicitado que el terreno de la finca de los Marroquín Mendoza les fuera otorgado como ejidos, pero no fue posible por ya tener propietarios particulares, aunque eso no ha impedido que las autoridades ediles han realizado titulaciones supletorias de algunos predios de dicha finca a su favor.4

Esta maraña de reclamos sobre la misma tierra desencadenó el conflicto que resultó en la muerte de al menos quince personas en Sansirisay el 26 de mayo de 1973. El incidente fue tan confuso y censurado que algunas fuentes indican que los fallecidos eran de origen xinca, mientras que otras señalan que eran campesinos ladinos,5 y hasta hay otros grupos que dudan de la versión oficial y llegan a señalar que hubo cientos de fallecidos, pero sin contar con pruebas o evidencias.  En lo que sí están todos de acuerdo, es que la masacre ocurrió cuando miembros de la Policía Militar Ambulante intentaron poner orden, y que el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Efraín Ríos Mont, llegó en helicóptero al lugar de los hechos y verificó que la situación ya estaba bajo control después de haber sobrevolado el área.5 Y es importante mencionar que ese mismo mes, ya habían sido asesinados unos comuneros de Santa María Xalapán y su abogado Gregorio Fuentes.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Secretaría de Asuntos Agrarios (31 de marzo de 2015). Investigación histórico-catastral de los conflictos territoriales entre la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Jalapa, con vecinos de la cabecera y aldeas de Sansare, El Progreso. Guatemala: Presidencia de la República. p. 33.
  2. Ibid, p. 37.
  3. Ibid, p. 41
  4. Figueroa Ibarra, Carlos (7 de febrero de 2013). Ríos Mont, el ocaso del centauro. En Albedrío. 9. Guatemala: Albedrío.
  5. Arcón Puzul, María Catalina (noviembre de 2008). Situación Socioeconómica de los desplazados internos, víctimas del Conflicto Armado Interno. Guatemala: Escuela de Trabajo Social, Universidad de San Carlos. p. 18.