16 de marzo de 1968: secuestro del arzobispo Casariego y Acevedo

16marzo1968
Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. A la izquierda, el Palacio Arzobispal, de donde fue secuestrado el arzobispo Casariego y Acevedo. En el recuadro: retrato oficial del arzobispo quien fue elevado a cardenal por el Papa en 1969. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y de Parroquia Santa María de Todos los Santos.

El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro estuvo constantemente extendiendo el estado de alarma o el estado de sitio en toda la República y favoreciendo los intereses de las élites económicas ante los constantes ataques y atentados perpetrados por los grupos rebeldes de izquierda.   De hecho, para principios de 1968 había favorecido el fortalecimiento del ejército mediante lo siguiente:

  1. Permitió el ingreso de los Boinas Verdes (Green Berets) del Ejército de los Estados Unidos para entrenar a los miembros del ejército en la lucha contrainsurgente con tácticas aprendidas en las guerras de Corea y de Vietnam.
  2. Recibió 17 millones de dólares de ayuda militar recibida por el gobierno de los Estados Unidos
  3. Creó el Instituto de Previsión Militar y el Centro de Estudios Militares.1

Si bien todo esto iba contra los principios del presidente, quien era de izquierda, éste había firmado un pacto con los militares para poder tomar posesión en 1966 y no le quedaba más que aceptar las condiciones que se le imponían.2  Es más, a principios de 1968 llegó al colmo de dar refugio en el Palacio Nacional a muchos de sus antiguos correligionrios quienes dormían allí en catres y sofás porque ese era el único lugar en donde estaban a salvo de las «listas de la muerte» que el Ejército había preparado en contra de los activistas izquierdistas.3

La estrategia militar estaba a cargo de tres figuras principales: el coronel Carlos Arana Osrio, comandante de la guerra contrainsurgente en Zacapa y jefe de los grupos paramilitarse que aterrorizaban a la población rural; el coronel Manuel Francisco Sosa Avila, director de la Policía Nacional y coordinador de los grupos paramilitares conocidos como «escuadrones de la muerte«, y el coronel Rafael Arriaga Bosque, Ministro de la Defensa Nacional, quienes urdieron un plan para salir definitivamente del presidente Méndez Montenegro.3

El sábado 16 de marzo de 1968, como ya era costumbre, el presidente emitió un decreto, extendiendo el estado de alarma:4

Decreto número 629:

Julio César Méndez Montenegro, Presidente Constitucional de la República,

Considerando: que los enemigos del orden público y la paz social persisten en la comisión de acciones de violencia contra las personas y sus bienes para intranquilizar a la familia guatemalteca, ya sea mediante actos directos de agresión armada o haciendo estallar artefactos explosivos, además de otros hechos graves de terrorismo;

Considerando: que en consecuencia, no habiendo desaparecido totalmente las causas que dieron origen al establecimiento del Estado de Alarma y a la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales en todo el territorio nacional se hace indispensable dictar las medidas necesarias a fin de que el Gobierno legítimamente constituido pueda hacer uso de las facultas de excepción que la Constitución de la República contempla para los casos en que se pretende quebrantar el orden institucional,

Por tanto, […] en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°. — A partir del día dieciséis de marzo del año en curso se prorrogan por treinta días más, en todo el territorio nacional, el Estado de Alarma y la limitación en el libre ejercicio de las garantías individuales. […]

Artículo 6°. —Las personas contra quienes existieran indicios fundados de que actúan para alterar el orden público, podrán ser detenidas sin necesidad de mandamiento judicial o apremio.[…]

Artículo 8°. — Los órganos de publicidad está obligados a evitar las publicaciones que puedan causar confusión o pánico, o agraven la situación.

Artículo 9°. — Las providencias, resoluciones o disposiciones que dictaren las autoridades encargadas de mantener el orden público, tendrán carácter eminentemente ejecutivo y los actos derivados de su aplicación no podrán ser impugnados de amparo, sino hasta que cese la vigencia de este decreto.[…]4,Nota_a

A pesar de la prórroga del estado de alarma, ese mismo día por la tarde el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mario Casariego y Acevedo fue secuestrado.  El arzobispo era de origen español y nacionalizado guatemalteco y había sido Arzobispo Coadjutor, Vicario General de la Iglesia Católica guatemalteca, y capellán de la Escuela Politécnica, y gracias a la participación de su predecesor, Mariano Rossell y Arellano, en el derrocamiento del gobierno del teniente coronel Jacobo Árbenz Guzmán, contaba con importantes relaciones con el ejército y las élites económicas guatemaltecas.3

Este secuestro correspondía al plan de Arana, Sosa Ávila y Arriaga Bosque, quienes culparon a las Fuerzas Armadas Rebeldes —único grupo guerrillo que existía en ese entonces— de haberlo perpetrado. Los militares pensaron que aquello provocaría un enorme rechazo hacia los grupos guerrilleros y protestas masivas contra el gobierno, tras lo cual darían un golpe de Estado y restaurarían el orden. Finalmente, ya en el poder, harían negociarían con los supuestos guerrilleros y quedarían como los héroes que salvaron la situación y rescataron al arzobipos.5

Como esperaban, inmediatamente después del secuestro, el Presidente tuvo que declarar el Estado de Sitio el lunes 18, el cual fue aprobado por medio del siguiente decreto del Congreso: 6

Decreto Número 1739

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: Que el pueblo de Guatemala se ha visto conmovido ante el inaudito secuestro de que ha sido víctima el Ilustrísimo y Reverendísimo Arzobispo Metropolitano de Guatemala, Monseñor Mario Casariego, lo cual constituye un ataque a las instituciones sociales, culturales y espirituales de los guatemaltecos, un desprecio a la máxima autoridad católica del país y una perturbación grave de la paz;Nota_b

Considerando: que no obstante haber emitido el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Decreto 629 que impuso el Estado de Alarma por treinta días en todo el territorio nacional, a partir del 16 de marzo del año en curso, se han producido hechos de honda repercusión en la paz social y el orden público, que atentan contra la seguridad el Estado, por lo que el Presidente de la República en Consejo de Ministros ha impuestos el Estado de Sitio a través del Decreto número 630, por treinta días a partir del 18 de marzo en curso, por tanto:

Con base en el artículo 151 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.Nota_c

Artículo 2°. — Se faculta a la Corte Suprema de Justicia, para que durante la vigencia del Decreto del presidente de la República, número 630, pueda delegar la práctica de exhibiciones personales en uno o varios Magistrados de la misma, o de la Corte de Apelaciones, cumpliendo con las formalidades que determina la ley.[…]6

Pero el plan de los militares falló, principalmente porque el arzobispo no estuvo de acuerdo con el auto-secuestro y porque los secuestradores atraparon a Casariego prácticamente en la puerta del Palacio Arzobispal, situado a escasos 100 metros del Palacio Nacional, y que en ese momento tenía una fuerte presencia militar y policial.  Por este último detalle fue que algunos periodistas de «El Imparcial» y de «La Hora» hicieron ver de inmediato que los militares podrían estar involucrados en el hecho.5,Nota_d Y por esto, en vez de que hubiera manifestaciones contra el gobierno, lo que hubo fueron manifestaciones contra el Ejército.  Para el 20 de marzo, ya la embajada de los Estados Unidos estaba al tanto de lo que verdaderamente había ocurrido y reportó lo siguiente al Departamento de Estado: «el secuestro del arzobispo is parte de un complot militar/derechista para derrocar al gobierno.  El secuestro parece haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas armadas para promover manifestaciones contra el gobierno.»7

En un incidente que parece sacado de una novela, un cartero vió al arzobispo cuando se lo llevaban sus captores, y los siguió en su carro hasta una casa en Villa Canales.  El cartero llamó a la Policía Nacional para reportar el hecho desde un teléfono público cercano, y se llevó una gran sorpresa cuando vió que a los pocos minutos se llevaban al arzobispo a otro lugar. Todavía tuvo tiempo para llamar a los periódicos a darles la primicia antes de ser arrestado por «esparcir rumores maliciosos en detrimento de la seguridad del Estado«.7

Viéndose descubiertos, los militares complotistas buscaron un chivo expiatorio.  El día en que fue liberado Casariego y Acevedo, la Policía Nacional arrestó a dos miembros del grupo paramilitar Movimiento Anticomunista Nacional Organizado (MANO), llamados Raúl Estuardo Lorezana e Inés Mufio Padilla.  Luego, cuando los llevaban a prestar declaración, el carro en el que iban se detuvo y sus custodios se salieron, solo para un carro que iba pasando los rociara con metralla.7

Nuevamente el plan fue contraproducente.  La indignación estalló ante lo burdo del ataque contra Lorenzana y Mufio y el presidente, envalentonado, pidió la renuncia a los tres conspiradores quienes aceptaron, pero no tuvieron que enfrentar cargos. Arriaga Bosque fue enviado a Miami, Florida como Cónsul General, Avila se fue para España como agregado militar, y Arana salió para Nicaragua como embajador y fue recibido por el presidente Anastasio Somoza como a un héroe.8

Cuando Arana regresó a Guatemala, resultó electo presidente en sustitución de Méndez Montenegro en 1970, con lo que llegó al poder constitucionalmente.


NOTAS:

  • a: por este medio se da carta blanca a las fuerzas del estado para actuar como juzguen más conveniente y esperar hasta que pase el estado de alarma para rendir cuentas, si es que alguien se atreviera a hacerlo para entonces.
  • b: nótese la revenrencia que muestran los miembros del congreso ante el arzobispo metropolitano, la cual contrasta con todos los decretos anticlericales emitidos por los gobiernos de J. Rufino Barrios en la que tachaba a la Iglesia Católica de innecesaria y obsoleta.  Esto se debía a que el fallecido arzobispo Mariano Rossell y Arellano fue uno de los principales aliados del Movimiento de Liberación Nacional para derrocar al gobierno de Arbenz, y así recuperar muchos de los privilegios perdidos en 1871.
  • c: este párrafo daba permiso a las élites económicas de utilizar grupos paramilitares para defender sus bienes.  Esto estaba en consonancia con el decreto 2795 emitido el 29 de abril de 1944 por el gobierno del general Jorge Ubico, en el que le daba autorización a las élites económicas y a la United Fruit Company de matar a todo aquel que intentara robar en sus posesiones, sin temor a tener persecusión legal.9
  • d: el periódico «La Hora» era propiedad del vicepresidente de la República, licenciado Clemente Marroquín Rojas.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Donoghue, Michael (1995). Army for Progress: the U.S. Militarization of the Guatemalan Political and Social Crisis 1961-1969. University of Rhode Island. p. 146.
  2. Villagrán Kramer, Francisco (1994). Biografía política de Guatemala: Los pactos políticos de 1944 a 1970 (2a. edición). Guatemala: FLACSO.
  3. Chaulón Vélez, Mauricio José (2009). La Hermandad del Señor Sepultado del templo de Santo Domingo, en la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción, y sus niveles de relación con grupos de poder político y económico durante el siglo XX. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala; Escuela de Historia. p. 146.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, LXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 121-122.
  5. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 147.
  6. Azurdia Alfaro, Recopilación de las Leyes, p. 60-61.
  7. Donoghue, Michael, Army for Progress, p. 148.
  8. Ibid., p. 149.
  9. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305. 

8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1  Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo.  Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital.  Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio.  Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6  Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7  Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4  Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas.  El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala. Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución.  México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920). Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).

10 de abril de 1963: Carta Fundamental de Gobierno

Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por una Carta Fundamental de Gobierno que le daba poderes dictatoriales al presidente de facto Enrique Peralta Azurdia.

10abril1963
Palacio de Correos de la Ciudad de Guatemala en 2015. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por la siguientes Carta Fundamental de Gobierno:

Decreto-Ley número 8

El Jefe del Gobierno de la República

Considerando, que el Ejército de Guatemala al asumir transitoriamente el Gobierno de la República, lo hizo en forma absolutamente desinteresada, sin el menor deseo de perpetuarse en el poder, sino con el único fin de evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable, que permita al pueblo de Guatemala la elección libre de la persona que debe regir los destinos del país, sin presiones de ninguna especie;Nota a

Considerando: que mientras esas finalidades se logren, se hace necesario garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y propiciar un ambiente de seguridad que les permita dedicarse a sus actividades normales, bajo el amparo de la autoridad, sin más restricciones que las que sean absolutamente necesarias para luchar contra la subversión comunista;Nota b

Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta la siguiente

Carta Fundamental de Gobierno

Capítulo I Del Orden Público

Artículo 1°. El poder público será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar.

Artículo 2°. El ministro de la Defensa Nacional será el Jefe del Gobierno de la República

Artículo 3°. El Jefe del Gobierno de la República ejerce las funciones ejecutivas y legislativas; y asume en consecuencia, la formación, promulgación y ejecución de las leyes así como la aprobación e improbación de los tratados y demás convenios internacionales.  Los decretos-leyes serán emitidos en Consejo de Ministros.Nota c

Artículo 4°. La Corte suprema de Justicia y los demás tribunales y jueces tienen la potestad de administrar justicia conforme a las leyes, con independencia y en forma exclusiva.

Artículo 5°. Guatemala mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centro América y estará pronta a considerar toda actitud que lleve por fin su restauración.

Artículo 6°. La República de Guatemala cumplirá sus obligaciones internacionales; normará sus actos por los tratados, convenciones y pactos que tiendan a consolidad los principios fundamentales de la democracia.1

Capítulo II Nacionalidad

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 16°. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización, por daños y perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren los movimientos armados o los disturbios civiles.

Capítulo III Ciudadanía

Artículo 17. Son ciudadanos:

        1. Los guatemalatecos varones mayores de dieciocho años
        2. Las mujeres guatemaltecas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribirNota d

[…]Artículo 20. La ciudadanía se pierde:

        1. Por la pérdida de la nacionalidad guatemalteca.
        2. Por prestación voluntaria de servicios a naciones en guerra con Guatemala o a los aliados de aquéllas, siempre que tales servicios implicaren traición a la patria.2,Nota e

Capítulo IV Garantías Individuales

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 23. Se estatuye el recurso de habeas corpus o de exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del detenido y a decretar su libertad si estuviere ilegalmente en detención.  No podrá ordenarse la libertad de quienes estuvieren sujetos a medidas de seguridad en aplicación de la ley de defensa de las instituciones democráticas.3, Nota f

Artículo 24. El ejercicio de todos los derechos y el goce de las garantías individuales tendrá como límite las medidas de seguridad que dicte el Jefe del Gobierno.  Toda acción comunista individual o asociada es punible.Nota f

Capítulo V Atribuciones del Jefe del Gobierno

Artículo 25. El Jefe del Gobierno ejerce sus funciones asistido del número de ministros de Estado que designe.

Artículo 26. Los ministros en todo lo referente a su gestión, serán solidariamente responsables con el Jefe del Gobierno.

Artículo 27. Son funciones del Jefe del Gobierno:

        1. Cumplir y hacer que se cumpla esta Carta fundamental y demás leyes de la República
        2. Proveer a la defensa del territorio nacional
        3. Prestar los auxilios necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia.
        4. […]
        5. Hacer todos los nombramientos de funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de acuerdo con las normas del servicio civil, los de las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con la sola excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala
        6. Decretar tasas e impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
        7. […]
        8. Aprobar o reprobar en Consejo de Ministros los contratos suscritos para la creación o el establecimiento de servicios públicos así como los que se refieran a la explotación de minas e hidrocarburos y demás recursos naturales en los casos que así lo exija la ley.Nota g
        9. Suspender las garantías contenidas en esta carta en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.Nota h

Artículo 28. El Jefe del Gobierno será asesorado por un consejo de Estado compuesto por lo menos de diez miembros representativos de los diferentes sectores del país y por la comisión de Asesoría Jurídica.

Capítulo VI Ejército

Artículo 29. El Ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el territorio, la soberanía e independencia de la nación, para la conservación de la seguridad interior y exterior y del orden público.  Se rige por sus leyes y reglamentos.

Artículos 30. La jurisdicción de los tribunales militares se extiende a los integrantes del Ejército de Guatemala, aun cuando no estén en servicio activo y a los civiles en los casos que determina la ley.[…]Nota i

Artículo 39. El Jefe del Gobierno hará formular, aprobará y publicará el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presupuesto es uno e indivisible y no se podrán hacer más gastos que aquellos epxresamente previstos en él.[…]

Artículo 42. En caso de perturbación del orden público o de emergencia nacional, los servicios públicos podrán ser militarizados.

Artículo 43. No serán aplicables las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a esta Carta […].

Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y tres.

Publíquese y cúmplase.

        • Enrique Peralta Azurdia
        • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]4

NOTAS:

    • a: específicamente para elegir un candidato definitivamente anticomunista, definido a la usanza guatemalteca, es decir, que no estuviera en contra de la tradición criolla de posesión de la tierra y de capital.
    • b: es decir, gobernar en un perenne estado de sitio
    • c: el Jefe del Gobierno era dictador absoluto y emitía y ejecutaba las leyes que necesitaba, ya que el Congreso estaba disuelto
    • d: se incluía como ciudadanos a todos los varones sin distinción de raza ni educación, aunque las mujeres analfabetas quedaban excluídas
    • e: debido a la propaganda dirigida desde la Embajada de los Estados Unidos, el comunismo internacional era considerado una nación en guerra con Guatemala
    • f: se restringían los derechos de los opositores, que eran acusados inmediatamente de comunistas.
    • g: esto fue aprovechado para que empresas internacionales escribieran una nueva Ley del Petróleo y una nueva Ley de Minería, que correspondían más a los intereses de las empresas particulares que al Estado de Guatemala.
    • h: bastaba con una acto opositor para que se declarara estado de sitio.
    • i: los miembros del ejército son juzgado por su propio fuero militar

BIBLIOGRAFIA:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de la Leyes de Guatemala, 1962-1963LXXXII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 21.
  2. Ibid., p. 23.
  3. Ibid., p. 24.
  4. Ibid., p. 25.

1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos

Como parte de la militarización del estado y de la sociedad tras el golpe de estado de 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia emite un decreto para militarizar los servicios públicos

1febrero1966
Locomotoras y vagones de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que se formó la década de 1960 luego de que la International Railways of Central America vendiera su chatarra al Estado, tras haberla usado desde 1908. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, jefe de gobierno de facto de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 en contra del presidente, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, significó la consolidación del modelo militar contrainsurgente en Guatemala, por medio de la Carta Fundamental de Gobierno incluída en el decreto 8 del 10 de abril de 1963 que sustituyó a la derogada constitución de 1956, lo que inició la militarización del estado y de la sociedad con el apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos, entonces a cargo del demócrata John F. Kennedy.  De hecho, el coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó todo el tiempo en permanente estado de sitio, con el criterio de que cualquier oposición política era comunista y podía ser reprimida legalmente.1

En este estado de cosas, a fin de evitar huelgas de los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que prestaban servicios públicos,  el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia emitió el siguiente decreto de emergencia nacional, para poder militarizar los servicios públicos en caso necesario e imponer fuertes castigos a quienes instagaran las huelgas o se resistieran a la militarización:2

Decreto-Ley número 422

Enrique Peralza Azurdia, Jefe del Gobierno de la República

Considerando: que es conveniente determinar expresamente los alcances y efectos de la militarización de servicios públicos, cuando dicha medida se tome con el fin de mantener la continuidad y eficiencia de tales servicios,

Por tanto, con base en el artículo 3° de la Carta Fundamental de Gobierno, en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°.— En caso de emergencia nacional, o cuando el orden público o el interés social lo requieran, los servicios públicos podrán ser militarizados mediante acuerdo gubernativo emitido por el Jefe del organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Artículo 2°.— Pueden ser militarizados los servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales, por entidades estatales descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o por empresas privadas.

Artículo 3°.— Desde que se acuerde la militarización de cualquier servicio público, la administración del mismo quedará a cargo de la autoridad militar que se designe; y todo el personal, incluso el directivo y administrativo, de las dependencias, entidades o empresas de que se trate quedará sujeto a los tribunales militares por los hechos delictuosos que los miembros de dicho personal cometan con ocasión o motivo de la militarización, o del estado que la originó.  La expresada jurisdiccón se extenderá a los cuoatures cómplices y encubridores de tales hechos, aunque no pertenezcan al personal de la dependencia, entidad o empresa afectada.

Artículo 4°.— La negativa o resistencia a cumplir con sus obligaciones o la inasistencia injustificada a sus labores, por cualquier tiempo, así como la negativa a cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, por parte de los miembros del personal a que se extienda la militarización, pondrán fin a la relación de trabajo, sin ninguna responabilidad para el Estado ni para los patronos y se sancionarán según las circunstancias, con la pena de dos a seis meses de arresto menor inconmutables.

Artículo 5°.— Lo dispuestos en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad en que los infractores incurrieren, si los hechos fueren constitutivos de delitos más graves, ya sea por acción o por omisión, de conformidad con las leyes penales comunes y las del orden militar, en su caso.

Artículo 6°.— Los procesados con motivo de la aplicación de esta ley, no podrán ser excarcelados bajo fianza de haz mientre dure la militarización de que se trate.

Artículo 7°.— El Ministerio de la Defensa Nacional dictará las disposiciones y tomará las medidas que estime necesarias para mantener en forma normal y sin interrupción los servicios públicos militarizados, mantener el orden, proteger a los trabajadores que deseen seguir laborando, y salvaguardar los bienes de las dependencias, entidad o empresa respectiva.

Artículo 8°.— Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: en la ciuad de Guatemala, a primero de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

Publíquese y cúmplase.

        • Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, Ministro de la Defensa Nacional
        • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Memoria del Silencio. Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyecto s de las Naciones Unidas. ISBN: 958- pp. 131-133.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1968) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1965-1966. LXXXIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 210-211.

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14 de enero de 1986: Cerezo toma posesión

El licenciado Vinicio Cerezo toma posesión como presidente de la República. Es el primer presidente civil desde 1970.

14enero1986
El Palacio Nacional de Guatemala, sede del gobierno del licenciado Vinicio Cerezo. En el recuadro: Cerezo y su esposa, Raquel Blandón, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores Mario Quiñones y su señora durante una visita oficial a la República Federal de Alemania (Alemania Occidental) en 1986. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras los golpes de estado de 1982 y 1983, el gobierno militar del general Oscar Humberto Mejía Vítores permitió la convocatoria de una Asamblea Constituyente que emitió una nueva constitución para la República en 1985, en base a la cual se realizaron elecciones en las que resultó electo el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.  

El nuevo presidente tomó posesión de su cargo el 14 de enero de 1986, siendo el primer gobiernante civil en hacerlo desde 1970; pero, a diferencia de sus antecesores, la Constitución de 1985 le confería muy poco poder al ejecutivo, descentralizando numerosas atribuciones que antes eran responsabilidad del presidente de la República.  

En su discurso de inaguración, Cerezo hizo un resumen certero de la situación del país en el momento de la transición a los gobiernos civiles, los cuales reproducimos a continuación por su importancia histórica:

[…] Somos un pueblo al que por mucho tiempo se nos negó la expresión y muchos fuimos perseguidos por decir la verdad.  Hemos recuperado la palabra.

Somos un pueblo al que se nos decía qué hacer, y cómo hacerlo, sin preguntarnos jamás si nos parecía bueno o malo, si estaba de acuerdo con nuestra comunidad, con nuestra aldea, nuestra región, nuestra ocupación, nuestras ideas y aspiraciones, nuestro modo ancestral de vida, nuestras creencias.  Hemos recuperado nuestro derecho a participar. Muchos llegamos a ser extraños en nuestra propia tierra, y hoy regresamos a lo nuestro.1

[…] Era imprescindible, es cierto, el esfuerzo científico y profundo por saber exactamente lo que nos ha venido poasando, lo que nos pasa ahora y lo que nos podrá pasar como pueblo, como nación, como región, si no hacemos algo drástico y urgente por corregirlo.

Pero, por doloroso que esto sea, este conocimiento debemos compartirlo. Porque parte de nuestra crisis se debe a la ignorancia generalizada sobre lo que nos pasa, debido a una cuidadosa labor de desinformación y ocultamiento. […] No importa las razones, miles de vidas guatemaltecas han caído en esta espantosa vorágine […], y cientos de miles de nosotros hemos padecido de una u otra manera los efectos de este clima general de atropellos.2

Encontramos un país en las peores condiciones que jamás Mandatario alguno haya recibido esta Nación.  En la vida política los guatemaltecos nos encontramos con que la [fuerza] se constituyó en un permanente sustituto de la negociación y el compromiso; incapaces de resolver sus diferencias por el diálogo […] algunos guatemaltecos optaron por el absurdo y primitivo lenguaje del daño físico y la represalia armada.  Nuestra familia guatemalteca se ha visto miles de veces enlutada con una [fuerza] insensata y cruel, amparada en los más variados signos ideológicos.  Unos la emprendieron desde una decisión individual, al margen de toda ley, con el argumento de la defensa de sus privilegios y prerrogativas de que habían gozado ancestralmente.  Otros la emprendieron porque no veían otras salidas para defener sus derechos y reivindicaciones. Otros la emprendieron argumentado que era necesaria por su seguridad y el orden. Otros, en fin, la emprendieron desde un uso abusivo de posiciones de poder, sumándose así a los […] que nunca respetaron la convivencia de nuestra comunidad nacional.2

[…] No es necesario insistir aquí en los aspectos internacionales de la crisis económica y social, que el sufrido pueblo de Guatemala ha soportado como nadie, […] ya han hablado de manera certera sobre la injusticia del orden económico internacional y de cómo nuestras débiles economías se han visto devastadas en el torbellino de la recesión mundial.  Pero sí es necesario hablar de nuestra situación interna.  Si bien es cierto que la crisis internacional nos ha golpeado duramente por razones de sobra conocidas, también es cierto que internamente algunos guatemaltecos han puestos abundantes ingredientes para el desastre. […] También debemos reconocer grandes dosis de intolerancia e incomprensión, a la par que pareciera haberse entronizado una falta total de moral y de principios, contagiendo nuestra vida nacional de una corrupción generalizada y de una facilidad casi espontánea para el abuso de poder.3

Recibimos un país con las arcas vacías, producto de la mala administración de los anteriores gobiernos y de la corrupción.  Recibimos una situación económica desastrosa y crítica sin precedentes: la actividad económica se ha ido reduciendo, con importantes desequilibrios en el comercio internacional y en las finanzas del sector público.  Se han encogido los ahorros y la inversión y tenemos márgenes muy estrechos para superar esos desequilibrios y adoptar una acertada política económica.  No hay fondos para iniciar proyectos nuevos y no hay recursos suficientes para financiar los gastos de funcionamiento del gobierno. Nuestra deuda externa es cuatro veces el valor anual de nuestras exportaciones, y han hipotecado el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos; por esta eduda, cada guatemalteco debe 320 dólares.3

Demasiados guatemaltecos están sin trabajo. Y los que tienen un salario, lo han visto encogerse de manera angustiante: a pesar de los aumentos, cada vez se puede comprar menos y pagar menos porque nuestra moneda vale menos y las cosas cada vez valen más. […] Hoy cada guatemalteco [en promedio] dispone de un quetzal diario para su alimentación, su vivienda, su educación, su transporte y su salud.  Pero la realidad es más cruel y más dura. Porque sabemos que unos pocos guatemaltecos tienen mucho más que eso, y otros muchos no tienen nada.3

Somos ocho millones.  Cinco millones de nuestros hermanos viven en estado de pobreza.  Todavía mueren muchos de nuestros niños al nacer.  Y de los que viven, solamente uno de cada tres no está desnutrido.  Los otros dos están condenados a no comer bien, a que su cerebro no se desarrolle bien, a no tener suficientes fuerzas para el trabajo y el estudio y a la ignominia de que otros guatemaltecos le digan más tarde que es un tonto y un haragán; que le reclamen una higiene y una limpieza a la que nunca he tenido acceso y le exijan un comportamiento y una educación que jamás han podido estar a su alcance.4

Y si las condiciones de vida de la mayoría de nuestros conciudadanos son en verdad precarias, todavía más cruel ha resultado nuestra historia reciente cuando le permitieron organizarse para decir lo que pensaba y defender colectivamente sus derechos.  Se reprimió la organización libre de los ciudadanos y sus entidades representativas.  Muchos de los líderes y voceros de nuestro pueblo conocieron la muerte y el exilio.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Departamento de Recopilación de Leyes (1987).  Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1986.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. i.
  2. Ibid., p. ii.
  3. Ibid., p. iii.
  4. Ibid., p. iv.

12 de febrero de 1971: Convenio con EXMIBAL

El Coordinador de la Comisión Negociadora del Gobierno de la República, Carlos Molina Mencos, y Joseph Borgatti, presidente de EXMIBAL, establecen las bases que normarán las actividades de la empresa para extracción de níquel en Izabal.

12abril1971
La región en donde se explota níquel en el municipio de El Estor a orillas del Lago de Izabal en Guatemala, otorgada en concesión a EXMIBAL en 1971. En el recuadro: una montaña explotada de donde se extrae níquel. Imágenes tomadas de Google Earth.

El 12 de febrero de 1971, la Comisión Negociadora del Gobierno firmó un convenio con EXMIBAL para la explotación de las minas de níquel en Izabal.  Para entonces, los representantes de la Universidad de San Carlos que formaban parte de la Comisión y que se habían opuesto rotundamente al convenio habían sido asesinados u obligados a salir al exilio.1

En la práctica, este convenio era lesivo para el país.  En primer lugar, no hubo una consulta a las comunidades indígenas, quienes pidieron suspensión de la mina, y en segundo, el poder político de la «International Nickel Company» (INCO)/EXMIBAL era considerable, al punto que sus representantes fueron los que redactaron una nueva ley de minería para Guatemala en 1962, argumentado que éste iba a estimular las inversiones en Guatemala.2

Luego de un convenio inicial en 1968, el presidente Julio César Méndez Montenegro pidió la Universidad de San Carlos de Guatemala que creara una comisión para analizar los detalles tras el otorgamiento de la concesión. Esta comisión fue presidida por Rafael Piedrasanta Arandi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y los otros miembros eran Adolfo Mijangos López, Julio Camey Herrera y Alfonso Bauer Paiz. Todos fueron víctimas de ataques poco después de que el general Carlos Arana Osorio tomara el poder.  Bauer Paiz relató así los ataques perpetrados en su contra: «varios de los profesionales que habíamos asumido la responsabilidad ciudadana de oponernos a esa concesión a EXMIBAL, fuimos víctimas de atentados: el primero, el abogado Julio Camey Herrera, quien fue asesinado; luego a mí se me quiso secuestrar y al resistirme fui acribillado a balazos y, milagrosamente sobreviví. También fue víctima de secuestro el economista Rafael Piedrasanta Arandi, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, quien pudo evadir esa acción criminal y tuvo que salir al destierro. Fue cruelmente asesinado el doctor en Derecho, Adolfo Mijangos, a pesar de su condición de incapacitado motriz«.2

De acuerdo con Bauer Paiz, las concesiones de explotación se otorgaron en una época en la que en el país no regía ninguna Constitución pues gobernaba el presidente de facto Enrique Peralta Azurdia con poderes dictatoriales amparado únicamente por una Carta de Gobierno, quien aprobó el Código de Minería que habían redactado personeros de INCO/EXMIBAL en 1965.  Según Bauer Paiz, «las anomalías que se registraron en el trámite de los expedientes; la vinculación indudable de algún funcionario de la Dirección de Minería con EXMIBAL; la gran importancia estratégica del níquel; la no disimulable preocupación de INCO en el texto del Código de Minería y la falta de conocimiento que tuvo la ciudadanía guatemalteca respecto a la preparación y puesta en vigor del Decreto-Ley 342, Código de Minería, son presunciones graves a favor de la tesis, de que tal legislación es […] hecha a la medida de EXMIBAL y sus afiliadas o matrices«.2

Bauer Paiz también indicó que entre las preocupaciones de la comisión de la Universidad estaba la necesidad de derogar el código minero y que se replantearan las condiciones de la concesión, ya que en el proceso de extracción de níquel Guatemala aportaría otros servicios como carreteras, agua, vigilancia y protección para la empresa. Además, denunciaron que la compañía usaría la mayor parte de un muelle que le costaría al país más de 6 millones de dólares y la falta de controles adecuados a las operaciones de la empresa, especialmente con relación a la cantidad de mineral extraído y qué metales contenía.2

Con estos antecedentes, reproducimos a continuación el convenio en mención:

Guatemala, 12 de febrero de 1971.

Convenio entre la Comisión Negociadora del Gobierno de la República de Guatemala y la Empresa «Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal, S.A. (EXMIBAL); 

Considerando: que EXMIBAL es una sociedad debidamente constituida de acuerdo con las leyes de Guatemala y es titutlar de concesiones vigentes de explotación y de exploración minera, al amparo de la cual se extraerá y transformará níquel;

Considerando: que el Gobierno de guatemala, no obstante que EXMIBAL estaba en capacidad legal de iniciar de inmediato sus operaciones mineras se preocupó por mejorar en beneficio del país, las condiciones en que dicha empresa operaría en Guatemala, habiendo logrado obtener ventajas tales que el Gobierno, sin sacrificio fiscal, devendrá socio de esa empresa;

Considerando: que el Gobierno, como socio de la empresa tendrá participación directa en EXMIBAL, por lo que tiene interés en que se ponga en operación el proyecto de níquel de la misma, el que tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y social de Guatemala;

Considerando: que habiéndose aceptado por EXMIBAL las indicadas condiciones adicionales, se han fijado con claridad los términos bajo los cuales operará dicha empresa, lo que le permitirá continuar sus esfuerzos para reunier el financimiento que se require a fin de que el proyecto pueda realizarse,

Por tanto, el Gobierno de la República y EXMIBAL cumplen con dejar asentados los puntos convenidos como resultado de las negociaciones realizadas, así:

      1. EXMIBAL reconoce que está sujeta sin discriminación ni preferencia algunas, a la legislación minera que rige sus actividades […]. Dentro de los límites de las áreas de su concesión minera, EXMIBAL observará los derechos y respetará las restricciones legales relacionadas con la tenencia de la tierra […]
      2. EXMIBAL asume la obligación de efectuar inversiones en instalaciones especiales y tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas y del aire […]
      3. EXMIBAL asume la obligación de ir sustituyendo las importaciones de materials primas […] así como de los servicios que contrate, por medio de la compra de productos y servicios centroamericanos […]
      4. EXMIBAL asume la obligación de rehabilitar las áreas minadas dentro de un lapso razonable […]
      5. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione al azar muestras del mineral extraído de las minas comprendidas dentro de las concesiones otorgadas a su favor para determinar el contenido químico de los diferentes minerales.3
      6. EXMIBAL acepta que el Gobierno seleccione […] muestras al azar de cada embarque del níquel con el fin de determinar […] el contenido del producto exportado.  […]
      7. EXMIBAL se obliga a poner la escoria final resultante del refinamiento de níquel en un lugar conveniente próximo a su falta de transformación. […]
      8. EXMIBAL se obliga a permitir la revisión de la contabilidad y documentos de la empresa […] para constatar la exactitud del valor de las inversiones, de las exportaciones, de los estados financieros, de los costos, beneficios, etc.
      9. EXMIBAL se obliga a efectuar sus operaciones […] absteniéndose de hacer uso de compañías subsidiarias […] salvo que el Gobierno expresamente le autorizare […].
      10. EXMIBAL queda obligada a programar anualmente de acuerdo con el Ministerior de Economía las becas financiadas por la empresa […]
      11. EXMIBAL queda obligada a llevar a cabo programas de educación y a tomar medidas de carácter sanitario […], cuyo costo se calcula en cuatro millones trescientos mil quetzales, en el área de sus operaciones y fuera de ella […] 
      12. EXMIBAL se obliga a formular, de común acuerdo con el Ministerio de Economía, un mecanismo claro y sencillo […] para determinar el precio […] de la exportación de níquel de la empresa.
      13. EXMIBAL renuncia al 50% del monto de las exoneraciones del impuesto sobre la renta que le fueron otorgadas conforme al artículo 126 del Código de Minería, debiendo modificarse el respectivo acuerdo gubernativo para formalizar dicha renuncia y la consiguiente eliminación del artículo 5°. del mismo.  
      14. EXMIBAL acepta que el Gobierno de Guatemala participe en su capital por un monto equivalente al 30% del mismo. […]
      15. EXMIBAL se obliga a acumular depreciación cada año […]. Además del efectivo generado por sus operaciones gastará e invertirá lo suficiente para mantenimiento, reparaciones y reemplazo de maquinaria y equipo, a fin de conservar la planta de transformación siempre operando con eficiencia. […]
      16. EXMIBAL se obliga a que las remesas que haga por concepto de pagos al exterior, no excederán del monto de las divisas generadas por ella misma […] En todo caso, las operaciones de EXMIBAL deberán producir un beneficio neto a la balanza de pagos del país.
      17. Las operaciones cambiarias que EXMIBAL efectúe para cumplir con sus obligaciones ante los prestamistas del exterior se harán de acuerdo con lo establecido en la resolución número 6726 de la Junta Monetaria, de fecha 21 de enero de 1971.
      18. EXMIBAL queda obligada a formar un fondo de prestaciones laborales, con una aportación patronal equivalente al 8.34% del calor de cada una de sus planillas. […]
      19. EXMIBAL queda obligada a mantener depósitos en los Bancos del sistema con un saldo promedio no menor de dos millones de quetzales durante cada año calendario […]
      20. EXMIBAL queda obligada a formar una reserva de capital con el 5% de la utilidad de cada ejercicio […]
      21. Al completar su inversión EXMIBAL queda obligada a asignar para capital de trabajo, una suma no menor de 9 millones de quetzales. […]4
      22. El trasnporte de níquel desde la planta de EXMIBAL hasta el puerto de exportación, se efectuará por empresas constituidas en el país y de capital guatemalteco […]
      23. EXMIBAL queda obligada a no recurrir al financiamiento del sistema Bancario Nacional para la construcción de su planta ni para efectuar pagos al extranjero; salvo autorización expresa del Gobierno.
      24. EXMIBAL se compromete a celebrar un convenio con el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), con respecto a la propiedad y operación de la planta de energía que se establecerá para la comunidad de El Estor y su correspondiente sistema de distribución. […]
      25. EXMIBAL se compromete a no incluir dentro de sus costos deducciones por el uso de patentes y marcas, excetp aquellas que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y su REglamento, hayan obteido opinión favorable del Ministerio de Economía.
      26. El Gobierno no participará en el financiamiento del proyecto mediante préstamos, avales o garantías directas, pero interpondrá sus buenos oficios y colaboración con el fin de que sea viable terminar el financimiento.  La ejecución del presente convenio dependerá de que se complete el financimiento requerido en condiciones aceptables para los accionistas de EXMIBAL y el Gobierno.
      27. En caso de que EXMIBAL dejara de cumplier cualquier de sus compromisos aquí contraídos, tal omisión no hará perder vigencia a otra smeidas contenidas en este convenio, pero EXMIBAL deberá subsanar la falta en el término que el Gobierno le fije, sin perjuicio de las sanciones que procedan de acuerdo con las leyes del país.
      28. […] La fecha en que deba de principiarse la construcción se fijará por el Gobierno en el acuerdo de aprobación de este convenio.
      29. Lo acordado en el presente convenio se elevará a la consideración del señor Presidente de la República para que se emita el correspondientes acuerdo gubernativo de aprobación.
      • Por el Gobierno de Guatemala: Carlos Molina Mencos, Viceministro de Economía
      • Por EXMIBAL: Joseph J. Borgatti, Presidente5

El convenio fue aprobado el 25 de febrero y publicado en el Diario Oficial al día siguiente.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (13 de septiembre de 1971) Placa al Doctor Adolfo Mijangos López.  Guatemala.
  2. Nómada (2018). El desastre ocasionado por el níquel en Izabal (y la posibilidad de cerrar la mina). Guatemala: Nómada.
  3. Azurdia Alfaro, Roberto (1975) Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1970-1971. XC. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 686.
  4. Ibid., p. 687.
  5. Ibid., p. 688.

12 de diciembre de 1996: firman acuerdo para retorno de la URNG a la legalidad

En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad

Palacio Nacional de la Cultura
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción «humanitaria«.  Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont —y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996—, se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1

Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1

La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, —cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias— máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1

De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1

Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2

Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar.  De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3

Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4

Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. Definiciones

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:

(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]

(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. 

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]

5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]

II. Objetivos y principios

7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

III. Componentes del programa de incorporación

A. Area Jurídica

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.

Delitos comunes conexos

22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […] 

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

B. Area política

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Area de Seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. 

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG

D. Area socieconómica

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]

F. Subprogramas especiales

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. Arreglos institucionales

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]

V. Disposiciones finales.

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]

Madrid, 12 de diciembre de 1996.

Por el Gobierno de Guatemala:
  • Gustavo Porras Castejón
  • General de Brigada, Otto Pérez Molina
  • Richard Aitkenhead Castillo
  • Raquel Zelaya Rosales

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:

  • Comandante Pablo Monsanto
  • Comandante Rolando Morán
  • Carlos González
  • Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas:

  • Jean Arnault

BIBLIOGRAFIA:

  1. Sicher Moreno, Gonzalo (s.f.). Fracasos con gobiernos reformistas y éxito con la derecha en los diálogos de paz de Guatemala. Afers Internacionals, núm. 42, p. 138.
  2. Ibid., p.139.
  3. Porras Castejón, Gustavo (junio de 2015). «Los Estados Unidos y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas»Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d.
  4. Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (12 de diciembre de 1996) Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Madrid.

2 de noviembre de 1966: declaran estado de sitio en todo el país

El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro declara estado de sitio en todo el país debido a la actividad de la guerrilla en oriente.

2noviembre1966
Sección del Mapa en Relieve de Guatemala que muestra la Sierra de las Minas, con el río Polochic al norte y el río Motagua al sur. Ésta fue la región en donde desarrolló su actividad militar la guerrilla guatemalteca en 1966, y la que combatió el ejército. En el recuadro, el comandante guerrillero Luis Turcios Lima, de las Fuerzas Armadas Rebeldes quien murió el 2 de octubre de 1966 a los 25 años de edad en un accidente automovilístico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Comunicarte.

El licenciado Julio César Méndez Montenegro tomó posesion de la presidencia de Guatemala el 1 de julio de 1966, lo cual dió a la guerrilla izquierdista la esperanza inicial de un cambio en el enfoque del gobierno, hasta entonces controlado por el Ejército de Guatemala.1

Pero, de acuerdo al escritor izquierdista y ex-vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, el presidente Méndez Montenegro tuvo que firmar un pacto secreto con el Ejército para poder gobernar, y éste inició una fuerte ofensiva contra los insurgentes, a la que llamó «campaña de pacificación«.1  Entonces, entre julio y septiembre de 1966, los delegados de las dos organizaciones guerrilleras comunistas que existían en Guatemala -el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)- se entrevistaron para discutir sus diferencias.  Estos delegados eran César Montes y Marco Tulio Yon Sosa.2

Como resultado de lo convenido, el 10 de septiembre las FAR difundieron un comunicado en el que anunciaban su decisión de suspender las acciones militares, esperando que el Gobierno realizara reformas democráticas profundas y rechazando cualquier presión por parte del Ejército. Mientras tanto, su comandante Luis Augusto Turcios Lima (ex-militar graduado de la Escuela Politécnica de 25 años de edad) redactó el primer plan de campaña nacional llamado «Nuestras tareas fundamentales en la situación actual y nuestra preparación para una inminente campaña en el futuro«. En este plan, preveían que luego de la ofensiva política iban a emprender una fuerte ofensiva militar centrada en la Sierra de Las Minas con nuevo armamento.2

Pero el 2 de octubre de ese año, ya en medio de la ofensiva militar, Turcios Lima murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de Guatemala. Tras su muerte, César Montes se convirtió en el nuevo comandante de las FAR, aunque la muerte Turcios Lima dejó al movimiento revolucionario sin una línea realista para enfrentar la guerra, y sin un comandante efectivo que hiciera responder a toda la organización.2

Además, el 2 de noviembre de 1966, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro emitió el decreto 621, por medio del cual suspendió las garantías constitucionales, argumentado que las medidas para lograr la “concordia nacional en el llamado del gobierno democrático surgido de las elecciones generales del 6 de marzo habían sido contestados declinando los beneficios de la amnistía y con actividades conspirativas».2

El gobierno de Méndez Montegro fue prorrogando poco a poco el Estado de sitio hasta el 2 de abril de 1967 por medio de los decretos 622, 623 y 624. Por su parte, la campaña de pacificación del Ejército concluyó en agosto, resultando en la primera derrota militar de las fuerzas guerrilleras, que tuvieron que empezar prácticamente desde cero a partir de ese momento.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Figueroa Ibarra, Carlos, et al. (2013) Guatemala: Historia reciente (1954-1996). La dimensión revolucionaria. II. Guatemala: FLACSO, p. 77.
  2. Ibid., p. 78.
  3. Ibid., p. 79.

8 de octubre de 1992: gobierno firma acuerdo con refugiados guatemaltecos en México

Se firma acuerdo entre las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de Guatemala

8octubre1992
Mapa que muestra la Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, región de donde procedían los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Nótese que la región es selvática y que se encuentra al norte de los Cuchumatanes. En el recuadro: el logo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien medió en el acuerdo de 1992. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Debido a los cruentos combates entre el Ejército y el Ejército Guerrillero de los Pobres y las Fuerzas Armadas Rebeldes en las regiones petroleras de la Franja Transversal del Norte y de La Libertad en el Petén, así como la política de tierra arrasada que implementaron los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont entre 1980 y 1982 para hacerse con las regiones petroleras, muchos campesinos guatemaltecos tuvieron que salir huyendo de las comunidades que habitaban y se refugiaron en Chiapas, México.13

Los campesinos guatemaltecos estuvieron en calidad de refugiados hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre las Comisiones Permanentes de los representantes de los Refugiados y el gobierno de Guatemala, cuyos princiaples puntos fueron:4

    1. El retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria, expresada individualmente, llevado a cabo en forma colectiva y organizada, en condiciones de seguridad y dignidad.
    2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los retornados.
    3. Acompañamiento del retorno. Este consistiría en la persencia física del Procurador de los Derechos Humanos, la Iglesia, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Apoyo Internacional para el Retorno de Refugiados Guatemaltecos (GRICAR) conforme a sus respectivos mandatos, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
    4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo, de los retornados y miembros de las Comisiones Permanentes.
    5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
    6. Acceso a la tierra. A los retornados se les conferiría títulos provisionales o definitivos extendidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) u otra depdnencia del Estado. En caso de que a un retornado le fuera muy difícil reivindicar su derecho de propiedad, renunciaría a su derecho y el gobierno de Guatemala le suministraría otra tierra financiada a través del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) o el Fondo Nacional para la Tierra (FONATIERRA).
    7. Mediación, seguimiento y verificación: el gobierno de Guatemala manifestó su voluntad de mantenerse abierto a la solución de los problemas que se produjeran durante el retorno, mediante la Comisión Especial para la Atención de Refugiados y Desplazados (CEAR) y las Comisiones Permanentes.4

Aquel convenio fue el primer paso para llevar a cabo el retorno que se efectuó en 1995, y fue firmado por las siguientes personas:4

Institución Representantes
Gobierno de Guatemala
    • Presidente Jorge Serrano Elías
    • Sergio Mollinedo Buckely, Director Ejecutivo de CEAR
Comisiones Permanentes
    • Nicolás Rafael Cardona
    • Ricardo Curtz M. Francisco
    • Miguel Ordóñez Felip
    • Santos Juan Pedro
    • Herminio Cardona Díaz
    • Juan Coc Tut
    • Hermitaneo Monzón de León
    • José Sales Ramírez
    • Antonio Mosquera Aguilar, Asesor Jurídico
    • Alfonso Bauer Paiz, Asesor Jurídico
Instancia Mediadora
    • Ramiro de León Carpio, Procudador de los Derechos Humanos de Guatemala
    • Michel Gabuadan, Encargado de la Misión del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
    • Toribio Pineda, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
    • Jorge Mario Avila del Aguila, Presidente de la Instancia Mediadora
GRICAR
    • Patricia Fuller, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en Guatemala
    • Gilbert Faulques, Asuntos Humanitarios, Embajada de Francia en Guatemala
    • Michael Fruhlinh, Primer Secretario, Embajada de Suecia en Guatemala
    • Cecilia Olmos, Representante de ICVA

BIBLIOGRAFIA:

  1. Citation Resources (2013). «Guatemalan Oil Production and Exploration»Oil Council (en inglés) (Perth, Washington, Estados Unidos). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  2. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste»Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Acuerdos de Paz (1992). Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala. Colección IDIES.

22 de septiembre de 1984: Guatemala y España restablecen relaciones diplomáticas

Luego de que el gobierno guatemalteco reconociera la violación al derecho internacional en el asalto a la embajada española, Guatemala restablece relaciones diplomáticas con España

22septiembre1984
Casa de Nariño, en Bogotá, Colombia. En este recinto se firmó el comunicado conjunto por el que Guatemala y España reanudaron sus relaciones diplomáticas. En el recuadro: el generla Oscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala cuando se firmó el acuerdo. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Uno de los episodios más trágicos de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 fue la Quema de la Embajada de España en la capital del país el 31 de enero de 1980 el cual, aparte del costo en vidas humanas, resultó en el total aislamiento internacional del país.1

España y Guatemala reanudaron sus relaciones dipolomáticas hasta el 22 de septiembre de 1984, cuando ambos países firmaron un comunicado conjunto que satisfacía las exigencias del gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez.  Aquel documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de España, Fernando Morán, y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores, el licenciado Fernado Andrada Díaz-Durán.  En aquel documento, el gobierno guatemalteco reconoció que los trágicos sucesos del 31 de enero de 1980 constituyeron una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena, y aceptó las consecuencias jurídicas resultantes.1

El anfitrión de la reunión fue el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien fue felicitado por el rey Juan Carlos de España por haber jugado un papel decisivo en la mediación para lograr el acuerdo, firmado al medio día en el palacio presidencial de Nariño en Bogotá.  A la reunión asistieron también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares, y los cancilleres de Colombia y Venezuela.

Aunque el comunicado conjunto estaba listo desde el 22 de agosto, el canciller guatemalteco se excusó diciendo que no había firmado antes por no haber tenido ocasión y junto con el canciller español, reconoció que el acuerdo era «digno, justo, honorable y ecuánime«.1

He aquí la transcripción del comunicado:2

    1. Los Gobiernos de España y Guatemala han decidido restablecer, a partir del 22 de septiembre de 1984, sus relaciones diplomáticas y proceder, lo antes posible, al intercambio de los respectivos embajadores.
    2. El Gobierno de Guatemala reitera que lamenta profundamente los trágicos acontecimientos ocurridos el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España, con ocasión del allanamiento de que fue objeto.
    3. El Gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de la que ambos países son parte, y por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.
    4. En relación con tales hechos, el Gobierno de Guatemala ratifica que activará los procedimientos que llevan a deducir responsabilidad a que hubiere lugar de conformidad con su legislación interna.
    5. Se constituirá lo más pronto posible una comisión mixta hispano-guatemalteca de carácter técico para determinar, en un plazo de 12 meses, de acuerdo con el derecho internacional y dentro del espíritu de justicia y equidad, lo que proceda en relación con el numeral tercero.
    6. El gobierno de España toma nota del contenido del citado numeral, acepta las satisfacciones dadas por el Gobierno de Guatemala y ambos Gobiernos expresan su complacencia por la forma en que ha sido resuelto este asunto.
    7. Los Gobiernos de España y de Guatemala desean expresar su más profundo agradecimiento al señor presidente de la República de Colombia, doctor Belisario Betancur Cuartas, y al señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Augusto Ramírez Ocampo, así como al ex ministro doctor Rodrigo Joreda Caicedo, quienes, con gran espíritu de fraternidad hacia ambos pueblos, prestaron tan decisiva como generosa colaboración en las negociaciones que han permitido elaborar este comunicado.
    8. Asimismo, ambos gobiernos quieren dejar constancia de su agradecimiento a los de las Repúblicas de Venezuela y El Salvador, por haber representado, durante el tiempo en que estuvieron interrumpidas las relaciones diplomáticas, con tanta eficacia como dedicación sus respectivos intereses por haber contribuido a la solución de este asunto.2

En resumen, los principales puntos que tocó el comunicado fueron:1

    1. El asalto a la embajada fue calificado como allanamiento y el Gobierno de Guatemala presentó excusas por ello.
    2. Aunque Guatemala aceptó los efectos jurídicos de un ilícito internacional, reconociendo de hecho la obligación de indemnizar, esto no se mencionó en el comunicado conjunto.  El ejército guatemalteco, entonces en el poder, se oponía a cualquier reparación económica pues consideraba que todas las víctimas que formaban parte del grupo campesino que tomó la embajada estaba vinculadas con la guerrilla.
    3. Se decidió crear una comisión bilateral para decidir sobre las indemnizaciones.1
    4. No se mencionó en lo absoluto el embajador español Máximo Cajal, único sobreviviente de la tragedia, porque fue la única forma de conseguir el acuerdo1 ya que el estado guatemaltecado consideraba que Cajal había sido instrumental en la toma de su embajada al haber invitado al grupo de campesinos para que la utilizara para dar a conocer al mundo sus problemas, e incluso había invitado a dos reconocidos profesionales del derecho, el ex-canciller Adolfo Molina Orantes y el ex-presidente Eduardo Cáceres Lenhoff, para tener rehenes de peso en la embajada ese día.3

BIBLIOGRAFIA:

  1. Ceberio, Jesús (22 de septiembre de 1984). Guatemala reconoce la violación del derecho internacional en el asalto a la Embajada española en enero de 1980.  Madrid, España: El País.
  2. El País (22 de septiembre de 1984). Los ocho puntos del acuerdo de conciliación. Madrid, España: El País.
  3. La voz de Galicia (2004). «Acusan al exembajador en Guatemala de idear el asalto a la sede diplomática en 1980»La voz de Galicia(Galicia). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2014.