8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de “La Terminal” en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de “Prensa Libre” del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1  Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo.  Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital.  Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio.  Las emisoras fueron: “Radio Rumbos“, “Fabuestereo” y “Radio Progreso“, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6  Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7  Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4  Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas.  El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala. Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución.  México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920). Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).

10 de abril de 1963: Carta Fundamental de Gobierno

10abril1963
Palacio de Correos de la Ciudad de Guatemala en 2015. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por la siguientes Carta Fundamental de Gobierno:

Decreto-Ley número 8

El Jefe del Gobierno de la República

Considerando, que el Ejército de Guatemala al asumir transitoriamente el Gobierno de la República, lo hizo en forma absolutamente desinteresada, sin el menor deseo de perpetuarse en el poder, sino con el único fin de evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable, que permita al pueblo de Guatemala la elección libre de la persona que debe regir los destinos del país, sin presiones de ninguna especie;Nota_a

Considerando: que mientras esas finalidades se logren, se hace necesario garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y propiciar un ambiente de seguridad que les permita dedicarse a sus actividades normales, bajo el amparo de la autoridad, sin más restricciones que las que sean absolutamente necesarias para luchar contra la subversión comunista;Nota_b

Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta la siguiente

Carta Fundamental de Gobierno

Capítulo I Del Orden Público

Artículo 1°. El poder pública será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar.

Artículo 2°. El ministro de la Defensa Nacional será el Jefe del Gobierno de la República

Artículo 3°. El Jefe del Gobierno de la República ejerce las funciones ejecutivas y legislativas; y asume en consecuencia, la formación, promulgación y ejecución de las leyes así como la aprobación e improbación de los tratados y demás convenios internacionales.  Los deretos-leyes serán emitidos en Consejo de Ministros.Nota_c

Artículo 4°. La Corte suprema de Justicia y los demás tribunales y jueces tienen la potestad de administrar justicia conforme a las leyes, con independencia y en forma exclusiva.

Artículo 5°. Guatemla mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centro América y estará pronta a considerar toda actitud que lleve por fin su restauración.

Artículo 6°. La República de Guatemala cumplirá sus obligaciones internacionales; normará sus actos por los tratados, convenciones y pactos que tiendan a consolidad los principios fundamentales de la democracia.1

Capítulo II Nacionalidad

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 16°. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización, por daños y perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren los movimientos armados o los disturbios civiles.

Capítulo III Ciudadanía

Artículo 17. Son ciudadanos:

        1. Los guatemalatecos varones mayores de dieciocho años
        2. Las mujeres guatemaltecas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribirNota_d

[…]Artículo 20. La ciudadanía se pierde:

        1. Por la pérdida de la nacionalidad guatemalteca.
        2. Por prestación voluntaria de servicios a naciones en guerra con Guatemala o a los aliados de aquéllas, siempre que tales servicios implicaren traición a la patria.2, Nota_e

Capítulo IV Garantías Individuales

[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]

Artículo 23. Se estatuye el recurso de habeas corpus o de exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del detenido y a decretar su libertad si estuviere ilegalmente en detención.  No podrá ordenarse la libertad de quienes estuvieren sujetos a medidas de sguridad en aplicación de la ley de defensa de las instituciones democráticas.3, Nota_f

Artículo 24. El ejercicio de todos los derechos y el goce de las garantías individuales tendrá como límite las medidas de seguridad que dicte el Jefe del Gobierno.  Toda acción comunista individual o asociada es punible.Nota_f

Capítulo V Atribuciones del Jefe del Gobierno

Artículo 25. El Jefe del Gobierno ejerce sus funciones asistido del número de ministros de Estado que designe.

Artículo 26. Los ministros en todo lo referente a su gestión, serán solidariamente responsables con el Jefe del Gobierno.

Artículo 27. Son funciones del Jefe del Gobierno:

        1. Cumplir y hacer que se cumpla esta Carta fundamental y demás leyes de la República
        2. Proveer a la defensa del territorio nacional
        3. Prestar los auxilios necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia.
        4. […]
        5. Hacer todos los nombramientos de funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de acuerdo con las normas del servicio civil, los de las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con la sola excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala
        6. Decretar tasas e impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
        7. […]
        8. Aprobar o reprobar en Consejo de Ministros los contratos suscritos para la creación o el establecimiento de servicios públicos así como los que se refieran a la explotación de minas e hidrocarburos y demás recursos naturales en los casos que así lo exija la ley.Nota_g
        9. Suspender las garantías contenidas en esta carta en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.Nota_h

Artículo 28. El Jefe del Gobierno será asesorado por un consejo de Estado compuesto por lo menos de diez miembros representativos de los diferentes sectores del país y por la comisión de Asesoría Jurídica.

Capítulo VI Ejército

Artículo 29. El Ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el terriotrio, la soberanía e independencia de la nación, para la conservación de la seguridad interior y exterior y del orden público.  Se riege por sus leyes y reglamentos.

Artículos 30. La jurisdicción de los tribunales militares se extiende a los integrantes del Ejército de Guatemala, aun cuando no estén en servicio activo y a los civiles en los casos que determina la ley.[…]Nota_i

Artículo 39. El Jefe del Gobierno hará formular, aprobará y publicará el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presupuesto es uno e indivisible y no se podrán hacer más gastos que aquellos epxresamente previstos en él.[…]

Artículo 42. En caso de perturbación del orden público o de emergencia nacional, los servicios públicos podrán ser militarizados.

Artículo 43. No serán aplicables las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a esta Carta […].

Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y tres.

Publíquese y cúmplase.

        • Enrique Peralta Azurdia
        • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]4

NOTAS:

    • a: específicamente para elegir un candidato definitivamente anticomunista, definido a la usanza guatemalteca, es decir, que no estuviera en contra de la tradición criolla de posesión de la tierra y de capital.
    • b: es decir, gobernar en un perenne estado de sitio
    • c: el Jefe del Gobierno era dictador absoluto y emitía y ejecutaba las leyes que necesitaba, ya que el Congreso estaba disuelto
    • d: se incluía como ciudadanos a todos los varones sin distinción de raza ni educación, aunque las mujeres analfabetas quedaban excluídas
    • e: el comunismo internacional era considerado una nación en guerra con Guatemala
    • f: se restringían los derechos de los opositores, que eran acusados inmediatamente de comunistas.
    • g: esto fue aprovechado para que empresas internacionales escribieran una nueva Ley del Petróleo y una nueva Ley de Minería, que correspondían más a los intereses de las empresas particulares que al Estado de Guatemala.
    • h: bastaba con una acto opositor para que se declarara estado de sitio.
    • i: los miembros del ejército son juzgado por su propio fuero militar

BIBLIOGRAFIA:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de la Leyes de Guatemala, 1962-1963LXXXII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 21.
  2. Ibid., p. 23.
  3. Ibid., p. 24.
  4. Ibid., p. 25.

1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos

Como parte de la militarización del estado y de la sociedad tras el golpe de estado de 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia emite un decreto para militarizar los servicios públicos

1febrero1966
Locomotoras y vagones de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que se formó la década de 1960 luego de que la International Railways of Central America vendiera su chatarra al Estado, tras haberla usado desde 1908. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, jefe de gobierno de facto de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 en contra del presidente, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, significó la consolidación del modelo militar contrainsurgente en Guatemala, por medio de la Carta Fundamental de Gobierno incluída en el decreto 8 del 10 de abril de 1963 que sustituyó a la derogada constitución de 1956, lo que inició la militarización del estado y de la sociedad con el apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos, entonces a cargo del demócrata John F. Kennedy.  De hecho, el coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó todo el tiempo en permanente estado de sitio, con el criterio de que cualquier oposición política era comunista y podía ser reprimida legalmente.1

En este estado de cosas, a fin de evitar huelgas de los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que prestaban servicios públicos,  el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia emitió el siguiente decreto de emergencia nacional, para poder militarizar los servicios públicos en caso necesario e imponer fuertes castigos a quienes instagaran las huelgas o se resistieran a la militarización:2

Decreto-Ley número 422

Enrique Peralza Azurdia, Jefe del Gobierno de la República

Considerando: que es conveniente determinar expresamente los alcances y efectos de la militarización de servicios públicos, cuando dicha medida se tome con el fin de mantener la continuidad y eficiencia de tales servicios,

Por tanto, con base en el artículo 3° de la Carta Fundamental de Gobierno, en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°. En caso de emergencia nacional, o cuando el orden público o el interés social lo requieran, los servicios públicos podrán ser militarizados mediante acuerdo gubernativo emitido por el Jefe del organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Artículo 2°. Pueden ser militarizados los servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales, por entidades estatales descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o por empresas privadas.

Artículo 3°. Desde que se acuerde la militarización de cualquier servicio público, la administración del mismo quedará a cargo de la autoridad militar que se designe; y todo el personal, incluso el directivo y administrativo, de las dependencias, entidades o empresas de que se trate quedará sujeto a los tribunales militares por los hechos delictuosos que los miembros de dicho personal cometan con ocasión o motivo de la militarización, o del estado que la originó.  La expresada jurisdiccón se extenderá a los cuoatures cómplices y encubridores de tales hechos, aunque no pertenezcan al personal de la dependencia, entidad o empresa afectada.

Artículo 4°. La negativa o resistencia a cumplir con sus obligaciones o la inasistencia injustificada a sus labores, por cualquier tiempo, así como la negativa a cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, por parte de los miembros del personal a que se extienda la militarización, pondrán fin a la relación de trabajo, sin ninguna responabilidad para el Estado ni para los patronos y se sancionarán según las circunstancias, con la pena de dos a seis meses de arresto menor inconmutables.

Artículo 5°. Lo dispuestos en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad en que los infractores incurrieren, si los hechos fueren constitutivos de delitos más graves, ya sea por acción o por omisión, de conformidad con las leyes penales comunes y las del orden militar, en su caso.

Artículo 6°. Los procesados con motivo de la aplicación de esta ley, no podrán ser excarcelados bajo fianza de haz mientre dure la militarización de que se trate.

Artículo 7°. El Ministerio de la Defensa Nacional dictará las disposiciones y tomará las medidas que estime necesarias para mantener en forma normal y sin interrupción los servicios públicos militarizados, mantener el orden, proteger a los trabajadores que deseen seguir laborando, y salvaguardar los bienes de las dependencias, entidad o empresa respectiva.

Artículo 8°. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio Nacional: en la ciuad de Guatemala, a primero de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

Publíquese y cúmplase.

      • Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, Ministro de la Defensa Nacional
      • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Memoria del Silencio. Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyecto s de las Naciones Unidas. ISBN: 958- pp. 131-133
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1968) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1965-1966. LXXXIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 210-211.

14 de enero de 1986: Cerezo toma posesión

El licenciado Vinicio Cerezo toma posesión como presidente de la República. Es el primer presidente civil desde 1970.

14enero1986
El Palacio Nacional de Guatemala, sede del gobierno del licenciado Vinicio Cerezo. En el recuadro: Cerezo y su esposa, Raquel Blandón, junto con el Ministro de Relaciones Exteriores Mario Quiñones y su señora durante una visita oficial a la República Federal de Alemania (Alemania Occidental) en 1986. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras los golpes de estado de 1982 y 1983, el gobierno militar del general Oscar Humberto Mejía Vítores permitió la convocatoria de una Asamblea Constituyente que emitió una nueva constitución para la República en 1985, en base a la cual se realizaron elecciones en las que resultó electo el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo.  

El nuevo presidente tomó posesión de su cargo el 14 de enero de 1986, siendo el primer gobiernante civil en hacerlo desde 1970; pero, a diferencia de sus antecesores, la Constitución de 1985 le confería muy poco poder al ejecutivo, descentralizando numerosas atribuciones que antes eran responsabilidad del presidente de la República.  

En su discurso de inaguración, Cerezo hizo un resumen certero de la situación del país en el momento de la transición a los gobiernos civiles, los cuales reproducimos a continuación por su importancia histórica:

[…] Somos un pueblo al que por mucho tiempo se nos negó la expresión y muchos fuimos perseguidos por decir la verdad.  Hemos recuperado la palabra.

Somos un pueblo al que se nos decía qué hacer, y cómo hacerlo, sin preguntarnos jamás si nos parecía bueno o malo, si estaba de acuerdo con nuestra comunidad, con nuestra aldea, nuestra región, nuestra ocupación, nuestras ideas y aspiraciones, nuestro modo ancestral de vida, nuestras creencias.  Hemos recuperado nuestro derecho a participar. Muchos llegamos a ser extraños en nuestra propia tierra, y hoy regresamos a lo nuestro.1

[…] Era imprescindible, es cierto, el esfuerzo científico y profundo por saber exactamente lo que nos ha venido poasando, lo que nos pasa ahora y lo que nos podrá pasar como pueblo, como nación, como región, si no hacemos algo drástico y urgente por corregirlo.

Pero, por doloroso que esto sea, este conocimiento debemos compartirlo. Porque parte de nuestra crisis se debe a la ignorancia generalizada sobre lo que nos pasa, debido a una cuidadosa labor de desinformación y ocultamiento. […] No importa las razones, miles de vidas guatemaltecas han caído en esta espantosa vorágine […], y cientos de miles de nosotros hemos padecido de una u otra manera los efectos de este clima general de atropellos.2

Encontramos un país en las peores condiciones que jamás Mandatario alguno haya recibido esta Nación.  En la vida política los guatemaltecos nos encontramos con que la [fuerza] se constituyó en un permanente sustituto de la negociación y el compromiso; incapaces de resolver sus diferencias por el diálogo […] algunos guatemaltecos optaron por el absurdo y primitivo lenguaje del daño físico y la represalia armada.  Nuestra familia guatemalteca se ha visto miles de veces enlutada con una [fuerza] insensata y cruel, amparada en los más variados signos ideológicos.  Unos la emprendieron desde una decisión individual, al margen de toda ley, con el argumento de la defensa de sus privilegios y prerrogativas de que habían gozado ancestralmente.  Otros la emprendieron porque no veían otras salidas para defener sus derechos y reivindicaciones. Otros la emprendieron argumentado que era necesaria por su seguridad y el orden. Otros, en fin, la emprendieron desde un uso abusivo de posiciones de poder, sumándose así a los […] que nunca respetaron la convivencia de nuestra comunidad nacional.2

[…] No es necesario insistir aquí en los aspectos internacionales de la crisis económica y social, que el sufrido pueblo de Guatemala ha soportado como nadie, […] ya han hablado de manera certera sobre la injusticia del orden económico internacional y de cómo nuestras débiles economías se han visto devastadas en el torbellino de la recesión mundial.  Pero sí es necesario hablar de nuestra situación interna.  Si bien es cierto que la crisis internacional nos ha golpeado duramente por razones de sobra conocidas, también es cierto que internamente algunos guatemaltecos han puestos abundantes ingredientes para el desastre. […] También debemos reconocer grandes dosis de intolerancia e incomprensión, a la par que pareciera haberse entronizado una falta total de moral y de principios, contagiendo nuestra vida nacional de una corrupción generalizada y de una facilidad casi espontánea para el abuso de poder.3

Recibimos un país con las arcas vacías, producto de la mala administración de los anteriores gobiernos y de la corrupción.  Recibimos una situación económica desastrosa y crítica sin precedentes: la actividad económica se ha ido reduciendo, con importantes desequilibrios en el comercio internacional y en las finanzas del sector público.  Se han encogido los ahorros y la inversión y tenemos márgenes muy estrechos para superar esos desequilibrios y adoptar una acertada política económica.  No hay fondos para iniciar proyectos nuevos y no hay recursos suficientes para financiar los gastos de funcionamiento del gobierno. Nuestra deuda externa es cuatro veces el valor anual de nuestras exportaciones, y han hipotecado el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos; por esta eduda, cada guatemalteco debe 320 dólares.3

Demasiados guatemaltecos están sin trabajo. Y los que tienen un salario, lo han visto encogerse de manera angustiante: a pesar de los aumentos, cada vez se puede comprar menos y pagar menos porque nuestra moneda vale menos y las cosas cada vez valen más. […] Hoy cada guatemalteco [en promedio] dispone de un quetzal diario para su alimentación, su vivienda, su educación, su transporte y su salud.  Pero la realidad es más cruel y más dura. Porque sabemos que unos pocos guatemaltecos tienen mucho más que eso, y otros muchos no tienen nada.3

Somos ocho millones.  Cinco millones de nuestros hermanos viven en estado de pobreza.  Todavía mueren muchos de nuestros niños al nacer.  Y de los que viven, solamente uno de cada tres no está desnutrido.  Los otros dos están condenados a no comer bien, a que su cerebro no se desarrolle bien, a no tener suficientes fuerzas para el trabajo y el estudio y a la ignominia de que otros guatemaltecos le digan más tarde que es un tonto y un haragán; que le reclamen una higiene y una limpieza a la que nunca he tenido acceso y le exijan un comportamiento y una educación que jamás han podido estar a su alcance.4

Y si las condiciones de vida de la mayoría de nuestros conciudadanos son en verdad precarias, todavía más cruel ha resultado nuestra historia reciente cuando le permitieron organizarse para decir lo que pensaba y defender colectivamente sus derechos.  Se reprimió la organización libre de los ciudadanos y sus entidades representativas.  Muchos de los líderes y voceros de nuestro pueblo conocieron la muerte y el exilio.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Departamento de Recopilación de Leyes (1987).  Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1986.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. i.
  2. Ibid., p. ii.
  3. Ibid., p. iii.
  4. Ibid., p. iv.

12 de diciembre de 1996: firman acuerdo para retorno de la URNG a la legalidad

En Madrid, España, el gobierno de Alvaro Arzú y los comandantes guerrilleros firman un acuerdo que permite la incorporación de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URGN) a la legalidad

Palacio Nacional de la Cultura
Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala en 2016. En 1996 todavía era l sede del gobierno. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

En octubre de 1996 las conversaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) estaban bastante avanzados y se pensaba llegar pronto a un Acuerdo de Paz Firme y Duradera.  Sin embargo, el 19 de octubre las fuerzas de seguridad del Estado capturaron al comandante Isaías, de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), porque éste estaba involucrado en el secuestro de la empresaria Olga Alvarado de Novella, miembro de una de las familias más poderosas en el país, y a quien las autoridades canjearon por el detenido, bajo la premisa de que existía riesgo para la vida de su vida en una acción “humanitaria”.  Por esta razón, el 28 de octubre el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, informó que se suspendía el encuentro que debía realizarse en la ciudad de México entre la Comisión de Paz (COPAZ) y la Comandancia General de la URNG.

El Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido por el ex-presidente general Efraín Ríos Mont (y entonces el principal partido de oposición tras perder por escaso margen las elecciones presidenciales de 1996), se apresuró a desprestigiar el proceso de paz y acusaron al presidente y a los ministros de Defensa y Gobernación de violación del mandato constitucional por el canje de la empresaria y el guerrillero. Sectores del Ejército pidieron la suspensión de la desmovilización de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) que se estaban dando como parte de los acuerdos que ya se habían logrado, y también solicitaron que se movilizaran efectivos militares.1

Las organizaciones de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales, campesinas, la Alianza Contra la Impunidad y la Oficina de Información del Arzobispado exigieron explicaciones a la URNG, quien reconoció el 30 de octubre que “asumía la responsabilidad política a razón de que quienes habían realizado el secuestro pertenecían a una de sus organizaciones. Pero no puede en rigor asumir la responsabilidad de algo que estuvo totalmente fuera de su control”. Además, para salvar su imagen, la URGN y la ORPA expulsaron al comandante Isaías de sus filas, y pidieron disculpas a la sociedad guatemalteca reconociendo que habían puesto en peligro el proceso de paz. También pidieron al Ejecutivo abordar de inmediato el tema del Cese al Fuego Definitivo, el cual es firmado el 4 de diciembre de 1996, en Oslo.1

La URNG siguió dando muestras de buena voluntad ya que tres días después, el comandante Gaspar Ilom, (cuyo verdadero nombre era Rodrigo Asturias, hijo del fallecido escritor Miguel Angel Asturias) máximo responsable de ORPA, se retiró voluntariamente de la mesa de negociaciones para “contribuir a allanar dificultades y garantizar condiciones ecuánimes y favorables en la culminación del proceso” y fue sustituido por Jorge Edilberto Rosal Meléndez.1

De esta forma, el 12 de diciembre, en Madrid, los representantes del gobierno guatemalteco y de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de URNG a la Legalidad. A partir de ese momento, la Comandancia General, antes compuesta por un miembro de cada una de las cuatro organizaciones integrantes, ahora añadió a cinco del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), a tres de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), a dos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y a uno del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), en proporción al número de militantes que poseían cada una en el momento de la fusión.1

Con la actitud del Gobierno y del Ejército a dar la oportunidad a la URNG de rectificar ante el secuestro de la empresaria finalmente hubo buena voluntad de ambas partes de llegar por a una paz definitiva. El Partido de Avanzada Nacional, del presidente Alvaro Arzú adoptó una posición conciliadora con la guerrilla y con los grupos extremistas del Ejército aunque siempre adoptando una política económica y social extremadamente neoliberal que se decanta totalmente a favor de las élites sociales.2

Por su parte, a partir de este momento, el gobierno de los Estados Unidos inicialmente adoptó una posición en que la no apoyaría ningún golpe de Estado militares e incluso lo haría fracasar, pero conforme las potencias emergentes de China y Rusia empezaron a mostrar un mayor interés en la región centroamericana, el gobierno estadounidense empezó a implementar políticas para realizar golpes de estado blandos, creando la Comisión Internacional internacionales contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), la cual, aprovechando las eternas diferencias entre los grupos élites guatemaltecos y haciéndole creer a la población que sus débiles manifestaciones en una plaza frente a un Palacio vacío convertido en Museo han obligado a los gobiernos de turno a cambiar de rumbo o a renunciar.  De esta forma, el gobierno estadounidense mantiene un rígido control sobre los gobiernos locales y evita el ingreso de otras potencias en el país.3

Las partes principales de aquel Acuerdo se reproducen a continuación:4

Considerando que el origen del enfrentamiento armado interno que durante más de tres décadas ha vivido Guatemala estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954;

Considerando que frente a una situación de injusticia social y económica, incluyendo prácticas discriminatorias en contra de los pueblos indígenas, y la negación sistemática de los derechos y garantías individuales y sociales, asiste a los pueblos el derecho a buscar las transformaciones democráticas necesarias;

[…] Considerando que el proceso de negociación para la búsqueda de la solución política al enfrentamiento armado interno lleva implícito para su culminación el establecimiento de una serie de medidas para la incorporación de la URNG a la legalidad;

Reconociendo la determinación de la URNG de convertir sus fuerzas político militares en un partido político debidamente acreditado y cuya acción se enmarque dentro del ordenamiento jurídico nacional;

[…]Llamando al Estado en su conjunto, a todos los sectores de la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional a que acompañen y contribuyan a la realización del proceso de incorporación de la URNG;

El Gobierno de Guatemala y la URNG (en adelante “las Partes”) acuerdan lo siguiente:

I. Definiciones

1. Se entiende por incorporación de la URNG a la legalidad, el proceso mediante el cual sus miembros se integrarán a la vida política, económica, social y cultural en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos.

2. El proceso de incorporación de los miembros de la URNG se iniciará con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y deberá desembocar en su incorporación sostenible a la vida ciudadana del país. […]

3. La fase de incorporación inicial comprende dos regímenes en función de la situación de los miembros de la URNG:

(a) El régimen aplicable a los integrantes de los distintos frentes guerrilleros y a otros combatientes […]

(b) El régimen aplicable a los demás miembros de la URNG, integrantes de la estructura política interna y guatemaltecos integrantes de la estructura internacional de apoyo que no sean sujetos al proceso de desmovilización. 

4. El Gobierno de Guatemala y la URNG se comprometen a hacer lo necesario para el cumplimiento de la etapa de incorporación inicial y solicitan para ello el apoyo de la cooperación internacional. Para llevar a cabo el programa […] se establecerá una Comisión Especial de Incorporación con la participación del Gobierno de Guatemala, de la URNG así como de los donantes y cooperantes, estos últimos con carácter consultivo. […]

5. Después de un año […] los beneficiarios de ambos regímenes podrán acceder a servicios de más largo plazo que ofrezca el Gobierno […] destinados a asegurar una incorporación sostenible a la vida económica, social y cultural del país, en igualdad de condiciones que el resto de la población guatemalteca. […]

6. Se entiende por programa de incorporación de la URNG el conjunto de medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de seguridad, así como subprogramas y proyectos que deben asegurar el éxito del proceso de incorporación. […]

II. Objetivos y principios

7. El programa de incorporación buscará establecer las mejores condiciones para la incorporación de los miembros de la URNG a la vida […] del país en un marco de seguridad y dignidad.

8. La fase de incorporación inicial buscará dotar a los miembros de la URNG […] de los medios necesarios para iniciar su incorporación sostenible […]

10. El Gobierno de Guatemala se compromete a garantizar las condiciones políticas, jurídicas y de seguridad, y promover las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer posible la realización del programa de incorporación.

III. Componentes del programa de incorporación

A. Area Jurídica

17. El Gobierno de la República promoverá ante el Congreso de la República un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional cuyo objetivo será […] promover una cultura de concordia y respeto mutuo que elimine toda forma de revancha o venganza, al mismo tiempo que preserve los derechos fundamentales de las víctimas, como condiciones indispensables para una paz firme y duradera.

18. Se reconoce el derecho inalienable de toda sociedad a conocer la verdad, por lo que la Ley de Reconciliación Nacional encargará a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca […]

19. Con base en el principio de que toda violación de un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar, la Ley dispondrá que una entidad estatal tenga a su cargo una política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. La entidad encargada tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

20. Con miras a favorecer la reconciliación nacional, sin desatender la necesidad de combatir la impunidad, la Ley de Reconciliación Nacional incluirá una figura legal que permita la incorporación de los miembros de la URNG a la legalidad.

21. En relación con la figura legal indicada en el párrafo anterior, la Ley de Reconciliación Nacional declarará la extinción de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos […] y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional, y contra la administración pública.

Delitos comunes conexos

22. […]la Ley de Reconciliación Nacional declarará igualmente la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes conexos […], entendiéndose por tales aquéllos que directa, objetiva, intencional y causalmente tengan relación con la comisión de los delitos políticos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de los cuales no se demuestre que tuvieron como móvil un fin personal.

23. Para quienes por mandato institucional estuvieron involucrados en el enfrentamiento armado interno, la Ley de Reconciliación Nacional contendrá disposiciones específicas […] en el sentido de que declararán la extinción de la responsabilidad penal por los delitos comunes perpetrados con la finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes conexos […] siempre que no fuere probado que no existe relación entre el hecho delictivo y la finalidad preceptuada.

24. Las disposiciones contenidas en la referida Ley de Reconciliación Nacional, que declaren la extinción de la responsabilidad penal, en ningún caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la extinción de la responsabilidad penal […]

28. Para el cumplimiento del proceso de desmovilización de los miembros de la URNG, pactado en el Acuerdo sobre definitivo cese al fuego, la Ley de Reconciliación Nacional establecerá la extinción total de la responsabilidad penal de los autores, cómplices y encubridores de los delitos […] que cometieren dichos miembros hasta el día en que concluyan su desmovilización, conforme a los términos, condiciones y plazos convenidos en el referido Acuerdo. […]

29. Como consecuencia de las condiciones en que se ha desenvuelto el enfrentamiento armado interno, una gran parte de miembros de la URNG carecen de documentación personal. […] Para facilitar una inmediata solución a este problema, el Gobierno de la República se compromete a promover ante el Congreso de la República las reformas que correspondan […] 

31. Se agilizarán los trámites para la nacionalización de los hijos de guatemaltecos miembros de la URNG nacidos en el extranjero.

B. Area política

34. Con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los miembros de la URNG, al igual que todo ciudadano, gozarán del pleno ejercicio de todos sus derechos y libertades fundamentales […], comprometiéndose ellos al cumplimiento de todos sus deberes y obligaciones.

35. El Gobierno de la República considera que la transformación de la URNG en un partido político debidamente acreditado ante los organismos respectivos constituye un aporte al fortalecimiento del Estado de derecho y al afianzamiento de una democracia pluralista.

C. Area de Seguridad

36. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas y a garantizar las condiciones necesarias para hacer efectivos los derechos ciudadanos de los miembros de la URNG, particularmente el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad física. 

37. El Gobierno prestará particular atención a toda denuncia acerca de hechos atentatorios contra la seguridad de los miembros de la URNG

D. Area socieconómica

40. El Gobierno de la República se compromete a tomar las medidas administrativas necesarias para el reconocimiento, homologación, validación y legalización de los estudios […] realizados por los miembros de la URNG, mediante mecanismos adecuados de evaluación y nivelación.

42. Como parte de los subprogramas de incorporación, los miembros de la URNG podrán ser acreedores de becas, bolsas de estudio o cualquier otro mecanismo de apoyo para la continuidad de sus estudios, con la cooperación del Gobierno […]

F. Subprogramas especiales

50. Como consecuencia del enfrentamiento armado interno, existe un sector de la población discapacitado, considerado entre los más vulnerables y afectados por el conflicto, el cual requiere de una atención específica y prioritaria dentro del programa previsto en el presente Acuerdo.

53. Las Partes convienen en adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto.

54. El Gobierno de la República se compromete a colaborar con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en lo relativo al tema de los detenidos y desaparecidos de la URNG y a aportar todos los elementos, medidas pertinentes e información que conduzcan a la recuperación de los restos de miembros de la URNG, incluyendo sus combatientes caídos en combate.

IV. Arreglos institucionales

55. Esta fase será financiada con recursos del Gobierno de la República y contribuciones de la comunidad internacional.

56. Las Partes convienen en la creación de la Comisión Especial de Incorporación, que estará integrada por un número igual de representantes del Gobierno de la República y de la URNG, y representantes de los donantes, cooperantes y agencias de cooperación internacional, estos últimos con carácter consultivo […]

V. Disposiciones finales.

Primera. El presente Acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y entrará en vigencia en el momento de la firma de este último […]

Madrid, 12 de diciembre de 1996.

Por el Gobierno de Guatemala:
    • Gustavo Porras Castejón
    • General de Brigada, Otto Pérez Molina
    • Richard Aitkenhead Castillo
    • Raquel Zelaya Rosales

Por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca:

    • Comandante Pablo Monsanto
    • Comandante Rolando Morán
    • Carlos González
    • Jorge Rosal

Por las Naciones Unidas:

  • Jean Arnault

BIBLIOGRAFIA:

  1. Sicher Moreno, Gonzalo (). Fracasos con gobiernos reformistas y éxito con la derecha en los diálogos de paz de Guatemala. Afers Internacionals, núm. 42, p. 138.
  2. Ibid., p.139.
  3. Porras Castejón, Gustavo (junio de 2015). «Los Estados Unidos y su nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas»Plaza Pública (Guatemala). Archivado desde el original el n.d.
  4. Gobierno de Guatemala, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (12 de diciembre de 1996) Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Madrid.

2 de noviembre de 1966: declaran estado de sitio en todo el país

El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro declara estado de sitio en todo el país debido a la actividad de la guerrilla en oriente.

2noviembre1966
Sección del Mapa en Relieve de Guatemala que muestra la Sierra de las Minas, con el río Polochic al norte y el río Motagua al sur. Ésta fue la región en donde desarrolló su actividad militar la guerrilla guatemalteca en 1966, y la que combatió el ejército. En el recuadro, el comandante guerrillero Luis Turcios Lima, de las Fuerzas Armadas Rebeldes quien murió el 2 de octubre de 1966 a los 25 años de edad en un accidente automovilístico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Comunicarte.

El licenciado Julio César Méndez Montenegro tomó posesion de la presidencia de Guatemala el 1 de julio de 1966, lo cual dió a la guerrilla izquierdista la esperanza inicial de un cambio en el enfoque del gobierno, hasta entonces controlado por el Ejército de Guatemala.1

Pero, de acuerdo al escritor izquierdista y ex-vicepresidente de la República, Francisco Villagrán Kramer, el presidente Méndez Montenegro tuvo que firmar un pacto secreto con el Ejército para poder gobernar, y éste inició una fuerte ofensiva contra los insurgentes, a la que llamó “campaña de pacificación“.1  Entonces, entre julio y septiembre de 1966, los delegados de las dos organizaciones guerrilleras comunistas que existían en Guatemala -el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR)- se entrevistaron para discutir sus diferencias.  Estos delegados eran César Montes y Marco Tulio Yon Sosa.2

Como resultado de lo convenido, el 10 de septiembre las FAR difundieron un comunicado en el que anunciaban su decisión de suspender las acciones militares, esperando que el Gobierno realizara reformas democráticas profundas y rechazando cualquier presión por parte del Ejército. Mientras tanto, su comandante Luis Augusto Turcios Lima (ex-militar graduado de la Escuela Politécnica de 25 años de edad) redactó el primer plan de campaña nacional llamado “Nuestras tareas fundamentales en la situación actual y nuestra preparación para una inminente campaña en el futuro“. En este plan, preveían que luego de la ofensiva política iban a emprender una fuerte ofensiva militar centrada en la Sierra de Las Minas con nuevo armamento.2

Pero el 2 de octubre de ese año, ya en medio de la ofensiva militar, Turcios Lima murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de Guatemala. Tras su muerte, César Montes se convirtió en el nuevo comandante de las FAR, aunque la muerte Turcios Lima dejó al movimiento revolucionario sin una línea realista para enfrentar la guerra, y sin un comandante efectivo que hiciera responder a toda la organización.2

Además, el 2 de noviembre de 1966, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro emitió el decreto 621, por medio del cual suspendió las garantías constitucionales, argumentado que las medidas para lograr la “concordia nacional en el llamado del gobierno democrático surgido de las elecciones generales del 6 de marzo habían sido contestados declinando los beneficios de la amnistía y con actividades conspirativas”.2

El gobierno de Méndez Montegro fue prorrogando poco a poco el Estado de sitio hasta el 2 de abril de 1967 por medio de los decretos 622, 623 y 624. Por su parte, la campaña de pacificación del Ejército concluyó en agosto, resultando en la primera derrota militar de las fuerzas guerrilleras, que tuvieron que empezar prácticamente desde cero a partir de ese momento.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Figueroa Ibarra, Carlos, et al. (2013) Guatemala: Historia reciente (1954-1996). La dimensión revolucionaria. II. Guatemala: FLACSO, p. 77.
  2. Ibid., p. 78.
  3. Ibid., p. 79.

8 de octubre de 1992: gobierno firma acuerdo con Comisiones Permanentes de refugiados en México

Se firma acuerdo entre las Comisiones Permanentes de refugiados guatemaltecos en México y el gobierno de Guatemala

8octubre1992
Mapa que muestra la Franja Transversal del Norte y el departamento de Petén, región de donde procedían los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Nótese que la región es selvática y que se encuentra al norte de los Cuchumatanes. En el recuadro: el logo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien medió en el acuerdo de 1992. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Debido a los cruentos combates entre el Ejército y el Ejército Guerrillero de los Pobres y las Fuerzas Armadas Rebeldes en las regiones petroleras de la Franja Transversal del Norte y de La Libertad en el Petén, así como la política de tierra arrasada que implementaron los gobiernos de Fernando Romeo Lucas García y Efraín Ríos Mont entre 1980 y 1982 para hacerse con las regiones petroleras, muchos campesinos guatemaltecos tuvieron que salir huyendo de las comunidades que habitaban y se refugiaron en Chiapas, México.1-3

Los campesinos guatemaltecos estuvieron en calidad de refugiados hasta que finalmente se firmó un acuerdo entre las Comisiones Permanentes de los representantes de los Refugiados y el gobierno de Guatemala, cuyos princiaples puntos fueron:4

    1. El retorno de los refugiados tiene que ser una decisión voluntaria, expresada individualmente, llevado a cabo en forma colectiva y organizada, en condiciones de seguridad y dignidad.
    2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los retornados.
    3. Acompañamiento del retorno. Este consistiría en la persencia física del Procurador de los Derechos Humanos, la Iglesia, el Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Grupo de Apoyo Internacional para el Retorno de Regugiados Guatemaltecos (GRICAR) conforme a sus respectivos mandatos, y organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
    4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo, de los retornados y miembros de las Comisiones Permanentes.
    5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria.
    6. Acceso a la tierra. A los retornados se les conferiría títulos provisionales o definitivos extendidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) u otra depdnencia del Estado. En caso de que a un retornado le fuera muy difícil reivindicar su derecho de propiedad, renunciaría a su derecho y el gobierno de Guatemala le suministraría otra tierra financiada a través del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) o el Fondo Nacional para la Tierra (FONATIERRA).
    7. Mediación, seguimiento y verificación: el gobierno de Guatemala manifestó su voluntad de mantenerse abierto a la solución de los problemas que se produjeran durante el retorno, mediante la Comisión Especial para la Atención de Refugiados y Desplazados (CEAR) y las Comisiones Permanentes.4

Aquel convenio fue el primer paso para llevar a cabo el retorno que se efectuó en 1995, y fue firmado por las siguientes personas:4

Institución Representantes
Gobierno de Guatemala
    • Presidente Jorge Serrano Elías
    • Sergio Mollinedo Buckely, Director Ejecutivo de CEAR
Comisiones Permanentes
    • Nicolás Rafael Cardona
    • Ricardo Curtz M. Francisco
    • Miguel Ordóñez Felip
    • Santos Juan Pedro
    • Herminio Cardona Díaz
    • Juan Coc Tut
    • Hermitaneo Monzón de León
    • José Sales Ramírez
    • Antonio Mosquera Aguilar, Asesor Jurídico
    • Alfonso Bauer Paiz, Asesor Jurídico
Instancia Mediadora
    • Ramiro de León Carpio, Procudador de los Derechos Humanos de Guatemala
    • Michel Gabuadan, Encargado de la Misión del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
    • Toribio Pineda, Comisión de Derechos Humanos de Guatemala
    • Jorge Mario Avila del Aguila, Presidente de la Instancia Mediadora
GRICAR
    • Patricia Fuller, Segundo Secretario, Embajada de Canadá en Guatemala
    • Gilbert Faulques, Asuntos Humanitarios, Embajada de Francia en Guatemala
    • Michael Fruhlinh, Primer Secretario, Embajada de Suecia en Guatemala
    • Cecilia Olmos, Representante de ICVA

BIBLIOGRAFIA:

  1. Citation Resources (2013). «Guatemalan Oil Production and Exploration»Oil Council (en inglés) (Perth, Washington, Estados Unidos). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  2. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste»Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Acuerdos de Paz (1992). Acuerdo suscrito entre las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México y el Gobierno de Guatemala. Colección IDIES.

22 de septiembre de 1984: Guatemala y España restablecen relaciones diplomáticas

Luego de que el gobierno guatemalteco reconociera la violación al derecho internacional en el asalto a la embajada española, Guatemala restablece relaciones diplomáticas con España

22septiembre1984
Casa de Nariño, en Bogotá, Colombia. En este recinto se firmó el comunicado conjunto por el que Guatemala y España reanudaron sus relaciones diplomáticas. En el recuadro: el generla Oscar Humberto Mejía Víctores, presidente de facto de Guatemala cuando se firmó el acuerdo. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Uno de los episodios más trágicos de la guerra civil que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 fue la Quema de la Embajada de España en la capital del país el 31 de enero de 1980 el cual, aparte del costo en vidas humanas, resultó en el total aislamiento internacional del país.1

España y Guatemala reanudaron sus relaciones dipolomáticas hasta el 22 de septiembre de 1984, cuando ambos países firmaron un comunicado conjunto que satisfacía las exigencias del gobierno español, entonces presidido por Adolfo Suárez.  Aquel documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de España, Fernando Morán, y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores, el licenciado Fernado Andrada Díaz-Durán.  En aquel documento, el gobierno guatemalteco reconoció que los trágicos sucesos del 31 de enero de 1980 constituyeron una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena, y aceptó las consecuencias jurídicas resultantes.1

El anfitrión de la reunión fue el presidente de Colombia, Belisario Betancur, quien fue felicitado por el rey Juan Carlos de España por haber jugado un papel decisivo en la mediación para lograr el acuerdo, que fue firmado al medio día en el palacio presidencial de Nariño en Bogotá.  A la reunión asistieron también el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joao Baena Soares, y los cancilleres de Colombia y Venezuela.

Aunque el comunicado conjunto estaba listo desde el 22 de agosto, el canciller guatemalteco se excusó diciendo que no había firmado antes por no haber tenido ocasión y junto con el canciller español, reconoció que el acuerdo era “digno, justo, honorable y ecuánime“.1 

He aquí la transcripción del comunicado:2

    1. Los Gobiernos de España y Guatemala han decidido restablecer, a partir del 22 de septiembre de 1984, sus relaciones diplomáticas y proceder, lo antes posible, al intercambio de los respectivos embajadores.
    2. El Gobierno de Guatemala reitera que lamenta profundamente los trágicos acontecimientos ocurridos el 31 de enero de 1980 en la Embajada de España, con ocasión del allanamiento de que fue objeto.
    3. El Gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de la que ambos países son parte, y por lo tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.
    4. En relación con tales hechos, el Gobierno de Guatemala ratifica que activará los procedimientos que llevan a deducir responsabilidad a que hubiere lugar de conformidad con su legislación interna.
    5. Se constituirá lo más pronto posible una comisión mixta hispano-guatemalteca de carácter técico para determinar, en un plazo de 12 meses, de acuerdo con el derecho internacional y dentro del espíritu de justicia y equidad, lo que proceda en relación con el numeral tercero.
    6. El gobierno de España toma nota del contenido del citado numeral, acepta las satisfacciones dadas por el Gobierno de Guatemala y ambos Gobiernos expresan su complacencia por la forma en que ha sido resuelto este asunto.
    7. Los Gobiernos de España y de Guatemala desean expresar su más profundo agradecimiento al señor presidente de la República de Colombia, doctor Belisario Betancur Cuartas, y al señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Augusto Ramírez Ocampo, así como al ex ministro doctor Rodrigo Joreda Caicedo, quienes, con gran espíritu de fraternidad hacia ambos pueblos, prestaron tan decisiva como generosa colaboración en las negociaciones que han permitido elaborar este comunicado.
    8. Asimismo, ambos gobiernos quieren dejar constancia de su agradecimiento a los de las Repúblicas de Venezuela y El Salvador, por haber representado, durante el tiempo en que estuvieron interrumpidas las relaciones diplomáticas, con tanta eficacia como dedicación sus respectivos intereses por haber contribuido a la solución de este asunto.2

En resumen, los principales puntos que tocó el comunicado fueron:1

    1. El asalto a la embajada fue calificado como allanamiento y el Gobierno de Guatemala presentó excusas por ello.
    2. Aunque Guatemala aceptó los efectos jurídicos de un ilícito internacional, reconociendo de hecho la obligación de indemnizar, esto no se mencionó en el comunicado conjunto.  El ejército guatemalteco, entonces en el poder, se oponía a cualquier reparación económica pues consideraba que todas las víctimas que formaban parte del grupo campesino que tomó la embajada estaba vinculadas con la guerrilla.
    3. Se decidió crear una comisión bilateral para decidir sobre las indemnizaciones.1
    4. No se mencionó en lo absoluto el embajador español Máximo Cajal, único sobreviviente de la tragedia, porque fue la única forma de conseguir el acuerdo1 ya que el estado guatemaltecado consideraba que Cajal había sido instrumental en la toma de su embajada al haber invitado al grupo de campesinos para que la utilizara para dar a conocer al mundo sus problemas, e incluso había invitado a dos reconocidos profesionales del derecho, el ex-canciller Adolfo Molina Orantes y el ex-presidente Eduardo Cáceres Lenhoff, para tener rehenes de peso en la embajada ese día.3

BIBLIOGRAFIA:


8 de septiembre de 1969: crean el Comité Nacional de Emergencia

Tras el desastre provocado por el huracán Francelia, el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro crea el Comité Nacional de Emergencia

8septiembre1969
Mapa de la región afectada por las lluvias del huracán Francelia en septiembre de 1969. En el recuadro: el huracán cuando alcanzó su máxima intensidad en el Golfo de Honduras. Imágenes tomadas del reporte de la AID y Wikimedia Commons.

Uno de los peores desastres naturales sufridos por Guatemala fue el huracán Francelia, que afectó el territorio del país a principios de septiembre de 1969, resultando en 269 muertos, 8,521 evacuados y 10,200 personas sin hogar.  El huracán, de categoría 3, dañó los cultivos y destruyó caminos, puentes, vías férreas y postes de transmisión eléctrica.1

Hacia el anochecer del 5 de septiembre, Francelia había dejado caer casi 50 centímetros de lluvia en el país, provocando torrentes que descendieron de las montañas del altiplano, los cuales inundaron partes de la costa del Pacífico  en un área de hasta de 15 a 20 kilómetros tierra adentro.  Estos torrentes fueron una combinación de inundaciones repentinas, derrumbes, y de ríos y canales desbordados; incluso el cráter del Volcán de Agua se rebalsó.  Los municipios más afectados fueron Tiquisate, San José, Escuinta, Masagua, en el departamento de Escuintla, Chiquimulilla en el departamento de Santa Rosa, y Amatitlán en el departamento de Guatemala.2 Todos, a excepción de Amatitlán, están ubicados en la costa del océano Pacífico.

Los deslaves fueron tan grandes, que en el centro de Amatitlán se llegó a medir el lodo a la altura de los hombros.  Por su parte, la carretera Panamericana quedó interrumpida en varias secciones debido a que dos puentes se desmoronaron, uno de ellos en el kilómetro 124 cerca de Los Encuentros.  Un derrumbe entre Quetzaltenango y Huehuetenango dejó interrumpido el tráfico con México, mientras que hubo otro de 4 kilómetros de largo en Los Encuentros.  En los municipios de Chinique y Sacapulas del departamento de Quiché también se reportaron grandes derrumbes.  Para el 6 de septiembre, las fuertes lluevias cesaron y el agua empezó a retroceder en algunos lugares. 3

Como resultado, el presidente de Guatemala, licenciado Julio César Méndez Montenegro estableció el Comité Nacional de Emercencia, por medio de un acuerdo guberantivo del 8 de septiembre de 1969.  Este nuevo comité estaba dirigido por el Ministro de la Defensa y, en teoría, era el centro de control de la ayuda y recuperación del desastre.  Sin embargo, en la práctica, esto no ocurrió ya que la mayoría de organizaciones benéficas, por diversas razones, prefirieron actuar por su cuenta, resultado en áreas que recibieron doble aporte, y otras que no fueron atendidas.  Estas organizaciones fueron la Cruz Roja Guatemalteca, el Ejército, la Fuerza Aérea, los diferentes cuerpos de bomberos del país, algunos partidos políticos, numeros comités locales e incluso personas individuales. 4

Aparte de la ayuda de emergencia, el gobierno empezó de inmediato las reparaciones de los principales caminos y puentos que habían sido destruidos.  Esto fue prioritario por las graves pérdidas económicas que se incurrieron por la falta de comunicación terrestre con México.  Para esto, el gobierno solicitó al gobierno de los Estados Unidos que lo ayuda con puentes tipo Bailey, que fueron instalados en los ríos Achiguate y Guacalate entre septiembre y noviembre de ese año.4

Para manejar este tipo de desastres, el gobierno decidió que el Comité Nacional de Emergencia se convirtiera en una institución permanente, que eventualmente se convirtió en el Comité Nacional de Reconstrucción y Prevención de Desastres, CONRED.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Agency for International Development. (1970) Foreign disaster emergency relief. 10. p. 115. (en inglés). Estados Unidos: Departmento de Estado. 
  2. Ibid., p. 118.
  3. Ibid., p. 119.
  4. Ibid., p. 121.

7 de septiembre de 1980: masiva manifestación anticomunista

Se realiza la manifestación anticomunista convocada por el Comité de Acción Nacional para la Defensa de la Democracia y la Libertad

7septiembre1980
Así lucía el Parque Central de la Ciudad de Guatemala en 1980. Nótese los autos estacionados alrededor del parque. En el recuadro: los efectos de la bomba que pusieron los guerrilleros el 5 de septiembre para intentar evitar que se realizara la manifestación del 7. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Velmax.

En la Quema de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 murieron decenas de campesinos, guerrilleros, estudiantes universitarios y algunos altos funcionarios derechistas guatemaltecos que el embajador español había invitado ese día, luego de que las fuerzas de seguridad del estado intentaran entrar por la fuerza a las las instalaciones. El grupo izquierdista había intentado hacer púbicas sus quejas de la situación que estaba ocurriendo en el norte del departamento de Quiché, pero fue acallado brutalmente, a pesar de la inviolabilidad diplomática de la embajada y de la presencia de los prestigiosos funcionarios guatemaltecos.1-5 Este hecho provocó altos costos políticos al gobierno de Lucas García, y desató mayor represión y violencia política que provoaron que el gobierno de los Estados Unidos, entonces presidido por el demócrata Jimmy Carter, decidiera suspender la ayuda militar al gobierno guatemalteco.6

La situación llegó a tal punto, que el 1 de septiembre de 1980 el entonces vicepresidente de la República, el izquierdista Francisco Villagrán Kramer renunció al cargo y quedó exiliado en Washington, D.C., argumentando los centenares de asesinatos políticos cometidos por el gobierno del que formaba parte.6

Para el 7 de septiembre de ese año, la extrema derecha guatemalteca, agrupada en el Comité de Acción Nacional para la Defensa de la Democracia y la Libertad, preparó una manifestación de apoyo al gobierno del general Lucas y para protestar contra el gobierno de Estados Unidos, que había suspendido la ayuda militar al ejército guatemalteco. Aquella manifestación fue presidida por el propio presidente, quien en su discurso demostró la oposición gubernamental contra la victoria del Ejército Sandinista en Nicaragua, y el avance ofensivo de las guerrillas comunistas en El Salvador.6

Pero aquella manifestación se llevó a cabo con un elevado costo. El 5 de septiembre, varios grupos guerrilleros intentaron amedrentar a las organizaciones de derecha para evitar que llegaran a la capital o se reunieran en la manifestación anticomunista. Ese día, hicieron explotar bombas en la terminal de los autobuses “Galgos” que cubrían la ruta de Quetzaltenango, de los transportes “Fortaleza” y “Melva” (estos últimos, propiedad de la familia del ex-presidente de la República, general Carlos Manuel Arana Osorio). Si bien en estos ataques hubo varios muertos y heridos, e incluso personas que quedaron sordas, el mayor atentado fue una explosión de gran envergadura ocurrida cuando los grupos opositores hicieron estallar un carro bomba en la esquina de la 6a. calle y 6a. avenida de la zona 1, justo frente al despacho presidencial en el Palacio Nacional.7 Aquella explosión no afectó al presidente personalmente, pero sí produjo numerosos muertos que murieron horriblemente mutilados y dejó daños cuantiosos en la infraestructura del Palacio Nacional. Estos atentados repercutieron internacionalmente, y fueron adjudicados a la guerrilla izquierdista en su momento, 6 aunque investigaciones posteriores demostraron que había sido perpetrado por el comando urbano del Ejéricto Guerrillero de los Pobres.

La manifestación se llevó a cabo a pesar de todo, y aunque hubo momentos de tensión cuando circularon rumores de posibles bombas, finalizó sin mayores incidentes. Luego de esta manifestación se implementó la estrategia contrainsurgente planeada por el general Benedicto Lucas García, nombrado Jefe del Estado Mayor del Ejército en 1981, que terminó con la capacidad militar de guerrilla en la Ciudad de Guatemala y condujo a la derrota militar de la misma en el área rural, con un costo muy elevado para la población civil rural, que padeció masacres y tuvo que salir huyendo a Chiapas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Associació de Amistat amb el Poble de Guatemala (2005). «Venciendo al olvido. 31 de enero de 1980; masacre en la embajada de España en Guatemala»Cuadernos de Guatemala (6).
  2. Efe (2015). «La embajada de España en Guatemala “se quemó desde adentro”, dice defensa en juicio»Yahoo noticias. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2015.
  3. La voz de Galicia (2004). «Acusan al exembajador en Guatemala de idear el asalto a la sede diplomática en 1980»La voz de Galicia (Galicia). Archivado desde el original el 10 de febrero de 2014.
  4. Lejarreta, Manuel María (2014). «Pluma invitada: El embajador Cajal y el juicio por la quema de la embajada»Prensa Libre. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2014.
  5. Ni uno vivo (s.f.). www.youtube.com «Ni uno vivo. Tragedia en la embajada de España en Guatemala»YouTube
  6. CMI-G (24 de mayo de 2017). ‘Septiembre’: Memoria histórica desde la extrema derecha. Centro de Medios Independientes: Guatemala.
  7. Figueroa, Luis (2011). «Bombazo en el Palacio Nacional (No apto para todo público)»Blog de Luis Figueroa. Archivado desde el original el 26 de octubre de 2014.