Retrato de Próspero Morales que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera fueron sumamente agitados. El país fue víctima de varios intentos de invasión liderados por criollos liberales desencantados con las políticas del gobierno del general José María Reina Barrios y con el mismo Estrada Cabrera. Las invasiones se sucedieron hasta que por fin fueron aplacadas en 1906.
Uno de los más acérrimos enemigos del régimen era Próspero Morales, quien había sido ministro de la Guerra del general Reina Barrios pero que luego de que éste disolviera la Asamblea Legislativa y se constituyera en dictador para extender su mandato presidencial hasta 1902, fue uno de los líderes de la revolución quetzalteca de 1897 que intentó tomar el control del país en ese ano. Tras el fracaso de dicha revolución, Morales se había establecido en Tapachula, y desde allí viajó a ciudad de México con el fin de organizar una invasión a Guatemala para evitar que Estrada Cabrera fuera electo presidente constitucional.
En Tapachula, Morales recibió el apoyo de los coroneles Rodrigo Castilla y Víctor López, quienes vivían del lado guatemalteco de la frontera, en el departamento de San Marcos y el 22 de julio de 1898, diez días antes de que se iniciaran las elecciones presidenciales, las fuerzas rebeldes provenientes de México y que sumaban aproximadamente unos sesenta hombres armados con rifles Máuser ingresaron a Guatemala para acabar con el régimen. Sin embargo, su aventura fue repelida rápidamente, por una fuerza de cuatrocientos hombres y dos piezas de artillería.
Al enterarse de la invasión, Estrada Cabrera mandó una tropa de doce mil hombres, suspendió las garantías constitucionales y solicitó el auxilio de un buque militar inglés para que bombardeara el Puerto de Ocós y luego lo ocupara. El comandante nombrado para combatir la invasión fue el expresidente Manuel Lisandro Barillas Bercián, quien en poco tiempo logró controlar la situación, derrotando a los rebeldes en Vado Ancho el 5 de agosto de ese año.
Tras el fracaso de la invasión, los seguidores de Morales se dividieron; un grupo decidió retirarse a México y otros se quedaron con el líder opositor, quien anduvo deambulando por los Cuchumatanes durante varios días, hasta que el 14 de agosto decidió rendirse; todavía llegó vivo hasta la aldea de San Sebastián, donde falleció, el 17 de ese mes.
Durante las tres semanas que duró esta revolución, la prensa tuvo prohibido publicar cualquier noticia acerca del levantamiento y todos los telégrafos fueron intervenidos.
Pocos años después, Barillas fue asesinado en la Ciudad de México por orden del presidente guatemalteco, ya que tuvo que salir exiliado del país por oponerse al régimen y había participado en varios intentos fallidos de invadir el país junto con el líder opositor exiliado José León Castillo.
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.
He aquí el desglose:
Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)
Tipo de bienes
Descripción
Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal
80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41
18.000
Casa en la 13 calle poniente
1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo
N/A
Casa en el Barrio de la Libertad
N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette
400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios
4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios
14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo
50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston
N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa
N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz
20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano
600.000
Suma general
$3.792,600
De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)
Descripción
Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873
Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente
50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república:
4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente
50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado
240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884.
4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años
1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años
800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico
800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios
100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos
300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina, Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras
400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos
100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar
31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios
9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años.
400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu
200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871
1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo. A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).
Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:
Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.
Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.
Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.
Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.
Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:
PRIMERO.
Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.
Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.
Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.
Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.
Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.
SEGUNDO
Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.
Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.
Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.
Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:
Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.
Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.
Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.
José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
Patrulleros indígenas desfilando en Cobán en 1980. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Para 1982, los grupos guerrilleros estaban en una situación precaria después del éxito de la ofensiva antiguerrillera dirigida por el general Benedicto Lucas García, durante el gobierno de su hermano, el también general Fernando Romeo Lucas García. Esta ofensiva había incluído el uso de un software que ya había utilizado exitosamente la Junta Militar en Argentina para localizar y destruir los reductos guerrilleros en los centros urbanos; este programa de computadora identificaba aquellas residencias en donde había uso excesivo de agua potable y de electricidad y el Ejército las marcaba como posibles objetivos guerrilleros. Dichos reductos ya habían dado muestras de su poder, como cuando colocaron una bomba de alto poder en un tragante en el parque central ubicado en la esquina opuesta al despacho presidencial en el Palacio Nacional en septiembre de 1980, y cuando detonaron potentes bombas que dañaron considerablemente las instalaciones del Banco Industrial en la zona 4, el Banco del Café en la Avenida Reforma y frente al Instituto de Previsión Militar, a tan solamente una cuadra del Palacio Nacional.
Entre 1980 y 1981 se produjeron varios combates en reductos guerrilleros en varias zonas de la Ciudad de Guatemala, los cuales fueron destruidos por completo por el Ejército; estos reductos estaban diseminados en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo áreas de clase alta como Vista Hermosa, de clase media como la colonia Utatlán y una casa situada a apenas una cuadra del Palacio Nacional. Al mismo tiempo, se estaba emprendiendo fuertes ofensivas contra las posiciones guerrilleras en las regions rurales, en especial en la Franja Transversal del Norte; puede decirse que para principios de 1982, la guerrilla estaba contra las cuerdas y tuvo que cambiar de estrategia radicalmente.
Así fue como los grupos guerrilleros ejecutaron lo que ellos denominaron “recuperaciones económicas”, y que no eran otra cosa que actos de delincuencia común para obtener fondos para subsistir: impuestos de guerra, secuestros para obtener rescates (como por ejemplo, el del periodista Alvaro Contreras Vélez del periódico Prensa Libre), y asaltos a comercios y autobuses. Además, para alarmar a la población y hacer presencia, cometían actos terrotistas, como derribar torres de transmisión eléctrica desde Chixoy y que provocaban prolongados apagones, o como el atentado perpetrado el 5 de junio de 1982, cuando zapadores del Frente “Ernesto Guevara” del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) dinamitaron el Puente San Juan, de 55 metros de longitud, que se encuentra sobre la carretera Interamericana a la altura del kilómetro 280, lo que interrumpió el tránsito de Guatemala hacia México.
Otros atentados perpetrados por la guerrilla en esa época fueron:
26 de agosto de 1982: secuestro y asesinato de patrulleros civiles que estaban en la aldea Pajuil País del municipio de Aguacatán, Huehuetenango, quienes fueron enterrados en una fosa común.
25 de junio al 21 de julio de 1982: la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), incendió las fincas El Matasano, en El Quetzal; Panorama, en San Rafael Pie de la Cuesta; Carolina y Platanillo, en el Tumbador, San Marcos por colaborar con el Ejército.
18 de diciembre de 1982: el EGP voló dos puentes en la carretera que pasa por el Parcelamiento Santo Tomás en el municipio selvático de Ixcán, Quiché, en el área petrolera de la Franja Transversal del Norte. Esta acción impidió la movilización de vehículos militares en Playa Grande.
Para combatir el auge del terrorismo guerrillero, el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, con la asesoría militar del gobierno del presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos emprendió una contraofensiva de tierra arrasada similar a las utilizadas por las fuerzas estadounidenses en Vietnam, resultando en masacres en diferentes aldeas y caceríos, en especial en la región selvática y aislada del Ixcán en la Franja Transversal del Norte, la cual estaba aislada del resto del país por la barrera natural de Los Cuchumatanes.
La cabecera del departamento de Huehuetenango en la época en que se creó el municipio de San Rafael Petzal. Imagen tomada de la revista oficial “La Locomotora“.
El municipio de San Rafael Petzal es el más pequeño de los municipios del departamento de Huehuetenango. Fue establecido como municipio el 21 de mayo de 1890 por el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, de acuerdo al siguiente decreto gubernativo:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 21 de mayo de 1890.
Vista la solicitud de la aldea de Petzal Grande, relative a que se le segregue de la jurisdicción municipal de Colotenango, en el departamento de Huehuetenango, para constituir un nuevo pueblo con el nombre de San Rafael, anexándole algunas aldeas de aquel municipio:
APARECIENDO:
Del informe del Jefe Político respectivo:
Que si bien esa aldea no reune el número de habitants que exige el inciso 1.° del artículo 4.° del decreto número 242, sí reune las otras condiciones que establecen los incisos 2.° y 3.° del propio artículo:
Que la aldea de Petzal Grande es considerablemente rica en sus producciones agrícolas y tiene un regular edificio para las oficinas públicas y para las escuelas de ambos sexos, contando además con los elementos necesarios para sostenerse por sí y attender a sus necesidades;
CONSIDERANDO:
Que, según el propio informe del Jefe Político, el pueblo de Colotenango no sufrirá ningún perjuicio con la segregación de las aldeas que formarán el nuevo municipio; el Presidente de la República, de conformidad con lo pedido por el Fiscal del Gobierno,
ACUERDA:
Segregar de la jurisdicción municipal de Colotenango las aldeas de Petzal Grande, Petzal Chico, Quijolá, Shemal, Barranca Grande, Ixconlaj, el Granadillo, La Vega, Ical y Manzano, que constituirán un nuevo pueblo con el nombre de San Rafael, cuyo centro será Petzal Grande; determinando la extensión de este distrito municipal: al Poniente, el arroyo Shemal; al Sur, el límite con el pueblo de Santa Bárbara; al Oriente, el límite con el pueblo de San Sebastián Huehuetenango, y al Norte, el límite con los pueblos de San Juan Atitlán y Santa Isabel.
Comisionar al Jefe Político de Huehuetenango para que dicte todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de esta disposición.
Comuníquese.
Manuel Lisandro Barillas
Anguiano
El 17 de octubre de 1933 la aldea Shemal fue desintegrada del municipio de San Rafael Petzal y reintegrada al municipio de Colotenango. Poco después, para afrontar los graves efectos económicos de la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico implementó varias medidas de austeridad, que incluyeron la simplificación de la administración del territorio de la República en 1935. Como parte de este esfuerzo, los municipios de San Rafael Petzal y San Gaspar Ixchil fueron integrados como aldeas al municipio de Colotenango, aunque en el 1947 el gobierno del Dr. Juan José Arévalo los categorizó nuevamente como municipios.
En 1848 el general Rafael Carrera fue obligado por los criollos a abandonar el poder, pues consideraron que ya no les servia a sus intereses y porque la situacion del pais estaba fuera de control: inseguridad, bandas de asaltantes por doquier e invasiones desde los estados vecinos habian colapsado al pais.
Carrera conocia muy bien el carácter de la élite guatemalteca y por ello aceptó retirarse dócilmente y se fué a vivir a México, desde donde estuvo pacientemente esperando por una oportunidad para regresar a hacerse cargo de la situación. Y no tuvo que esperar mucho. En abril de 1849 la situación ya era mucho peor de como la habia dejado y entonces entró nuevamente al territorio guatemalteco por la frontera con México, estableciendo alianzas con los líderes indígenas de todos los poblados por donde iba pasando.
Aprovechando que Carrera habia abandonado el poder, los criollos liberales formaron nuevamente el Estado de Los Altos pero, tal y como les había ocurrido en 1838 con lo intentaron por primera vez, no contaban con el apoyo de la mayoría indígena. Esta vez, cuando se enteraron que dicha mayoría había ya pactado con Carrera, los criollos de Los Altos tuvieron que negociar con el gobierno de Guatemala para reincorporarse y lograr asi que éste los defendiera de la inminente invasión.
He aqui el Convenio suscrito entre el presidente de Guatemala, coronel Mariano Paredes y el general Agustín Guzmán, entonces gobernador del Estado de Los Altos, el 15 de mayo de 1849, el cual resume la situación y postura de los criollos altenses:
Reunidos los Sres. general en jefe D. Mariano Paredes, Presidente de la Republica de Guatemala y general D. Agustin Guzman, llamado al ejercicio del poder ejecutivo por algunos departamentos de Los Altos, como Segundo Jefe elegido por la Asamblea constituyente de aquel Estado en 27 de diciembre de 1838, que han sostenido el restablecimiento del expresado Estado, con el fin de conferenciar y acordar el medio de poner término a las desaveniencias que esta pretensión ha producido: el primero con la autorización que la Asamblea constituyente de la República dió al gobierno para procurar el restablecimiento de la paz, por su decreto de 25 de abril próximo pasado; y el segundo con la que confiere su carácter de jefe del ejército de su mando, conforme al acta de éste, de cuatro del corriente, celebrado en la villa de Zaragoza.
Guiados ambos de unos mismos deseos y convencidos de que estas desaveniencias debilitan el país y lo arrastran a la ruina, y de que sólo la unión lo puede hacer fuerte y preservarlo de tamaña desgracia, han convenido en los puntos siguientes:
Los pueblos de Los Altos que han estado al mando del general D. Agustín Guzmán, se reincorporan a la República de Guatemala, y entran a formar parte de ella con iguales derechos y cargas que los otros de la misma República.
Las fuerza que manda el expresado general Guzmán, quedan, por tanto, a las órdenes de la República de Guatemala para que las emplee a su servicio.
Los pueblos de Los Altos procederan desde luego a elegir sus diputados para la Asamblea nacional constituyente de la República.
Como los pueblos de Los Altos han quedado en abandono, por consecuencia de la invasión del general Carrera, el gobierno de la República de Guatemala, proveerá inmediatamente a su seguridad, dándoles autoridades que los rijan y la necesaria a su defensa.
Siendo una de las razones por que los pueblos de Los Altos se empeñaban en formar Estado independiente, lo gravoso que les es tener que llevar a la capital de la República sus recursos en material de justicia, y mandar a sus hijos a instruirse a la misma capital, el gobierno de la misma república se encarga de proveer lo uno y a lo otro, haciendo por su parte, desde luego, lo que quepa en sus facultades, y recomendando muy eficazmente a la Asamblea constituyente lo que sea de su resorte.
Quejándose los pueblos de Los Altos de los quebrantos que han sufrido de que el comercio de la República Mejicana esté gravado con los derechos de alcabala, coo extranjeros, el gobierno de la República de Guatemala se compromete a rever y revocar el decreto que asi lo establecio sin perjuicio de lo que en esta materia resuelva la Asamblea.
El gobierno de la República de Guatemala se compromete a proveer en igualdad de circunstancias y capacidades en los hijos de los pueblos de Los Altos, los empleos públicos de aquellos departamentos, creados o que se creen por la ley.
El gobierno de la República de Guatemala, se compromete tambien, a que si ha de haber guarnición en los pueblos de Los Altos, ésta sea compuesta en su mayoria de hijos de aquellos mismos pueblos.
El gobierno de la República de Guatemala reconoce como suya la deuda contraida por el gobierno que se dieron los pueblos de Los Altos, desde que proclamaron por primera vez su independencia, con inclusión de sueldos y pensiones civiles y militares, procurando que este pago se haga con las rentas de aquellos departamentos.
El gobierno del a República de Guatemala se encarga de llevar a su ejecución el decreto de erección del puerto de Champerico en la Costa de Suchitepéquez, y de reparar y mejorar los caminos de tráfico de los pueblos de Los Altos, como lo demanda imperiosamente su comercio.
El gobierno de Guatemala dará las ordenes convenientes a los agentes subalternos que tiene o tenga en los departamentos de Los Altos para que en manera alguna persigan a los que hayan tenido opiniones por la erección de Estado.
Con la presente convención se dará cuenta al gobierno de la república para su aprobación. En fé de estar todo así convenido; firmamos la presente en la Antigua ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de mayo del año de mil ochocientos cuarenta y nueve.
Mariano Paredes
Agustín Guzmán
APROBACION
Palacio nacional de Guatemala, 15 de mayo de 1849. Habiendo visto y examinado detenidamente todos y cada uno de los artículos contenidos en el precedente convenio, concluído el día ocho del corriente mes, en la Antigua Guatemala, entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, Presidente actual de la República y general Dn. Agustín Guzmán jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, y encontrándolo útil y conveniente para la pacificación de la república, y demás intereses generales de ésta; y a lo dispuesto en el decreto gubernativo del 13 de febrero del presente año, y oído el dictamen del consejo consultivo emitido el 13 del que cursa, el gobierno acuerda:
Se acepta y aprueba en todas supartes el convenio concluído y firmado en la Antigua ciudad de Guatemala el dia ocho de este mes entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, presidente de la República, y el general Dn. Agustín Guzmán, jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, el cual tendrá desde luego su puntual cumplimiento, y se pondrá en conocimiento del cuerpo legislativo en sus próximas sesiones.
El convenio no sirvió de mucho. Poco después de firmado, Carrera tomó la región y la sometió nuevamente por la fuerza para luego entrar triunfalmente a la Ciudad de Guatemala y quedarse de hecho con el poder. Allí intentó combatirlo Guzmán, pero murió en batalla sin alcanzar sus objetivos.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
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Escudo del Estado de Los Altos, tallado en Piedra en una de las tumbas de los Héroes Altenses en el Cementerio de Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El 2 de febrero de 1838 los criollos liberales se reunieron en la ciudad de Quetzaltenango y se declararon independientes del Estado de Guatemala. Se autodenominaron “Estado de Los Altos y contaban con un territorio nada despreciable: ocupaban Soconusco (actualmente en México) y los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que en esa época eran enormes y comprendían a los modernos departamentos de Huehuetenango, Quiché, Suchitepéquez, San Marcos y Retalhuleu, además de los ya mencionados. Con la creación de este estado, los liberales tenían suficiente territorio y recursos naturales para progresar y contaban con salida al Océano Pacífico en las costas de San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.
El 15 de febrero de ese año el gobierno del Estado de Guatemala conoció el asunto y lo trasladó al Congreso Federal de Centro América para que resolviera. Dado que el gobierno de Guatemala estaba controlado por los conservadores católicos y el gobierno federal lo estaba por el general liberal Francisco Morazán, era cuestión de tiempo que se creara formalmente el nuevo estado.
A pesar de la autorización federal, las relaciones entre Guatemala y Los Altos nunca fueron cordiales y ambos estados se armaron hasta los dientes con la ayuda del consul británico Frederick Chatfield, quien había abandonado la capital federal y se había mudado a la Ciudad de Guatemala por sus desaveniencias con el presidente Morazán.
Los criollos liberales impusieron en su nuevo territorio las leyes laicas que Mariano GálvezRafael Carrera y José Francisco Barrundia intentaron establecer infructuosamente en Guatemala y mantuvieron el impuesto indígena que ya había sido derogado por los conservadores. Esto hizo que los indígenas del estado rechazaran al nuevo gobierno y se mantuvieron protestando hasta que el 1 de octubre de 1839 un grupo de campesinos fue reprimido violentamente en Santa Catarina Ixtahuacán por los militares altenses, provocando por lo menos cuarenta muertos. En los libros de la época, los historiadores liberales refieren el incidente simplemente como “un escarmiento para los bárbaros”, pero esto sería el inicio del fin del Estado de Los Altos, pues los campesinos fueron a Guatemala a pedir ayuda al general mestizo Rafael Carrera quien era el que verdaderamente gobernaba y quien para marzo de 1840 ya había recuperado el territorio para Guatemala.
Marroquín Rojas, Clemente (1971). Francisco Morazán y Rafael Carrera. Guatemala: Piedrasanta. «Exhaustiva investigación hemerográfica y periodística acerca de acontecimientos en Centroamérica y en los cuales ambos personajes fueron protagonistas».
Municipalidad de Quetzaltenango (2012). «Quetzaltenango en la historia». Municipalidad de Quetzaltenango en línea. Quetzaltenango, Guatemala.
Sitios de proyectos gubernamentales, campos petroleros y masacres ocurridas en la Franja Transversal del Norte entre 1978 y 1982. imagen tomada de Wikimedia Commons.
La Franja Transversal del Norte (FTN) fue creada durante el Gobierno del general Carlos Arana Osorio en 1970, pues se reconocía que la región tenía un gran potencial agropecuario y era idónea para la explotación de maderas preciosas. Sin embargo, en 1974 se empezó a explotar petróleo en la región a raíz de los descubrimientos de las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil, que operaban en el campo petrolero de Rubelsanto en Alta Verapaz y en 1976, el presidente Kjell Laugerud García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán en Quiché, en la Franja Transversal del Norte, dijo: “Mayalán está asentada en la cima del oro”. Con estas palabras dejó entrever que aquella región ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino a la explotación estratégica de recursos naturales.
Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron exploraciones en Xalbal, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el pozo San Lucas, pero los resultados fueron infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán y en el resto de la Franja Transversal del Norte, fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que atraviesa la región. Shenandoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero.
En 1980, aprovechando el auge que tenían las células de la guerrilla urbana en la Ciudad de Guatemala, un grupo de indígenas se movilizó desde el interior de la República con el fin de llamar la atención del mundo sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento del Quiché. Este grupo estaba asesorado por los intelectuales de las organizaciones guerrilleras aglutinados en grupos como el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora de Pobladores, y miembros del Frente Estudiantil Robin García. El grupo de campesinos había sido invitado por el embajador de España en Guatemala, quien había llegado hacía poco a Guatemala y recientemente había visitado la region de la Franja Transversal del Norte.
El embajador español Máximo Cajal urdió un plan para proporcionar una plataforma a los campesinos, que no podían expresar sus opiniones en la prensa por la fuerte censura gubernamental. Cajal invitó a los renombrados intelectuales guatemaltecos Eduardo Cáceres Lehnhoff (ex-vicepresidente de Guatemala) y Adolfo Molina Orantes (ex-canciller de Guatemala) a llegar a la embajada el 31 de enero de 1980 para tener una reunión sobre un Instituto de Cultura Hispánica. El plan del embajador era muy simple: estando los distinguidos profesionales en la embajada, los campesinos podrían tomar las instalaciones y aprovechar el espacio soberano de la sede diplomática para expresar sus opiniones sin sufrir las represalias de las fuerzas de seguridad del Estado, que en esos días eran sumamente letales.
El problema con que no contaba el embajador era que el presidente de Guatemala, el general Fernando Romeo Lucas García tenía intereses económicos muy fuertes en la Franja Transversal del Norte, pues tenía tierras cultivables en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la Shenandoah Oil, compañía que estaba explorando petróleo en Ixcán.
A eso del mediodía, luego de que los campesinos tomaron la embajada, las fuerzas de seguridad se presentaron e invadieron territorio soberano español, ignorando las leyes y convenios internacionales. Esto forzó a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio y tras un intenso asedio se inició el incendio. El origen del fuego es fuente de discusiones incluso hasta hoy: los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se auto-inmolaron con las bombas molotov que llevaban.
El resultado no pudo ser más catastrófico: prácticamente todos los rehenes y campesinos murieron en el incendio y solamente sobrevivieron el embajador español y el campesino Gregorio Yuxá Xoná. La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas, además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso, según la testigo presencial Odette Arzú, adscrita a la Cruz Roja Guatemalteca, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba.
Todas las versiones concuerdan en que los cuerpos de socorro tuvieron vedado el ingreso al edificio para sofocar el incendio hasta que éste se apagó por sí solo y no les quedó más que entrar a rescatar los cadáveres.
Como represalia a esto, se rompieron las relaciones entre Guatemala y España, y el país quedó prácticamente aislado de la comunidad internacional. En Guatemala los ataques de la guerrilla se incrementaron, con atentados dinamiteros en contra de oficinas del gobierno, edificios de poderosas empresas guatemaltecas y destrucción de puentes y de torres de transmisión eléctrica. Es más, el 5 de septiembre de 1980 en un arranque de temeridad, la guerrilla urbana perpetró un atentado dinamitero en la esquina opuesta al despacho presidencial en el Palacio Nacional de la ciudad.
Los hechos exactos todavía no se han aclarado, dado que el ambiente politico en el país es muy sesgado, evitando un análisis objetivo de los acontecimientos. Aunque de todo esto surgió un personaje que se convirtió en el estandarte de la izquierda guatemalteca: Rigoberta Menchú, quien era hija de uno de los campesinos que murió en la Embajada y que apareció en la película documental “When the mountains tremble“, que estuvo censurada en Guatemala.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
