El 21 de julio de 1920 en una reunión con el Ministro de Fomento, ingeniero Félix Castellanos B., la Comité de reanudación de los trabajos del Ferrocarril de Los Altos y el Jefe Político de Retalhuleu, Carlos Quezada, se determinó que se adoptara el trazo hecho por el ingeniero S.S. Shaw, empleando un ferrocarril eléctrico para el tráfico de pasajeros y de carga, pues había un sobrante de fuerza disponible en la Planta Elétrica de Zunil en Quetzaltenango.
De acuerdo a las estimaciones de los ingenieros Victor Cottone, el ya mencionado Shaw, Jorge Hartmann y Fernando Andros, la capacidad disponible de la planta eléctrica podía permitir el tranporte de ida y vuelta de más de ciento ochenta personas de carga por día. Basado en estos cálculos los allí reunidos decidieron solicitar al gobierno que creara un Comité Administrativo con personería jurídica y facultades amplias para la administración de fondos y celebración de contratos.
En virtud de aquella solicitud, la Asamblea Nacional Legislativa, creó un impuesto destinado a los tabajos del Ferrocarril de Los Altos el 23 de mayo de 1921:
Dcreto Número 1119
La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala
Decreta:
Artículo 1.° Se establece el impuesto adicional de tres pesos sobre cada botella de aguardiente que se consuma en el país, proveniente de las centralizaciones y fábricas establecidas o que se establezcan, puesto que se destina exclusivamente para la construcción del Ferrocarril de Los Altos y cuyo producto se entregará mensualmente al Comité respectivo, por medio de la Tesorería Nacional.
Artículo 2.° Al finalizar los dos años contados desde el primero de julio próximo, fecha en que principiará a regir el presente Decreto, el expresado Comité del Ferrocarril de Los Altos rendirá un informe detallado a donde corresponde, relativo al estado de los trabajos, procediendo entonces la Asamblea Legislativa a fijar la forma de adquirir los fondos que falten para la terminación de la obra.
Artículo 3.° La inversión de los fondos respectivos así como la construcción de la obra, se hará por el Comité del Ferrocarril de Los Altos, de acuerdo con el Ministro de Fomento y conforme al estudio, planos y reglamentos que por este se hayan aprobado.
Artículo 4.° Alterminar el Ferrocarril de Los Altos, el expresado impuesto de tres pesos se destinará a la construcción de los ramales del Ferrocarril que unirán la ciudad de Quetzaltenango con los Departamentos de Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Sololá.
Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
Dado en el palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, a veintitrés de mayo del mil novecientos veintiuno.
Tácito Molina I., presidente
Filiberto Escobar, secretario
A. Velázquez, secretario
Palacio del Poder Ejecutivo
Guatemala, 8 de junio de mil novecientos veintiuno.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El mirador “Juan Diéguez Olaverri” en los Cuchumatanes, nombrado así en honor al célebre poeta guatemalteco que escribió el poema “Los Cuchumatanes”. En el recuadro: el retrato de Diéguez Olaverri. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Diéguez Olaverri nació en Huehuetenango el 26 de noviembre de 1813 y posteriormente realizó sus estudios en la Academia de Ciencias y Estudios, de donde obtuvo el título de abogado y luego trabajó con la administración de Mariano Gálvez. Gozaba de mucho prestigio ya que su padre había sido uno de los firmantes del Acta de Independencia en 1821.
Cuando Gálvez implementó los códigos de Livingston el 1 de enero de 1837, los pueblos campesinos se levantaron contra el régimen no solamente por los códigos, sino por el impuesto personal contra los indígenas que había restablecido Gálvez, mientras que el descontento entre los criollos liberales por la forma selectiva en que se aplicaba el habeas corpus de los códigos hizo que se formulara una queja formal ante la Asamblea Legislativa, reunida el 16 de julio de 1837, lo que dió origen al cisma en el partido liberal entre el Partido Ministerial y el Partido de la Oposición que lucharon con encarnizamiento, concluyendo con el triunfo de los opositores y con la caída del Jefe del Estado el 2 de febrero de 1838. En aquel partido opositor estaban: el vice- Jefe Dr. Pedro Valenzuela, José Francisco Barrundia, Doroteo y Simón Vasconcelos, el Dr. Pedro Molina y sus hijos, Venancio Castellanos, el Dr. D. Mariano Padilla, Miguel García Granados, y el aún joven, Diéguez Olaverri. Era tal la rivalidad, que cuando vieron que Gálvez utilizaba política de tierra arrasada contra las aldeas de donde provenían las rebeliones campesinas, no dudaron en aliarse con los rebeldes católicos campesinos dirigidos por un joven general guerrillero llamado Rafael Carrera, quien entonces contaba con tan solo 24 años de edad.
Aquellas luchas internas entre los liberales no solamente resultaron en la caída de Gálvez y la toma de la Ciudad de Guatemala por las tropas rebeldes, sino que provocaron que el Dr. Pedro Molina, rector de la Academia de Ciencias, saliera para San Salvador a asistir como facultativo al vice-Presidente de Centro -América Diego Vigil, resultando en que la Academia de Ciencias y Estudios quedara práticamente disuelta a fines de 1838.
Tras la caída de Gálvez, Diéguez fue nombrado jefe de sección del Ministerio y autorizó las providencias generales del Gobierno. Su reputación literaria se formaba en ese período de su vida; por esa época, el escritor José Milla, entonces muy joven, le consultó su primer poema “La Bruja y el Fraile”, que al final no se publicó.
En julio de 1842, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia, y en atención a su horadez y capacidad, fue nombrado juez de Primera Instancia del departamento de Sacatepéquez, suscrito el despacho por el Jefe del Estado, Mariano Rivera Paz y refrendado por su Ministro el obispo Juan José de Aycinena. Posteriormente, en 1844 desempeñó el mismo cargo de juez en la Ciudad de Guatemala.
Pero cuando en 1846, como todavía no se había establecido una constitución en el Estado a pesar de haber convocado a constituyentes desde 1838, y viendo cómo Rafael Carrera había manejado la política del estado a su antojo hasta hacerse con el poder, Diéguez formó un partido con jóvenes estudiantes universitarios que decidieron llenar aquel vacío constitucional, convocar una constituyente auténtica, y dar al poder militar una organización regularizada. Así, el 26 de junio de 1846, cuando habrían de celebrarse en la Iglesia Catedral las honras fúnebres del arzobispo Ramón Casaus y Torres, muerto en la Habana, Diéguez, sabiendo que Carrera habría de concurrir á la función religiosa, dió la orden a los suyos para que fueran armados al templo a asesinar al Jefe de Estado. El plan fracasó y Diéguez y su hermano Manuel tuvieron que salir al exilio a Chiapas tras pasar un tiempo encarcelados en el Castillo de San José.
Durante su destierro escribió “La Garza“, la cual es considerada como una de sus mejores poesías y en la que se considera que describe su propia personalidad. Por su parte, en “Tardes de Abril” describe las bellezas naturales de Guatemala. Otra poesías por las que es reconocido son “A mi Gallo” y “Los Cuchumatanes“.
Los hermanos Diéguez regresaron a Guatemala en 1860, y eventualmente hicieron las paces con Carrera, quien lo dejó tranquilos mientras vivió.
Juan Diéguez vivió sus últimos años en Quetzaltenango y Antigua Guatemala, y tras la muerte de un hijo suyo y la de su protector, el padre Ocaña, falleció el 28 de junio de 1866 en la Ciudad de Guatemala. Como su familia no tenía dinero, la Junta del Colegio de Abogados donó doscientos pesos para el sepelio y el gobierno del mariscal Vicente Cerna le concedió a su viuda y sus cinco hijos sobrevivientes una modesta pensión, que luego prorrogó el general Miguel García Granados por unos años más.
Las poesías de Diéguez Olaverri fueron compiladas por Jorge Arriola, quien eventualmente las publicó.
BIBLIOGRAFIA:
La Ilustración Guatemalteca (15 de septiembre de 1896). Nuestro grabados. La Ilustración Guatemalteca: Siguere, Guirola y Cía. Guatemala.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
Los miembros de la Comisión Guatemalteca de Límites con México. Al centro, el ingeniero Claudio Urrutia, director de la Comisión. Imagen tomada de “La Ilustración Guatemalteca“, publicada cuando los límites finalmente fueron fijados en 1896.
Reproducimos a continuación el tristemente célebre tratado de Herrera-Mariscal, por medio del cual Guatemala renunció para siempre a su reclamo territorial sobre Soconusco y el Estado de Chiapas, para resolver la incertidumbre de las poblaciones limítrofes dada la poca claridad de los límites, y sin pedir nada a cambio en restitución.
He aquí el texto completo del tratado para que los juzgue el lector:
Los Gobiernos de Guatemala y de México, deseosos de terminar amistosamente las dificultades existentes entre ambas Repúblicas, han dispuesto concluir un tratado que llene tan apetecible objeto; y á ese fin han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios; á saber:
El Presidente de la República de Guatemala, á don Manuel Herrera hijo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de México; y el Presidente de la República Mexicana, á don Ignacio Mariscal, Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores; quienes, después de presentarse mutuamente sus respectivos poderes, hallándolos en debida forma y teniendo á la vista los preliminares firmados por los
Representantes de ambas Naciones en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América, el doce de agosto del corriente año, han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1.° — La República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco, y en consecuencia, considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.° — La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que, en igualdad de circunstancias, México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaración solemne, no exigirá indemnización de ningún género con motivo de la
estipulación precedente.
Artículo 3.° — Los límites entre las dos Naciones serán á perpetuidad los siguientes:
La línea media del río Suchiate, desde un punto situado en el mar, á tres leguas de su desembocadura, río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pase por el punto más alto del volcán de Tacaná y diste veinticinco metros del pilar más austral de la garita de Talquián, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala;
La línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul;
La línea determinada por el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la Comisión científica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su intersección con la anterior hasta un punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro;
El paralelo de latitud que pasa por este último punto, desde él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más profundo del río Usumacinta, ó el del Chixoy, en el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos ríos;
la línea media del canal más profundo, del Usumacinta en un caso, ó del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por este, en el otro, desde el encuentro de uno u otro río con el paralelo anterior, hasta que el canal más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo:
El paralelo de latitud que acaba de referirse, desde su intersección con el canal más profundo del Usumacinta hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique;
Esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasla la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17°49′) ;
El paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos, (17°49′), desde su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este.
Artículo 4.° Para trazar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y establecer sobre el terreno,monumentos que pongan á la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en el anterior artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos una comisión científica. Ambas comisiones se reunirán en Unión Juárez, á más tardar á los seis meses contados desde el canje de ratificaciones de este Tratado, y procederán desde luego á practicar las expresadas operaciones. Llevarán diarios y levantarán planos de las mismas, y el resultado de sus trabajos, convenido por ellas, se considerará parte de este Tratado, y tendrá la misma fuerza que si estuviere en él inserto. El plazo para la conclusión de dichas operaciones será de dos años contados desde la fecha en que las comisiones se reúnan. Si una de las dos no estuviere presente en el término de seis meses antes fijado, la otra comenzará, a pesar de ello sus trabajos y los que ejecutare aisladamente tendrán la misma fuerza y validez que si fueran de ambas comisiones. Los dos Gobiernos celebrarán á la mayor brevedad un arreglo para determinar los detalles relativos á estas comisiones y sus trabajos.
Artículo 5.° — Los nacionales de cualquiera de las dos partes contratantes que, en virtud de las estipulaciones de éste Tratado, queden para lo futuro en territorio de la otra, podrán permanecer en ellos ó trasladarse en cualquier tiempo á donde mejor les convenga, conservando en dichos territorios los bienes que posean ó enajenándolos y pasando su valor á donde quisieren, sin que por esto último pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen ó impuesto. Los que prefieran permanecer en los territorios cedidos, podrán conservar el título y derechos de nacionales del país á que antes pertenecían dichos territorios, ó adquirir la nacionalidad de aquel á que van á pertenecer en lo de adelante. Más la elección deberá hacerse entre una y otra nacionalidad dentro de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado; y los que permanecieren en dichos territorios después de trascurrido el año, sin haber declarado su intención de retener su Antigua nacionalidad, serán considerados como nacionales de la otra parte contratante.
Las propiedades de todo género existentes en los territorios cedidos, serán respetadas inviolablemente; y sus actuales dueños, sus herederos y los que en lo sucesivo puedan adquirir legalmente dichas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplias garantías como si perteneciesen á nacionales del país en que están situadas.
Artículo 6.° — Siendo el objeto de ambos Gobiernos, al ajustar el presente Tratado, no sólo poner fin á las dificultades existentes entre ellos, sino terminar y evitar las que se originan entre pueblos vecinos de uno y otro país, á causa de la incertidumbre de la línea divisoria actual, se estipula que, dentro de seis meses de reunidas, las comisiones científicas de que habla el artículo 4.° enviarán de común acuerdo á sus Gobiernos una noticia de aquellas poblaciones, haciendas y rancherías, que sin duda ninguna deban quedar en determinado lado de la línea divisoria convenida en el artículo 3.° Recibida esa noticia cada uno de los dos Gobiernos estará facultado para expedir desde luego las órdenes convenientes á fin de que su autoridad se establezca en aquellos puntos que deban quedar dentro del territorio de su nación respectiva.
Artículo 7.° — El presente Tratado será ratificado conforme á la constitución política de cada una de las dos Repúblicas; y el canje de las ratificaciones se verificará en esta capital á la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente tratado.
Hecho en dos originales en la ciudad de México, á veintisiete de septiembre de mil ochocientos ochenta y dos.
(F.) lgnacio Mariscal.
(F.) Manuel Herrera, hiio.
Aprabado por la Asamblea Decreto número 27 de 25 de diciembre de 1882; ratificado por el Gobierno el 29 del mismo.
A pesar de lo estipulado originalmente en el tratado, los límites no se pudieron concluir sino hasta en 1896, dada la gran dificultad topográfica que presentaba el terreno.
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal. Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México). El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:
La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:
1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:
Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
José M, Gálvez
José Antonio Aguilar
General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.
Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.
Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:
Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala. Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.
Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:
La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:
Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.
En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular. Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:
Valle de Totonicapán en 1887. Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez. Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal“
Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente. Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.
Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:
“Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad. Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos. Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz. Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:
Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.
Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.”
Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador. Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.
Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.
Retrato de Próspero Morales que se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera fueron sumamente agitados. El país fue víctima de varios intentos de invasión liderados por criollos liberales desencantados con las políticas del gobierno del general José María Reina Barrios y con el mismo Estrada Cabrera. Las invasiones se sucedieron hasta que por fin fueron aplacadas en 1906.
Uno de los más acérrimos enemigos del régimen era Próspero Morales, quien había sido ministro de la Guerra del general Reina Barrios pero que luego de que éste disolviera la Asamblea Legislativa y se constituyera en dictador para extender su mandato presidencial hasta 1902, fue uno de los líderes de la revolución quetzalteca de 1897 que intentó tomar el control del país en ese ano. Tras el fracaso de dicha revolución, Morales se había establecido en Tapachula, y desde allí viajó a ciudad de México con el fin de organizar una invasión a Guatemala para evitar que Estrada Cabrera fuera electo presidente constitucional.
En Tapachula, Morales recibió el apoyo de los coroneles Rodrigo Castilla y Víctor López, quienes vivían del lado guatemalteco de la frontera, en el departamento de San Marcos y el 22 de julio de 1898, diez días antes de que se iniciaran las elecciones presidenciales, las fuerzas rebeldes provenientes de México y que sumaban aproximadamente unos sesenta hombres armados con rifles Máuser ingresaron a Guatemala para acabar con el régimen. Sin embargo, su aventura fue repelida rápidamente, por una fuerza de cuatrocientos hombres y dos piezas de artillería.
Al enterarse de la invasión, Estrada Cabrera mandó una tropa de doce mil hombres, suspendió las garantías constitucionales y solicitó el auxilio de un buque militar inglés para que bombardeara el Puerto de Ocós y luego lo ocupara. El comandante nombrado para combatir la invasión fue el expresidente Manuel Lisandro Barillas Bercián, quien en poco tiempo logró controlar la situación, derrotando a los rebeldes en Vado Ancho el 5 de agosto de ese año.
Tras el fracaso de la invasión, los seguidores de Morales se dividieron; un grupo decidió retirarse a México y otros se quedaron con el líder opositor, quien anduvo deambulando por los Cuchumatanes durante varios días, hasta que el 14 de agosto decidió rendirse; todavía llegó vivo hasta la aldea de San Sebastián, donde falleció, el 17 de ese mes.
Durante las tres semanas que duró esta revolución, la prensa tuvo prohibido publicar cualquier noticia acerca del levantamiento y todos los telégrafos fueron intervenidos.
Pocos años después, Barillas fue asesinado en la Ciudad de México por orden del presidente guatemalteco, ya que tuvo que salir exiliado del país por oponerse al régimen y había participado en varios intentos fallidos de invadir el país junto con el líder opositor exiliado José León Castillo.
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.
He aquí el desglose:
Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)
Tipo de bienes
Descripción
Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal
80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41
18.000
Casa en la 13 calle poniente
1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo
N/A
Casa en el Barrio de la Libertad
N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette
400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios
4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios
14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo
50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston
N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa
N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz
20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano
600.000
Suma general
$3.792,600
De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)
Descripción
Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873
Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente
50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república:
4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente
50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado
240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884.
4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años
1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años
800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico
800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios
100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos
300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina, Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras
400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos
100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar
31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios
9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años.
400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu
200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871
1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
