9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

4 de julio de 1843: la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, dominada en ese entonces por los conservadores, autoriza el retorno de los jesuitas al Estado

Logo de la Revista Educativa “El Instituto Nacional” mostrando el patio interior de dicho plantel en 1892.  Antes de la Reforma Liberal, funcionaba allí el Colegio y Seminario Tridentino, el cual estaba a cargo de los jesuitas. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Mediante la pragmática sanción del 2 de abril de 1767, los religiosos miembros de la Compañía de Jesús fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español, al mismo tiempo que el papa Clemente XIV disolvió a la otrora poderosa e influyente orden mediante un breve pontificio. Los jesuitas exiliados tuvieron que refugiarse provisionalmente en Bolonia.

Luego de la Independencia de Centroamérica en 1821, y de la Guerra Civil Centroamericana la mayoría de las órdenes religiosas en la region corrieron la misma suerte que los jesuitas: los franciscanos, recoletos, mercedarios y dominicos fueron expulsados del Istmo cuando los liberales se hicieron con el poder de la República Federal en 1829, pero cuando los conservadores recuperaron el poder en Guatemala en 1840, se les permitió regresar, conviertiendo al Estado en un refugio para los religiosos regulares, quienes eran detestados en el resto del continente debido al auge de las ideas de la Ilustración entre los criollos.

Quedaba el asunto de los jesuitas, y la Asamblea Legislativa decidió permitir el retorno de la orden el 4 de julio de 1843 mediante este simple decreto:

DECRETO 174 DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 4 DE JULIO DE 1843, PERMITIENDO A LOS JESUÍTAS VENIR A EJERCER SU INSTITUTO RELIGIOSO,

Se declara qne los padres de la Compañía de Jesús pueden venir al estado de Guatemala, y ejercer en él su instituto religioso.

Gracias a esto, los jesuitas retornaron a Guatemala aprovechando las instalaciones de la Compañía Belga de Colonización que se había establecido en la Bahía de Santo Tomás de Castilla en 1843. Sin embargo, todo parece indicar que hubo indagaciones adicionales sobre los jesuitas, ya que éstos fueron expulsados nuevamente en 1845 aduciendo que pretendían el “dominio absoluto de todo tipo de gobierno” y que por ello “no era prudente tenerlos en el estado”. El decreto de expulsion era mucho más extenso que el anterior:

DECRETO DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 8 DE MAYO DE 1845, DEROGANDO
LA LEY QUE PERMITÍA LA VENIDA DE LOS JESUITAS.

El congreso constituyente del estado de Guatemala, considerando:

Que la asamblea constituyente no tuvo presente al permitir la venida de los padres de la Compañía de Jesús á este estado los estatutos de ella, ni sus doctrinas, ni su historia pasada, ni sus hechos actuales que tanto mal han causado al estado civil y al eclesiástico en Francia, en la Bélgica y en los Cantones Suizos; y que por tanto solo se limitó a facultar al gobierno para que pudiera promover su establecimiento:

Que no estando derogadas la pragmática sanción del rey don Carlos III, y el breve de Su Santidad Clemente XIV que estinguieron la compañia en 2 de abril de 1767, ella no ha sido restablecida en este estado por ninguna otra disposición pontificia de que se tenga conocimiento en el mismo, deben considerarse vigentes las dos enunciadas disposiciones;

Que no hallándose al presente decretada la constitución política de este estado, el gobierno no cuenta con la estabilidad correspondiente para acordar el establecimiento de la Compañía de Jesús; y siendo acusados sus individuos del proyecto y tendencias de aspirar á la dominación absoluta, á la depresión de toda clase de gobiernos, y a la subordinación á todo género de autoridades, no es prudente, en tales circunstancias admitirlos y establecerlos en nuestro estado.

Que los padres jesuítas que se hallan en la bahía de Santo Tomas no han presentado al gobierno sus estatutos para que fuesen examinados y aprobados, ni disposición pontificia que autorice el restablecimiento de su orden; pero que venidos con la esperanza que les ofrecía el decreto de 4 de julio de 1843, el crédito del estado está comprometido hasta cierto punto á indemnizarles sus gastos de viaje, decreta:

  1. Se deroga el decreto de 4 de julio de 1843, que permitió la venida de los padres jesuítas al estado.
  2. El gobierno queda ampliamente autorizado para proveer á los gastos que se causen en el reembarque de los individuos de la Compañia de Jesús que se hallan en la costa del norte.

Los jesuitas retornaron a Guatemala en 1851 cuando por fin les fue permitida le entrada y estuvieron en el país hasta 1871, cuando fueron expulsados nuevamente tras la Revolución Liberal que triunfó el 30 de junio de ese año. Finalmente, retornaron una vez más en 1954, tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Curiosamente, establecieron una de sus principals instituciones educativas, el Liceo Javier, en un terreno donado por una nieta del expresidente J. Rufino Barrios, quien se los dió en resarcimiento por las expropiaciones hechas por su abuelo en la década de 1870, a pesar de que los jesuitas habían sido expulsados desde 1787 y no habían recuperado propieades cuando retornaron en 1851.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismoimentras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 

BIBLIOGRAFIA:

 

10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

 

El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo,​ Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.

BIBLIOGRAFIA:

3 de mayo de 1946: el Congreso de la República aprueba la Ley de Titulación Supletoria

Los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno ingresando al Congreso de la Republica para el acto de toma de posesion del president electo, Dr. Juan José Arévalo Bermejo en 1945.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 5 de marzo de 1945 la Junta Revolucionaria de Gobierno que gobernaba a Guatemala tras el derrocamiento del general Federico Ponce Vaides anunció la Ley de Titulación Supletoria, la cual fue aprobada por el Congreso de la República según decreto 232 del 3 de mayo de 1946, ya cuando gobernaba el presidente Juan José Arévalo Bermejo. Esta ley, cuya intención buscaba favorecer a las personas carentes de título legal de propiedad, habia sido propuesta originamente en 1925 y fue retomada por los gobiernos revolucionarios con el fin de dar a las personas que carecen de título legal “todas las facilidades necesarias para que puedan titular las tierras que poseen y trabajan legítimamente, siempre que no se lesionen los derechos de terceros“, y siempre que comprueben ante un tribunal “su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años“.

En la práctica, la ley buscaba crear los mecanismos legales para garantizar la posesión de la tierra a quienes la cultivasen desde hacía al menos diez años, y contenía un procedimiento relativamente fácil:

  1. Presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud con informaciones sobre la superficie, situación y condiciones de adquisición de la tierra.
  2. Cuando la solicitud había sido aceptada, el tribunal se encargaba de pasar en el diario oficial tres publicaciones en un intervalo de un mes.
  3. Paralelamente, la municipalidad que aseguraba la jurisdicción de la tierra verificaba si la información presentada por el solicitante era o no exacta.
  4. Una vez todo estaba en orden, la confirmación de la atribución definitiva del título de propiedad concernía al Ministerio Público.

Aunque la titulación supletoria aprobada por los revolucionarios no se circunscribía a los campesinos, la amplitud de los preceptos del decreto 232 en lo relativo al tamaño de las posesiones sujetas a titulación, dejan ver con claridad que, salvo las comunidades campesinas, los únicos poseedores de grandes extensiones de tierra como las que señala la ley, no podían ser campesinos.

La parte conducente de la ley decía así:

Artículo 1º—El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el Registro de la Propiedad Inmueble, puede solicitar en la vía voluntaria su titulación ante un Juzgado de Primera Instancia, probando plenamente su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años. El interesado podrá agregar la posesión de su antecesor o antecesores a la que él tenga en la fecha de su solicitud.

No podrá extenderse título supletorio de extensiones de terreno mayores de quinientas hectáreas (11 caballerías y 1/10), salvo que se trate de terrenos labrados o cultivados, en cuyo caso el título supletorio podrá amparar cualquier extensión, siempre que esta no exceda de 4,502 hectáreas (100 caballerías).

Las personas extranjeras, naturales o jurídicas, deberán, para obtener título supletorio, probar además que los inmuebles que deseen titular, ya sean rústicos o urbanos, están destinados exclusivamente al desarrollo o incremento de su negocio principal.

Después del golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954, la Ley de titulación supletoria produjo efectos opuestos a los buscados originalmente, al punto que durante los años setenta, numerosos conflictos entre campesinos y hacendados estallaron en la Franja Transversal del Norte (los departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango e Izabal), que era un área en donde los gobiernos militares que gobernaron Guatemala entre 1970 y 1982 encontraron grandes reservas de minerales y de petróleo y fue en donde se produjeron los hechos más violentos durante la Guerra Civil de Guatemala.

BIBLIOGRAFIA:

  • Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste». Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.
  • Gobierno de Guatemala (1937). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1935-1936, LIV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 1075-1076.
  • (1938). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1936-1937, LV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 674.
  • (1942). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1940-1941, LIX, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 452-453.
  • (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  • (1949). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1946-1947, LXV, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 731.
  • Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.