Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896. El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.
Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”. Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.
No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:
“La Majada” en Mixco
“Los Tarros” en Santa Lucía Cotzumalguapa
“Rodeo del Incienso” en Guatemala
“Paso Antonio” en Escuintla
“El Barón”
“Primavera” en San Cristóbal Verapaz
“Punián” en Escuintla
“El Porvenir” en San Pablo, San Marco
“El Rodeo” en San Marcos
“Pacajá” en Quetzaltenango
“El Malacate” en San Marcos
“Los Cerritos”
“El Sauce” en Izabal
Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.
El artículo en mención textualmente dice:
Decreto Número 163
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,
Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:
Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y
Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo Hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.
DECRETA:
Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.
J. Rufino Barrios
J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos”
BIBLIOGRAFIA:
La Penitenciaría Central de la Ciudad de Guatemala, construida durante el gobierno del general J. Rufino Barrios. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Los gobiernos liberales introdujeron el cultivo del café a gran escala en 1871. Para el efecto, era necesario disponer de cuatro cosas: grandes extensiones de tierra, abundancia de mano de obra, convenientes vías de comunicación y ferrocarriles. A fin de conseguir que el nuevo cultivo tuviera éxito, se emprendió una profunda reforma agraria por medio de la cual se expropiaron las haciendas de las órdenes religiosas y las tierras comunales de las comunidades indígenas; el proceso se hizo mediante una subasta, pero dejó a los indígenas sin posibilidades de competir por sus propios terrenos, y los perdieron.
El segundo punto se zanjó mediante el reglamento de Jornaleros, el cual fue establecido en 1875 y por él se obligó a comunidades indígenas completas a trasladarse de una hacienda cafetalera a otra como mozos colonos. Y, finalmente, para la construcción de caminos y vías de acceso se promulgó la ley de vagancia el 14 de septiembre de 1878.
He aquí la transcripción íntegra de dicha ley, para que el lector juzgue por sí mismo el alcance que tuvo el mismo:
DECRETO NUM. 222
J. Rufino BARRIOS, General de División y Presidente de la República de Guatemala,
CONSIDERANDO:
Que es un deber de la autoridad dictar todas las providencias que conduzcan al sostenimiento de la moral pública y á reprimir oportunamente los vicios que, rebajando la dignidad personal y pervirtiendo los sentimientos de pundonor, producen por consecuencia necesaria, la relajación de las costumbres y determinan la perpetración de los delitos:
Que la vagancia, considerada como un hecho punible, ha sido comprendida como tal en la legislación de los pueblos civilizados:
Que el Código Penal de la República, dejó á las lejas de policía lo relativo á la reglamentación y á las penas con que aquella debe reprimirse y, finalmente:
Que así como no es debido imputar la responsabilidad del cargo de vagancia á los que justamente e impedidos de trabajar, tampoco debe permitirse que bajo protestos de invalidez, se guarezca la impunidad de los vagos; en uso de las facultades de que estoy investido, he tenido á bien decretar y
DECRETO:
Art. 1. ° — Serán considerados como vagos:
1. ° —Los que no tienen profesion, oficio, renta, sueldo, ocupación ó medios lícitos de que vivir.
2.° — Los que teniendo oficio, profesión ó industria no trabajen habitualmente en ellos, y no se les conozca otros medios lícitos de adquirir la subsistencia.
3. ° — Los que teniendo renta, pero insuficiente para subsistir, no se dedican á una ocupación lícita, concurren ordinariamente a casas de juego ó tabernas.
4. ° — Los que sin ejercer habitualmente otra ocupación honesta emplean en la cuestación de limosnas para objetos piadosos.
5. ° — Los mendigos no patentados, mientras no acrediten en debida forma alguna de las causales que los hagan acreedores a la beneficencia pública.
Art. 2 : Se consideran circunstancias agravantes en todo juicio de vagancia:
1.° —La embriagues consuetudiliaria.
2.°— Detenerte en las esquinas, en las calles, en los atrios ú otros lugares públicos, infiriendo molestia á los transeúntes.
3. °— El hallarse en las lumias, tabernas ó billares á las lunas en que éstos establecimientos deben estar cerrados, conforme a las leyes de policía
4. °— Tener una condenatoria anterior por cualquier delito.
5. °— Ejercer la mendicación con una patente falsificada o perteneciente a otro individuo.
Art. 3. °— Para los efectos de esta ley, los Jefes políticos abrirán un libro destinado esclusivamente al registro de las personas dé ambos sexos que, por impedimento físico o por decrepitud ostensible, se hallaren en la absoluta necesidad de ocurrir a la beneficencia pública para proveer á su subsistencia
Art. 4. °— Los que se encuentren en el caso de que habla el artículo anterior, se presentarán dentro de treinta días, contados desde la publicación de esta ley, a la Jefatura respectiva, con el objeto de inscribirse; y previo el examen de un facultativo, ó en su defecto de dos personas competentes, nombradas por el Jefe político, éste, encontrando justas las causales de invalidez, hará extender la inscripción que corresponde, haciendo constar en ella, no solo los impedimentos que la motivan, sino también el nombre, procedencia, edad que represente el peticionario, el oficio en que con anterioridad se haya ejercitado, si hubiese tenido alguno, y si sabe leer y escribir. En consecuencia, se expedirá á su favor una patente en que conste la partida de inscripción. Si por el contrario, no se estimase justificado el impedimentó alegado, el Jefe Político hará al solicitante un serio apercibimiento en que si no comprueba dentro de quince dias haberse dedicado á la ocupación honesta, serán denunciados como vagos a la autoridad competente, para que se proceda a lo que haya lugar.
Art. 5. °— Los que después de treinta días de la publicación de esta ley fueren encontrados en las calles y demás lugares públicos ejercitando la mendicación, sin llevar consigo la patente de invalidez, serán recogidos por la policía y puestos a disposición de la autoridad competente en en calidad de presuntos vagos; mas si al iniciarse el juicio de vagancia, comprobaren legítimo impedimento por los medios establecidos en el artículo que precede, el Juez de Paz ó Alcalde respectivo, los remitirá á la Jefatura política para que se haga el asiento de inscripción y sedé á los interesados el atestado que corresponde.
Art. 6. °— La patente de invalidez producirá los efectos legales de una excepción perentoria en el juicio de vagancia.
Art. 7. °— Los Jueces de paz ó en su defecto los alcaldes Municipales, después de recibir ó de tener informes de quienes son vagos, los llamarán y amonestarán seriamente para que, en un término no menor de ocho días ni mayor de quince, comprueben estar ya dedicados a alguna ocupación lícita. De dicha amonestación se dejará constancia en un libro que se llevará al efecto.
Art. 8. °— Si los que aparecen como vagos son hijos de familia o menores de edad, la amonestación prevenida en el artículo anterior, se hará tambien a los padres o encargados para que, en el término designado, cuiden de que se les dedique a alguna ocupación.
Art. 9. ° — La amonestación previa al juicio de vagancia solo tendrá lugar en favor de los simplemente vagos; mas ese requisito deberá excusarse respecto de los que lo fueren con algunas de las circunstancias agravantes enumeradas en el artículo 2. °
Art, 10. — Los simplemente vagos serán condenados por primera vez á la pena de cuarenta dias de trabajo en los talleres del Gobierno, en las casas de corrección, en servicio de hospitales, en la limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles u otros establecimientos, ó bien al trabajo de caminos, según las circunstancias de la persona y de cada lugar, cuidando de que el penado se mantenga en seguridad.
Art. 11. — Fuera de los casos de segunda reincidencia en que la pena será inconmutable, en los demás, á juicio del Juez y atendidas las circunstancias de la persona, podrá conmutarse en todo ó en parte á razón de dos reales diarios, siempre que una persona distinta del reo se presentare a solicitarlo, garantizando: que toma á su cargo y bajo su dirección á la persona del reo y que se obliga á suministrarle la subsistencia mientras que le proporciona ó busca trabajo ó colocación conveniente.
Art. 12. — Si la vagancia estuviere agravada con alguna de las circunstancias que se contienen en el artículo 2.° , la pena será, de sesenta días con el mismo destino que el de los penados por vagancia simple.
Art. 13. — Por cada reincidencia se aumentará la pena con la mitad de la sufrida en la condena anterior.
Art. 14. —La cesantía en empleo, colocación, servicio ó trabajo, no son excusas legítimas del cargo de vagancia, sino durante el término de quince días contados desde que la persona fue retirada del destino o trabajo que desempeñaba. Igual término se require para tener por consumada la reincidencia, contado desde el día en que el penado fue puesto en libertad.
Art. 15. Par acreditar que se ejerce algun oficio, no se admitirá como prueba la declaración del maestro o director, si se limita a decir que el sindicado de vagancia ha ocurrido al taller o al trabajo uno u otro día de la semana, sino que debe probarse la asistencia diaria, ya a un taller, ya a otro, o a cualquiera otra ocupación honesta.
Art. 16. — Los Jueces de paz ó alcaldes siempre serán competentes para conocer cualquier juicio de vagancia, aun cuando por razón de reiteradas reincidencias, hubiere que imponerse una pena mayor que la determinada para el procedimiento en juicio verbal.
Art. 17. —En el juicio de vagancia no es admisible la excepción de fuero privilegiado.
Art. 18. — Las conmutaciones pecuniarias tendrán el mismo destino que la ley señala a’ las multas impuestas en juicio verbal.
Art. 19.— Cuando el vago resalte reo de otro delito, la vagancia se estimará como circunstancia agravante y la causa se continuará por el .luez a’ quien correspondiere el juzgado del delito principal
Art. 20. — Loa vagos pueden denunciados por cualquiera del pueblo y la causa seguirse de oficio sin necesidad de denuncia.
Art. 21. — Los Jefes políticos están obligados á denunciar ante los Jueces de paz o a los Alcaldes respectivos á loa vagos que existan en el territorio de su jurisdicción; y estos deberán proceder á la secuela del procedimiento sin tardanza, bajo la pena de cinco á veinticinco pesos de multa, en caso de omisión culpable.
Art. ’22. — Los mismos Jefes políticos darán estrechas órdenes á la policía para que proceda á la captura de todos los que. sin permiso de autoridad competente y con pretexto piadoso, anduvieren colectando limosnas, y, obtenida aquella, darán cuenta á los Jueces de paz ó alcaldes respectivos para que procedan á lo que lia va lugar. Las darán, así mismo, para que la policía cuide de impedir que los ciegos y demás mendigos, molesten al público con incesantes oraciones e imprecaciones en alta voz.
Art. 23. — Los vagos que hayan cumplido sus condenas, quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad.
Art. 24. — Los juicios de vagancia se seguirán verbalmente por los Jue:es de paz, ó Alcaldes municipales en la forma que dispone el Código de procedimientos criminales, y se otorgará el recurso de apelación en la manera que el mismo Código dispone.
Art. 25. — En todo juicio de vagancia en que no deba procederse sin previa amonestación, se hará constar la que aparezca consignada en el libro de que habla el artículo 7.
Art. 26. Contra la sentencia dictada en 2a. instancia solo habrá recurso de responsabilidad contra el Juez que hubiere dictado el fallo definitivo. De este recurso conocerá la Sala de Apelaciones respectiva.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a catorce de septiembre de mil ochocientos setenta y ocho.
J. Rufino Barrios.
BIBLIOGRAFIA:
Castellanos Cambranes, Julio (1992). Tendencias del desarrollo agrario, en 500 años de lucha por la tierra. Vol 1. Guatemala: FLACSO.
Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union». Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Libro original digitalizado por The British Library).
Fronteras de Guatemala antes del Tratado Herrera-Mariscal por el que el gobierno de Barrios renunció a sus reclamos sobre Chiapas y Soconusco. En los retratos: el general Barrios (arriba) y el licenciado Lorenzo Montúfar. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En 1882, el licenciado Lorenzo Montúfar había sido nombrado como Ministro Plenipotenciario en Washington para tratar el asunto de los límites con México. Barrios viajó a Washington en ese año y dejó finalizados los preliminares de un arreglo entre México y Guatemala, que se debía firmar en Nueva York, a donde se dirigió después. Entre tanto, en Guatemala el general José María Orantes quedó a cargo de la presidencia interina.
Pero Montúfar no estuvo de acuerdo con los términos del tratado pues se cedía México Soconusco y gran parte de Chiapas y partió para Nueva York, dirigiéndole a Barrios una nota, que anticipadamente dio a la prensa, indicando que no estaba de acuerdo con e tratado. Es más, tras sus desavenencias por el tratado de límites con México, el doctor Montúfar, muy molesto por el caráter despótico del general Barrios, envió la siguiente misiva de renuncia al presidente en funciones de Guatemala, general Orantes:
Señor Presidente de la república de Guatemala, General Orantes:
Lorenzo Montúfar, enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario de Guatemala en Washington, D.C., ante Ud. respetuosamente digo que no tengo el honor de estar de acuerdo con el señor general Don J. Rufino Barrios en muchos y muy importantes puntos de la política de Centroamérica, ni me es posible continuar sufriendo por más tiempo el trato que el expresado general da a muchas personas, sin exceptuar a sus más leales servidores.
Por tanto, renuncio al cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario y protestando mi lealtad a Guatemala y a Centroamérica, a Ud. pido se digne admitir la renuncia.
Nueva York, 2 de Agosto de 1882
Lorenzo Montúfar
Aquella carta de Montúfar fue recibida con enorme sorpresa en Guatemala, en donde el servilismo que caracterizó a todos los gobiernos dictatoriales (desde el del conservador Rafael Carrera hasta el del liberal Jorge Ubico) era la norma. Las respuestas a semejante temeridad no se hicieron esperar.
Primero, el president interion respondió en los siguientes términos:
Palacio Nacional: Guatemala, 6 de septiembre de 1882
Vista la renuncia que ha hecho el Dr. Lorenzo Montúfar del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala en los Estados Unidos de América y los términos en que está concebida, el general encargado de la Presidencia, rechaza los motivos calumniosos en que la funda, reprueba la insidiosa y pérfida conducta que con notable abuso de confianza ha tenido el Doctor Montúfar, y admite su dimisión.
Comuníquese
José María Orantes
Luego, el gabinete completo del general Barrios publicó un documento en defensa de la política de Barrios y atacando a Montúfar, llamándolo traidor y calumniador injurioso que estaba tratando de “manchar la alta reputación del general Barrios”.
Y a continuación, muchos otros oficiales del gobierno liberal a nivel municipal en incluso de institutos públicos fundados por Barrios dieron muestras de un profundo servilismo, publicando sendos mensajes de adhesión al dictador liberal, defendiendo el tratado de límites con México -sin importar la gran pérdida de territorio guatemalteco- llamando todos ingrato, traidor e incluso estúpido a Montúfar, alegando que era mejor dejarlo en el olvido por sus injustificados ataques contra el “Benemérito” general Barrios.
Eestos documentos quedaron recogidos en el documento llamado “La Traición del doctor Lorenzo Montúfar juzgado por los pueblos.“ Entonces salieron a la luz supuestos problemas que el Dr. Montúfar habría tenido en sus gestiones como ministro de Estado en Costa Rica y El Salvador: en Costa Rica habría sido acusado de haberse apropiado de forma indecorosa de una valiosa finca– y luego en el gobierno del general Gerardo Barrios en El Salvador habría habido dudas sobre su administración.
Barrios retornó a Guatemala a principios de noviembre de 1882, y fue recibido con nuevas muestras de servilismo, con documentos de adhesión en donde se le felicitaba por su regreso y por haber llevado a feliz término el tratado de límites con México.
Un análisis objetivo de dicho tratado de límites, que lleva el nombre de Tratado Herrera-Mariscal, es el siguiente:
Este convenio de límites, con el que se culminó un largo período de negociaciones y el ulterior trazado de la frontera, que fue su consecuencia, constituyeron para Guatemala hechos fundamentales en su historia de finales del siglo XIX. Por este tratado, Guatemala renunció no solamente a discutir sus derechos sobre Chiapas y Soconusco, sino a los derechos mismos. Se cerró definitivamente la oportunidad para posteriores reclamos, sin siquiera pedir absolutamente nada a cambio; este convenio cerró herméticamente la puerta a toda posterior reclamación, en virtud de que, al Guatemala ceder Chiapas y Soconusco, renunció expresa y categóricamente a toda compensación o indemnización. Este es un ejemplo singular, en los anales del Derecho Internacional, de un arreglo entre dos países en el que uno de ellos llegó a hacer generosa entrega de sus posiciones y clausuró definitivamente la puerta de posteriores reclamos, sin pedir a cambio absolutamente nada.
Ruinas de la Iglesia de la Congreación de Cristo Crucificado de Propaganda Fide (La Recolección) en 1840 y en 1875. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Los conquistadores y colonos españoles quedaron maravillados por la topografía de Guatemala, y decidieron construir sus principales ciudades al pie de enormes volcanes sin medir las consecuencias. Como resultado, la capital del Reino de Guatemala, Santiago de los Caballeros, fue destruida por deslaves, y varios terremotos, además de ser periódicamente afectada por inundaciones provocadas por el aumento del caudal del río Pensativo.
Luego de ser finalmente abandonada en 1778 después de los terremotos de Santa Marta de 1773 y la subsiguiente epidemia de tifo, la otrora majestuosa ciudad fue presa de la rapiña y abandono y se convirtió en una simple villa con escasos habitantes. A pesar de ello, sus magníficos edificios todavía tenían vestigios de lo que alguna vez fueron.
Pero el 3 de septiembre de 1874, muchos de ellos fueron arruinados completamente por lo que el periódico estadounidense The New York Times, el terremoto más devastador de los que se registraron en ese año en todo el mundo. No solamente se destruyó lo que quedaba de los edificios en Antigua Guatemala, sino que borró del mapa los poblados de Parramos y de San Miguel Dueñas, e incluso hubo bandas de forajidos armados con cuchillos y otras armas punzocortantes que intentaron asaltar a los damnificados y robarles lo poco que les quedaba; afortunadamente. Eran los tiempos del gobierno de J. Rufino Barrios, las bandas fueron capturadas por la policía del gobierno y ejecutadas sumariamente.
Los sismos se iniciaron en agosto, pero nadie les puso atención pues la población estaba acostumbrada a que temblara con cierta frecuencia; es más, no impidieron que se celebrara una gran gala en honor al enlace matrimonial del presidente Barrios con su joven esposa, Francisca Aparicio.
Los poblados afectados aparte de Antigua Guatemala, Dueñas, Parramos y Patzicía, fueron Jocotenango, San Pedro Sacatepéquez, Ciudad Vieja y Amatitlán. De hecho, hubo ciento dieciséis muertos y ochenta y cinco heridos en Patzicía, que fue el epicentro del terremoto. Por su parte, en Parramos se reportaron cerca de doscientos fallecidos, ya que dos ríos que bajan de los volcanes cercanos se salieron de sus causes y arrastraron veinte chozas que estaban a las orillas de los mismo, matando a veinte de sus ocupantes.
Rodríguez Girón, Zoila; Flores, José Alejandro; Garnica, Marlen (1995). «El real palacio de Antigua Guatemala: arqueología y propuesta de rehabilitación». En Laporte, L.P; Escobedo, H. Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala (Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, versión digital). Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2011.
Estación del Ferrocarril del Norte en Puerto Barrios, durante su construcción en 1896. Imagen tomada de “La Ilustración Guatemalteca“
Uno de los principales objetivos del gobierno de J. Rufino Barrios era poder exporter el café que se generaba en sus fincas en el occidente guatemalteco, y para ello era indispensable la comunicación primero con la Ciudad de Guatemala y luego con un Puerto en el Atlántico y otro en el Pacífico.
El ferrocarril del sur era más fácil de construir, y fue concluido por la firma de los señores Luis Schlessinger y Guillermo Nanne, quienes se quedaron con la concesión de dicha línea férrea for noventa y nueve años. A continuación, el 30 de agosto de 1881 el gobierno del general Barrios firmó un contrato con la firma de Larraondo Hermanos y Compañía para construir el ferrocarril desde la Ciudad hasta el puerto de Santo Tomás de Castilla.
El proyecto era ambicioso y por demás difícil, puesto que incluía puentes sobre el caudaloso río Motagua y paso en las montañas que se elevan desde San Agustín Acasaguastlán hasta la ciudad. El proyecto se inició pero no se pudo concluir porque el general Barrios primero se tomó unas vacaciones en Nueva York y después estuvo más preocupado por la reunificación centroamericana que por cualquier proyecto de infraestructura.
Cuando Barrios murió en la batalla de Chalchuapa el 2 de abril de 1885, todos los proyectos del gobierno quedaron inconclusos y así permanecieron durante los años que gobernó el general Manuel Lisandro Barillas. No fue sino hasta que el general José María Reyna Barrios asumió la presidencia que el ferrocarril del norte se empezó a construir nuevamente, ya con otra compañía, pero nuevamente quedó truncado cuando la economía guatemalteca colapsó en 1897, con el tramo más difícil aún por construir: de San Agustín a la Ciudad de Guatemala.
Finalmente, el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera concluyó el proyecto en 1907, aunque se lo otorgó en usufructo a la compañía estadounidense Internacional Railways of Central America (IRCA), la cual era una subsidiaria del enclave bananero dirigido por la “United Fruit Company (UFCO)”. La IRCA gozó del monopolio del transporte ferroviario en Guatemala hasta la década de 1960, en la que todavía vendió al Estado toda su chatarra con la que éste formó la empresa estatal “Ferrocarriles de Guatemala” (FEGUA).
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
Todos los escudos utilizados por el Estado o la República de Guatemala desde la Independencia. Los últimos dos fueron instituidos por el gobierno conservador de Rafael Carrera, y en ellos los colores amarillo y rojo son referencias a España y la Iglesia Católica. Imagen tomada de Wikipedia en español.
La llamada “Reforma Liberal de 1871” se caracterizó desde un principio por su distanciamiento con los miembros de Partido Conservador que había gobernado a Guatemala desde 1838. Los criollos liberales esperaron a que el líder conservador Rafael Carrera falleciera y luego otros seis años más para al fin hacerse del poder nuevamente en el país.
La revolución que finalmente obtuvo la victoria se inició en 1871, cuando J. Rufino Barrios y cuarenta y cinco voluntarios invadieron Guatemala desde México armados con modernos fusiles que les proporcionó el gobierno liberal anticlerical de Benito Juárez. Disponiendo de mucho mejor armamento, pero tambien aprovechando el descontento de la tropa guatemalteca, los liberales pronto ganaron numerosas plazas venciendo a regimientos de más de doscientos hombres y consiguiendo más y más aliados conforme avanzaban.
El 30 de junio entraron triunfalmente en la Ciudad de Guatemala, y nombraron como presidente provisorio a Miguel Garcia Granados, quien se autonombró capitán general, y nombró a J. Rufino Barrios como teniente general. A partir de ese momento empezaron los grandes cambios que ocurrieron con el gobierno liberal; el principal fue que se introdujo el cultivo del café, el cual requería grandes cantidades de terreno y mucha disponibilidad de mano de obra, por lo que se emprendió una Reforma Agraria que eventualmente despojó a las órdenes religiosas y a las comunidades indígenas de grandes extensiones de territorio para formar fincas cafetaleras y se establecieron leyes, como el Reglamento de Jornaleros, para obligar a los indígenes a trabajar como colonos en dichas fincas.
Otro frente fue contra la Iglesia Católica, en especial contra las órdenes religiosas, las cuales habían recuperado mucho poder en el país con el gobierno de Carrera, luego de que éste les permitió retornar después de que los liberales de Francisco Morazán los expulsaran en 1829.
Como ocurre en la política nacional, hubo importantes cambios de partido. El líder liberal, Miguel Garcia Granados, quien era de origen español, había sido uno de los mayores afectados por la expropiación hecha por los criollos liberales en 1829, pero al no tener espacio politico durante el gobierno de Carrera, se hizo liberal y terminó siendo líder de la revolución de 1871. Por sus lazos de amistad y parentezco con los miembros del partido conservador, sus reformas fueron tibias y paulatinas, lo que exasperó a los liberales quienes lo sustituyeron por el mucho más joven e impetuoso J. Rufino Barrios en la presidencia interina en 1873.
Para demostrar su orientación liberal que incluía un acercamiento a una Centroamérica unida bajo la política liberal y un marcado alejamiento de la Iglesia Católica, el gobierno del presidente provisorio emitió el decreto de 10 de agosto de 1871 en el cual se cambiaba el escudo conservador, que incluía numerosas referencias a la Iglesia, por uno con el Quetzal y ramas de olivo, que representaba la tendencia liberal.
Maximo Soto Hall, escritor guatemalteco y medio hermano del president hondureño Marco Aurelio Soto. Imagen de Iván Molina Jiménez, tomada de la Revista Mexicana del Caribe
Otro de los intelectuales olvidados en Guatemala por sus vinculaciones con gobiernos de cierta índole es Maximo Soto Hall, quien fuera junto a Enrique Gómez Carillo, uno de los principals ideólogos y aduladores del licenciado Manuel Estrada Cabrera durante su largo gobierno.
Máximo Soto Hall provenía de una acaudalada familia de empresarios, profesionales, políticos e intelectuales. En 1857, la familia Soto Hall se había mudado a Guatemala, a donde había sido enviado Máximo Soto en calidad de Ministro Plenipotenciario de su país. Soto Hall era hermano por parte de padre de Marco Aurelio Soto Martínez, quien fue Ministro de Educación y Relaciones Exteriones en Guatemala y luego presidente de la República de Honduras, y también era primo de Ramón Rosa Soto, quien alternaba las carteras de Educación y Relaciones Exteriores en Guatemala con Soto Martínez y luego fue Ministro General de Gobierno en Honduras. Otras miembros de su familia incluían a la intelectural guatemalteca Elisa Hall de Asturias y su padre fue un médico y abogado hondureño con fuertes intereses en minería y en el comercio al por mayor en Tegucigalpa, fundador de la Universidad de Honduras y candidato a la presidencia de ese país centroamericano.
Soto Hall nació como hijo póstumo, pues su padre falleció seis meses antes del parto; creció y se educó en Guatemala pues su madre, Guadalupe Hall Lara, era hija de William Hall, socio de la casa comercial «Hall, Meany & Bennet», establecida en Guatemala en 1826 y vicecónsul de la Gran Bretaña. En su residencia se reunían los personajes más ilustres de Guatemala y recibió la educación más esmerada que se podia tener en esa época, egresando del entonces prestigioso y exclusivo Instituto Nacional Central para Varones.
Su vinculación con el gobierno de Estrada Cabrera, de la que hablaremos una una future oportunidad, hizo que luego del derrocamiento de don Manuel en 1920 su figura fuera dejada en el olvido junto con la de Enrique Gómez Carrillo, y es por ello es que muy pocos guatemaltecos los recuerdan.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Martínez, Rafael (1914). Los atormentados. Guatemala: Unión Tipográfica.
Barrientos, Alfonso Enrique (1948). «Ramón Rosa y Guatemala». Revista del archivo y biblioteca nacionales (Honduras) 27 (3-4).
Bascome Jones, J.; Scoullar, William T.; Soto Hall, Máximo (1915). El Libro azul de Guatemala. Searcy & Pfaff. «relato é historia sobre la vida de las personas más prominentes; historia condensada de la república; artículos especiales sobre el comercio, agricultura y riqueza mineral, basado sobre las estadísticas oficiales».
Gobierno de Guatemala (1907). Álbum de Minerva 1907VII. Guatemala: Tipografía Nacional.
Mendoza, Juan Manuel (1946). Enrique Gómez Carrillo, estudio crítico-biográfico: su vida, su obra y su épocaII (2.ª edición). Guatemala: Tipografía Nacional.
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