Siendo teniente general del ejército y encargado de la presidencia del gobierno de facto provisorio de la República por ausencia del general Miguel García Granados, el 24 de mayo de 1872, J. Rufino Barrios confiscó algunas propiedades de los religiosos y suprimió a los jesuitas y a otras órdenes regulares. Siendo originario de San Marcos, Barrios era un criollo liberal descendiente de aquellos que intentaron formar el Estado de Los Altos cuando el gobierno conservador apoyado por el general Rafael Carrera tomó el poder en Guatemala; sabiendo que el principal aliado de los conservadores era el clero regular, decidió minar el poderío económico de la iglesia.
He aquí un resumen de las órdenes afectadas:
| Orden | Logo | Tipo de clero | Propiedades expropiadas |
| Orden de Predicadores |  |
Regular |
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| Mercedarios |  |
Regular |
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| Compañía de Jesús |  |
Regular | Los jesuitas habían sido expulsados de Guatemala por el rey de España Carlos III en 1765, pero regresaron durante el gobierno de Rafael Carrera para encargarse de la educación. Cuando fueron expulsado en septiembre de 1871 no tenían mayores posesiones en Guatemala. |
| Recoletos |  |
Regular | Conventos |
| Concepcionistas |  |
Regular | Conventos y haciendas |
| Arquidiócesis de Guatemala | Secular | Colegio y Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Asunción | |
| Congregación de San Felipe Neri |  |
Secular | Templo y residencia en Ciudad de Guatemala destruidos hasta sus cimientos. |
Cuando el pueblo católico protestó estas disposiciones, Barrios promulgó el siguiente decreto, por medio del cual el ejército ocupó los edificios de las órdenes regulares, y le dio el ultimátum a los religiosos que si querían permanecer en el país que fueran secularizados (es decir, que se convirtieran en curas párrocos y abandonaran el hábito de la orden regular a la que pertenecían):
Decreto N°. 64
Considerando: Que las comunidades de Religiosos carecen de objeto en la República, pues no son las depositarías del Saber, ni un elemento eficaz para morijerar las costumbres;
Que no pudiendo ya como en los siglos medios prestar importantes servicios a la sociedad, los trascendentales defectos inherentes a las asociaciones de esta clase, se hacen mas sensibles, sin que de modo alguno sean excusables;
Que dichos institutos son por naturaleza refractarios a las reformas conquistadas por la civilización moderna, que proscribe la teocracia en nombre de la libertad, del progreso y de la soberanía del pueblo;
Que sustrayéndose en el orden económico a las leyes naturales y bienhechoras de la producción y del consumo, constituyen una excepción injustificable que gravita sobre las clases productoras:
Que debiendo las referidas comunidades su existencia a la ley, a esta corresponde estinguirlas, y de consiguiente disponer en beneficio público de los bienes que poseen;
Y que atendiendo a los principios que presiden á la revolución democrática de Guatemala, es una consecuencia ineludible la extinción de las Comunidades de Religiosos, y al decretarla, un deber del gobierno proporcionar a éstos los medios necesarios para el sostenimiento de su nueva posición social, tengo á bien decretar y
DECRETO:
Art. 1. – Quedan extinguidas en la República las comunidades de Religiosos.
Art. 2. – Se declaran nacionales los bienes que poseen y usufructúan.
Art. 3. – Estos bienes y sus productos se dedicarán de preferencia a sostener y desarrollar la instrucción pública gratuita.
Art. 4. – Los Religiosos exclaustrados quedan en absoluta libertad de residir donde les convenga, o de salir de la República, si así lo quisieren. Podrán adquirir bienes, disponer de ellos en vida o por testamento, tratar y contratar y gozar de todos los derechos que las ley- conceden al resto de los habitantes, sin más limitaciones que las que impone su estado á los eclesiásticos seculares.
Art. 5. – A los Religiosos que deseen salir de la República, se les costeará el viático necesario, y los que prefieran residir en ella, quedan por el mismo hecho secularizados,
no podiendo usar hábito ni distintivo de religioso.
Art. 6. – Las iglesias de las comunidades se conservarán con sus respectivas advocaciones y títulos, lo mismo que con sus vasos sagrados, alhajas, ornamentos y todo cuanto
esté destinado al Culto. En cada una de dichas Iglesias se erigirá una parroquia, a cuyo sostenimiento contribuirá el Gobierno.
Art. 7. – Las librerías de los conventos pasarán a la Biblioteca de la Universidad.
Art. 8. – La hacienda pública pagará, durante un año, a los Religiosos exclaustrados, que aun no se hayan ordenado de Presbíteros, los impedidos de ejercer su ministerio por ancianidad o enfermedad, una pensión de veinticinco pesos al mes, entregándoles la primera mensualidad el mismo dia en que se verifique la exclaustración.
Art. 9.- El Ministro del ramo queda encargado de la ejecución de este decreto, dando al efecto las instrucciones convenientes al Jete Político de este departamento y al Administrador General de Rentas.
Dado en Guatemala, a siete de junio de mil ochocientos setenta y dos
- J. Rufino Barrios, Teniente general del ejército y Encargado de la Presidencia del Gobierno Provisorio de la República
- Marco Aurelio Soto, ministro del ramo
BIBLIOGRAFIA:
- Barrios, J. Rufino (7 de junio de 1872). «Decreto del 7 de junio de 1872 del teniente general J. Rufino Barrios, encargado de la presidencia provisoria de la República». Museo Nacional de Historia (Guatemala).
- Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso.
- Ramos, Marco Antonio (2008). «Estado e Iglesia hacia la separación». En Ayala Mora, Enrique; Posado Carbó, Eduardo. Historia general de América Latina; los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación, 1870-1930. Tomo VII. Trotta, Ediciones UNESCO. ISBN 978-84-8164-752-5.
