Categoría: Jalapa

24 de marzo de 1838: conferencias de Mataquescuintla entre el gobierno federal y las fuerzas campesinas de Rafael Carrera

24marzo1838
El poblado de Mataquescuintla, visto desde Miramundo y Pino Dulce.  En el recuadro:  el comandante campesino Rafael Carrera y el líder criollo liberal José Francisco Barrundia.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Luego del derrocamiento del gobierno del Dr. Mariano Gálvez, las fuerzas campesinas comandadas por “el indio” Rafael Carrera (como le llamaban los criollos locales), no depusieron las armas y el gobierno de Francisco Morazán encomendó a José Francisco Barrundia, quien había pactado anteriormente con Carrera para derrocar a Gálvez, para que conferenciara con el líder campesino y lo convenciera a entregarlas.  La reunión ocurrió en el campamento de las fuerzas rebeldes en Mataquescuintla y el mismo Barrundia mandó un informe a Morazán tras el fracaso de la misma, el cual reproducimos a continuación, con algunas notas de nuestra autoría para aclarar algunos puntos:

“Ciudadano presidente de la República.

“Los comisionados para la pacificación de las fuerzas de Carrera debemos informar a Ud. brevemente todo lo ocurrido en el desempeño de nuestro encargo.”

“Llegamos el mismo día de nuestra salida, que fue el 24 a la plaza de Mataquescuintla después de medio día.  Se nos presentaron cuatro encargados del comandante Carrera para conferenciar.  Nosotros exigíamos que llegase él mismo como lo había ofrecido antes para el punto de Cruz-Alta.  Más habiéndolo rehusado tratamos ligeramente con sus encargados de nuestro asunto; y desde luego encontramos la mayor resistencia al punto principal de entregar las armas. A teimpo que sus encargados iban a llamarle, le vimos a la puerta rodeado de su fuerza militar.  Se le instó a que entrase y rehusó con aspereza habiendo empezado allí mismo una contienda con nosotros de reproches a la conducta del Gobierno de Guatemala, y del Presidente que nosotros contestamos a la vista de toda la tropa, y aún tomando parte en ella algunos de sus soldados. Él manifestó que no tenía ya que hacer en nuestro negocio puesto que ya habíamos hablado con sus encargados y que jamás podría convenirse, y era un agravio proponérselo, que entregara las armas, manifestando la mayor desconfianza y desabrimiento.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  en Guatemala los criollos y la élite económica no está acostumbrada a que un indígena o mestizo le hable de tú a tú y mucho menos que se oponga a sus designios.  Esta actitud prepotente de Carrera frente a los enviados criollos de Morazán los desarmó por completo.)

“Como esta entrevista en cierta manera tumultuaria entre la mismo tropa no ofrecía, regularidad, sino más bien malos resultados, instamos a Carrera para que se presentase el día siguiente a terminar este negocio y nos lo ofreció formarlmente a pesar de la ligereza con que lo trataba. En esta noche fuimos inquietados por el incendio de dos casas que consideramos verificado a propósito por algún mal designio, pues no podía ser accidental, no hallándose persona alguna en todo el pueblo.  Mas no hubo resultado alguno.”

“A la mañana siguiente, a las 9 remitimos una nota a Carrera llamándole a la conferencia.  Se presentó cerca del medio día en la plaza con una fuerza como de 300 hombres.  Entró a conferenciar rodeado de sus jefes y a presencia de toda su fuerza que escuchaba a puerta abierta desde afuera.  Los princiaples motivos de su obstinación para la entrega de las armas, eran o se descubrían en una suma desconfianza del Gobierno, no hallándose suficientes las garantía posibles para desvanecerla. Decían que el Gobierno de Guatemala no había cambiado en nada en cuanto a las vejaciones y mala fé que siempre lo animaron.  Preguntaron cual era el origen de la agresión que suponía de nuestras tropas. Y desconocía en cierta manera la obediencia que se debe al Gobierno y a la necesidad de que este regularice todas las fuerzas y disponga de ellas conforme a las leyes y según convenga al orden público.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  en otras palabras, a Carrera no le importaban las leyes del gobierno de Morazán ni del Estado de Guatemala, porque no confiaba en ellos ya que consideraba que el gobierno no había hecho nada por los campesinos tras el derrocamiento de Gálvez).

“Él y sus jefes reprochaban las leyes de libertad de comercio; de libertad de concienca y todo el espíritu de nuestras instituciones, afectando el de religión hasta un exceso de fanatismo.  La comisión se ocupaba en desvanecer sus falsas nociones, en inspirarle confianza en los prinicpios libres de nuestra legislación y en el Gobierno actual, tanto del Estado como de la República.  Mas conocíamos la dificultad de safisfacer sus desos y los nuestros, oponiéndose a todo por falta de principios y la irregularidad de sus miras, principalmnete en una conferencia tumulturaria y del momento. La simple idea de distinguir entre la administración pasada que había violado todos sus derechos y la actual que los respetaba, no podía inspirárseles ni satisfacérseles.”

(Nota de HoyHistoriaGT: en Guatemala las élites políticas están acostumbradas a que la población inculta del área rural de la República acepte sus complejas leyes y reglamentos sin analizarlos, y nunca se habían encontrado con un líder campesino que los retara y les expusiera las graves fallas de dichas leyes.  Nuevamente, la comisión de Morazán quedó desarmada).

“En estas circunstancias ellos han presentado unas proposiciones que adjuntamos a esta nota. Se advierte en ellas claramente la influencia de alguna personalidad muy superior a las luces cortísimas y simplicidad de estas masas con designios tal vez muy siniestros. Nosotros recibimos en este acto la nota del Presidente acompañándonos la muy safistactoria de Chiquimula en contra de los planes y pretensiones de Carrera para contraerse aquel departamento; pero no quisimos hacer uso de ella por la exaltación desagradable con que eran recibidas todas nuestras manifestaciones sobre los recursos y superioridad del poder del Gobierno, a la vista de una masa armada y conferenciando con nosotros mismos sobre asuntos tan delicados. Nuestra posición era, por tanto, sumamente crítica y expuesta.”

(Nota de HoyHistoriaGT:  por un lado, Barrundia no quería creer que fuera Carrera, a quien consideraba como un indígena analfabeto, el que hubiera tenido la idea de las contra-proposiciones que le presentaron a la comisión del gobierno y, por otro, no se atrevió a intentar sobornarlo con la gobernación de Chiquimula que le había autorizado Morazán al ver la determinación del general campesino.  Finalmente, maniesta que él y los otros representantes estaban aterrorizado durante las conferencias).

“Entre tanto, el comandante Carrera se separó a hablar conmigo aparte: ocurrió el cura Aqueche y juntos tratamos de otro nuevo medio de conciliación.  Este consistía en los artículos siguientes:

“Primero: que las armas se reuniesen y almacenasen en Mataquescuintla con una guarnición de 50 hombres de aquella misma tropa, que no pasaría nunca de este número.”

“Segundo: que cuando se ofreciese perseguir a aquellas partidas o ladrones que inquietasen a los pueblos, no saldría fuerza alguna a verificarlo sin permiso del gobierno.”

“Tercero: que el mismo cura Aqueche respondía de la inviolabilidad de este arreglo yse hacía él mismo un guarda almacén o depositario de las armas.”

“Cuarto: que desde el momento que tuviesen ya los pueblos un obispo americano, una rebaja suficiente de contribuciones y una administración interior de confianza, pondrían estas armas a disposición del Gobierno.” (Nota de HoyHistoriaGT: este es el punto medular del conflicto entre Carrera y los criollos liberales:  los ataques contra al religión Católica y la desproporcionada carga tributaria impuesta a los campesinos).

“Ofrecimos presentar estas propuestas, junto con las que hemos acompañado para que el Presidente se informase y en vista de todo resolviese lo conveniente.”

“Nosotros consideramos muy difícil la subsistencia de cualquier convenio, y mucho menos la coordinación de ideas o de un sistema político entre masas agitadas a la vez por el fanatismo, por los males aun existentes de una persecución a muerte que acaban de sufrir y por las falsas ideas que se les han infundido sobre nuestra legislación.  Al mismo tiempo que habituadas ya a una vida salvaje y dura y al solo ejercicio de las armas, sus tendencias no pueden ser ya a los trabajos del campo ni a la vida regular de la sociedad.  Y este espíritu se manifiesta más altamente en el carácter de su jefe Carrera, que es intrépido, independiente y resulto al paso que decidido y propenso a la vida inculta y militar a la que se halla habituado.  De suerte que ni el interés ni los empleos pueden obrar en su corazón sobre los halagos de esta independencia salvaje y de la ambición de superioridad sobre los muchos pueblos que ya le rodean y le presentan sus masas.  Con tristados por este choque que parece indefectible entre la parte civilizada y las masas incultas de la nación (pues que va extendiéndose a todos los Estados de la República) hacemos esta exposición al Presidente para que medite la gran dificultad e interés de este negocio que descarga sobre sus hombros, y con el fin de que exista este documento interesante del primer paso que ha dado para su arreglo; el cual va a abrir una campaña acaso muy dilatada y de resultados más extensos de los que pueden alcanzarse actualmente en nuestra posición política.”

“Ofrecemos, pues, al Presidente de la República todas nuestras consideraciones y respetos, siendo sus afectísimos servidos que B.S.M.”

  • José Francisco Barrundia
  • José María Castilla
  • Matías Quiñónez
  • Basilio Zeceña

Aquellos criollos liberales tenían razón: no se logró ningun acuerdo y Morazán y Carrera llegaron al punto al que tenían que llegar: la confrontación directa que se dió en la Ciudad de Guatemala del 17 al 19 de marzo de 1840, resultando en la aplastante derrota de Morazán y el desmembramiento absoluto de la República Federal.

BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

 

 

23 de febrero de 1863: las fuerzas salvadoreñas derrotan al ejército de Rafael Carrera en Coatepeque, El Salvador

23febrero1863
Batalla de Coatepeque, tal y como fue esculpida en el Monumento a Gerardo Barrios en El Salvador.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego de la batalla de La Arada el gobierno de Guatemala vivió tranquilamente, pues sus vecinos centroamericanos quedaron bajo su control, mientras que México estaba hundido en graves guerras civiles.  Pero hacia el final de la vida del general Rafael Carrera, el presidente Gerardo Barrios intentó deponer al fuerte gobierno conservador católico que se había establecido en Guatemala.

En 1863, el partido de los criollos liberales estaba decidido a acabar con el partido conservador en Nicaragua y, sobre todo, el aborrecido gobierno conservador de Carrera en Guatemala. Poco antes, el líder liberal Máximo Jerez había propuesto en Nicaragua que se hiciera una nueva república federal y que se le diera la presidencia de la misma a Carrera, estableciendo la capital nuevamente en la Ciudad de Guatemala.  Esto no fue del agrado de los liberales de los otros estados quienes soñaban con una Federación, pero sin los “cachurecos” (es decir, los conservadores guatemaltecos y sus aliados, los miembros del clero).  Entre aquellos destacaba el general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador, quien atacó duramente la propuesta de Jerez, llegando a romper relaciones diplomáticas con los estados centroamericanos.

Carrera tomó aquello como una afrenta y dirigió a su ejército a la frontera con El Salvador e invadió Santa Ana.  De esta cuenta, a principios de febrero, el gobierno de Gerardo Barrios lanzó una dura proclama en contra del gobierno cachureco fanático de Carrera, diciendo que éste gobernaba con el rosario en la boca y la espada sangrienta en la mano y que era indispensable derrocar aquel “tirano”.  Y entonces, en respuesta, el 2 de febrero de 1863, al conmemorar el décimo segundo aniversario de la Batalla de La Arada, Carrera pasó revista a sus tropas en la calle frente al templo de San José en la Ciudad de Guatemala, y el 5 partió al frente de las mismas hacia Jutiapa, a donde llegó el 9 de febrero.

El 15 de febrero, estaban ya las tropas listas, desde Guatemala, Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa, comandadas, entre otros, por el general Serapio Cruz (“Tata Lapo”) y el también general José Víctor Zavala; solamente faltaba el destacamente de Chiquimula, comandado por el general Vicente Cerna.  El 16, fuerzas compuestas por quinientos hombres salieron para Ahuchapán y la tomaron ese mismo día, mientras que por la tarde, salió Zavala con los batallones de la capital y de Santa Rosa, para que, finalmente, al día siguiente saliera Carrera con el resto de las fuerzas guatemaltecas.

Aquello significó la declaratoria de guerra y las fuerzas de Carrera, en total de seis mil hombres, ocuparon Chalchuapa. Ya con Ahuachpán tomada, los guatemaltecos avanzaron hacia Santa Ana, en donde los salvadoreños abandonaron la plaza y salieron a atrincherarse a Coatepeque, desde donde atacaron a la retaguardia del ejéricto de Carrera que hacía un reconocimiento del terreno antes de la batalla.

Al día siguiente, 23 de febrero, a pesar de iniciar con ímpetu desde las cinco de la mañana, las fuerzas guatemaltecas no pudieron someter a Coatepeque, en donde comandaban la batalla Gerardo Barrios y Máximo Jerez, y los salvadoreños, disfrutando de un mejor posición, hicieron estragos entre los atacantes. Debido a la escacez de agua y el calor sofocante, los guatemaltecos tuvieron que emprender la retirada, dejando casi mil muertos y sufriendo una gran cantidad de deserciones.

Al día siguiente, ya con el resto de sus fuerzas reorganizadas, Carrera intentó un nuevo ataque, pero nuevamente fue repelido por los salvadoreños, pero de tal forma, que el ejército guatemalteco huyó en desbandada y Carrera tuvo que ordenar la retirada.  Los salvadoreños, no obstante el brillante triunfo, quedaron tan maltrechos, que no pudieron avanzar sobre la retaguardia y dejaron que se fueran los invasores.

Carrera regresó a la ciudad de Guatemala el 5 de marzo al frente de dos mil quinientos hombres, y fue recibido como que si hubiera derrotado al enemigo.  ¡Era tal el servilismo que imperaba!  Después de dos días de ausentarse de sus obligaciones como presidente por estar indispuesto, Carrera retomó su funciones y empezó a planificar su revancha, que a la larga se cumplió en forma absoluta: Barrios, vencido, tuvo que salir huyendo de su propio país, para caer luego en manos de sus enemigos, que lo ejecutaron sin piedad.  Y Máximo Jerez, que había ayudado a Barrios enormemente en la campaña de Coatepeque, evalentonado por la victoria sobre Carrera se fue a Nicaragua para acabar con los conservadores de esa región, pero solo alcanzó una terrible derrota tras la cual fue exiliado a Costa Rica.

BIBLIOGRAFIA:

  • Hernández de León, Federico (22 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 22 de febrero de 1863, Acción de Coatepeque”. Guatemala: Nuestro Diario.

 

 

28 de noviembre de 1944: la Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

28noviembre1944
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.

El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO:

Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO:

Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO:

Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO:

Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO:

Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO:

Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO:

Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO:

Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO:

Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO:

Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;

POR TANTO,

DECRETA:

ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República.
La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó.
La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

  • Francisto Javier Arana
  • Jacobo Arbenz
  • Jorge Toriello
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
  • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
  • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
  • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
  • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña

BIBLIOGRAFIA:

  • Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala.

 

8 de noviembre de 1851: la Asamblea constituyente emite un decreto sobre asuntos de los indígenas

8noviembre1851
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.

A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.

Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos.  La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.

Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.

(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).

DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.

La asamblea constituyente de la república de Guatemala.

Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:

Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:

  1. En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
  2. En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
  3. Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido.  (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
  4. Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
  5. Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
  6. Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
  7. Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
  8. Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.

Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.

(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).

Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.

BIBLIOGRAFIA:

24 de julio de 1839: Guatemala y Nicaragua firman una alianza en contra del presidente liberal de El Salvador, Francisco Morazán

24julio1839
Dibujo a lápiz del general Francisco Morazán. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Para 1839 la República Federal de Centro América por la que tanto habían luchado los criollos liberales prácticamente había colapsado, aunque su principal caudillo, el general Francisco Morazán seguía siendo el presidente federal. La figura del general Rafael Carrera en Guatemala iba a ser decisiva para terminar tanto con la Federación como con la carrera política del caudillo hondureño, ya que Carrera guardaba un enorme resentimiento hacia Morazán por las atrocidades que este había cometido contra los campesinos del Oriente guatemalteco y contra su propia familia y no iba a descansar hasta derrotar al caudillo liberal.

El 6 de abril de 1839 Morazán se enfrentó al general hondureño Francisco Ferrera, en la batalla del Espíritu Santo, cerca del rió Lempa. Ferrera había pactado una alianza con Carrera y aunque las tropas federales alcanzan el triunfo, quedaron debilitadas. Esto sirvió para que los criollos liberales salvadoreños ratificaran su confianza en Morazán fuera elegido presidente de El Salvador.

Carrera contraatacó.

El 24 de julio de 1839, Nicaragua y Guatemala celebraron un tratado de alianza en contra del gobierno salvadoreño, al mismo tiempo que Carrera llamó a los salvadoreños a la insurrección popular, lo que provocó algunos levantamientos, que fueron vencidos sin mucho esfuerzo por el gobierno de Morazán.

La ofensiva contra el gobierno de Morazán persistió. Al no lograr subvertir desde dentro la autoridad del presidente salvadoreño, tropas hondureñas y nicaragüenses invadieron el país a finales de septiembre de 1839. Nuevamente el general Morazán, con seiscientos salvadoreños derrota en la batalla de San Pedro Perulapán a los más de dos mil invasores comandados por los generales conservadores.

Al enterarse de que Carrera había retomado por la fuerza el Estado de Los Altos (que era el refugio de los criollos liberales en el occidente de Guatemala), y envalentonado por su reciente victoria, Morazán decidió invadir Guatemala por segunda vez y acabar con el general campesino de una vez por todas. La derrota que sufrió en la Ciudad de Guatemala en 1840 a manos de las fuerzas de Carrera sería el final de la Federación y de la carrera política de Morazán.

BIBLIOGRAFIA:

9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

9julio1884
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.

El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.

 

  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala

1julio1823
Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta asamblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltranena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:

10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

10mayo1952
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia“, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.

BIBLIOGRAFIA:

6 de mayo de 1837: en Mataquescuintla se produce el primer alzamiento contra el gobierno del doctor Mariano Galvez; aparece por primera vez la figura de Rafael Carrera

6mayo1837
Miembros del gabinete de gobiero del general Rafael Carrera, cuando ya estaba en la presidencia de Guatemala.  Se reconoce , entre otros, a Pedro de Aycinena, Juan Diéguez Olaverri, el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez, José Milla y Vidaurre, Antonio José de Irisarri y el mariscal José Víctor Zavala. Imagen que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.

Reproducimos a continuación un fragmento de las memorias del general Rafael Carrera, quien las dictó a su secretario Mariano Chéves mientras estuvo en la presidencia de Guatemala:

Cuando a los pueblos se les quiere atacar en sus costumbres y variárselas repentinamente, causa en ellos una emoción, que por sana que sea la intención con que se quiere varias sus instituciones y costumbres añejas se sublevan. Tal fue lo que sucedió el año de 1937 en Santa Rosa, en cuya época mandaba el Doctor Gálvez el Estado de Guatemala, uno de los que componían la República de Centro-América, el más rico y poblado de la Federación, siendo presidente de la República el General Morazán. Muchas causas habían preparado de antemano el disgusto de los habitantes del Estado: una de ella fue la contribución personal que se había asignado por aquel gobierno a cada uno de los habitantes, a quienes se les señaló dos pesos por persona que pagaban anualmente. Sufrieron este gravamen con resignación, sustituyendo el tributo antes abolido desde que se hizo la Independencia del Gobierno Español. En seguidas jefes militares, no de muy buena conducta fueron desacreditando al Gobierno por el despotismo y arbitrariedades con que obraban, echándose la odiosidad de sus Gobernados.

Otras de las causas que contribuyeron no menos que las primeras, fue el establecimiento del Código en que se variaba enteramente la administración Judicial y la Religión, autorizando a los Jueces para casar y descasar a su antojo echando por tierra de un golpe a la Religión y sus ministros, y variando el Sistema, estableciendo solamente por influencia de unos pocos a quienes parecía bueno el Código, que ellos mismo o entendían; esto causó una alarma general en todo el país, en que por naturaleza las gentes son religiosas. Todavía sufrieron tal providencia; pero en seguidas la cosa subió de punto; sobre tanto conjunto de males, vino la epidemia de Cólera Morbus, epidemia desconocida en este país, y estando todos mal prevenidos con los sucesos anteriores, a la primera orden que dió el gobierno para despejar los pueblos, botar toda la arboleda dentro de ellos y sus inmediaciones, cercar las fuentes de agua de que se surtían los habitantes y establecer cordones sanitarios para evitar la comunicación entre unos pueblos con otros, subió de punto la agitación general y el 6 de mayo de 1837 tuvo lugar el primer levantamiento en Mataquescuintla con el Gobernador, que lo era Don Francisco Aqueche contra quien se amotinaron más de 1800 personas de ambos sexos. Dicho Gobernador se favoreció en el Convento cuyas puertas forzaban para sacarlo y asesinarlo en la plaza. En medio de tal desorden y no logrando que atendieran a sus súplicas, un tío suyo que era el párroco de aquella población, en tal aprieto ocurrió a un joven que reunía bastante opinion en aquel pueblo y a quien consideraban los habitants, porque a muchos que se hallaban presos por la contribución los sacaba de la cárcel pagando por ellos y desembargando de esta manera sus fierros de labranza y los tratos más precisos para vivir de que se servían privados por los Alcaldes de los Pueblos, quienes acosados por las multas que les imponían sus superiores obraban tan inhumanamente. El joven de que hemos hablado anteriormente era Don Rafael Carrera, hijo de Guatemala, con dos años de vecindario en dicho pueblo y casado con una de las principales familias bastante acomodadas; su edad era de veintitrés años y a pesar de esto ocurrió inmediatamente a salvar al Gobernador lo que logró”.

Como se pues, aquel 6 de mayo de 1837 surgió a la luz pública en Mataquescuintla una figura que sería fundamental en la historia de Guatemala: Rafael Carrera.

BIBLIOGRAFIA:

 

26 de febrero de 1849: asesinan a Mariano Rivera Paz, ex-jefe de Estado de Guatemala cuando iba a tomar posesión del corregimiento de Jutiapa en el departamento de Mita

26febrero1849
Retrato el presidente Mariano Rivera Paz (1804-1849). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante el exilio del general Rafael Carrera a México en 1848 los criollos se hicieron cargo de la situación del país, pero en lugar de recuperar la armonía y tranquilidad, Guatemala se hundió en una profunda anarquía. Cuando Carrera partió al exilio el 13 de octubre, la Asamblea Legislativa, ahora en poder de los liberales, dictó una disposición por la que se le declaraba fuera de la ley que debía aplicársele la pena de muerte si osaba regresar al país.

Se sucedieron entonces varios presidentes que renunciaron en cuestión de semanas o meses, hasta que finalmente el coronel Mariano Paredes (hasta entonces corregidor de Quetzaltenango), tuvo que ir a la Ciudad de Guatemala para hacerse cargo de la situación.  Pero a pesar de los esfuerzos del presidente Paredes, las luchas internas entre los criollos liberales hicieron que Guatemala entrara en una profunda crisis: había crímenes políticos de importantes personalidades, así como bandoleros sueltos por todo el país; y el Estado de Los Altos aprovechó la debilidad de Guatemala para independizarse. Al gobierno se le iba en dictar leyes que nadie las cumplía y se llegó al punto en que los hermanos Vicente y Serapio Cruz (“Tata Lapo“), se habían alzado y tras imponerle sus condiciones a Paredes, hicieron una entrada triunfal en la ciudad el 10 de febrero de 1849 comportándose como los dueños del país.

En medio de aquella terrible situación el 26 de febrero de 1849, el ex-jefe de estado Mariano Rivera Paz y Gregorio Orantes fueron asesinados cuando el presidente Paredes los nombró como corregidores de Jutiapa y de Jalapa, respectivamente, e iban en camino a tomar posesión de su cargo.  Fueron asesinados por los “lucios” (Roberto Reyes y Agustín Pérez) en la aldea Sampaquisoy cercana a Mataquescuintla y de hecho, la escolta que los iba protegiendo, en lugar de ayudarlos se alió con los asaltantes y terminó ejecutándolos. Y el sucesor de Rivera Paz no corrió con mejor suerte: Paredes nombró al general Vicente Cruz, como corregidor, y lo primero que éste hizo fue salir en persecución de Agustín Pérez, a cuyas fuerzas derrotó, pero cuando Pérez huyó, Cruz salió a perseguirlo sin más armas que su espada y fue víctima fácil de un francotirador que lo mató de un tiro en el pecho.  Poco le duró la gloria y la arrogancia con que había entrado a la ciudad de Guatemala pocos meses antes.  (Por cierto que los corregimientos de Jalapa y Jutiapa pertenecían al departamento de Mita que había sido creado un año antes, el 23 de febrero).

Era una época oscura de crímenes politicos constantes, pues aparte de los corregidores de Jutiapa y de Jalapa, fue asesinado también Marcial Zebadúa, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que no es de extrañar que el primer encargado de la embajada de los Estados Unidos que hubo en Guatemala, Eliah Hise, abandonara la ciudad a tan sólo unos meses de tomar el cargo.

Todo aquel clima de inestabilidad propició el retorno del general Carrera, quien ingresó a Guatemala por el occidente y regresó a la ciudad y al poder en agosto de 1849, haciendo huir a los criollos liberales que buscaron la salvación en El Salvador, mientras que los conservadores, que eran detestados en el resto de Centroamérica, tuvieron que pactar con Carrera para evitar que los masacraran los indígenas con los que éste había pactado durante su retorno al poder.

BIBLIOGRAFIA: