El teniente coronel Rafael Carrera y sus huestes de Mita, entonces concentradas en las serranías de Mita, lanzan una proclama contra Francisco Morazán, desconociendo al gobierno de Carlos Salazar y a la Asamblea de Guatemala.
Vista panorámica de Mataquescuintla desde el mirador de Colis. En el recuadro: fotografía del capitán general Rafael Carrera cuando ya era presidente vitalicio de Guatemala en 1854. Imágenes tomadas de Mirador de Mataquescuintla «Colis» y de Pantheon World.
El 18 de enero de 1839 los nuevos gobiernos de Honduras y Nicaragua —que se habían declarado Estados Independientes de la República Federal de Centro América en 1838— formaron una alianza ofensiva y defensiva en contra del Presidente Federal Francisco Morazán.1 Ambos estados se habían separado de la Federación cuando Morazán no quiso convocar a elecciones presidenciales2 y el 18 de mayo de 1838, en la sesión del Congreso Federal, se acordó autorizar a los estados a reorganizarse como mejor les pareciera, sin tomar en cuenta las leyes nacionales, lo que fue aprovechado por Honduras, Nicaragua y Costa Rica para separarse definitivamente de la Federación.3
Aquel tratado de alianza significó el principio del fin para Morazán, y de la República Federal, formada ya solamente por Guatemala, Los Altos y El Salvador. El tratado favorecía las aspiraciones del Jefe de las Armas de Honduras, el caudillo conservador Francisco Ferrera, quien le dió la noticia del mismo al teniente coronel Rafael Carrera, quien en ese momento se encontraba en las serranías de Mita, luego de haber firmado el tratado de «El Rinconcito«.1
El 24 de marzo de 1839 el teniente coronel Rafael Carrera y su ejército —las huestes de Mita—, hicieron un pronunciamiento en Mataquescuintla, desconociendo todos los actos de la Asamblea Ordinaria de Guatemala —convocada por el presidente federal Francisco Morazán— y al Jefe Provisorio Carlos Salazar, que había sido confirmado por dicha Asamblea luego de que Morazán sustituyera por sí y ante sí al Jefe de Estado Mariano Rivera Paz el 30 de enero de ese año.4,5 En aquella proclama Carrera señaló que continuaría con sus esfuerzos en Guatemala y proclamó la soberanía estatal como uno de sus principios; además, anunció su cooperación con Ferrera, el 24 de marzo de 1839, y se pronunció contra Morazán.6
Los fuerzas de Carrera unieron la acción a la palabra, y el 13 de abril tomaron la ciudad de Guatemala, haciendo huir a Salazar por los tejados de las casas y restituyendo al Jefe de Estado Mariano Rivera Paz.6 En recompensa, el gobierno guatemalteco ascendió a Carrera al cargo de Generla de Brigada.7
El gobierno del general Jorge Ubico emite un decreto por el que exonera a los dueños de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company de responsabilidad criminal en caso de matar a alguien que estuviera robando en sus propiedades rústicas
Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala en la década de 1940. En el recuadro, el presidente, general Jorge Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Hacia finales de su gobierno, el general Jorge Ubico aprobó el decreto 2795 de la Asamblea Legislativa, el cual dice así:1
Decreto Número 2795
La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,
Considerando: que para el desarrollo de la producción agrícola es indispensable poner fin a los delitos contra la propiedad que se cometen en los predios rústicos por personas ajenas a ellos, facultando a sus dueños para emplear contra éstas los medios adecuados para la protección de sus intereses; por tanto, decreta:
Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas rústicas cercadas o sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra los individuos que, habiendo penetrado sin autorización al interior de aquellas, fueren hallados in fraganti, cogiendo o llevándose los animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labrana pertenecientes a las mismas.
Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.
L.F. Mendizábal, presidente
F. Hernández de León, secretario
R. Ruiz Castanet, secretario
Palacio Nacional: Guatemala, veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro. Publíquese y cúmplase.
Jorge Ubico
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1
De acuerdo al escritor comunista Luis Cardoza y Aragón, este decreto le dió a los propietarios de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company permiso para matar indiscriminadamente.2,Nota Y, al parecer, la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó el poder tras la Revolución del 20 de octubre de ese año así lo comprendió, y derogó el decreto 2795 por medio del decreto siguiente:3
Decreto Número 9
La Junta Revolucionaria de Gobierno,
Considerando: que la disposición del Decreto legislativo número 2795 no se ajusta a los principios del Derecho penal, toda vez que, sin discriminación alguna, declara exentos de responsabilidad criminal a los propietarios de tales fincas, ya que éstos, así como sus representantes y administradores, están reputados en el interior de las mismas como agentes de autoridad, al tenor de lo estatuido en el artículo 154 del Código Penal; por tanto, decreta:
Artículo único – Se abroga el Decreto legislativo número 2795, de veintisiete de abril del ano en curso.
Del presente decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias.
Dado en el palacio Nacional: en Guatemal a aprimero de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna3
Este decreto fue parcialmente resucitado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, ya que cada vez que se extendía el Estado de Alarma o el Estado de Sitio en el país debido a la Guerra Civil que estaba dándose entre el Ejército y las grupos paramilitares por un lado, y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) por el otro, se incluía un artículo como el siguiente:
Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]
La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.4
NOTA:
El mismo presidente Ubico era favorecido con esta disposición, ya que era propietario de la finca cafetalera «Hacienda San Agustín Las Minas«.5
Cadenhead, Ivie E. (1974) The Personal Finances of General Jorge Ubico. En: Caribbean Studies. 13 (4). Puerto Rico: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras. p. 127-133.
El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.
Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.
Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios. El gobierno emitió el siguiente decreto para iniciar el proceso:1
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.
Considerando:
Que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año ala formación del censo general del país;
El Jefe del Poder Ejecutivo acuerda: que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.
Comuniqúese.
Reina Barrios
El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez1
Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:
Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2
Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.
Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,
El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida, acuerda:
Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.
Comuniqúese.
Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4
Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:
El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6
Tras el asesinato de Castillo Armas, el primer designado, Luis González López decreta el Estado de Sitio por un mes.
El Palacio Nacional visto desde el famoso «Peladero» del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La misma noche del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesiones extraordinarias de Legislativo1, el que al día siguiente que emitió los decretos 1191 y 1192, por medio de los que llamó al licenciado Luis Arturo Gonález López a hacerse cargo de la presidencia interina y convocó a elecciones presidenciales. He aquí un resumen de aquel decreto:2
Decreto Número 1191
El Congreso de la República de Guatemala
Considerando: que la noche del veintiséis de los corrientes falleció trágicamente el ciudadano Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas y que […] en caso de falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, debe ser sustituido por el Primer Designado a la Presidencia de la República;
Considerando: […] el Decreto del Congreso en que se llame al Designado para ejercer la Presidencia, debe contener la convocatoria a elecciones presidenciales;
Por tanto, decreta:
Artículo 1. Se llama al primer Designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González López para que ejerza la Presidencia de la República, a quien previa protesta de ley se le da posesión. […]
Artículo 3. Se convoca al pueblo de Guatemala para elegir Presidente de la República dentro del término de cuatro meses, y en cuyas elecciones se observarán las prescripciones de la Ley Electoral.
Artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado pcon el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, y entrará en vigor inmediatamente.[…]2
Una vez juramentado, González López emitió el Decreto número 590, por medio del cual instalaba el Estado de Sitio en todo el país:3
Decreto Número 590-Bis
El Primer Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República,
Considerando: que la trágica muerte del Presidente Constitucional de la República, coronel Carlos Castillo Armas, coloca al país en una situación de grave pligro para la estabilidad de las instituciones públicas, y que en este concepto, es indispensable la adopción de medidas extraordinarias para preservar el orden público;
Considerando: que ante hecho de tal naturaleza el Organismo Ejecutivo está obligado a dictar las disposiciones que sean adecuadas para el mantenimiento de la constitucionalidad, seguridad de las personas y de sus bienes;
Por tanto, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Orden Público, y en Consejo de Ministros, decreta:
Artículo 1. Se declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de esta fecha.
Artículo 2. Cesa la vigencia plena de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 43, 44, 46, 53, 54, 55 y 56, primer párrafo del número 54, 64, 70 y 71, última frase del 73 y 76, todos de la Constitución de la República.
Artículo 3. Durante la vigencia de este decreto se hará aplicación de las medidas comprendidas en los capítulos I, II y III del título II, capítulo II, II y III del título III, todos del Decreto número 22 de la Asamblea Nacional Constituyentes, Ley de Orden Público.
Artículo 4. Se ordena al Ministro de la Defensa emitir las ordenanzas y acuerdos de observancia general que sean necesarias, delegándose en las autoridades militares, la autoridad civil de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Orden Público.
Artículo 5. Se ordena la inmediat apublicidad y divulgación del presente decreto; de él se dará cuenta al Congreso de la República y entra en vigor inmediatamente.3
El Congreso de la República aprobó el decreto de González López ese mismo día, y pospuso la convocatoria a elecciones hasta que el Estado de Sitio se levantara:4
Decreto Número 1192
El Congreso de la República de Guatemala,
Considerando: que son atendibles y justificadas las razones invocadas por el Primer Designado en ejercicio de la Presidencia para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional; […]
Considerando: que el Decreto 590 emitido por el Primer Desginado en Consejo de Ministros, con esta fecha, se ajusta a los principios constitucionales;
Considerando: que como consecuencia del Estado de Sitio se limitan los derechos ciudadanos, particularmente en cuanto se refiere a la función electoral y a la propaganda que de ella se deriva;
Por tanto, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:
Artículo 1. Se ratifica el Decreto número 590 emtido por el Primer Desginado en el ejercicio de la Presidencia en Consejo de Ministros.
Artículo 2. La convocatoria a que se refiere el artículo 3 del Decreto número 1191 de este Congreso […] surtirá sus efectos hasta que cese la situación de emergencia a que ha dado lugar el Estado de Sitio.
Artículo 3. Este decreto aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran este Congreso, entrará en vigor inmediatamente.[…]4
Un poco más tarde, el mismo 27 de julio, González López decretó duelo nacional por 9 días y el Ministro de la Defensa, Coronel Juan Francisco Oliva, en base al decreto 1192 del congreso emitió un decreto por el que se otorgó al ejército la facultad de hacerse cargo de la situación.5
Aquel estado de sitio duró hasta el 2 de agosto, fecha en que se convocó a elecciones.
No todos estuvieron de acuerdo con el retorno del cabrerismo tras el golpe de estado del general José María Orellana contra el gobierno de Carlos Herrera el 6 de diciembre de 1921. Por ejemplo, el diputado Eugenio Silva Peña, dirigente universitario, dejó su voto razonado cuando la Asamblea Legislativa disuelta para convocar a una Constituyente fue reunida nuevamente para avalar el nuevo régimen militar; he aquí lo que dijo: «La facción que se apoderó de los destinos del Pueblo en una noche saturada de traiciones, miente al afirmar que todos sus actos se han desarrollado de conformidad con los preceptos de la ley […] Un cuartelazo no puede justificarse frente a los preceptos de la Carta Fundamental y mejor haría la Dictadura Militar en declararlo así, abiertamente, para no hacer una farsa sangrienta […].1
De acuerdo al historiador liberal Rafael Montúfar en su obra “Caída de una Dictadura“, el decreto por el que el Consejo Militar convocó a la Asamblea Legislativa incluía varias irregularidades que fueron incluídas con pleno conocimiento. En primer lugar, como dicho consejo era producto de un golpe de estado, no podía tener ninguna atribución constitucional, ya fuera de la Constitución de 1879 o de la de 1921, por lo que no tenía la competencia para convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea. Los militares, colocados en esa posición de poder por la frutera estadounidense United Fruit Company, debieron haber convocado a la Comisión Permanente, la cual debería haberse hecho cargo de la situación. Otra de las irregularidades del Decreto fue haber aludido a la renuncia del Jefe del Estado, ya que Herrera era Presidente de la República y no del Estado. Y, finalmente, en el Decreto el Consejo Militar se autoinvistió como Encargado del Poder Ejecutivo, lo cual definitivamente no le correspondía.2
Una vez consumado el golpe, hubo intentos de rebelión en contra del nuevo régimen y en apoyo a Herrera. Hubo levantamientos en en San Pedro Nectá en el departamento de Huehuetenango; San Pedro Pinula en el de Jalapa; San Vicente Pacaya en el departamento de Amatitlán; Santa María de Jesús en Sacatepéquez, y además hubo una manifestación el 16 de febrero de 1922 cuando varios municipios de Jalapa se unieron para luchar contra el golpe de Orellana, pero todos fueron reprimidos rápida y eficazmente. Un último intento se dió en Escuintla, pero terminó con varios muertos y prisioneros.1
Al final, todos fueron intentos aislados y el régimen de Orellana se consolidó gracias a su podesoro benefactor.
Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1
Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2
A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3
Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero. En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«. Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3
De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo. Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4
Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.4
Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por una Carta Fundamental de Gobierno que le daba poderes dictatoriales al presidente de facto Enrique Peralta Azurdia.
Palacio de Correos de la Ciudad de Guatemala en 2015. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras el golpe de estado contra el general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes el 30 de marzo de 1963, el ejército de Guatemala derogó la Constitución de 1956 y la sustituyó por la siguientes Carta Fundamental de Gobierno:
Decreto-Ley número 8
El Jefe del Gobierno de la República
Considerando, que el Ejército de Guatemala al asumir transitoriamente el Gobierno de la República, lo hizo en forma absolutamente desinteresada, sin el menor deseo de perpetuarse en el poder, sino con el único fin de evitar una inminente guerra civil y la instauración de un régimen comunista, a la vez que preparar un clima político favorable, que permita al pueblo de Guatemala la elección libre de la persona que debe regir los destinos del país, sin presiones de ninguna especie;Nota_a
Considerando: que mientras esas finalidades se logren, se hace necesario garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales y propiciar un ambiente de seguridad que les permita dedicarse a sus actividades normales, bajo el amparo de la autoridad, sin más restricciones que las que sean absolutamente necesarias para luchar contra la subversión comunista;Nota_b
Por tanto, en Consejo de Ministros, decreta la siguiente
Carta Fundamental de Gobierno
Capítulo I Del Orden Público
Artículo 1°. El poder público será ejercido por el Ejército de Guatemala, conservando su jerarquía militar.
Artículo 2°. El ministro de la Defensa Nacional será el Jefe del Gobierno de la República
Artículo 3°. El Jefe del Gobierno de la República ejerce las funciones ejecutivas y legislativas; y asume en consecuencia, la formación, promulgación y ejecución de las leyes así como la aprobación e improbación de los tratados y demás convenios internacionales. Los decretos-leyes serán emitidos en Consejo de Ministros.Nota_c
Artículo 4°. La Corte suprema de Justicia y los demás tribunales y jueces tienen la potestad de administrar justicia conforme a las leyes, con independencia y en forma exclusiva.
Artículo 5°. Guatemala mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centro América y estará pronta a considerar toda actitud que lleve por fin su restauración.
Artículo 6°. La República de Guatemala cumplirá sus obligaciones internacionales; normará sus actos por los tratados, convenciones y pactos que tiendan a consolidad los principios fundamentales de la democracia.1
Capítulo II Nacionalidad
[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]
Artículo 16°. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al gobierno indemnización, por daños y perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren los movimientos armados o los disturbios civiles.
Capítulo III Ciudadanía
Artículo 17. Son ciudadanos:
Los guatemalatecos varones mayores de dieciocho años
Las mujeres guatemaltecas mayores de dieciocho años que sepan leer y escribirNota_d
[…]Artículo 20. La ciudadanía se pierde:
Por la pérdida de la nacionalidad guatemalteca.
Por prestación voluntaria de servicios a naciones en guerra con Guatemala o a los aliados de aquéllas, siempre que tales servicios implicaren traición a la patria.2, Nota_e
Capítulo IV Garantías Individuales
[Sin cambios con respecto a la Constitución de 1956]
Artículo 23. Se estatuye el recurso de habeas corpus o de exhibición personal para el efecto de establecer el tratamiento de los detenidos. Los jueces y tribunales que conozcan de dichos recursos se limitarán a ordenar la exhibición del detenido y a decretar su libertad si estuviere ilegalmente en detención. No podrá ordenarse la libertad de quienes estuvieren sujetos a medidas de seguridad en aplicación de la ley de defensa de las instituciones democráticas.3, Nota_f
Artículo 24. El ejercicio de todos los derechos y el goce de las garantías individuales tendrá como límite las medidas de seguridad que dicte el Jefe del Gobierno. Toda acción comunista individual o asociada es punible.Nota_f
Capítulo V Atribuciones del Jefe del Gobierno
Artículo 25. El Jefe del Gobierno ejerce sus funciones asistido del número de ministros de Estado que designe.
Artículo 26. Los ministros en todo lo referente a su gestión, serán solidariamente responsables con el Jefe del Gobierno.
Artículo 27. Son funciones del Jefe del Gobierno:
Cumplir y hacer que se cumpla esta Carta fundamental y demás leyes de la República
Proveer a la defensa del territorio nacional
Prestar los auxilios necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia.
[…]
Hacer todos los nombramientos de funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de acuerdo con las normas del servicio civil, los de las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con la sola excepción de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Decretar tasas e impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación.
[…]
Aprobar o reprobar en Consejo de Ministros los contratos suscritos para la creación o el establecimiento de servicios públicos así como los que se refieran a la explotación de minas e hidrocarburos y demás recursos naturales en los casos que así lo exija la ley.Nota_g
Suspender las garantías contenidas en esta carta en caso de invasión de territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública.Nota_h
Artículo 28. El Jefe del Gobierno será asesorado por un consejo de Estado compuesto por lo menos de diez miembros representativos de los diferentes sectores del país y por la comisión de Asesoría Jurídica.
Capítulo VI Ejército
Artículo 29. El Ejército de Guatemala está instituido para salvaguardar el territorio, la soberanía e independencia de la nación, para la conservación de la seguridad interior y exterior y del orden público. Se rige por sus leyes y reglamentos.
Artículos 30. La jurisdicción de los tribunales militares se extiende a los integrantes del Ejército de Guatemala, aun cuando no estén en servicio activo y a los civiles en los casos que determina la ley.[…]Nota_i
Artículo 39. El Jefe del Gobierno hará formular, aprobará y publicará el presupuesto de ingresos y gastos del Estado. El presupuesto es uno e indivisible y no se podrán hacer más gastos que aquellos epxresamente previstos en él.[…]
Artículo 43. No serán aplicables las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que se opongan a esta Carta […].
Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y tres.
Publíquese y cúmplase.
Enrique Peralta Azurdia
[Siguen las firmas de los Ministros de Estado]4
NOTAS:
a: específicamente para elegir un candidato definitivamente anticomunista, definido a la usanza guatemalteca, es decir, que no estuviera en contra de la tradición criolla de posesión de la tierra y de capital.
b: es decir, gobernar en un perenne estado de sitio
c: el Jefe del Gobierno era dictador absoluto y emitía y ejecutaba las leyes que necesitaba, ya que el Congreso estaba disuelto
d: se incluía como ciudadanos a todos los varones sin distinción de raza ni educación, aunque las mujeres analfabetas quedaban excluídas
e: el comunismo internacional era considerado una nación en guerra con Guatemala
f: se restringían los derechos de los opositores, que eran acusados inmediatamente de comunistas.
g: esto fue aprovechado para que empresas internacionales escribieran una nueva Ley del Petróleo y una nueva Ley de Minería, que correspondían más a los intereses de las empresas particulares que al Estado de Guatemala.
h: bastaba con una acto opositor para que se declarara estado de sitio.
i: los miembros del ejército son juzgado por su propio fuero militar
El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestran otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2
El decreto 83 dice así:1
Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y
Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;
Decreto:
Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.
Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.
Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.
Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.
Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:
Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
Los ordenados in sacris.
Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.
Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.
Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.
Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.
[…]
Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.
Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.
Miguel García-Granados
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1
Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3
Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4
Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5
En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
El decreto en mención dice así:1
DECRETO Número 170
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art. 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art. 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9°. Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
