Dibujo a lápiz del general Francisco Morazán. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Para 1839 la República Federal de Centro América por la que tanto habían luchado los criollos liberales prácticamente había colapsado, aunque su principal caudillo, el general Francisco Morazán seguía siendo el presidente federal. La figura del general Rafael Carrera en Guatemala iba a ser decisiva para terminar tanto con la Federación como con la carrera política del caudillo hondureño, ya que Carrera guardaba un enorme resentimiento hacia Morazán por las atrocidades que este había cometido contra los campesinos del Oriente guatemalteco y contra su propia familia y no iba a descansar hasta derrotar al caudillo liberal.
El 6 de abril de 1839 Morazán se enfrentó al general hondureño Francisco Ferrera, en la batalla del Espíritu Santo, cerca del rió Lempa. Ferrera había pactado una alianza con Carrera y aunque las tropas federales alcanzan el triunfo, quedaron debilitadas. Esto sirvió para que los criollos liberales salvadoreños ratificaran su confianza en Morazán fuera elegido presidente de El Salvador.
Carrera contraatacó.
El 24 de julio de 1839, Nicaragua y Guatemala celebraron un tratado de alianza en contra del gobierno salvadoreño, al mismo tiempo que Carrera llamó a los salvadoreños a la insurrección popular, lo que provocó algunos levantamientos, que fueron vencidos sin mucho esfuerzo por el gobierno de Morazán.
La ofensiva contra el gobierno de Morazán persistió. Al no lograr subvertir desde dentro la autoridad del presidente salvadoreño, tropas hondureñas y nicaragüenses invadieron el país a finales de septiembre de 1839. Nuevamente el general Morazán, con seiscientos salvadoreños derrota en la batalla de San Pedro Perulapán a los más de dos mil invasores comandados por los generales conservadores.
Al enterarse de que Carrera había retomado por la fuerza el Estado de Los Altos (que era el refugio de los criollos liberales en el occidente de Guatemala), y envalentonado por su reciente victoria, Morazán decidió invadir Guatemala por segunda vez y acabar con el general campesino de una vez por todas. La derrota que sufrió en la Ciudad de Guatemala en 1840 a manos de las fuerzas de Carrera sería el final de la Federación y de la carrera política de Morazán.
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo. A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).
Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:
Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.
Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.
Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.
Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.
Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:
PRIMERO.
Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.
Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.
Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.
Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.
Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.
SEGUNDO
Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.
Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.
Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.
Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:
Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.
Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.
Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.
José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
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Miembros del gabinete de gobiero del general Rafael Carrera, cuando ya estaba en la presidencia de Guatemala. Se reconoce , entre otros, a Pedro de Aycinena, Juan Diéguez Olaverri, el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez, José Milla y Vidaurre, Antonio José de Irisarri y el mariscal José Víctor Zavala. Imagen que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.
Reproducimos a continuación un fragmento de las memorias del general Rafael Carrera, quien las dictó a su secretario Mariano Chéves mientras estuvo en la presidencia de Guatemala:
Cuando a los pueblos se les quiere atacar en sus costumbres y variárselas repentinamente, causa en ellos una emoción, que por sana que sea la intención con que se quiere varias sus instituciones y costumbres añejas se sublevan. Tal fue lo que sucedió el año de 1937 en Santa Rosa, en cuya época mandaba el Doctor Gálvez el Estado de Guatemala, uno de los que componían la República de Centro-América, el más rico y poblado de la Federación, siendo presidente de la República el General Morazán. Muchas causas habían preparado de antemano el disgusto de los habitantes del Estado: una de ella fue la contribución personal que se había asignado por aquel gobierno a cada uno de los habitantes, a quienes se les señaló dos pesos por persona que pagaban anualmente. Sufrieron este gravamen con resignación, sustituyendo el tributo antes abolido desde que se hizo la Independencia del Gobierno Español. En seguidas jefes militares, no de muy buena conducta fueron desacreditando al Gobierno por el despotismo y arbitrariedades con que obraban, echándose la odiosidad de sus Gobernados.
Otras de las causas que contribuyeron no menos que las primeras, fue el establecimiento del Código en que se variaba enteramente la administración Judicial y la Religión, autorizando a los Jueces para casar y descasar a su antojo echando por tierra de un golpe a la Religión y sus ministros, y variando el Sistema, estableciendo solamente por influencia de unos pocos a quienes parecía bueno el Código, que ellos mismo o entendían; esto causó una alarma general en todo el país, en que por naturaleza las gentes son religiosas. Todavía sufrieron tal providencia; pero en seguidas la cosa subió de punto; sobre tanto conjunto de males, vino la epidemia de Cólera Morbus, epidemia desconocida en este país, y estando todos mal prevenidos con los sucesos anteriores, a la primera orden que dió el gobierno para despejar los pueblos, botar toda la arboleda dentro de ellos y sus inmediaciones, cercar las fuentes de agua de que se surtían los habitantes y establecer cordones sanitarios para evitar la comunicación entre unos pueblos con otros, subió de punto la agitación general y el 6 de mayo de 1837 tuvo lugar el primer levantamiento en Mataquescuintla con el Gobernador, que lo era Don Francisco Aqueche contra quien se amotinaron más de 1800 personas de ambos sexos. Dicho Gobernador se favoreció en el Convento cuyas puertas forzaban para sacarlo y asesinarlo en la plaza. En medio de tal desorden y no logrando que atendieran a sus súplicas, un tío suyo que era el párroco de aquella población, en tal aprieto ocurrió a un joven que reunía bastante opinion en aquel pueblo y a quien consideraban los habitants, porque a muchos que se hallaban presos por la contribución los sacaba de la cárcel pagando por ellos y desembargando de esta manera sus fierros de labranza y los tratos más precisos para vivir de que se servían privados por los Alcaldes de los Pueblos, quienes acosados por las multas que les imponían sus superiores obraban tan inhumanamente. El joven de que hemos hablado anteriormente era Don Rafael Carrera, hijo de Guatemala, con dos años de vecindario en dicho pueblo y casado con una de las principales familias bastante acomodadas; si edad era de veintitrés años y a pesar de esto ocurrió inmediatamente a salvar al Gobernador lo que logró”.
Como se pues, aquel 6 de mayo de 1837 surgió a la luz pública en Mataquescuintla una figura que sería fundamental en la historia de Guatemala: Rafael Carrera.
Retrato el presidente Mariano Rivera Paz (1804-1849). Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Durante el exilio del general Rafael Carrera a México en 1848 los criollos se hicieron cargo de la situación del país, pero en lugar de recuperar la armonía y tranquilidad, Guatemala se hundió en una profundal anarquía. Cuando Carrera partió al exilio, la Asamblea Legislativa, ahora en poder de los liberales, dictó una disposición por la que se le declaraba fuera de la ley que debía aplicársele la pena de muerte si osaba regresar al país.
Se sucedieron varios presidents que renunciaron en cuestión de semanas o meses, hasta que finalmente el coronel Mariano Paredes (hasta entonces corregidor de Quetzaltenango), tuvo que ir a la Ciudad de Guatemala para hacerse cargo de la situación Pero a pesar de los esfuerzos de Paredes, Guatemala entró en una profunda crisis: había crímenes políticos de importantes personalidades y bandoleros sueltos por todo el país; el gobierno dictaba leyes, pero nadie las cumplía.
Así, el 26 de febrero de 1849, el ex-presidente Mariano Rivera Paz fue asesinado cuando el presidente Paredes lo nombró como corregidor de Jalapa y Rivera Paz intentó tomar posesión de su cargo. El ex-presidente (quien había gobernado a Guatemala como Jefe de Estado en 1839 y como presidente de la República de 1842 a 1845) fue asesinado por los “lucios” (Roberto Reyes y Agustín Pérez) en el lugar llamado Sampaquisoy. Y su sucesor no corrió mejor suerte: Paredes nombró al general Vicente Cruz, hermano de Serapio Cruz (Tata Lapo) como corregidor, pero también fue asesinado sin poder tomar posesión del cargo.
Era una época oscura de crímenes politicos constantes: aparte de los corregidores de Jalapa, fue asesinado Gregorio Orantes, corregidor nombrado para Jutiapa, y Marcial Zebadúa, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto que los corregimientos de Jalapa y Jutiapa pertenecían al departamento de Mita que había sido creado un año antes, el 23 de febrero. Este clima de inestabilidad propició el retorno del general Carrera, quien ingresó a Guatemala por el occidente y regresó a la ciudad en agosto de 1849.
Mapa del curato de Jutiapa, según lo describe el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su reporte pastoral de 1768. El poblado no había cambiado mucho para 1848 debido a las constants guerras en la region centroamericana. Imagen tomada del Archivo General de Indias.
La organización territorial de la República Federal de Centro América estuvo ligada directamente a la division eclesiástica que las autoridades de la Iglesia Católica habían hecho de los curatos que había en la región durante la época colonial. Estos curatos estaban agrupados en grandes regiones que habían sido asignadas a determinadas órdenes de frailes y, dado que esta división administrativa estaba ya prácticamente hecha al momento de la Independencia, la primera delimitación territorial del Estado de Guatemala se basó en ella.
Uno de los departamentos originales era el de Chiquimula, el cual abarcaba prácticamente todo el oriente guatemalteco; así que el 23 de febrero de 1848 fue separado en dos, formado el departamento de Mita, el cual, a su vez, fue dividido en tres distritos (o corregimientos), de acuerdo al decreto que se reproduce a continuación:
El departamento de Mita se divide para su mejor administración en tres distritos que se denominarán, el 1.° de Jutiapa; el 2.° de Santa Rosa; y el 3.° de Jalapa.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jutiapa, como cabecera; Yupiltepeque, las dos Mitas y sus valles que son Suchitán, San Antonio, Achuapa, Atescatempa, Sapotitlán, Contepeque, Chingo, Quequesque, Limones y Tempisque; Comapa, Jalpatagua, Asulco, Conguatco y Moyuta.
El distrito de Santa Rosa se compondrá de las poblaciones siguientes: Santa Rosa como cabecera; Cuaginiquilapa, Chiquimulilla, Guazacapan, Taxisco, Pasaco, Nancinta, Tecuaco, Sinacantán, Ixguatán, Zacualpa, la Leona, Jumay y Mataquescuintla.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jalapa, cabecera; Sanarate, Sansaria, San Pedro Pinula, Santo Domingo, Agua Blanca, Espinal, Alzatate y Jutiaplilla; y para mayor claridad se entenderá este distrito dividido del de Jutiapa por el río que sale del Ingenio hasta la laguna de Atescatempa.
Para los distritos de Jutiapa y Jalapa se nombrarán corregidores y jueces de primera instancia que correspondan continuando en el de Santa Rosa los funcionarios que existen.
Estos distritos fueron de corta duración, y cuando fueron suprimidos el 9 de octubre de 1850, todos los poblados regresaron a sus antiguos departamentos.
Los departamentos actuales se formaron hasta la década de 1870.
Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala. Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.
El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.
Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.
Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.
Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.
De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años. Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país constitucionalmente a su sabor y antojo.
Arzobispo Metropolitano Francisco de Paula Garcia Peláez: tomó el juramente a Carrera como presidente de la República basado en la constitución de 1851 en la cual, entre otras cosas, se comprometía a mantener la religion católica pura e inalterable. Retrato que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.
En el siglo XIX hubo dos grandes líderes indiscutibles en Guatemala: el conservador Rafael Carrera y el liberal J. Rufino Barrios. Su poder fue tan absoluto, que hicieron que las Asambleas Constituyentes redactaran constituciones hechas a su medida, y gobernaron con ellas hasta su muerte: Carrera de 1851 a 1865 y Barrios de 1873 a 1885.
El 19 de octubre de 1851 fue el turno de Carrera. El Acta Constitutiva promulgada en ese momento tiene algunas características que describimos a continuación:
Esta constitución tenia una amplia influencia de la Iglesia Católica y de hecho iniciaba con las siguientes palabras: “En el nombre de Dios Todopoderoso”
La definición de guatemalteco era:
Nacidos en la República o que se encontraban en ella al momento de la Independencia de España.
Nacidos de padres guatemaltecos en el extranjero
Los naturales de otros países centroamericanos
Los extranjeros naturalizados
La definición de ciudadano guatemalteco era:
Aquellos que tengan profesión, oficio o propiedad que les proporcione medios para subsistir con independencia.
Aquellos extranjeros que cumplan con los requisites anteriores y fueran nombrados para cargos públicos y los aceptaran.
Nótese que esta definición dejaba como ciudadanos prácticamente solo a los varones criollos y mestizos.
Se dejaba de ser ciudadano:
Al tomar las armas en contra de la República
Por condenación a pena corporal
Por conducta notoriamente viciada
El presidente de la República era electo cada cuatro años, por una Asamblea General copuesta de la Cámara de Representantes, del Arzobispo Metropolitano, de los individuos de la Corte de Justicia y de los vocales del Consejo de Estado y podia ser reelecto.
En otras palabras: los amigos de Rafael Carrera lo iban a reelegir cada cuatro años; de hecho, en 1854 lo nombraron presidente vitalicio. No había voto popular para el presidente, solamente para los representantes y solamente los ciudadanos podían votar.
No había figura de vicepresidente, y en caso de falta absoluta del presidente se hacía cargo de la presidencia uno de los Ministros de Estado; por esta razón, cuando murió Carrera el 14 de abril de 1865, fue Pedro de Aycinena quien se hizo cargo de la presidencia, pues fungía como Ministro de Relaciones Exteriores.
El Consejo de Estado estaba formado por los Ministros de Estado y por ocho consejeros nombrados por la Cámara de Representantes. Eran nombrados cada cuatro años y podían ser reelectos; ahora bien, podían ser requeridos en el Consejo de Estado por las siguientes autoridades:
Se nota aquí el enorme control que tenía la Iglesia sobre los asuntos de Estado, en especial el clero secular dirigido por el Arzobispo.
En cuanto al congreso, éste quedó denominado como “Cámara de Representantes” y estaba compuesto por 55 miembros que podían ser reelectos. En caso de alguna acusación en suc ontra, la Cámara misma decidía si procedía un juicio o no.
Los departamentos eran gobernados por los Corregidores y las Municipalidades.
Finalmente, se estipulaba que el Presidente de la República al tomar posesión iba a prestar juramento en manos del Arzobispo Metropolitano de la siguiente forma:
¿Prometéis conserver la integridad e independencia de la República, y gobernar al pueblo según las disposiciones del Acta Constitutiva, las leyes vigentes y costumbres de Guatemala?
¿Prometéis emplear todo el poder que la Nación os ha conferido, para que las leyes sean observadas y administrada la justicia?
¿Prometéis mantener con todo vuestro poder las leyes de Dios, y hacer que la religion católica se conserve pura e inalterable, y proteger a sus ministros?
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge. En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898. La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.
El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.
“Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“. Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.
Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada. El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:
La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.“
Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.
