5 de marzo de 1936: suprimen varias municipalidades de San Marcos

Debido a la Gran Depresión el gobierno del general Jorge Ubico suprimió las municipalides de San Cristóbal Cucho, Sipacapa, San José Ojetenán, San Lorenzo, Esquipulas Palo Gordo y El Quetzal en el departamento de San Marcos.

5marzo1936
Portada del Album Gráfico de San Marcos, construido por la administración del general Jorge Ubico en el municipio de San Marcos La Unión, que se formó con la unión de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Después de la Independencia de Centroamérica, se aprovechó la división territorial que existía en base a los curatos a cargo de las órdenes religiosas y del clero secular, al punto que la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 creó los distritos y sus circuitos correspondientes para la administración de justicia con esta base. En esa constitución, ya aparecen San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho – como -«San Cristóbal Chuz» – adscritos al distrito de San Marcos.1 Posteriormente, cuando se hiceron las divisiones para la implementación de juicios de jurados por el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, esos municipios aparecieron adscritos al cirtuito Del Barrio que pertenecía al Distrito N°.10 (Quezaltenango), junto con los municipios de Tejutla, San Antonio, Maclén, Izlamá, Coatepeque, San Lorenzo, San Pablo, Tajumulco, Santa Lucía Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Zipacapa y Comitancillo.2

En el siglo XIX, como ahora en el siglo XXI, las diferencias entre los criollos eran irreconciliables, y cuando los criollos liberales se dieron cuenta de que habían perdido el poder en el Estado de Guatemala tras la anarquía que siguió a la caída del régimen del Dr. Mariano Gálvez el 2 de febrero de 1838,3 decidieron formar su propio estado aglutinando a los departamentos del Occidente.4 Fue así como el 3 de abril de 1838, San Marcos, junto con el resto del occidente de Guatemala, pasó a formar parte de la región que se independizó y constituyó el efímero Estado de Los Altos. Aquella secesión forzó a que el Estado de Guatemala se reorganizara en siete departamentos y dos distritos independientes el 12 de septiembre de 1839, quedando reducida únicamente a los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz, además de los distritos de Izabal y Petén.

Pero el Estado de los Altos tenía graves problemas sociales pues eran solamente los criollos liberales de la región quienes habían mostrado intenciones de obtener mayor autonomía con respecto a las autoridades de la ciudad de Guatemala desde la época colonial, pues consideraban que los criollos capitalinos que tenían el monopolio comercial con España no les daban un trato justo; por su parte, los indígenas no simpatizaban en lo absoluto con el pensamiento liberal anticlerical ni con la idea de juicios de jurados, el matrimonio civil y el divorcio que eran las principales armas propagandísticas de los liberales y que habían sido la causa de la caída del régimen de Gálvez.5

Este intento de secesión fue aplastado por el general Rafael Carrera, quien reintegró al Estado de Los Altos al Estado de Guatemala a sangre y fuego el 29 de enero de 1840 ya que Guatemala no podía permitirse perder a la región altense pues esta representaba el 75% de la capacidad productiva del estado.5 Cuando el ex-presidente de la República Federal de Centro América y Jefe de Estado de El Salvador, el general liberal Francisco Morazán, se enteró de la derrota de los Altos, invadión Guatemala, pero fue derrotado categóricamente por Carrera el 19 de marzo ese mismo año  en la Ciudad de Guatemala.  Esa derrota de Morazán significó la consolidación territorial del Estado de Guatemala, y el fin de la Carrera política de Morazán y del Estado de Los Altos.6

La región de San Marcos pasó a ser el distrito Del Barrio de Quetzaltenango, hasta que, posteriormente, el 8 de mayo de 1866 el gobierno del mariscal Vicente Cerna y Cerna estableció el departamento de San Marcos, nombrando al municipio homónimo como cabecera a solicitud de su municipalidad.7

Esta situación se mantuvo hasta la década de 1930.  Durante los primeros años del gobierno del general Jorge Ubico, Guatemala estaba inmersa en una profunda crisis económica derivaba de la estrepitosa caída del precio del café causada por la Gran Depresión.  Ubico era un hábil administrador y tomó fuertes medidas de austeridad, que incluyeron la simplificación de la división política de la República para reducir los costos de operación. Así pues, suprimió varios departamentos y municipios, los cuales fueron integrados a sus vecinos. San Marcos fue uno de los departamentos afectados, mediante el siguiente decreto del 5 de marzo de 1936:8

Casa del Gobierno: Guatemala, 5 de marzo de 1936.

Examinada la solicitud de la Jefatura Política de San Marcos, relativa a que se supriman algunos municipios para agregarlos a otros de más vitalidad, con el objeto de impulsar de manera efectiva el progreso en todo el departamento; y,

Considerando: que es atentible la solicitud, por tanto, el presidente de la República, con vista del dictamen emitido por la Dirección General de Estadística, acuerda:

    1. Anexar el municipio de Sipacapa al de Tejutla; el de San José Ojetenán a Ixchiguán; el de Río Blanco al de San Antonio Sacatepéquez. Los de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo al de San Marcos; el de San Cristóbal Cucho al de San pedro Sacatepéquez; el del Quetzal a La Reforma;
    2. Segregar del munipio de Ixchiguán la aldea Tuiquilá y anexarla al municipio de Tajumulco;
    3. Segregar del municipio de Nuevo Progreso las aldeas La Independencia y San José Ixtal y anexarlas al munipio de La Reforma.

La Jefatura Política Departamental queda encargada del cumplimiento de esta disposición, dando cuenta oportunamente.

Comuníquese.

        • Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo S. de Tejada8

BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 133.
  2. Ibid., p. 467.
  3. Solís, Ignacio (1906) Memorias del General Carrera, 1837 a 1840. En: Colección de Documentos Históricos y Biográficos. 1. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 15-19.
  4. García Elgueta, Manuel (1897). Un pueblo de los Altos: apuntes para su historia. Exposición Centroamericana. Quetzaltenango, Guatemala: Popular.pp. 91-93
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 165-168.
  6. Solís, Memorias del General Carrera, 1837 a 1840, p. 80-90.
  7. González, Byron Ronaldo (2003). Amatitlán, ayer y hoy. El proceso histórico del rescate del lago. Monografía. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. pp. 16-17.
  8. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 1230-1231.

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1 de julio de 1935: suprimen al departamento de Amatitlán

Debido a la creación del departamento de El Progreso y a los estragos producidos por la Gran Depresión, el gobierno del general Jorge Ubico suprime al departamento de Amatitlán.

1julio1935
Excursión a la orilla del Lago de Amatitlán en 1897. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en «La Ilustración Guatemalteca». En el recuadro: el general Jorge Ubico, presidente de 1931 a 1944. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Existe una leyenda romántica que relatan en Amatitlán al respecto de que el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, enamoraba a una dama de la localidad, y que cuando ésta lo rechazó, el presidente decidió suprimir el departamento en represalia. Independientemente de la leyenda indicada, lo que realmente ocurrió fue que el mantenimiento de dicho departamento resultaba muy oneroso para el país, pues éste estaba atravesando los efectos de la Gran Depresión, y era necesario restablecer el departamento de El Progreso para poder administrar de mejor forma el Ferrocarril del Norte. Así pues, el 29 de abril de 1935, la Asamblea Legislativa emitió el siguiente decreto, el cual fue ratificado por el presidente Ubico el 2 de mayo de ese año:1

Decreto Número 2081

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala

Considerando: Que es conveniente para los intereses del país la supresión del departamento de Amatitlán, por tanto, decreta:

Artículo 1°.— Se suprime el departamento de Amatitlán

Artículo 2°.— Los municipios de Amatitlán, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Villa Canales quedan incorporados al departamento de Guatemala, y los de Palín y San Vicente Pacaya al de Escuintla.

Artículo 3°.— El Ejecutivo dictará las medidas del caso para el cumplimiento del presente Decreto, que entrará en vigor el primero de julio del corriente año.

Pase el Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y cinco.

Casa de Gobierno: Guatemala, dos de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Publíquese y cúmplase.

          • Jorge Ubico
          • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada1

A este decreto legislativo le siguieron varios decretos gubernativos por los que la administración del desaparecido departamento fue distribuida entre el de Guatemala y el de Escuintla. Reproducimos el primero de ellos, sobre las partidas del Ministerio de Hacienda, para que el lector se dé cuenta de cómo se distribuyó el gasto operativo de Amatitlán:2

Decreto Número 1683

Jorge Ubico, presidente de la República,

Considerando: que el decreto legislativo Número 2081 suprimió el departamento de Amatitlán, facultando al Poder Ejecutivo para que ordene las modificaciones que proceden en el Presupuesto General de Gastos vigente; y que, además, es necesario transferir también algunas otras partidas del mismo,

Por tanto, en uso de las facultades que le confiere la ley citada y el artículo 9°. del Decreto legislativo Número 2059, decreta:

Artículo 1°.— Se transfieren las siguientes partidas del Presupuesto General de Gastos vigente.

Ramo X – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Inspección de Hacienda, partida N° 70036 – Inspector de Hacienda Q.175.00/mes.

Capítulo II – Departamento de Amatitlán: De la partida N° 70461 a la 70476 – Q.47.00/mes

Ramo X. – Hacienda

Capítulo I – Departamento de Guatemala – Tribunal y Dirección General de Cuentas – Tribunal de Cuentas – Partidas N°. A-71354-55 – Dos auditores, con Q175.00 cada uno: Q350.00/mes

Dirección General de Rentas:

Inspección de Depósitos de Licores:

        • Partida N° A-71356 -Inspector de Receptorías, Contadores Automáticos y Depósitos Fiscales: Q50.00/mes

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71357-61 – Cinco agentes, con Q13.50 cada uno: Q67.50/mes
        • Partidas N° A-71362-66 – Alimentación de cinco plazas a Q7.00 cada una: Q35.00/mes2

Depósito de Licores de Amatitlán:

        • Partida N°. A-71367 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71368 – Vigilante: Q45.00
        • Partida N°. A-71369: Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Depósito de Licores de Villa Canales:

        • Partida N°. A-71370 – Guardaalmacén: Q50.00/mes
        • Partida N°. A-71371 – Vigilante: Q45.00/mes
        • Partida N°. A-71372 – Gastos generales y de escritorio: Q1.00/mes

Capítulo X – Departamento de Escuintla

Policía de Hacienda:

        • Partidas N°. A-71373-76 – Cuatro agentes, con Q13.50 cada uno: Q54.00/mes.

Artículo 3°.— La diferencia de trescientos diez y ocho quetzales (Q318.00) que existe entre las partidas que se transfieren y las que se crean, deberá cargarse a la partida del Presupuesto N°71353 que corresponde a los gastos extraordinarios e imprevistos del Ramo de Hacienda.

Artículo 4°.— La transferencia de mérito tendrá efecto a partir del primero de julio en curso y la Dirección General de Cuentas hará las operaciones que corresponden.

Dado en la Casa del Gobierno: en Guatemala, a los quince días del mes de julio de mil novecientos treinta y cinco.

        • Jorge Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. González Campo3

El resto de decretos gubernativos que modificaron el presupuesto de gastos de la Nación fueron tras la supresión del Departamento de Amatitlán fueron:

      • 1684: partidas del Ministerio de Agricultura4
      • 1685: partidas del Ministerio de Educación Pública5
      • 1686: partidas del Ministerio de la Guerra6
      • 1687: partidas del Ministerio de Gobernación y Justicia7

Todos estos decretos entraron en vigor el 1 de julio de 1935, que fue cuando el departamento de Amatitlán quedó oficialmente suprimido.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 248-249.
  2. Ibid., p. 377.
  3. Ibid., p. 378.
  4. Ibid., p. 379.
  5. Ibid., pp. 380-381.
  6. Ibid., pp. 381-384.
  7. Ibid., pp. 384-385

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20 de septiembre de 1934: condenan a implicados en complot para asesinar a Ubico

Condenan al paredón a 13 implicados en complot para asesinar al presidente Jorge Ubico

20septiembre1934
La tristemente célebre Penitenciaría Central de Guatemala, en donde estuvieron prisioneros numerosos presos políticos durante los gobiernos de J. Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y Jacobo Arbenz. En los recuadros: el coronel de aviación Miguel García-Granados Solís y el busto del periodista Clemente Marroquín rojas, acusados de ser cabecillas del atentado contra Jorge Ubico en 1934. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A principios de septiembre de septiembre de 1934 se desarticuló un atentado contra el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico.1 Al igual que ocurrió con los atentados en contra del general J. Rufino Barrios en 18772 y 18843, y contra el licenciado Manuel Estrada Cabrera en 19074 y 19085, los cuartos de la Auditoría de Guerra donde se efectuaban los interrogatorios estaban abarrotados con más de quince acusados, en su mayoría inocentes.1

Entre los detenidos estaba Jacobo Sánchez, de 26 años de edad, oriundo de Quetzaltenango. quien había obtenido una beca del gobierno para estudiar derecho, aunque tenía antecedentes penales por asuntos políticos. De acuerdo a lo que se había aveiguado hasta ese momento, Sánchez Calderón ingresó a la confabulación en junio de 1934, cuando un coronel del ejército le expresó la urgencia de asesinar al general Jorge Ubico, que en ese momento contemplaba la reelección. Días más tarde, lograron evadir la férrea vigilancia del régimen ubiquista y escondieron algunas bombas en las instalaciones de una escuela. Según las declaraciones de Sánchez, querían aprovechar el desplazamiento de Ubico por la capital para concretar sus planes, lanzando ataques simultáneos en diversos cuarteles. Al igual que como ocurrió en 1907 con el atentado de la Bomba4 en contra del presidente Estrada Cabrera, escogieron varios puntos por lo que pasaba frecuentemente el gobernante; en 1934 los implicado escogieron el puente de la Penitenciaría, el parque Concordia y la avenida Reforma.1

Se decidieron por fin por el puente de la Penitenciaría e iban a transportar los explosivos en la segunda quincena de septiembre. Sánchez afirmó que entregó “cuatro candelas de dinamita que tenía en su poder desde hacía siete años más o menos”. Pero al ser trasladado al cantón Barillas, donde supuestamente estaban guardados más explosivos, intentó huir en la oscuridad del amanecer y le fue aplicada la ley fuga, según reza el parte oficial.1

Muchos de los implicados en la conspiración fueron condenados a muerte por el delito de rebelión frustrada y sedición consumada, y el resto fue hecho prisionero en la Penitenciaría Central, en donde sufrirían numerosos vejámenes. Tal y como ocurriera en tiempos de los gobiernos de Barrios y de Estrada Cabrera, el terror hizo presa de los habitantes de la Ciudad de Guatemala durante varias semanas.1,3,5 Las fuerzas de seguridad del estado desplegaron todas sus armas, tal y como lo hicieron en 1932, cuando cerraron la frontera para evitar que entraran los perseguidos por el régimen del general Maximiliano Hernández Martinez en El Salvador, y cuando neutralizaron al primer partido comunista en Guatemala.6 Y si en 1932 la represión sirvió para entronizar a Ubico como el paladín del anticomunismo, dos años más tarde el frustrado atentado fue utilizado para allanar el camino de la reelección y, de paso, salir de enemigos del régimen.1

Otro de los implicados, Carlos Pacheco Marroquín, fue hallado oculto en una residencia del centro capitalino, y cuando fue encontrado por la policía, le fue aplicada la ley fuga al igual que a Sánchez. No contento con esto, el régimen continuó su persecución y, tal y como hiciera el embajador mexicano Federico Gamboa en 1907,7 el embajador Mexicano advirtió que parecía «que el proyectado plan terrorista ha aterrorizado al gobierno y éste a su vez al pueblo de Guatemala, pues la zozobra y la intranquilidad y el dolor se reflejan en todas las capas sociales.” Nuevamente, como en el gobierno de Estrada Cabrera, el embajador mexicano no pudo permanecer indiferente ante las continuas peticiones de asilo que recibía. El diplomático debía tomar decisiones y precisaba instrucciones concisas de sus superiores.1

De hecho, el embajador mexicano, ante la solicitud de algunos familiares de un sentenciado, intercedió ante el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Alfredo Skinner Klée, sin ningún resultado favorable, aunque a diferencia de Gamboa, Serrano contaba con el apoyo de la Convención sobre Asilo Político de La Habana (1928) y de Montevideo (1933). Por esta razón, el canciller mexicano José Manuel Puig recomendó ecuanimidad y absoluto respeto hacia el gobierno de Ubico, pretendiendo “borrar completamente para el futuro las suspicacias por las acciones del pasado”, en alusión a lo que ya había ocurrido con Gamboa. El gobierno mexicano, ocupado en amainar las tensiones a flor de piel de la familia revolucionaria y sofocar los combates con el clero de Veracruz, Tabasco y Jalisco, actuó ante la represión en Guatemala como esperaba que sus vecinos reaccionaran ante un eventual levantamiento de sus enemigos.1

Mientras tanto, Jorge García Granados, político y abogado descendiente del ex-presidente Miguel García Granados, dirigió una carta al presidente pidiendo un juicio comedido de la confabulación y el perdón hacia los condenados; sin embargo, este razonamiento cayó en saco roto. El 13 de septiembre de 1934, los medios escritos, completamente controlados por el régimen, publicaron un editorial donde justificaron la represión, aduciendo que la sedición era admisible cuando se lidiaba con el andar oprobioso de los gobernantes “ineptos, descentrados, retrógrados ladrones, que pisotean las leyes del país y hacen escarnio de las garantías individuales y sociales”, pero no lo era «ante un gobierno que realizaba una obra de reconstrucción económica y rescataba a la nación del maremágnum de la lucha fratricida«.1 Esto era una alusión directa a la recuperación económica que había vivido Guatemala poco a poco tras la llegada de Ubico al poder en 1931, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, luego de una serie de golpes de estado que siguieron a la renuncia del general Lázaro Chacón luego de que éste sufriera un derrame cerebral que lo imposibilitó para seguir gobernando dada la anarquía que se vivía en el país tras la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.8

De acuerdo al periódico «El Liberal Progresista«, órgano oficial del gobierno de Ubico, la actitud de los conspiradores se debía a su «mentalidad enfermiza, característica de sujetos desprovistos de toda moralidad, carentes por completo de los más elementales escrúpulos y que, por lo mismo, han encontrado en el gobierno del general Ubico una barrera infranqueable”. La tolerancia, pues, se había agotado y en su lugar debía imponerse una justicia inflexible, sin distingos ni miramiento para “los traidores en toda la extensión de la palabra, una sanción ejemplar que, de una vez por todas, sirva de escarmiento a los que de tal forma quieran ensangrentar el país, y hacer befa de sus instituciones y leyes”.1

Por supuesto, dejó por un lado completamente que aquella conspiración, igual que la ocurrida contra J. Rufino Barrios y Juan Martín Barrundia en 1884, era una cortina de humo para eiminar a enemigos del régimen. En 1934, se pretendía esconder el hecho de que el registrador de la Propiedad Inmueble, el abogado Efraín Aguilar Fuentes de 37 años de edad, había descubierto que el coronel Roderico Anzueto Valencia, gran aliado del presidente Ubico, se estaba apropiando de numerosas propiedades en la Ciudad de Guatemala, y que se lo había hecho ver al gobernante cuando éste le reclamó que por qué no apoyaba su reelección. El registrador no sabía que Anzueto Valencia únicamente era un testaterro del propio Ubico y fue involucrado entre los que participaron en el complot contra el presidente.9

A fin de aplicar la pena de muerte a los implicados, el 19 de septiembre el gobierno publicó el siguiente decreto:

Decreto Número 1581

Jorge Ubico, Presidente de la República,

Considerando: que es del conocimiento del Gobierno que algunos individuos de mal vivir y con tendencias comunistas retienen su poder explosivos, bombas de mano, etcétera, y que es deber de aquél garantizar la vida y los intereses de los habitantes, velar por el mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos y sostener las instituciones del Estado, por tanto: en uso de las facultades que le confiere el inciso 22 del artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°.— Toda persona que, sin autorización legal, tenga en su poder explosivos, bombas, máquinas para hacerlos estallar, o artefactos para usos similares, de cualquier naturaleza que sean, está obligada a entregarlos a la autoridad militar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación, por bando, de este Decreto en la cabecera del distrito municipal de su actual estancia o vecindad. Las personas que omitieren cumplir con lo dispuesto en este artículo, cualquiera que sea la causa, sufrirán la pena de muerte.

Artículo 2°.— También sufrirán pena de muerte:

        1. Las personas que sin la debida autorización fabricaren o hicieren fabricar, importaren, transportaren bombas o artefactos similares y máquinas para hacerlos estallar;
        2. Los individuos que con dano de las personas y de la propiedad privada, hicieren estallar bombas o explosivos.

Artículo 3°.— La pena que indican los artículos anteriores se aplicará no sólo a los autores, sino también a los cómplices o encubridores.

Artículo 4°.— Los procesos originados por los delitos a que se refiere esta ley, se tramitarán y fallarán por los Tribunales Militares, conforme el Título IV del Código Militar, Segunda Parte. No será motivo de incompetencia, la circunstancia de haberse cometido el delito en lugar distinto de aquel en donde se tramite o falle el proceso. La apreciacón de la prueba queda al prudente arbitrio del Tribunal.

Artículo 5°.— El presente Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial y se dará cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en la Casa de Gobierno: en Guatemala a los diez y nueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.

          • Jorge Ubico
          • El Secretario de Estado en el Despacho de guerra, José Reyes
          • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada10

Con el decreto del 19 de septiembre, doce personas fueron enviadas al al paredón de fusilamiento el 20 de septiembre, entre ellos Aguilar Fuentes. Además, ese mismo mes, se detonaron públicamente en el Campo Marte las bombas incautadas, acción con la cual pretendieron exaltar la reacción acertada del régimen; sin embargo, el proceso siguió abierto. Faltaba aprehender a dos de los supuestos cabecillas principales, a quienes había supuestamente había acusado Aguilar Fuentes durante una de las tantas sesiones de tortura de las que fue víctima. Uno de ellos era el Miguel García-Granados Solís, coronel de aviación y nieto del general homónimo que gobernó a Guatemala de 1871 a 1873, tras el triunfo de la revolución liberal que acabó con régimen conservador de los 30 años; García-Granados estaba en la mira del presidente porque ya había mostrado antipatía contra la reelección que buscaba Ubico. El otro supuesto cabecilla era el licenciado Clemente Marroquín Rojas, prestigioso periodista que había atacado al general Ubico desde que éste participara en las elecciones de 1926, publicando una serie titulada «Desnunando al Idolo«.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Monterrosa Cubías, Luis Gerardo (Agosto de 2020) ¡Por la democracia y libertad de Guatemala! Exiliados del ubiquismo en la frontera sur de México (1934-1938). En: Secuencia. (107). México: Secuencia.
  2. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Arregladas para uso de las escuelas primarias y secundarias de ésta República. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 202.
  3. Rodríguez, Guillermo (Mayo de 1886) Exposición y documentos presentados a la Asamblea Nacional Legislativa por Guillermo Rodríguez, acusado y sentenciado con pretexto de la bomba del 13 de abril de 1884. Guatemala: Tipografía de Arenales.
  4. Estrada Paniagua, Felipe (9 de mayo de 1907). El 29 de abril y las otras minas. Guatemala: La Locomotora, Tipografía Nacional. p. 5.
  5. Estrada Paniagua, Felipe (29 de abril de 1908). «El crimen del 20». La Locomotora: revista de política, ciencia, literatura y bellas artes (Guatemala).
  6. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.
  7. Gamboa, Federico (1934). Mi diario. México: Ediciones Botas.
  8. Mora, Carlos F. et. al. (12 de diciembre de 1930) “Acta de los médicos en que se declara la imposibilidad del general Chacón para seguir en la presidencia de la República”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  9. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  10. , Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935. LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 291-292.

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22 de junio de 1944: la carta de los 311

311 ciudadanos envían una carta al presidente general Jorge Ubico pidiendo que se restituyan las garantías constitucionales

22junio1944
El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento.​ Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República.1 Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas, siguiendo el ejemplo de la huelga general en El Salvador que había logrado derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez el 11 de mayo de ese año, luego de 14 años de férreo gobierno.2

Ubico entonces suprimió la garantías constitucionales y dirigió el siguiente manifiesto a la población:3

El día de hoy, en Consejo de Secretarios de Estado, he decretado la restricción de algunas de las garantías constitucionales.

El primer deber que me concierne como mandatario es, ante todo, la conservación de la paz y del orden interno de la República; y esas dos finalidades del Poder Ejecutivo están amenzadas por la acción perturbadora de elementos que han querido exaltar los ánimos en algunos sectores de la vida nacional.

Se hace indispensable la adopción de medidas enérgicas para contrarretar la acción disolvente de los agitadores; y a esta finalidad conduce la restricción de las garantías. No obstante, la sociedad debe estar tranquila en sus elementos de orden y de trabajo. Las medidas de represión que hayan de adoptarse no regirán con las personas de orden y cumplidoras de sus deberes ciudadanos; y el término de esta situación de emergencia será el que quieran los agitadores.

Cuando vuelvan las corrientes sociales, en los sectores perturbados al cause normal de sus actividades, serán restablecidas inmediatamente las garantías que hoy me veo en el caso de restringir.

Vuestro conciudadano,

        • Jorge Ubico

Guatemala, 22 de junio de 1944.3

Ese mismo día, un grupo de 311 ciudadanos, envalentonado por el ambiente favorable contra los regímenes que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos había apoyado en Guatemala, Honduras y El Salvador, le envió la siguiente misiva al general Ubico:

Señor Presidente de la República:

Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:

El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.

La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.

Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo.​ La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción.

Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.

Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.

La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.

Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.

Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.

Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.

Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:

        1. El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
        2. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.

Guatemala, 22 de junio de 1944.4

Este memorial fue redactado en casa del doctor Julio Bianchi y firmado por 311 personas en total, entre quienes figuraban destacadas personalidades de la sociedad guatemalteca, como el Dr. Carlos Federico Mora y estudiantes universitarios, como el futuro presidente Julio César Méndez Montenegro. Sin embargo, la carta no tuvo la respuesta que esperaban los firmantes, sino que al contrario, produjo una represión violenta contra manifestantes, que resultó en la muerte de la profesora María Chinchilla el 25 de junio, y que a la larga, resultaría en la renuncia del general Ubico el 1 de julio de 1944.4-5


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista en latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944. El Salvador: En La Universidad. pp. 52,53.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. CLXXIX.
  4. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  5. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.

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14 de febrero de 1931: Jorge Ubico toma posesión de la presidencia

Con el apoyo de los Estados Unidos y de la United Fruit Company, el generalJorge Ubico asume como presidente de Guatemala.

14febrero1931
Cortejo presidencial del general Jorge Ubico durante uno de los actos oficiales de su gobierno. Nótese que los soldados estaban descalzos. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general Jorge Ubico Castañeda es uno de los gobernantes guatemaltecos más conocidos.  Muchos hablan con añoranza de su gobierno imaginando que fue un período de paz, tranquilidad y estabilidad económica en el que se perseguía a los delincuentes sin misericordia y no había abuso del erario público1, mientras que otros lo defenestran porque su gobierno fue tiránico y represivo en el que no había libertad ni de pensamiento, ni de expresión.2 Y aún más, la mayoría desconoce los lazos que tenía con la colonia alemana en la Verapaz3 y sus fuertes vínculos con su principal benefactor y soporte: la todopoderosa transnacional estadounidense United Fruit Company.4-8

Para poner en contexto un período tan importante en la historia de Guatemala, es necesario decir que el general Ubico era hijo del licenciado Arturo Ubico Urruela, poderoso cafetalero propietario de la Hacienda de San Agustín Las Minas, y quien fue Ministro de Estado del general J. Rufino Barrios y luego presidente de la Asamblea Nacional Legislativa durante los veintidós años del régimen del licenciado Manuel Estrada Cabrera.9  Gracias a la influencia de su padre, Ubico tuvo una meteórica carrera política y militar, a pesar de haberse dado de baja en la Escuela Politécnica tan solo tres semestres después de haber iniciado sus estudios.10 Posteriormente, durante el régimen de Estrada Cabrera fue nombrado Jefe Político de Retalhuleu y de Verapaz, y hacia el final del gobierno fue nombrado Ministro de Fomento, cargo en el que estuvo pocos días antes de renunciar ante la inminente caída del presidente en 1920.11

Tras la caída de Estrada Cabrera Ubico volvió a la política apoyando el golpe de estado que derrocó al presidente Carlos Herrera.12  En compensación por su ayuda, el presidente de facto, general José María Orellana, lo nombró Ministro de la Guerra.  Posteriormente renunció, y tras la misteriosa muerte del general Orellana en septiembre de 1926, se postuló como candidato presidencial.13 Sin embargo, Ubico perdió las elecciones, gracias a que el primer designado, general Lázaro Chacón utilizó fondos públicos para promocionar su candidatura, y que el periodista Clemente Marroquín Rojas desde su periódico «La Hora» publicó una serie de artículos llamados «Desnudando al ídolo«, en donde denunciaba los abusos que Ubico había cometido durante su gestión como Jefe Político en Retalhuleu y Verapaz.14

El último año del gobierno del general presidente Lázaro Chacón fue de una crisis constante debido a la Gran Depresión.  De hecho, se llegó al punto de que los comerciantes estaban quemando sus propios negocios para cobrar el seguro pues no podían susbistir en medio de los graves problemas económicos,15 y el gabinete de gobierno renunció en pleno varias veces.16 Y, para colmo, a principios de diciembre de 1930, en medio de esta vorágine de problemas se produjo una fuerte explosión en el polvorín militar de «El Aceituno» (hoy Brigada «Mariscal Zavala»), el cual no solamente mató a muchos de los soldados de la guarnición sino que, aparentemente, borró numerosas pruebas de hechos ilícitos.17

La salud del presidente Chacón no resistió más y sufrió un derrame cerebral el 12 de diciembre de 1930, haciendo que el país entrara entonces en una profunda crisis política.18 El licenciado Baudilio Palma, segundo designado a la presidencia, asumió como presidente interino ya que el primer designado, el general Mauro De León, no podía tomar el cargo por haber sido nombrado Ministro de la Guerra apenas unas semanas antes.   Pero, tal y como había ocurrido cuando el licenciado Manuel Estrada Cabrera se quedó en el poder en 1898, los militares no estuvieron de acuerdo con que un civil se queda en la presidencia y se produjo un golpe de estado, aduciendo que era el general Mauro De León a quien le correspondía la presidencia y que no había evidencia fidedigna de que el presidente Chacón estuviera imposibilitado.  Misteriosamente, durante la refriega en las afueras del Palacio Colonial, resultó muerto De León y el general Manuel María Orellana asumió la presidencia de facto del país.19

En ese momento, la Legación de los Estados Unidos acogió al general Jorge Ubico, aduciendo que éste tenía derecho al asilo porque existía una fuerte posibilidad de que lo asesinaran sus enemigos.  Al mismo tiempo, la transnacional frutera y el gobierno estadounidense reclamaron que se eligiera un hombre fuerte para dirigir los destinos del país, dadas sus fuertes inversiones en el enclave bananero de Izabal y la difícil situación económica que atravezaban.  Y por ello, amparándose en el Tratado General de Paz y Amistad suscrito por los paíes centroamericanos en Washington D.C. en 1923, desconocieron al presidente Orellana y le exigieron que entregara el poder al licenciado José María Reina Andrade, a quien le ordenaron que llamara elecciones lo antes posible.  Los Estados Unidos y la UFCO ya habían decidido que Ubico fuera el nuevo gobernante, y fue así, como en esas elecciones realizadas, éste fue electo unánimamente y tomó posesión casi inmediatamente, el 14 de febrero de 1931, en contra de los estipulado por la constitución de 1879, vigente en ese momento.20

En esa época, la United Fruit Company era el verdadero poder detrás del trono de muchos gobiernos en América Latina, al punto que era apodada «El Pulpo» o «Mamita Yunai«.  La producción de fruta en terrenos tropicales era de vital importancia para la fabricación de compotas para millones de bebés estadounidenses y era necesario que en los países en donde existían grandes plantaciones hubiera regímenes favorables a la frutera.  En Guatemala, la compañía y sus subsidiarias tenían entonces el control de grandes extensiones de terreno en Izabal, manejaban las línea férreas del país por medio de su subsidiaria International Railways of Central America, y tenían el monopolio del transporte de mercadería y pasajeros desde y hacia Puerto Barrios por medio de su marina mercante, la Great White Fleet.  A cambio del apoyo para llegar al poder, Ubico garantizó que no hubiera problemas laborales para la UFCO y sus subsidiarias y además le otorgó una generosa concesión territorial en Tiquisate a cambio de acciones en la compañía.4-8

En cuanto a la producción de café, para paliar la drástica caída del precio del grano, el gobierno de Ubico redujo los costos de producción mediante la derogación del Reglamento de Jornaleros, que había obligado a los indígenas a trabajar en las fincas cafetaleras como colonos desde la época de J. Rufino Barrios. En lugar de este reglamento, Ubico instituyó la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad, las que hacían aun más estricto y menos remunerado el trabajo de los campesinos jornaleros en las fincas cafetaleras.21,22

La administración ubiquista atacó la crisis económica en la ciudad reduciendo a la mitad el salario de los empleados públicos y cancelando una serie de programas que había iniciado el gobierno de Lázaro Chacón.  Para que el pueblo no protestara, el gobierno instituyó una política de cero tolerancia contra los desórdenes públicos y eliminó el derecho a libre locomoción, libre emisión del pensamiento y libertad de prensa.  Los periódicos de la época solamente publicaban lo que quería el gobierno, y éste se encargó de idealizar la imagen presidencial por medio de reportes cinematográficos, artículos de prensa y relatos de los viajes presidenciales al interior de la República.22

En cuanto al Tratado General de Paz y Amistad, los gobiernos de Centroamérica lo denunciaron en 1934, para poder reconocer al gobierno golpista salvadoreño del general Maximiliano Hernández Martínez, a pesar de la masacre que éste había perpetrado en contra de campesinos que protestaban contra las terribles condiciones de trabajo a que estaban sometidos y que fueron asesinados con la excusa de que eran comunistas.23


BIBLIOGRAFIA:

  1. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
  2. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  3. Chávez, Carlos (25 de enero de 2009). «La cara alemana de Guatemala». La Prensa Gráfica (San Salvador). Archivado desde el original el 30 de junio de 2015.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. — (2006). «The United Fruit Company in Latin America: Business Strategies in a Changing Environment». En Jones, Geoffrey; Wadhwani, R. Daniel. Entrepreneurship and Global Capitalism (en inglés) 2. Cheltenham (UK): Edward Elgar. pp. 342-383.
  6. — (2003). «United Fruit Company in Latin America». En Moberg, Mark; Striffler, Steve. Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3196-4.
  7. Chapman, Peter (2007). Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World (en inglés). Canongate Books Ltd. ISBN 1-84195-881-6.
  8. Colby, Jason (2011). The Business of Empire: United Fruit, Race, and US Expansion in Central America (en inglés). Cornell University Press.
  9. Soto Hall, Máximo (1915). El Libro Azul de Guatemala. Bascom Jones, J. y Scoullar, William T., eds. Guatemala. p. 118.
  10. Samayoa Chinchilla, Carlos (1950) El dictador yo. Guatemala: Imprenta Iberia. pp. 42-45.
  11. Méndez, Rosendo P. (1926) Recopilación de la Leyes de la República de Guatemala, 1920-1921XXXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 190-191.
  12. Montúfar, Rafael (1923). Caída de una TiraníaPáginas de la Historia de Centro América. Guatemala: Sánchez y de Guise. pp. 155-156.
  13. Rodríguez Cerna, José (26 de septiembre de 1926): “Ha muerto el jefe de la Nación general don José María Orellana”. Guatemala: Diario de Centro América.
  14. Diario La Hora (3 de julio de 2020). Diario La Hora en su primera época; 100 años. Guatemala: Diario La Hora.
  15. Asturas Morales, M. (30 de octubre de 1930) “Se registra el primer incendio de la temporada de lluvias“. Guatemala: Nuestro Diario, Muñoz Plaza y Cía.
  16. — (29 de agosto de 1930) “El gabinete presentó su renuncia hoy” Guatemala: Nuestro Diario.
  17. Vela, David (4 de diciembre de 1930) “Esta mañana explotó el polvorín del Aceituno, provocando numerosas víctimas”. El Imparcial: Guatemala.
  18. — (12 de diciembre de 1930). “El general Chacón dejó la presidencia”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  19. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  20. Ibid., pp. 186-190.
  21. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  22. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  23. Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935. LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. viii.

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20 de julio de 1945: restablecen municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho

San Cristóbal Cucho recupera la categoría de municipio tras haber sido adscrito a San Pedro Sacatepéquez como aldea por el gobierno de Jorge Ubico en 1936, luego de la separación de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez

Palacio Maya, construido entre San Marcos y San Pedro Sacatepéquez antes de ser fusionados en el municipio de San Marcos La Unión. En el recuadro: el presidente Juan José Arévalo que separó a los municipios en 1945. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons

El 9 de febrero de 1942, el gobierno del general Jorge Ubico autorizó la fusión de los municipios de San Marcos y de San Pedro Sacatepéquez en el departamento de San Marcos para evitar que continuara la rivalidad entre ambos, mediante el siguiente decreto:1

Casa del Gobierno: Guatemala, 9 de febrero de 1942

Estando terminado el edificio en donde se instalarán las autoridades de la nueva ciudad de La Unión, formada por la unificación de las ciudadades de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, el Presidente de la República, acuerda:

      1. Que el nuevo municipio que se forma por la fusión de los actuales se denomine San Marcos La Unión, cuya cabecera municipal será la ciudad de La Unión.
      2. Autorizar el traslado de las oficinas de la Jefatura Política, Juzgado de Primera Instancia, Intendencia Municipal y demás que sean necesarias a su nuevo edificio, el que deberá ser solemnemente inaugurado el 14 del mes en curso.  

Comuníquese.

        • Ubico
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo S. de Tejada1

Pero aquella medida no sólo no fue efectiva, sino que hasta contraproducente pues la rivalidad entre los poblados creció aún más. Así pues, San Marcos La Unión fue desmembrado y San Cristóbal Cucho recobró la categoría de municipio el 20 de julio de 1945, ya durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo, por medio del siguiente acuerdo gubernativo:2

Palacio Nacional: Guatemala, 20 de julio de 1945

En vista de las reiteradas solicitudes relativas a que se derogue el acuerdo gubernativo que, con el laudable propósito de poner término a las rivalidades existentes entre dos pueblos, emitió el Gobierno el 9 de febrero de 1942 disponiendo la fusión de los municipios de San marcos y San Pedro Sacatepéquez para fundar el de San Marcos La Unión, cuya cabecera pasó a ser la del departamento de San Marcos; que las gestiones de los vecinos de San Pedro Sacatepéquez ponen de manifiesto que lejos de conseguir el objeto deseado, la medida resultó contraproducente porque la antigua división se ha acentuado; que el gobernador departamental, en el informe que se le pidió, manifiesta que en previsión de las consecuencias que podrá acarrear más tarde, es de parecer que se lleve a cabo la separación de esos municipios para tranquilidad de los vecinos de San Marcos; y que oída la municipalidad de San Marcos La Unión acordó que era conveniente la separación de los dos municipios para poner fin a los problemas surgidos con motivo de la fusión, proponiendo, al propio tiempo, las bases en que, a su juicio, el Gobierno debía disponerla,

Por tanto, el Presidente Constitucional de la República, tomando en consideración las razones expuestas, acuerda:

Primero: suprimir el municipio de San Marcos La Unión, del departamento de San Marcos.

Segundo: restablecer el de San Marcos y el de San Pedro Sacatepéquez que lo formaron en virtud del acuerdo gubernativo de 9 de febrero de 1942.

Tercero: restablecer el municipio de San Cristóbal Cucho, que formaba parte del de San Pedro Sacatepéquez, con la misma extensión, poblados y límites que tenía el 5 de marzo de 1936, en que, por acuerdo de esa fecha, se anexó al segundo de los municipios nombrados.

Cuarto: con la extensión, poblados y límites que tenía el 9 de febrero de 1942, se restablece el municipio de San marcos y su municipalidad tendrá bajo su exclusiva jurisdicción la zona en que está trazada la ciudad  La Unión correspondiéndole la conservación de sus calles, parques, alamedas, estadio y demás construcciones existentes o que en lo de adelante se vayan haciendo.

Quinto: el municipio de San Pedro Sacatepéquez se restablece con la extensión, poblados y límites que tenía antes del 5 de marzo de 1936, fecha en la que se le anexó el de San Cristóbal Cucho.

Sexto: en virtud de que el pueblo de San Pedro Sacatepéquez, por medio de sus representantes, renunció en favor del Gobierno la cantidad de dinero que aportó para la construcción del Palacio Maya, cédese a la municipalidad de San Marcos con el objeto para que disponga del mismo.

Séptimo: la empresa eléctrica municipal será propiedad de las dos municipalidades y la administrará un comité presidido por el gobernador departamental e integrado con los intendentes municipales de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, los síndicos primeros  de esas municipalidades y dos vecinos honorables de cada uno de los dos municipios, debiendo modificarse en tal sentido los estatuos y reglamento de la empresa, en los que, además, se establecerá la forma y época en que hayan de distribuirse utiliddes.

Octavo: los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho, se inaugurarán el 15 de septiembre próximo, y para el efecto la municipalidad de San Marcos La Unión, llenado las formalidades legales, convocará a los vecinos para que el mes entrante procedan a elegir los miembros de sus juntas municipales, las que constarán del mismo número de síndicos y regidores que se requiren conforme a la ley.

Noveno: el gobernado del departamento de San Marcos dictará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición.

Queda derogado el punto primero del acuerdo gubernativo de 9 de febrero de 1942, y lo relativo a la anexión de San Cristóbal Cucho a San Pedro Sacatepéquez del punto primero del acuerdo de 5 de marzo de 1936.

Comuníquese.

      • Arévalo
      • El Ministro de Gobernación, C. Leonidas Acevedo2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1943) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1941-1942. LX. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 347-348.
  2. Méndez, Rosendo P. (1947) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1945-1946. LXIV. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 171-172.

25 de mayo de 1935: Asamblea convoca a referendum sobre presidencia de Ubico

La Asamblea Constituyente decreta que se haga un referendum para determinar si se extiende o no el período constitucional del presidente general Jorge Ubico hasta 1943.

25mayo1935
Volante a favor de la extension del mandato presidencial.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La Constitución de 1879 que el general J. Rufino Barrios mandó a hacer para poder extender legalmente su mandato presidencial, que ya venía ocupando desde 1873, fue la base de los gobiernos liberales que le siguieron.  Con algunas modificaciones, fue utilizada por Manuel Lisandro Barillas y por José María Reina Barrios.1 Pero fueron el licenciado Manuel Estrada Cabrera y su émulo, el general Jorge Ubico, quienes hicieron caso omiso a la prohibición de reelección.  Estrada Cabrera se reeligió cuatro veces amparado por un decreto legislativo e incluso participó en las elecciones presidenciales tras quedar como presidente interino luego del asesinato del general José María Reina Barrios a pesar de que se lo prohibía la mencionada Constitución.2

El general Ubico, con el antecedente del licenciado Estrada Cabrera (de quien fue Jefe Político de Retalhuleu y Verapaz, y de quien fue Ministro de Fomento en 1920 ) modificó la metodología para extender su gobierno.  Hizo que la Asamblea convocara un referendum al que convocó a todos los ciudadanos para determinar si era conveniente que él siguiera en la presidencia. Para justificar dicho referendum, el gobierno dijo que había un complot de civiles que planeaban asesinar al general presidente, y que incluso había colaboradores militares que habían perdido los mensajes o comandos administrativos bajo su gobierno. De acuerdo a la versión oficial, los complotistas fueron traicionados desde dentro, y muchos fueron ejecutados como resultado. Seis meses después, la Asamblea Legislativa habría recibido miles de peticiones espontáneas e idénticas de 246 municipios, en la que todos hacían un llamado para que la Constitución de 1879 fuera modificada y que Ubico pudiera extender su mandato.3

He aquí ell decreto de la Asamblea Constiuyente sobre el referendum para reelegir al general Ubico:4

Decreto Número 3

La Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala,

Considerando: que es necesario conocer el criterio que prevalece en la Nación, acerca de la conveniencia de que el general Jorge Ubico ejerza el Poder Ejecutivo por un plazo máximo de seis años, además del período para que fue electo;

Considerando: que, según la Constitución de la República, todo poder eside originalmente en la Nación, y es el caso de consultar el parecer de todos los habitantes capaces civilmente, sobre este asunto que afecta de modo directo a la colectividad.

Por tanto, decreta:

Artículo 1°. Se convoca a todos los habitantes de la República capaces civilmente, sin distinción de sexo ni nacionalidad, para que emitan su opinión sobre el punto siguiente:

«Si conviene a los intereses de la Nación y por las circunstancias externas que influyen en la vida interior del país, la permanencia del General Jorge Ubico en la Presidencia de la República, más allá del 15 de marzo de 1937, por un plazo que no exceda de seis años».

Artículo 2°. Esta consulta se hará durante los días 22, 23 y 24 de junio próximo y las municipalidad y jueces municipales quedan encargados de organizarla, recoger las opiniones y remitar las actas a la Municipalidad de la capital, la que, a su vez, las enviará, catalogadas, a la Secretaría de esta Asamblea.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veinticino de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Casa del Gobierno: Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecientos treinta y cinco.

Publíquese y cúmplase.

Para promocionar el referendum, el gobierno de Ubico publicó panfletos en donde aparecía sentado con la República parada detrás suyo, en la misma forma en que los militares de la época se retrataban con sus progenitoras.  Los enemigos del régimen le hicieron entonces este poema, lógicamente de autor anónimo:

«Si una pública mujer
por p… es conocida,
una república vendría a ser
una mujer más corrompida.
Siguiendo el decir
de esta lógica absoluta,
tenemos que convenir
que todo aquel que se reputa
ser de la República hijo
viene a resultar de fijo,
un hijo de la gran p…»

Por otra parte, el escritor Efraín de los Ríos en su obra «Ombres contra Hombres» da otra versión sobre el supuesto complot que dió lugar al referendum.  De acuerdo a de los Ríos, cuando Ubico decidió a convocar a un plebiscito para que Guatemala decidiera si podría seguir otros seis años en el poder, el licenciado Efraín Aguilar Fuentes (director del Primer Registro de la Propiedad Inmueble) se negó a ser parte de los seguidores del presidente, y cuando éste lo citó a su despacho para recriminarle su actitud, Fuentes le dijo que estaba enterado de que el entonces director de la policía nacional, Roderico Anzueto Valencia, se había apropiado ilícitamente de veintiocho propiedades y que por esa razón ya no apoyaría al gobierno. Ahora bien, de acuerdo a De los Ríos, lo que Aguilar Fuentes no sabía en ese momento, era que Anzueto Valencia solamente era testaferro del general Ubico en unas de esas propiedades y pagaría muy caro su atrevimiento.5-6

En las semanas siguientes, Anzueto Valencia elaboró la lista de personas involucradas en el complot para asesinar al presidente, y entre ellas apareció el licenciado Aguilar Fuentes. Todos los conjurados fueron apresados y torturados, y sus confesiones arrancadas en las torturas fueron publicadas en el periódico «El Liberal Progresista», período oficialista. De los Ríos escribió estas fuertes acusaciones en el libro «El Jardín de las Paradojas», el cual fue confiscado cuando De los Ríos fue apresado y enviado a la Penitenciaría Central, en donde pasó la mayor parte del resto del gobierno del general Ubico Castañeda.  Estas acusaciones vieron la luz hasta que «Ombres contra Hombres» fue publicada en 1945, ya durante el gobierno del doctor Juan José Arévalo.5-6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  2. Junta Libertadora (1914) Red Page: Via Crucis of a Central American Republic.  (en inglés) Nueva York, Estados Unidos.
  3. Grieb, Kenneth J (1996) «El gobierno de Jorge Ubico» Historia general de Guatemala 1993-1999. 5. Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo.  p. 54
  4. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 259-260.
  5. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México, D.F.: Fondo para la cultura de la Universidad de México.
  6. Batres Villagrán, Ariel (2009). «Ombres contra Hombres de Efraín de los Ríos». El diario del gallo.

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