8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1 Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo. Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital. Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio. Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6 Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7 Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4 Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas. El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala: Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución. México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920) Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala». El País (Madrid).

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20 de septiembre de 1934: condenan a implicados en complot para asesinar a Ubico

Condenan al paredón a 13 implicados en complot para asesinar al presidente Jorge Ubico

20septiembre1934
La tristemente célebre Penitenciaría Central de Guatemala, en donde estuvieron prisioneros numerosos presos políticos durante los gobiernos de J. Rufino Barrios, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y Jacobo Arbenz. En los recuadros: el coronel de aviación Miguel García-Granados Solís y el busto del periodista Clemente Marroquín rojas, acusados de ser cabecillas del atentado contra Jorge Ubico en 1934. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A principios de septiembre de septiembre de 1934 se desarticuló un atentado contra el presidente de Guatemala, general Jorge Ubico.1 Al igual que ocurrió con los atentados en contra del general J. Rufino Barrios en 18772 y 18843, y contra el licenciado Manuel Estrada Cabrera en 19074 y 19085, los cuartos de la Auditoría de Guerra donde se efectuaban los interrogatorios estaban abarrotados con más de quince acusados, en su mayoría inocentes.1

Entre los detenidos estaba Jacobo Sánchez, de 26 años de edad, oriundo de Quetzaltenango. quien había obtenido una beca del gobierno para estudiar derecho, aunque tenía antecedentes penales por asuntos políticos. De acuerdo a lo que se había aveiguado hasta ese momento, Sánchez Calderón ingresó a la confabulación en junio de 1934, cuando un coronel del ejército le expresó la urgencia de asesinar al general Jorge Ubico, que en ese momento contemplaba la reelección. Días más tarde, lograron evadir la férrea vigilancia del régimen ubiquista y escondieron algunas bombas en las instalaciones de una escuela. Según las declaraciones de Sánchez, querían aprovechar el desplazamiento de Ubico por la capital para concretar sus planes, lanzando ataques simultáneos en diversos cuarteles. Al igual que como ocurrió en 1907 con el atentado de la Bomba4 en contra del presidente Estrada Cabrera, escogieron varios puntos por lo que pasaba frecuentemente el gobernante; en 1934 los implicado escogieron el puente de la Penitenciaría, el parque Concordia y la avenida Reforma.1

Se decidieron por fin por el puente de la Penitenciaría e iban a transportar los explosivos en la segunda quincena de septiembre. Sánchez afirmó que entregó “cuatro candelas de dinamita que tenía en su poder desde hacía siete años más o menos”. Pero al ser trasladado al cantón Barillas, donde supuestamente estaban guardados más explosivos, intentó huir en la oscuridad del amanecer y le fue aplicada la ley fuga, según reza el parte oficial.1

Muchos de los implicados en la conspiración fueron condenados a muerte por el delito de rebelión frustrada y sedición consumada, y el resto fue hecho prisionero en la Penitenciaría Central, en donde sufrirían numerosos vejámenes. Tal y como ocurriera en tiempos de los gobiernos de Barrios y de Estrada Cabrera, el terror hizo presa de los habitantes de la Ciudad de Guatemala durante varias semanas.1,3,5 Las fuerzas de seguridad del estado desplegaron todas sus armas, tal y como lo hicieron en 1932, cuando cerraron la frontera para evitar que entraran los perseguidos por el régimen del general Maximiliano Hernández Martinez en El Salvador, y cuando neutralizaron al primer partido comunista en Guatemala.6 Y si en 1932 la represión sirvió para entronizar a Ubico como el paladín del anticomunismo, dos años más tarde el frustrado atentado fue utilizado para allanar el camino de la reelección y, de paso, salir de enemigos del régimen.1

Otro de los implicados, Carlos Pacheco Marroquín, fue hallado oculto en una residencia del centro capitalino, y cuando fue encontrado por la policía, le fue aplicada la ley fuga al igual que a Sánchez. No contento con esto, el régimen continuó su persecución y, tal y como hiciera el embajador mexicano Federico Gamboa en 1907,7 el embajador Mexicano advirtió que parecía «que el proyectado plan terrorista ha aterrorizado al gobierno y éste a su vez al pueblo de Guatemala, pues la zozobra y la intranquilidad y el dolor se reflejan en todas las capas sociales.” Nuevamente, como en el gobierno de Estrada Cabrera, el embajador mexicano no pudo permanecer indiferente ante las continuas peticiones de asilo que recibía. El diplomático debía tomar decisiones y precisaba instrucciones concisas de sus superiores.1

De hecho, el embajador mexicano, ante la solicitud de algunos familiares de un sentenciado, intercedió ante el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Alfredo Skinner Klée, sin ningún resultado favorable, aunque a diferencia de Gamboa, Serrano contaba con el apoyo de la Convención sobre Asilo Político de La Habana (1928) y de Montevideo (1933). Por esta razón, el canciller mexicano José Manuel Puig recomendó ecuanimidad y absoluto respeto hacia el gobierno de Ubico, pretendiendo “borrar completamente para el futuro las suspicacias por las acciones del pasado”, en alusión a lo que ya había ocurrido con Gamboa. El gobierno mexicano, ocupado en amainar las tensiones a flor de piel de la familia revolucionaria y sofocar los combates con el clero de Veracruz, Tabasco y Jalisco, actuó ante la represión en Guatemala como esperaba que sus vecinos reaccionaran ante un eventual levantamiento de sus enemigos.1

Mientras tanto, Jorge García Granados, político y abogado descendiente del ex-presidente Miguel García Granados, dirigió una carta al presidente pidiendo un juicio comedido de la confabulación y el perdón hacia los condenados; sin embargo, este razonamiento cayó en saco roto. El 13 de septiembre de 1934, los medios escritos, completamente controlados por el régimen, publicaron un editorial donde justificaron la represión, aduciendo que la sedición era admisible cuando se lidiaba con el andar oprobioso de los gobernantes “ineptos, descentrados, retrógrados ladrones, que pisotean las leyes del país y hacen escarnio de las garantías individuales y sociales”, pero no lo era «ante un gobierno que realizaba una obra de reconstrucción económica y rescataba a la nación del maremágnum de la lucha fratricida«.1 Esto era una alusión directa a la recuperación económica que había vivido Guatemala poco a poco tras la llegada de Ubico al poder en 1931, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, luego de una serie de golpes de estado que siguieron a la renuncia del general Lázaro Chacón luego de que éste sufriera un derrame cerebral que lo imposibilitó para seguir gobernando dada la anarquía que se vivía en el país tras la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.8

De acuerdo al periódico «El Liberal Progresista«, órgano oficial del gobierno de Ubico, la actitud de los conspiradores se debía a su «mentalidad enfermiza, característica de sujetos desprovistos de toda moralidad, carentes por completo de los más elementales escrúpulos y que, por lo mismo, han encontrado en el gobierno del general Ubico una barrera infranqueable”. La tolerancia, pues, se había agotado y en su lugar debía imponerse una justicia inflexible, sin distingos ni miramiento para “los traidores en toda la extensión de la palabra, una sanción ejemplar que, de una vez por todas, sirva de escarmiento a los que de tal forma quieran ensangrentar el país, y hacer befa de sus instituciones y leyes”.1

Por supuesto, dejó por un lado completamente que aquella conspiración, igual que la ocurrida contra J. Rufino Barrios y Juan Martín Barrundia en 1884, era una cortina de humo para eiminar a enemigos del régimen. En 1934, se pretendía esconder el hecho de que el registrador de la Propiedad Inmueble, el abogado Efraín Aguilar Fuentes de 37 años de edad, había descubierto que el coronel Roderico Anzueto Valencia, gran aliado del presidente Ubico, se estaba apropiando de numerosas propiedades en la Ciudad de Guatemala, y que se lo había hecho ver al gobernante cuando éste le reclamó que por qué no apoyaba su reelección. El registrador no sabía que Anzueto Valencia únicamente era un testaterro del propio Ubico y fue involucrado entre los que participaron en el complot contra el presidente.9

A fin de aplicar la pena de muerte a los implicados, el 19 de septiembre el gobierno publicó el siguiente decreto:

Decreto Número 1581

Jorge Ubico, Presidente de la República,

Considerando: que es del conocimiento del Gobierno que algunos individuos de mal vivir y con tendencias comunistas retienen su poder explosivos, bombas de mano, etcétera, y que es deber de aquél garantizar la vida y los intereses de los habitantes, velar por el mantenimiento de la tranquilidad y el orden públicos y sostener las instituciones del Estado, por tanto: en uso de las facultades que le confiere el inciso 22 del artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1°.— Toda persona que, sin autorización legal, tenga en su poder explosivos, bombas, máquinas para hacerlos estallar, o artefactos para usos similares, de cualquier naturaleza que sean, está obligada a entregarlos a la autoridad militar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la publicación, por bando, de este Decreto en la cabecera del distrito municipal de su actual estancia o vecindad. Las personas que omitieren cumplir con lo dispuesto en este artículo, cualquiera que sea la causa, sufrirán la pena de muerte.

Artículo 2°.— También sufrirán pena de muerte:

        1. Las personas que sin la debida autorización fabricaren o hicieren fabricar, importaren, transportaren bombas o artefactos similares y máquinas para hacerlos estallar;
        2. Los individuos que con dano de las personas y de la propiedad privada, hicieren estallar bombas o explosivos.

Artículo 3°.— La pena que indican los artículos anteriores se aplicará no sólo a los autores, sino también a los cómplices o encubridores.

Artículo 4°.— Los procesos originados por los delitos a que se refiere esta ley, se tramitarán y fallarán por los Tribunales Militares, conforme el Título IV del Código Militar, Segunda Parte. No será motivo de incompetencia, la circunstancia de haberse cometido el delito en lugar distinto de aquel en donde se tramite o falle el proceso. La apreciacón de la prueba queda al prudente arbitrio del Tribunal.

Artículo 5°.— El presente Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial y se dará cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en la Casa de Gobierno: en Guatemala a los diez y nueve días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro.

          • Jorge Ubico
          • El Secretario de Estado en el Despacho de guerra, José Reyes
          • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo Sáenz de Tejada10

Con el decreto del 19 de septiembre, doce personas fueron enviadas al al paredón de fusilamiento el 20 de septiembre, entre ellos Aguilar Fuentes. Además, ese mismo mes, se detonaron públicamente en el Campo Marte las bombas incautadas, acción con la cual pretendieron exaltar la reacción acertada del régimen; sin embargo, el proceso siguió abierto. Faltaba aprehender a dos de los supuestos cabecillas principales, a quienes había supuestamente había acusado Aguilar Fuentes durante una de las tantas sesiones de tortura de las que fue víctima. Uno de ellos era el Miguel García-Granados Solís, coronel de aviación y nieto del general homónimo que gobernó a Guatemala de 1871 a 1873, tras el triunfo de la revolución liberal que acabó con régimen conservador de los 30 años; García-Granados estaba en la mira del presidente porque ya había mostrado antipatía contra la reelección que buscaba Ubico. El otro supuesto cabecilla era el licenciado Clemente Marroquín Rojas, prestigioso periodista que había atacado al general Ubico desde que éste participara en las elecciones de 1926, publicando una serie titulada «Desnunando al Idolo«.1


BIBLIOGRAFIA:

  1. Monterrosa Cubías, Luis Gerardo (Agosto de 2020) ¡Por la democracia y libertad de Guatemala! Exiliados del ubiquismo en la frontera sur de México (1934-1938). En: Secuencia. (107). México: Secuencia.
  2. Aguirre Cinta, Rafael (1899) Lecciones de Historia General de Guatemala. Arregladas para uso de las escuelas primarias y secundarias de ésta República. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 202.
  3. Rodríguez, Guillermo (Mayo de 1886) Exposición y documentos presentados a la Asamblea Nacional Legislativa por Guillermo Rodríguez, acusado y sentenciado con pretexto de la bomba del 13 de abril de 1884. Guatemala: Tipografía de Arenales.
  4. Estrada Paniagua, Felipe (9 de mayo de 1907). El 29 de abril y las otras minas. Guatemala: La Locomotora, Tipografía Nacional. p. 5.
  5. Estrada Paniagua, Felipe (29 de abril de 1908). «El crimen del 20». La Locomotora: revista de política, ciencia, literatura y bellas artes (Guatemala).
  6. Taracena Arriola, Arturo (30 de mayo de 2011) “El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica 1922-1932“. El Socialista Centroamericano.
  7. Gamboa, Federico (1934). Mi diario. México: Ediciones Botas.
  8. Mora, Carlos F. et. al. (12 de diciembre de 1930) “Acta de los médicos en que se declara la imposibilidad del general Chacón para seguir en la presidencia de la República”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  9. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  10. , Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935. LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 291-292.

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15 de mayo de 1935: Ubico convoca a una Asamblea Constituyente

El presidente, general Jorge Ubico, convoca a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1879.

15mayo1935
Plaza Central de Guatemala en 1945.  La construcción del Palacio Nacional de Guatemala y la remodelación de la Plaza de Armas fueron emprendidas por el gobierno del general Jorge Ubico para fomentar la economía y paliar los efectos d ela Gran Depresión en el país.  En el recuadro: retrato autografia del general Ubico.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El l de abril de 1935, el presidente general Jorge Ubicopresentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de modificar 27 artículos de la Constitución de 1879, con el fin de «suprimir las restricciones que dificultan el libre ejercicio de la iniciativa presidencial» y, como todo fue aprobado, el 15 de mayo de 1935 convocó a una Asamblea Constituyente que conformó entre sus partidarios para que aceptara las reformas propuestas.1

La principal reforma que le interesaba al gobernante era cambiar las disposiciones hechas en 1927, durante el gobierno del general Lázaro Chacón, y que prohibían la reelección del presidente. Para legalizar esta reforma el gobernante convocó a un plebiscito, en que el que obtuvo la aprobación de la población para su reelección. Pero hubo otras modificaciones importantes:2

  • Dejó en suspenso el Artículo 66 que dice «El período de la Presidencia será de seis años«3 y dispuso que el período como Presidente Constitucional de general Ubico terminara el 15 de marzo de 1943.1
  • Estableció la Ley de Probidad que estableció controles que prohibieron el enriquecimiento de los funcionarios y limitó su autoridad y funciones; hasta entonces, el artículo 17 decía: «todo poder reside originariamente la Nación: los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley y siempre responsables por su conducta oficial».4
  • Artículo 26: «es libre la emisión del pensamiento por la palabra, por escrito y también por la prensa, sin previa censura«.5 El gobierno de Ubico limitó la libertad de prensa prohibiendo prohibió los ataques de los periodistas a los funcionarios públicos.
  • Artículo 28: «la propiedad es inviolable, sólo por causa de interés público legalmente comprobado, puede decretarse la expropiación; y en este caso, el dueño antes de que su propiedad sea ocupada, recibirá en moneda efectiva su justo valor«.5 Este artículo fue modificado porque se introdujo un sistema de imposición fiscal sobre aquellas haciendas cuyo rendimiento no fuera adecuado a su extensión y condiciones.1
  • Artículo 25:  «se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohibe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especia de instituciones o asociaciones monásticas».  Las reformas ampliaron la prohibición para incluir a aquellas agrupaciones que procuren el cambio de las instituciones por medios violentos o ilegales, refiriéndose a las organizaciones comunistas y, posteriormente, fascistas.1
  • Artículo 96:  «la ley organiza las Municipalidades sin alterar el principio de elección popular directa y designa las facultades que le corresponden6  Este artículo fue totalmente modificado, ya que los organismos locales pasaron a depender del ejecutivo, sustituyendo a los Alcaldes por los Intendentes nombrados por el poder central.2
  • Se restringieron algunos de los derechos individuales, y se ampliaron las facultades del ejecutivo, hasta eliminar el Consejo de Ministros, aunque este siempre había sido una figura decorativa conformada casi siempre por los diputados de más confianza del gobernante de turno.2

En 1941, se reunió la Asamblea del Partido Liberal Progresista, el partido fundado por Ubico, a fin de convocar a una constituyente con el sólo objeto de reformar el artículo primero transitorio de la Constitución de 1935, de manera que permitiera la reelección del gobernante una vez más. Como resultado, en julio de ese mismo año se convocó a una Asamblea Constituyente, que en sólo dos días aprobó, con un sólo voto en contra, la reforma del artículo transitorio, autorizando la reelección de Ubico para el período siguiente, que terminaría el 15 de marzo de 1949, dejando nuevamente en suspenso el artículo 66. La justificación a la que aludió la Constituyente, conformada casi en su totalidad por personal de Partido Liberal Progresista, fue el apoyo popular de la ciudadanía y la obra realizada en las circunstancias difíciles con que encontró el gobierno en 1931, y que se debían a la Gran Depresión que empezó en 1929.2


BIBLIOGRAFIA:

  1. Valladares de Ruiz, Mayra (Agosto de 1995). Los gobiernos liberales y sus fuerzas políticas 1871-1944. En Estudios del IIHAA, 2 (95). Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, Universidad de San Carlos. p. 106.
  2. Ibid., p. 107.
  3. Asamblea Legislativa (1879). Constitución de la República de Guatemala.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 11.
  4. Ibid., p. 3.
  5. Ibid., p. 4.
  6. Ibid., p. 17.

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11 de mayo de 1944: llega exiliado el ex-presidente Hernández Martínez

Llega exiliado a Guatemala el derrocado presidente salvadoreño, general Maximiliano Hernández Martínez

11mayo1944
Los campos de la Feria de Noviembre que se celebrara en Guatemala durante el gobierno del general Jorge Ubico para festejar al gobernante por su cumpleaños.  En el recuadro: el general Maximiliano Hernández Martínez presidente de El Salvador de 1931 a 1944, quien era egresado de la Escuela Politécnica de Guatemala y llegara exiliado al país tras ser derrocado por un levantamiento cívico militar.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Al igual que en Guatemala, desde 1931 existía un férreo gobierno militar en El Salvador, dirigido por el general Maximiliano Hernández el cual salió reforzado gracias a la ayuda que le dió el gobierno del general Jorge Ubico en Guatemala en 1932 contra la revolución comunista y que, irónicamente, fue el causante indirecto de la caída del presidente guatemalteco el 1 de julio de 1944.

En 1944, el mundo se encontraba todavía inmerso en la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos, una de las naciones que combatía en el grupo de los aliados, tenía bases militares en Guatemala y El Salvador, y controlaba la política de estos países gracias a la fuerte presencia de la United Fruit Company y su subsidiaria, la International Railways of Central America.  Aquel año se inició con la intención del presidente salvadoreño de modificar la constitución de la República que le permitiera una nueva reelección para así extender su mandato hasta 1949.1

Aunque aquello era normal en los gobiernos de América Latina en aquella época, los diputados constituyente promulgaron el 1 de marzo una constitución en la que prácticamente se le negaban a los ciudadanos salvadoreños sus derechos políticos.  Sin que los servicios de inteligencia del presidencia lo advirtieran, se estaba gestando una revuelta cívico-militar desde noviembre de 1943, cuyos dirigentes decidieron entrar en acción cuando la nueva Constitución fue promulgada; de esta cuenta, el domingo de Ramos 2 de abril, cuando el presidente se encontraba de vacaciones en el puerto de La Libertad, se produjo un alzamiento armado en su contra.2

Sin embargo, como era también común en esos años, la falta de comunicación y de coordinación entre los pocos cuarteles alzados hizo que la respuesta de los militares leales al presidente fuera rápida y eficiente, terminando con la revuelta el 4 de abril tras fuertes combates que dejaron cientos de muertos y heridos. La respuesta del presidente fue perseguir y capturar a los implicados, y a quienes pudiera acusar como instigadores de la rebelión, y juzgarlos en un Consejo de Guerra. El 11 y 12 de abril fueron fusilados más de una docena de militares y condenados a muerte varios civiles, quienes no pudieron ser ejecutados por estar ya en el exilio. Además, un régimen de terror a base de delaciones y espías se diseminó por todo el país y las capturas y juicios de militares continúan hasta el 27 de abril.2

Pero el 28 de abril, se produce un cambio radical en el país, cuando los estudiantes universitarios se declaran en huelga manifestando que no van a retornar a clases hasta que el gobierno de Hernández Martínez no haya sido derrocado.  A este huelga se unieron poco  después los estudiantes de secundaria y eventualmente hasta los de primaria. Los estudiantes organizan un comité secreto y empiezan a distribuir panfletos contra el gobierno y a hacer correr rumores entre la sociedad. El gobierno no acierta a dar con los organizadores, y viendo la incompetencia manifiesta de éste para dar con los responsables, varias entidades industriales y comerciales se unen a la huelga; y para el 4 de mayo hasta los empleados público se suman al paro nacional.2

Los seguidores del presidente le ofrecen traer campesinos analfabetos del interior de la República a San Salvador para que abran los comercios e intituciones a machetazos si es preciso, pero Hernández Martínez decide no tomar ese camino, y por el contrario, se dirige a la población y ofrece realizar cambios sociales radicales.  Pero la situación se le sale de las manos cuando un joven estadounidense vinculado a la élite económica salvadoreña, José Wright, es asesinado por un policía aparentemente sin motivo alguno; es por este hecho que Hernández Martínez pierde el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y es obligado a renunciar por el embajador norteamericano el 7 de mayo.2

En su discurso de despedida, Hernández Martínez dijo que «no iba a combatir contra mujeres y niños» y que por eso renuncia, abandonado el país el 9 de mayo y llegando a Guatemala, en calidad de exilado el 11 de ese mes.  Aquella revuelta victoriosa en El Salvador, que resultó en una época democrática totalmente nueva para la región centroamericana, inquietó al general Jorge Ubico, y envalentonó al pueblo guatemalteco, especialmente en la Ciudad de Guatemala, que también se levantaría contra el gobernante, y lo obligaría a renunciar el 1 de julio de ese año.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. p. 52.
  2. Ibid, p. 53.
  3. Gleijeses, Piero (1989). La Aldea de Ubico. España: Dialnet Uniroja. p. 49.

22 de junio de 1944: la carta de los 311

311 ciudadanos envían una carta al presidente general Jorge Ubico pidiendo que se restituyan las garantías constitucionales

22junio1944
El palacio de la Policía Nacional en la década de 1970, construido durante el gobierno del general Jorge Ubico. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 1 de junio de 1944, el gobierno del general Jorge Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%, pero solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales mensuales, lo que dejaba fuera a los maestros, quienes reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento.​ Por su parte, los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas para exigir la destitución de sus decanos, ya que, durante el gobierno de Ubico, las Escuelas Facultativas eran dependencia del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República.1 Ubico accedió a cambiar a los decanos, pero los sustitutos nombrados por el presidente, no fueron del agrado de los estudiantes, quienes en consecuencia redoblaron sus protestas, siguiendo el ejemplo de la huelga general en El Salvador que había logrado derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez el 11 de mayo de ese año, luego de 14 años de férreo gobierno.2

Ubico entonces suprimió la garantías constitucionales y dirigió el siguiente manifiesto a la población:3

El día de hoy, en Consejo de Secretarios de Estado, he decretado la restricción de algunas de las garantías constitucionales.

El primer deber que me concierne como mandatario es, ante todo, la conservación de la paz y del orden interno de la República; y esas dos finalidades del Poder Ejecutivo están amenzadas por la acción perturbadora de elementos que han querido exaltar los ánimos en algunos sectores de la vida nacional.

Se hace indispensable la adopción de medidas enérgicas para contrarretar la acción disolvente de los agitadores; y a esta finalidad conduce la restricción de las garantías. No obstante, la sociedad debe estar tranquila en sus elementos de orden y de trabajo. Las medidas de represión que hayan de adoptarse no regirán con las personas de orden y cumplidoras de sus deberes ciudadanos; y el término de esta situación de emergencia será el que quieran los agitadores.

Cuando vuelvan las corrientes sociales, en los sectores perturbados al cause normal de sus actividades, serán restablecidas inmediatamente las garantías que hoy me veo en el caso de restringir.

Vuestro conciudadano,

        • Jorge Ubico

Guatemala, 22 de junio de 1944.3

Ese mismo día, un grupo de 311 ciudadanos, envalentonado por el ambiente favorable contra los regímenes que hasta el momento el gobierno de los Estados Unidos había apoyado en Guatemala, Honduras y El Salvador, le envió la siguiente misiva al general Ubico:

Señor Presidente de la República:

Los suscritos ciudadanos guatemaltecos, en ejercicio del derecho garantizado por el artículo 22 de la Constitución de la República, nos dirigimos a usted con las muestras de nuestro mayor respeto y exponemos:

El día de hoy promulgó su gobierno el Decreto No. 3114, que restringe las garantías constitucionales. La parte considerativa de esta disposición consigna que elementos disociadores de tendencias nazi-fascistas perturban gravemente la paz de la República procurando obstaculizar al gobierno el mantenimiento del orden. Es por todos conocida la génesis de ese decreto, y la propia Secretaría Presidencial, en un boletín dado a publicidad en la prensa, la funda en la acción de problemas de orden interno de la Universidad.

La opinión pública espontáneamente se ha solidarizado con las aspiraciones de los estudiantes en esta hora trágica en que la flor de la juventud de los países libres ofrendan sus vidas en defensa de los altos ideales de la humanidad y de la democracia, a cuya causa está afiliada nuestra patria.

Es por ello doloroso ver que el Primer Magistrado de la Nación, sin duda basado en informaciones inexactas, tendenciosas e interesadas, haya lanzado a la juventud el grave cargo de nazi-fascismo.​ La juventud, señor Presidente, jamás vibra al impulso de mezquinas tendencias y, por el contrario, interpreta y encarna los ideales más limpios y las más nobles aspiraciones. La de Guatemala no es en este caso una excepción.

Convencidos de la pureza de los ideales de la juventud universitaria guatemalteca, nos sentimos obligados, como ciudadanos conscientes, a solidarizarnos plenamente con sus legítimas aspiraciones.

Es así como, movidos tan sólo por nuestro fervoroso patriotismo, venimos a rogar la ilustrada atención de usted acerca de los apremios de la hora actual y del imperativo del deber, sentido por todos, de que el Gobierno se encauce hacia metas prometedoras que aseguren el derecho y satisfagan las legítimas aspiraciones de la familia guatemalteca. El decreto de suspensión de garantías ha venido a crear una situación de intranquilidad y zozobra que agudiza la angustia de la hora en que vive la humanidad, en vez de asegurar la paz y el orden que pareció inspirarlo.

La restricción de garantías crea una situación de hecho, en la cual el pueblo carece de medios legales para manifestar sus justos anhelos y es susceptible de provocar consecuencias funestas que, como guatemaltecos conscientes, seríamos los primeros en deplorar.

Ante un régimen de derecho, la ciudadanía actúa dentro de la legalidad. Una situación de hecho engendra, tarde o temprano, una reacción de violencia. Con toda hidalguía reconocemos que la actual administración presidida por usted ha hecho, en lo material, obra constructiva. Empero, su labor, como todo lo humano, no ha llegado a satisfacer muchas aspiraciones populares por falta de medios de libre expresión.

Alrededor de los gobernantes actúan y medran fuerzas burocráticas e intereses creados que se fortalecen con el transcurso de los años y que llevan al mandatario visiones falseadas de la realidad ambiente. Por esta razón debe desconfiarse siempre de las “adhesiones” que, nacidas del temor o del interés, llegan hasta el gobernante a través del mecanismo oficial, las cuales jamás presentan el auténtico “sentimiento popular”. Seguramente corresponderá a usted aquilatar muy pronto el valor de tales “adhesiones”, a diferencia de la genuina sinceridad que nos anima.

Guatemala no puede substraerse a los imperativos democráticos de la época. Es imposible frustrar con medidas coercitivas los incontenibles impulsos de la generosa ideología que está reafirmándose en la conciencia universal a través de la más sangrienta de las luchas libradas entre la opresión y la libertad.

Estamos seguros, señor Presidente, de que su espíritu comprensivo acogerá la presente gestión con el mismo interés patriótico que nos mueve a dirigírsela. Confiados en él, pedimos lo siguiente:

        1. El restablecimiento de las garantías suspendidas, para que el pueblo pueda gozar, sin demora, de la plenitud de sus derechos constitucionales; y
        2. Dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad.

Guatemala, 22 de junio de 1944.4

Este memorial fue redactado en casa del doctor Julio Bianchi y firmado por 311 personas en total, entre quienes figuraban destacadas personalidades de la sociedad guatemalteca, como el Dr. Carlos Federico Mora y estudiantes universitarios, como el futuro presidente Julio César Méndez Montenegro. Sin embargo, la carta no tuvo la respuesta que esperaban los firmantes, sino que al contrario, produjo una represión violenta contra manifestantes, que resultó en la muerte de la profesora María Chinchilla el 25 de junio, y que a la larga, resultaría en la renuncia del general Ubico el 1 de julio de 1944.4-5


BIBLIOGRAFIA:

  1. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  2. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista en latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944. El Salvador: En La Universidad. pp. 52,53.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. CLXXIX.
  4. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  5. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.

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25 de septiembre de 1944: se inicia la huelga de la Escuela Normal contra Ponce Vaides

Se inicia la huelga de la Escuela Normal para Varones contra gobierno del Gral. Federico Ponce Vaides

25septiembre1944
La compañía de estudiantes de la Escuela Normal para Varones durante uno de los desfiles militares durante el gobierno de Jorge Ubico.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante el gobierno del general Jorge Ubico, la Escuela Normal para Varones estaba militarizada, con un personal administrativo compuesto exclusivamente por militares, y un claustro integrado por catedráticos civiles. La escuela se caracterizaba por contar con un internado obligatorio, con régimen y disciplina militar, con estudiantes becados en condiciones económicas bastante reducidas, predominio de alumnos de la provincia, y un claustro altamente calificado encabezado por el reconocido pedagogo Luis Martínez Mont, quien había sido compañero de estudios del Dr. Juan José Arevalo.

Para junio de ese año, el descontento contra el gobernante llegó al máximo, con la presentación de la carta de los 311, y la muerte de la profesora María Chinchilla durante una manifestación en que le pedían la renuncia a la presidencia. El 29 de junio más de cien mil personas se manifestaron en contra del asesinato de la maestra Chinchilla y los estudiantes de la Escuela decidieron no participar en el desfile del 30 de junio que celebraba un aniversario más de la Revolución Liberal de 1871, pese a que el régimen militar del plantel los trató de obligar.

El general Ubico cedió a las protestas generalizadas y decidió renunciar el 1 de julio de 1944 para evitar una guerra civil, dejando el poder a la Junta Militar integrada por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Vaides y Buenaventura Pineda. Al poco tiempo, la junta le entregó el poder al general Ponce Vaides.

Los estudiantes de la Escuela Normal a través de un telegrama solicitaron al nuevo presidente provisional la desmilitarización del plantel el 15 de julio de 1944, pero no fueron atendidos. Sin embargo, insistieron y consiguieron que el gobierno les otorgara la desmilitarización el 1 de agosto. Ese día los estudiantes normalistas fueron reunidos en los corredores de la Escuela Normal para escuchar la orden militar del día, que trató sobre la desmilitarización del plantel. Aquel día el personal administrativo de la Escuela Normal quedó integrado de la siguiente forma:

  • Sub Director: Manuel Chavarría Flores
  • Secretario: Alberto Arriaga

Durante esta corta administración, la administración de la Escuela Normal mejoró la alimentación de los internos, desarrolló el arte literario y fomentó las relaciones inter-escolares que no existían hasta entonces. Las primeras visitas fueron de las alumnas del Instituto Normal Central para Señoritas Belén y luego se establecieron los jueves deportivos donde se invitaban a institutos de secundaria de la Ciudad de Guatemala para practicar encuentros deportivos, tanto de mujeres como de hombres. Estos cambios hicieron que el presidente Ponce Vaides viera con recelo a la Escuela Normal, por lo que destituyó y encarceló al Dr. Arriola el 25 de septiembre de 1944 y nombró como director en su lugar a Carlos Alberto Quintana quien era miembro activo del Partido Liberal y a quien la institución declaró non grato.

Como protesta al cambio de director, los miembros de la administración renunciaron, mientras que los estudiantes emprendieron varias acciones:

  • elaboraron un manifiesto pidiendo la reinstalación del Dr. Arriola como director
  • hicieron aclaraciones a la prensa sobre el Dr. Arriola
  • emprendieron jornadas de protesta para la liberación de su director
  • convocaron a una huelga general en que los internos abandonaron el edificio de la Escuela por tiempo indefinido

Tras la revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del presidente Ponce Vaives, los alzados encontraron al Dr. Arriola tendido sin conocimiento en una mazmorra de la Penitenciaría Central y lograron rescatarlo. Por su parte, durante los últimos días de octubre los estudiantes normalistas prestaron servicio en la Guardia Civil, gracias a su preparación militar.

Los estudiantes expulsados durante las protesta fueron readmitidos en la Escuela Normal y el 1 de noviembre se re-iniciaron las clases, por decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El nuevo director fue Arnulfo Maldonado, ya que el Dr. José Luis Arriola fue nombrado Ministro de Instrucción Pública.

En conmemoración de aquellos hechos, el 25 de septiembre fue declarado el «día del normalista«.


BIBLIOGRAFIA:


31 de mayo de 1946: le retiran despachos de general a Ubico

El Congreso de la República retira el cargo de general de Brigada y de División al ciudadano Jorge Ubico.

31mayo1946
Retrato del general Jorge Ubico en 1931.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El gobierno del general Jorge Ubico es considerado como un período en el que el orden y la legalidad imperaban en Guatemala. No se discute que durante el gobierno ubiquista era mucho el orden, principalmente en los centros urbanos, así como en la repartición de jornaleros para los trabajos en las fincas e ingenios, y el suministro de trabajadores para las empresas transnacionales United Fruit Company e International Railways of Central America.  Pero la cuestión de la legalidad es diferente.

Al igual que sus predecesores en los gobiernos liberales, Ubico fomentó la economía nacional por medio de leyes que suministraban mano de obra prácticamente gratuita a las fincas cafetaleras, leyes que, dicho sea de paso, lo ayudaban económicamente a él mismo, ya que era un importante cafetalero con una propiedad de 25 caballerías en la Hacienda de San Agustín Las Minas, que heredó de su padre,  el licenciado Arturo Ubico Urruela.1-3  Las leyes hechas a favor del sector cafetalero le permitieron recuperar la economía nacional, que estaba en la ruina cuando asumió el poder el 14 de febrero de 1931, pero a cambio del empobrecimiento de la mayoría indígena del país el cual quedó una posición de servidumbre.4,5

El licenciado Arturo Ubico había aumentado su fortuna gracias a la enorme influencia que tuvo en los gobiernos liberales desde la época de J. Rufino Barrios hasta la del licenciado Manuel Estrada Cabrera; de hecho, fungió como Ministro y Embajador de Barrios, y luego presidente de la Asamblea Legislativa durante algunos períodos durante los gobiernos de Manuel L. Barillas y de José María Reina Barrios, y luego durante los veintidós años completos que el gobierno cabrerista.6  De hecho, fue gracias a la influencia de su padre que Jorge Ubico ascendió rápidamente en el ejército, a pesar de haber dejado sus estudios en la Escuela Politécnica tras cursar solamente tres semestres.7

Otra ilegalidad que se le atribuye al gobernante guatemalteco es la que relata el escritor Efraín de Los Ríos, en su obra «Ombres contra Hombres«, en donde acusa al general Ubico de haber promovido el despojo de propiedades por medio de testaferros, entre los que se encontraba el Jefe de la Policía, coronel Roderico Anzueto Valencia.  De los Ríos pasó diez años en prisión durante el régimen ubiquista por intentar hacer púbica esta acusación en 1934.8De Los Ríos documentó en su libro las torturas a las que eran sometidos los prisioneros en la Penitenciaría Central, especialmente los presos políticos, métodos que son comparables a los que describieron los que fueron perseguidos durante el gobierno del general J. Rufino Barrios9 y del licenciado Manuel Estrada Cabrera.10

Ubico renunció a la presidencia el 1 de julio de 1944, y se retiró a la vida privada, pero salió al exilio luego de la revolución del 20 de octubre de 1944 que derrocó al general Federico Ponce Vaides.  Ubico se fué a Nueva Orleáns, en donde tenía su sede principal su principal aliado durante su régimen: la United Fruit Company. Y el 31 de mayo de 1946, el Congreso de la República despojó al expresidente Jorge Ubico de los grados de general de división y de brigada por medio del decreto 245, que dice:

Decreto Número 245

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es pública y notoria la indignidad del general Jorge Ubico, quien en el ejercicio de la presidencia violó la Constitución de la República entonces vigente, al continuar en la primera magistratura por más tiempo del que establecía el artículo 66 de la Carta Magna; 

que mantuvo durante todo su gobierno al país sumergido en la más oprobiosa de las dictaduras al extremo de incomunicarlo con el exterior y limitar en forma arbitraria la salida de los guatemaltecos; 

que segó la vida de muchos ciudadanos sin más razón que su capricho personal y con absoluto desprecio de la ley;

que valiéndose de la preeminencia que se derivaba de su posición, con amenazas y en forma coactiva, arrebató por precios irrisorios el patrimonio de algunos ciudadanos; 

y que cometió, además de estas violaciones otras de las que dió fehaciente testimonio la conciencia ciudadana en la gesta cívica de junio, razones todas que a juicio del Congreso hacen a Jorge Ubico, indigno de pertenecer al Ejército Nacional de la Revolución.

Considerando: que el consejo superior de la Defensa Nacional en cumplimiento del artículo 4°. de las Disposiciones transitorias de la Ley constitutiva del Ejército, Decreto número 116, ha pedido a este Congreso la cancelación de los grados de general de división y de brigada de los ciudadanos siguientes: Daniel Corado Ruiz, Gustavo Wyld Ospina, Sarbelio Castillo González y Nicolás de León López; de Brigada a los ciudadanos: José Domingo Juárez Aragón, David H. Ordóñez Peralta, Daniel Antonio Montenegro Morales, Federico Ponce Vaides, y Serapio Monroy Cuyún, por no haber ascendido por riguroso escalafón, ni haber llenado el tiempo requerido por la ley y además, porque se les considera indignos de pertenecer al Ejército nacional Revolucionario;

Considerando: que la Constitución vigente al decretarse el ascento a general de los nombrados ciudadanos, establecía un tiempo mínimo de servicios militares prestados a la Nación de veinte y veintidós años para general de brigada y de división, respectivamente, y las leyes de la materia exigían la obtención de los despachos por riguroso escalafón, extremos éstos que no han sido cumplidos según consta en los archivos del Estado mayor general del Ejército;

Considerando: que los ciudadanos generales de brigada Federico Ponce Vaides y Serapio Monroy Cuyún aun cuando obtuvieron su grado de conformidad con la ley, se consideran indignos de pertenecer al Ejército por sus actuaciones públicas manifiestamente atentatorias contra los preceptos constitucionales y por haber faltado a su honor de militares desprestigiando a la institución armada a la cual pertenecen;

Por tanto, decreta:

Artículo 1°.— Se cancelan los grados de general de brigada y de división al ciudadano Jorge Ubico».

Artículo 2°.— Se cancelan los grados de general de división y de brigada a los ciudadanos: Daniel Corado Ruiz, Gustavo Wyld Ospina, Sarbelio Castillo González, Roderico Anzueto Valencia y Nicolás de León López

Artículo 3°.— Se cancela el grado de general de brigada de los ciudadanos José Domingo Juárez Aragón, David H. Ordóñez Peralta, Daniel Antonio Montenegro Morales, Federico Ponce Vaides y Serapio Monroy Cuyún.

Artículo 4°.— Se derogan los Decretos legislativos números 1076, 1200, 1602, 1798, 1802, 2213, 2214, 2217, 2220, 2224, 2228, 2421, 2422, 2431, 2432 y 2452;a y el artículo 2° del Decreto legislativo número 1048, en lo que se refiere al ciudadano Jorge Ubico.Nota b

Artículo 5°.— El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario oficial.Nota c

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.  

Dado en el Palacio del Congreso: en la ciudad de Guatemala, a los treinta y un días del mes de mayo de mil novecientos cuarenta y seis, año segundo de la Revolución.

        • Gerardo Gordillo Barrios, presidente
        • J.G. Prem, secretario
        • Ricardo Asturias Valenzuela, secretario

Palacio Nacional: Guatemala, diez de julio de mil novecientos cuarenta y seis.

Comuníquese y cúmplase.

El Ministro de la Defensa Nacional,

Para entonces el general Ubico estaba sumido en una profunda depresión, y falleció poco después. Pero tras la contrarrevolución de 1954, Ubico fue reinstaurado en el Ejército de Guatemala y durante el gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia se hicieron las gestiones pertinentes ante el Gobierno de los Estados Unidos para repatriar sus restos. Cuando el avión Boeing 707 de la línea aérea Pan American en que se transportaba su féretro ingresó al espacio aéreo guatemalteco fue escoltado por la cuadrilla Quetzal de la Fuerza Aérea de Guatemala hasta aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Aurora; desde allí fue transportado en hombros de antiguos oficiales y correligionarios y fue objeto de varios homenajes. Finalmente, fue sepultado en el Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en una tumba muy sencilla.


NOTAS:

  • a. Estos son los decretos de la Asamblea Legislativa en los que se les confirieron los grados de general de brigada y de división a los ciudadanos mencionados en este decreto.
  • b. Decreto de la Asamblea legislativa en el que se le confirió el grado de general a Jorge Ubico.
  • c. Publicado el 15 de julio de 1946.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 310-315 y 345.
  2. Estrada Paniagua, Felipe (1 de febrero de 1907) Votos por la educación popular. Guatemala: La Locomotora. II (24). p. 1.
  3. – (1908). Recopilación de Las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901XIX. Guatemala: Arturo Siguere & Co. pp. 124-125.
  4. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  5. La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5-7.
  6. Soto Hall, Máximo (1915). El Libro Azul de Guatemala. Bascom Jones, J. y Scoullar, William T., eds. Guatemala. p. 118.
  7. Samayoa Chinchilla, Carlos (1950) El dictador yo. Guatemala: Imprenta Iberia. p. 43.
  8. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  9. Rodríguez, Guillermo (Mayo de 1886) Exposición y documentos presentados a la Asamblea Nacional Legislativa por Guillermo Rodríguez, acusado y sentenciado con pretexto de la bomba del 13 de abril de 1884.  Guatemala: Tipografía de Arenales. pp. 3-14.
  10. Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
  11. Congreso de la República (1946). Decreto del Congreso número 245. Guatemala: Congreso de la República de Guatemala. 
  12. Méndez, Rosendo P. (1949). Recopilación de Leyes de Guatemala 1946-1947 LXV. Guatemala: Tipografía Nacional.  pp. 697-698.

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25 de junio de 1944: muere la profesora María Chinchilla

Muere la profesora María Chinchilla durante una manifestación de maestros en contra el régimen del general Jorge Ubico

25junio1944

La respuesta del gobierno del general Jorge Ubico a la carta de los 311 que recibió el 22 de junio de 1944 con relación a las garantías constitucionales no fue positiva.  Inicialmente había mandado a llamar a un grupo de representantes de los 311 para negociar una salida pacífica al problema de las protestas generalizadas que se estaban dando en la ciudad, pero no se llegó a ningun acuerdo, pues los ciudadanos querían la restitución de las garantías, mientras que el presidente y el gobierno se empecinaban en suspenderlas.  El 25 de junio de 1944 el gobierno accedió a dialogar con los ciudadanos nuevamente, esta vez con el Cuerpo Diplomático como mediador pero mientras estaban reunidos en el Palacio Nacional la policía y el ejército dispararon indiscriminadamente contra los protestantes, hiriendo a la senora Julieta Castro de Rölz Bennett y matando a la profesora María Chinchilla Recinos.1

Ante esta situacion, los miembros de la comision se dieron cuenta de que iban a ser perseguidos y enviaron una misiva al presidente el 26 de junio, en donde describían los hechos antes mencionados, aceptaban sus responsabilidades, y le exigían al presidente su renuncia al cargo como una «solución patriótica y conveniente«. He aquí la carta de aquel 26 de junio:1

Señor Presidente de la República:

El día sábado 24 de junio, a las dieciséis horas, se presentó a usted un memorial suscrito por más de trescientas personas pidiéndole: a) el restablecimiento, sin demora, de las garantías constitucionales; y b) la plena efectividad de tales garantías. Hicieron la entrega de ese memorial, en nombre de los firmantes, los licenciados Federico Carbonell y Jorge A. Serrano, quienes, al día siguiente en la mañana, fueron llamados al Palacio Nacional con el objeto de que reunieran a un grupo de personas firmantes de la solicitud, a fin de discutir la forma más conveniente y patriótica de conjurar la gravísima situación creada en el país. Atendiendo esa insinuación y guiados únicamente por móviles del más puro interés patriótico, celebramos una junta con los secretarios Salazar, Anzueto, Sáenz de Tejada, González Campo y Rivas, y como única gestión posible por nuestra parte ofrecimos acercarnos a los diversos sectores representados en las manifestaciones populares, con el objeto de conocer en forma precisa todas y cada una de sus aspiraciones y transmitirlas al Gobierno de la República. Con ese exclusivo propósito solicitamos que se nos otorgaran por escrito las garantías necesarias: seguridad personal, libertad de prensa, de asociación y de libre expresión de palabra. Ninguna de ellas nos fue concedida, y el acta, que principiaba a redactarse, quedó inconclusa ante la imposibilidad de conciliar dos criterios totalmente opuestos: el nuestro, que consideraba indispensable para solucionar la aguda crisis del país la obtención de los medios indicados; y el del Gobierno, que apelaba a mantener inalterable la situación de fuerza creada por la suspensión de garantías y que se negaba a otorgarnos en lo personal las seguridades por escrito que tan de buena fe le solicitábamos.

En vista de tales circunstancias, dimos por concluida nuestra misión.

En la tarde del propio día de ayer, el Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en el país se sirvió convocarnos al edificio de la embajada norteamericana para comunicarnos que el Gobierno de la República había solicitado abocarse con nosotros y conocer si estábamos en disposición de reanudar las conversaciones suspendidas esa mañana. Ante la situación, cada vez más tirante, y a pesar de que ya eran conocidos de todos los incalificables atropellos del mediodía, aceptamos la iniciativa del Gobierno y acudimos nuevamente a Palacio. Encontramos la misma actitud de intransigencia de parte de la Delegación del Gobierno, formada por algunos secretarios de Estado y de la Presidencia. Fueron inútiles todos nuestros razonamientos y esfuerzos por lograr del Gobierno las facilidades que pudieran acercarnos al éxito de la misión que se quería confiarnos y que, por aquellos deplorables sucesos, aparecía cada vez más remoto. Llegados a este punto, solicitamos entrevistarnos directamente con usted esperando encontrar mayor armonía con nuestro criterio.

Usted, señor Presidente, recordará todas nuestras observaciones: la insistencia sincera y razonada con que le hicimos ver el origen popular y espontáneo del movimiento reivindicador que conmueve al país, provocado por los largos años en que el pueblo se ha visto privado del ejercicio de sus derechos; la necesidad ingente de restablecer las garantías ciudadanas; el distanciamiento real en que se ha mantenido usted del pueblo, debido a la falta absoluta de medios de libre expresión; de haberse creado hacia usted, en el país, por su actuación y la de sus colaboradores, más que un sentimiento de respeto, uno de temor individual e inseguridad social; la inconveniente centralización de las funciones públicas; el desequilibrio que significa la existencia de un Gobierno rico frente a un Pueblo pobre; la justificada impaciencia del pueblo de Guatemala ante la inmutabilidad de su Gobierno por el largo espacio de catorce años; su sistema de gobierno en pugna con las realidades del presente; la resistencia de su Administración a realizar las necesarias reformas sociales; los abusos de autoridad reiteradamente cometidos durante su administración; los perturbadores intereses creados entre sus servidores que han contribuido a falsearle la realidad ambiente; y, en fin, señor Presidente, todas aquellas circunstancias que han llevado al país a la presente situación de unánime protesta pública.

En un principio, nuestras esperanzas se vieron alentadas por la actitud receptiva de usted ante la franqueza de nuestras expresiones, ante la sinceridad de nuestros propósitos y ante el común interés patriótico que en usted suponíamos. Nos manifestó usted que la única forma de gobernar al país es la que usted ha puesto en práctica; que no restituiría las garantías constitucionales; que la libertad de imprenta suponía la inseguridad del Gobierno; que la organización de partidos políticos de oposición era incompatible con el orden público y que no los permitiría mientras estuviera en el poder; que el actual movimiento de opinión tiene su origen en corrientes ideológicas que vienen de fuera. Ante nuestra más profunda sorpresa afirmó usted que, por su prestigio y experiencia gubernativa, su alejamiento del poder significaría el caos para Guatemala, dándonos la impresión de conceptuarse insustituible al frente de los destinos del país. Le reiteramos la solicitud ya hecha al Gabinete, de todos los medios necesarios para ponernos en contacto con la opinión pública y traerle una clara expresión de los deseos ciudadanos. Accedió usted únicamente a que, sin hacer reunión de clase alguna, nos pusiéramos en contacto en forma individual con personas de los distintos sectores y le transmitiésemos las verdaderas aspiraciones del pueblo guatemalteco. Para el debido cumplimiento de nuestra gestión patriótica, y con la única garantía que nos fue concedida por usted, salimos del Palacio a cumplir la misión que voluntariamente nos habíamos impuesto.

¡Cuál sería nuestra sorpresa al darnos cuenta de que, mientras parlamentábamos en Palacio, y el Honorable Cuerpo Diplomático estaba dedicado a las nobles funciones de Mediador, la Policía y la tropa acribillaban a balazos a hombres, mujeres y niños que pacíficamente desfilaban por las calles, entre cuyas damas se contaba doña Julieta Castro de Rölz Bennett, esposa de uno de nosotros!

La indignación general por tan reprobables hechos era profunda e incontenible. La sangre de las víctimas robustecía las ansias de libertad. Considerábamos que la crueldad de la fuerza pública era insuperable obstáculo a nuestros propósitos, y así quedó confirmado al entrevistarnos con personas de los diferentes sectores sociales.

Con tan dolorosa convicción volvimos a presencia del Cuerpo Diplomático y le expusimos el fracaso de nuestras gestiones, debido a los últimos acontecimientos, de los cuales ya estaba enterado ese Honorable Cuerpo, cuyos sentimientos humanitarios fueron de nuevo evidenciados.

Esta mañana a las nueve horas fuimos llamados por el señor director general de Policía, quien, en cumplimiento de las instrucciones recibidas del señor Secretario de la Presidencia, nos notificó que la autorización que usted nos había otorgado quedaba sin efecto y que tendríamos que atenernos a las consecuencias emanadas del decreto de suspensión de garantías. La misión patriótica que habíamos aceptado quedaba definitivamente concluida por disposición del Gobierno.

Como obligada consecuencia de los hechos narrados, consideramos que es nuestro deber ineludible, según lo acordado con usted, llevar a su conocimiento la expresión inequívoca de los anhelos populares que hemos podido palpar y que son el verdadero origen de la situación angustiosa por que atraviesa Guatemala. Tales aspiraciones se concretan visiblemente, palmariamente y de manera incontrovertible en la necesidad sentida por todos, como única solución patriótica y conveniente, la de que usted renuncie de forma legal a la Presidencia de la República.

Protestamos al señor Presidente, en nuestra más alta calidad de ciudadanos, que lo que dejamos expuesto se ciñe por entero a la realidad de los hechos y del momento que vive nuestra Patria.

Guatemala, 26 de junio de 1944.1

Curiosamente, ese mismo día, el presidente Ubico emitió un decreto por el cual expropió y nacionalizó un considerable número de fincas de café a ciudadanos alemanes por presiones del gobierno de los Estados Unidos que todavía estaba en guerra con el régimen nacionalsocialista alemán.  Por ese decreto quedaron expropiados y nacionalizados los bonos, acciones y participaciones que nacionales alemanes tenían en alguna o algunas de las fincas que se expropiarion.Entre los propietarios estaban: Kurt Lindener, Sapper & Co. Ltda., Alfredo Schlehauff, José Alf, Emma de F. Forst, Dieseldorff & Co. Sucs., Otto Hussmann, Carlos y E. Hussmann, Rodolfo Sterkel, Rob Schlehauff, Máximo Wohlers, Hugo Droege, Otto Noak, Buschel & Co., Emilio Sterkel, Netty Hussmann, Herederos Hussmann, Nottebohm Hnos., Federico Koper, Hered M. Nowakowski, Conrado Morjan, Rodolfo Reiffen, J. v. de Peitzner, Elsie de Suckau, Alfredo C. Steffen, Herbert Herman y Hno., Carlota Herman, Oscar Lang, Jorge y Fritz Albrecht, Fresse y Rubien, Selma K. de Ockelmann, Máximo Bregartner, Asseburg & Co., J. Franco. Hastedt Suc., Conrado Franke, Giessemann & Co., Federico Hartleben, Otto Jauch, Krische Hnos., Alfredo C. Steffen, Pablo Jelckmann, Alberto Hartleben, Herederos de Max. Mahler y Berta Kauffman & Co.2

Tras unos cuantos días más de protestas, el presidente Ubico renunció el 1 de julio.3


BIBLIOGRAFIA:

  1. Brolo, Javier (2012). «Carta de los 311»Blog de Javier Brolo. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2014.
  2. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. pp. 401-402.
  3. Ibid., p. CLXXXII,CLXXXIII

14 de febrero de 1931: Jorge Ubico toma posesión de la presidencia

Con el apoyo de los Estados Unidos y de la United Fruit Company, el generalJorge Ubico asume como presidente de Guatemala.

14febrero1931
Cortejo presidencial del general Jorge Ubico durante uno de los actos oficiales de su gobierno. Nótese que los soldados estaban descalzos. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El general Jorge Ubico Castañeda es uno de los gobernantes guatemaltecos más conocidos.  Muchos hablan con añoranza de su gobierno imaginando que fue un período de paz, tranquilidad y estabilidad económica en el que se perseguía a los delincuentes sin misericordia y no había abuso del erario público1, mientras que otros lo defenestran porque su gobierno fue tiránico y represivo en el que no había libertad ni de pensamiento, ni de expresión.2 Y aún más, la mayoría desconoce los lazos que tenía con la colonia alemana en la Verapaz3 y sus fuertes vínculos con su principal benefactor y soporte: la todopoderosa transnacional estadounidense United Fruit Company.4-8

Para poner en contexto un período tan importante en la historia de Guatemala, es necesario decir que el general Ubico era hijo del licenciado Arturo Ubico Urruela, poderoso cafetalero propietario de la Hacienda de San Agustín Las Minas, y quien fue Ministro de Estado del general J. Rufino Barrios y luego presidente de la Asamblea Nacional Legislativa durante los veintidós años del régimen del licenciado Manuel Estrada Cabrera.9  Gracias a la influencia de su padre, Ubico tuvo una meteórica carrera política y militar, a pesar de haberse dado de baja en la Escuela Politécnica tan solo tres semestres después de haber iniciado sus estudios.10 Posteriormente, durante el régimen de Estrada Cabrera fue nombrado Jefe Político de Retalhuleu y de Verapaz, y hacia el final del gobierno fue nombrado Ministro de Fomento, cargo en el que estuvo pocos días antes de renunciar ante la inminente caída del presidente en 1920.11

Tras la caída de Estrada Cabrera Ubico volvió a la política apoyando el golpe de estado que derrocó al presidente Carlos Herrera.12  En compensación por su ayuda, el presidente de facto, general José María Orellana, lo nombró Ministro de la Guerra.  Posteriormente renunció, y tras la misteriosa muerte del general Orellana en septiembre de 1926, se postuló como candidato presidencial.13 Sin embargo, Ubico perdió las elecciones, gracias a que el primer designado, general Lázaro Chacón utilizó fondos públicos para promocionar su candidatura, y que el periodista Clemente Marroquín Rojas desde su periódico «La Hora» publicó una serie de artículos llamados «Desnudando al ídolo«, en donde denunciaba los abusos que Ubico había cometido durante su gestión como Jefe Político en Retalhuleu y Verapaz.14

El último año del gobierno del general presidente Lázaro Chacón fue de una crisis constante debido a la Gran Depresión.  De hecho, se llegó al punto de que los comerciantes estaban quemando sus propios negocios para cobrar el seguro pues no podían susbistir en medio de los graves problemas económicos,15 y el gabinete de gobierno renunció en pleno varias veces.16 Y, para colmo, a principios de diciembre de 1930, en medio de esta vorágine de problemas se produjo una fuerte explosión en el polvorín militar de «El Aceituno» (hoy Brigada «Mariscal Zavala»), el cual no solamente mató a muchos de los soldados de la guarnición sino que, aparentemente, borró numerosas pruebas de hechos ilícitos.17

La salud del presidente Chacón no resistió más y sufrió un derrame cerebral el 12 de diciembre de 1930, haciendo que el país entrara entonces en una profunda crisis política.18 El licenciado Baudilio Palma, segundo designado a la presidencia, asumió como presidente interino ya que el primer designado, el general Mauro De León, no podía tomar el cargo por haber sido nombrado Ministro de la Guerra apenas unas semanas antes.   Pero, tal y como había ocurrido cuando el licenciado Manuel Estrada Cabrera se quedó en el poder en 1898, los militares no estuvieron de acuerdo con que un civil se queda en la presidencia y se produjo un golpe de estado, aduciendo que era el general Mauro De León a quien le correspondía la presidencia y que no había evidencia fidedigna de que el presidente Chacón estuviera imposibilitado.  Misteriosamente, durante la refriega en las afueras del Palacio Colonial, resultó muerto De León y el general Manuel María Orellana asumió la presidencia de facto del país.19

En ese momento, la Legación de los Estados Unidos acogió al general Jorge Ubico, aduciendo que éste tenía derecho al asilo porque existía una fuerte posibilidad de que lo asesinaran sus enemigos.  Al mismo tiempo, la transnacional frutera y el gobierno estadounidense reclamaron que se eligiera un hombre fuerte para dirigir los destinos del país, dadas sus fuertes inversiones en el enclave bananero de Izabal y la difícil situación económica que atravezaban.  Y por ello, amparándose en el Tratado General de Paz y Amistad suscrito por los paíes centroamericanos en Washington D.C. en 1923, desconocieron al presidente Orellana y le exigieron que entregara el poder al licenciado José María Reina Andrade, a quien le ordenaron que llamara elecciones lo antes posible.  Los Estados Unidos y la UFCO ya habían decidido que Ubico fuera el nuevo gobernante, y fue así, como en esas elecciones realizadas, éste fue electo unánimamente y tomó posesión casi inmediatamente, el 14 de febrero de 1931, en contra de los estipulado por la constitución de 1879, vigente en ese momento.20

En esa época, la United Fruit Company era el verdadero poder detrás del trono de muchos gobiernos en América Latina, al punto que era apodada «El Pulpo» o «Mamita Yunai«.  La producción de fruta en terrenos tropicales era de vital importancia para la fabricación de compotas para millones de bebés estadounidenses y era necesario que en los países en donde existían grandes plantaciones hubiera regímenes favorables a la frutera.  En Guatemala, la compañía y sus subsidiarias tenían entonces el control de grandes extensiones de terreno en Izabal, manejaban las línea férreas del país por medio de su subsidiaria International Railways of Central America, y tenían el monopolio del transporte de mercadería y pasajeros desde y hacia Puerto Barrios por medio de su marina mercante, la Great White Fleet.  A cambio del apoyo para llegar al poder, Ubico garantizó que no hubiera problemas laborales para la UFCO y sus subsidiarias y además le otorgó una generosa concesión territorial en Tiquisate a cambio de acciones en la compañía.4-8

En cuanto a la producción de café, para paliar la drástica caída del precio del grano, el gobierno de Ubico redujo los costos de producción mediante la derogación del Reglamento de Jornaleros, que había obligado a los indígenas a trabajar en las fincas cafetaleras como colonos desde la época de J. Rufino Barrios. En lugar de este reglamento, Ubico instituyó la Ley de Vagancia y la Ley de Vialidad, las que hacían aun más estricto y menos remunerado el trabajo de los campesinos jornaleros en las fincas cafetaleras.21,22

La administración ubiquista atacó la crisis económica en la ciudad reduciendo a la mitad el salario de los empleados públicos y cancelando una serie de programas que había iniciado el gobierno de Lázaro Chacón.  Para que el pueblo no protestara, el gobierno instituyó una política de cero tolerancia contra los desórdenes públicos y eliminó el derecho a libre locomoción, libre emisión del pensamiento y libertad de prensa.  Los periódicos de la época solamente publicaban lo que quería el gobierno, y éste se encargó de idealizar la imagen presidencial por medio de reportes cinematográficos, artículos de prensa y relatos de los viajes presidenciales al interior de la República.22

En cuanto al Tratado General de Paz y Amistad, los gobiernos de Centroamérica lo denunciaron en 1934, para poder reconocer al gobierno golpista salvadoreño del general Maximiliano Hernández Martínez, a pesar de la masacre que éste había perpetrado en contra de campesinos que protestaban contra las terribles condiciones de trabajo a que estaban sometidos y que fueron asesinados con la excusa de que eran comunistas.23


BIBLIOGRAFIA:

  1. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
  2. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  3. Chávez, Carlos (25 de enero de 2009). «La cara alemana de Guatemala». La Prensa Gráfica (San Salvador). Archivado desde el original el 30 de junio de 2015.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. — (2006). «The United Fruit Company in Latin America: Business Strategies in a Changing Environment». En Jones, Geoffrey; Wadhwani, R. Daniel. Entrepreneurship and Global Capitalism (en inglés) 2. Cheltenham (UK): Edward Elgar. pp. 342-383.
  6. — (2003). «United Fruit Company in Latin America». En Moberg, Mark; Striffler, Steve. Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3196-4.
  7. Chapman, Peter (2007). Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World (en inglés). Canongate Books Ltd. ISBN 1-84195-881-6.
  8. Colby, Jason (2011). The Business of Empire: United Fruit, Race, and US Expansion in Central America (en inglés). Cornell University Press.
  9. Soto Hall, Máximo (1915). El Libro Azul de Guatemala. Bascom Jones, J. y Scoullar, William T., eds. Guatemala. p. 118.
  10. Samayoa Chinchilla, Carlos (1950) El dictador yo. Guatemala: Imprenta Iberia. pp. 42-45.
  11. Méndez, Rosendo P. (1926) Recopilación de la Leyes de la República de Guatemala, 1920-1921XXXIX. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 190-191.
  12. Montúfar, Rafael (1923). Caída de una TiraníaPáginas de la Historia de Centro América. Guatemala: Sánchez y de Guise. pp. 155-156.
  13. Rodríguez Cerna, José (26 de septiembre de 1926): “Ha muerto el jefe de la Nación general don José María Orellana”. Guatemala: Diario de Centro América.
  14. Diario La Hora (3 de julio de 2020). Diario La Hora en su primera época; 100 años. Guatemala: Diario La Hora.
  15. Asturas Morales, M. (30 de octubre de 1930) “Se registra el primer incendio de la temporada de lluvias“. Guatemala: Nuestro Diario, Muñoz Plaza y Cía.
  16. — (29 de agosto de 1930) “El gabinete presentó su renuncia hoy” Guatemala: Nuestro Diario.
  17. Vela, David (4 de diciembre de 1930) “Esta mañana explotó el polvorín del Aceituno, provocando numerosas víctimas”. El Imparcial: Guatemala.
  18. — (12 de diciembre de 1930). “El general Chacón dejó la presidencia”. Guatemala: El Imparcial, Unión Tipográfica.
  19. Department of State(1930) Guatemala. Revolution in Guatemala. (en inglés) En Foreign Relations III. Estados Unidos: Department of State. pp. 172-175.
  20. Ibid., pp. 186-190.
  21. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  22. Chacón Córdova, Carolina (2018). La figura del general Jorge Ubico Castañeda: dictador o tirano. En: 200 años en camino, Bicentenario de la Independencia – 2021. Guatemala: Autorictas Prudentium. p. 5.
  23. Méndez, Rosendo P. (1937). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1934-1935. LIII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. viii.

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4 de julio de 1944: Ponce Vaides obliga a Asamblea a nombrarlo presidente interino

El triunviro general Federico Ponce Vaides obliga a la Asamblea Legislativa en sesiones extraordinarias a nombrarlo presidente interino

4julio1944
El Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala en la época en que Ponce Vaides exigió ser designado presidente interino.  En el recuadro:  retrato del gobernante guatemalteco.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Contrario a la opinión popular la Revolución de Octubre de 1944 no derrocó al general Jorge Ubico, sino que a su sucesor, el general Federico Ponce Vaides.

Debido a que los Estados Unidos estaban inmersos en la Segunda Guerra Mundial, Ubico no contaba con su principal aliado, la United Fruit Company, ya que ésta había tenido que proporcionar a la marina estadounidense su flota mercante «Great White Fleet» y estaba sufriendo pérdidas considerables cuando los alemanes hundían sus buques.  Los regímenes dictatoriales que apoyaba en Centroamérica empezaron a debilitarse, y así cayó primero el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador en mayo de 1944 tras graves protestas populares en San Salvador.1 La inestabilidad social se extendió a la capital de Guatemala y Ubico entonces perdió el control de la situación ante una ola de protestas contra su régimen y prefirió renunciar el 1 de julio de 1944.2

En su lugar, dejó a los tres generales de menor capacidad que pudo encontrar: Federico Ponce, Trinidad Oliva y Buenaventura Pineda,3 en lo que algunos historiadores consideran como un castigo para Guatemala por pedirle su renuncia, y otros como un juego politico de Roderico Anzueto, quien pensaba utilizar a los triunviros a su antojo.4

Ya en el poder, a los triunviros les correspondía llamar a elecciones, lo cual fue aprovechado por los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico para exigir a la asamblea que se designara como presidente interino al Dr. Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Llegaron incluso a enviar comisiones para ir a traer a cada uno de los diputados que faltaban para hacer quorum a su casa de habitación. Ya con los diputados necesarios, el acto de la Asamblea Legislativa se estaba desarrollando con toda intensidad, cuando ingresó al recinto legislativo un contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de Cadetes de la Escuela Politécnica al mando del capitán Jacobo Árbenz Guzmán y ordenaron a todos los presentes desalojar el recinto. Tras el desalojo forzado de la Asamblea, los militares impidieron a los diputados que se retiraran, y éstos designaron al general Ponce Vaides como presidente, en una sesión a puerta cerrada.5

Reproducimos a continuación los importantes decretos que la Asamblea Legislativa emitió aquel día en sesión extraordinaria.  El primero corresponde a la renuncia de los tres designados a la presidencia, y el nombramiento del general Ponce Vaides como Primer Designado:

Decreto Número 2805 

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que son justas las razones expuestas por los senores Designados a la Presidencia de la República,para renunciar de los cargos para los cuales fueron electos, ciudadanos General Demetrio R., Maldonado B. senor Carlos Herrera DoriónNota y General Pedro Reyes Reynelas. Por tanto, decreta:

Se aceptan las renuncias presentadas, dando a tan altos dignatarios, los agradecimientos por los servicios nombrados y nombra para que los sustituyan a los ciudadanos General Federico Ponce Vaides, General Domingo Solares S., y Doctor Ramón Calderón, Primero, Segundo y Tercer Designados a la Presidencia de la República, respectivamente.6

El segundo decreto le entregó el poder al general Ponce como Presidente Interino:

Decreto Número 2806

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que las razones en que basa su renuncia del cargo de Presidente de la República el ciudadano General Jorge Ubico, son atendibles, es el caso de aceptarla.  Por tanto, decreta:

Artículo 1°. Se admite la renuncia que del cargo de Presidente de la República presentó ante la Asamblea Legislativa el ciudadano General Jorge Ubico, a quien se expresan los agradecimientos por los importantes servicios prestados en el mismo.

Artículo 2°. La Asamblea Legislativa procederá a dar posesión de la Presidencia de la República al Primer Designado, ciudadano General Federico Ponce Vaides, para los efectos que prescribe la Constitución.7

A los pocos días de haber llegado al poder, el nuevo presidente obligó a los indígenas que vivían en la capital del país a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil.  Sin embargo, a pesar de estar demostraciones de poder, el gobierno de Ponce sería derrocado por la revolución del 20 de octubre de 1944.5


NOTAS:

BIBLIOGRAFIA:

  1. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. p. 52.
  2. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. pp. CLXXIX-CLXXXII.
  3. Ibid, p. CLXXXIII.
  4. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989). Tomo 1: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica.
  5. Pinelo López, Marco Tulio; Arredondo Crasborn, Iván (24 de febrero de 2012). «Origen de la celebración del día del normalista – 25 de septiembre». Servicios Técnicos Arredondo (Petén, Guatemala).
  6. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. pp. 309-310.
  7. Ibid, p. 310.