2 de septiembre de 1813: la Cortes de Cádiz modifican la estructura politico-administrativa del Reino de Guatemala

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El Juramento de las Cortes en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de San Fernando en 1810.  Obra de José Casado del Alisal.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Durante la época colonial, el presidente de la Real Audiencia de Guatemala era a la vez gobernador de la provincia, capitán general, vicepatrono real y delegado de la Real Hacienda. A diferencia de las audiencias de Guadalajara, de Panamá, de Quito, de Charcas y de Concepción en Chile, que en el siglo XVI eran audiencias subordinadas al virrey de Nueva España y de Lima, la de Guatemala dependía directamente del Consejo de Indias, por lo cual esta fue la primera audiencia pretoriana en territorio americano.

Así pues, tras la invasión de Napoleón y la convocatoria a Cortes, el 2 de septiembre de 1813, las Cortes de Cádiz mantuvieron la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimieron la noción de “Reino de Guatemala” cuando dividieron su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Soconusco, Honduras y El Salvador) y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

Como resultado de esto, José de Bustamante y Guerra, inició su mandato como Presidente de la Real Audiencia de Guatemala en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala y capitán General de la capitanía General de Guatemala“, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda“, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco y Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues“; pero en 1813, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz, cambió a “Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala“.


BIBLIOGRAFIA:


21 de diciembre de 1813: el Capitan General de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, se entera de la Conjuración de Belén por un delator

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Patio del Instituto Normal para Señoritas Belén en 1913, cien años después de la Conjuración de Belén.  El convento fue convertido en Instituto por las autoridades liberales en la década de 1870.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Muy pocos son los nombres de los Capitanes Generales que recuerdan los guatemaltecos.  Están, por ejemplo, Martín de Mayorga por el traslado de la capital desde Santiago de los Caballeros a la Nueva Guatemala de la Asunción; y Melchor de Mencos, su sucesor, por la construcción de los más importantes edificios de la nueva ciudad.  Tambien se recuerda a Gabino Gaínza, quien traicionó la confianza depositada en él y lideró a Centroamérica tras la independencia de España en 1821.  Y durante la época inmediatamente anterior a la independencia está José de Bustamante y Guerra.

Bustamante y Guerra llegó a Guatemala en 1811 y ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala, creó el “cuerpo de voluntarios de Fernando VII” y desde su puesto se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los independentistas. También se opuso a la Constitución de Cádiz de 1812 y todo lo que fuera a reformar el gobierno español.

A pesar del régimen opresor, a partir del 28 de octubre de 1813, y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, empezaron a celebrarse en la celda prioral del Convento de Belén varias juntas organizadas por fray Juan Nepomuceno de la Concepción con el objeto de derrocar al capitán general Bustamante y Guerra y lograr la independencia de la región.​ En noviembre hubo otra reunión en casa de Cayetano y de Mariano Bedoya, hermanos menores de Dolores Bedoya de Molina, y cuñados de Pedro Molina, todos ellos ricos criollos hacendados que no estaban de acuerdo con el gobierno de Bustamante. Además,​ entre los conjurados había varios miembros de los cleros tanto regular como secular, demostrando el interés de las diferentes facciones de la Iglesia católica en el alzamiento contra Bustamante y Guerra.

Pero el 21 de diciembre de 1813, Bustamante y Guerra, se enteró de que en el convento de Belén se reunían los sediciosos gracias a la delación de José Prudencio de La Llana, y de inmediato dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante, Francisco Cáscara, apresaran a los religiosos de ese monasterio. Muchos fueron apresados ese día y otros traicionados cuando el teniente de dragones Yúdice escribió a Bustamante y Guerra para pedir la clemencia del rey al verse descubierto y le dió nombres de los conjurados.​ Finalmente, para cubrir todas sus bases, Bustamante comisionó a su sobrino. el carmelita fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correos, para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos.

Todos los apresados fueron juzgados y condenados a diferentes penas, entre ellas encierro y destierro, aunque nadie fue desterrado porque la situación de las colonias y del propio monarca español estaba muy inestable.  Por su parte, Bustamante y Guerra logró su confirmación en su puesto por el rey Fernando VII cuando éste retomó el poder absolute en 1814 y fue destituido en agosto de 1817 para que regresara a España, a donde arribó en 1819 y entró nuevamente a formar parte de la Junta de Indias. En 1820 fue recompensado con la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica y se le nombró director general de la Armada hasta 1822.


BIBLIOGRAFIA:


 

Las Cortes de Cádiz

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Cortes de Cádiz en 1812.  Cuadro de Salvador Vinegra.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, las potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal lucharon contra el Primer Imperio francés de Napoleón, quien pretendía instalar en el trono español a su hermano, José Bonaparte. Esta fue llamada “Guerra de Indendencia de España”.  Ante el vacío de poder que se originó los poblados españoles se organizaron en juntas locales con representates militares, eclesiásticos y civiles, las cuales al agruparse resultaron en la formación de las Cortes de Cádiz en 1811.

Las Cortes aprobaron la nueva Constitución el 19 de marzo de 1812; ésta constaba de 384 artículos organizados en diez títulos todo basado en el principio de que la soberanía reside en la Nación, compuesta por ciudadanos libres e iguales.  La Constitución no contenía una declaración explícita de derechos, pero los principios de derechos y libertades figuran en varios artículos, los cuales aunque son comunes en el siglo XXI, eran imposibles antes de la Constitución Cádiz. Entre ellos, quizá el más destacado fue el de la libertad de prensa y la eliminación de la censura del gobierno y de la Iglesia Católica.

Otras innovaciones radicales incluyeron:

  • la división de poderes: el ejecutivo recaía en manos del Rey y sus Secretarios de Despacho, o Ministros, el legislativo lo ejercían las Cortes unicamerales y el judicial era potestad de los tribunales de justicia independientes, comunes a toda la Nación
  • principio de soberanía nacional, la legitimidad del Monarca no provenía del origen divino, sino de la Nación reunida en las Cortes y de las leyes que estas promovieran.
  • el Rey sólo conservaba aquellas funciones que las Cortes no podían ejercer por sí mismas. Era la cabeza oficial del poder ejecutivo, pero el principio de responsabilidad ministerial sentaba las bases para que delegara la toma de decisiones: la responsabilidad de los actos regios recaía sobre el Gobierno, pues los ministros debían refrendar con su firma toda decisión del Monarca.
  • el establecimiento de escuelas primarias en todos los municipios, así como un Plan General de Enseñanza
  • la igualdad de los ciudadanos ante el impuesto
  • la plena igualdad entre los ciudadanos de la Península y los ciudadanos de los territorios de ultramar

En cuanto a la religión, esta se mantuvo igual, pues un tercio de los diputados eran eclesiásticos y por ello sostuvieron que la religión de la Nación española era la “católica, apostólica y romana, única verdadera”, protegida por ley, y prohibió el ejercicio de cualquier otra. Eso sí, la Iglesia perdió algunos privilegios, como la censura previa de las publicaciones, además de la abolición de la Inquisición.  Es importante destacar que el representante de Guatemala ante las Cortes fue el canónigo del cabildo eclesiástico Antonio de Larrazábal y Arrivillaga.

Además de la Constitución, las Cortes de Cádiz promulgaron entre 1810 y 1813 varios decretos que desmantelaban las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Un decreto del 6 de agosto de 1811 abolió el régimen señorial, célula básica de la organización local; medida de trascendental importancia que debía preceder a la aprobación de la Constitución. En el Antiguo Régimen, aproximadamente la mitad de la población española vivía bajo el régimen señorial. Los señores feudales tenían plena potestad para administrar justicia y nombrar autoridades en los señoríos sometidos a su jurisdicción. Así, cada señorío se regía por sus propias leyes, tenía sus propios órganos de justicia y sus propios sistemas tributarios, pues los señores percibían de sus vasallos rentas derivadas del ejercicio de su jurisdicción: tasas judiciales, monopolios locales, derechos de peaje, tasas por la caza, la pesca, el uso de pastos o de molinos. Los vasallos también debían realizar prestaciones personales, como trabajar algunos días en las tierras, molinos o fábricas del señor.

Las Cortes se caracterizaron por la poca representación que se concedió a las provincias americanas, pobladas por 13 millones de personas pero representadas por apenas 30 diputados, frente a las peninsulares, con 10 millones de personas pero 77 diputados. Esta fue una de las causas principales de la poca capacidad de las Cortes para satisfacer las demandas de los criollos.

En 1812, las Cortes de Cádiz mantienen la autoridad de la Real Audiencia de Guatemala y la denominación de la capitanía general homónima, pero suprimen la noción de Reino de Guatemala al dividir su territorio en dos provincias —la provincia de Guatemala (que incluía Chiapas, Honduras y El Salvador) instalada el 2 de septiembre de 1813 y la provincia de Nicaragua y Costa Rica—, cada una gobernada por un jefe político superior y sin subordinación entre sí, y que elegían entre ellas siete representantes a las Cortes.

En 1812, José de Bustamante y Guerra era el Presidente de la Real Audiencia de Guatemala.  Bustamente  inició su mando en 1811 con los títulos de “Gobernador del Reino de Guatemala”, “capitán General de Guatemala”, “Superintendente General Subdelegado del cobro y distribución de la Real Hacienda”, “Juez Privativo de Tierras y Papel Sellado”, “Conservador de la renta de Tabaco” y “Subdelegado de Correos y de los ramos de Minas y Azogues”; en 1812, al entrar en vigencia la Constitución de Cádiz se le cambia el título de Gobernador por el de Jefe Político Superior de la Provincia de Guatemala.

El 22 de marzo de 1814, ya cuando Napoleón había abdicado en Francia, el rey Fernando VII derogó la constitución de 1812 y reinstaló el absolutismo, por lo que José de Bustamante y Guerra volvió a ser Gobernador del Reino de Guatemala.  El representante de Guatemala, Larrazábal, fue hecho prisionero, primero en Cádiz y luego en el Convento de Belén en Guatemala.

Todas estas alteraciones en el orden politico de España y de sus colonias americanas estuvieron de la mano de las grandes revoluciones independentistas en las colonias mayores, es decir, los virreinatos de Nueva España y Nueva Granada.


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