La Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala en 1890. Se aprecia la fuente colonial y las esculturas de los apóstoles, antes de la remodelación de 1896. En el recuadro: el arzobispo de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En 1887, el ministro de Instrucción Pública del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas, dirigido por el salvadoreño Manuel Antonio Herrera, dispuso que se reimprimiera el libro “Cartas a Eugenia” de Fréret, para que fuera lectura obligatoria en todas las escuelas guatemaltecas. El libro, totalmente anticlerical, fue rechazado por el arzobispo Ricardo Casanova y Estrada en los términos siguientes:1
“Desde la primera a la última página, ese opúsculo contiene multitud de herejías, errores y calumnias… Para el autor de las Cartas a Euginea la Religión es una invención de los sacerdotes, es superstición, es fanatismo; los libros sagrados de la Biblia, ficción humana también; la Revelación, un imposible, como si Dios que pudo crear al hombre, no tuviera bastante poder para comunicar con él e instruirlo… Pinta al Sacerdote cristiano con los más negros colores… Que la Fe, la Esperanza y la Caridad son errores y debilidades… La castidad y pobreza voluntarias cosas absurdas prohibiéndole al hombre los más legítimos placeres. La Religión es un mal; los sacerdotes los más malos de los hombres y peores ciudadanos de un Estado“.1
En resumen, aquel libro era detestado por la Iglesia, y cuando los curas párrocos quisieron prohibirlo, hubo problemas entre ellos y las autoridades municipales.Los padres llevaban la peor parte, pues terminaban en prisión y eran multados.2
Casanova y Estrada declaró que el libro en mención era pecaminoso y perniciosa, y que constituía pena de pecado y excomunión para quienes lo leyeran. Al enterarse de dicha resolución eclesiástsica, el 29 de agosto de 1887 el presidente Barillas emitió el decreto 395, que se reproduce a continuación:
DECRETO NUM. 395
MANUEL L. BARILLAS, general de division y presidente de la República de Guatemala,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 92 del Código Penal se etsablece que: “Toda persona, culaquiera que sea su clase, condición o fuero, que, sin el pase del Gobierno, ejecutare en la República bulas, breves, rescriptos o despachos de la Curia Romana; les diero curso o los publicare, será castigado con la pena de arresto mayor y con multa de trescientos a tres mil pesos.
Que para garantizar mejor el orden y tranquilidad públicos, se hace necesario ampliar la prohibición contenida en el artículo transcrito.
Por tanto,
DECRETO:
Artículo 1: El artículo 92 del Código Penal, se adiciona así: “Tampoco deberá darse curso, ni publicarse, bajo ninguna forma, disposiciones dimanadas de cualquier cura eclesiástica, ya tenga la denominación de “Pastorales”, edictos u otra, sin la previa autorización por escrito del Ministerio de Gobernación, quien la negará en caso que tales disposiciones afecten o puedan afectar directa o indirectamente la tranquilidad o el orden público, las leyes o las instituciones políticas o civiles de la Nación; castigándose también la infracción de esta segunda parte del artículo 92 citado, con arresto mayor y multa de trescientos a tres mil pesos.
Artículo 2: Cuando, a consecuencia de la infracción del artículo 92 adicionado, resulten otros delitos, porque se trastorne el orden público, se desobedezcan las leyes o se amenacen las instituciones de la República, se aplicarán las disposiciones respectivas de la legislación penal.
Artículo 3: Este decreto comenzará a regir el día de su promulgación.
Dado en el Palacio del Gobierno, a veintinueve de agosto de mil ochocientos ochenta y siete.
M.L. Barillas
Siguien las firmas de los Ministros de Estado3
Como se ve, este era un decreto hecho a propósito en contra del arzobispo Casanova y Estrada, y por esta razón, cuando éste presentó su enérgica protesta contra el mismo, el 2 de septiembre, argumentando que limitaba los ejercicios de la potestad eclesiástica y atentaba contra la independencia de la iglesia local, violando los decretos que se referían a la liberal de culto, y que además era un acto de abuso de poder del gobierno, Barillas no esperó más y al día siguiente expulsó al arzobispo país.2
Composición fotográfica del Teatro Colón (anteriormente Teatro Carrera) realizada por Alberto G. Valdeavellano y publicada por la revista cultura “La Ilustración Guatemalteca” en 1897. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La Sociedad literaria “El Porvenir” se formó en Guatemala con las principales personalidades literarias entre los criollos liberales que habían tomado el poder tras el triunfo de la Revolución Liberal de 1871. “El Porvenir” se reunió por primera vez la noche del lunes 19 de marzo de 1877, por iniciativa de Vicente Carrillo, quien fue su primer presidente, y con el objetivo de crear una “literatura nacional”.1
Los estatutos de la nueva sociedad fueron redactados por Carrillo, sometidos a discusión y aprobados por todos los miembros. Contaron desde el principio con la venia del gobierno del general J. Rufino Barrios, y todos los representantes del gobierno eran automáticamente miembros honorarios de ella, destacando entre ellos el licenciado Lorenzo Montúfar, quien no solamente era Ministro de Estado sino que era el principal ideólogo liberal anticlerical.1 Montúfar, quien fue un guía-protector de los miembros más jóvenes de la Sociedad dada su experiencia como Ministro de Estado en Costa rica y de Rector de la Universidad de Santo Tomás,<sup>1</sup> había regresado a Guatemala durante el gobierno de Barrios, tras haber salido huyendo del país disfrazado de clérigo cuando el general Rafael Carrera regresó a Guatemala de su autoimpuesto exilio en agosto de 1849.2
Las reuniones de la Sociedad eran semanales, y de julio acordaron también imponer una cuota de 50 centavos a cada miembro, para sufragar los gastos y en agosto de este mismo año, Barrios concedió, a través de la tesorería de la Universidad, cincuenta pesos mensuales para apoyar las labores de «El Porvenir», dada la importancia de esta asociación en la formación y desarrollo de los intelectuales liberales guatemaltecos.1
El 20 de mayo de 1877 la sociedad empezó a publicar un periódico quincenal que llevó el nombre de “El Porvenir” y en su primer número incluyó una lista de los socios que la componían:
Honorarios: personajes relevantes, principalmente miembros del gobierno y a las mujeres.
Asistentes: los que concurrían con regularidad a las juntas.
Corresponsales: socios que se encontraban fuera de la ciudad o del país y contribuían con materiales para las sesiones y el periódico.1
La junta directiva se componía de presidente vicepresidente, secretario, sub-secretario, varios vocales y tesorero, aunque en de 1879 se suprimieron los cargos de presidente y vice-presidente y se eligieron doce presidentes para ejercer el cargo durante un mes cada uno. Y en mayo de 1880 ampliaron las temáticas abordadas a otras ciencias e inauguraron una serie de conferencias públicas como otro medio de difusión de sus trabajos para lo cual organizaron veladas artístico-literarias en el Teatro Nacional.1
“Sombras protectoras”: eran las personalidades de mayor edad, y entre ellas estaba el ya mencionado Lorenzo Montúfar, el padre Ángel María Arroyo, quien a pesar de ser sacerdote fue uno de los principales aliados de J. Rufino Barrios y uno de sus principales aduladores,4 Antonio Machado y el escritor José Milla y Vidaurre. Los tres primeros citados eran considerados como los grandes oradores de la época,5 mientras que Milla, era muy respetado como orador y catedrático universitario a pesar de ser conservador y miembro de los gabinetes de Carrera y Vicente Cerna antes de la revolución de 1871.3
Mayores de 30 años: eran los que empezaban por aquel entonces a a labrarse un nombre. Entre ellos destacan:3
Antonio Batres Jáuregui: quien luego sería Ministro de EStado de Barrios y de todos los presidentes liberales hasta Manuel Estrada Cabrera, a pesar de ser conservador. Fue vice-presidente de la Sociedad desde su fundación hasta noviembre de 1877.
Fernando Cruz: quien luego sería Ministro de Estado.
Salvador Falla: jurista y político que fue vocal 1º y luego asumió la presidencia de la asociación desde noviembre de 1877 hasta enero de 1879.
Juan Fermín de Aycinena: otro escritor conservador, quien era descendiente del patriarca de su familia, que tenía el mismo nombre. Aycinena fue miembro del gobierno de Carrera, pero abandonó la política tras la Revolución de 1871.
Jóvenes: los literatos que apenas empezaban. Entre ellos se encontraban:
Manuel Valle: joven poeta de 16 años, miembro asistente y asiduo colaborador del periódico con su poesía. Llegó a ser abogado, escribió varias obras de teatro y en 1902, junto a Virgilio Rodríguez Beteta y Francisco Contreras fundó el primer ateneo de Guatemala.3
Miguel Ángel Urrutia: secretario particular de Barrios. Ingresó a la sociedad en febrero de 1879 y fue un asiduo colaborador del periódico principalmente con su poesía.<sup>3</sup>
Ramón A. Salazar: médico, quien luego llegaría Ministro de Instrucción Pública de Barrios y luego editor de la revista cultural “La Ilustración Guatemalteca” durante el gobierno del general José María Reina Barrios. Fue miembro de varias Asambleas Legislativas que favorecieron al gobernante liberal de turno y también fue ministro del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Fue uno de los principales intelectuales anticlericales guatemaltecos y director del Diario de Centro América, que en esa época era un periódico semi-oficial.
Juan Arzú Batres: ingeniero, quien fue director del Diario de Centroamérica y padre del escritor José Arzú. Fue miembro fundador de la Academia Guatemalteca correspondiente a la española de la lengua y ocupó diferentes puestos en la directiva de la sociedad.3
Domingo Estrada: de 22 años de edad, era hijo de Arcadio Estrada, un abogado que participó en el movimiento de 1871 y que ocupó varios puestos ministeriales durante los gobiernos liberales. Por la influencia de su padre, Estrada ocupó puestos públicos mientras todavía estudiaba en al Universidad de donde se graduó de abogado en agosto de 1877. Pasó la mayor parte de su vida fuera de Guatemala sirviendo puestos diplomáticos, principalmente en los Estados Unidos. Fue vocal, tesorero, miembro de la comisión de imprenta y publicó asiduamente en el periódico “El Porvenir“.3
Entre los miembros extranjeros destacaron:
El ingeniero mexicano Alejandro Prieto, quien fungió en la sociedad como vocal 1º y era Secretario de la Legación de México en Guatemala. Prieto escribió el primer Tratado de Agrimensura recopilando leyes y decretos, y se hizo cargo, ad honorem, de las asignaturas de Topografía, Agrimensura y dibujos y con ello formó la Facultad de Ciencias Exactas de donde salieron los primeros veintidós Ingenieros Topógrafos. Trazó el Cementerio General y el Hipódromo del Norte. Hizo el primer estudio de los límites con México, y la nivelación de los ríos Pensativo y Democracia.1
El licenciado hondureño Marco Aurelio Soto,3 quien fuera Ministro del gobierno de Barrios durante los primeros años de éste, y luego fue colocado en la presidencia de Honduras junto a su primo Ramón Rosa por el general Barrios. Años después, cuando ya no le era útil, Barrios lo derrocó y lo sustituyó por Luis Bográn.
El poeta cubano José Martí, quien aparece en la lista de socios asistentes que se publicó en el primer número del periódico. En 1878 figura como Vicepresidente de la sociedad y pronunció un discurso en la primera velada que realizara la sociedad el 25 de julio de 1877, que fue el que le valió el sobrenombre de “Dr. Torrente“.6
Por supuesto, la ideología liberal y el progreso que proponía y documentaba la Sociedad Literaria era para las élites ilustradas y no para el ciudadano común, en particular el indígena. Los literatos se convirtieron, entonces, en apologistas de la medidas económicas anticlericales y pro-cafetaleras de J. Rufino Barrios que utilizaron a los indígenas como mano de obra casi gratuita. He aquí algunas frases publicadas en las páginas de aquel periódico por Salvador Falla, que dejan clara la posición de los intelecuales liberales:
“El aborigen, poseedor de inmensos terrenos vírgenes henchidos de fecundidad, pero que yacen hace siglos esperando la hora de la redención por el cultivo, … alega no sé qué derechos señoriales adquiridos de tiempos remotísimos y se opone con una tenacidad propia de su raza a que una mano extraña, una mano aleve toque el árbol que él no ha plantado, el árbol que no ha cuidado ni visto crecer.”7“No le pidamos al indio iniciativa, adelanto, progreso; porque la iniciativa individual no se encuentra en la degeneración y en la ignorancia; no queramos que sienta la sed de la riqueza, la ambición del bienestar material; porque la ambición no puede avenirse con una alma empequeñecida. Pidámosle al indígena lo que puede darnos: que auxilie la obra del progreso con su mano callosa, su brazo fornido, su índole suave“.8
Así pues, para aquellos eruditos liberales, lo “nacional” era únicamente lo español y lo occidental. Juan Arzú Batres, en un artículo titulado “La imaginación y el pensamiento” llega al extremo de eliminar a toda la población indígena de América considerando que el continente era únicamente la reunión de dos razas: la inglesa y la española, y que estaba llamado a ser la síntesis de ambas y lograr con ello “que no se reconozca otra raza que la raza humana, ni otra civilización que la civilización Universal”.9
Uno de los sucesos más relevante de la Sociedad Literaria ocurrió en diciembre de 1879 cuando el presidente Barrios les encargó convocar a un concurso para elegir un himno nacional. Pretendían utilizarlo para las celebraciones que el gobierno planeaba para el mes de marzo de 1880 cuando entraría en vigor la Constitución de 1879, cuya redacción se había pospuesto por varios motivos desde que Miguel García Granados se había hecho con el poder en 1871. El 5 de enero de 1880 la sociedad convocó al concurso para el cual se otorgó un plazo de quince días. Nombró un jurado calificador compuesto por José Milla, José Antonio Salazar, Javier Valenzuela, Manuel Ramírez y Salvador Falla. Pero solamente se recibieron sólo trece composiciones y cuando el jurado eligió los tres primeros lugares, todos miembros de la Sociedad (Juan Fermín de Aycinena, Miguel Ángel Urrutia y Manuel Arzú y Saborío), dictaminó que ninguno de ellos merecía el calificativo de Himno Nacional y el evento quedó como un simple concurso literario.1
Atentando contra el presidente estadounidense James Garfield el 2 de julio de 1881. Junto a Garfield, quien murió pocos semanas después, está el Secretario de Estado James Blaine, quien le había ofrecido al embajador Lorenzo Montúfar (en el recuadro) que los EEUU apoyarían la devolución de Chiapas y Soconusco a Guatemala, y la Unión Centroamericana con J. Rufino Barrios como presidente. El sucesor de Garfield, Chester Arthur, destituyó a Blaine y no apoyó ninguna de estas ofertas. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En 1881, el gobierno del general J. Rufino Barrios envió al Dr. Lorenzo Montúfar como embajador a Washington para tratar el asunto de los límites con México, ante el Secretario de Estado, James G. Blaine, quien desconfiaba del embajador de México, el señor Matías Romero. Cuando Montúfar le hizo ver a Blaine los incuestionables derechos que Guatemala tenía sobre los territorios de Chiapas y de Soconusco, el funcionario estadounidense le dijo a través de un intérprete: “Es sencillo, señor Ministro, arreglar el asunto. No tiene usted sino proponer que los Estados Unidos sean árbitros de la cuestión; yo haré que México acepte el arbitramiento; y sé que la justicia está en favor de Guatemala; harto conozco los antecedentes. Además, convendría bajo todos los conceptos, llevar a cabo la Unión de Centroamérica. Mi gobierno apoyará al general Barrios, como presidente de ellas, porque es el hombre de grandes impulsos y prestigios, para el caso“.1
Montúfar quedó complacido con la solución del Secretario Blaine, pues a éste le interesaba mantener la paz en la región y mantener a México bajo control, y por eso apoyaba a Guatemala. El embajador guatemalteco de inmediato mandó un reporte de su reunión con el Secretario de Estado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, sin saber que aquel triunfo sería de corta duración, pues el 2 de julio de 1881 hirieron al presidente James A. Garfield en la gran estación del ferrocarril de Pensilvania, cuando iba en compañía de Blaine. Garfield murió el 19 de septiembre debido al mal tratamiento médico y su sucesor, el presidente Chester Arthur, destituyó a Blaine y en su lugar colocó a Frederick T. Frelinghuysen, quien no compartía la forma de pensar de su antecesor.2
De acuerdo a la versión presentada por el historiador y diplomático Antonio Batres Jáuregui, diez días después de la muerte de Garfield, Montúfar se presentó ante el nuevo Secretario de Estado, en compañía del exministro de Venezuela en Washington, el señor Camacho Roldán. Este último no podía regresar a Venezuela por un cambio de gobierno y Matías Romero, que tenía una enemistad personal con Barrios por un terreno en Soconusco, lo sobornó para que sirivera de intérprete a Montúfar pero que no tradujera correctamente lo que dijera el Secretario de Estado. 3 Cuando se presentaron ante Frelinghuysen, éste le dijo a Montúfar:
“El gobierno del Sr. Arthur no puede ofrecer [que Chiapas y Soconusco sean devueltos a Guatemala ni que se apoyo al general Barrios como jefe de la Unión Centroamericana]. Si México aceptar voluntariamente el arbitramiento, también los Estados Unidos aceptarán proceder como árbitros de la cuestión de límites; pero sin comprometerse a nada ulterior. Chiapas y Soconusco se darán al que apareciere tener el mejor derecho sobre ellos. En cuanto a la Unión de Centroamérica, sería grato para mi gobierno, que se llevase a cabo espontáneamente; pero no podemos apoyar al que sea presidente, esa es cuestión de los pueblos; y nosotros no estamos dispuestos de intervenir en negocios internos de otros países”.4
El sobornado Roldán, le tradujo el párrafo anterior así a Montúfar:
“Dice Mr. Frelinghuysen, que tien las mismas ideas que su antecesor, y que puede el señor Ministro de Guatemala, estar seguro de que respetará las ofertas que se le han hecho anteriormente, obrando Mr. Arthur en los mismos términos convenidos con el anterior Secretario de Estado. Que se complace en devolver, con aprecio, el saludo que le trae esta visita; y que tendrá gusto en tratar los asuntos con el señor doctor Montúfar. que cree que pronto se podrá resolver la cuestión de límites con México; y se apoyará al general Barrios en la jefatura de la Unión Centroamericana, formada de una feliz confederación”.4
Montúfar se apresuró a comunicar esto al ministro Felipe Cruz, y Barrios convocó a una reunión con el padre Angel María Arroyo, el licenciado Manuel J. Dardón, Felipe Cruz y otros amigos personales para decidir qué hacer al respecto, y decidieron que lo mejor era que Barrios fuera en persona a Washington a resolver el asunto.5 Entonces, para darle apariencia democrática a aquello, Barrios envió el siguiente mensaje a la Asamblea:
“Así pues, me propongo agotar todos los medios de acabar este envejecido asunto, semillero de resentimientos y disputas, consultando práctica y concienzudamente los positivos intereses del país, y en la persuasión de que, con ello, le presto valiosísimo servicio, y si por desgracia quedase defraudada mi esperanza, y escollaren mis esfuerzo, se habrá evidenciado al menos, que a Guatemala nada queda ya que hacer, que no se quiere por parte de México concluirlo de ningun modo, y entonces no habrá que volver a pensar en trabajos de ese género. Tratándose de negocio de esa magnitud, no quiero, sin embargo, decidirme a proceder, sin pleno conocimiento de la Asamblea, y sólo en ejercicio de las facultades que ordinariamente atribuye al Ejecutivo la Constitución, sino que quiero y pido, si la Representación Nacional estima oportuno concederla, autorización muy especial y amplia, conferida en un Decreto, para ponerle término del modo que yo juzgue que mejor conviene a los verdaderos intereses de la República.”6
Y, como ya estaba pactado de antemano, el 28 de abril de 1882, la Asamblea Legislativa publicó el siguiente decreto:
Decreto Número 42
La Asamblea Nacional Legislativa de la República de Guatemala,
Habiendo tomado en consideración el mensaje últimamente dirigido por le Jefe del Poder Ejecutivo y que se contrae a que se le faculte amplia y especialmente para poner término a la antigua cuestión de límites con los Estados Unidos Mexicanos:
Encontrando que las sólidas razones, expuesta en aquelimportante documento, obedecen a la necesidad de un arreglo definitivo en que sean consultados los intereses y el honor del país: de conformidad con el dictamente de la Comisión Extraodinaria que ha examinado el asunto y con presencia de lo dispuesto en el inciso 12, artículo 54 de la ley constitutiva.
Decreta:
Artículo Unico.- Se autoriza de una manera especial y amplia al Presidente de la República, general J. Rufino Barrios para arreglar definitivamente y del modo que juzgue que mejor conviene a los verdaderos intereses del país, la cuestión de fronteras pendiente con los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Salón de Sesiones, en Gutaemala a los veintiocho días del mes de abril de 1882.
José Antonio Salazar, presidente
E. Martínez Sobral, secretario
Vicente Sáenz7
Según narra Batres Jáuregui, Barrios partió para los Estados Unidos junto con Arroyo y Cruz, dejando como encargado de la presidencia al general José María Orantes, y cuando llegó a Nueva Orleans, lo recibió Montúfar con una pequeña comitiva, y le dijo: “¡Señor Presidente, los tamales están servidos en la mesa!“; a lo que le respondió el presidente: “Nos los comeremos todos juntos“. Partieron para Washington, y al llegar, Barrios fue a ver al Secretario de Estado, junto con Arroyo, Cruz y el intérprete Jacobo Gaiz, cónsul de guatemala en Nueva York.8 Cuando Frelinguysen le dijo que el convenio que le había dicho Montúfar no existía, Barrios insistió tres veces, creyendo no haber entendido bien al intérprete, hasta que finalmente Cruz, que sí hablaba inglés, le dijo en voz baja que era mejor retirarse. Ya fuera del despacho del Secretario de Estado, Barrios montó en cólera e hizo llamar a Montúfar a su habitación en el hotel Arlington; cuando el embajador entró, Barrios se avalanzó sobre él, pero el padre Arroyo se interpuso, dando tiempo a que Montúfar saliera huyendo.9
Montúfar terminó presentando su dimisión el 2 de agosto, pues no estaba conforme con los malos tratos recibidos ni con lo que estaba haciendo el presidente, ya que fue predispuesto contra Barrios por el propio Matías Romero, sin saber que había sido víctima de éste desde la primera reunión con Frelinghuysen.9
Finalmente, el 3 de diciembre de 1882, Barrios envió el siguiente mensaje a la Asamblea para guardar las apariencias:10
“Las comunicaciones oficiales de los ministros que Guatemala tenía acreditados en los Estados Unidos de América y en México; me hicieron comprender que el asunto de límites, tratado a la vez en dos puntos diferentes, por diferentes personas y bajo bases diferentes, ofrecería graves complicaciones y que, para alejarlas y para llegar a un desenlace satisfactorio, era indispensable unificar la acción, ocupándome yo directamente del asunto y oyendo a la vez a los dos representantes del Gobierno. Creí imprescindible mi intervención personal, y resultó evidentemente confirmado que no me equivocaba. Me dirigí a los Estados Unidos del Norte, y desde luego comprendí que la cuestión corría y estaba corriendo un grave riesgo de convertirse en verdadero conflicto: que llegaba yo en momentos solemnes, y que, de no llegar en tan oportunas circunstancias, habría sido imposible detener más tarde el torrente de las dificultades y calamidades en que el país iba a ser envuelto.[…] Las comunicaciones del Ministro de Guatemala en Washington [Lorenzo Montúfar] decían que había tenido conferencias en esa capital con el Plenipotenciario de México: que tenían convenido ya un proyecto para someter a arbitramento la cuestión; que conforme a ese proyecto, el Gobierno de los Estados Unidos obraría como árbitro para resolverla; que este Gobierno aceptaba aquel carácter, y que debía prescindirse de toda idea de tratado en México. [Por otra parte] las comunicaciones del Dr. Manuel Herrera, Representante de la República en los Estados Unidos Mexicanos, decían sería aceptado en México el tratado propuesto por él, renunciando a Chiapas y Soconusco, mediante una indemnización; que era éste el partido que se debía adoptar; que allí debía concluirse el asunto, y que el arbitrariamiento era imposible. Las cosas no podían ocntinuarse en ese camino por más tiempo, y así, al salir para la capital de los Estados Unidos de Norte América, dí aviso por telégrafo a nuestro Representante en México para que fuera allá a reunírseme, a fin de discutir y terminar el asunto”.10
Como resultado, Barrios no obtuvo el reconocimiento del gobierno de Arthur para ser el presidente de la Unión Centroamericana, y tuvo que renunciar definitivamente a los territorios de Chiapas y de Soconusco en el Tratado Herrera-Mariscal que se firmó el 27 de septiembre de 1882, con el afán de que México no invadiera a Guatemala cuando él intentara unificar a Centroamérica por la fuerza.
Ahora bien, de acuerdo al ingeniero Claudio Urrutia, jefe de la Comisión Guatemalteca de Límites con México, lo que narra Batres Jáuregui habría sido sólo una versión de lo ocurrido, ya que en su “Memoria sobre la cuestión de límites entre Guatemala y México” dice: “El Tratado fue fatal para Guatemala. En todo lo que con la cuestión de límites se relacionó durante aquella época, existe algo oculto que nadie ha podido descubrir, y que obligó a las personas que tomaron parte en ello por Guatemala, a proceder festinadamente o como si obligados por una presión poderosa, trataron los ausntos con ideas ajenas o de una manera inconsciente“.11 Y tras una extensa explicación sobre los límites finaliza: En resumen, Guatemala perdió por una parte cerca de 6000 millas y ganó por otra cosa de 2000; resultado: una pérdida de 4000 millas cuadradas. Guatemala perdió 14 pueblos, 19 aldeas y 54 rancherías, mientros que México perdió un pueblo y 28 rancherías con 2500 habitantes; júzguese la equidad en las compensaciones. Así concluyó el fatal tratado de 27 de septiembre de 1882, en que Guatemala dió a México todo lo que éste quiso y mucho más.”12
Lo que dice Urrutia parece concordar con lo aseverado por Francisco Lainfiesta, otro estrecho colaborador de Barrios, quien dice al respecto en su obra “Apuntamientos para la Historia de Guatemala” lo siguiente: “Barrios llevaba, seguramente, la ilusión de que su presencia personal en Washington serviría eficazmente para allanar dificultades, pero el terreno estaba allá tan trabajado por [el embajador mexicano] Romero, que acaso habría sido mejor fiar el asunto a la sola intervención del ministro guatemalteco. El Gobierno Americano excusó políticamente tomar cartas directas en el asunto, conformándose con la oferta de aceptar un arbitramiento en el caso de ser solicitado por ambas partes. Las gestiones y conferencia se principiaron entre el señor Romero por parte de México, y Barrios, Cruz, Herrera (hijo) y Montúfar, por parte de Guatemala, dando por resultado que se asentasen las bases para un tratado de límites que debería celebrarse en la capital de México. El pacto fue firmado por Herrera (hijo), con aprobación de Barrios y Cruz; y aunque Montúfar ha dicho que él no lo habría firmado, por ser onerosísimo para Centroamérica; debe creerse que requerido para ese efecto, lo habría signado sin observación“.13 Y con respecto al disgusto entre Barrios y Montúfar, dice Lainfiesta: “Amostazado Montúfar, por el desaire que Barrios le hiciera, no valiéndose de él para presidir las gestiones y firma del pacto, y no pudiendo soportar el maltrato que de él recibía, le envió una lacónica carta en que le notificaba renunciar el puesto de ministro, fundado en el motivo de ese maltrato. La destemplada misiva de Montúfar apareció en uno de los acreditados periódicos de Nueva York, y fue leída por Barrios antes de tener en su manos el original. […] Montúfar se excusó diciéndome que la publicación de la carta había provenido del abuso cometido por un amigo a quien confiara el borrador; y que ese amigo fue quien sin previa consulta la hizo publicar“.14
Barrios no quedó contento con el tratado y obligó a Herrera a presentar su renuncia por incompetencia, pero comprendió que si no aprobaba el tratado después de todo lo ocurrido en Washington y Nueva York, iba a exponer a Guatemala a todos los graves, ciertos y seguros males que surgirían.15
La moda en vestidos de novia a principios de la década de 1890. Imagen tomadas del Porvenir de Centro América, publicado en 1892.
Las corrientes religiosas en Guatemala pasaron de ser completamente controladas por la Iglesia Católica entre los criollos, y el sincretismo religioso (entre las religiones precolombinas y el catolicismo) entre los indígenas durante la época colonial, a sufrir una serie de cambios luego de la independencia en 1821.
Cuando los criollos liberales encabezados por Francisco Morazán se hicieron con el poder en 1829, usaron la bandera del libre pensamiento, la masonería y el anticlericalismo para poder expulsar a los criollos aristócratas católicos y a los miembros de las adineradas órdenes regulares. Con aquella excusa, lograron hacerse de las grandes propiedades que los expulsados poseían y empezaron a hacer negocios con ciudadanos ingleses en el enclave de Belice, los cuales empezaron a inmiscuirse más y más en los asuntos del país después de la Independencia.
Cuando ya llevaban casi diez años en el poder, impulsados por el empuje de José Francisco Barrundia, establecieron los Códigos de Livingston, que incluían (entre otras leyes impracticables para la sociedad guatemalteca de esa época) la ley del matrimonio civil y el divorcio. Esas leyes novedosas fueron uno de los detonantesque provocaron la revuelta católico-campesina de 1838 que acabó con el régimen liberal. Aquellos revolucionarios derogaron todas las leyes anticlericales y permitieron el retorno de los criollos aristócratas y de los frailes con quienes llegarían a hacer gobierno, dirigidos por la férrea voluntad del capitán general Rafael Carrera.
Treinta años después, ya cuando Carrera había fallecido, los liberales de Los Altos (que habían intentado independizarse de Guatemala en 1838 y en 1848) por fin lograron tomar el control del país, y repitieron las acciones de Francisco Morazán en 1829: expulsaron a los eclesiásticos de las órdenes regulares y eliminaron el diezmo obligatorio para debilitar al clero secular. Pero esta vez fueron más precavidos y esperaron diez años antes de modificar la ley del matrimonio en el país.
El 29 de marzo de 1881, la ley del matrimonio civil fue presentada a la Asamblea Legislativa para su discusión. He aquí los puntos que se propusieron:
La ley respeta y garantiza la liberad de todos los habitantes de la República para celebrar matrimonio religioso con las solemnidades del culto al que pertenezcan y solo exige que, previamente, se cumplan las disposiciones civiles contrayendo el matrimiinio civil.
El Ministro de cualquier culto que comprometa el estado civil de las personas, por el hecho de proceder a las ceremonias religiosas de un matrimonio, sin que se le acredite con certificación completa que esté celebrado ya el matrimonio civil, incurrirá en una multa de cincuenta a trescientos pesos en la primera vez, según las circunstancias, aumentado otro tanto en cada caso de reincidencia.
Si el infractor de la ley fuere insolvente o se resistiese por cualquier motivo al pago de rigor, se hará aplicación de los dispuesto en el artículo correspondiente del Código Penal. (Nota de HoyHistoriaGT: por supuesto que los curas párrocos iban a ser insolventes, pues el gobierno había eliminado el diezmo obligatorio, dejándolos a merced de las limosnas de sus fieles).
Las personas que pretendan contraer matrimonio, pueden elegir entre presentar oposición escrita solicitándolo, u ocurrir con el mismo objeto y por palabra a la autoridad respectiva, la cual deberá levantar el acta corresponndiente, y previas todas las demás formalidades y requisitos legales, proceder a la celebración.
Después de escuchar la exposición, Angel María Arroyo (otrora sacerdote y ahora incondicional y uno de los principales aduladores del general presidente J. Rufino Barrios) se opuso rotundamente a la aprobación de aquella ley y le pidió al Ministro de Gobernación que regresara para que se discutiera en tercera lectura dicho proyecto de ley. Fue hasta entonces, que con la ayuda del licenciado Lorenzo Montúfar, el gobierno logró que la ley se aprobara.
BIBLIOGRAFIA:
Hernández de León, Federico (29 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 29 de marzo de 1881, Proyecto de ley del matrimonio civil”. Guatemala: Nuestro Diario.
Tras el retorno del capitán general Rafael Carrera de su breve exilio en México, los criollos liberales guatemaltecos huyeron a Honduras y El Salvador desde donde intentaron retomar el poder. Incluso después de la derrota aplastante que sufrieron en la Batalla de La Arada en 1851 insistieron, y así en 1853 el departamento de Chiquimula fue invadido por algunos liberales guatemaltecos y por el ejército hondureño comandado por el presidente de Honduras, Trinidad Cabañas. (En ese tiempo, el ministro plenipotenciario de Honduras ante el gobierno de los Estados Unidos era el líder criollo liberal guatemalteco José Francisco Barrundia).
Al enterarse, el presidente Carrera dio una proclama con el fin de levantar el espíritu popular y el 6 de julio firmo un decreto en el que llama a las armas a todos los habitantes de la República, junto con su Ministro Pedro de Aycinena. El decreto dice así:
RAFAEL CARRERA
CAPITAN GENERAL DEL EJERCITO, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ETC., ETC., ETC.
ATENDIENDO
A que el departamento de Chiquimula ha sido invadido por fuerzas del Gobierno de Honduras, bajo el mando del Presidente Cabañas y dirección de algunos emigrados facciosos de la República, con la mira de sujetarla y privarla de su independencia, satisfaciendo al mismo tiempo con saqueos y violencias sus resentimientos personales; y siendo de mi deber el mantener el sosiego, bienestar y seguridad de los pueblos, adoptando al efecto las medidas convenientes,
ORDENO Y MANDO:
Todo habitante de la República, segun su condición y circunstancias, prestará al Gobierno sus servicios, tan luego como fuere requerido, por autoridad competente, a fin de repeler al enemigo exterior y mantener el orden interior. Cualquiera negativa o resistencia al cumplimiento de este deber, dará lugar a que se imponga la pena que corresponda, segun la gravedad del caso, por la autoridad militar que ejercen en cada departamento los comandantes y jefes de las fuerzas, a quienes se encomienda el cumplimiento de estas disposiciones.
Todo el que se uniere al enemigo, comunicare con él, o le prestare cualesquiera auxilios, será juzgado sumariamente conforme a ordenanza, y comprobándose el hecho, será pasado por las armas como traidor, siendo responsables los expresados comandantes de cualquier acto de tolerancia.
Los tribunales, jueces, corregidores y demás agentes de la autoridad, reprimirán severamente con el mayor celo y actividad a los que se ocupen de esparcir papeles, falsos rumores, o cualquiera especie maliciosa; en el concepto de que también serán responsables de cualquier abandono, tolerancia o descuido en el particular.
Desde esta fecha queda cortada toda comunicación con el Estado de Honduras, mientras exista su actual Gobierno y no se satisfaga a Guatemala por la ofensa que se le ha inferido. En consecuencia, no se consentirá en adelante por las autoridades fronterizas, ni por otra alguna, que vayan o vengan pasajeros, ni se hagan introducciones o extracciones de efectos de comercio, y productos naturales; en el concepto de que transcurrido el término que el Gobierno fijará en una disposición separada, serán destruidos todos los frutos o efectos que se importen de Honduras, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de proceder a lo que haya lugar contra los contraventores.
Publíquese en la forma acostumbrada en esta capital, en las cabeceras de departamento, y en los pueblos fronterizos, a fin de que llegue a noticia de todos y no se alegue ignorancia.
Dado en el Palacio del Gobierno, en Guatemala, a 6 de julio de 1853.
Rafael Carrera
El Ministro de lo interior, encargado del despacho de la guerra, Pedro de Aycinena
Ese mismo día el entonces general Vicente Cerna atacó las fuerzas invasoras a las 8 de la mañana y tras dos horas y media de fieros combates en los que se llego al uso de las bayonetas, se impuso a Cabañas, quien tuvo que retirarse y pedir a los gobiernos de El Salvador y Nicaragua para que mediaran en el asunto.
Como dice el ideólogo liberal Lorenzo Montúfar en el volúmen 5 de su “Reseña Histórica de Centro-América”: “Varios encuentros entre las tropas de Carrera y Cabañas fueron siempre funestos para este Jefe. El General Cabañas, siempre liberal, siempre intrépido y valiente, no tuvo la calma que era indispensable para no exponer en aquellas circunstancias a su patria y a su partido. En mejores días la causa liberal defendida por él habría podido triunfar; en aquellos momomentos Cabañas era preciso que sucumbiera”.
BIBLIOGRAFIA:
Carrera, Rafael; Aycinena, Pedro de (6 de julio de 1853). Proclama. Guatemala.
Propaganda política del doctor Lorenzo Montúfar durante su campaña presidencial de 1892. Fue la primera vez que se imprimó una fotografía de un candidato. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Muchos hemos pasado por la intersección de la Calle Montúfar con la Avenida de La Reforma de la Ciudad de Guatemala, en donde está el monumento al licenciado Lorenzo Montúfar, sentado en una silla de diputado. Sin embargo, este importante personaje de la historia guatemalteca ha quedado relegado de los libros de historia, algo que irónicamente, él hizo con los miembros del Partido Conservador. De hecho, lo único que muchos guatemaltecos saben del licenciado Montúfar es la leyenda de que en las noches, su espíritu pide un aventón a los automobilistas en la Avenida La Reforma.
¿Quién fue el doctor Lorenzo Montúfar? Fue el principal ideólogo de los criollos liberales durante la época del gobierno conservador de Rafael Carrera, y Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Luego, cuando cayó el régimen conservador en 1871, fue uno de los principales consejeros y Ministros de Estado de los gobiernos de Miguel García Granados y de J. Rufino Barrios.
El Dr. Montúfar nació en la ciudad de Guatemala, el 11 de marzo de 1823, cuando esta todavía era parte del Primer Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Antes de que triunfara la revolución liberal en 1871, Montúfar entabló una discusión epistolar con el Ministro Plenipotenciario de Guatemala ante el gobierno de los Estados Unidos, Antonio José de Irisarri, sobre quién fue el culpable de la anexión de Centroamérica al Primer Imperio Mexicano en 1822. Estas cartas y refutaciones están repletas de argumentos a favor y en contra de sus respectivos partidos, redactados en lo que se ha considerado la mejor muestra del castellano en la región.
Montúfar fue instrumental en la política anticlerical de los gobiernos liberales, ya que su animadversión hacia los jesuitas (a quienes profesaba un odio casi irracional) lo llevó a establecer políticas que aseguraran la separación de la Iglesia y el Estado en Guatemala.
En 1882, con motivo de la firma del tratado de límites entre Guatemala y México, Montúfar se opuso radicalmente a que el entonces J. Rufino Barrios renunciara al reclamo territorial que Guatemala tenia sobre el Soconusco, lo que hizo que cayera en desgracia entre los liberales del país. Pero tras la muerte de Barrios en Chalchuapa en 1885, recuperó su prestigio, llegando incluso a ser candidato a la presidencia de la República de las elecciones de 1892, en las que perdió en contra del general José María Reina Barrios.
Montúfar también fue historiador, y él es el principal responsable de la tergiversación que se hizo del gobierno de Rafael Carrera. En resumen, hizo ver a los criollos aristócratas de la familia Aycinena como retrógados medievales y al general Carrera como el brazo armado de los conservadores y como un analfabeto que firmaba como “Raca Carraca”. (En realidad, Carrera tenia el control absoluto de la situación, sabía leer, escribir y hasta canta ópera, y los Aycinena tuvieron que pactar con él para evitar que los indígenas guatemaltecos se alzaran en armas contra ellos).
Lorenzo Montúfar falleció en mayo de 1898, y su memoria fue recordada por el gobierno del general José María Orellana en 1923, con la construcción del monumento en su honor en la Avenida de La Reforma, con motivo de conmemorarse 25 años de su fallecimiento.
Fernández Alfaro, Joaquin Alberto (2014). El Canciller Montúfar (1ª. edición). San José, Costa Rica: Instituto Manuel María de Peralta, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. p. 384.
Mendoza, Juan Manuel (1946). Enrique Gómez Carrillo: estudio crítico-biográfico; su vida, su obra y su época (2a. edición). Guatemala: Tipografía Nacional.
Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de la ciudad de Guatemala durante el gobierno de J. Rufino Barrios. Imagen tomada de la revista gubernamental “La Locomotora” de 1906. En el recuadro: el presidente de la Asamblea en ese momento, diputado Angel María Arroyo, quien era conocido por sus exageradas muestras de servilismo hacia Barrios.
Durante los gobiernos dictatoriales del siglo XIX y primera parte del siglo XX la figura del presidente no era decorativa como lo es ahora, si que era la que verdaderamente mandaba en el país. Para darle apariencia de regimen democrático se nombraban los diputados de la Cámara de Representantes (durante los gobiernos conservadores) o de la Asamblea Legislativa (durante los gobiernos liberales), además de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad, era el presidente el poder máximo y se referían a él como el “Supremo Gobierno“. En 1920, tras la caída del licenciado Manuel Estrada Cabrera, se derogó la constitución de 1879 que había establecido J. Rufino Barrios, y se emitió otra en la que al presidente se le había dejado menos poder que a un alcalde de pueblo, pero el golpe de estado de 1921 retornó a la de 1879.
Durante toda esa época, la Asamblea era solamente una figura decorativa totalmente servil a los designios del presidente y que servía a sus miembros a conseguir negocios que los beneficiaran mediante su eficiente cabildeo. Como muestra de esto, reproducimos a continuación el decreto por el cual los diputados se adhirieron y secundaron la disposición del general J. Rufino Barrios de emprender unilateralmente la Unión Centroamericana, aprovechando la oportunidad para colmarlo de los elogios acostumbrados:
Decreto Número 90
La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala
Considerando: que el Presidente de la República, General J. Rufino Barrios, por medio del Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, ha dado cuenta del importantísimo Decreto datado en esta ciudad a 28 de febrero de 1885, contraído a proclamar la Unión de Centro América y dictar las providencias conducentes a realizar la patriótica y necesaria proclamación.
Considerando: que examinadas todas y cada una de las resoluciones que contiene, no menos que los razonamientos que las preceden, se encuentran conformes con las necesidades de los pueblos, con las mas legítimas aspiraciones y con los fines importantes que Centro América está llamada a cumplir en el concierto de las Naciones.
Considerando: que el Decreto emitido por el señor General Barrios, obedece a reiteradas y enérgicas manifestaciones, que la opinion pública de la América Central, en diversas ocasiones y por varios medios, ha dirigido a ese ilustre Jefe, para que lleve a la práctica la idea salvadora de hacer de las cinco pequeñas repúblicas una sola Nación grande, fuerte, próspera y feliz.
Considerando: que bien sea por el prestigio del General Barrios, demostrado en aclamaciones de que ha sido constante objeto; bien por haber contribuido poderosamente a cambiar las instituciones añejas que regían en estos países; bien porque animado de las más generosas ideas, ha dado innumerables progresos a Guatemala y coadyuvado de un modo decisivo al logro del adelanto, paz y bienestar de las otras secciones; bien por último por la gran copia de elementos de que dispone, es él el único que se encuentra en aptitud de convertir en hecho ese pensamiento, que lleva el germen de una nueva vida en que serán prácticos los verdaderos principios de la República.
Todo esto atentamente considerado; penetrado el Cuerpo Legislativo de la necesidad de disposición semejante; obsequiando las justas exigencias de los pueblos y victoreando a la República de Centro América y a su digno y esclarecido Jefe, general J. Rufino Barrios.
DECRETA:
Artículo 1°: La Asamblea de la Repúbica de Guatemala, por unánime aclamación de todos los diputados presentes, se adhiere y secunda en un todo los propósitos del ilustre Mandatario de la República y las resoluciones contenidas en el susodicho Decreto.
Artículo 2°: Conságrase el más expresivo voto de admiración al general J. Rufino Barrios por la proclamación de la República de Centro América.
Artículo 3°: Todos los diputados presentes, constituidos en Asamblea, pasarán a poner este Decreto en manos del señor general Barrios.
Pase al Ejecutivo para su publicación.
Dado en el Salón de Sesiones en Guatemala, a cinco de marzo de mil ochocientos ochenta y cinco.
Entre los diputados que firmaron su adhesion al general Barrios estaban:
Angel María Arroyo, presidente de la Asamblea y amigo personal de Barrios. Había sido sacerdote, pero abandonó los hábitos cuando se adhirió al partido liberal.
Próspero Morales, quien luego sería luego Ministro de la Guerra del presidente José María Reina Barrios e iniciaría una revolución en su contra cuando éste extendió su mandato presidencial en 1897.
Arturo Ubico, quien era un diputado de mucho prestigio. Durante el gobierno de veintidós años del licenciado Manuel Estrada Cabrera sería el presidente de la Asamblea durante la mayor parte del tiempo. Era el padre del general Jorge Ubico.
Alejandro M. Sinibaldi, que era también era el primer designado a la presidencia y quedó a cargo de la misma tras la muerte del general Barrios el 2 de abril de 1885. Era bisabuelo del político guatemalteco Alejandro Sinibaldi Aparicio.
Salón de Reuiones de la Asamblea Nacional a finales del siglo XIX. Imagen tomada de La Locomotora, revista oficial del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera.
Tras una rebelión que fue sofocada con “toda la severidad que la ley militar prescribe” a finales de octubre de 1887, el presidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas disolvió la Asamblea Legislativa y en su lugar convocó a una Asamblea Constituyente para que modificara la Constitución aprobada en 1885, la cual había corregido a la de 1879 para reducir el poder del ejecutivo tras la muerte del general J. Rufino Barrios.
La Asamblea presentó las modificiones al Ejecutivo el 5 de noviembre de 1887, y éste las aprobó el 7 del mismo mes.
Los artículos que fueron modificados en esa oportunidad fueron:
Artículo 5°.: se declaran como naturales de Guatemala todos aquellos nacidos en el país, cualquiera que fuera la nacionalidad del padre, con excepción de los hijos de los diplomáticos. Tambien fueron declarados como naturales los hijos de padre guatemalteco o los ilegítimos de madre guatemalteca nacidos en el extranjero.
Artículo 6°.: se declaran como naturales de Guatemala a todos los nacidos en las otras Repúblicas de Centro América.
Artículo 8°.: se declararon como ciudadanos todos los guatemaltecos varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir o que tuviera renta, industria, oficio o profesión; todos los pertenecientes al ejército (incluyendo los soldados analfabetos) mayores de 18 años y aquellos indiviuos mayores de 18 años que hubieran obtenido un título en los establecimientos nacionales (es decir, los egresados del Instituto Nacional Central para Varones y de la Escuela Politécnica que llegaban apenas a 20 entre todos cada año).
Artículo 17°.: todo poder reside en la Nación; los funcionarios no son dueños sino depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley.
Artículo 20°.: la industra es libre y el autor o inventor gozaba de la propiedad de su obra por quince años. La propiedad literaria se declara perpetua. El Ejecutivo podría otorgar concesiones por un término que no pase de diez años a los que introdujeran industrias nuevas en Guatemala. (Nota de HoyHistoriaGT: este sería el principio de los concesiones lesivas a empresas extranjeras en el país).
Artículo 42°.: la Asamblea Legislativa solamente puede sesionar cuando está presente la mayoría absoluta de representantes.
Artículo 52°.: la Asamblea Legislativa quedaba encargada, entre otras cosas, de hacer el escrutinio de los votos populares para proclamar Presidente; en caso no hubiera mayoría, elegiría entre los tres candidatos con el mayor número de sufragios. También podía nombrar a los designados a la presidencia cada fin de año y designer a la persona que podría cubrir al presidente cuando este se ausentara del territorio centoramericano con permiso de la Asamblea.
Artículo 66°.: el período presidencial sería de 6 años y el presidente en funciones no podría reelegirse a menos que pasara un período constitucional entre elecciones. (Nota de HoyHistoriaGT: Este artículo estaba de adorno, pues tanto José María Reina Barrios, como Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico lograron extender su mandato constitucional más allá de los años que les correspondían mediante diferentes manpulaciones a la constiución).
Entre los diputados que modificaron la constitución estaban los siguientes personajes históricos:
Francisco Vela: diputado por Salamá. Era ingeniero militar y entre sus principales obras está el Mapa en Relieve de la República y la Comisión de Límites con Honduras.
José María Reina Andrade: diputado por Salamá. Ha sido el único ciudadano en la historia de Guatemala que ha sido presidente de los tres organismos del Estado, siendo presidente interino de la República en 1931, cuando traspasó el poder al general Jorge Ubico.
Ramón Salazar: médico, escritor y político que sería, además de historiador, uno de los principales editores de “La Ilustración Guatemalteca“. También fue Ministro de los gobiernos de los generales Barrios, Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera.
Entre los Ministros de Estado estaban:
Lorenzo Montúfar: ideólogo e historiador del movimiento liberal guatemalteco entre 1871 y 1898. Era el Ministro de Relaciones Exteriores y en su honor se le erigió un monumento que se encuentra en la intersección de la Calle Montúfar y la Avenida La Reforma en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala en 1923.
Calixto Mendizábal: militar muy reconocido e influyente del ejército guatemalteco. Era el Ministro de la Guerra y en 1897, fue el encargado de sofocar las rebeliones que se alzaron en contra el gobierno del general Reina Barrios cuando éste intentó extender su mandato constitucional. Fue envenedado por Manuel Estrada Cabrera en 1898.
Fronteras de Guatemala antes del Tratado Herrera-Mariscal por el que el gobierno de Barrios renunció a sus reclamos sobre Chiapas y Soconusco. En los retratos: el general Barrios (arriba) y el licenciado Lorenzo Montúfar. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
En 1881, el licenciado Lorenzo Montúfar había sido nombrado como Ministro Plenipotenciario en Washington para tratar el asunto de los límites con México en sustitutición de Arturo Ubico. Creyendo que contaba con el apoyo del nuevo presidente Chester Arthur para el retorno de Chiapas y Soconusco a Guatemala, y para la formación de la Unión Centroamericana con el general J. Rufino Barrios como presidente, Montúfar se apresuró a enviar esta información al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.1 Barrios, entonces, solicitó permiso a la Asamblea Legislativa para viajar a Washington a resolver personalmente el asunto, dejando en la presidencia interina de forma nomimal al general José María Orantes,2 y de forma efectiva al cuidado y responsabilidad del Ministro de la Guerra, Juan Martín Barrundia.3
Existen varias versiones sobre lo que ocurrió en Estados Unidos. De acuerdo al historiador y diplomático Antonio Batres Jáuregui (quien fungía como Ministro de Relaciones Exteriores cuando ocurrieron los hechos), cuando Barrios llegó a Nueva Orleans, lo recibió Montúfar muy amigablemente, seguros ambos de haber conseguido un excelente resultado para la gestión diplomática. Ambos viajaron a Washington junto con el Padre Arroyo y el canciller Felipe Cruz, pero cuando Barrios se reunió con el Secretario del presidente Arthur, se llevó la sorpresa de que Montúfar lo había desinformado, pues el nuevo presidente estadounidense no iba a apoyar lo que el embajador le había dicho.1 El Padre Arroyo tuvo que intervenir para que Barrios no atacara a Montúfar a puñetazos y Montúfar, ofendido por el trato que se le dió, y por el carácter despótico del general J. Rufino Barrios, envió la siguiente misiva de renuncia al presidente en funciones de Guatemala, general Orantes, no sin antes enviarla a la prensa:
Señor Presidente de la República de Guatemala, General Orantes:
Lorenzo Montúfar, enviado Extraordinario y Ministro plenipotenciario de Guatemala en Washington, D.C., ante Ud. respetuosamente digo que no tengo el honor de estar de acuerdo con el señor general Don J. Rufino Barrios en muchos y muy importantes puntos de la política de Centroamérica, ni me es posible continuar sufriendo por más tiempo el trato que el expresado general da a muchas personas, sin exceptuar a sus más leales servidores.
Por tanto, renuncio al cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario y protestando mi lealtad a Guatemala y a Centroamérica, a Ud. pido se digne admitir la renuncia.
Nueva York, 2 de Agosto de 1882
Lorenzo Montúfar4
Por otra parte, de acuerdo a Francisco Lainfiesta (otro estrecho colaborador de Barrios), las cosas habrían ocurrido como sigue: Barrios quería visitar a su familia, y conocer algo de los Estados Unidos, pero para que no se dijese que por tan ligeras razones abandonaba la presidencia, utilizó el tratado de límites como la excusa perfecta, ya que tras la muerte de Garfield, México se envalentonó nuevamente sobre el asunto. Barrios llegó a Nueva Orleans, en donde fue recibido por Manuel Herrera (hijo), y no por Montúfar como asegura Batres Jáuregui, y luego fue Pittsburgh en donde sí se encontró con Montúfar, para finalmente llegar a Nueva York, en donde se encontró con Arturo Ubico. Barrios regaño a los tres como quien trata a un sirviente que no ha podido realizar ni el más sencillo encargo.5 Barrios llevaba la ilusión de que con su sola presencia se resolviera el asunto, pero ya Matías Romero tenía al gobierno de Arthur muy bien trabajado, y por ello el gobierno estadounidense excusó políticamente tomar cartas directas en el asunto, conformándose con ofrecer el arbitramiento. En cuanto a la carta que Montúfar envió, el maltrato referido en la misma fue la humillación de dejarlo por un lado en las gestiones, y que la carta apareciera en los periódicos fue porque, de acuerdo a Montúfar, el borrador se lo había dado a un amigo y éste lo habría filtrado sin su consentimiento.6
A lo cual, el presidente interino respondió en los siguientes términos:
Palacio Nacional: Guatemala, 6 de septiembre de 1882
Vista la renuncia que ha hecho el Dr. Lorenzo Montúfar del cargo de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Guatemala en los Estados Unidos de América y los términos en que está concebida, el general encargado de la Presidencia, rechaza los motivos calumniosos en que la funda, reprueba la insidiosa y pérfida conducta que con notable abuso de confianza ha tenido el Doctor Montúfar, y admite su dimisión.
Comuníquese
José María Orantes
Ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Batres Jáuregui1,7
¿Qué había ocurrido con Montúfar? ¿Por qué había enviado un informe falso al presidente Barrios? De acuerdo al diplomático e historiador Antonio Batres Jáuregui, todo se debió a una mala jugada del embajador mexicano Matías Romero, quien había sobornado al venezolano que sirvió de intéprete a Montúfar en su reunión con el secretario del presidente Arthur. Cuando le dijeron a Montúfar que el nuevo gobierno no apoyaría ni el retorno de Chiapas y Soconusco, ni la Unión Centroamericana con Barrios a la cabeza, el intérprete le dijo que todo seguía como se lo había ofrecido el secretario del presidente Garfield.1 Y de acuerdo a Lainfiesta, no hubo tal reporte, sino que Barrios decidió ir a visitar los Estados Unidos por su cuenta, ofendiendo a Montúfar al dejarlo por un lado.6
Sea como fuere, como era de esperarse, el comportamiento de Montúfar fue recibido con enorme sorpresa en Guatemala, en donde el servilismo que caracterizó a todos los gobiernos dictatoriales (desde el del conservador Rafael Carrera hasta el del liberal Jorge Ubico) era la norma. Las respuestas a semejante temeridad no se hicieron esperar y desconociendo los verdaderos motivos de la ruptura entre Barrios y Montúfar, la reputación de quien fuera el ideólogo liberal hasta entonces quedó reducida a cenizas. Primero, el gabinete completo del general Barrios, (exceptuando, según Lainfiesta, al ministro José Barberena), sabiendo que aquella renuncia lo había encolerizado sobremanera, publicó un documento en defensa de la política del presidente y atacando a Montúfar, llamándolo traidor y calumniador injurioso que estaba tratando de “manchar la alta reputación del general Barrios“. He aquí algunos extractos de aquel documento:
“El Gobierno de Guatemala, en justo homenaje al caudillo ilustre de Guatemala, General J. Rufino Barrios, ha rechazado inmediata, espontánea y enérgicamente, las imputaciones calumniosas con que el Doctor Montúfar ha querido manchar la alta reputación del mandatario, suponiendo temerariamente, que el señor General Barrios corresponde con ultrajes a la solicitud de sus leales servidores”.7
Y a continuación, muchos otros oficiales del gobierno liberal a nivel municipal en incluso de institutos públicos fundados por Barrios dieron muestras de un profundo servilismo, publicando sendos mensajes de adhesión al dictador liberal, llamando todos ingrato, traidor e incluso estúpido a Montúfar, alegando que era mejor dejarlo en el olvido por sus injustificados ataques contra el “Benemérito” general Barrios. He aquí algunos ejemplos:
Del Estado Mayor del Ejército: “Pero más nos ha herido la insidiosa imputación con que trata de denigrar el carácter altamente conciliador y fino del ilustre Presidente Constitucional de la República, general Don J. Rufino Barrios, al querer con la más negra ingratitud atribuirle un trato inconveniente y severo hacia aqeullas personas que le han sido leales y amigas.”8
De los miembros de Partido Liberal: “¡Nosotros, hijos del pueblo de Guatemala, condenamos enérgicamente la conducta de los que traicionan a la patria y al digno Mandatario de la República! Con no menos energía lanzamos el más solemne mentís, contra las calumniosas imputaciones que Montúfar dirige respecto del General Barrios. Es su renuncia escrita con absoluto olvido de los términos que prescribe la diplomacia. En esa renuncia-libelo se hacen al General Barrios cargos estúpidos que no creerá el que tenga conocimiento del carácter bondadoso que distingue al Benemérito Presidente de la República.”9
De la Jefatura Política de Quetzaltenango: “Conocedores de los méritos del General Barrios, empleados casi todos los que suscribimos de su Gobierno paternal y progresista, amigos y leales defensores de la causa liberal, hemos tenido repetidas ocasiones de contemplar en el General Barrios al amigo franco y generoso, de fino y amable trato, tolerante con sus adversarios, justiciero con todos, protector del desvalido, defensor de la causa del pueblo; y no comprendemos como es que un empleado como el Señor Montúfar trate de calumniar al Presidente Constitucional de la República de Guatemala”.10
De la Jefatura Política de Amatitlán: El General Presidente Barrios, sin ignorar muchos de los antecedentes poco favorables de aquel y su conducta en Costa Rica, apropiándose de una valiosa finca para saciar su ambición y codiciosos deseos; y de su inmoral manejo con el General Don Gerardo Barrios, en El Salvador; así como otros manchones que la historia no podrá borrar, le recibió aquí de una manera la más digna, propia de sus filantrópicos sentimientos, empleándolo desde luego en los destinos más elevados por espacio de siete años.”11
Del Instituto Nacional de Quetzaltenango: “Nosotros y la juventud que se educa bajo nuestra dirección, hemos recibido siempre el trato afable, expansivo y bondadoso del General Barrios, que no desperdicia oportunidad para hacer el bien y propagar las luces y la prosperidad entre sus conciudadanos; protestamos contra la conducta del señor Montúfar, y contra la calumnia que intenta arrojar sobre su benefactor; y al hacer esa protesta, hacemos pública nuestra gratitud, adhesión y respecto al digno Presidente General Barrios”.12
De la ciudad de Totonicapán: “Protestar contra los conceptos calumniosos que el expresado Ministro ha vertido contra el ilustro nombre del General J. Rufino Barrios, Benemérito de la Patria y Presidente Constitucional de la República. Con este objeto hacemos propias las expresiones de justa indignación que los altos funcionarios del Estado publicaron y que hemos visto en el periódico oficial; puesto que tales expresiones son la genuina interpretación del sentimiento general.”13
De la ciudad de Cuajiniquilapa: “Nosotros que hemos tenido la honra de servir al Señor General Presidente Don J. Rufino Barrios y que siempre hemos encontrado en él al Jefe bondadoso e indulgente, al amigo leal y sincero, consecuente con todos, porque para el General Barrios no hay distinción de clases; protestamos solemnemente la calumna y perfidia de Don Lorenzo Montúfar, cuyos destemplados gritos no llegarán jamás a mancillar la alta y bien merecida reputación del ilustre caudillo defensor de nuestras libertades, de nuestros derechos y de nuestras instituciones republicanas.”14
Barrios retornó a Guatemala a principios de noviembre de 1882, y fue recibido con nuevas muestras de servilismo, con documentos de adhesión en donde se le felicitaba por su regreso y por haber llevado a feliz término el tratado de límites con México.
En lo que respecta al tratado de límites, que lleva el nombre de Tratado Herrera-Mariscal, he aquí un par de análisis objetivos de dicho tratado de límites:
Claudio Urrutia, jefe de la Comisión Guatemalteca de Límites: “Han sido precisos 16 años para llevar a cabo la demarcación de nuestros límites con México: para ello se han invertido enormes sumas de dinero, se han distraído de nuestra casi única fuente de producción actual, la Agricultura, gran cantidad de brazos y se han empleado muchas inteligencias en la resolución de los conflictos y cuestiones derivadas del tratado del 82; por la misma causa se ha visto el país amenazado por guerras formidables, de las que ha escapado de una manera casi providencial; se ha hallado a punto de perder todavía una buena parte del exíguo territorio a que quedó reducido, y, por último, perdió en la misma demanda muchos cientos de sus hijos, víctimas del clima y de los trabajos a que se les sometió”.15
Sigue Urrutia: “El tratado fue fatal para Guatemala. En todo lo que con la cuestión de límites se relacionó durante aquella época, existe algo oculto que nadie ha podido descubrir, y que obligó a las personas que tomaron parte en ello por Guatemala, a proceder festinadamente o como si obligados por una presión poderosa, tratan los asuntos con ideas ajenas o de una manera inconsciente”.16 A este respecto dice Lainfiesta: “Pero yo puedo hacer constar que Montúfar, incómodo por los procedimientos de Herrera (hijo) aseguró en una conversación que, con ellos, le había hecho perder 50,000 pesos. ¿Se trataba de una gratificación ofrecida por Barrios si llevaba el arreglo a buen fin? Es muy posible. Respecto a Herrera (hijo) yo mismo oí referir a un español residente en México, hallándose de paso en Nueva York, cuatro años después, que aqeul debía haber recibido del gobierno mexicano 50,000 peso, por llevar la cuestión en el sentido que se le indicara. Que de esa suma había recibido 30,000 pesos y no los 20,000 restantes porque entretanto entre él y el [presidente de México] general [Porfirio] Díaz ocurrió un brusco rompomiento.”4
Este convenio de límites, con el que se culminó un largo período de negociaciones y el ulterior trazado de la frontera, que fue su consecuencia, constituyeron para Guatemala hechos fundamentales en su historia de finales del siglo XIX. Por este tratado, Guatemala renunció no solamente a discutir sus derechos sobre Chiapas y Soconusco, sino a los derechos mismos. Se cerró definitivamente la oportunidad para posteriores reclamos, sin siquiera pedir absolutamente nada a cambio; este convenio cerró herméticamente la puerta a toda posterior reclamación, en virtud de que, al Guatemala ceder Chiapas y Soconusco, renunció expresa y categóricamente a toda compensación o indemnización. Este es un ejemplo singular, en los anales del Derecho Internacional, de un arreglo entre dos países en el que uno de ellos llegó a hacer generosa entrega de sus posiciones y clausuró definitivamente la puerta de posteriores reclamos, sin pedir a cambio absolutamente nada.17
Antiguo Palacio de Gobierno en la Ciudad de Guatemala, visto desde el Parque Central. Estaba en donde ahora está el Parque Centenario. En las fotografías: el arzobispo Casanova y Estrada y el presidente Manuel Lisandro Barillas. Imágenes tomada de Wikimedia Commons.
Reproducimos a continuación el decreto del gobierno del general Manuel Lisandro Barillas en el que se expulsa al entonces arzobispo de Guatemala, Ricardo Casanova y Estrada. Por medio del decreto 380, se había restringido el orden constitucional, prohibiendo la libertad de imprenta y la la libre circulación de impresos, a pesar de lo cual, el 2 de septiembre el arzobispo protestó el decreto 395, que prohibía las publicaciones y edictos pastorales y que fue promulgado luego de que Casanova y Estrada protestara por el hecho de que el ministro de Instrucción Pública hiciera obligatorio el uso del libro “Cartas a Eugenia” en las escuelas nacionales, el cual era totalmente anticlerical. 1
La protesta fue dirigida al Ministro de Gobernación y Justicia, y en respuesta, Barillas (quien gobernaba como dictador en ese momento) expulsó al arzobispo en la siguiente declaración, entre cuyos ministros firmantes estaba el general Calixto Mendizábal como encargado del despacho de la Guerra y el licenciado Lorenzo Montúfar, encargado del despacho de Relaciones Exteriores:2
DECRETO NUM. 399
MANUEL L. BARILLAS, general de division y presidente de la República de Guatemala,
CONSIDERANDO:
Que ninguna nación puede ser independiente si carece de la facultad de constituirse de la manera que le plazca y de dictar las leyes que juzgue conveniente a su organización
Que es in deber de todo gobierno cumplir y hacer cumplir las leyes existentes
Que nuestras leyes, de conformidad con las que rigen en las naciones católicas del mundo, prohiben la publicación de editos y disposiciones pontificias sin el correspondiente pase de la autoridad civil
Que el Arzobispo don Ricardo Casanova y Estrada sostiene que es permitido a los obispos publicar dichas disposiciones sin permiso del gobierno, en virtud de la autonomía que atribuye al poder eclesiástico
Que tambien se opone al cumplimiento de una ley vigente que, haciendo extensivo un artículo del Código Penal, prohibe la publicación de las disposiciones eclesiásticas que emanen de cualquiera curia sin previo permiso del gobierno
Que en comunicación dirigida al Ejecutivo, con fecha 2 del corriente, a la observancia de las leyes llama someterse a una servidumbre vergonzosa y culpable, y agrega que el gobierno no debe de esperar que él se someta
Que el expresado Arzobispo, insistiendo en su negativa a dar cumplimiento a dichas leyes, protestas contra ellas y asegura que ninguna autoridad civil tiene poder para coartarle la libertad de entenderse, como lo crea conveniente, con su clero y con su pueblo
Que esta protesta es un atentado contra la autoridad, que el Jefe de la Nación está en la necesidad de sostener firmemente
Que aunque no estuviera suspense la Constitución y facultado omnímodamente el Ejecutivo, la misma Constitución lo autorizaría para proceder enérgicamente porque ella prohibe al clero ejercer actos subversivos o practices incompatibles con la paz y el orden público y oponerse al cumplimiento de las leyes.
Todo esto considerado y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DECRETO:
Artículo 1: Se expulse del territorio de la República, por todo el tiempo que el Poder Ejecutivo lo juzgue indispensable, al Arzobispo don Ricardo Casanova y Estrada
Artículo 2: El Ministerio de la Guerra queda encargado del cumplimiento de esta disposición, la cual será puesta en conocimiento de la Asamblea en su oportunidad.
Dado en el Palacio del Gobierno, a tres de septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.
