9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

quetzaltenangomuybridge1875
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:

8 de julio de 1893: se firma el tratado Mariscal-Spencer (o Mariscal-St. John) de límites entre México y el Imperio Británico para evitar que Belice siguiera proporcionando armas a los indígenas de Yucatán

guerracastas1893
Región dominada por los indígenas alzados en Yucatán.  Hasta abajo de la imagen, obsérvese la pequeña frontera con Belice, desde donde los ingleses proporcionaban armas a los alzados. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El tratado Mariscal-Spencer surgió como estrategia del presidente mexicano, general Porfirio Díaz, para delimitar el territorio y terminar con la guerra de castas que venía desangrando Yucatán desde 1847. De hecho, la violencia con que los indígenas yucatecos estaban aniquilando a los criollos de la region ayudó al general Rafael Carrera solidificara su gobierno en Guatemala en 1849, ya que estableció pactos con los líderes indígenas locales y los criollos conservadores tuvieron que aceptar su gobierno porque no eran bienvenido en el resto de Centroamérica. Además, debido a esta guerra Yucatán se reintegró a México, ya que cuando estaba a punto de sucumbir ante los alzados indígenas, aceptó la ayuda militar de México para contrarrestarlos a cambio de perder su independencia.

Pero, a pesar de la ayuda militar Mexicana, la violencia continuó en la region principalmente porque los ingleses en Belice proporcionaban armas a los indígenas alzados. Con el tratado en 1893, México logró establecer el control político en la zona ya que el convenio fue que el Imperio Británico se quedaría con el territorio que actualmente es el norte de Belice con la condición de que dejaran de proporcionarle armas a los indígenas y así el presidente Díaz podría imponer poder en el territorio.  Fue similar al tratado Wyke-Aycinena de 1859, por medio del cual Guatemala otorgó a Belice el territorio comprendido entre el río Belice y el río Sarstún a cambio de las armas necesarias para repeler al filibuster estadounidense William Walker.

El tratado se reproduce a continuación, respetando la redacción original:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda han nombrado sus Plenipotenciarios para la celebración de un Tratado de límites:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos al Sr. D. Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores.

Y Su Majestad la Reina á Sir Spencer St. John, Caballero Comendador de San Miguel y San Jorge, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad Británica en México.

Quienes, después de haberse comunicado sus plenos poderes, habiéndolos encontrado en debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Art. I. Queda convenido entre la República Mexicana y Su Majestad Británica, que el límite entre dicha República y la Colonia de Honduras Británica era y es como sigue: Comenzando en Boca de Bacalar Chica, estrecho que separa al Estado de Yucatán del Cayo Ambergrís y sus islas anexas, la línea divisoria corre en el centro del canal entre el referido cayo y el continente con dirección al Sudoeste hasta el paralelo 18° 10’ Norte, y luego al Noroeste á igual distancia de los cayos, como está marcado en el mapa anexo hasta el paralelo 18° 10’ Norte; torciendo entonces hacia el Poniente, continúa por la bahía vecina, primero en la misma dirección hasta el meridiano de 88° 2’ Oeste; entonces sube al norte hasta el paralelo de 18° 25’ Norte; de nuevo corre hacia el poniente hasta el meridiano 88° 18’ Oeste, siguiendo el mismo meridiano hasta la latitud 18° 28 ½’ Norte, á la que se encuentra la embocadura del Río Hondo, al cual sigue por su canal más profundo, pasando al poniente de la Isla Albión y remontando el Arroyo Azul hasta donde éste cruce el meridiano del Salto de Garbutt, en un punto al Norte de la intersección de las líneas divisorias de México, Guatemala y Honduras Británica, y desde ese punto corre hacia el Sur hasta la latitud 17° 49’ Norte, línea divisorias entre la República Mexicana y Guatemala; dejando al Norte, en territorio mexicano, el llamado río Snosha o Xnohha.

Art. II. La República Mexicana y Su Majestad Británica, con el fin de facilitar la pacificación de las tribus indias que viven cerca de las fronteras de México y Honduras Británica, y para prevenir cualquiera futura insurrección entre las mismas, convienen en prohibir de una manera eficaz á sus ciudadanos o súbditos, y á los habitantes de sus respectivos dominios, el que proporcionen armas ó municiones á esas tribus indias.

Art. III. El Gobierno de México y el Gobierno Británico convienen en hacer toda clase de esfuerzos para evitar que los indios que viven en los respectivos territorios de los dos países hagan incursiones en los dominios de la otra parte contratante; pero ninguno de ambos Gobiernos puede hacerse responsable por los actos de las tribus indias que se hallen en abierta rebelión contra su autoridad.

Art. IV. Este Tratado será ratificado por ambas partes, y las ratificaciones se canjearán en México á la brevedad posible. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios lo han firmado y sellado con sus respectivos sellos. Hecho en dos originales, en la ciudad de México el día ocho de Julio de mil ochocientos noventa y tres.

  • Ignacio Mariscal
  • Spencer St. John

Las coordenadas y límites con Guatemala mencionados en el tratado provienen de las siguientes consideraciones:

Los límites convenidos entre Guatemala y Belice por el tratado que se concluyó el 30 de abril de 1859 entre su Majestad Británica y la República de Guatemala y el tratado de límites Herrera-Mariscal del 27 de septiembre de 1882 por medio del cual la República Mexicana negoció un Tratado de Límites con la de Guatemala y fijó la línea divisoria entre ambos países en la Península de Yucatán.


BIBLIOGRAFIA:

  • Aycinena, Pedro de; Wyke, Charles Lennox (1859). «Tratado Aycinena-Wyke 1859». Google Docs. Guatemala.
  • Casares G. Cantón, Raúl; Colell, Juan; Antochiw Kolpa, Michel; Zavala Vallado, Silvio et al. (1998). Yucatán en el tiempo. Mérida, Yucatán. ISBN 970 9071 04 1.
  • Dumond, Don E. (2005). El Machete y la Cruz: La Sublevación de Campesinos en Yucatán. México: UNAM, pp. 488. ISBN 978-9-70322-309-1.
  • Paoli Bolio, José (2015).  La guerra de Castas en Yucatán, Editorial Dante, Mérida, Yucatán, México.  ISBN: 978-607-709-153-0.
  • Reed, Nelson A. (2007). La Guerra de castas de Yucatán. México: Ediciones Era, pp. 131. ISBN 978-9-68411-192-9.
  • Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821-1871». Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X.
  • — (1993). Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871 (Edición en línea) (en inglés). Athens, Georgia EE.UU.: University of Georgia Press.

7 de julio de 1955: tras el derrocamiento del gobierno del coronel Jacobo Arbenz, se emite el Código del Petróleo de la República de Guatemala eliminando el requisito de que solamente empresas guatemaltecas podían explotar hidrocarburos en el país

Reservas petroleras de Guatemala, las cuales son explotadas en su mayoría por la compañía Perenco.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La primera compañía, de la que se tiene registro, en obtener una concesión petrolera en Guatemala, fue la F.J. Davis, en octubre de 1926, bajo el gobierno del general Lázaro Chacón.  Luego, en febrero de 1937 y mayo de 1938, durante el periodo del general Jorge Ubico, se le concedió concesión a la petrolera inglesa-holandera Shell, y también le dió una conseción a la estadounidense Gulf Oil Co. en 1941.

Ya en el período de la Revolución, entre 1944 y 1945, se le concedió concesiones a las petroleras Standard Oil of New Jersey, propiedad de la poderosa familia Rockefeller.  No obstante, en la Constitución aprobada en 1945 se decía lo siguiente en el artículo 95:

Artículo 95. Los contratos para explotar minerales o yacimientos de hidrocarburos, pueden celebrarse por un término que no exceda de cincuenta años, y los relacionados con aguas nacionales, por un plazo no mayor de veinticinco años. En ambos casos se requiere la aprobación del Congreso. Los yacimientos de hidrocarburos y sus derivados solamente pueden ser explotados por el Estado, por guatemaltecos, o por compañías guatemaltecas cuyo capital sea predominantemente nacional. Los contratos sobre corta de maderas deberán salir a licitación pública y concederse de preferencia a trabajadores guatemaltecos, quienes no podrán ceder sus derechos sin autorización gubernativa. La ley determinará la forma de extracción y explotación de resinas, gomas y demás productos similares.

Pero tras la renuncia del coronel Jacobo Arbenz Guzmán promovida por la operación PBSUCCESS de la CIA en el 27 de junio de 1954 se derogó la constitución de 1945 y la cuestión de la explotación de minerales o yacimientos de hidrocarburos fue modificada para eliminar el requerimiento de que solamente compañías guatemaltecas podían hacerse cargo.  La constitución de 1956 decía simplemente:

Artículo 218.  Se declara de utilidad y necesidad públicas la explotación de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales.   Los derechos de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales podrán adquirirse de conformidad con la ley, por un término no mayor de cuarenta años, prorrogables hasta por veinte años más.
 
Los derechos de transformación y transporte de estas sustancias se adquirirán en la forma que la ley establezca.

La ley a la que hace referencia el artículo 218 es el “Código del petróleo de la República de Guatemala”, aprobado el 7 de julio de 1955, y fue elaborado durante el gobierno del coronel Carlos Castillo Armas con la asesoría de las empresas petroleras norteamericanas de tal forma que el reglamento guatemalteco favoreciera a las transnacionales petroleras con los impuestos y las garantías de inversión.    Desde entonces, compañías como Shenadoha Oil, Basic Resources y Perenco han explotado el petróleo guatemalteco sin que el estado se beneficie como le corresponde.


BIBLIOGRAFIA:

 

2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismoimentras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 

BIBLIOGRAFIA:

 

10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

 

El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo,​ Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.

BIBLIOGRAFIA: