24 de octubre de 1902: violenta erupción del volcán Santa María en el departamento de Quetzaltenango destruye el occidente de Guatemala

El Santa María en erupción en 1902. Imagen tomada de Weltrundschau zu Reclams Universum 1902

La primera erupción del Santa María en la época colombina ocurrió el 24 de octubre de 1902.  Hasta entonces, el volcán había estado inactivo por al menos quinientos años, pero su despertar fue claramente indicado por un enjambre sísmico en la región que comenzó en enero de 1902 y un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Quetzaltenango el 18 de abril de 1902. La erupción comenzó el 24 de octubre, y las explosiones más grandes ocurrieron durante los siguientes dos días, expulsando aproximadamente 5,5 km³ de magma.

La pumita formada en la erupción culminante cayó sobre un área de aproximadamente 273.000 km², y la ceniza volcánica fue detectada hasta en San Francisco, California y la erupción arrancó gran parte del flanco sudoeste del volcán, dejando un cráter de aproximadamente in kilómetro de diámetro y unos trescientos metros de profundidad.

Los habitants no reconocieron la sismicidad precedente como un signo de aviso de una erupción y por lo menos cinco mil personas murieron no solamente como resultado directo de la erupción sino además por un brote posterior de malaria.​

La erupción del volcán tardó treinta y seis horas y lanzó una columna de material que alcanzó veintiocho kilómetros de altura y formó una nube oscura que cubrió la luz del sol durante varios días.

La Jefatura Política y la Corporación Municipal se encargaron de organizar los recursos inmediatos de que disponían para socorrer a las víctimas, organizar la ayuda proveniente de los vecinos que la podían proporcionar y gestionarla al gobierno de la capital. En la Ciudad de Guatemala el Presidente Manuel Estrada Cabrera y su gabinete estaban ocupados en la organización de los festejos de Minerva. Su respuesta ante la catástrofe fue disminuirla y en el peor del caso, tratar de silenciarla evitando que los medios de prensa divulgaran las dimensiones de la catástrofe en la región occidental del país. Es más, la respuesta oficial del gobierno central ante las autoridades quezaltecas fue de declarar no disponibilidad de fondos públicos, ya que recientemente se habían empleado en la ayuda para esa misma ciudad, para los damnificados por los terremotos del mes de abril, por lo cual era imposible atender a la petición.

Ante semejante respuesta gubernamental, el alcalde de la ciudad, en sesión extraordinaria informó a todos los miembros del consejo que a raíz de la erupción los pastos y siembras de la “la zona de occidente de la República se arruinaron”, por lo que entonces era de esperarse escasez de granos básicos, afectando tal situación especialmente a las personas de escasos recursos. Por tal razón, la corporación municipal decidió que doscientos pesos se invirtieran en la compra de alimentos para ser repartidos entre los más necesitados. Asimismo, el ganado de las haciendas estaba pereciendo. Empezaron a reportarse pérdidas, no solo por la desaparición de los rebaños sino también por la falta de ganado para abastecimiento de las carnicerías de la ciudad. Ante la escasez de alimentos en la región, el consejo municipal tomó la decisión de solicitar al gobierno central la autorización para importar libre de gravamen dos mil quintales de harina hasta llegar a completar diez mil, durante los meses siguientes.

La población fue afectada en distintas formas: para los indígenas la situación fue verdaderamente catastrófica, ya que no solamente porque perdieron parientes y amigos, sus casas y cosechas, sino que además fueron obligados a trabajar en las labores de reconstrucción. Por su parte, los terratenientes vieron la oportunidad de resarcirse de los daños obteniendo otras tierras y así lo solicitaron al presidente Estrada Cabrera, quien les dio terrenos en San Miguel Uspantán en el Quiché y en Panam en Suchitepéquez y Sololá, las que hasta entonces habían sido tierras comunitarias de los indígenas de la región. De hecho, en la Recopilación de Leyes de la República de Guatemala de 1902-03 solamente aparece este decreto referente a la erupción:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 12 de noviembre de 1902

En el deseo de prestar toda clase de auxilios a los agricultores que, con motivo de los últimos fenómenos volcánicos, han venido tropezando con dificultades; y teniendo el Jefe del Ejecutivo decidio empeño en aliviar éstas y prestar todo apoyo para la recolección de los frutos,

El Presidente Constituciopnal de la República, en uso de las amplias facultades de que está investido,
Acuerda:

  1. Crear una oficina, con residencia en Quetzaltenango, bajo la denominación de «Proveeduría General de Auxilios para la Agricultura» […]
  2. Nombrar para Jefe de oficina, al Coronel don Marcos R. Calderón, quien prudencialmente repartirá los auxilios, quedando, a la vez, autorizado para elegir y nombrar al Secretario y a los dos Auxiliares.
  3. Los Jefes Políticos de los Departamentos de Occidentes, atenderán las comunicaciones que reciban del expresado Jefe de Oficina, para que ésta llene debidamente su cometido.
  4. Quedan exceptuados de toda contribución directa los mozos que, en virtud de esta disposición, presten sus servicios a los agricultores.
  5. El Ministerio de Fomento queda encargado de dicgar las providencias conducentes al exacto cumplimiento de este acuerdo.

Comuníquese.

—Estrada Cabrera
Ministro de Fomento: José Flamenco

BIBLIOGRAFIA:

23 de octubre de 1876: debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.

Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años.   Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país a su sabor y antojo.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

19 de octubre de 1851: la Asamblea Constituyente de Guatemala decreta el Acta Constitutiva de la República de Guatemala, hecha a la medida de los deseos del presidente Rafael Carrera

Arzobispo Metropolitano Francisco de Paula Garcia Peláez: tomó el juramente a Carrera como president de la República basado en la constitución de 1851 en la cual, entre otras cosas, se comprometía a mantener la religion católica pura e inalterable. Retrato que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.

En el siglo XIX hubo dos grandes líderes indiscutibles en Guatemala: el conservador Rafael Carrera y el liberal J. Rufino Barrios.  Su poder fue tan absoluto, que hicieron que las Asambleas Constituyentes redactaran constituciones hechas a su medida, y gobernaron con ellas hasta su muerte: Carrera de 1851 a 1865 y Barrios de 1873 a 1885.

El 19 de octubre de 1851 fue el turno de Carrera.  El Acta Constitutiva promulgada en ese momento tiene algunas características que describimos a continuación:

Esta constitución tenia una amplia influencia de la Iglesia Católica y de hecho iniciaba con las siguientes palabras: “En el nombre de Dios Todopoderoso”

La definición de guatemalteco era:

  • Nacidos en la República o que se encontraban en ella al momento de la Independencia de España.
  • Nacidos de padres guatemaltecos en el extranjero
  • Los naturales de otros países centroamericanos
  • Los extranjeros naturalizados

La definición de ciudadano guatemalteco era:

  • Aquellos que tengan profesión, oficio o propiedad que les proporcione medios para subsistir con independencia.
  • Aquellos extranjeros que cumplan con los requisites anteriores y fueran nombrados para cargos públicos y los aceptaran.

Nótese que esta definición dejaba como ciudadanos prácticamente solo a los varones criollos y mestizos.

Se dejaba de ser ciudadano:

  • Al tomar las armas en contra de la República
  • Por condenación a pena corporal
  • Por conducta notoriamente viciada

El presidente de la República era electo cada cuatro años, por una Asamblea General copuesta de la Cámara de Representantes, del Arzobispo Metropolitano, de los individuos de la Corte de Justicia y de los vocales del Consejo de Estado y podia ser reelecto.

En otras palabras: los amigos de Rafael Carrera lo iban a reelegir cada cuatro años; de hecho, en 1854 lo nombraron presidente vitalicio.  No había voto popular para el presidente, solamente para los representantes y solamente los ciudadanos podían votar.

No había figura de vicepresidente, y en caso de falta absoluta del presidente se hacía cargo de la presidencia uno de los Ministros de Estado; por esta razón, cuando murió Carrera el 14 de abril de 1865, fue Pedro de Aycinena quien se hizo cargo de la presidencia, pues fungía como Ministro de Relaciones Exteriores.

El Consejo de Estado estaba formado por los Ministros de Estado y por ocho consejeros nombrados por la Cámara de Representantes.  Eran nombrados cada cuatro años y podían ser reelectos; ahora bien, podían ser requeridos en el Consejo de Estado por las siguientes autoridades:

  • El Presidente de la República
  • El Arzobispo Metropolitano
  • Los obispos que hubiera en la capital
  • Los gobernadores del arzobispado
  • el Regente de la Corte de Justicia
  • el Presidente del Cabildo Eclesiástico
  • el Rector de la Pontificia Universidad
  • el Prior del Consulado
  • el Presidente de la Sociedad Económica
  • el Comandante General de las Fuerzas Armadas

Se nota aquí el enorme control que tenía la Iglesia sobre los asuntos de Estado, en especial el clero secular dirigido por el Arzobispo.

En cuanto al congreso, éste quedó denominado como “Cámara de Representantes” y estaba compuesto por 55 miembros que podían ser reelectos.  En caso de alguna acusación en suc ontra, la Cámara misma decidía si procedía un juicio o no.

Los departamentos eran gobernados por los Corregidores y las Municipalidades.

Finalmente, se estipulaba que el Presidente de la República al tomar posesión iba a prestar juramento en manos del Arzobispo Metropolitano de la siguiente forma:

  • ¿Prometéis conserver la integridad e independencia de la República, y gobernar al pueblo según las disposiciones del Acta Constitutiva, las leyes vigentes y costumbres de Guatemala?
  • ¿Prometéis emplear todo el poder que la Nación os ha conferido, para que las leyes sean observadas y administrada la justicia?
  • ¿Prometéis mantener con todo vuestro poder las leyes de Dios, y hacer que la religion católica se conserve pura e inalterable, y proteger a sus ministros?

Nuevamente el poder católico se hacía evidente.

Esta constitución estuvo vige

nte hasta el 30 de junio de 1871.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

7 de octubre de 1882: ratifican el convenio firmado en Nueva York entre el presidente J. Rufino Barrios y la compañía del expresidente estadounidense Ulysses S. Grant para construir el ferrocarril entre la frontera con México y la ciudad de Guatemala

General Ulysses S. Grant, expresidente de los Estados Unidos y héroe de la Guerra Civil de ese país.  Obtuvo la concesión para construir el Ferrocarril de Guatemala entre la frontera de México y la Ciudad de Guatemala, pero su compañía quebró antes de poder empezar la construcción.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La construcción de ferrocarril era algo que interesaba sobremanera al general J. Rufino Barrios, ya que este sería el principal medio de transporte utilizado por él mismo y el resto de grandes caficultores del país para agilizar la exportación del grano.

Mientras se encontraba en Nueva York para finalizar el convenio con México para renunciar al Soconusco se reunió con el expresidente estadounidenses, general Ulysses S. Grant, cuya compañía ferrocarrilera estaba por empezar la construcción del tramo entre la Ciudad de México y Oaxaca, conocido en ese entonces como el “Ferrocarril Meridional de México”. El 6 de octubre de 1882 firmaron un convenio por medio del cual se iba a extender dicho tramo desde Oaxaca hasta la Ciudad de Guatemala, y el 7 de octubre el general encargado de la presidencia en Guatemala, José María Orantes, firnmó la ratificació de dicho convenio.

La compañía del expresidente Grant no logró construir ni siquiera el tramo en México pues debido a malos manejos de los socios de Grant en una firma de inversions, se fue a la quiebra y el propio Grant quedó prácticamente en la miseria.

Es interesante analizar el contrato establecido, para que se el lector se de una idea de cómo se realizaban los convenios con las constructoras de los ferrocariles por los gobiernos liberales:

El Gobierno de Guatemala, deseoso de extender la construcción de ferrocarriles en su territorio para promover el progreso y engrandecimiento del país, ha convenido con el general Ulises Grant, en prolonger sobre el terriotrio de Guatemala la línea del ferrocarril que el ultimo preside, bajo las bases siguientes:

  1. Para llevar a efecto las estipulaciones del presente convenio, el general Ulises S. Grant y los asociados que a él se reúnan para tal propósito, han formado una corporación, con plenos poderes y autoridad para construir, mantener y traficar una línea de ferrocarril y telégrafo en el territorio de Guatemala sobre rutas elegidas por la Compañía del Ferrocarril de Guatemala, con facultad de colectar peajes, derechos de tránsito, muellaje, bodegaje, impuestos por conducción de pasajeros y mercancías, transmisión de telegramas y otros cargos por el uso de la propiedad de la Compañía. Los derechos, poderes y privilegios aquí conferidos serán poseídos y ejercidos por dicha Compañía juntamente con todos los derechos, poderes y privilegios necesarios para el buen éxito, con facultad para obrar y mantenerlos en conexión o conjunción con cualesquiera otras compañías de ferrocarril o telégrafo, dentro o fuera de la República de Guatemala, y con pleno poder para transferir todo, o parte, de los derechos conferidos a la Compañía del Ferrocaril Meridional de México, Corporación legalizada por el Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, o a cualquier otra corporación organizada en los Estados Unidos de América por el referido Ulises Grant y sus asociados, con el objeto de construir ferrocarriles en la República de Guatemala en conformidad con las estipulaciones de este convenio.
  2. El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala la porción de tierras baldías que para la construcción del camino sean necesarias, así como para depósitos y almacenes, dándole una faja de setenta metros de ancho para su curso, Tambien el derecho de tomar de las tierras baldías y ríos, riberas, materiales de cualquiera clase que sean necesarios para la construcción y reparación del ferrocarril y telégrafo: además el derecho de adquirir propiedad privada para el uso público, conforme a las leyes de expropiación del Gobierno de Guatemala.
  3. El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala el derecho de importer, libre de derechos por el término de veinticinco años, todo el material necesario par la construcción de su camino, depósitos, almacenes, etc.

El contrato continua en estos términos, pero que claro que era prácticamente un regalo a la compañía constructura.  Cuando la compañía de Grant quebró y Barrios murió en 1885, el ferrocarril no se construyó, pero el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera estableció un contrato muy similar para la construcción del ferrocarril en la década de 1900.

BIBLIOGRAFIA:

25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

  • “La Majada” en Mixco
  • “Los Tarros” en Santa Lucía Cotzumalguapa
  • “Rodeo del Incienso” en Guatemala
  • “Paso Antonio” en Escuintla
  • “El Barón”
  • “Primavera” en San Cristóbal Verapaz
  • “Punián” en Escuintla
  • “El Porvenir” en San Pablo, San Marco
  • “El Rodeo” en San Marcos
  • “Pacajá” en Quetzaltenango
  • “El Malacate” en San Marcos
  • “Los Cerritos”
  • “El Sauce” en Izabal

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo Hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

J. Rufino Barrios

J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos”
BIBLIOGRAFIA:

 

24 de septiembre de 1924: fallece en prisión el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó a Guatemala de 1898 a 1920

Tumba del presidente Manuel Estrada Cabrera luego de su sepelio. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras su derrocamiento en abril de 1920, “don Manuel” fue reducido a prisión, en donde pasó los últimos años de su vida, hasta su fallecimiento el 24 de septiembre de 1924.  Fue llevado sin mayor ceremonia al cementerio de Quetzaltenango, en donde fue sepultado.

La vida del licenciado Manuel Estrada Cabrera (como la de los otros presidentes guatemaltecos que sí tuvieron en sus manos las riendas del poder) debe juzgarse investigando fuentes tanto favorables como desfavorables a su figura pública.  En el caso específico de “Don Manuel”, muchos lectores hacen referencia a la obra “¡Ecce Pericles!” del escritor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, pero una lectura objetiva del mismo denota que fue un documento escrito por los líderes conservadores de la época y la figura presidencial no sale muy bien parada.

Por otro lado, si se leen las publicaciones oficiales de la época, se observa que estaban totalmente sesgadas hacia la figura del presidente, a quien nombraban como “Señor Presidente”, “Su Excelencia”, “Benemérito”, “El Gran Benefactor”, “Figura Sagrada”, etc.  Era tal el grado de adulación, que en las revistas oficiales el nombre de Estrada Cabrera era mostrada en todas las páginas y a veces varias veces en la misma página.

Finalmente, quienes han leído la obra “El Señor Presidente” tienen la idea de un líder déspota y cruel.  Pero quizá estos mismos lectores no sabrán que Miguel Angel Asturias, el autor de la novella, fue uno de los aduladores del régimen del general Jorge Ubico (un émulo de Estrada Cabrera) desde su programa radial “Tribuna del Aire”.

En resumen, como todos los líderes destacados de cualquier nación la figura de “don Manuel” tiene sus detractores y sus seguidores y una evaluación objetiva quedará a juicio del lector.  Lo cierto es que la influencia de “don Manuel” perduró más allá de su gobierno, con los siguientes puntos:

  1. La frutera estadounidense “United Fruit Company” se estableció durante su gobierno y se convirtió en el principal ente politico y económico de Guatemala durante su gobierno y en los que le siguieron, hasta que la compañía quebró a finales de la década de 1960.
  2. La compañía ferroviria “International Railways of Central America” (IRCA), subsidiaria de la UFCO, tuvo el monopolio de los trenes guatemaltecos hasta que, debido a la construcción de la carretera al Atlántico iniciada por el gobierno de Arbenz y concluida por el de Castillo Armas, quebró y le vendió al estado guatemalteco toda su chatarra que pasó a llamarse “FEGUA”.
  3. Puerto Barrios siguió siendo el principal puerto de Guatemala, monopolizado por la “Great White Fleet”, también subsidiaria de la UFCO.  Este monopolio fue roto cuando se construyó el puerto de Santo Tomás de Castilla que fue ideado en tiempos de Arbenz pero no se materialize sino hasta el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro.
  4. El presidente Jorge Ubico, el último gobernante liberal de Guatemala, fue un émulo de Estrada Cabrera. Ubico era hijo del licenciado Arturo Ubico Urruela, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa durante la mayor parte del gobierno de “Don Manuel” y gracias a esta posición Ubico logró ascender meteóricamente en los rangos del ejército, a pesar de no haber hecho más que un semestre en la Escuela Politécnica.  Ubico llegó a ser Jefe Político de la Verapaz y Ministro de Estado durante el regimen de Estrada Cabrera.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

21 de septiembre de 1848: aprovechando el exilio del presidente general Rafael Carrera, los departamentos del occidente de Guatemala establecen nuevamente el Estado de los Altos

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En las imágenes: el Escudo del Estado de Los Altos, retrato del capitán general Rafael Carrera y la verdadera firma del president, a quien los historiadores liberals acusaron de analfabeto y de firmar como “Raca Carraca”.  Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

Para septiembre de 1848 el presidente Rafael Carrera había sido obligado a renunciar y abandonar Guatemala por sus mismos partidarios, los criollos conservadores.  Carrera no había logrado pacificar el país y eran constantes los crímenes politicos, los asesinatos en las carreteras, las invasiones de forajidos desde Honduras y El Salvador y los intentos de invasión desde esos países.

Los criollos, tanto liberales como conservadores, no miraban con buenos ojos que un mestizo como Carrera dirigiera los destinos del país y encontraron en la situación imperante la oportunidad perfecta para salir de él.  Carrera renunció y se fue a exiliar a México, hasta donde le llegó la noticia de que iba a ser fusilado sin previo juicio si osaba poner nuevamente un pie en Guatemala.

Pero era el general Carrera muy inteligente y más sagaz que sus rivales políticos y se dedicó a esperar un tiempo prudencial en el exilio, a sabiendas de que los criollos no iban a poder gobernar el país en su ausencia.

Y así sucedió.  Para el 21 de septiembre de 1848, el estado de Los Altos se volvió a formar, de la mano de su líder militar y político, el general Agustín Guzmán y con el apoyo de los criollos liberales que residían al oeste de las Verapaces y de Escuintla.  La respuesta del gobierno guatemalteco fue muy timorata, y da una idea de por qué Carrera simplemente esperó el momento oportuno para retornar a hacerse cargo del país en 1849.

He aquí la respuesta de la Asamblea Constituyente:

“Habiendo tomado en consideración la asamblea constituyente la consulta que el gobierno dirigió con fecha 31 de agosto ultimo, con motivo del pronunciamiento de la municipalidad de Quetzaltenango, erigiendo a los departamentos de Los Altos en estado independiente de Guatemala: oídos los dictámenes de varias comisiones que entendieron en el asunto con presencia de los demás pronunciamientos que posteriormente fueron remitidos; tuvo a bien acordar este alto cuerpo se diga al gobierno:

  1. Que los pronunciamientos indicados, se consideran perjudiciales a la causa misma que por ellos se quiso establecer.
  2. Que la voluntad general, libremente expresada por los pueblos de Los Altos, será respetada y decidirá de su suerte cuando se obtenga legalmente.
  3. Que para reglamentar la manera de lograrlo como corresponde, es muy urgente la concurrencia de los diputados de todos los distritos de Los Altos.
  4. Que el gobierno proteja eficazmente a los pueblos que no hayan secundado el pronunciamiento, o tengan manifestada su voluntad de continuar unidos a esta república.
  5. Que explore la voluntad de aquellos pueblos, ya manifestada en muchos documentos, trayéndonos a la vista y dictando otras medidas, si lo tiene por conveniente.
  6. Y en fin, que emplée todos los medios suaves que dicta la prudencia para atraer al orden a los pronunciados en aquellos departamentos, y si no fueren bastante para obtener el resultado que se desea, que use de sus facultades ordinarias conforme previente las leyes vigentes.”

De más estaría decir que el Estado de Los Altos se formó y empezó a intentar relaciones internacionales para ser reconocido.  Pero no contaba con que el general Carrera regresaría en cuestión de unos pocos meses, y que retomar Los Altos por la fuerza sería solamente el primero de una larga serie de triunfos políticos y militares que se extendieron hasta su muerte, en 1865.

BIBLIOGRAFIA: