La comandancia y la Escuela de Niñas de Cunén, Quiché, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El departamento de Quiché, creado en 1872 por el gobierno de facto del general Miguel García Granados, estuvo en el ojo del huracán durante la segunda parte de la Guerra Civil de Guatemala (ahora llamada “Conflicto Armado Interno“), la cual se inició con la aparición del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el norte de ese departamento a principios de la década de 1970.
El Ejército Guerrillero de los Pobres se asentó en el norte del departamento de Quiché, debido a que de esta forma contaba con la protección natural de la sierra de los Cuchumatanes. Esta enorme cadena montañosa ya había servido como barrera natural a los indígenas lacandones e itzáes contra los invasores españoles, cholultecas y tlaxcaltecas que conquistaron Guatemala en la década de 1520, quienes no pudieron ingresar a la región al norte de las montañas sino hasta en 1697.
El EGP se fortificaba aún más en la región perpetrando atentados contra bienes particulares y púbicos, especialmente cortando las vías de comunicación y acceso. Torres de trasmisión eléctrica y puentes eran los principales objetivos, pues de esta forma se reducía el ingreso de las tropas del ejército y se desarticulaba el avituallamiento de la tropa. Para finales de 1981 y principios de 1982 el Ejército ya no podía ingresar a la región, pues los grupos guerrilleros habían cortado los puentes y hasta los postes de telégrafo que había a lo largo de la carretera. Específicamente en Cunén, el EGP atacó las instalaciones de la municipalidad y de la oficina de correos y telégrafos, dejando al municipio incomunicado pues ya habían volado el puente “El Tesoro” en la carretera de acceso.
Para contrarrestar este auge de la ofensiva guerrilla (que se había incrementado considerablemente tras el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979), el gobierno del general Fernando Romeo Lucas García inició una ofensiva de “tierra arrasada” en la región en donde operaba el Ejército Guerrillero de los Pobres, utilizando el entrenamiento recibido en la Escuela de Las Américas que el ejército de los Estados Unidos tenía en Panamá. Como parte de esta ofensiva, se dieron intensos ataques a poblaciones civiles que resultaron en horribles masacres.
El plan utilizado, siguiendo los planes que habían utilizado los Estados Unidos en Vietnam, consistía en atacar las comunidades en un día importante para ellas; por ejemplo, aprovecharon el día de mercado, o de fiesta, o de reuniones de carácter religioso, tratando de aprovechar la concentración de población con uun claro simbolismo. Las regiones más bombardeadas fueron las comunidades del área ixil y Sacapulas, algunas zonas de Baja Verapaz y de Huehuetenango, casi todas ellas en la Franja Transversal del Norte, región en donde los jefes militares tenían fuertes intereses económicos, empezando por el propio presidente Lucas García. (Específiamente en la zona selvática de Ixcán existen ricos yacimientos petroleros).
La población se refugió en las montañas intentando aprovechar la protección natural que ésta les proporcionaba, pero fueron sometidos a un cerco militar que imposibilitó su alimentación, alojamiento y asistencia médica. Los que no murieron de hambre lograron huir a México, en donde vivieron como refugiados hasta 1995.
BIBLIOGRAFIA:
Comisión para el Esclarecimiento Histórico: Agudización (1999). «Agudización de la Violencia y Militarización del Estado (1979-1985)» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
— (1999). «Atentados contra sedes municipales» (edición en línea). Guatemala: memoria del silencio (Programa de Ciencia y Derechos Humanos, Asociación Americana del Avance de la Ciencia). Archivado desde el original el 6 de mayo de 2013.
Lovell, W. George (2000). «The Highland Maya». Richard E.W. Adams y Murdo J. Macleod (eds.), ed. The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Vol. II: Mesoamerica, part 2 (en inglés). Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press. pp. 392-444. ISBN 0-521-65204-9. OCLC 33359444.
Pons Sáez, Nuria (1997). La conquista del Lacandón. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-6150-5.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
Los miembros de la Comisión Guatemalteca de Límites con México. Al centro, el ingeniero Claudio Urrutia, director de la Comisión. Imagen tomada de “La Ilustración Guatemalteca“, publicada cuando los límites finalmente fueron fijados en 1896.
Reproducimos a continuación el tristemente célebre tratado de Herrera-Mariscal, por medio del cual Guatemala renunció para siempre a su reclamo territorial sobre Soconusco y el Estado de Chiapas, para resolver la incertidumbre de las poblaciones limítrofes dada la poca claridad de los límites, y sin pedir nada a cambio en restitución.
He aquí el texto completo del tratado para que los juzgue el lector:
Los Gobiernos de Guatemala y de México, deseosos de terminar amistosamente las dificultades existentes entre ambas Repúblicas, han dispuesto concluir un tratado que llene tan apetecible objeto; y á ese fin han nombrado sus respectivos Plenipotenciarios; á saber:
El Presidente de la República de Guatemala, á don Manuel Herrera hijo, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca del Gobierno de México; y el Presidente de la República Mexicana, á don Ignacio Mariscal, Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores; quienes, después de presentarse mutuamente sus respectivos poderes, hallándolos en debida forma y teniendo á la vista los preliminares firmados por los
Representantes de ambas Naciones en la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de América, el doce de agosto del corriente año, han convenido en los artículos siguientes:
Artículo 1.° — La República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener al territorio del Estado de Chiapas y su Distrito de Soconusco, y en consecuencia, considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2.° — La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala y reconoce que son tan dignos como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando que, en igualdad de circunstancias, México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, por su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaración solemne, no exigirá indemnización de ningún género con motivo de la
estipulación precedente.
Artículo 3.° — Los límites entre las dos Naciones serán á perpetuidad los siguientes:
La línea media del río Suchiate, desde un punto situado en el mar, á tres leguas de su desembocadura, río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en que el mismo río corte el plano vertical que pase por el punto más alto del volcán de Tacaná y diste veinticinco metros del pilar más austral de la garita de Talquián, de manera que esta garita quede en territorio de Guatemala;
La línea determinada por el plano vertical definido anteriormente, desde su encuentro con el río Suchiate hasta su intersección con el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista é Ixbul;
La línea determinada por el plano vertical que pase por las cumbres de Buenavista, fijada ya astronómicamente por la Comisión científica mexicana, y la cumbre del cerro de Ixbul, desde su intersección con la anterior hasta un punto á cuatro kilómetros adelante del mismo cerro;
El paralelo de latitud que pasa por este último punto, desde él, rumbo al Oriente, hasta encontrar el canal más profundo del río Usumacinta, ó el del Chixoy, en el caso de que el expresado paralelo no encuentre al primero de estos ríos;
la línea media del canal más profundo, del Usumacinta en un caso, ó del Chixoy y luego del Usumacinta, continuando por este, en el otro, desde el encuentro de uno u otro río con el paralelo anterior, hasta que el canal más profundo del Usumacinta encuentre el paralelo situado á veinticinco kilómetros al Sur de Tenosique en Tabasco, medidos desde el centro de la plaza de dicho pueblo:
El paralelo de latitud que acaba de referirse, desde su intersección con el canal más profundo del Usumacinta hasta encontrar la meridiana que pasa á la tercera parte de la distancia que hay entre los centros de las plazas de Tenosique y Sacluc, contada dicha tercera parte desde Tenosique;
Esta meridiana, desde su intersección con el paralelo anterior hasla la latitud de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos (17°49′) ;
El paralelo de diez y siete grados cuarenta y nueve minutos, (17°49′), desde su intersección con la meridiana anterior indefinidamente hacia el Este.
Artículo 4.° Para trazar la línea divisoria con la precisión debida en mapas fehacientes, y establecer sobre el terreno,monumentos que pongan á la vista los límites de ambas Repúblicas, según quedan descritos en el anterior artículo, nombrará cada uno de los dos Gobiernos una comisión científica. Ambas comisiones se reunirán en Unión Juárez, á más tardar á los seis meses contados desde el canje de ratificaciones de este Tratado, y procederán desde luego á practicar las expresadas operaciones. Llevarán diarios y levantarán planos de las mismas, y el resultado de sus trabajos, convenido por ellas, se considerará parte de este Tratado, y tendrá la misma fuerza que si estuviere en él inserto. El plazo para la conclusión de dichas operaciones será de dos años contados desde la fecha en que las comisiones se reúnan. Si una de las dos no estuviere presente en el término de seis meses antes fijado, la otra comenzará, a pesar de ello sus trabajos y los que ejecutare aisladamente tendrán la misma fuerza y validez que si fueran de ambas comisiones. Los dos Gobiernos celebrarán á la mayor brevedad un arreglo para determinar los detalles relativos á estas comisiones y sus trabajos.
Artículo 5.° — Los nacionales de cualquiera de las dos partes contratantes que, en virtud de las estipulaciones de éste Tratado, queden para lo futuro en territorio de la otra, podrán permanecer en ellos ó trasladarse en cualquier tiempo á donde mejor les convenga, conservando en dichos territorios los bienes que posean ó enajenándolos y pasando su valor á donde quisieren, sin que por esto último pueda exigírseles ningún género de contribución, gravamen ó impuesto. Los que prefieran permanecer en los territorios cedidos, podrán conservar el título y derechos de nacionales del país á que antes pertenecían dichos territorios, ó adquirir la nacionalidad de aquel á que van á pertenecer en lo de adelante. Más la elección deberá hacerse entre una y otra nacionalidad dentro de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones del presente Tratado; y los que permanecieren en dichos territorios después de trascurrido el año, sin haber declarado su intención de retener su Antigua nacionalidad, serán considerados como nacionales de la otra parte contratante.
Las propiedades de todo género existentes en los territorios cedidos, serán respetadas inviolablemente; y sus actuales dueños, sus herederos y los que en lo sucesivo puedan adquirir legalmente dichas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplias garantías como si perteneciesen á nacionales del país en que están situadas.
Artículo 6.° — Siendo el objeto de ambos Gobiernos, al ajustar el presente Tratado, no sólo poner fin á las dificultades existentes entre ellos, sino terminar y evitar las que se originan entre pueblos vecinos de uno y otro país, á causa de la incertidumbre de la línea divisoria actual, se estipula que, dentro de seis meses de reunidas, las comisiones científicas de que habla el artículo 4.° enviarán de común acuerdo á sus Gobiernos una noticia de aquellas poblaciones, haciendas y rancherías, que sin duda ninguna deban quedar en determinado lado de la línea divisoria convenida en el artículo 3.° Recibida esa noticia cada uno de los dos Gobiernos estará facultado para expedir desde luego las órdenes convenientes á fin de que su autoridad se establezca en aquellos puntos que deban quedar dentro del territorio de su nación respectiva.
Artículo 7.° — El presente Tratado será ratificado conforme á la constitución política de cada una de las dos Repúblicas; y el canje de las ratificaciones se verificará en esta capital á la mayor brevedad posible.
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firmaron y sellaron el presente tratado.
Hecho en dos originales en la ciudad de México, á veintisiete de septiembre de mil ochocientos ochenta y dos.
(F.) lgnacio Mariscal.
(F.) Manuel Herrera, hiio.
Aprabado por la Asamblea Decreto número 27 de 25 de diciembre de 1882; ratificado por el Gobierno el 29 del mismo.
A pesar de lo estipulado originalmente en el tratado, los límites no se pudieron concluir sino hasta en 1896, dada la gran dificultad topográfica que presentaba el terreno.
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal. Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México). El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:
La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:
1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:
Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
José M, Gálvez
José Antonio Aguilar
General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.
Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.
Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:
Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala. Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.
Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:
La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:
Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.
En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular. Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.
He aquí el desglose:
Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)
Tipo de bienes
Descripción
Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal
80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41
18.000
Casa en la 13 calle poniente
1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo
N/A
Casa en el Barrio de la Libertad
N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette
400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios
4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios
14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo
50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston
N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa
N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz
20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano
600.000
Suma general
$3.792,600
De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)
Descripción
Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873
Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente
50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república:
4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente
50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado
240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884.
4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años
1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años
800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico
800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios
100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos
300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina, Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras
400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos
100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar
31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios
9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años.
400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu
200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871
1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios
Desde su fundación en 1470 hasta su abandono en 1527, Iximche’ fue la capital del reino kaqchikel. La arquitectura del sitio incluye un número de templos piramidales, palacios y dos campos de juego de pelota mesoamericano.
Durante algunos años, los kaqchikel fueron aliados de los quichés; sin embargo, el crecimiento del poder de los kaqchikel dentro de esta alianza finalmente causó tantas tensiones que los kaqchikel se vieron obligados a huir de la capital de los quichés y de fundar la ciudad de Iximche’.
Los kaqchikeles establecieron su nueva capital en una cumbre con buenas defensas naturales, casi totalmente rodeada de profundos barrancos, y gracias a ello la ciudad se desarrolló rápidamente, alcanzando su extensión máxima en cuestión de cincuenta añod. El consejo de gobernantes de Iximche’ estaba conformado por cuatro nobles principales, que representaban a los cuatro clanes más importantes del pueblo kaqchikel, aunque solo eran los señores de los clanes Sotz’il y Xajil quienes poseían el poder real.
Al principio vivieron en paz con los quichés, pero alrededor de 1491 los kaqchikeles combatieron y derrotaron a sus antiguos señores; esto, sin embargo, fue seguido por conflictos internos entre los clanes kaqchikeles, en los cuales los clanes rebeldes finalmente fueron subyugados en 1493.
Además, la guerra contra los quichés no terminó en 1491, sino que continuó durante la primera parte del siglo XVI. En esa época se produjo la llegada de los primeros españoles al área ocupada por el México actual, y el emperador Azteca envió mensajeros para avisar a los kaqchikeles de la presencia de los invasores. Además, los europeos trajeron consigo enfemedades contagiosas ajenas a los indígenas americanos, lo que provocó una epidemia de viruela que diezmó a la población nativa debilitando considerablemente a los señoríos locales. Para entonces, Iximché era la segunda ciudad más importante del altiplano de Guatemala después de Q’umarkaj, la capital del reino quiché, pero la epidemia redujo su población cobsiderablemente.
Debido a la alianza propuesta en 1524, el enviado de Cortés, Pedro de Alvarado, fue bien recibido en Chi Iximche’ y los reyes kaqchikeles proporcionaron a los españoles y a sus aliados cholultecas y tlaxcaltexas guerreros nativos para ayudar en la conquista de los demás reinos indígenas en el altiplano. Alvarado mantuvo la alianza y el 27 de julio del mismo año, Iximché fue declarada la primera capital del Reino de Guatemala.
Pero, gracias a las excesivas exigencias tributarias de los españoles, los kaqchikeles no tardaron en romper la alianza y abandonaron su capital, que fue quemada dos años más tarde por desertores españoles. Los europeos fundaron una nueva ciudad cercana, pero la abandonaron en 1527 por la continuas hostilidades de los kaqchikeles, que finalmente se rindieron en 1530.
El poblado quedó parcialmente olvidado tras la conquista y fue hasta en el siglo XVII, que las ruinas de Iximche’ fueron descritas en la “Recordación Florida” del historiador y militar criollo Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. En el siglo XIX, fueron visitadas varias veces por científicos que publicaron planes y descripciones del sitio, pero no fue sino hasta en la década de 1940 que se iniciaron investigaciones serias del sitio, las cuales continuaron en forma esporádica hasta principios de 1970.
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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897. Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico“
La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas. Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:
Telegrama del general presidente
A todas las autoridades departamentales y locales de la República
Guatemala, 1°. de junio de 1897
Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria.
Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.
Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.
Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.
La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.
Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales. No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.
Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.
[…]
Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.
José María Reina Barrios
Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.
El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:
Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos y sus naturales consecuencias. Adrián F. Caballeros.
Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:
San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales
Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación. José León Castillo.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia“, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
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