29 de abril de 1944: el decreto 2795

El gobierno del general Jorge Ubico emite un decreto por el que exonera a los dueños de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company de responsabilidad criminal en caso de matar a alguien que estuviera robando en sus propiedades rústicas

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Palacio Nacional de la ciudad de Guatemala en la década de 1940. En el recuadro, el presidente, general Jorge Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Hacia finales de su gobierno, el general Jorge Ubico aprobó el decreto 2795 de la Asamblea Legislativa, el cual dice así:1

Decreto Número 2795

La Asamblea Legislativa de la República de Guatemala,

Considerando: que para el desarrollo de la producción agrícola es indispensable poner fin a los delitos contra la propiedad que se cometen en los predios rústicos por personas ajenas a ellos, facultando a sus dueños para emplear contra éstas los medios adecuados para la protección de sus intereses; por tanto, decreta:

Estarán exentos de responsabilidad criminal los propietarios de fincas rústicas cercadas o sus legítimos representantes, por los delitos que cometan contra los individuos que, habiendo penetrado sin autorización al interior de aquellas, fueren hallados in fraganti, cogiendo o llevándose los animales, frutos, productos forestales o instrumentos de labrana pertenecientes a las mismas.

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, el veintisiete de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Palacio Nacional: Guatemala, veintinueve de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro.  Publíquese y cúmplase.

De acuerdo al escritor comunista Luis Cardoza y Aragón, este decreto le dió a los propietarios de fincas cafetaleras y a la United Fruit Company permiso para matar indiscriminadamente.2,Nota Y, al parecer, la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomó el poder tras la Revolución del 20 de octubre de ese año así lo comprendió, y derogó el decreto 2795 por medio del decreto siguiente:3

Decreto Número 9

La Junta Revolucionaria de Gobierno, 

Considerando: que la disposición del Decreto legislativo número 2795 no se ajusta a los principios del Derecho penal, toda vez que, sin discriminación alguna, declara exentos de responsabilidad criminal a los propietarios de tales fincas, ya que éstos, así como sus representantes y administradores, están reputados en el interior de las mismas como agentes de autoridad, al tenor de lo estatuido en el artículo 154 del Código Penal; por tanto, decreta:

Artículo único – Se abroga el Decreto legislativo número 2795, de veintisiete de abril del año en curso.

Del presente decreto, que entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial, se dará cuenta a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el palacio Nacional: en Guatemala a primero de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Este decreto fue parcialmente resucitado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro, ya que cada vez que se extendía el Estado de Alarma o el Estado de Sitio en el país debido a la Guerra Civil que estaba dándose entre el Ejército y las grupos paramilitares por un lado, y las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) por el otro, se incluía un artículo como el siguiente:

Artículo 1°. — Se ratifica el Decreto número 630 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, estableciendo el Estado de Sitio en toda la República por treinta días a partir del 18 de marzo de 1968, limtando el libre ejercicio de las garantías individuales que cita dicho decreto e imponiendo la vigencia de la Ley de Orden Público.[…]

La vigencia del Decreto número 630 del presidente de la República deberá interpretarse en el sentido de que se conservan incólumes los recursos jurisdiccionales que la constitución concede a los habitantes para la defensa de sus recursos.4


NOTA:

  • El mismo presidente Ubico era favorecido con esta disposición, ya que era propietario de la finca cafetalera «Hacienda San Agustín Las Minas«.5

BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 304-305. 
  2. Cardoza y Aragón, Luis (1991). Miguel Angel Asturias: Premio Lenin de la Paz 1965, Premio Nobel de Literatura 1967. Casi Novela. México: Ediciones Era. p. 146.
  3. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, p. 446.
  4. Azurdia Alfaro, Roberto (19) Recopilación de las Leyes de la República de GuatemalaLXXXVII. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 60-61.
  5. Cadenhead, Ivie E. (1974) The Personal Finances of General Jorge Ubico. En: Caribbean Studies. 13 (4). Puerto Rico: Institute of Caribbean Studies, UPR, Rio Piedras. p. 127-133.

19 de diciembre de 1944: elección del presidente Arévalo

En las elecciones presidenciales realizadas del 17 al 19 de diciembre resulta electo por aplastante mayoría el Dr. Juan José Arévalo Bermejo

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Palacion Nacional de Guatemala, que fuera sede del Ejecutivo de 1943 a 1996. En el recuadro: el presidente Arévalo en el despacho presidencial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras los acontecimientos de la Revolución del 20 de octubre de 1944, la Constitución Liberal, decretada por una Asamblea Constituyente plegada a los deseos del general presidente J. Rufino Barrios el 11 de diciembre de 1879,1 fue finalmente derogada.2 Aquella Constitución ha sido la que más tiempo ha estado vigente en el país, ya que la primera constitución del Estado de Guatemala rigió del 1825 a 1838, cuando fue derogada tras el derrocamiento del gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez  por la revolución católico-campesina dirigida por el general mestizo Rafael Carrera;3 posteriormente, hubo un período de facto hasta 1851, cuando se hace la Constitución Conservadora para beneficiar al general Carrera,4 la cual estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1871, en que fue derogada por  el triunfo de la revolución liberal liderada por J. Rufino Barrios y Miguel García-Granados y Zavala.5 Tras otro período de facto en que los presidente liberales gobernaron amparados en el Acta de Patzicía que ellos mismos establecieron el 3 de junio de 1871,6 se emitió la Constitución de 1879, la cual estuvo vigente hasta 1944, aunque con modificaciones realizadas en 1887 y 1897, y una breve suspensión entre el 14 de abril de 1920 y el 5 de diciembre de 1921,6 es decir,entre la caída del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera y el golpe de estado perpetrado por el general José María Orellana.7

La Junra Revolucionaria de Gobierno que se formó tras la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, presidente interino desde la renuncia del general Jorge Ubico ocurrida el 1 de julio de 1944,8 convocó a elecciones a celebrarse del 17 al 19 de diciembre de ese mismo año.  Es conveniente indicar que aquella revolución no fue similar a las que hubo en el siglo XIX, en que eran productos de los criollos conservadores o de los criollos liberales tratando de derrocar a sus acérrimos rivales del poder, sino que se trató de un movimiento urbano de clases medias altas que, aprovechando la debilidad de la United Fruit Company (UFCO) en la región por estar enfocada en la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar el poder.  Y es que la UFCO era una poderosa transnacional estadounidense que se había adueñado del sistema ferroviario de la región centroamericana por medio de la International Railways of Central America (IRCA) y de los puertos guatemaltecos por medio de la Great White Fleet, y de esta forma tenía el monopolio del transporte de bienes y pasajeros en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la complicidad de los gobiernos a los que había ayudado a llegar al poder.9

En las elecciones de diciembre de 1944 se permitió por primera vez el voto femenino y el de los analfabetos, y los requisitos para ser candidato eran únicamente, ser guatemalteco natural, mayor de 35 años y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos; además no era necesario que los candidatos estuvieran forzosamente inscritos en alguna organización política para ser postulados, únicamente bastaba el registro electoral.10 Sin embargo, los partidos que se formaron tras la Revolución de Octubre buscaron al candidato ideal que no estuviera relacionado ni con los liberales ni con los conservadores y fue así como el partido de los estudiantes universitarios, llamado «Frente Popular Libertador«, se decidió por el Dr. Arévalo Bermejo, éste era un distinguido maestro egresado de la Escuela Normal para Varones a quien ya apoyaban un groupo de sus ex-compañeros de clases.  Cuando se supo que lo estudiante apoyaban la candidatura de Arévalo, ésta fue acogida de tal manera que éste se convirtió en un personaje distinguido y aclamado en muchas ciudades de país. Por otra parte, habían surgido otros movimientos políticos, como el «Partido Social Democrático«, el cual estaba integrado por abogados en su mayoría conservadores y liderados por un militar distanciado del general Ubico, el coronel Guillermo Flores Avendaño. El otro grupo era la «Unión Cívica«, encabezada por Jorge Toriello Garrido, quien era uno de los triunviros que formaban al Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con el mayor Francisco Javier Arana, quien también fue candidato presidencial, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán.​11

Sin embargo, la popularidad de la candidatura de Arévalo llegó a tal grado, que el grito «¡Viva, Arévalo!«, se escuchabra por todos lados, incluyendo los mítines de sus oponentes; por ejemplo, cuando el licenciado Adrián Recinos llevó a cabo la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Lux en el Centro de la Ciudad de Guatemala, justo en el momento en que se abrió el telón se escuchó un débil grito de «¡Viva, Arévalo!«, lo que bastó para que el público que abarrotaba el teatro estallara en una ovación para el Dr. Arévalo, lo que finalmente provocó que el licenciado Recinos y sus colaboradores se retiraran sin poder exponer ninguno de sus puntos, y bajo una lluvia de improperios.12

Las elecciones se realizaron en total calma y al realizarse el escrutinio se comprobó el triunfo arrollador de Arévalo, un profesional que había obtenido un doctorado en pedagogía en la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a una beca otorgada por los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón. Arévalo promovía el socialismo espiritual, como su principio de gobierno, con la intención de agregar a las clases más necesitadas a los programas de gobierno; años después,definió su política de gobierno de esta forma: «En materia de métodos de gobierno somos democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones.13

Los resultados de aquellas elecciones se presentan a continuación, mostrando la abrumadora mayoría con la que resultó electo el Dr. Arévalo:11

Candidato Datos Votos %
Dr. Juan José Arévalo   255,660 86.3
Lic. Adrián Recinos Funcionario de varios gobiernos liberales y experto en el estudio de escritos mayas 20,949 7.0
Ing. Manuel María Herrera Cordón Nieto del licenciado del mismo nombre que fue Ministro del gobierno del general J. Rufino Barrios y sobrino del licenciado homónimo que representó a Guatemala en el nefasto tratado de límites con México en 1882.14 11,062 3.7
Coronel Guillermo Flores Avendaño Militar allegado al general Lázaro Chacón,15 quien se había distancia del general Ubico por la enemistad entre éste y Chacón 8,230 2.8
Coronel Teodoro Díaz M.   342 0.1
Lic. Bernardo Alvarado Tello   115 0.0
Coronel Ovidio Pivaral   22 0.0
Mayor Francisco Javier Arana Miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y uno de los líderes de la revolución del 20 de octubre. 12 0.0
Lic. Clemente Marroquín Rojas Patriarca de los periodistas guatemaltecos y enemigo personal del general Jorge Ubico.  Regresó del exilio tras la renuncia de éste.16 5 0.0
José Gregorio Díaz   5 0.0
Luis Cardoza y Aragón Escritor izquierdista 3 0.0
General Miguel Ydígoras Fuentes Ex-jefe político de varios departamentos durante el gobierno del general Jorge Ubico 2 0.0
Lic. Humberto Robles   2 0.0
Jorge Toriello Garrido Miembro de la Junta Revolucionaria de gobierno y uno de los líderes de la revolución del 20 de octubre. 2 0.0
Dr. Julio Bianchi Respetado médico conservador que había formado parte del Partido Unionista que derrocó al Licenciado Manuel Estrada Cabrera y fue embajador de Guatemala en EEUU durante el gobierno de Carlos Herrera.17 Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18 1 0.0
Bachiller Manuel Galich Líder del Frente Popular Libertador, el partido de los estudiantes universitarios. Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18 1 0.0
Lic. Eugenio Silva Peña   1 0.0
Totales 296,214 99.9

Aquel socialismo espiritual que era el fundamento del gobierno arevalista iba en contra de la forma de gobierno que las élites criollas guatemaltecas y la UFCO habían establecido en el país, por lo que su gobierno estuvo bajo ataque tanto por los contrarevolucionarios como por el gobierno de los EEUU,13 aunque también ayudó a formar la Legión del Caribe, para intentar patrocinar revoluciones en otros país de la región en los que la UFCO tenía el control de la situación.19


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  2. Rodríguez de Ita, G. (2003). «La participación política en la primavera guatemalteca: una aproximación a la historia de los partidos durante el período 1944-1954»Google books. Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 9789688358122.
  3. Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
  4. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio.
  5. Woodward, Ralph Lee, Jr. (2002). «Rafael Carrera y la creación de la República de Guatemala, 1821–1871»Serie monográfica (CIRMA y Plumsock Mesoamerican Studies) (12). ISBN 0-910443-19-X. p. 335.
  6. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-4.
  7. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. Tomo II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  8. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
  9. Bucheli, Marcelo; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala»Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  10. Galicia, Néstor (16 de diciembre de 2016). Las elecciones de 1944: libertad y transparencia. Guatemala: Prensa Libre.
  11. Promoción 66 Liceo Guatemala (26 de abril de 2007) «Evocación de un presidente digno: Juan José Arévalo». Guatemala: Ex-alumnos del Liceo Guatemala.
  12. Herrera Sanjosé, Víctor Manuel (1985)  «¡Viva Arévalo!«. Guatemala: inédito.
  13. Poitevin, René (s.f.) Arévalo, un Hombre de su Tiempo. En: Actas del Encuentro «Juan José Arévalo». Guatemala. p. 19.
  14. Lainfiesta, Francisco (1885) Apuntamientos para la historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 191-192.
  15. Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“.  Guatemala: Nuestro Diario.
  16. Diario La Hora (3 de julio de 1920). Diario La Hora en su primera época; 100 años. Guatemala: Diario La Hora.
  17. Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
  18. Estrada, A. (1979). Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. pp. 559-574.
  19. Aguilar Bulgarelli, Oscar (1974). Costa Rica y sus Hechos Políticos de 1948. San José, Costa Rica: EDUCA.

9 de diciembre de 1944: se deroga la constitución de 1879

Se deroga la constitución de 1879, según el decreto 18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno

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Los triunviros de la Junta Revolucionaria de Gobierno: ciudadano Jorge Toriello, teniente coronel Francisco Javier Arana y mayor Jacobo Arbenz. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Tras la revolución de octubre de 1944 que derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, la Junta revolucionaria emitió el decreto 18, derogando la constitución de 1879 el 28 de noviembre de 1944, y la Asamblea Legislativa lo aprobó el 9 de diciembre de ese mismo año, convocando a una Asamblea Constituyente que emitió la nueva constitución de la República el 15 de marzo de 1945.1,2

En ese decreto, se dejaron vigentes los títulos I, II, III, V y VI de la constitución de 1879, tal y como estaban antes de las reformas que hizo el general Jorge Ubico el 11 de julio de 1935 mientras se escribía la nueva constitución.  Los títulos indicados eran los siguientes:

  • Título I: de la Nación  y sus Habitantes
  • Título II: de las Garantías
  • Título III: del Poder Legislativo
    • Sección 1a.: organización del poder legislativo
    • Sección 2a.: atribuciones del poder legislativo
    • Sección 3a.: de la formación y sanción de la ley
    • Sección 4a.: de la comisión permanente
  • Título V: del Poder Judicial
  • Título VI: del Gobierno de los Departamentos y de las Municipalidades1,2

Se reproducen las porciones más importantes del decreto Número 18 por su importancia histórica:

La Junta Revolucionaria de Gobierno,

Considerando:

Que de acuerdo con la Declaración de Principios hecha el día de hoy en Decreto número diecisiete, procede dictar las medidas a que debe sujetarse la organización política-administrativa del país,

Por tanto, decreta:

Artículo 1.°— se deroga totalmente la Constitución de la República.

Artículo 2.°— mientras la Asamblea Nacional Constituyente dicta la nueva Carta fundamental, se claran en vigor los títulos I, II, III, V y VI de la Constitución existente antes de las reformas del once de julio de mil novecientos treinta y cinco, con las siguientes modificaciones:

Artítulo 3°.— el Artículo 8°., Título I queda así: «Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de diez y ocho años que sepan leer y escribir o tengan renta, industria, oficio o profesión que les proporcione medio de subsistencia». […]

Artículo 5°.— el Artículo 18.° del mismo título, queda así: «La instrucción primera es obligatoria; la sostenida por la Nación es laica y gratuita. La Universidad Nacional es autónoma.»

Artículo 6.°— la fracción 2a. del artículo 22, del mismo título, queda así: «La fuerza arma es una institución apolítica, no puede ejercer los derechos de petición y de sufragio, ni deliberar, salvo en los asuntos relativos a su propia organización y demás que autorice la Ley Constitutiva del Ejército.» […]

Artículo 11.°— el presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio Nacional: ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Publíquese y cúmplase.

El 9 de diciembre de 1944, la Asamblea Legislativa, entonces presidida por el dramaturgo Manuel Galich y Alfonso Bauer Paiz, ratificó este decreto y convocó a elecciones de una Asamblea Legislativa para redactar la nueva constitución política de la República.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Asamblea Legislativa (1944): Constitución de la República de Guatemala con todas sus reformas, vigente hasta el 28 de noviembre de 1944, en que fue derogada por Decreton Número 18 de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Guatemala: Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala.
  2. Asamblea Nacional Constituyente (1899). Ley constitutiva de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879 y reformada por el mismo Alto Cuerpo en 5 de noviembre de 1887 y 30 de agosto de 1897; para uso de las escuelas. Guatemala: Tipografía Nacional.
  3. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945.. LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 455-456.

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1 de diciembre de 1944: decretan la autonomía universitaria

Entra en vigor el decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno que autoriza definitivamente la autonomía económica y administrativa de la Universidad Nacional

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El paraningfo universitario, en 1920.  En 1944 se celebró allí la ceremonia en que se le otorgó la autonomía jurídica y administrativa a la Universidad Nacional. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La autonomía de la Universidad Nacional inició el 1 de diciembre de 1944, mediante el decreto No. 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el cual se reproduce a continuación por su importancia histórica:1

Decreto No. 12

La Junta Revolucionaria de Gobierno

Considerando: Que uno de los anhelos más legítimos de los sectores intelectuales del país, ha sido la organización de la Universidad Nacional en forma que corresponda a las realizaciones de auténtica cultura que el pueblo esperaba de ella;

Considerando: Que fue fermento valioso de la revolución trascendental que vivimos, la decisión de estudiantes y profesionales dignos, de llegar a la autonomía universitaria para poner al Alma Mater a salvo de las agresiones dictatoriales que la habían convertido en mera fábrica de profesionistas, donde la libre investigación era anulada, y el pensamiento perdía toda su eficacia, al quedar bajo control hasta en sus más mínimos detalles;

Considerando: Que la investigación de los numerosos problemas que confronta el país y la difusión de la cultura exigen nueva orientación para la Universidad, y libertad para decidir acerca de su organización, propósitos y fines;

Por tanto: en uso de las facultades que le confiere el artículo 77 de la Constitución de la República, en su inciso 23, decreta:

Artículo 1°.— La Universidad Nacional de San Carlos, con sede en la capital de la República, es autónoma en el cumplimiento de su misión científica y cultural, y en orden administrativo.

Artículo 2°.— La Universidad Nacional tiene la personalidad jurídica necesaria para el desarrollo de sus fines y para adquirir, administrar, poseer y enajenar bienes, contraer obligaciones y ejercer toda clase de acciones de acuerdo con la ley.

Artículo 3°.— Integran la Universidad Nacional, las siguientes facultades: de Ciencias Jurídicas y Sociales; de Ciencias Médicas; de Ciencias Económicas; de Ciencias Naturales y Farmacia; de Ingeniería; de Odontología; de Humanidades; y las demás facultades e institutos que en lo sucesivo se establezcan.

Artículo 4°.— Mientras se emite la nueva Ley orgánica de la Universidad Nacional y los correspondientes estatutos y reglamentos, estarán en vigencia las leyes que la rigen, en cuanto no afecten el espíritu del presente Decreto.

Artículo 5°.— El Ejecutivo dispondrá la manera de asegurar la autonomía económica de la Universidad Nacional.

Artículo 6°.— La Ley Orgánica decidirá la forma en que el Ejecutivo verificará la suprema inspección que le corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, inciso 7°., de la Constitución de la República.

Artículo 7°.— Este Decreto entrará en vigor el día primero de diciembre próximo entrante, y se dará cuenta de él a la Asamblea Legislativa de la República en sus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el Palacio Nacional: en Guatemala, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945): Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 448-449.

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28 de noviembre de 1944: Junta Revolucionaria modifica la estructura del gobierno

La Junta Revolucionaria de Gobierno emite el Decreto No. 17 por medio del cual se modifica completamente la estructura del gobierno

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El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944.  En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general conservador Rafael Carrera,1 hasta la caída del general Federico Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944,2 el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.

No importando la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como «Benemérito de la Patria«,3 «Supremo Gobierno«,1 «Excelentísimo Señor Presidente«, «Caudillo Adorado de los Pueblos» etc., mientras que la población indígena se refería al gobernante o a los mandos militares como «Tata» —por ejemplo, a Rafael Carrera le decían «Tata Rafa«, a J. Rufino Barrios le decían «Tata Rufo«; y al mariscal Serapio Cruz le decían «Tata Lapo«—.

Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales. Desafortunadamente, el resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.

El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:4

Decreto Número 17

La Junta Revolucionaría de Gobierno,

CONSIDERANDO: que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;

CONSIDERANDO: que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;

CONSIDERANDO: que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;

CONSIDERANDO: que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;

CONSIDERANDO: que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;

CONSIDERANDO: que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;

CONSIDERANDO: que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;

CONSIDERANDO: que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;

CONSIDERANDO: que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;

CONSIDERANDO: que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;

CONSIDERANDO: que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen; POR TANTO, DECRETA:

ARTICULO 1.°- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:

I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado.
II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente.
III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente
IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece.
V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros.
VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial.
VII.— Autonomía de la Universidad Nacional.
VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular.
IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla.
X. — Efectiva probidad administrativa.

Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.

Artículo 2.°— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.

Artículo 3°.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.

Artículo 4°. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.

Artículo 5°.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.

Artículo 6°.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.

Artículo 7°.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.

Artículo 8°.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.

Artículo 9°.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.

Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Comuníquese y cúmplase.

        • Francisto Javier Arana
        • Jacobo Arbenz
        • Jorge Toriello
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Juan Córdova Cerna
        • El Secretario de Estado en el Despachode Relaciones Exteriores, E. Muñoz Meany
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública, Jorge Luis Arriola
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Rafael Pérez de León
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Orellana, h
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Pedro G. Cofiño
        • El Delegado de la Junta Encargado del Despacho de Guerra, Francisco J. Arana
        • El Secretario de Estado sin Cartera, F. Silva Peña4

BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 73-76.
  2. Móbil, José Antonio (2010). La Década Revolucionaria 1944-1954. Guatemala: Serviprensa Centroamericana. ISBN 978-9929-554-42-9.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1908) Recopilacion de las Leyes de la República de Guatemala, 1900-1901. Guatemala: Arturo Siguere y Cía. pp. 253-254.
  4. Junta Revolucionaria de Gobierno (28 de noviembre de 1944). Decreto 17.  Guatemala: Tipografía Nacional.

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3 de mayo de 1946: el Congreso aprueba la Ley de Titulación Supletoria

3mayo1946
Los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno ingresando al Congreso de la Republica para el acto de toma de posesion del president electo, Dr. Juan José Arévalo Bermejo en 1945.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El 5 de marzo de 1945 la Junta Revolucionaria de Gobierno que gobernaba a Guatemala tras el derrocamiento del general Federico Ponce Vaides decretó la Ley de Titulación Supletoria, por medio del decreto Número 70, el cual fue aprobada por el Congreso de la República según decreto 232 del 3 de mayo de 1946, ya cuando gobernaba el presidente Juan José Arévalo Bermejo. Esta ley, cuya intención buscaba favorecer a las personas carentes de título legal de propiedad, habia sido propuesta originamente en 1925 y fue retomada por los gobiernos revolucionarios con el fin de dar a las personas que carecen de título legal «todas las facilidades necesarias para que puedan titular las tierras que poseen y trabajan legítimamente, siempre que no se lesionen los derechos de terceros«, y siempre que comprueben ante un tribunal «su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años«.1

En la práctica, la ley buscaba crear los mecanismos legales para garantizar la posesión de la tierra a quienes la cultivasen desde hacía al menos diez años, y contenía un procedimiento relativamente fácil:

    1. Presentar ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud con informaciones sobre la superficie, situación y condiciones de adquisición de la tierra.
    2. Cuando la solicitud había sido aceptada, el tribunal se encargaba de pasar en el diario oficial tres publicaciones en un intervalo de un mes.
    3. Paralelamente, la municipalidad que aseguraba la jurisdicción de la tierra verificaba si la información presentada por el solicitante era o no exacta.
    4. Una vez todo estaba en orden, la confirmación de la atribución definitiva del título de propiedad concernía al Ministerio Público.2

Aunque la titulación supletoria aprobada por la Junta Revolucionaria de Gobierno no se circunscribía a los campesinos, la amplitud de los preceptos del decreto 70 en lo relativo al tamaño de las posesiones sujetas a titulación, dejan ver con claridad que, salvo las comunidades campesinas, los únicos poseedores de grandes extensiones de tierra como las que señala la ley, no podían ser campesinos.

La parte conducente de la ley decía así:

Artículo 1º—El poseedor de bienes inmuebles que carezca de título inscribible en el Registro de la Propiedad Inmueble, puede solicitar en la vía voluntaria su titulación ante un Juzgado de Primera Instancia, probando plenamente su posesión legítima, continua, pacífica y pública, durante un término no menor de diez años. El interesado podrá agregar la posesión de su antecesor o antecesores a la que él tenga en la fecha de su solicitud.1

No podrá extenderse título supletorio de extensiones de terreno mayores de quinientas hectáreas (11 caballerías y 1/10), salvo que se trate de terrenos labrados o cultivados, en cuyo caso el título supletorio podrá amparar cualquier extensión, siempre que esta no exceda de 4,502 hectáreas (100 caballerías).

Las personas extranjeras, naturales o jurídicas, deberán, para obtener título supletorio, probar además que los inmuebles que deseen titular, ya sean rústicos o urbanos, están destinados exclusivamente al desarrollo o incremento de su negocio principal.2

Después del golpe de Estado de Carlos Castillo Armas en 1954, la Ley de Titulación Supletoria produjo efectos opuestos a los buscados originalmente, al punto que durante los años setenta, numerosos conflictos entre campesinos y hacendados estallaron en la Franja Transversal del Norte —conformada por los departamentos del Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango e Izabal—,  y que era un área en donde los gobiernos militares que gobernaron Guatemala entre 1970 y 1982 encontraron grandes reservas de minerales y de petróleo, tras lo cual se produjeron los hechos más violentos de la Guerra Civil de Guatemala.3,4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 527
  2. Ibid., pp. 528-529.
  3. Solano, Luis (2012). Contextualización histórica de la Franja Transversal del Norte (FTN). Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG. Archivado desde el original el 31 de noviembre de 2014.
  4. Collectif (2011). «PERENCO: explotar petróleo, cueste lo que cueste». Collectif Guatemala (Guatemala). Archivado desde el original el 18 de febrero de 2015.

20 de octubre de 1944: revolución cívico-militar derroca a Ponce Vaides

Una revolución cívico-militar derroca al gobierno del general Federico Ponce Vaides

20octubre1944
La Junta Revolucionaria de Gobierno. De izquierda a derecho: el capitán Jacobo Arbenz, el ciudadano Jorge Toriello y el mayor Francisco Javier Arana.  Imagen de la revista Life, tomada de Wikimedia Commons.

La «Revolución de Octubre» o «del 20 de octubre», fue un movimiento cívico-militar ocurrido el 20 de octubre de 1944  que derrocó al Gobierno de facto del general Federico Ponce Vaides.

Aprovechando la debilidad de la empresa transnacional estadounidense United Fruit Company por estar inmersa en la Segunda Guerra Mundial, el descontento de la población urbana guatemalteca con el gobierno liberal totalitario del general Jorge Ubico se manifestó siguiendo el ejemplo dado por la población urbana salvadoreña que derrocó al dictador generla Maximiliano Hernández martínez en mayo de 19441 hasta obligarlo a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar conformado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Vaides.2,3

De acuerdo a la constitución vigente en ese entonces, el triunvirato militar debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar al gobierno de Ubico para exigir a la Asamblea Legislativa que se designara como presidente interino al Dr. Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario el 4 de julio de 1944.4​ Sin embargo, al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema, irrumpieron en el recinto legislativo un contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de cadetes de la Escuela Politécnica al mando del capitán Jacobo Árbenz Guzmán y desalojaron a todos menos a los diputados, a quienes ordenaron nombrar a Federico Ponce como presidente.5,6

Árbenz Guzmán, al darse cuenta de las intenciones de Ponce, pidió su baja inmediata como militar y se dedicó junto a su amigo Jorge Toriello Garrido a conspirar contra el Gobierno de Ponce. Contactaron al mayor Francisco Javier Arana, quién puso a su disposición unos tanques de combate y entre la medianoche del 19 y el mediodía del 20 de octubre, universitarios, empresarios, militares y obreros derrocaron al gobierno de Ponce Vaides por la fuerza utilizando armas que miembros del ejército proporcionaron a los alzados.7

Tras feroces combates los revolucionarios se impusieron y los cabecillas, quienes formaron una Junta Revolucionaria de Gobierno, le pidieron su renuncia por teléfono al general Ponce, quien accedió mediante intermediarios en presencia del cuerpo diplomático y de los jefes revolucionarios reunidos en la Embajada de los Estados Unidos.  Tras esa reunión se levantó el acta siguiente:8

Acta suscrita ante el Cuerpo Diplomático

La junta revolucionaria integrada por el mayor Francisco Javier Arana, el capitán Jacobo Árbenz y el señor Jorge Toriello, asumió en la tarde de hoy el poder ejecutivo de la nación, después de haber sido suscrito ante el cuerpo diplomático acreditado en la república el convenido de transmisión del gobierno, que dice así:​

En Guatemala el día 20 de octubre de 1944, a las 12 horas, se reunió el cuerpo diplomático en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y recibió a los representantes del gobierno del señor general Federido Ponce V., señores licenciado Luis Barrutia, coronel Francisco Andrade Guzmán, y mayor Humberto García Gálvez, y a las fuerzas militares revolucionarias y del pueblo armado que los acompaña, señores mayor Francisco Javier Arana, capitán Jacobo Árbenz y don Jorge Toriello.  Asistió también el señor general don Miguel Ydígoras Fuentes, quien aunque no participante de la revolución, ha sido elegido como garante por los representantes revolucionarios.

Después de detinada consideración se llegó a las siguientes conclusiones:

      1. Deberán salir del país el presidente de la república general Federico Ponce Vaides; los secretarios de estado, excepción hecha de don Mariano Pacheco Herrarte; los jefes de los cuerpos militares de la capital, a saber: general Fidel Torres Guzmán, coronel Cesáreo Alfonso Argueta y el señor comandante de armas de la plaza, general Cenobio Castañeda.
      2. Serán respetados los bienes que legalmente les corresponden a las personas designadas en el número anterior.
      3. Las tropas acatarán las órdenes que debe girar el presidente de la república, general Ponce, para que se entreguen inmediatamente y desarmadas para ser concentradas en los locales que designe la junta revolucionaria e incluyendo a las tropas que se encuentran en el Palacio Nacional y demás guarniciones militares de la república y al cuerpo de policía.
      4. El Cuerpo diplomático amparará el asito del señor presidente Ponce y su séquito en las misiones diplomáticas en que se recogerán mientras abandonen el país.

Se hace constar que el mando del gobierno de la república lo asume inmediatamente la junta revolucionaria ya mencionada.

En fe de lo cual se firma esta acta en triplicado con los representantes de ambas pates ya nombradas y los miembros del cuerpo diplomático acredita en Guatemala.

        • Luis Barrutia
        • H. García Gálvez
        • F. Andrade G.
        • Jacobo Árbenz
        • Francisco Arana
        • Jorge Toriello
        • Siguen las firmas de los miembros del cuerpo diplomático
        • Miguel Ydígoras Fuentes, general de brigada
        • W.C. Affel, encargado de negocios de los Estados Unidos.8

Como se ve entonces, y contrario a lo que se ha hecho ver en la tergiversada historia moderna de Guatemala, la Revolución de Octubre no fue un movimiento comunista en favor de las masas mayoritarias, sino que fue un alzamiento urbano que aprovechó la debilidad del gobierno liberal para conseguir un cambio en la forma en que se gobernaba en el país, tras casi cien años de prolongadas dictaduras, dando paso a las capas medias urbanas a llegar al poder;9 entre los alzados había criollos conservadores, obreros y estudiantes universitarios —quienes en esa época apenas llegaban a dos mil en total y provenían de las clases más pudientes del país en su mayoría.10

No fue fue sino hasta que llegó el teniente coronel Jacobo Árbenz a la presidencia en 1951 que —con su particular y notoria falta de diplomacia— empezó el ataque frontal en contra los monopolios de la transnacional United Fruit Company, así como en contra de otros intereses estadounidenses en el país y los de las élites cafetaleras locales,11,12 ante lo cual la poderosa frutera utilizó todos sus recursos e influencia en el gobierno del general Dwight Eisenhower para que se declarara a Guatemala como una amenaza comunista para el continente.13


BIBLIOGRAFIA:

  1. Luna, David. Análisis de una dictadura fascista latinoamericana. Maximiliano Hernández Martínez 1931-1944.  El Salvador: En La Universidad. pp. 52-53.
  2. Méndez, Rosendo P. (1945). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. 310.
  3. Ibid, pp. CLXXXI, CLXXXII.
  4. Cardoza y Aragón, Luis (s.f.). «Diez años de primavera en el país de la eterna dictadura». Página de la literatura guatemalteca.
  5. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. pp. 309-310.
  6. Ibid, p. 310.
  7. Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo 1: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica.
  8. Méndez, Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1944-1945. p. 439.
  9. Pinelo López, Marco Tulio; Arredondo Crasborn, Iván (2012). «Origen de la celebración del día del normalista – 25 de septiembre». Servicios Técnicos Arredondo (Petén, Guatemala).
  10. Guzmán-Böckler, Carlos (1998). La Huelga de Dolores que conocí con mi generación (1947-1977). Guatemala: Editorial Universitaria.
  11. Marroquín Rojas, Clemente (1952). «Los ricos con el agua al cuello». Impacto (Guatemala): 1.
  12. Azurdia Alfaro, Roberto (1959) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1952-1953. LXXI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 20-21.
  13. Cullater, Nick. (1994) The United States and Guatemala. 1952-1954. (en ingles). Washington, D.C.: Central Intelligence Agency.

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