9 de julio de 1884: el gobierno del general J. Rufino Barrios establece multas para los curas párrocos que bauticen recién nacidos que no hayan sido inscritos en el Registro Civil

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Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902.  Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.

La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898.  Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.

A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.

En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:

Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.

Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:

  1. Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
  2. Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
  3. Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes.  Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente. 
  4. Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
  5. Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
  6. El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
  • J. Rufino Barrios
  • Díaz Mérida

BIBLIOGRAFIA:


1 de julio de 1823: la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente da el nombre de Provincias Unidas del Centro de América a las que formaban el antiguo Reino de Guatemala


Mapa de la region ocupada por las Provincias Unidas del Centro de América.  En negro aparece el enclave británico de Belice.  Imagen tomada de Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union, fondée par la Compagnie Belge de Colonisation

Uno de los primeros actos de la recién formarda Asamblea Nacional Constituyente en 1823 fue denunciar la Anexión al Primer Imperio Mexicano y declarar la independencia absoluta del antiguo Reino de Guatemala y llamarlo  Provincias Unidas del Centro de América temporalmente en lo que se redactaba una constitución y se le daba un nombre definitivo.  A esta Asamblea no habían llegado representantes de León ni Granada (en la actual Nicaragua) ni tampoco de Costa Rica y Chiapas (esta última porque prefirió mantenerse anexada a México).

Reproducimos el Acta en su integridad dada su importancia histórica:

Decreto de la Asamblea nacional constituyente de 1.° de julio de 1823.

Los representantes de las provincias unidas del Centro de América, congregados á virtud dé la convocatoria dada en esta ciudad a 15 de setiembre de 1821 y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos nuestros comitentes: sobre su recíproca unión: sobre su gobierno; y sobre todos los demas puntos contenidos en la memorable acta del citado dia 15 de setiembre que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de este vasto territorio, ya que se han adherido posteriormente todos los demás que hoy se hallan representados en esta asamlea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez que exije la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, asi la acta expresada de setiembre de 1821, y la de 5 de enero de 1822, como también el decreto del gobierno provisorio de esta provincia de 29 de marzo ultimo, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión.

Después de traer á la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado Reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar á esta asamblea todas las luces posi
bles acerca de los puntos indicados; teniendo presente cuanto puede requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado y tomando en consideración:

PRIMERO.

Que la independencia del gobierno español ha sido y es necesaría en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme á los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del nuevo mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo separada por un océano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó á la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad á que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la nación española y la conducta que ésta observó constantemente desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo Reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los últimos meses de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

SEGUNDO

Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1821 y principios de 1822, fue una expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos: que por estos principios la representación nacional del estado mejicano, jamás aceptó expresamente ni pudo con derecho a aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros comitentes: que es opuesta a su voluntad y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles, exigen que las provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyan por sí mismas y con separación del Estado mejicano.

Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre, con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

  1. Que las expresadas provincias representadas en esta asamblea, son libres e independientes de la Antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.
  2. Que en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.
  3. Que las provincias sobredichas, representadas en esta asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán por ahora y sin perjuicio de lo que se resuelva en la constitución que ha de formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta sambblea: que se comuniquen a las provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo que se acordará oportunamente, se comunniquen también a los gobiernos de España, de Méxijo y de todos los demás estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala al 1.° de julio de 1823.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. 

BIBLIOGRAFIA:


29 de junio de 1823: se inician las sesiones de la primera Asamblea Constituyente en Centroamérica


Fuente de la Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción, que estaba frente al Palacio Colonial, en donde se realizó la primera reunión de la Asamblea Constituyente en el mismo salón en el que se firmó el Acta de Independencia en 1821.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La Primera Asamblea Constituyente de Centroamérica que había sido instalada el 24 de junio de 1823 inició sus sesiones el 29 de junio de ese año a instancias del jefe politico del extinto Primer Imperio Mexicano, el general Vicente Filísola.   El primer acto que se hizo fue circular el acta inagurual de la Asamblea a todos los miembros de las Provincias Centroamericanas.

Reproducimos a continuación el acta, para que nuestros lectores se den cuenta de la  enorme influencia que tenia el Ayuntamiento de los criollos aristócratas y la Iglesia Católica.  Además, es importante destacar que la  mayoría de los representantes era de Guatemala, seguidos de un número considerable de representantes de El Salvador y unos cuantos de Honduras.  Las otras provincias no tenían representantes.

En la ciudad de Guatemala á veinticuatro de junio de mil ochocientos veintitrés, dia señalado para la instalación del congreso á que convocó el acta de 15 de
setiembre de 1821, se reunieron en el palacio del gobierno los representantes cuyos poderes estaban aprobados, la diputación provincial, la audiencia territorial, el ayuntamiento, claustro de doctores, consulado, colegio de abogados, gefes militares y de rentas, y prelados regulares; y, presididos por el mismo geje político, se dirigieron á implorar el auxilio divino á la iglesia catedral, donde el muy reverendo arzobispo celebró de pontifical y se pronunció tambien un discurso análogo de las circunstancias, por el eclesiástico encargado de ello.

Después se procedió al juramento que debian prestar los diputados. El secretario de gobierno, usando de la fórmula prevenida en el ceremonial, les preguntó: “¿juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que los pueblos vuestros comitentes han puesto á vuestro cuidado, mirando en todo por el bien y prosperidad de los mismos pueblos?” contestaron: “sí juramos:” y pasaron á tocar el libro de los evangelios, que se hallaba al intento colocado en una mesa en el presbiterio.

De catedral salieron para el ediñcio del congreso acompañados de las mismas autoridades. Las calles del tránsito estaban guarnecidas de tropas, que hicieron los honores debidos á la representación nacional; un numeroso concurso esperaba el momento de la instalación, y en medio de sus demostraciones de regocijo, llegó la comitiva al salón de las sesiones.

El presidente de las juntas preparatorias tomó su asiento, y el gefe político que ocupaba el del lado izquierdo, hizo, antes de despedirse, un pequeño discurso, manifestando la complacencia que sentía al ver realizados en la instalación del congreso los votos de Guatemala, y congratulándose de haber contribuido á llenar tan justos deseos. Dio también un papel en que dijo estar consignados sus sentimientos.

El señor presidente le contestó: que los representantes estaban penetrados del interés que tomaba por la felicidad de estas provincias.

Las autoridades se despidieron con el gefe; y luego que regresó la comisión nombrada para acompañarlas, se anunció que iba a tratarse de la elección de presidente, vice-presidente y cuatro secretarios. Se procedió á la de presidente, y fué electo el señor Delgado con treinta y siete votos, teniendo dos el señor Dávila, y otros dos el señor Molina.

En la de vice-presidente reunió catorce votos el señor Dávila; once el señor Barrundia; ocho el señor Molina; siete el señor Barrutia, y uno el señor Cañas (don Simeón), y como ninguno obtuvo la mayoría se procedió á nueva elección entre los señores Dávila y Barrundia. De esta vez resultó electo el primero con veintisiete votos.

Por veintitrés fué nombrado para primer secretario el señor Sosa; el señor Gálvez habia tenido diez, el señor Córdova (don Mariano) seis, el señor Alcayaga uno, y otro el señor Córdova (don José Francisco).

Para segundo secretario resultó electo el señor Gálvez, por treinta y nueve votos. Tuvo los dos restantes el señor Córdova (don José Francisco.)

Para tercer secretario, el señor Córdova (don Mariano) que reunió treinta y tres votos. El señor Córdova (don José Francisco) tenia cuatro, el señor Dieguez tres, y uno el señor Cañas (don Antonio) .  Por veintiséis fué nombrado cuarto secretario el señor Vasconcelos, teniendo cinco el señor Dieguez, tres el señor Cañas (don Antonio), igual número el señor Estrada, dos el señor Menéndez (don Isidro), uno el señor Sánchez V otro el señor Azmitia.

Publicadas estas elecciones, que merecieron aplausos de las galerías, el señor Dávila cedió el asiento de presidente al señor Delgado. Los señores Sosa y Gálvez siguieron ocupando los que tenían como secretarios de las preparatorias, y los señores Córdova y Vasconcelos toman los que les correspondan.

El señor presidente puesto en pié, como los demás representantes, pronunció: ”El Congreso está solemnemente constituido é instalado.”

A continuación nombró una comisión compuesta de los señores Valenzuela y Menéndez (don Marcelino) para que llevasen al gobierno el parte oficial concebido en estos términos:  ‘El congreso general de estas provincias se ha declarado hoy 24 de junio de 1823, solemnemente constituido é instalado, después de haber elejido un presidente, un vice-presidente y cuatro Secretarios. Recayó el nombramiento de presidente en el señor don José Matías Delgado, diputadlo por el partido de San Salviulor. el de vice-presidente en el señor don Fernando Antonio Dávila, diputado por el de Sacatepéquez. y el de secretarios en los que suscribimos, y representamos por los de San Salvador, Totonicapam, Huehuetenango y San Vicente, según el orden de nuestras firmas.’

La comisión salió a palacio, previo aviso que se habia dado al jefe político para que se sirviera esperarla.

El congreso continuó reunido, hasta que, regresada la comisión, entregó la respuesta del gefe político, que uno de los secretaries leyó en la tribuna, y es como sigue: ”Con la más viva satisfacción, me he impuesto por el parte oficial de VV. SS. que he recibido en este momento, de quedar constituido e instalado solemnemente el congreso general de estas provincias, habiendo sido nombrado por su presidente el excelentísimo señor don José María Delgado, por vice-presidente el señor don Femando Antonio Dávila VV. SS. de secretarios. Ruego á VV. SS. se sirvan manifestar á su soberanía mi complacencia al ver realizados los votos de la opinión general, que tuve el honor de interpretar el 29 de marzo último, y felicitarla á mi nombre con la más cordial enhorabuena.”

El señor presidente dio por concluido el acto, señalando para la apertura y primera sesión del congreso, el domingo 29 del presente mes.

  • José Matías Delgado, diputado por San Salvador, presidente.
  • Femando Antonio Dávila diputado por Sacatepéquez, vice-presidente.
  • Pedro Molina, diputado por Guatemala.
  • José Domingo Estrada, diputado por Chimaltenango.
  • José Francisco Córdova, diputado por Santa Ana.
  • Antonio José Carías, diputado por Cojutepeque.
  • José Antonio Ximénez, diputado por San Salvador.
  • Mariano Beltranena, diputado suplente por San Miguel.
  • Juan Miguel Beltraniena, diputado por Coban.
  • Domingo Dieguez, diputado suplente por Sacatepequez.
  • Isidro Menéndez, diputado por Sonsonate.
  • Marcelino Menéndez, diputado por Santa Ana.
  • José Mario, Herrarte, diputado suplente por Totonicapam.
  • Simeón Cañas, diputado por Chimaltenango.
  • Miguel Ordonez, diputado por San Agustín.
  • José Francisco Barrundia, diputado por Guatemala.
  • Felipe Márquez, diputado suplente por Chimaltenango.
  • Felipe Vega, diputado por Sonsonate.
  • Pedro Campo Arpa, diputado por Sonsonate.
  • Cirilo Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Flores, diputado por Quezaltenango.
  • Vicente Villacorta, diputado por San Vicente.
  • Ciriaco Villacorta , diputado por San Vicente.
  • José María Castilla, diputado por Cobán.
  • Luis Barrutia, diputado por Chimaltenango.
  • José Antonio Azmitia, diputado suplente por Guatemala.
  • Julián Castro, diputado por Sacatepéquez.
  • José Antonio Alcayaga, diputado por Sacatepéquez.
  • Serapio Sánchez, diputado por Totonicapam
  • Dionicio Domínguez, diputado por San Miguel.
  • José Antonio Peña, diputado por Quezaltenango.
  • Francisco Aguirre, diputado por Olancho
  • José Beteta, diputado por Salamá.
  • José María Ponce, diputado por Escuintla.
  • Francisco Benavente, diputado suplente por Quezaltenango.
  • Pedro José CueIlar, diputado suplente por San Salvador.
  • Francisco Xavier Valenzuela, diputado por Jalapa.
  • Juan Francisco Sosa, diputado suplente por San Salvador, secretario.
  • Mariano Gálvez, diputado por Totonicapam, secretario.
  • Mariano Córdova, diputado por Huehuetenango, secretario. 
  • Simón Vasconcelos, diputado suplente por San Vicente, secretario. —
    Es copia: Sosa. 

BIBLIOGRAFIA:


2 de junio de 1897: las municipalidades responden al telegrama enviado por el general presidente José María Reina Barrios en el que comunica que ha asumido poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados

Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico

La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas.  Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:

Telegrama del general presidente

A todas las autoridades departamentales y locales de la República

Guatemala, 1°. de junio de 1897

Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria. 

Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.

Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.

Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.

La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.

Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales.  No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.

Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.

[…]

Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.

José María Reina Barrios

Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.

El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:

Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos  y sus naturales consecuencias.  Adrián F. Caballeros.

Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:

San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales

Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación.  José León Castillo. 


BIBLIOGRAFIA:


10 de mayo de 1952: el presidente Jacobo Árbenz remite la Ley de Reforma Agraria al Congreso de la República para su aprobación

 

El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.

La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café.   Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente.  El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.

En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:

ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.

ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.

(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).

ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:

a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.

ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.

ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.

El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.

Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto.  Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos.  De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos.  Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.


BIBLIOGRAFIA:


27 de enero de 1553: se celebra el primer capítulo provincial de la Orden de Predicadores en Guatemala

La catedral de Cobán, en Alta Verapaz, en 1887.  En lo alto de la fachada se puede observer hoy en día el escudo de la Orden de Predicadores, ya que esta fue una de sus principals ubicaciones en Guatemala.  Imagen tomada del libro “Guatemala, The land of Quetzal“.

La conquista de Guatemala no pudo ser menos glamorosa:  invasiones de unas cuantas decenas de aventureros españoles sin ningun futuro en su tierra natal acompañados de miles de indígenas tlaxcaltecas y cholultecas que se habían aliado a los invasores europeos para dominar a sus vecinos tanto en México como en Guatemala.

Como resultado, los pueblos conquistados fueron sometidos a una serie de vejámenes y esclavitud por parte de los invasores, cuya codicia era desenfrenada, lo que motivó a que llegaran a la región frailes y sacerdotes de las órdenes regulares para intentar poner un poco de orden a la situación.

Una de las primeras órdenes en llegar a la region fue la poderosa Orden de Predicadores, conocida también como la Orden de los Dominicos la cual una vez establecida realizó su primer capítulo provincial el 27 de enero de 1553.  A partir de allí sus esfuerzos fueron encaminados a la conquista pacífica de indígenas por medio de la Capitulación de Tezulutlán en 1537, resultando en la formación de la region de la Vera Paz. Intentaron también pacificar a los itzáes en Petén, pero no pudieron y varios de los frailes murieron en el intento.

Una vez establecidas las otras órdenes en la región, se dividieron el área de Guatemala en la cual establecieron sus doctrinas (poblados de indígenas a quienes impartían la religion católica a cambio de que trabajaran en sus enormes haciendas); de esta forma, los mercedarios se establecieron en la region de Chiapas, Soconusco, Huehuetenango y San Marcos,  los Franciscanos en la costa sur del país y los Dominicos en Quiché, Escuintla, Sacatepéquez, y la Vera Paz.  Es posible todavía ver los vestigios de la enorme hacienda de San Jerónimo que los dominicos poseyeron en el valle en donde hoy en día se encuentran los poblados de Salamá y San Jerónimo en Baja Verapaz.

Los dominicios fueron los únicos frailes que no tuvieron que entregar sus doctrinas al clero secular en la segunda mitad del siglo XVIII gracias a su enorme influencia en la corona española, pero finalmente fueron expulsados del país y perdieron sus propiedades cuando Francisco Morazán invadió a Guatemala en 1829, ocho años después de la Independencia de Centroamérica.


BIBLIOGRAFIA:

22 de noviembre de 1825: se crea la República Federal de Centro América

Mapa histórico de México y la República Federal de Centro América de 1829.  Mapa tomado de HISTORISCH-GENEALOGISCH-GEOGRAPHISCHER ATLAS von Le Sage Graf Las Cases. Karlsruhe. Bei Creuzbauer und Nöldeke.

La República Federal de Centro América se formó el 22 de noviembre de 1824, con el mismo territorio que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala (exceptuando a Chiapas que se quedó en México tras la efímera Anexión de Centroamérica a éste) y quedó compuesta por cinco estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El Estado de Guatemala específicamente fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho estado que emitió la constitución del mismo el 11 de octubre de 1825: “el estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y los forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior.”

La misma constitución de 1825 indicó cual era el territorio del estado, y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825. La Asamblea Constituyente dividió al territorio en siete departamentos de esta forma:

Artículo 1. El territorio del estado será dividido en los siete departamentos que siguen:

    • Verapaz, que comprenderá el antiguo partido de este nombre y todo el distrito del Petén.
    • Chiquimula, comprende todos los pueblos y valles del antiguo corregimiento de Chiquimula y Zacapa.
    • Guatemala y Escuintla: le forman todos los pueblos del partido de Escuintla y Guasacapán, la capital de Guatemala, las villas de Guadalupe y Nueva de Petapa, los pueblos de Mixco, Chinautla, Jocotenango, Pinula, San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja en la capital, San Miguel y Santa Inés Petapa, San Juan y San Cristóbal Amatitlán y la población de Palencia.
    • Sacatepéquez y Chimaltenango: le corresponden todos los pueblos de Sacatepéquez no comprendidos en el departamento de Guatemala y todos los del extinguido corregimiento de Chimaltenango.
    • Suchitepéquez y Sololá: forman este departamento los territorios pueblos de las alcaldías mayores de ambos partidos.
    • Quetzaltenango y Soconusco: son comprendidos en este departamento todos los pueblos del extinguido corregimiento de Quetzaltenango, y los del antiguo gobierno de Soconusco.
    • Totonicapán y Huehuetenango: los pueblos de este departamento serán los mismos que formaban antes los partidos de ambos nombres.

Las cabeceras y distritos de los departamentos fueron establecidas de esta forma:

Departamento Cabecera Distritos
Verapaz Cobán
  • Petén
  • Cahabón
  • Cobán
  • Tactic
  • Salamá
  • Rabinal
Chiquimula Chiquimula
  • Zacapa
  • Acasaguastlán
  • Sansaria
  • Esquipulas
  • Chiquimula
  • Jalapa
  • Mita
Guatemala-Escuintla Ciudad de Guatemala
  • Guatemala
  • Amatitlán
  • Escuintla
  • Mixtán
  • Jalpatagua
  • Guazacapán
  • Cuajiniquilapa
Sacatepéquez-Chimaltenango Antigua Guatemala
  • San Pedro Sacatepéquez
  • San Lucas Tejar
  • Chimaltenango
  • Jilotepeque
  • San Juan Sacatepéquez
  • Patzún
Sololá-Suchitepéquez Sololá
  • Joyabaj
  • Quiché
  • Sololá
  • Atitlán
  • Suchitepéquez
  • Cuyotenango
Totonicapán/Huehuetenango San Miguel Totonicapán
  • Totonicapán
  • Momostenango
  • Nebaj
  • Huehuetenango
  • Malacatán
  • Soloma
  • Jacaltenango
  • Cuilco
Quetzaltenango-Soconusco Quetzaltenango

BIBLIOGRAFIA:


 

23 de octubre de 1876: debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.

Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años.   Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país constitucionalmente a su sabor y antojo.


BIBLIOGRAFIA:

29 de septiembre de 1717: el terremoto de San Miguel destruye a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala

Ruinas abandonadas del convento de Capuchinas en 1910.  Nótese que las ruinas eran utilizadas para siembras de maiz por personas de escasos recursos que vivían allí. La ciudad no fue declarada como monumento nacional sino hasta en 1944, por el gobierno del general Jorge Ubico. Imagen del fotógrafo japonés Juan José de Jesús Yas, tomada de Wikimedia Commons.

Los terremotos más fuertes que vivió la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala (hoy Antigua Guatemala) antes de su traslado definitivo en 1776 fueron los terremotos de San Miguel en 1717. En esa época, el dominio de la Iglesia católica sobre los vasallos de la corona española era absoluto y esto hacía que cualquier desastre natural fuera considerado como un castigo divino. Además, los habitantes de la ciudad también creían que la cercanía de los volcanes y las montañas que rodeaban a la ciudad, en especial el Volcán de Fuego, era la causa de los terremotos (de hecho, el arquitecto mayor Diego de Porres llegó a afimar que los terremotos eran causado por las “reventazones del volcán“).

Todo se inició en la noche del 27 de agosto cuando hubo una erupción muy fuerte del Volcán de Fuego, que se extendió hasta el 29 de agosto y cuyos retumbos atemorizaron a los pobladores de la ciudad, quienes pidieron auxilio al Santo Cristo de la Catedral Primada de Santiago (hoy parroquia de San José Catedral) y a la Virgen del Socorro (que eran los patronos jurados contra el fuego del volcán) por medio de procesiones, rogativas y novenas.​ El 29 de agosto salió la Virgen del Rosario en procesión después de un siglo sin salir y hubo muchas más procesiones de santos hasta el día 29 de septiembre, día de San Miguel.

Ese día, ocurrieron sismos leves durante la tarde, pero a eso de las 7 de la noche se produjo un fuerte temblor que obligó a los vecinos a salir de sus casas y dañó a la mayoría de las estructuras de la ciudad.​ Los temblores y retumbos siguieron hasta la cuatro de la mañana y los vecinos salieron a la calle y a gritos confesaban sus pecados, pensando lo peor.​ Además de los daños ocasionados por los sismos, el río Pensativo se desbordó pues su cauce quedó obstruido por los escombros de los edificios y con material que cayó por la erupción, lo que provocó una seria inundación en la ciudad.

Los terremotos de San Miguel dañaron la ciudad considerablemente, y hubo un abandono parcial de la ciudad, escasez de alimentos, falta de mano de obra y muchos daños en las construcciones, además de numerosos muertos y heridos.

Como en ese entonces las principales órdenes regulares de la Iglesia Católica (es decir: jesuitas, franciscanos, dominicos y mercedarios) controlaban a las autoridades civiles, el propio capitán general Francisco Rodríguez de Rivas (que gobernó de 1717 a 1724) donó de sus propios fondos para reconstruir el oratorio de San Felipe Neri y la parroquia de El Calvario.  Por su parte, los daños en el Palacio de los Capitanes Generales fueron reparados por Diego de Porres, quien los terminó en 1736.​

El intento de traslado originó un conflicto entre las autoridades reales y el clero secular, ambos entonces con un gran poder sobre la ciudadanía: el obispo Juan Bautista Alvarez de Toledo era partiradio del traslado y el presidente de la Audiencia, Francisco Rodríguez de Rivas y las órdenes regulares se oponían al mismo. El obispo pretendía que el rey lo nombrara presidente de la Audiencia, pero no lo consiguió, pues por real cédula se agradeció al presidente Rodríguez su labor en la reconstrucción de la ciudad, y no se autorizó el traslado de la misma.  (Curiosamente, luego del terremoto de Santa Marta de 1773, las posiciones fueron contrarias ya que el Capitán General apoyó el traslado y el arzobispo se opuso al mismo).  Al final, la ciudad no se movió de ubicación, pero el número de elementos en el Batallón de Dragones para resguardar el orden fue incrementado considerablemente.​

Posterior a los sismos que se dieron después de los terremotos de Santa Marta de 1773, en 1776, la Corona española finalmente ordenó que la capital se trasladase a otro sitio, al Valle de la Ermita, donde la actual Ciudad de Guatemala permanece hasta hoy.

BIBLIOGRAFIA:

 

19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

temporerascafe1875
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.


BIBLIOGRAFIA: