24 de octubre de 1902: violenta erupción del volcán Santa María en el departamento de Quetzaltenango destruye el occidente de Guatemala

El Santa María en erupción en 1902. Imagen tomada de Weltrundschau zu Reclams Universum 1902

La primera erupción del Santa María en la época colombina ocurrió el 24 de octubre de 1902.  Hasta entonces, el volcán había estado inactivo por al menos quinientos años, pero su despertar fue claramente indicado por un enjambre sísmico en la región que comenzó en enero de 1902 y un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Quetzaltenango el 18 de abril de 1902. La erupción comenzó el 24 de octubre, y las explosiones más grandes ocurrieron durante los siguientes dos días, expulsando aproximadamente 5,5 km³ de magma.

La pumita formada en la erupción culminante cayó sobre un área de aproximadamente 273.000 km², y la ceniza volcánica fue detectada hasta en San Francisco, California y la erupción arrancó gran parte del flanco sudoeste del volcán, dejando un cráter de aproximadamente in kilómetro de diámetro y unos trescientos metros de profundidad.

Los habitants no reconocieron la sismicidad precedente como un signo de aviso de una erupción y por lo menos cinco mil personas murieron no solamente como resultado directo de la erupción sino además por un brote posterior de malaria.​

La erupción del volcán tardó treinta y seis horas y lanzó una columna de material que alcanzó veintiocho kilómetros de altura y formó una nube oscura que cubrió la luz del sol durante varios días.

La Jefatura Política y la Corporación Municipal se encargaron de organizar los recursos inmediatos de que disponían para socorrer a las víctimas, organizar la ayuda proveniente de los vecinos que la podían proporcionar y gestionarla al gobierno de la capital. En la Ciudad de Guatemala el Presidente Manuel Estrada Cabrera y su gabinete estaban ocupados en la organización de los festejos de Minerva. Su respuesta ante la catástrofe fue disminuirla y en el peor del caso, tratar de silenciarla evitando que los medios de prensa divulgaran las dimensiones de la catástrofe en la región occidental del país. Es más, la respuesta oficial del gobierno central ante las autoridades quezaltecas fue de declarar no disponibilidad de fondos públicos, ya que recientemente se habían empleado en la ayuda para esa misma ciudad, para los damnificados por los terremotos del mes de abril, por lo cual era imposible atender a la petición.

Ante semejante respuesta gubernamental, el alcalde de la ciudad, en sesión extraordinaria informó a todos los miembros del consejo que a raíz de la erupción los pastos y siembras de la “la zona de occidente de la República se arruinaron”, por lo que entonces era de esperarse escasez de granos básicos, afectando tal situación especialmente a las personas de escasos recursos. Por tal razón, la corporación municipal decidió que doscientos pesos se invirtieran en la compra de alimentos para ser repartidos entre los más necesitados. Asimismo, el ganado de las haciendas estaba pereciendo. Empezaron a reportarse pérdidas, no solo por la desaparición de los rebaños sino también por la falta de ganado para abastecimiento de las carnicerías de la ciudad. Ante la escasez de alimentos en la región, el consejo municipal tomó la decisión de solicitar al gobierno central la autorización para importar libre de gravamen dos mil quintales de harina hasta llegar a completar diez mil, durante los meses siguientes.

La población fue afectada en distintas formas: para los indígenas la situación fue verdaderamente catastrófica, ya que no solamente porque perdieron parientes y amigos, sus casas y cosechas, sino que además fueron obligados a trabajar en las labores de reconstrucción. Por su parte, los terratenientes vieron la oportunidad de resarcirse de los daños obteniendo otras tierras y así lo solicitaron al presidente Estrada Cabrera, quien les dio terrenos en San Miguel Uspantán en el Quiché y en Panam en Suchitepéquez y Sololá, las que hasta entonces habían sido tierras comunitarias de los indígenas de la región. De hecho, en la Recopilación de Leyes de la República de Guatemala de 1902-03 solamente aparece este decreto referente a la erupción:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 12 de noviembre de 1902

En el deseo de prestar toda clase de auxilios a los agricultores que, con motivo de los últimos fenómenos volcánicos, han venido tropezando con dificultades; y teniendo el Jefe del Ejecutivo decidio empeño en aliviar éstas y prestar todo apoyo para la recolección de los frutos,

El Presidente Constituciopnal de la República, en uso de las amplias facultades de que está investido,
Acuerda:

  1. Crear una oficina, con residencia en Quetzaltenango, bajo la denominación de «Proveeduría General de Auxilios para la Agricultura» […]
  2. Nombrar para Jefe de oficina, al Coronel don Marcos R. Calderón, quien prudencialmente repartirá los auxilios, quedando, a la vez, autorizado para elegir y nombrar al Secretario y a los dos Auxiliares.
  3. Los Jefes Políticos de los Departamentos de Occidentes, atenderán las comunicaciones que reciban del expresado Jefe de Oficina, para que ésta llene debidamente su cometido.
  4. Quedan exceptuados de toda contribución directa los mozos que, en virtud de esta disposición, presten sus servicios a los agricultores.
  5. El Ministerio de Fomento queda encargado de dicgar las providencias conducentes al exacto cumplimiento de este acuerdo.

Comuníquese.

—Estrada Cabrera
Ministro de Fomento: José Flamenco

BIBLIOGRAFIA:

23 de octubre de 1876: debido a las circunstancias difíciles en que se hallaba Guatemala, la Asamblea Constituyente pospone la emisión de la nueva ley constitutiva y mantiene al presidente Barrios como dictador

Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala.  Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.

El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.

Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.

Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.

Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.

De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años.   Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país a su sabor y antojo.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

7 de octubre de 1882: ratifican el convenio firmado en Nueva York entre el presidente J. Rufino Barrios y la compañía del expresidente estadounidense Ulysses S. Grant para construir el ferrocarril entre la frontera con México y la ciudad de Guatemala

General Ulysses S. Grant, expresidente de los Estados Unidos y héroe de la Guerra Civil de ese país.  Obtuvo la concesión para construir el Ferrocarril de Guatemala entre la frontera de México y la Ciudad de Guatemala, pero su compañía quebró antes de poder empezar la construcción.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La construcción de ferrocarril era algo que interesaba sobremanera al general J. Rufino Barrios, ya que este sería el principal medio de transporte utilizado por él mismo y el resto de grandes caficultores del país para agilizar la exportación del grano.

Mientras se encontraba en Nueva York para finalizar el convenio con México para renunciar al Soconusco se reunió con el expresidente estadounidenses, general Ulysses S. Grant, cuya compañía ferrocarrilera estaba por empezar la construcción del tramo entre la Ciudad de México y Oaxaca, conocido en ese entonces como el “Ferrocarril Meridional de México”. El 6 de octubre de 1882 firmaron un convenio por medio del cual se iba a extender dicho tramo desde Oaxaca hasta la Ciudad de Guatemala, y el 7 de octubre el general encargado de la presidencia en Guatemala, José María Orantes, firnmó la ratificació de dicho convenio.

La compañía del expresidente Grant no logró construir ni siquiera el tramo en México pues debido a malos manejos de los socios de Grant en una firma de inversions, se fue a la quiebra y el propio Grant quedó prácticamente en la miseria.

Es interesante analizar el contrato establecido, para que se el lector se de una idea de cómo se realizaban los convenios con las constructoras de los ferrocariles por los gobiernos liberales:

El Gobierno de Guatemala, deseoso de extender la construcción de ferrocarriles en su territorio para promover el progreso y engrandecimiento del país, ha convenido con el general Ulises Grant, en prolonger sobre el terriotrio de Guatemala la línea del ferrocarril que el ultimo preside, bajo las bases siguientes:

  1. Para llevar a efecto las estipulaciones del presente convenio, el general Ulises S. Grant y los asociados que a él se reúnan para tal propósito, han formado una corporación, con plenos poderes y autoridad para construir, mantener y traficar una línea de ferrocarril y telégrafo en el territorio de Guatemala sobre rutas elegidas por la Compañía del Ferrocarril de Guatemala, con facultad de colectar peajes, derechos de tránsito, muellaje, bodegaje, impuestos por conducción de pasajeros y mercancías, transmisión de telegramas y otros cargos por el uso de la propiedad de la Compañía. Los derechos, poderes y privilegios aquí conferidos serán poseídos y ejercidos por dicha Compañía juntamente con todos los derechos, poderes y privilegios necesarios para el buen éxito, con facultad para obrar y mantenerlos en conexión o conjunción con cualesquiera otras compañías de ferrocarril o telégrafo, dentro o fuera de la República de Guatemala, y con pleno poder para transferir todo, o parte, de los derechos conferidos a la Compañía del Ferrocaril Meridional de México, Corporación legalizada por el Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, o a cualquier otra corporación organizada en los Estados Unidos de América por el referido Ulises Grant y sus asociados, con el objeto de construir ferrocarriles en la República de Guatemala en conformidad con las estipulaciones de este convenio.
  2. El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala la porción de tierras baldías que para la construcción del camino sean necesarias, así como para depósitos y almacenes, dándole una faja de setenta metros de ancho para su curso, Tambien el derecho de tomar de las tierras baldías y ríos, riberas, materiales de cualquiera clase que sean necesarios para la construcción y reparación del ferrocarril y telégrafo: además el derecho de adquirir propiedad privada para el uso público, conforme a las leyes de expropiación del Gobierno de Guatemala.
  3. El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala el derecho de importer, libre de derechos por el término de veinticinco años, todo el material necesario par la construcción de su camino, depósitos, almacenes, etc.

El contrato continua en estos términos, pero que claro que era prácticamente un regalo a la compañía constructura.  Cuando la compañía de Grant quebró y Barrios murió en 1885, el ferrocarril no se construyó, pero el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera estableció un contrato muy similar para la construcción del ferrocarril en la década de 1900.

BIBLIOGRAFIA:

25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

  • “La Majada” en Mixco
  • “Los Tarros” en Santa Lucía Cotzumalguapa
  • “Rodeo del Incienso” en Guatemala
  • “Paso Antonio” en Escuintla
  • “El Barón”
  • “Primavera” en San Cristóbal Verapaz
  • “Punián” en Escuintla
  • “El Porvenir” en San Pablo, San Marco
  • “El Rodeo” en San Marcos
  • “Pacajá” en Quetzaltenango
  • “El Malacate” en San Marcos
  • “Los Cerritos”
  • “El Sauce” en Izabal

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo Hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

J. Rufino Barrios

J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos”
BIBLIOGRAFIA:

 

21 de septiembre de 1848: aprovechando el exilio del presidente general Rafael Carrera, los departamentos del occidente de Guatemala establecen nuevamente el Estado de los Altos

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En las imágenes: el Escudo del Estado de Los Altos, retrato del capitán general Rafael Carrera y la verdadera firma del president, a quien los historiadores liberals acusaron de analfabeto y de firmar como “Raca Carraca”.  Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

Para septiembre de 1848 el presidente Rafael Carrera había sido obligado a renunciar y abandonar Guatemala por sus mismos partidarios, los criollos conservadores.  Carrera no había logrado pacificar el país y eran constantes los crímenes politicos, los asesinatos en las carreteras, las invasiones de forajidos desde Honduras y El Salvador y los intentos de invasión desde esos países.

Los criollos, tanto liberales como conservadores, no miraban con buenos ojos que un mestizo como Carrera dirigiera los destinos del país y encontraron en la situación imperante la oportunidad perfecta para salir de él.  Carrera renunció y se fue a exiliar a México, hasta donde le llegó la noticia de que iba a ser fusilado sin previo juicio si osaba poner nuevamente un pie en Guatemala.

Pero era el general Carrera muy inteligente y más sagaz que sus rivales políticos y se dedicó a esperar un tiempo prudencial en el exilio, a sabiendas de que los criollos no iban a poder gobernar el país en su ausencia.

Y así sucedió.  Para el 21 de septiembre de 1848, el estado de Los Altos se volvió a formar, de la mano de su líder militar y político, el general Agustín Guzmán y con el apoyo de los criollos liberales que residían al oeste de las Verapaces y de Escuintla.  La respuesta del gobierno guatemalteco fue muy timorata, y da una idea de por qué Carrera simplemente esperó el momento oportuno para retornar a hacerse cargo del país en 1849.

He aquí la respuesta de la Asamblea Constituyente:

“Habiendo tomado en consideración la asamblea constituyente la consulta que el gobierno dirigió con fecha 31 de agosto ultimo, con motivo del pronunciamiento de la municipalidad de Quetzaltenango, erigiendo a los departamentos de Los Altos en estado independiente de Guatemala: oídos los dictámenes de varias comisiones que entendieron en el asunto con presencia de los demás pronunciamientos que posteriormente fueron remitidos; tuvo a bien acordar este alto cuerpo se diga al gobierno:

  1. Que los pronunciamientos indicados, se consideran perjudiciales a la causa misma que por ellos se quiso establecer.
  2. Que la voluntad general, libremente expresada por los pueblos de Los Altos, será respetada y decidirá de su suerte cuando se obtenga legalmente.
  3. Que para reglamentar la manera de lograrlo como corresponde, es muy urgente la concurrencia de los diputados de todos los distritos de Los Altos.
  4. Que el gobierno proteja eficazmente a los pueblos que no hayan secundado el pronunciamiento, o tengan manifestada su voluntad de continuar unidos a esta república.
  5. Que explore la voluntad de aquellos pueblos, ya manifestada en muchos documentos, trayéndonos a la vista y dictando otras medidas, si lo tiene por conveniente.
  6. Y en fin, que emplée todos los medios suaves que dicta la prudencia para atraer al orden a los pronunciados en aquellos departamentos, y si no fueren bastante para obtener el resultado que se desea, que use de sus facultades ordinarias conforme previente las leyes vigentes.”

De más estaría decir que el Estado de Los Altos se formó y empezó a intentar relaciones internacionales para ser reconocido.  Pero no contaba con que el general Carrera regresaría en cuestión de unos pocos meses, y que retomar Los Altos por la fuerza sería solamente el primero de una larga serie de triunfos políticos y militares que se extendieron hasta su muerte, en 1865.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

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Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el Reglamento de Jornaleros para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se de una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en in azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitude los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de Agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en complete y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.

BIBLIOGRAFIA:

 

7 de septiembre de 1897: estalla la Revolución Quetzalteca en contra del intento del presidente José María Reina Barrios de extender su mandato hasta 1902

La calle del Hospital en Quetzaltenango luego de los combates de septiembre de 1897.  Obsérvese las paredes acribilladas a tiros.  Imagen de la revista “La Ilustración del Pacífico

En diciembre de 1896, “La Ilustración Guatemalteca” decía que en Quetzaltenango el comercio estaba muy desarrollado, y el lujo y la riqueza se iban acentuando entre los habitantes; el comercio al por menor estaba en manos de inmigrantes chinos y judíos, mientras que el alto comercio estaba representado por las casa de Ascoli, Meyer, Maegli, Stahl, Zadik y Vizcaíno, entre otras. Ya existían el Banco de Occidente, y agencia del banco de Guatemala, del Agrícola Hipotecario y del Internacional. Por otra parte, toda la ciudad y muchos edificios públicos y particulares estaban alumbrados con luz eléctrica y la población contaba con doscientos cincuenta teléfonos; ambos servicios eran eficientes y habían sido introducidos por la casa de Juan Aparicio.  El Hospital de San Juan de Dios era, después del de la Ciudad de Guatemala, el mejor de la República por su amplitud.

Pero la prosperidad se vió alterada en 1897, cuando el precio internacional del café se desplomó luego de que Brasil saliera de una cruenta guerra civil y empezara a producir el grano en enormes cantidades. Poco a poco se fue propaganda un gran descontento en el país por el despilfarro que el gobierno había hecho tratando de promocionar el ferrocarril interoceánico mediante la Exposición Centroamericana de 1897, la cual fue un rotundo fracaso porque debido al colapso económico, el ferrocarril no fue concluido a tiempo y la exposición quebró aún más la ya endeble economía del país, obligando al presidente a tomar medidas de austeridad, como cerrar las escuelas públicas.

Un grupo de revolucionarios (entre quienes estaba el ex ministro de la Guerra del general Reina Barrios, Próspero Morales) tomó las amas con el fin de apoderarse de varias instituciones y evitar que el gobernante siguiera en el poder. El 7 de septiembre  estalló la revolución y los alzados avanzaron contra San Marcos, en donde tomaron el cuartel militar, la cárcel, las oficinas de rentas y las de telégrafos de esa ciudad. El 8 de septiembre, se registraron los primeros combates en San Juan Ostuncalco y varios revolucionarios murieron bajo las balas de los militares leales al presidente. Ese día en Quetzaltenango los militares detuvieron a Sinforoso Aguilar y Juan Aparicio, quienes fueron delatados y traicionados por unos supuestos amigos.

El 11 de septiembre, las fuerzas revolucionarias llegan a la ciudad de Quetzaltenango.  In grupo dejó sus caballos  en el ingreso principal de la ciudad, para así atacar en puntos estratégicos a los leales al gobierno de Reina Barrios mientras que otro grupo atacó desde el parque central a las fuerzas militares atrincheradas en La Pedrera y tomaron el antiguo edificio de rentas.

El 15 de septiembre las fuerzas revolucionarias proclamaron su victoria sobre las fuerzas militares y las autoridades quetzaltecas desconocieron al gobierno del presidente José María Reina Barrios. Posteriormente los revolucionarios tomaron Ocós, Colomba Costa Cuca y Coatepeque.

El 4 de octubre del mismo año el ejército, al mando del general de división Calixto Mendizábal, quien retomó el control y dio fin a la revolución.​  Pero la situación no terminó allí; el presidente Reina Barrios, ordenó fusilar a los ex alcaldes quetzaltecos, Sinforoso Aguilar y Juan Aparicio, por ser supuestamente los líderes revolucionarios. La sociedad quetzalteca mandó una petición urgente al presidente para que no se llevará a cabo la ejecución, ya que Aparicio era un filántropo muy apreciado en la region.  Reina Barrios accedió, pero su ministro de Gobernación, el licenciado quetzalteco Manuel Estrada Cabrera tenía una problema personal con Aparicio por las concesiones de la empresa eléctrica de Quetzaltenango y se demoró en enviar el telegrama con el indulto a Quetzaltenango hasta cuando estuvo seguro que la ejecución se había realizado.

Aquello sería el principio del fin del gobierno de Reina Barrios, quien murió asesinado en la ciudad de Guatemala el 8 de febrero de 1898, a manos de Edgar Zolinger, antiguo trabajador de Aparicio.  Irónicamente, fue el principio del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, el cual se prolongaría hasta 1920.

BIBLIOGRAFIA: