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31 de octubre de 1933: Ubico modifica la ley de vialidad

31 de octubre de 1933: Ubico modifica la ley de vialidad

Para 1933, la aplicación de la Ley de Vialidad de Barrios estaba completamente controlada por los cafetaleros y otros grandes productos agrícolas. Por lo tanto, para trasladar ese poder al Estado, el presidente de Guatemala Jorge Ubico decretó una nueva ley de vialidad poniendo a los trabajadores forzados bajo el control de la Dirección General de Caminos.

Decreto 1474 de la Ley de Vialidad. En el recuadro: busto en mármol del presidente Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Decreto 1474 de la Ley de Vialidad. En el recuadro: busto en mármol del presidente Ubico. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La Ley de Vialidad de Barrios:

Véase también: Ley de Vialidad de 1874, J. Rufino Barrios

Desde que llegó al poder 1873, el gobierno de J. Rufino Barrios enfocó sus esfuerzos en crear una infraestructura eficiente para poder comunicar las principales zonas agrícolas en que empezó a cultivar el café a gran escala con los centros urbanos y los puertos y fronteras.1

Para conseguir los trabajadores necesarios para la construcción y conservación de caminos, el gobierno liberal estableció la modalidad del trabajo forzoso, aunque los pobladores con mayores recursos tenían la opción de pagar en efectivo a cambio de no realizar el trabajo. En la práctica, fueron los indígenas más empobrecidos los que realizaron el trabajo, no solamente porque no tenían dinero alguno para pagar para no hacerlo, sino porque las autoridades departamentales tendían a obligarlos a prestar trabajos pesados.2

Ahora bien, como Barrios era el principal cafetalero del país, el que la aplicación de la ley de vialidad haya pasado a manos de los cafetaleros no le preocupó y, de esta forma, la aplicación de la ley quedó más como costumbre como como ley aplicada por el Estado.

El decreto de la ley de vialidad:

Véase también: Gran Depresión, Jorge Ubico

Para 1933 la situación económica del país era deplorable, debido a los nefastos efectos de la Gran Depresión.  Por esta razón, el general Jorge Ubico modificó la Ley de Vialidad de Barrios para pasar el control de la misma de los cafetaleros al Estado, mediante el decreto 1474 del gobierno de la República. Este decreto gubernativo se reproduce a continuación:

DECRETO NÚMERO 1474

Jorge Ubico, presidente de la República

Considerando: que el servicio llamado de vialidad, establecido por la costumbre en todas las regiones del país, ha producido satisfactorios resultados, lográndose conservar, mejorar y extender la red de caminos nacionales, bajo la vigilancia de las autoridades y de las respectivas juntas y comités de agricultura y caminos.

Considerando: que para sacar el mejor provecho posible del indicado servicio, conviene determinar la época y condiciones en que debe prestarse,

Por tanto, decreta:

Articulo 1°.— Todos los individuos aptos, están obligados a presentar el servicio de vialidad, consistente en el trabajo personal durante dos semanas en los caminos públicos que se designen.

Articulo 2°.— Las semanas de vialidad tendrán lugar en el tiempo comprendido de 1°. de julio al 30 de junio de cada año, debiendo levantar las jefaturas políticas, cada seis meses, el censo de las personas obligadas, dando  cuenta al ministerio de agricultura, con dichos censos, semestralmente, el primero de julio y el primero de enero.

Articulo 3°.— La dirección general de caminos, con vista de los datos contenidos en el censo de que se ha hablado, procederá, por medio de sus respectivas dependencias, a formular el plan de trabajo, indicando las vías que deben atenderse de preferencia; la clase de obra que haya  de ejecutarse y los puntos en que las reparaciones sean más urgentes. Dicho plan se someterá a la Secretaría de Agricultura, la que, previa consulta al jefe del Ejecutivo, autorizará el desarrollo que convenga darle por conducto de las Jefaturas Políticas, con la cooperación de las Juntas y Comités de Agricultura y Caminos y bajo la supervigilancia de la Dirección General de Caminos.

Articulo 4°.— Los individuos que lo deseen podrán conmutar el servicio a razón de un quetzal por cada semana, entendiéndose por el primer pago, el boleto de vialidad y por el segundo, el ordinario de caminos. De igual modo se extenderán los boletos a los que prestan servicio personal.

Articulo 5°.— Los fondos que provengan de la conmuta antes dicha, los recaudarán y administrarán las Juntas y los Comités de Agricultura y Caminos, en sus respectivas jurisdicciones debiendo investirse precisamente en el objeto en que están destinados. La recaudación e inversión de esos fondos se harán con las formalidades legales, debiendo rendir sus cuentas las entidades nombradas a la Dirección General y Tribunales del ramo, y a la Secretaría de Agricultura.

Articulo 6°.— Las diligencias sobre establecimientos de peajes y otros impuestos destinados a obras de vialidad, se tramitaran y resolverán en lo sucesivo por la Secretaría de Agricultura

Dado en la Casa de Gobierno: en Guatemala, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos treinta y tres.

(f.) Jorge Ubico

(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Agricultura, Guillermo Cruz3

Leyes laborales adicionales:

Véase también: decreto 1995, Ley de Vagancia de 1934

Ubico le retiró aún más el poder a los cafetaleros al suavizar la aplicación del Reglamento de Jornaleros mediante el decreto de 1995 que eliminaba el endeudamiento sistemático en que los cafetaleros obligaban a incurrir a sus colonos jornaleros. Además, el 10 de mayo de ese mismo año decretó una actualizada ley de vagancia que era mucho más estricta que la que había establecido Barrios en 1878, y con la que consiguió que el Estado controlara una mayor parte de la población que la estipulada en la ley de vagancia de 1878.

Gracias a estos decretos, Ubico fue capaz de recuperar la economía nacional de los estragos de la Gran Depresión, aunque haya sido a costa del trabajo forzado de los indígenas y mestizos pobres.


Bibliografía:

  1. Cazalia Avila, Augusto (1976) El desarrolo del cultivo del café y su influencia en el régimen de trabajo agrícola; época de la Reforma Liberal (1871-1885). p. 49.
  2. Ibid., p. 50.
  3. Méndez, Rosendo P. (1936). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1933-1934. LII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 363-364.

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23 de octubre de 1893: Reina Barrios deroga el Reglamento de Jornaleros

23 de octubre de 1893: Reina Barrios deroga el Reglamento de Jornaleros

Para 1893, la bonanza económica que se vivía en Guatemala gracias al aumento en el precio internacional del café empezó a notarse en todos los estratos de la sociedad, al punto que el general presidente José María Reina Barrios decidió derogar el oprobioso reglamento de Jornaleros que había decretado J. Rufino Barrios en 1877 y enfocarse en la educación de los indígenas.

Alumnos del Instituto Agrícola de Indígenas en 1894.  En el recuadro: alumnos aventajados de 1896.
Alumnos del Instituto Agrícola de Indígenas en 1894. En el recuadro: alumnos aventajados de 1896.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Creación del Instituto Agrícola de Indígenas:

Instituto Agrícola de Indígenas
Instituto Agrícola de Indígenas en 1897.

Tras la derogación del Reglamento y en el mismo decreto, se estableció el Instituto Agrícola de Indígenas, el cual originalmente en la finca El Aceituno —actualmente la Brigada Militar «Mariscal Zavala«— que entonces estaba en las afueras de la Ciudad de Guatemala, y en 1896 el instituto fue trasladado a sus entonces modernas instalaciones en el parque «La Reforma» en la finca «La Aurora» y su nuevo director fue José María Fuentes, quien impulsó la enseñanza de la gramática española y del Sistema Métrico Decimal.​ Junto con el traslado, el instituto se fusionó con la Escuela Normal Central de Profesores. El nuevo edificio tenía forma rectangular con lados al norte y al sur de ciento cuarenta metros de largo, y los lados de este y oeste de cien metros de largo; el área total era de más de catorce mil m². Al oriente tenía una plaza en donde se instaló la estatua de fray Bartolomé de las Casas, O.P. realizada por Tomás Mur, el mismo escultor que realizó el monumento a Cristóbal Colón.1, Nota

El edificio, construido bajo la dirección del ingeniero Camilo Houba, era de dos pisos en todo el frente, excepto en el pórtico y era de estilo renacimiento francés, pintado con colorido similar al de los trajes típicos de los poblados de los estudiantes indígenas y en el pórtico estaba colocada una efigie en relieve del general Reina Barrios.1

Los indígenas en ese entonces podían optar a una beca en el Instituto Nacional Central para Varones y si no la conseguían, entonces podían solicitar ingreso al Instituto Agrícola presentando una nota al Ministerio de Instrucción Pública, en donde les concedían las becas correspondientes.​ Para aprobar los cursos, los estudiantes tenían que sostener dos actos públicos: uno en Gramática Castellana y el otro en Sistema Métrico Decimal.2

Desafortunadamente, el colapso económico de 1897 derivado del desplome internacional del precio del café y la intención de Reina Barrios de extender su mandato hasta 1902 para tratar de terminar sus grandiosos proyecto del Ferrocarril Interoceánico llevaron al país a una profunda crisis económica, que obligó a su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, a restablecer el Reglamento de Jornaleros y dejar por un lado los proyectos educativos de Reina Barrios luego de que éste fue asesinado el 8 de febrero de 1898.

El edificio fue destruido por los terremotos de 1917-18.

Decreto 471 de Reina Barrios:

Véase también: Reglamento de Jornaleros, J. Rufino Barrios

He aquí el decreto íntegro para que el lector juzgue las razones de Reina Barrios para derogar el reglamento de jornaleros:3

DECRETO NUM. 471.

José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando:

Que las autoridades de la República están instituidas para mantener á los habitantes en el goce de sus derechos, que son la libertad, la igualdad y la seguridad de la persona, de la honra y de los bienes;
Que el trabajo obligatorio que en las fincas particulares se impone á los indígenas, quienes constituyen la mayoría de los habitantes de la República, es opuesto á aquella preciosa garantía, establecida por la Constitución;
Que el ensanche y desarrollo que han tomado las empresas agrícolas, así como el amor al trabajo y el deseo de proporcionarse un bienestar, que se ha venido despertando en todas las clases sociales, han hecho desaparecer las razones que se tuvieron en cuenta al dictarse la ley de 3 de abril de 1877, que reglamenta el servicio de jornaleros;
Que uno de los propósitos que el Gobierno tiene en mira y que estima como un deber ineludible, es el de emancipar al indio del estado de postración en que se enencuentra, levantándolo al nivel de sus conciudadanos y haciéndolo partícipe de las ventajas que proporciona la civilización;
Que para obtener ese benéfico resultado, se propone el establecimiento de escuelas y colegios, destinados exclusivamente, á la clase indígena, para lo cual debe procurarse los fondos necesarios;
Que asimismo se propone dictar medidas eficaces para seguir protegiendo la agricultura, fuente principal de la riqueza pública;
Que es un deber de todos los ciudadanos contribuir con sus servicios personales, convenientemente remunerados, a la satisfacción de las necesidades de la Nación;

Por tanto, en uso de las facultades de que me hallo investido y de acuerdo con el Consejo de Ministros, he tenido á bien decretar y decreto:

Artículo 1°.—  Desde el 15 de marzo de 1894, quedan abolidos los mandamientos de jornaleros hasta hoy autorizados por la ley; y en consecuencia, queda derogado eI
Decreto número 177, y todos los reglamentos, circulares y demás disposiciones que le son complementarios.
Artículo 2°.—Desde la indicada fecha, el trabajo en favor de los particulares será libre en toda la extensión de la República.
Artículo 3°.—Los individuos que han estado obligados al servicio de mandamientos, quedarán incorporados á las compañías de zapadores establecidas en el país.
Artículo 4°.—Se exceptuarán de esta obligación:

    1. Los que acreditaren ser colonos residentes en alguna finca rural, ó haber recibido habilitación de más de treinta pesos para trabajar en ella; y
    2. Los que paguen en las Administraciones de Rentas respectivas, la suma de diez pesos anuales.

Artículo 5°.—Las cantidades que por este motivo ingresen al Tesoro público, se destinarán exclusivamente á la fundación y sostenimiento de escuelas é institutos que servirán para la civilización de la clase indígena.
Artículo 6°.—Los patrones ó dueños de fincas ó cualquiera de sus agentes que dieren certificaciones falsas de estar contratado algún mozo, además de perder á beneficio del Fisco la cantidad que en ellas consignaren, quedarán sujetos á responsabilidad criminal por el delito de falsedad.
Artículo 7°.—El Ministro de Instrucción Pública queda encargado de la ejecución de este Decreto y de resolver las consultas que se hagan sobre su inteligencia e interpretación.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, á los veintitrés días del mes de octubre de mil ochocientos noventitrés.

(f.) José María Reina Barrios,
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Ramón A. Salazar.
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada C.
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, J . M. González.
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, P. Morales.
(f. )El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, Salvador Herrera.
(f.) El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral3


Notas:

  • Esta estatua se encuentra ahora en el atrio de la Iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala.

Bibliografía:

  1. Moré Cueto, José (1 de abril de 1896). «Instituto Agrícola de Indígenas». El Educacionista: órgano del Ministerio de Instrucción Pública (Guatemala: Tipografía Nacional). II (21): 525-528.
  2. Abac; Manuel T., Evaristo; Bertrán, Pedro (1897). «Los indios que se redimen: Cartas de estudiantes indígenas aventajados». La Ilustración Guatemalteca (Guatemala) I (11)
  3. Gobierno de Guatemala (1895): Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1893-1894. XII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 198-200.

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31 de mayo de 1952: Arbenz anuncia la Reforma Agraria por cadena radial

31 de mayo de 1952: Arbenz anuncia la Reforma Agraria por cadena radial

En un comunicado radial por cadena nacional, el presidente de Guaatemala, Jacobo Arbenz Guzmán anuncia la Reforma Agraria.

Indígenas jornaleras en una plantación cafetalera en la costa sur guatemalteca en 1875. Fotografía de Eadweard Muybridge
Indígenas jornaleras en una plantación cafetalera en la costa sur guatemalteca en 1875. Fotografía de Eadweard Muybridge tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: el presidente Arbenz con un campesino. Fotografía de Edgar Ruano Najarro tomada de Aprende Guatemala.

Situación agraria en Guatemala en 1950:

Véase también: Café de Guatemala, United Fruit Company

Los resultados del censo de Guatemala de 1950 reflejó que el 2.3% de la población poseía el 72% del total del suelo mientras que el 76% de los guatemaltecos ocupaban sólo un 9% de ella. En base a esto, el presidente, teniente coronel Jacobo Arbenz Guzmán elevó al Congreso de la República el proyecto la ley de Reforma Agraria.1 Previendo el impacto que tendría la misma, designó a un hombre de negocios que aceptaba la política social del Gobierno arbencista como Ministro de Economía. De hecho, Fanjul era uno de los elementos identificados con los sectores más fuertes de la industria y de las finanzas del país” por lo que su palabra tenía peso y despertaba confianza.2

Comunicado del presidente Árbenz Guzmán:

Véase también: ley de Reforma Agraria, Jacobo Árbenz Guzmán

Ya con el proyecto firme y listo para su aprobación final, el presidente Jacobo Árbenz Guzmán emitió un comunicado radial por cadena nacional el 31 de mayo de 1952, en el que comunicó la “histórica ley”, diciendo que era una «trascripción fiel de las convicciones por él expresadas a lo largo y lo ancho de todo el territorio de la república durante su campaña, y recordando que constituía un “indeclinable compromiso”. Y es que, de acuerdo al gobierno, las escasas tierras que podían utilizarse para la producción agrícola merecían una distribución más ecuánime.3

De acuerdo al presidente, la reforma agraria tenía por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo que se había reforzado con las reformas agracias y laborales implementadas por los gobiernos liberales —especialmente con el de J. Rufino Barrios— para poder desarrollar métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala. Además, declaró que de allí en adelante quedaban abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud y […] prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimientos de indígenas.3 En otras palabras, eliminaba las leyes laborares como la de vagancia, la de vialidad y el reglamento de jornaleros,4 que le habían permitido a los grandes cafetaleros incluyendo a expresidente como Barrios y Jorge Ubico, amasar grandes fortunas.5 Y es que cuando los gobiernos liberales introdujeron la producción del café a gran escala, requerían de amplias extensiones de tierra y para su cosecha requerían de grandes cantidades de mano de obra barata. Por ello, hubo expropiación de las tierras comunales a los indígenas y de las órdenes religiosas y se promulgaron las leyes ya mencionadas.3

Ahora bien, no toda la tierra se vería afectada pues que además de las fincas de propiedad estatal -que incluían las fincas que se le habían expropiado a los ciudadanos alemanes durante los gobiernos de Jorge Ubico y Federico Ponce Vaides-, la reforma abarcaba aquellas cuya extensión fuera mayor a 270 hectáreas y que permanecía ociosa sin que se planificara ninguna actividad productiva. También se incluían entre la misma categoría aquellas tierras que tenían entre 90 y 270 hectáreas y cuyas dos terceras partes no tuvieran actividad agrícola alguna. En caso contrario, esas fincas no eran susceptibles de ser repartidas, así como tampoco lo eran las menores a 90 hectáreas, cultivadas o no, así como las tierras de las empresas agrícolas dedicadas a cultivos técnicos; uso que debía comprobarse ante el Estado.3 Eso sí, esta disposición afectaba directamente los intereses económicos de la principal propietaria de tierras en Guatemala: la transnacional estadounidense United Fruit Company.6

Arbenz explicó que iba a haber una sencilla estructura de autoridades en tres niveles: el Presidente de la República y el Consejo Nacional Agrario; los Consejos Agrarios Departamentales y, en la base, los Comités Agrarios Locales (CAL). Y también explicó que había dos aspectos no menos esenciales:7

  • la tierra sería dada en usufructo vitalicio a los beneficiarios evitando que los finqueros pudieran comprársela y recuperar rápidamente su poder y,
  • la totalidad del trámite podía completarse en solo seis semanas.7

Así pues, el propósito era desmantelar la arcaica estructura rural, creando un mercado local con capacidad para consumir que fuera capaz de sostener el crecimiento industrial, en un sistema en que el Estado, y la figura presidencial en última instancia, ocupaban un lugar central en la propuesta. En otras palabras: una estrategia socialista para alcanzar fines capitalistas.7

Consecuencias:

Véase también: Carlos Castillo Armas, clero secular

Puede decirse que con aquel discurso del 31 de mayo empezaron dos corrientes opuestas en Guatemala: la verdadera revolución socialista del gobierno y la reacción de la derecha que lo empezó a acusar de comunismo. Los grandes propietarios comprendieron inmediatamente que estaban ante un abierto desafío al orden social establecido, completamente novedoso no solamente para Guatemala sino para región. Como la reforma buscaba modificar drásticamente el sistema de tenencia de la tierra buscando la justicia social, se abrió la pauta para que ésta fuera acusada de comunista. Y eso sin contar el fuerte rechazo que enfrentaría por parte de la poderosa transnacional frutera estadounidense y las influencias de ésta en el gobierno del general Dwight Eisenhower en los Estados Unidos.8

A pesar de sus buenos propósitos, la Reforma Agraria significó el principio del fin del gobierno arbencista y de todos sus proyectos, así como el retorno al sistema previo a la revolución de 1944, con el agregado de que la Iglesia Católica recuperaría muchos de los privilegios perdidos en 1871 y que Guatemala pasaría a ser prácticamente una colonia de los Estados Unidos.


Bibliografía:

  1. Azurdia Alfaro, Roberto (1959) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1952-1953. LXXI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 20-21.
  2. García Ferreira, Roberto (2012). La Revolución Guatemalteca y el legado del Presidente Arbenz. En: Anuario de Estudios Centroamericanos. 38. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. p. 38.
  3. Ibid., p. 39.
  4. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 69.
  5. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición aumentada). Guatemala: Tipografía de «El Renacimiento». p. 3-20.
  6. (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:00076790802106315.
  7. García Ferreria, La Revolución Guatemalteca y el legado de Arbenz, p. 40.
  8. Cullater, Nick. (1994) The United States and Guatemala. 1952-1954. (en ingles). Washington, D.C.: Central Intelligence Agency. p. 84.

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26 de febrero de 1840: Guatemala toma bajo su protección a los pueblos de Los Altos

26 de febrero de 1840: Guatemala toma bajo su protección a los pueblos de Los Altos

26febrero1840
Fachada de la catedral colonial de Quetzaltenango, que es lo único que queda de dicho edificio, destruido por la erupción del volcán Santa María en 1902. La nueva catedral fue construida por detrás de esta fachada. Imagen tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: retrato a lápiz del general mexicano Agustín Guzmán, jefe de las fuerzas armadas del Estado de Los Altos y héroe militar de los criollos altenses. Imagen tomada de Historia Militar Mexicana.

Los criollos liberales que formaron el Estado de Los Altos tuvieron dos graves problemas: por una lado, la relación entre Los Altos y Guatemala era extremadamente tirante, ya que los altenses se habían quedado con el 50% del territorio y el 75% de la capacidad productiva del Estado de Guatemala cuando se formó su estado en 1838; y, por el otro, pueblos indígenas de la región se resistían a pagar el impuesto individual que les quería cobrar el gobierno del Estado de Los Altos. Así pues, bastaba con una excusa para que se rompieran las hostilidades, y ésta se dió con de la masacre en Santa Catarina Ixtahuacán cuando las fuerzas altenses asesinaron a decenas de indígenas que protestaban por el impuesto el 1 de octubre de 1839.1

Después de que los indígenas le pidieran ayuda, el general Rafael Carrera y sus hombres combatieron a las fuerzas altenses al mando del general Agustín Guzmán en Sololá, y tras derrotarlos categóricamente, entraron sin oposición a la ciudad de Quetzaltenango, hasta entonces capital del Estado de Los Altos. En ese momento cesó efectivamente dicho Estado, y los criollos liberales que lo formaron vieron como el gobierno del Estado de Guatemala tomó bajo su protección a los pueblos indígenas que lo componían.2

Tras la derrota de los criollos altentenses, los pueblos indígenas solicitaron al gobierno de Guatemala que reincorporara a la región del Estado de Los Altos a su territorio y que eliminara el impuesto individual. Los criollos, por su parte, consideraron esto un movimiento ilegal, pero no estaban en posición de hacer valer su posición en ese momento, por lo que el Gobierno de guatemala emitió el siguiente decreto:3

Considerando:

      1. Que los pueblos de los Altos se han pronunciado por medio de sus municipalidades, según consta de las actas que existen en la secretaría, desconociendo las autoridades que estaban establecidas, solicitando quedar bajo la autoridad de este gobierno y ser regidos por las leyes de este estado;
      2. Que en consecuencia de estos pronunciamientos se disolvieron dichas autoridades, desaparecieron casi todos los funcionarios, y habiendo quedado de hecho casi todos los pueblos sin gobierno, se acogieron al amparo del general Carrera, y éste se vió obligado á nombrar provisionalmente jefes políticos y jueces que se encargasen de la administración;
      3. Que posteriormente se ha solicitado con instancia por dichos pueblos que este gobierno los tome bajo su protección, y los preserve de los males que les amenazan si una autoridad respetable no hace guardar en aquellos el orden público;
      4. Que el gobierno de Guatemala en tales circunstancias no puede ver con indiferencia la suerte de unos pueblos hermanos de los que componen este estado, cuya seguridad es también interesada en la tranquilidad general;
      5. Y últimamente, que el gobierno de Guatemala no puede resolver por sí mismo de una manera definitiva sobre la reincorporación que se solicita por los pueblos expresados; mientras se reúne la asamblea constituyente del estado de Guatemala y de conformidad con el parecer del consejo, decreta:

Artículo 1°.— El gobierno de este estado toma bajo su protección a todos los pueblos de los Altos, y se considerarán reincorporados de su propia voluntad al mismo estado, mientras se resuelve lo que convenga sobre el particular por la autoridad a quien corresponda.

Artículo 2°.— En consecuencia, los pueblos de los Altos serán regidos según las leyes decretadas por la asamblea constituyente de este estado; y el gobiemo designará á los funcionarios que deban encargarse provisionalmente de los diversos ramos de la administración.

Artículo 3°.— No se exigirán a los habitantes de los Altos otras contribuciones que las decretadas por la asamblea constituyente de este estado; y se tendrá presente que está abolida la que se cobraba con el nombre de capitación. Las que deban pagarse serán recaudadas con arreglo á las leyes decretadas por la misma asamblea de Guatemala.

Artículo 4°.— Los productos de las rentas que quedan vigentes serán invertidos en los gastos de la administración de aquellos departamentos, y se llevará cuenta separada de sus rendimientos é inversión; y los sobrantes, si los hubiere, serán reservados para satisfacer en su caso las deudas contraídas anteriormente según su naturaleza.

Artículo 5°.— El gobierno nombrará, si lo creyere conveniente, un comisionado que visite los pueblos expresados, les manifieste sus deseos de hacerles bien, oiga sus quejas, procure que se consolide entre ellos el orden y la paz que tanto conviene á aquellos habitantes, y proponga al gobierno, y ponga desde luego en ejecución, todas aquellas medidas que parezcan conducentes á su tranquilidad y bienestar.

Artículo 6°.— El secretario de gobernación cuidará de dar cuenta á la Asamblea constituyente de Guatemala con este decreto y documentos relativos al asunto, para que se sirva tomarlo en consideración.3

Por supuesto que los criollos altenses no estaban conformes con esta resolución, por lo que contactaron al general Francisco Morazán, a la sazón Jefe de Estado de El Salvador para que invadiera a Guatemala y restableciera el Estado de Los Altos, a lo que Morazán accedió. El 17 de marzo de 1840 el caudillo hondureño invadió el territorio de Guatemala y el 19 de ese mes tomó posesión de la Ciudad de Guatemala. Uno de sus primeros actos fue sacar al general Agustín Guzmán de las bartolinas de la cárcel en donde estaba desde que Carrera lo humilló públicamente durante su entrada trinfual tras derrotar a Los Altos en enero, y cuando éste pudo recuperarse -pues no podía ni mover las articulaciones- salió al galope para Quetzaltenango para conformar nuevamente el gobierno del Estado de Los Altos.4

Desafortunadamente para Guzmán y los criollos altenses, todo había sido un plan de Carrera, quien hizo creer a Morazán que había tomado la ciudad, solamente para caerle por sorpresa desde El Aceituno por la noche, derrotándolo completamente y obligándolo a huir gritando «¡Que viva Carrera!» Los criollos altentes, que habían sido advertidos por Carrera en enero de que no les iba a tolerar otra sublevación, sufrieron penosas consecuencias cuando éste llegó nuevamente a Quetzaltenango tras expulsar a Morazán.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Carranza, Jesús (1897) Un pueblo de Los Altos: Apuntamientos para su historia (Totonicapán). Quetzaltenango: Popular. p. 100.
  2. Marure, Alejandro (1895). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro América desde el año 1821 hasta el de 1852. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 122-123.
  3. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República. I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 48-49.
  4. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala: Editorial del Ejército. p. 159-163.
  5. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 70-90.

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24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

24febrero1893
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.

Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café. Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.

Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios, de acuerdo al acuerdo del 18 de mayo de 1892.1 Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:

      • Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
      • Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
      • Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
      • Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
      • Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2

Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida,
acuerda:

Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.

Comuniqúese.

Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:

    1. El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
    2. En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
    3. Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
    4. La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
    5. Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1894). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1892-1893. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Ibid., 199.
  3. Ibid., 269.
  4. Ibid., 270.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 317.
  6. Ibid, p. 318.

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5 de marzo de 1936: suprimen varias municipalidades de San Marcos

5 de marzo de 1936: suprimen varias municipalidades de San Marcos

5marzo1936
Portada del Album Gráfico de San Marcos, construido por la administración del general Jorge Ubico en el municipio de San Marcos La Unión, que se formó con la unión de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Después de la Independencia de Centroamérica, se aprovechó la división territorial que existía en base a los curatos a cargo de las órdenes religiosas y del clero secular, al punto que la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 creó los distritos y sus circuitos correspondientes para la administración de justicia con esta base. En esa constitución, ya aparecen San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal Cucho —como -«San Cristóbal Chuz»— adscritos al distrito de San Marcos.1 Posteriormente, cuando se hiceron las divisiones para la implementación de juicios de jurados por el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, esos municipios aparecieron adscritos al cirtuito Del Barrio que pertenecía al Distrito N°.10 (Quezaltenango), junto con los municipios de Tejutla, San Antonio, Maclén, Izlamá, Coatepeque, San Lorenzo, San Pablo, Tajumulco, Santa Lucía Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Zipacapa y Comitancillo.2

En el siglo XIX, como ahora en el siglo XXI, las diferencias entre los criollos eran irreconciliables, y cuando los criollos liberales se dieron cuenta de que habían perdido el poder en el Estado de Guatemala tras la anarquía que siguió a la caída del régimen del Dr. Mariano Gálvez el 2 de febrero de 1838,3 decidieron formar su propio estado aglutinando a los departamentos del Occidente.4 Fue así como el 3 de abril de 1838, San Marcos, junto con el resto del occidente de Guatemala, pasó a formar parte de la región que se independizó y constituyó el efímero Estado de Los Altos. Aquella secesión forzó a que el Estado de Guatemala se reorganizara en siete departamentos y dos distritos independientes el 12 de septiembre de 1839, quedando reducida únicamente a los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz, además de los distritos de Izabal y Petén.

Pero el Estado de los Altos tenía graves problemas sociales pues eran solamente los criollos liberales de la región quienes habían mostrado intenciones de obtener mayor autonomía con respecto a las autoridades de la ciudad de Guatemala desde la época colonial, pues consideraban que los criollos capitalinos que tenían el monopolio comercial con España no les daban un trato justo; por su parte, los indígenas no simpatizaban en lo absoluto con el pensamiento liberal anticlerical ni con la idea de juicios de jurados, el matrimonio civil y el divorcio que eran las principales armas propagandísticas de los liberales y que habían sido la causa de la caída del régimen de Gálvez.5

Este intento de secesión fue aplastado por el general Rafael Carrera, quien reintegró al Estado de Los Altos al Estado de Guatemala a sangre y fuego el 29 de enero de 1840 ya que Guatemala no podía permitirse perder a la región altense pues esta representaba el 75% de la capacidad productiva del estado.5 Cuando el ex-presidente de la República Federal de Centro América y Jefe de Estado de El Salvador, el general liberal Francisco Morazán, se enteró de la derrota de los Altos, invadión Guatemala, pero fue derrotado categóricamente por Carrera el 19 de marzo ese mismo año en la Ciudad de Guatemala.  Esa derrota de Morazán significó la consolidación territorial del Estado de Guatemala, y el fin de la Carrera política de Morazán y del Estado de Los Altos.6

La región de San Marcos pasó a ser el distrito Del Barrio de Quetzaltenango, hasta que, posteriormente, el 8 de mayo de 1866 el gobierno del mariscal Vicente Cerna y Cerna estableció el departamento de San Marcos, nombrando al municipio homónimo como cabecera a solicitud de su municipalidad.7

Esta situación se mantuvo hasta la década de 1930.  Durante los primeros años del gobierno del general Jorge Ubico, Guatemala estaba inmersa en una profunda crisis económica derivaba de la estrepitosa caída del precio del café causada por la Gran Depresión.  Ubico era un hábil administrador y tomó fuertes medidas de austeridad, que incluyeron la simplificación de la división política de la República para reducir los costos de operación. Así pues, suprimió varios departamentos y municipios, los cuales fueron integrados a sus vecinos. San Marcos fue uno de los departamentos afectados, mediante el siguiente decreto del 5 de marzo de 1936:8

Casa del Gobierno: Guatemala, 5 de marzo de 1936.

Examinada la solicitud de la Jefatura Política de San Marcos, relativa a que se supriman algunos municipios para agregarlos a otros de más vitalidad, con el objeto de impulsar de manera efectiva el progreso en todo el departamento; y,

Considerando: que es atentible la solicitud, por tanto, el presidente de la República, con vista del dictamen emitido por la Dirección General de Estadística, acuerda:

    1. Anexar el municipio de Sipacapa al de Tejutla; el de San José Ojetenán a Ixchiguán; el de Río Blanco al de San Antonio Sacatepéquez. Los de San Lorenzo y Esquipulas Palo Gordo al de San Marcos; el de San Cristóbal Cucho al de San pedro Sacatepéquez; el del Quetzal a La Reforma;
    2. Segregar del munipio de Ixchiguán la aldea Tuiquilá y anexarla al municipio de Tajumulco;
    3. Segregar del municipio de Nuevo Progreso las aldeas La Independencia y San José Ixtal y anexarlas al munipio de La Reforma.

La Jefatura Política Departamental queda encargada del cumplimiento de esta disposición, dando cuenta oportunamente.

Comuníquese.

    • Ubico
    • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, Guillermo S. de Tejada8

BIBLIOGRAFIA:

  1. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, compuesta y arreglada en virtud de orden especial del Gobierno Supremo de la República I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. p. 133.
  2. Ibid., p. 467.
  3. Solís, Ignacio (1906) Memorias del General Carrera, 1837 a 1840. En: Colección de Documentos Históricos y Biográficos. 1. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 15-19.
  4. García Elgueta, Manuel (1897). Un pueblo de los Altos: apuntes para su historia. Exposición Centroamericana. Quetzaltenango, Guatemala: Popular.pp. 91-93
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1926]. El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. V. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 165-168.
  6. Solís, Memorias del General Carrera, 1837 a 1840, p. 80-90.
  7. González, Byron Ronaldo (2003). Amatitlán, ayer y hoy. El proceso histórico del rescate del lago. Monografía. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. pp. 16-17.
  8. Méndez, Rosendo P. (1938) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1935-1936. LIV. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 1230-1231.

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10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero. En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«. Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo. Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013). Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966). Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

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4 de febrero de 1896: autorizan construcción del Ferrocarril Ocós-Nahuatán

4 de febrero de 1896: autorizan construcción del Ferrocarril Ocós-Nahuatán

4febrero1896
Muelle del Puerto de Ocós, en San Marcos en la década de 1890. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios, quien otorgó una concesión para construir el Ferrocarril de Ocós para permitir a la región de los Altos exportar con más facilidad su producción de café. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A principios de 1896 la economía de Guatemala era inmejorable, gracias a un aumento considerable en el precio internacional del café. Aprovechando esa situación, el general presidente José María Reina Barrios emprendió proyectos faraónicos para presentar al país como un destino para los inversionistas extranjeros interesados en un estratégico ferrocarril interoceánico, pues en aquella epoca todavía no estaba construido el Canal de Panamá.

Reina Barrios tenía en mente un ferrocarril que comunicara a Puerto Barrios con el nuevo Puerto de Iztapa que estaba construyendo en Escuintla.1 Adicionalmente al eje principal del tren, el presidente tambien quiso construir un ramal que tuviera salida al puerto de Ocós en su natal San Marcos para que tanto él como sus correligionarios pudieran exportar su producción cafetalera mas facilmente.  Fue así como el 4 de febrero de 1896 el presidente aprobó el contrato para la construcción del ramal Ocós-Nahuatan por medio del siguiente decreto:2

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 4 de febrero de 1896.

Habiendo depositado el día de ayer, en el Banco de Guatemala, don Enrique Neutze, segun constancia que obra en esta Secretaria, la cantidad de treinta mil pesos ($30,000) a que hace referencia el decreto numero 295 de la Asamblea Nacional Legislativa, para la construcción del Ferrocarril entre Ocós y Santa Catarina o Nahuatan; el general presidente acuerda:

Dar su aprobación a los veintisiete artículos de que consta el contrato celebrado entre la Secretaría de Fomento y el senor Neutze, para la construcción de aquella línea férrea.

Comuníquese.

        • Reina Barrios
        • Por impedimiento del Ministro del ramo, el de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada Cabrera2

El contrato mencionado en el decreto era muy similar a los que se habían hecho para los otros ferrocarriles en el país y estipulaba, entre otras cosas, lo siguiente:3

  • El gobierno concedía a Neutze, o a la Companía que este estableciera, el derecho de constuir y explotar durante setenta y cinco años el ferrocarril entre el puerto de Ocós y el poblado de Santa Catarina o de Nahuatan, dependiendo de que tramo era mas conveniente.  Llamaron a aquella vía ferrea «Ferrocarril de Ocós»
  • Al pasar los setenta y cinco anos, es decir, ya cuando fuera prácticamente chatarra, el ferrocarril pasaría al estado sin costo alguno.
  • Durante los primeros veinte años el tramo sería monopolizado por Neutze o su companía, ya que el gobierno no permitiría construir una línea paralela a la suya en ese lapso.
  • El gobierno concedía a Neutze o a sus representantes una subvención de quince mil pesos plata nacional por cada milla inglesa que se construyera en toda la línea, en tramos de veinte millas cada uno. Si el gobierno no podía pagar en el tiempo estipulado, se acumulaba un 8% de interes.3
  • El gobierno cedio a Neutze todos los terrenos propiedad del Estado necesarios para la construcción del ferrocarril, y sus estaciones, oficinas, almacenes y desvíos. Es mas, si la vía iba a pasar por terrenos particulares, estos serían expropiados por el gobierno.
  • Todos los materiales que se encontraran en los terrenos publicos o privados podían utilizarse gratuitamente por la constructora.
  • Durante los setenta y cinco años que iba a durar la concesión la empresa tenía la facultad de importar maquinaria, herramienta y vagones sin pagar impuestos por ellos. Ademas quedaban exentos todos los documentos contables y documentos legales de la empresa.4

Desafortunadamente, la crisis económica que se desató en 1897 cuando cayó el precio internacional del cafe, dejó todos los proyectos de Reina Barrios a medias.5 Posteriormente, los ferrocarriles fueron terminados por su sucesor, el licenciado Manuel Estrada Cabrera, gracias a contratos onerosos que firmó con los representantes de la United Fruit Company.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Macías del Real, A. (15 de julio de 1897). «Puerto de Iztapa». La Ilustración Guatemalteca (Guatemala: Síguere, Guirola y Cía.) I (24).
  2. Gobierno de Guatemala (1896). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1895-96. XIV. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 245.
  3. Ibid., p. 240.
  4. Ibid., p. 241.
  5. Luján Muñoz, J. (2003). Las Revoluciones de 1897, La Muerte de J. M. Reina Barrios y la Elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489766990.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1909). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1905-1906 XXIV. Guatemala: Arturo Siguere y Cía. p. xvi.

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1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos

1 de febrero de 1966: Peralta Azurdia militariza servicios públicos

1febrero1966
Locomotoras y vagones de Ferrocarriles de Guatemala (FEGUA), que se formó la década de 1960 luego de que la International Railways of Central America vendiera su chatarra al Estado, tras haberla usado desde 1908. En el recuadro: el coronel Enrique Peralta Azurdia, jefe de gobierno de facto de Guatemala de 1963 a 1966. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El golpe de Estado militar del 30 de marzo de 1963 en contra del presidente, general e ingeniero Miguel Ydígoras Fuentes, significó la consolidación del modelo militar contrainsurgente en Guatemala, por medio de la Carta Fundamental de Gobierno incluída en el decreto 8 del 10 de abril de 1963 que sustituyó a la derogada constitución de 1956, lo que inició la militarización del estado y de la sociedad con el apoyo y asesoría del gobierno de los Estados Unidos, entonces a cargo del demócrata John F. Kennedy. De hecho, el coronel Enrique Peralta Azurdia gobernó todo el tiempo en permanente estado de sitio, con el criterio de que cualquier oposición política era comunista y podía ser reprimida legalmente.1

En este estado de cosas, a fin de evitar huelgas de los trabajadores del Estado y de las empresas particulares que prestaban servicios públicos, el gobierno de facto del coronel Peralta Azurdia emitió el siguiente decreto de emergencia nacional, para poder militarizar los servicios públicos en caso necesario e imponer fuertes castigos a quienes instagaran las huelgas o se resistieran a la militarización:2

Decreto-Ley número 422

Enrique Peralza Azurdia, Jefe del Gobierno de la República

Considerando: que es conveniente determinar expresamente los alcances y efectos de la militarización de servicios públicos, cuando dicha medida se tome con el fin de mantener la continuidad y eficiencia de tales servicios,

Por tanto, con base en el artículo 3° de la Carta Fundamental de Gobierno, en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1°.— En caso de emergencia nacional, o cuando el orden público o el interés social lo requieran, los servicios públicos podrán ser militarizados mediante acuerdo gubernativo emitido por el Jefe del organismo Ejecutivo en Consejo de Ministros.

Artículo 2°.— Pueden ser militarizados los servicios públicos prestados por dependencias gubernamentales, por entidades estatales descentralizadas, autónomas o semiautónomas, o por empresas privadas.

Artículo 3°.— Desde que se acuerde la militarización de cualquier servicio público, la administración del mismo quedará a cargo de la autoridad militar que se designe; y todo el personal, incluso el directivo y administrativo, de las dependencias, entidades o empresas de que se trate quedará sujeto a los tribunales militares por los hechos delictuosos que los miembros de dicho personal cometan con ocasión o motivo de la militarización, o del estado que la originó. La expresada jurisdiccón se extenderá a los cuoatures cómplices y encubridores de tales hechos, aunque no pertenezcan al personal de la dependencia, entidad o empresa afectada.

Artículo 4°.— La negativa o resistencia a cumplir con sus obligaciones o la inasistencia injustificada a sus labores, por cualquier tiempo, así como la negativa a cumplir las órdenes de los superiores jerárquicos, por parte de los miembros del personal a que se extienda la militarización, pondrán fin a la relación de trabajo, sin ninguna responabilidad para el Estado ni para los patronos y se sancionarán según las circunstancias, con la pena de dos a seis meses de arresto menor inconmutables.

Artículo 5°.— Lo dispuestos en el artículo anterior lo es sin perjuicio de la responsabilidad en que los infractores incurrieren, si los hechos fueren constitutivos de delitos más graves, ya sea por acción o por omisión, de conformidad con las leyes penales comunes y las del orden militar, en su caso.

Artículo 6°.— Los procesados con motivo de la aplicación de esta ley, no podrán ser excarcelados bajo fianza de haz mientre dure la militarización de que se trate.

Artículo 7°.— El Ministerio de la Defensa Nacional dictará las disposiciones y tomará las medidas que estime necesarias para mantener en forma normal y sin interrupción los servicios públicos militarizados, mantener el orden, proteger a los trabajadores que deseen seguir laborando, y salvaguardar los bienes de las dependencias, entidad o empresa respectiva.

Artículo 8°.— Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

Dado en el Palacio Nacional: en la ciuad de Guatemala, a primero de febrero de mil novecientos sesenta y seis.

Publíquese y cúmplase.

        • Enrique Peralta Azurdia, Jefe del Gobierno de la República, Ministro de la Defensa Nacional
        • [Siguen las firmas de los Ministros de Estado]2

BIBLIOGRAFIA:

  1. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Memoria del Silencio. Naciones Unidas: Oficina de Servicios para Proyecto s de las Naciones Unidas. ISBN: 958- pp. 131-133.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1968) Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1965-1966. LXXXIV. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 210-211.

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26 de enero de 1888: Convenio sobre Reclamaciones entre México y Guatemala

26 de enero de 1888: Convenio sobre Reclamaciones entre México y Guatemala

A pesar del tratado Herrera Mariscal, se celebra una convención entre Guatemala y México para solucionar reclamaciones fronterizas.

26enero1888
Valle del río Chixoy en Sacapulas, actualmente en el departamento de Quiché. Hasta este río llegaban las incursiones fronterizas antes de que se definieran físicamente las fronteras en 1896. En el recuadro: el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Ignacio Mariscal, quien firmó el Tratado Herrera-Mariscal en 1882 que definió la frontera, y la Convención de 1888. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Problemas en la frontera entre México y Guatemala:

Véase también: Tratado Herrera-Mariscal en 1882

La situación de la frontera entre México y Guatemala se mantuvo en constante crisis aún después de la firma del Tratado Herrera-Mariscal en 1882,1 debido a que no se hicieron las delimitaciones sobre el terreno sino hasta en 1896, dadas las dificultades que presentaba la topografía y lo inhóspito del clima.2 Es por ello que hubo varios reclamos entre ambas naciones durante ese tiempo, lo que llevó al gobierno del general Manuel Lisandro Barillas en Guatemala y al del general Porfirio Díaz en México, a celebrar una Convención de Reclamaciones el 26 de enero de 1888, la cual reproducimos parcialmente a continuación, dada su importancia histórica3

Convención de Reclamaciones de 1888:

Véase también: Manuel Lisandro Barillas

En vista de que ciudadanos de la República de Guatemala han presentado quejas y hecho reclamaciones por perjuicios sufridos en sus personas y propiedades y de los cuales consideran responsables  a autoridades de la República mexicana, y de que se han presentado igualmente quejas y reclamaciones semejantes por perjuicios causados a ciudadanos mexicanos en sus personas y propiedades, y de los cuales se considera responsables a autoridades guatemaltecas, el Presidente de […] Guatemala y el Presidente de […] México han determinado celebrar una convención para el arreglo de dichas reclamaciones y han nombrados sus Plenipotenciarios.

El Presidente de Guatemala, al señor don José Salazar, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en la República Mexicana; y el Presidente de […] México, al señor don Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores; quienes […] han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1°. Todas las reclamaciones pendientes de […] nacionalidad guatemalteca, […] de los cuales se considere responsables a autoridades de México, y todas las reclamaciones pendientes de […] nacionalidad mexicana, […] de los cuales se considere responsables a autoridades guatemaltecas, como también todas las reclamaciones que se presentaren dentro del término que se fija más adelante en este convenio, será remitidas a dos comisionados, de los cuales uno será nombrado por el Presidente de […] Guatemala, y el otro por el Presidente de […] México.  En caso de muerte, ausencia o impedimiento de cualquiera de los comisionados […], el Presidente de […] Gutaemala, o el Presidente de […] México, en su caso, nombrará desde luego a otra persona para que funcione como comisionado en el lugar del nombrado originariamente.

Artículo 2°. Cuando una reclamación se funde en hechos de autoridades guatemalecas o mexicanas, ejecutados en terrenos cuya pertenencia a una u otro nación haya sido disputada antes de fijarse los límites de Soconusco, Chiapas u otra porción del territorio mexicano con Guatemala, en el tratado [Herrera-Mariscal], los comisionados se declararán incompetentes para decidirla, siempre que fuere imposible resolver sobre la legalidad de los referidos hechos sin determinar previamente a cual de las dos naciones pertenecía dicho terreno.

Artículo 3°. Cuando la queja de un reclamante suponga su derecho de propiedad en bienes raíces, esta propiedad se comprobará ante los comisionados conforme a las leyes del país donde estén situados dichos bienes y que hayan estado vigentes al verificarse los hechos que sirvan de fundamente a la reclamación.

Artículo 4°. Las comisiones nombradas se reunirán en la Ciudad de México dentro de seis meses contados desde el canje de las ratificaciones de esta convención, y antes de dar principio a sus trabajos harán y firmarán una declaración solemne de que examinarán cuidadosamente y fallarán […]  sin temor, favor ni inclinación hacia su respectivo país, sobre todas aquellas reclamaciones que respectivamente les fueron presentadas […]; y dicha declaración será asentada en el acta de procedimientos.

En seguida, los comisionados nombrarán una tercera persona para que funcione como árbitro en el caso o casos en que opinen de distintos modos.  Si no pudieren ponerse de acuerdo respecto al nombramiento […], el Ministro de Guatemala en México y el Secretario de Relaciones Exteriores de […] México harán dicho nombramiento. […]

Artículo 5°. Después de haber suscrito las protestas respectivas, procederán los comisionados juntos a examinar y resolver las reclamaciones que se les presenten, en el orden y de la manera que de comun acuerdo juzguen oportuno; pero aceptarán solamente aquellos informes o pruebas que les fueren suministraods por sus respectivos Gobiernos o en nombre de éstos. […]

Artículo 6°. El fallo de los comisionados y del árbitro se dará por escrito en cada caso de reclamación; especificará que la cantidad que se concede debe ser pagada en moneda mexicana; y será firmado por ellos.

Artículo 7°. Cada Gobierno podrá nombrar una persona para que, obrando en su nombre, presente y apoyo reclamaciones, responda a las que se hicieren contra él, y lo represente en general en todos los asuntos relacionados con el examen y fallo de las mismas.

Artículo 8°. El Presidente de […] Guatemala y el Presidente de […] México se comprometen solemne y sinceramente a considerar de todo punto definitivo y final el fallo dado de común acuerdo por los comisionados o por el árbitro en su caso, sobre cada una de las reclamaciones, y a dar cumplimiento a esos fallos sin objeción, excusa ni demora. […]

Artículo 10°. Después de haberse fallado por los comisionados y el árbitro en todos los casos sometidos a su resolución, la suma de las cantidades concedias a los ciudadanos de una parte, será rebejada de la suma de las cantidades concedidas a los ciudadanos de la otra parte; y la diferencia, hasta la cantidad de sesenta mil pesos en moneda mexicana, sin rédito ni otra rebaja que la especificada en el artículo 13 de esta convención, será pagada en la ciudsad de Guatemala, o en la de México, dentro de doce meses, contados desde el término de los trabajos de la comisión, al Gobierno a cuyos ciudadanos se hubiere concedido mayor cantidad. El resto de dicha diferencia se pagará en abonos anuales, que no excedan de senta mil pesos de moneda mexicana cada uno, hasta que la suma total de esa diferencia esté pagada.

[…]

La presente Convención será ratificada conforme a las leyes vigentes en cada una de las dos Repúblicas; y el canje de las ratificaciones se hará en la ciudad de México tan pronto como fuere posible.  En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios la hemos firmado y sellado. Hecho en México, a dos originales, el  día veinteséis de enero de mil ochocientos ochenta y ocho.

(f.) José Salazar

(f.) Ignacio Mariscal3

Después de algunas revisiones y correcciones, el presidente de Guatemala, general Manuel Lisandro Barillas ratificó la convención el 20 de diciembre de 1889, y el Secretario Mariscal lo hizo el 1 de febrero de 1890.4


Bibliografía:

  1. Comisión Guatemalteca de Límites con México (1900). Memoria sobre la cuestión de límites entre Guatemala y México. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 325.
  2. La Ilustración Guatemalteca (15 de mayo de 1896). «Nuestras fronteras». La Ilustración Guatemalteca (Guatemala: Síguere, Guirola y Cía) I (13).
  3. Gómez Carrillo, Agustín (1889). Recopilación de Leyes de la República de Guatemala, 1889 VIII. Guatemala: Tipografía La Unión. pp. 262 – 266
  4. Ibid., pp. 266-268.

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19 de enero de 1839: el Estado de Los Altos reorganiza su gobierno

19 de enero de 1839: el Estado de Los Altos reorganiza su gobierno

19enero1839
El valle de Totonicapn. En esta ciudad funcionó la Asamblea Constituyente del Estado de Los Altos hasta que se trasladó a Quetzaltenango en 1839. En el recuadro: el escudo del Estado de Los Altos. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Aunque existe la leyenda de que el Estado de Los Altos era únicamente el actual departamento de Quetzaltenango en Guatemala, la realidad fue que estuvo conformado por todos los departamentos del occidente guatemalteco, y su sede original estuvo en la ciudad de Totonicapán, que era cabecera del entonces enorme departamento homónimo.Nota a

El 18 de mayo se había roto el pacto federal en Centroamérica cuando Francisco Morazán no quiso convocar a elecciones federales y Honduras, Costa Rica y Nicaragua se separaron de la federación.1 Entonces, el 30 de mayo, para favorecer y fortalecer al recién creado Estado de Los Altos, el congreso federal de los estados restantes declaró que cada estado era libre de organizarse como mejor le pareciera.2 El Estado de Los Altos, se había formado luego de que las fuerzas católico-campesinas del general mestizo Rafael Carrera derrocaran al gobierno liberal del Dr. Mariano Gálvez en Guatemala3 y ocupaba un considerable territorio con toda la frontera con México, y con salida al mar en el puerto de Champerico. Además, con estas grandes ventajas, podía desarrollarse cómodamente dejando por un lado a Guatemala, y la guerra civil en que ésta estaba inmersa, además de adoptar el régimen económico que mejor le pareciera para el trabajo indígena.4

El 19 de enero de 1839 fue un día trascendental para Los Altos, ya que organizaron su estado en base al decreto emitido por el gobierno federal el 30 de mayo. Entonces, para mejorar su administración decidieron trasladar la sede de la Asamblea de la ciudad de Totonicapán a la de Quetzaltenango, y organizaron debidamente el funcionamiento del Ejecutivo, mediante los siguientes decretos dado en la ciudad de Totonicapán el 19 de enero de 1839, y firmados por José Antonio Azmitia, como diputado presidente, José María Ramírez Villatoro, como diputado secretario, y por Manuel J. Fuentes, como diputado vice-secretario.5

Número 7: traslado de la sede la Asamblea de Totonicapán a Quetzaltenango

La Asamblea Constituyente del Estado de los Altos considerando: que la suspensión de sesiones, para verificar la traslación ala ciudad de Quezaltenango, pudiera disolver ó dificultar el que se reuniese el día prescrito ó cuando conviniese á los pueblos, la representación del Estado: deseando obviar este peligro por la adopción de medidas precautorias que alejen hasta la posibilidad de tal acontecimiento, ha tenido á bien decretar y DECRETA:

Si el 28 del corriente, en que deben continuar las sesiones en Quezaltenango, ó antes, en el caso que tiene acordado el Cuerpo Legislativo, no estuviese en aquella ciudad el número necesario de Representantes para constituir Asamblea, los Diputados que se reunieren, sea cual fuere su número, obligarán á concurrir á los ausentes, pudiendo emplear las medidas coactivas que juzguen propias á compelerlos; y, además, quedan autorizados para llamar á los respectivos suplentes, recibirles juramento y darles posesión.5

Número 8: celebración de la Independencia de Los Altos6

La Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, procurando la celebridad debida al día en que los pueblos altenses apoyados en la ley fundamental de la República tomaron la gloriosa resolución de proclamarse por un Cuerpo Político independiente, libre y soberano ,igual en derechos a los demás estados que componen la Unión Centroamericana; considerando es paso como productor de bienes inestimables, por que adquiriendo los hijos de los Altos la prerrogativa de cuidar por  sí mismos de sus propios y peculiares intereses, podrán poner en acción sus inmensos recursos y elevarse el alto grado de prosperidad á que por la naturaleza son llamados: atendiendo, además, á que habiendo sido general la inspiración de los pueblos por su independencia, debe también ser general el júbilo, y que la ley permita y promueva la expansión del ánimo en todos los funcionarios y particulares por el aniversaiio de tan fausto día, ha tenido á bien decretar y DECRETA:

Art. 1°.— Será fiesta cívica en el Estado el 5 de febrero de cada año.— En él deben cesar las ocupaciones cotidianas a que por su destino están obligados á dedicarse todos los agentes de la administración pública; y lo guardarán del mismo modo que los días religiosos de entera guarda.

Art. 2°.— La autoridad política de cada pueblo reunirá en dicho día á todos los empleados y vecinos principales que haya en él; y pronunciará ó hará que se pronuncie en el lugar que juzgue más á propósito, un discurso análogo al objeto de tan augusta función.

Art. 3°.— La autoridad política de cada pueblo hará además que se celebre el indicado día con toda la solemnidad, pompa y regocijos públicos que sean posibles.6

Aprovechando el decreto federal del 30 de mayo de 1838, la Asamblea Constituyente altense emitió el siguiente decreto:7

Núm. 9: Los Altos aceptan reorganizar su gobierno

La Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, habiendo tomado en consideración el Decreto del Congreso de treinta de mayo último, que declara á los estados en libertad de constituirse sin sujeción á lo prevenido en el título doce de la Constitución federal: convencida de que semejnate reforma es tanto más necesaria al nuevo Estado de los Altos, cuanto que éste va á darse su ley fundamental, y no pueden serle aplicables reglas prescritas sin conocimiento de sus circunstancias, deseando no obstante, se respeten las restricciones indispensables á conservar la Unión Centro-Americana, ha tenido á bien decretar y DECRETA:

Art. 1°.— El Estado de los Altos, en uso del poder que le da, y para los fines que expresa el artículo doscientos dos de la Constitución federal, acepta el proyecto de reforma expedido por el Congreso en treinta de mayo del año próximo pasado, el cual dice: 1. Son libres los estados para constituirse del modo que tengan por conveniente; conservando forma republicana popular y división de poderes— 2. -Queda derogado el titulo doce de la Constitución federal de veinte y dos de noviembre de mil ochocientos veinte y cuatro; y sustituida con el anterior artículo.

Art. 2°.— Acepta, igualmente las explicaciones hechas por el mismo Congreso en nueve de junio último, por las cuales no se entienden derogadas la segunda parte del párrafo segundo, ni la primera del tercero, del artículo ciento setenta y ocho, que dicen: ‘más conocimiento del Congteso no podrán (las legislaturas de los estados) imponer contribuciones de entrada y salida en el comercio con los extranjeros ni en el de los estados entre si. Podrán fijar periódicamente la fuerza de línea si se necesitase en tiempo de paz, con acuerdo del Congreso’.7

Y, finalmente, los diputados constituyentes organizaron la Secretaría del Estado, en el decreto siguiente que reproducimos por ser importante para conocer como funcionaba la administración de Los Altos:8

La Asamblea Constituyente del Estado de los Altos, considerando: que el Gobierno debe tener una Secretaría, con las manos necesarias para el despacho de los negocios que son de su resorte; qué conforme á los principios de un sistema liberal de gobierno, todo funcionario es responsable de sus propios actos ú omisiones en el ejercicio de su destino: y deseando que la expresada oficina tenga algún arreglo aunque no sea más que provisional y mientras se da la Constitución del Estado, ha venido en decretar y DECRETA:

Art. 1°.— La Secretaría del Gobierno constará de un Secretario de Estado y del despacho general; de un oficial mayor con ejercicio de decretos; de un oficial archivero y escribiente; de un escribiente y de un portero.

Art. 2°.— Además, con permiso del Secretario, podrá haber en la Secretaría escribientes meritorios, con opción á las plazas de su clase, que se provean en cualquiera de las oficinas del Estado, siempre que concurra en ellos igualdad
de aptitudes y circunstancias á las que tengan los otros que las soliciten.

Art. 3°.— Para ser Secretario del Gobierno se requiere la edad de veinticinco años, y estar en ejercicio de los derechos de ciudadano.

Art. 4°.— Todas las órdenes, mandatos ó disposiciones que el Jefe del Estado dictare en uso de su autoridad, deberán ser firmados por el Secretario; y ningún habitante del Estado obedecerá las que carezcan de este requisito; para lo cual se dará á reconocer oportunamente la firma del Secretario.

Art. 5°.— El Secretario responde al Estado del fiel desempeño de sus funciones, así como de las órdenes, mandatos ó providencias del Ejecutivo, en que no haya salvado su voto dicho Secretario y sean contrarias á las leyes.

Art. 6°.— Cuando el Secretario considere ilegal un acuerdo del Jefe del Estado, salvará su voto, escribiéndolo á continuación del indicado acuerdo.

Art. 7°.— La Asamblea declarará haber lugar á formación de causa contra el Secretario del despacho: por traición, venalidad, falta grave en el desempeño de sus funciones, delitos comunes, infracción de ley y usurpación; y juzgará la Corte de Justicia del Estado.

Art 8°.— En las declaratorias de haber lugar a formación de causa, así como en el juicio de responsabilidad contra el Secretario del despacho, tiene lugar lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y cinco de la Constitución federal

Art 9°.— El oficial mayor entrará a ejercer accidentalmente las funciones del Secretario del Estado en todas las faltas de éste.-En tal caso le son aplicables todas las disposiciones de este decreto, relativas al Secretario; y para facilitar la sustitución se dará también a conocer la firma del oficial mayor luego de que haya tomado posesión de su destino.

Art. 10.—Todos los empleados de la Secretaría del Gobierno estarán bajo las inmediatas órdenes del Secretario general del despacho.

Art. 11.— Los dependientes de la Secretaría asistirán diariamente al servicio de ella siete horas á lo menos; y todas las veces y á cualquiera hora del día y de la noche, que á juicio del Jefe ó del Secretario se crea conveniente.

Art. 12.— Tanto el Secretario como los demás individuos de la Secretaría General del Gobierno serán nombrados y removidos libremente á voluntad del Ejecutivo.8

Ahora bien, a pesar del apoyo recibido por el gobierno federal, la debilidad cada vez mayor del mismo y la significativa pérdida económica que representaba para Guatemala perder la frontera con México, además de la amenaza constante para el gobierno conservador de Guatemala de tener por vecino a un estado liberal abiertamente hostil, la guerra contra Los Altos no tardó en producirse, resultando en la reincorporación de ese territorio a Guatemala a manos del general Rafael Carrera a principios de 1840.9


NOTAS:

  • a. En esa época, Totonicapán abarcaba todo el territorio de los modernos departamentos de Huehuetenango, Toconicapán y el sur de Quiché, y parte de territorio que actualmente pertence a México, debido a que las fronteras entre ambos países no estaban definidas.

BIBLIOGRAFIA:

    1. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala. I Guatemala: Editorial del Ejército. pp. 157, 235, 246, 272 y 304.
    2. Marure, Alejandro (1844). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la república de Centro América, desde el año de 1821 hasta el de 1842. Guatemala: Imprenta La Paz. pp. 104-105.
    3. Solís, Ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. pp. 3-90.
    4. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA. Archivado desde el original el 9 de enero de 2016.
    5. Carranza, J.E. et. al. (1897)Ibid., pp. 263-264.

 

 


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11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestan otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°.— Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°.— Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°.— Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°.— Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°.— Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°.— Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°.— También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°.— Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18.— Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881).Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. — (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, pp. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, pp. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX. Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

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8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

8 de enero de 1877: decreto 170 sobre redención de tierras ejidales

El presidente de Guatemala, general presidente J. Rufino Barrios autoriza la redención de los capitales representativos del valor tierras ejidales, efectivamente terminando con la tierra comunal indígena y dando origen a grandes latifundios.

8enero1877
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Reforma Agraria durante gobierno de Barrios:

La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2

Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.

El decreto 170 de redención de capitales:

El decreto en mención dice así:1

DECRETO Número 170

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;

Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;

Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;

Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;

Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,

Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;

Por tanto, decreta:

Art. 1°.— Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.

Art. 2°.— Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue:  en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.

Art. 3°.— Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.

Art. 4°.— Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios. 

Art. 5°.— Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda.  Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.

Art. 6°.— Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean.  Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.

Art. 7°.— Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a.  instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.

Art. 8°.— Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.

Art. 9°.— Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.

Art. 10°.— Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.

Art. 11°.— Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.

Art. 12°.— Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.

Art. 13°.— En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.

Art. 14°.— En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 15°.— La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.

        • J. Rufino Barrios
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos, J. Barberena.2

Concesiones a extranjeros durante los gobiernos liberales:

Véase también: José María Reina Barrios, Manuel Estrada Cabrera, United Fruit Company

Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte,  en los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, eran declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquirieron gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas «de crianza«, en donde en realidad cultivaban los productos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3

Fueron los gobiernos del general José María Reina Barrios y del licenciado Manuel Estrada Cabrera los que realizaron las mayores adjudcaciones de tierras en propiedad entre 1877 y 1920:4

Gobierno No. de
Adjudicaciones
Superficie
concedida
(hectáreas)
J. Rufino Barrios 8 9,080
Manuel Lisandro Barillas 2 315
José María Reina Barrios 385 506,025
Manuel Estrada Cabrera 1,689 689,415
TOTAL 2,084 1,207,835

Bibliografía:

  1. Rodríguez, Analia Silvina (2006) La Enfitéusis en la Doctrina. El Salvador: Universidad de El Salvador.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 3-6.
  3. Piel, Jean (1989) San Andrés y el Quiché durante el primer siglo republicano: 1821-1920. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. p.67.
  4. Ibid., p. 68.

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2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

2enero1948
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1

La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3

Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6

A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9

Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo


BIBLIOGRAFIA:

  1. Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
  2. Kennedy, David M. (1999). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945. (en inglés) Oxford University Press. ISBN 978-0195038347. pp.: 257-271.
  3. McJimsey, George (2000). The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. (en inglés) University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-1012-9. pp.: 107-108.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. —; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala». Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  6. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  7. Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  8. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
  9. Schlesinger, Stephen; Kinzer, Stephen (1982). «Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala». The David Rockefeller Center Series on Latin American Studies (en inglés) (Cambridge, EE. UU.: Harvard University Press): 1-331. ISBN 0-385-14861-

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1 de enero de 1877: se inaugura la Universidad de Occidente

1 de enero de 1877: se inaugura la Universidad de Occidente

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La Ciudad de Quetzaltenango en 1884. En el recuadro: el general presidente J. Rufino Barrios quien fundó la Universidad de Occidente. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La inauguración de la Universidad de Occidente, que funcionó en la ciudad de Quetzaltenango, ocurrió el 1 de enero de 1877, aunque la misma fue creada por el siguiente decreto del general presidente J. Rufino Barrios del 20 de noviembre de 1876:

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando:

Que no puede existir verdadera libertad donde falta la ilustración, y que la primera liase del engrandecimiento nacional es la difusión de los conocimientos útiles, que procura el Gobierno por cuantos medios están a su alcance, conseguir en su más amplio desarrollo;

Que para realizar tan importante objeto, es conveniente que la enseñanza superior no quede vinculada de una manera esclusiva a la universidad de esta capital, y que conforme lo demanden las circunstancias se vayan creando otros grandes centros de ilustración;

Que por el ensanche que los pueblos de los Altos adquieren en su población, en su riqueza y elementos de vitalidad, y porque su progreso intelectual y científico deben corresponder a sus adelantos económicos y materiales necesitan poseer desde luego uno de esos centros de enseñanza superior;

Que de esta suerte, los hijos de esos departamentos, con menos difcultades y sin los sacrificios que deben hacer para venir a la capital y permanecer en ella, podrán efectuar sus estudios profesionales, realizándose así también el propósito de la actual Administración, de que la enseñanza en todos sus ramos, sea lo más asequible y cómoda para los que han de recibirla;

Que el Gobierno está en la obligación y tiene el deseo de hacer que los departamentos todos de la República lleguen cuanto antes a disfrutar del grado de prosperidad á que están llamados por sus especiales circunstancias; y tomando en cuenta las que concurren en los de los Altos, he tenido a bien decretar y Decreto:

Art. 1°.— Se crea en la ciudad de Quetzaltenango, un establecimiento con el nombre de Universidad de Occidente, destinado a suministrar la enseñanza superior o profesional;

Art. 2°.— Por ahora y mientras se construye un local perfectamente adecuado, servirá para la Universidad el que actualmente ocupa el Instituto, trasladándose a ella todas las clases que se daban en este establecimiento;

Art. 3°.— Se darán además en la Universidad de Occidente las otras clases establecidas en esta capital para la enseñanza superior, y son válidos todos los cursos tanto de ciencias y letras como de estudios facultativos que se hagan en ella.

Art. 4°.— Son igualmente válidos los títulos académicos y profesionales que la misma Universidad confiera en ejercicio de sus atribuciones.

Art. 5°.— Regirá en la Universidad de Occidente la misma ley de instrucción superior, que para la de esta capital se decretó el 1 de julio del año anterior, con las modificaciones que a ella se han hecho con posterioridad y las más que en adelante se introduzcan por vía de reforma.

Art. 6°.— Finalmente, el Ministro de Instrucción pública queda encargado de la ejecución del presente decreto, así como de remover las dificultades que se presenten y de formar y expedir los reglamentos que requieran su desarrollo y detalles.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinte de noviembre de mil ochocientos setenta y seis.

        • J. Rufino Barrios
        • El Ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, Joaquín Macal1

En la práctica, solamente se pudo establecer la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado de Occidente, pues no había posibilidades de crear una Facultad de Medicina en Quetzaltenango.  De esta Escuela de Derecho egresó el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien gobernaría a Guatemala entre 1898 y 1920.2

El hecho de que se haya creado esta escuela en Los Altos está directamente correlacionado con el hecho de que los criolos liberales altenses habían lleado al poder con el triunfo de la Revolución Liberal de 1871, y por ello su región se desarrolló más rápidamente que el resto del país en ese momento. Es más, el resentimiento que los criollos liberales de Los Altos todavía sentían por el gobierno del fallecido capitán general Rafael Carrera queda plasmado en el poema del licenciado Juan P. Quintana, nacido en Patzún y radicado en Totonicapán, quien escribió lo siguiente con motivo de la inauguración de la nueva Universidad, refiriéndose a las invasiones de Carrera en 1840:3,4

Venid: los desengaños
De nuestra propia vida nos persuaden
También con evidencia
A buscar en la Ciencia
Nuestra propia honradez y nuestra gloria.
En nuestra misma historia
Una triste experiencia
Hallamos del gran mal de la ignorancia:
Más de una vez el territorio invaden
Las enemigas armas
Y á nuestra vista, en nuestras mismas plazas
Al patricio asesinan;
Al pudor atropellan
Sin rubor, compasión, ni repugnancia;
Nuestros hogares minan;
Nuestros haberes roban;
Y esclavos, tributarios miserables
Nuestros pueblos quedaron só la planta
De bárbaro opresor.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 460-461.
  2. Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
  3. Carranza, J.E. et. al. (1897) Un pueblo de Los Altos. Apuntamientos para su Historia (Totonicapán). Quetzaltenango: Popular. p. 210.
  4. Hernández de León, Federico (17 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 17 de febrero de 1840, entrada triunfal de Carrera”. Guatemala: Nuestro Diario.

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13 de diciembre de 1879: la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública

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Estudiantes de la Escuela Facultativa de Medicina en una clase de Anatomía en 1896. En el recuadro, estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones y del Instituto Nacional Normal para Señoritas (Belén) con sus respectivos uniformes. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

A los dos días de haber decretado la Constitución de la República, el gobierno de J. Rufino Barrios emitió la Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública, firmada por el general presidente y el Ministro de Instrucción Pública, Delfino Sánchez, cuyos principales artículos se reproducen a continuación:1

Artículo 1.°— Se garantiza la libertad de enseñanza en la República.

Artículo 2.°— La enseñanza que se dé a expensas del Estado es pública, laica, dirigida e inspeccionada por el Gobierno, y estará sujeta a las prescripciones de la presente ley.

Artículo 3.°— La enseñanza privada es fomentada por el Gobierno, no ejerciendo sobre ella más que que la vigilancia que demandan la conservación del orden, la moral y las leyes.Nota a

Artículo 4.°— La Instrucción Pública se divide en primaria, secundaria, normal y profesional.1, Nota b

Artículo 5.°— La Instrucción primaria costeada por el Estado es gratuita y se divive en primaria propiamente dicha o elemental, y complementaria.

Artículo 6.°— La Instrucción primaria elemental es obligatoria para los individuos de ambos sexos, desde la edad de seis hasta la de catorce años.

Artículo 7.°— La Instrucción primaria complementaria no es obligatoria; pero las autoridades influirán en lo posible, por los medios persuasivos que estuvieren a su alcance, para que los habitantes de la República no carezcan de ella.[…]Nota c

Artículo 10.— El objeto de las escuelas es formar hombres con la suficiente instrucción y moralidad para ser digos de una sociedad republicana y libre.

Artículo 11.— Para conseguir este objeto, cuidarán los maestros de inculcar en sus alumnos ideas de libertad, igualdad, fraternidad, orden, progreso unión Centroamericana, amor a la patria, amor al trabajo y, en general, todas aquellas ideas que elevan el sentimiento moral y son la base de una sociedad bien organizada.[…]2, Nota d

Artículo 13.— En las escuelas elementales se enseñarán los ramos siguientes:

    • Lectura
    • Nociones prácticas de la lengua patria
    • Aritmética
    • Lecciones sobre objetos
    • Escritura y dibujo lineal
    • Geografía e HistoriaNota e
    • Moral y Urbanidad
    • Ejercicios calisténicos […]3

Artículo 17.— La enseñanza de la Lectura se extenderá cuanto sea necesario para que los alumnos puedan leer correctamente prosa y overso, en impresos y manuscritos. En esta asignatura, queda comprendida la enseñanza y nociones prácticas sobre la lengua patria, la que se dará, corrigiendo escrupulosamente las faltas de lenguaje en que los niños incurran cuando hablen o escriban. Se ampliará la enseñanza de la Lectura con ejercicios de composición y recitación, y con explicaciones de la materia que se lea.Nota f

Artículo 18.— La enseñanza de la Aritmética comprenderá la expresión y cálculo de los números, es decir: numeración, operaciones de enteros, quebrados comunes y decimales, denominados y sistema decimal de pesos y medidas; debiando alternarse ejercicios mentales con los escritos.[…]

Artículo 20.— La Escritura y el Dibujo lineal se enseñarán simultáneamente en una sola asignatura, hasta que los niños adquieran buena forma de letra y puedan dibujar las máquinas e instrumentos más sencillos y otros objetos naturales o de uso frecuente. Los maestros procurarán que los niños manejen con igual destreza ambas manos.[…]4

Artículo 25.— En las escuelas complementariasNota g se ampliará el estudio de los ramos que corresponden a las elementales, y además enseñará:

    • Escritura y Dibujo
    • Gramática castellana
    • Aritmética completa
    • Teneduría de libros
    • Nociones de Historia Natural
    • Constitución de la República […]

Artículo 29.— La enseñanza de la Lectura se ampliará con ejercicios escogidos de composición y recitación y se completará con lecturas explicadas sobre Fisiología, Higiene, Mecánica, Física, Química y otros ramos de Ciencias Naturales.[…]

Artículo 32.— En Aritmética se ensancharán los conocimientos adquiridos en las escuelas elementales y se completará la enseíanza de la materia con el estudio sobre potencias, raíces, y análisis de los números, es decir: razones y proporciones.

Artículo 33.— La Teneduría de libros, por su especial importancia práctica, se enseñará con toda la extensión posible.[…]

Artículo 36.— Se enseñará y explicará la Constitución de la República para que los niños comiencen a adquirir ideas claras acerca de la organización del poder público y de los derechos y deberes que les corresponden como ciudadanos guatemaltecos.[…]5, Nota h

Artículo 44.— El jefe de cada escuela es un director o maestro, de nombramiento del Gobierno, a propuesta de la Dirección general de estudios.[…]5, Nota i

Artículo 52.— No habrá otros días festivos durante al año, que los domingos y los de fiestas cívicas.Nota j

Artículo 55.— Los únicos castigos que se permiten en las escuelas son: amonestación privada o en presencia de los alumnos, privación de recreo, prolongación de horas de trabajo, notas de mala conducta, aislamiento y otros que, como los anteriores, no sean infamantes ni puedan alterar la salud o el desarrollo de los niños. En caso de que un niño sea incorregible será expulsado de la escuela por la Junta local, previo informe del director. La misma Junta dictará las providencias convenientes para que el alumno expulsado adquiera la instrucción necesaria donde sea posible. […]

Artículo 57.— Quedan severamente prohibidas en las escuelas las distinciones entre los alumnos, por razón de calse, nacionalidad, capital, color, posici social, etc. Al aplicarse las penas los maestros procederán con absoluta imparcialidad y justicia. […]6

Artículo 63.— El primer período escolar comenzará el 1 de enero de cada año, día en que tendrá lugar la apertura de las escuelas, y concluirá el viente de mayo. En los diez días siguientes al veinte, se verificarán exámenes privados sobre las materias enseñadas, para que los alumnos sean aprobados puedan pasar al grado inmediatamente superior. Los que no lo sean repetirán el curso.

Artículo 64.— El segundo período comenzará el 1.° de junio y concluirá el veinte de octubre. En los diez días siguientes al veinte se verificarán exámenes públicos y las distribuciones de premios.[…]7

Artículo 70.— No habrá otras calificaciones que las de aprobado y suspenso. Estas calificaciones serán secretas, y los examinadores las darán, depositando en una oruna una bola blanca o una negrada, según que el alumno sea o no aprobado. Si algun alumno demostrare en el examen un aprovechamiento muy notable, se consignará esta circunstancia en el acta que se levante.[…]

Artículo 74.— Los meses de noviembre y diciembre serán de vacaciones para alumnos y maestros.[…]8

Artículo 83.— Se establecerán también escuelas dominicales, escuelas mixtas o de niños de ambos sexos y escuelas de párvulos, segun el sistema de salas de asilo o kindergarten. La Dirección general de Instrucción pública dictará las providencias necesarias a fin de organizar estos establecimientos de la manera más conveniente.[…]

Artículo 97.— En las escuelas de niñas se enseñarán los mismo ramos que en las escuelas de niños, agregando las labores de mano, economía doméstica y jardinería.

Artículo 98.— Las escuelas de niñas se regirán por esta ley, con las variaciones que la Dirección general de Instrucción pública crea conveniente introducir en los programas de enseñanza, atendiendo a las consideraciones especiales que exige la esmerada educación de la mujer.[…]9

Artículo 105.— La instrucción secundaria tiene por objeto hacer que los jóvenes perfecciones y aumenten los conocimientos adquiridos en las escuelas primarias, preparándolos para seguir una carrera profesionales.Nota k

Artículo 106.— La enseñanza secundaria se dará en los Institutos Nacionales, y comprende los ramos siguientes:

    • Gramática castellana
    • Francés e inglés
    • Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría rectilínea
    • Teneduría de libros
    • Filosofía elemental
    • Geografía e Historia
    • Retórica
    • Mecánica
    • Física y Química
    • Nociones de Historia Nacional, Fisiología e Higiene […]11

Artículo 120.— Además de las materias comprendidas en los artículos precedentes de este capítulo, se enseñarán en los Institutos los idiomas Alemán, Italiano y Latino, Caligrafía, Taquigrafía, Dibujo y Pintura, Música Instrumental, Canto, ejercicios calistécnicos y militares, y si fuese posible los de natación y equitación; pero no será obligatorios los exámenes sobre tales enseñanzas por no exigierse éstas para obtener el título de graduado en Ciencias y Letras. La enseñanza del Dibujo es obligatoria para todos los alumnos.[…]11, Nota l

Artículo 131.— Habrá en los Institutos alumnos internos, externos y medio internos. Los primeros serán los que se eduquen por cuenta de la Nación, y todos los que quieran vivir en el establecimiento con el objeto de instruirse, pagando una pensión. Los medios internos recibirán la enseñanza y alimentación; pero no dormirán en el establecimiento y pagarán también una pensión. Los externos pobres recibirán la enseñanza gratuitamente.[…]12

Artículo 133.— Son condiciones necesarias para ingresar a un Instituto:

    • Tener buena conducta y moralidad.
    • Presentar un certificado médico en que conste que el solicitante no padece ninguna enfermedad crónica ni está predispuesto a padecerla
    • Presentar el certificado de aptitud en las materias que señala la enseñanza complementaria; y ser aprobado en una examen sobre las mismas materias, que deberá practicarse en el Instituto por un tribunal que nombrará el Director.[…]

Artículo 159.- Las materias de enseñanza en los colegios para niñas serán las mismas que previene el artículo 14, menos la Trigonometría, Mecánica, Taquigrafía y ejercicios militares; pero se sustituirán estos ramos con el estudio de la economía doméstica, trabajos y labores propios del sexo.[…]

Artículo 180.- La enseñanza profesional se da en las correspondientes Facultades.

Artículo 181.- Las Facultades son los cuerpos encargados de promover el adelanto de las ciencia y de las letras en el país.

Artículo 182.- Se establecen por ahora las Facultades siguientes:

    • De Derecho y Notariado
    • De Medicina y Farmacia
    • De Ingeniería
    • De Filosofía y Literatura

Artículo 183.- Cada Facultad se compondrá de los individuos respectivo que hayan obtenido o en lo sucesivo obtuvieren título legal para ejercer su profesión en la República, y de los incorporados con arreglo a la ley.[…]13

Esta ley, con algunas modificaciones, estuvo vigente hasta la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, y durante todos ese tiempo, fueron los Institutos Nacionales y Normales los que graduaron a los mejores profesionales de nivel medio en el país. Asimismo, fueron las Escuelas Facultativas las que se encargaron de la educación superior en el país, y no fue sino hasta en 1945 en que fueron reunidas nuevamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala.


NOTAS:

  • a: esto permitió que el Colegio de San José de los Infantes – que pertenecía a la Catedral Metropolitana – permaneciera abierto.
  • b: «Normal» corresponde a los estudios de magisterio. Por otra parte, la «educación profesional» es la universitaria, la cual en la época en que se emitió este decreto dependía del Ministerio de Instrucción Pública.
  • c: a pesar de las buenas intenciones de este artículo, en la práctica solamente grupos de menos de diez estudiantes – la gran mayoría de las élites sociales – llegaban a los institutos de educación secundaria cada año.
  • d: es decir, un pensum de estudios que inculcaba ideas liberales a los estudiantes.
  • e: para ensenar historia se utilizaron textos en los que el gobierno conservador de los 30 años era presentando como una época oscura en la historia guatemalteca, mientras que la revolución liberal era presentada como una gesta libertadora.
  • f: este artículo sobre la Lectura estaba muy bien intencionado pero se ha cumplido muy poco en la práctica. Aún hoy en día, de las personas que saben leer, un alto porcentaje no comprende lo que lee.
  • g: al nivel complementario ya solamente llegaban muy pocos estudiantes.
  • h: debido a que eran muy pocos alumnos los que llegaban a la escuela complementaria, eran muy pocos los ciudadanos que comprendían lo que estaba escrito en la Constitución de la República y todos aquellos decretos que emanaban del Ejecutivo y Legislativo.
  • i: la Constitución de 1879 estaba recién decretada, y en lla se le confería poder prácticamente absoluto al jefe del ejecutivo; por esta razón tenía a su carga hasta el nombramiento de los directores de escuela.
  • j: en contraste con los regímenes conservadores en los cuales había numerosas fiestas católicas de guardar. Los liberales adujeron que reducían los días de feriado para incrementar la productividad.
  • k: en esa época, los estudiantes que llegaban a los Institutos de Secundaria eran menos de diez por año y eran solamente de las clases más pudientes de la sociedad guatemalteca.
  • l: el muy reducido número de estudiantes permitía que se enseñaran todas estas materias con gran calidad. En el siglo XXI, ni en los colegios privados de más renombre se enseñan tantas materias opcionales dada la gran cantidad de estudiantes que tienen que atender.

BIBLIOGRAFIA:

  1. Barrios, J. Rufino; Sánchez, Delfino (13 de diciembre de 1879). Ley Orgánica y Reglamentaria de Instrucción Pública. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 3.
  2. Ibid., p. 4.
  3. Ibid., p. 5.
  4. Ibid., p. 7.
  5. Ibid., p. 11.
  6. Ibid., p. 13.
  7. Ibid., p. 14.
  8. Ibid., p. 15.
  9. Ibid., p. 18.
  10. Ibid., p. 20.
  11. Ibid., p. 22.
  12. Ibid., p. 25.
  13. Ibid., p. 31.

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1 de diciembre de 1869: insurrección en Los Altos

1 de diciembre de 1869: Cerna suspende la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes suspende sus sesiones ante petición del mariscal presidente Vicente Cerna, tras la insurrección en Los Altos y la inestabilidad provocada por su reelección como presidente.

Mapa del Estado de Guatemala en 1838. Se aprecia el Estado de Los Altos, que se componía de todo el occidente del país, y el enclave de Belice al norte de la Verapaz, que databa desde antes de la Independencia.
Mapa del Estado de Guatemala en 1838. Se aprecia el Estado de Los Altos, que se componía de todo el occidente del país, y el enclave de Belice al norte de la Verapaz, que databa desde antes de la Independencia. Esta misma región se alzó contra el gobierno de Vicente Cerna en 1869, haciendo que el presidente pidiera a la Cámara de Representantes que cesara sus reuniones ordinarias. Imagen de HoyHistoriaGT.

Cerna llega al poder:

Véase también: mariscal Vicente Cerna

Luego de la muerte del capitán general Rafael Carrera el 14 de abril de 1865, los conservadores se mantuvieron en el poder, eligiendo como presidente de la República al hasta entonces Corregidor de Chiquimula, mariscal Vicente Cerna. Cerna había sido correligionario de Carrera desde la revolución de 1838 y había estado al mando de la región oriental durante todo el gobierno del fallecido ex-presidente.1

Revueltas en el occidente:

Véase también: Estado de Los Altos, J. Rufino Barrios

Cerna, pues, no conocía el manejo de la situación en la ciudad de Guatemala y pronto cayó en la red de los criollos aristócratas y de los jerarcas de la Iglesia Católica, tanto secular como regular, y simplemente dejó que éstos controlaran la situación del país. Los criollos liberales, por su parte, comprendiendo que la fuerte presencia del capitán general Carrera ya no se interponía en su camino para recuperar el poder, empezaron a promover revueltas contra el gobierno de Cerna.2 De esta forma, el nuevo presidente tuvo que combatir varias revoluciones, especilamente en la región de Los Altos —es decir, todo el occidente guatemalteco—, que era en donde estaba el núcleo de los criollos liberales, quienes ya habían intentado separarse de Guatemala en 1838 y en 1848. El gobierno conservador empleó medidas represivas en contra de los insurrectos, llegando al extremo de trasladar poblados enteros en la región en conflicto a nuevas ubicaciones para que los líderes rebeldes perdieran sus bases.3

Una de tantas revueltas estuvo al mando de Francisco Cruz, quien inició su revolución desde la hacienda que tenía el escribano J. Rufino Barrios en Malacatán, San Marcos, aunque fue derrotado y capturado junto con otros treinta y siete individuos, entre los que estaba el padre de Barrios, quien fue trasladado a la ciudad de Guatemala en donde, de acuerdo a los historiadores liberales, fue encarcelado y torturado. Barrios, por su parte, logró huir a Chiapas, en donde aprovechó para obtener el apoyo del presidente anticlerical mexicano Benito Juárez.3

Para calmar los ánimos en la capital, Cerna no mencionó estas revueltas en sus mensajes presidenciales de 1867 y 1868, en los que solamente dijo que Guatemala disfrutaba de paz, estabilidad y crecimiento económico. Pero la Cámara de Representantes, por su parte, sí mencionó en sus respuesta oficiales al presidente que había «revoluciones contrarias al progreso» que se originaban en «la negación de la ley del progreso, que era una iniciativa que la Providencia había encomendado a los sectores más iluminados del país«.3

Convocatoria a elecciones presidenciales:

Véase también: José Víctor Zavala

Para intentar calmar la situación, el 8 de enero de 1869 Cerna dijo que iba a convocar a elecciones presidenciales ya que iba a entregar el poder el 23 de mayo. Se convocó entonces a una Asamblea General el 17 de enero para que eligiera al nuevo presidente, cuyo período iba a terminar a finales de 1872. Los criollos liberales se organizaron como pudieron, y presentaron como candidato al mariscal José Víctor Zavala, a pesar de que había sido amigo personal de Carrera y era de familia aristócrata; de hecho, los liberales lo escogieron porque era muy popular, no se llevaba bien con Cerna,3 y, sobre todo, porque era primo hermano de Miguel García-Granados y Zavala.4

Relección de Cerna es contraproducente:

Cerna cometió el grave error de conseguir que la Asamblea General lo eligiera como presidente nuevamente, lo que provocó mucho malestar entre los liberales y les dió nuevos ánimos para continuar con sus revueltas luego de la segunda inauguración del presidente el 24 de mayo.5 De esta cuenta, cuando llegó el momento de convocar a la Cámara de Representantes para que iniciara sus sesiones ordinarias, envió un mensaje muy distinto al de los años anteriores, y ahora decía que era mejor que no se reunieran los diputados, ya que el gobierno estaba enfocado en repeler las insurrecciones en Los Altos:6

Para cumplir con lo prevenido en el articulo 11°. del Acta Constitutiva, he convocado la Cámara, con el objeto de que pueda iniciar sus importantes trabajos del último año del tercer período constitucional.

Las circunstancias en que se encuentra una parte de la República, perturbada por una faccion que sin proclamar principios políticos, intenta promover un cambio favorable solamente a intereses individuales, ha exigido y exige aún que la atencion del Gobierno se consagre a restablecer el orden y la tranquilidad. La experiencia, tan costosamente adquirida en épocas anteriores, y el conocimiento de nuestra condición social, nos han enseñado lo que los pueblos pueden esperar de revoluciones como la que se ha intentado promover últimamente en Los Altos. Retroceso en todos los ramos, desolación y ruina de familias enteras, sacrificadas a las malas pasiones de unos cuantos caudillos de revueltas, abandono de la agricultura, del comercio y de las artes útiles, y las calamidades más dolorosas afligiendo a inocentes y a culpables, he aqui, en breves rasgos, el cuadro desconsolador que la guerra civil ofrece en un pais como el nuestro. Se comprenderá, pues, fácilmente, que el Gobierno se ocupe de toda preferencia en hacer cesar ese mal, que si bien no ha tornado aun proporciones alarmantes, gracias al buen sentido de los pueblos, no deja de inquietar los ánimos, creando ese malestar y esa desconfianza que son obstáculos graves al adelanto social y a la marcha regular de la administracion pública.

En estas circunstancias, en que el interés grande y primordial de la conservación de la paz, exige toda la atención de la autoridad, no debe extrañarse que no se hayan preparado ciertos trabajos en que la representación nacional no podría ocuparse ahora con la calma y el detenimiento indispensables para el acierto.

En esta virtud, y no habiendo entre los asuntos que quedaron pendientes al aplazarse las sesiones en Enero último, ninguno cuyo despacho pueda considerarse de urgente necesidad, juzgo conveniente a los intereses públicos que despues de practicarse la elección de los ocho Consejeros de Estado que deben nombrarse ahora segun lo dispuesto en el articulo 11°. del Acta Constitutiva, queden aplazadas las sesiones de la Cámara para el día 4 de abril de 1870, pudiendo regir provisionalmente el presupuesto decretado para el corriente año, en tanto se discute y aprueba el que se prepara para el próximo entrante.

Abrigo la confianza de que, favorecidos por la Providencia, que ha dispensado siempre una proteccion especial a la República, y secundado el Gobierno por todos los buenos ciudadanos, podréis, Señores Representantes, restablecida ya la paz en las poblaciones en donde ha sido alterada, continuar vuestros importantes trabajos, encaminados siempre al bienestar ya la prosperidad del pais.

Palacio del Gobierno: Guatemala, Noviembre 25 de 1869.6

Así pues, la Cámara de Representantes se reunió solamente para elegir a los ocho miembros del Consejo de Estado, y luego de que lo hizo, se disolvió el 1 de diciembre de 1869.3

Empezaba el final del régimen conservador de los 30 años.


Bibliografía:

  1. Woodward Jr., Ralph Lee (1993) Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of Guatemala, 1821-1871. (en inglés) Georgia, EEUU: The University of Georgia Press. p. 335.
  2. Ibid., p. 336.
  3. Ibid., p. 337.
  4. Zavala Urtecho, Joaquín (1970). Huellas de una familia vasca-centroamericana en cinco siglos de historia 2 (112). Managua, Nicaragua. p. 146.
  5. Hernández de León, Federico (1929). El libro de las efemérides: Capítulos de la Historia de la América Central. II. Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
  6. Cerna y Cerna, Vicente (1869). Mensaje dirigido por el Excelentísimo Señor Presidente, Mariscal de Campo, don Vicente Cerna, a la Cámara de Representantes en la apertura de las últimas sesiones del tercer período constitucional. Guatemala: Imprenta de La Paz.

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25 de noviembre de 1894: expanden presupuesto anual de Instrucción Pública

25 de noviembre de 1894: expanden presupuesto anual de Instrucción Pública

El gobierno del general José María Reina Barrios expande el presupuesto anual de Instrucción Pública en $66,270 anuales.

Ciudad de Guatemala vista desde el Cerrito del Carmen en 1895 en una fotografía de Fernández Valdeavellano. Se aprecia la Iglesia de la Merced y al fondo el Teatro Colón.
Ciudad de Guatemala vista desde el Cerrito del Carmen en 1895 en una fotografía de Fernández Valdeavellano. Se aprecia la Iglesia de la Merced y al fondo el Teatro Colón. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El 25 de noviembre de 1894 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios tuvo que expander el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, que entonces ascendía a un millón ciento veinte mil pesos debido al aumento de los precios de los muebles y útiles escolares.1

Reproducimos a continuación el decreto en mención,1 que debe compararse con la partida de 18 milllardos de quetzales que se tienen presupuestados para los profesores el presupuesto de 2021.2

El decreto de Reina Barrios:

Decreto Número 507

José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando: Que la cantidad de un millón ciento veinte mil pesos en que fijó la Asamblea Nacional Legislativa el Presupuesto de Instrucción Pública para el año económico de 1 de julio de 1894 a 30 de junio de 1895, no fué ni es en manera alguna suficiente para atender, como se debe, a los gastos que tan importante ramo ocasiona, ya que por las circunstancias económicas del país no pueden reducirse inconsideradamente los sueldos de los profesores, y que por el alto precio que han alcanzado los muebles y los útiles de enseñanza, no es posible, sin que medien grandes sacrificios, mantener los establecimientos de Instrucción Pública a la altura que su importancia y el buen nombre de la Nación reclaman;

Que el Gobierno, para concretar sus gastos á la cantidad votada por la Asamblea, se vio en la necesidad extraordinaria, contra sus principios y acatando únicamente los mandatos de una voluntad superior, de hacer modificaciones y alteraciones en el presupuesto establecido por la experiencia y fundado en los justos reclamos de la Nación;

Que el actual orden de cosas, en lo que respecta al ramo de que se trata, no corresponde a lo que el país tiene derecho a esperar y a lo que el Gobierno está obligado a hacer, y que, sólo por una anormal circunstancia, pudo entorpecerse en parte;

POR TANTO,

De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de las facultades que me concede la Constitución, aplicando como se debe los principios de mi programa político, y teniendo en cuenta que por insignificante que sea un lugar, la escuela primaria ejerce en él decisiva influencia, por cuanto civiliza y eleva el sentimiento moral del individuo, he tenido á bien decretar y decreto:

Artículo 1°. Desde el día 1 de enero de 1895, quedan establecidas las plazas y escuelas de que se hará mérito en los lugares que expresa la lista que se acompaña.

Artículo 2°. Las cantidades necesarias para su sostenimiento durante el primer semestre de 1895, se tomarán de la suma que aparece como superávit en el presupuesto vigente.

Artículo 3°. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, queda encargado de la ejecución de este decreto y de dar cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.

Dado en Guatemala, en el Palacio del Poder Ejecutivo, á los veinticinco días del mes de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.

(f.) José María Reina Barrios; El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral1

Sigue una tabla con todos los poblados en los que se crearon nuevas plazas de maestros. He aquí un ejemplo tomado de dicha tabla con los sueldos que se le pagaban a los maestros en 1894:3

Plantel Puesto/Costo Cantidad Sueldo
Escuela elemental de varones Director 1 $45.00
Profesor de grado 1 $30.00
Alquiler de casa $20.00

Bibliografia:

  1. Gobierno de Guatemala (1896). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1894-95 XIII. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 142-143
  2. Ministerio de finanzas Públicas (2021). Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2021. Guatemala: Ministerio de Finanzas.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación de Leyes, p. 145

9 de diciembre de 1897: corren inicio del ciclo escolar hasta mayo

9diciembre1897
La Escuela de Medicina y Farmacia, cuando estaba en el convento confiscado a los monjes Paulinos por J. Rufino Barrios. Allí funcionó hasta los terremotos de 1917-18. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

En diciembre de 1897 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios estaba en una situación estable, pero muy delicada.  Acababa de terminar con dos violentas revoluciones en su contra que estallaron en septiembre1 luego de que se erigiera en dictador y prolongara su período presidencial hasta 19022, y se enfrentaba con la aguda crisis económica producto del desplome del precio internacional del café, único producto de exportación del país en ese momento.

De hecho, a principios de diciembre había tenido que solicitar un aumento de la deuda pública, había decretado un aumento de la carga impositiva y había establecido medidas de austeridad, porque el costo de repeler las revoluciones de Occidente y de Oriente había aumentado considerablemente los gastos de la Administración Pública, provocando una baja considerable en la recaudación tributaria.3

Continuando con las medidas de austeridad, el 9 de diciembre Reina Barrios emitió el decreto 546, por medio del cual corría el inicio del ciclo escolar de 1898 de enero hasta el 1 de mayo, y despedía a todos los maestros y catedráticos universitarios a partir del 31 de diciembre, a fin de ahorrarse los sueldos de cuatro meses. 

El decreto dice así:4

Decreto N.° 546

José María Reina Barrios

General de División y Presidente de la República de Guatemala

Considerando: que entre los preceptos de la higiene pedagógica está el de escogitar como período de vacaciones aquella época del año que conforme el clima de cada país sea la más adecuada para dar tregua a los trabajos intelectuales y favorecer al mismo tiempo el organismo físico de los educandos, y que los meses de marzo y abril son entre nosotros los más calurosos del año;

Considerando: Que por otra parte ha sido costumbre dar feriado a los empleados en los últimos días de diciembre y primero de enero;

Por tanto, en uso de las facultades que me confiere el Decreto número 4, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de agosto último, 

Decreto:

Artículo 1°.— El año escolar en los establecimientos de Instrucción Pública principiará el 1 de mayo y terminará el 14 de marzo del año siguiente, siendo en consecuencia las vacaciones del 15 de marzo al último de abril.

Artículo 2°.— Serán también días feriados en los mismos establecimientos los comprendidos desde el 22 de diciembre al 6 de enero inclusive.

Artículo 3°.— Las inscripciones deberán efectuarse en los primeros diez días del año escolar.

Artículo 4°.— Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo: en Guatemala, a nueve de diciembre de mil ochocientos noventa y siete.

(f.)José María Reina Barrios; El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Mariano Cruz4

Aunado a este decreto, Reina Barrios también emitió la nueva organización de la Instrucción Pública, a fin de ahorrarse los sueltos de enero a abril. Dicha organización quedó así:5

Deseando organizar la instrucción pública de la manera más conveniente en el próximo año escolar, el Presidente de la República acuerda:

1. Todos los nombramientos del personal de las Juntas Directivas de las Facultades, de profesores y empleados de los establecimientos de enseñanza, sea primera, secundaria, normal o profesional, y de sus dependencias, quedarán sin efecto alguno, el día último del corriente mes.

2. De conformidad con el decreto número 288 y el que se ha dictado con fecha de hoy, se procederá por quien corresopnda, del 15 al 30 de abril de 1898, a la organización del personal de los establecimientos de enseñanza de la República, nombrándose los empleados para llenar las vacantes provenientes de la disposición anterior.5

Esta última adenda del decreto 546 fue la que en la práctica cerró todas las escuelas e institutos públicos, y las Escuelas Facultativas de Medicina, Farmacia y de Derecho y Notariado.

El decreto fue derogado el 11 de febrero de 1898, por el presidente interino, licenciado Manuel Estrada Cabrera,6 tan sólo tres días después del asesinato del general Reina Barrios no tanto porque ya se hubiera resuelto la situación económica, sino porque así empezaba su propaganda para las elecciones presidenciales del 1 de agosto de 1898 que él mismo había convocado un día antes.7


BIBLIOGRAFIA:

  1. Nuestro Diario (12 de enero de 1926). Retazos de nuestra historia: el movimiento revolucionario de Castillo. Guatemala: Nuestro Diario. p. 1.
  2. Luján Muñoz, J. (2003). Las Revoluciones de 1897, La Muerte de J. M. Reina Barrios y la Elección de M. Estrada Cabrera. Guatemala: Artemis y Edinter. ISBN 9788489766990.
  3. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1897-1898 XVI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 609.
  4. Ibid., p. 623.
  5. Ibid., p. 624.
  6. Ibid., p. 705.
  7. Ibid., p. 704.

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17 de noviembre de 1842: Guatemala se queja ante México por el Soconusco

17 de noviembre de 1842: Guatemala se queja ante México por el Soconusco

El gobierno del presidente del Estado de Guatemala Mariano Rivera Paz se queja diplomáticamente de que el general mexicano Antonio López de Santa Anna se apropiarse militarmente del Soconusco.

Mapa de México en 1847, mostrando la enorme extensión de ese país norteamericano antes de perder sus territorios por el tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. En la frontera sur, se aprecia que Soconusco todavía aparecía en Guatemala, pese a la anexión de 1842, ya que el territorio era reclamado por Guatemala. En el recuadro: el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, que anexó Sonocusco en 1842 y perdió California, Colorado, Nuevo México, Arizona y Texas en 1848.
Mapa de México en 1847, mostrando la enorme extensión de ese país norteamericano antes de perder sus territorios por el tratado Guadalupe Hidalgo en 1848. En la frontera sur, se aprecia que Soconusco todavía aparecía en Guatemala, pese a la anexión de 1842, ya que el territorio era reclamado por Guatemala. En el recuadro: el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, que anexó Sonocusco en 1842 y perdió California, Colorado, Nuevo México, Arizona y Texas en 1848. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Situación de Soconusco en 1840:

Aunque Anastasio Bustamante y Oseguera, presidente de México de 1839 a 1841, era partidario de anexar al Soconusco a su país, no pudo realizarlo porque durante su corta presidencia tuvo que enfrentar la Guerra de los Pasteles, el Pronunciamiento Federal del 15 de julio de 1840, la rebelión federalista del Plan de Tacubaya el 28 de septiembre de 1841 y su propio derrocamiento el 11 de octubre de 1841 por el movimiento del Plan de Huejotzingo.1

Por ello, cuando el alcalde de Tapachula pidió la anexión a México debido al abandono en que se encontraba su región el 11 de septiembre de 1842, el nuevo presidente mexicano Antonio López de Santa Anna zanjó la cuestión mediante una invasión militar, motivando las protestas de Guatemala.2

La débil protesta del gobierno guatemalteco:

Véase también: Mariano Rivera Paz, Rafael Carrera

La primera protesta formal ante esta situación fue la del 12 de septiembre de 1842, dirigida por el Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco a su homólogo mexicano en la que abundaban datos geográficos, históricos y económicos, que demostraban los derechos de Guatemala y se reiteraba el calificativo de ocupación por la fuerza y terminaba exigiendo al gobierno de México la evacuación de las tropas destacadas en Soconusco, tras advertir que la agresión perpetrada podría ser justificadamente repelida con el uso de la fuerza.2 Pero no se declaró la guerra y tampoco se rompieron las relaciones diplomáticas sencillamente porque en ese momento Guatemala no tenía la capacidad logística para emprender una guerra, ya que estaba prácticamente en la ruina tras la revolución católico-campesina de Rafael Carrera en 1837-38,3 la secesión y posterior guerra contra el Estado de Los Altos (al que pertenecía el Soconusco) entre 1838 y 18404, y la guerra entre Guatemala y las fuerzas invasoras de Francisco Morazán en 1840.5

El 17 de noviembre de 1842 Guatemala hizo llegar a todos los países con los que se tenían establecidas relaciones diplomáticas otra protesta en la que denunciaba la ocupación militar y el decreto de anexión emitido por el Presidente mexicano López de Santa Anna y en la que reafirmaba la vigencia de los derechos guatemaltecos sobre Chiapas y Soconusco. Como la anterior, aquella protesta se quedó en nada debido a la debilidad del estado guatemalteco.2

Guatemala siguió en una situación de anarquía por los siguientes 10 años, y no logró consolidarse sino hasta que el general Rafael Carrera venció a los criollos liberales centroamericanos que intentaban hacerse con el poder del Estado el 2 de febrero de 1851 en la batalla de la Arada.6 Durante todo ese tiempo, como es natural, Guatemala no estaba en capacidad de reclamar a México sus derechos sobre el Soconusco, ya que ella misma estaba en peligro de perder su soberanía como Estado. De esta cuenta, si bien el asunto era el de dos países enfrascados en una relación asimétrica donde el más fuerte se impone sobre el más débil, también se logró «el triunfo del hecho consumado sobre el derecho inadecuadamente defendido«.2

Es importante destacar que debido a la ineptitud de los militares y dirigentes de México, en la guerra contra los entonces débiles Estados Unidos, el poderoso estado mexicano terminó perdiendo enormes territorios en su frontera norte por el tratado Guadalupe Hidalgo en 1848.2

Renuncia definitiva a Soconucsco:

Véase también: J. Rufino Barrios, Tratado Herrera-Mariscal

A pesar de esa difícil situación, sí se mantuvieron hasta bien avanzado el siglo y en suficiente vigencia, los derechos que Guatemala defendía. Pero, cuando el presidente guatemalteco, general J. Rufino Barrios se hizo cargo del asunto7, los acontecimientos se precipitaron y culminaron con la firma del desastrozo Tratado de Límites Herrera-Mariscal entre Guatemala y México de 18828, por el que Guatemala renunció para siempre al reclamo sobre el Soconusco, debido a la incapacidad diplomática del presidente guatemalteco y la de los miembros de su cuerpo diplomático.9 De acuerdo al ingeniero Claudio Urrutia, jefe de la Comisión de Límites, «en todo con lo que la cuestión de límites se relacionó durante aquella época, existe algo oculto que nadie ha podido descubrir, y que obligó a las personas que tomaron parte en ello por Guatemala a proceder festinadamente o como si obligados por una presión poderosa, trataron los asuntos con ideas ajenas o de una manera inconsciente10


Bibliografía:

  1. Vigil, J.M., México a través de los siglos, la Reforma, Tomo V, Ed. Cumbre, México D.F., 1958.
  2. Solís Castañeda, Sara (2013). La cuestión limítrofe-territorial guatemalteca en el siglo XIX: casos de Chiapas, Soconusco y Belice. Guatemala: Instituto de Relaciones Internacionales e Investigaciones para la Paz.
  3. Hernández de León, Federico (24 de marzo de 1926) “El capítulo de las efemérides: 24 de febrero de 1838, Informe de las Conferencias de Mataquescuintla”. Guatemala: Nuestro Diario.
  4. Taracena, Arturo (1999). Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. Guatemala: CIRMA.
  5. Hernández de León, Federico (13 de marzo de 1926) «El Capítulo de las Efemérides. 13 de marzo de 1840: Sale Morazán de El Salvador sobre Guatemala». Guatemala: Nuestro Diario.
  6. Sierra González, Aída Lucila (2001). «La batalla de la Arada». Guatemala: Servicio de Historia Militar, Sección de Investigaciones Históricas, Museo Militar.
  7. Batres Jáuregui, Antonio (1944). La América Central Ante la Historia. 1821-1921. III. Guatemala. Tipografía Nacional. pp. 431-432.
  8. Salazar, Ramón A. (1892) Colección de Tratados de Guatemala. Guatemala: Tipografía Nacional.
  9. Lainfiesta, Francisco (1975). Apuntamientos para la Historia de Guatemala: período de 20 años corridos del 15 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Pineda e Ibarra. p. 249-250.
  10. Comisión Guatemalteca de Límites con México (1900). Memoria sobre la cuestión de límites entre Guatemala y México. Guatemala: Tipografía Nacional.

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15 de noviembre de 1879: trasladan manejo de los cementerios a las municiplidades

15 de noviembre de 1879: trasladan manejo de los cementerios a las municiplidades

El gobierno liberal del general J. Rufino Barrios retira los cementerios del control eclesiástico y regula su administración mediante las municipalidades.

Pórtico del entonces majestuoso Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el recuadro, la tumba casi abandonada del ex-presidente mariscal Vicente Cerna en 2014, y que se encuentra en la misma calle principal del Cementerio General.
Pórtico del entonces majestuoso Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el recuadro, la tumba casi abandonada del ex-presidente mariscal Vicente Cerna en 2014, y que se encuentra en la misma calle principal del Cementerio General. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Primeros intentos de expulsar a los eclesiásticos:

Véase también: Francisco Morazán

La primera vez que las instituciones guatemaltecas le fueron quitadas a la Iglesia Católica fue en 1829 con la invasión de Francisco Morazán, pero no se pudo establecer completamente por la revolución católico-campesina de 1837-38.

Separación definitiva de iglesia y estado:

Véase también: J. Rufino Barrios, clero secular

No fue sino hasta durante el gobierno del general J. Rufino Barrios (1873-1885) que se completó definitivamente la separación de Iglesia y Estado en el país; aunque, por supuesto, la misma no fue instantánea, y más bien tardó varios lustros en completarse, ya que se tuvo que ir haciendo paso a paso debido a la arraigada fé católica de los guatemaltecos.

Aunque la expulsión de las órdenes regulares y del arzobispo Bernardo Piñol y Aycinena fue prácticamente instantánea tras el triunfo de la reforma liberal en 1871, el clero secular se mantuvo en el país y todavía tenía a su cargo muchos aspectos administrativos, como el registro de recién nacidos en las actas de bautismo, matrimonios religiosos y defunciones.

Cambios en la administración de los cementerios:

Con la expulsión de las órdenes regulares terminó la costumbre de enterrar a los criollos en las catacumbas y columnas de los principales templos de los poblados y ciudades, y el 15 de noviembre de 1879, el gobierno del general Barrios retiró los cementerios a los curas párrocos, mediante el siguiente decreto:

DECRETO NÚM. 248

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que por no haber estado los lugares públicos de enterramientos sujetos a la inmediata inspección y administracíon de la autoridad civil, carecen los cementerios de las condiciones indispensables para conservar la salubridad pública, no se observan en las inhumaciones y exhumaciones las reglas de la higiene, y se encuentran en su mayor parte abandonados.

DECRETO:

      • Art. 1.°— La construcción, admistración é inspección de los cementerios de la República, quedan a car go exclusivo de la autoridad municipal.
      • Art. 2.°— Las Municipalidades ejercerán su intervención en los cementerios
        por medio de las comisioness de policía é higiene que establece el artículo 92 de su ley reglamentaria.
      • Art. 3.°— Los derechos de sepultura serán exclusivamente destinados á los gastos de conservación y mejora de los cementerios.
      • Art. 4.°— Un reglamento especial determinará las bases de la administración, régimen y buen servicio de los cementerios.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a quince de noviembre de mil ochocientos setenta y nueve.

(f.) J. Rufino Barrios

(.f.) Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A. Ubico Urruela1

Reglamento de los cementerios:

Ese mismo día se emitió el Reglamento respectivo, del cual se reproducen aquí algunos artículos importantes:2

    • Art. 1.°— Todo cadáver deberá ser enterrado en cementerio público establecido con autorización previa, siendo prohibidas las inhumaciones dentro de poblado.
    • Art. 2.°— En lo sucesivo, para la situación de los cementerios, se elijirán lugares secos, ventilados, a una distancia conveniente de las poblaciones en rumbos apartados de los vientos domiuantes, y que en lo posible
      reúnan las mejores condiciones higiénicas. No podrá determinarse el lugar sin oír la opinión de expertos. […]
    • Art. 10.— Habrá en el cementerio cinco clases de enterramientos: el primero es el de capillas: el segundo en mausoleos; el tercero en nichos; el cuarto de fábrica media; y el quinto de fábrica común en el suelo; a cuyo efecto el terreno estará dividido en otras tantas secciones proporcionadas .
    • Art. 11.— Las capillas se construirán por cuenta de los interesados, en una área cuya extensión no podrá exceder de 61 varas cuadradas, cubriéndose el valor de éstas con arreglo al adjunto arancel.2
    • Art. 12.— En los laterales destinados a este objeto: en los cementerios se delineará y numerará el orden de los mausoleos, teniendo cada uno tres varas de largo y vara y media de ancho, formando calles de Oriente a Poniente y de Norte a Sur.
    • Art. 13.°— Cada lugar de mausoleo se venderá con su cimiento de piedra, ladrillo y mezcla, puesto al nivel del terreno, por el precio del arancel y como sepultura perpetua.
    • Art. 14.°— El que haya comprado un lugar de mausoleo puede edificar o permitir que se edifiquen para sus parientes ó amigos tres sepulcros á mas del primero, uno sobre otro; y cada uno de ellos que se vaya fabricando se pagará una tercera parte de lo que se pagó por el anterior.
    • Art. 15.°— Los nichos se seguirán fabricando en las paredes de los cementerios y en la forma que ahora se ha adoptado sin perjuicio de las reformas que la experiencia y el buen gusto vayan indicando.
    • Art. 16.°— Los entierros que se hagan en ellos, deben comenzar por una línea de abajo á arriba ocupando primero el de más abajo, y sucesivamente el que le sigue sin pasar a otra línea sin que esté cubierto el ultimo sepulcro de la anterior. […]
    • Art. 18.— La sepultura en nichos no se vende a perpetuidad para un cadáver, porque a los seis años siendo adulto, puede exhumarse para conducir los restos a los osarios, pero los parientes o amigos del sepultado pueden evitar esta exhumación pagando una tercera parte menos de lo que se ha pagado los seis años anteriores; y cada vez que se cumpla este término, pueden hacer igual rescate. Siendo un párvulo el cadáver, el período será de cinco años. […]
    • Art. 20.— Para los enterramientos de fábrica media é ínfima, el cementerio se dividirá en cuatro cuadros pequeños que corresponden a los cuatro ángulos del cuadrado grande, dejando dos calles, que los dividan ó se crucen en el centro, la una de Oriente á Poniente y la otra de Norte a Sur, prohibiéndose hacer entierros en ellas.
    • Art. 21.— Para delinear mejor estas calles, se demarcarán, fabricando dos paredes de nichos para párvulos, cuya altura no excederá de dos varas, dejándose encima un canal para llenarlo de tierra bien preparada y cultivar un jardín que sirva de adorno del cementerio.3

El Cementerio General de la Ciudad de Guatemala:

Véase también: Ciudad de Guatemala

No es casualidad entonces que el cementerio de la Ciudad de Guatemala haya sido construido en 1881, dos años después de la emisión de este decreto. El cementerio original de la ciudad estaba al este de la Catedral Metropolitana, en donde después se construyó el Mercado Central. Luego, se trasladó a la par del Hospital San Juan de Dios, y allí estuvo hasta que fue trasladado al nuevo local, entonces totalmente alejado de la población en 1881. Fotografías antiguas del local muestran que antes de los terremotos de 1917-18, el cementerio general cumplía con lo estipulado con el reglamento de 1879. Desfortunadamente, luego de esos terremotos el cementerio general entró en un declive permanete al punto que en el siglo XXI se encuentra a la par del colector de basura más grande de la Ciudad de Guatemala —aparte de los ríos que le sirven desagüe a la metrópoli—, y ha caído en completo abandono.3


Bibliografía:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 315.
  2. Ibid., p. 317.
  3. Ibid., p. 318.

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