25 de septiembre de 1876: el gobierno de J. Rufino Barrios decreta una ley castigando severamente a quienes hurten plantas de café de los cultivos a gran escala

Monumento a Barrios en su ubicación original en el Palacio del final de la Avenida La Reforma, construido por su sobrino, el general presidente José María Reina Barrios en 1896.  El palacio fue destruido por los terremotos de 1917-18 y la estatua trasladada al Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

El auge económico que vivió Guatemala durante el gobierno del general J. Rufino Barrios estuvo íntimamente ligado a la producción a gran escala del café, razón por la cual aquellos que se dedicaron a su cultivo tuvieron grandes concesiones y protección de parte del gobierno.

Esto se pone en evidencia en el decreto de Barrtios del 25 de septiembre de 1876, en el que textualmente dice: “Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección”.  Las penas impuestas a quienes robasen o comprasen las plantas de café no eran de cárcel sino de trabajos forzados en los caminos rurales, para así beneficiar las comunicaciones para la exportación del grano.

No solamente la economía del país, sino que la personal del general Barrios mejoró considerablemente con el cultuvo del café, ya que poseía numerosas fincas, entre ellas:

  • “La Majada” en Mixco
  • “Los Tarros” en Santa Lucía Cotzumalguapa
  • “Rodeo del Incienso” en Guatemala
  • “Paso Antonio” en Escuintla
  • “El Barón”
  • “Primavera” en San Cristóbal Verapaz
  • “Punián” en Escuintla
  • “El Porvenir” en San Pablo, San Marco
  • “El Rodeo” en San Marcos
  • “Pacajá” en Quetzaltenango
  • “El Malacate” en San Marcos
  • “Los Cerritos”
  • “El Sauce” en Izabal

Se calcula que la herencia que recibió la viuda del expresidente, Francisca Aparicio de Barrios, tras la muerte del general en 1885 ascendió a más de treinta y tres millones de la época, de los cuales cuatro millones correspondieron a la venta de sus exportaciones de café por diez años hasta 1884 y otros dos millones por el ahorro en el pago de sus administradores, mayordomos, caporales y mozos, cuyo pago salía del presupuesto militar y por lo estipulado en la ley de vialidad que él mismo implementó.

El artículo en mención textualmente dice:

Decreto Número 163

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del café, es uno de los ramos en que la agricultura del país ofrece mejores resultados por lo que merece la mayor protección:

Que son reiterados los informes que se reciben de las autoridades de algunos departamentos acerca de los frecuentes hurtos de almácigos y árboles de café, sin que hasta ahora haya sido dable evitar tan graves perjuicios con las medidas preventivas y económicas que se han puesto en práctica, ni con los procedimientos judiciales encaminados a ese fin; y

Que para impedir la comisión del indicado delito cuya gravedad debe apreciarse, no en proporción al valor de lo Hurtado, sino a los perjuicios causados al incremento de las plantaciones de café, se hace indispensable imponer penas que por su severidad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

  1. Se declara que para la apreciación de la gravedad del hurto de que se trata, no debe atenderse al valor de la cosa sino a la calidad especial del delito.
  2. A los que hurtaren o destruyeren en la propiedad ajena, semilleros, almácigos o plantillas de café en número de uno a cien plantas, sea cual fuera el tamaño de estas, así como a los que las vendan sin poder justificar su propiedad, se les impondrá con calidad de inconmutable, la pena de cuatro meses de obras públicas.
  3. En el caso del artículo anterior, se procederá en juicio verbal, conforme a las reglas comunes de ese procedimiento.
  4. Si el hurto se cometiere en una escala mayor respecto del número de plantas destruidas, hurtadas o vendidas, se impondrá al reo o reos la pena de un año de obras públicas, de que solo podrá, a juicio del Juez, permitirse la conmutación de la mitad del tiempo a razón de diez pesos mensuales, previa indemnización del perjudicado.
  5. En este ultimo caso, conocerán de la causa, los Jueces de 1ra. instancia, y en grado la Corte de Apelaciones; el recurso se sustanciarán con señalamiento de día para la vista, la que tendrá lugar con asistencia del Fiscal y Procurador de pobres y en la audiencia inmediata se pronunciará la sentencia de que no habrá ulterior recurso.
  6. Por el solo hecho de no justificarse la procedencia legítima de las plantas vendidas, y aun cuando no proceda querella de parte, se tendrá por convicto al vendedor de que hablan los artículos 2do. y 4to. de esta ley.
  7. Serán tenidos como cómplices del hurte de que se trata y castigados con las mismas penas que los reos principals, no solo los que compren a sabiendas de la mala procedencia de las plantas, sino tambien cuando traten con personas desconocidas o sospechosas y concurran las circunstancias de bajo precio y entrega furtive de la cosa.
  8. El conocimiento de los delitos a que se refiere esta ley, corresponde exclusivamente a la autoridad ordinaria y sin excepción de fuero privilegiado.
  9. Se derogan las disposiciones anteiores que se opongan a las contenidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinticinco de septiembre de mil ochocientos setenta y seis.

J. Rufino Barrios

J. Barberena, Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos”
BIBLIOGRAFIA:

 

21 de septiembre de 1848: aprovechando el exilio del presidente general Rafael Carrera, los departamentos del occidente de Guatemala establecen nuevamente el Estado de los Altos

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En las imágenes: el Escudo del Estado de Los Altos, retrato del capitán general Rafael Carrera y la verdadera firma del president, a quien los historiadores liberals acusaron de analfabeto y de firmar como “Raca Carraca”.  Imágenes tomada de Wikimedia Commons.

Para septiembre de 1848 el presidente Rafael Carrera había sido obligado a renunciar y abandonar Guatemala por sus mismos partidarios, los criollos conservadores.  Carrera no había logrado pacificar el país y eran constantes los crímenes politicos, los asesinatos en las carreteras, las invasiones de forajidos desde Honduras y El Salvador y los intentos de invasión desde esos países.

Los criollos, tanto liberales como conservadores, no miraban con buenos ojos que un mestizo como Carrera dirigiera los destinos del país y encontraron en la situación imperante la oportunidad perfecta para salir de él.  Carrera renunció y se fue a exiliar a México, hasta donde le llegó la noticia de que iba a ser fusilado sin previo juicio si osaba poner nuevamente un pie en Guatemala.

Pero era el general Carrera muy inteligente y más sagaz que sus rivales políticos y se dedicó a esperar un tiempo prudencial en el exilio, a sabiendas de que los criollos no iban a poder gobernar el país en su ausencia.

Y así sucedió.  Para el 21 de septiembre de 1848, el estado de Los Altos se volvió a formar, de la mano de su líder militar y político, el general Agustín Guzmán y con el apoyo de los criollos liberales que residían al oeste de las Verapaces y de Escuintla.  La respuesta del gobierno guatemalteco fue muy timorata, y da una idea de por qué Carrera simplemente esperó el momento oportuno para retornar a hacerse cargo del país en 1849.

He aquí la respuesta de la Asamblea Constituyente:

“Habiendo tomado en consideración la asamblea constituyente la consulta que el gobierno dirigió con fecha 31 de agosto ultimo, con motivo del pronunciamiento de la municipalidad de Quetzaltenango, erigiendo a los departamentos de Los Altos en estado independiente de Guatemala: oídos los dictámenes de varias comisiones que entendieron en el asunto con presencia de los demás pronunciamientos que posteriormente fueron remitidos; tuvo a bien acordar este alto cuerpo se diga al gobierno:

  1. Que los pronunciamientos indicados, se consideran perjudiciales a la causa misma que por ellos se quiso establecer.
  2. Que la voluntad general, libremente expresada por los pueblos de Los Altos, será respetada y decidirá de su suerte cuando se obtenga legalmente.
  3. Que para reglamentar la manera de lograrlo como corresponde, es muy urgente la concurrencia de los diputados de todos los distritos de Los Altos.
  4. Que el gobierno proteja eficazmente a los pueblos que no hayan secundado el pronunciamiento, o tengan manifestada su voluntad de continuar unidos a esta república.
  5. Que explore la voluntad de aquellos pueblos, ya manifestada en muchos documentos, trayéndonos a la vista y dictando otras medidas, si lo tiene por conveniente.
  6. Y en fin, que emplée todos los medios suaves que dicta la prudencia para atraer al orden a los pronunciados en aquellos departamentos, y si no fueren bastante para obtener el resultado que se desea, que use de sus facultades ordinarias conforme previente las leyes vigentes.”

De más estaría decir que el Estado de Los Altos se formó y empezó a intentar relaciones internacionales para ser reconocido.  Pero no contaba con que el general Carrera regresaría en cuestión de unos pocos meses, y que retomar Los Altos por la fuerza sería solamente el primero de una larga serie de triunfos políticos y militares que se extendieron hasta su muerte, en 1865.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

19 de septiembre de 1903: el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera aclara la circular a los Jefes Políticos en la que se especifica un jornal de doce reales diarios para los mozos jornaleros de las fincas

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Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge.  En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898.  Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Restablecido el Reglamento de Jornaleros para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se de una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.

El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en in azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.

Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“.  Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitude los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.

Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de Agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada.  El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:

  1. La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
  2. Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
  3. Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en complete y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.

Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.

BIBLIOGRAFIA:

 

7 de septiembre de 1897: estalla la Revolución Quetzalteca en contra del intento del presidente José María Reina Barrios de extender su mandato hasta 1902

La calle del Hospital en Quetzaltenango luego de los combates de septiembre de 1897.  Obsérvese las paredes acribilladas a tiros.  Imagen de la revista “La Ilustración del Pacífico

En diciembre de 1896, “La Ilustración Guatemalteca” decía que en Quetzaltenango el comercio estaba muy desarrollado, y el lujo y la riqueza se iban acentuando entre los habitantes; el comercio al por menor estaba en manos de inmigrantes chinos y judíos, mientras que el alto comercio estaba representado por las casa de Ascoli, Meyer, Maegli, Stahl, Zadik y Vizcaíno, entre otras. Ya existían el Banco de Occidente, y agencia del banco de Guatemala, del Agrícola Hipotecario y del Internacional. Por otra parte, toda la ciudad y muchos edificios públicos y particulares estaban alumbrados con luz eléctrica y la población contaba con doscientos cincuenta teléfonos; ambos servicios eran eficientes y habían sido introducidos por la casa de Juan Aparicio.  El Hospital de San Juan de Dios era, después del de la Ciudad de Guatemala, el mejor de la República por su amplitud.

Pero la prosperidad se vió alterada en 1897, cuando el precio internacional del café se desplomó luego de que Brasil saliera de una cruenta guerra civil y empezara a producir el grano en enormes cantidades. Poco a poco se fue propaganda un gran descontento en el país por el despilfarro que el gobierno había hecho tratando de promocionar el ferrocarril interoceánico mediante la Exposición Centroamericana de 1897, la cual fue un rotundo fracaso porque debido al colapso económico, el ferrocarril no fue concluido a tiempo y la exposición quebró aún más la ya endeble economía del país, obligando al presidente a tomar medidas de austeridad, como cerrar las escuelas públicas.

Un grupo de revolucionarios (entre quienes estaba el ex ministro de la Guerra del general Reina Barrios, Próspero Morales) tomó las amas con el fin de apoderarse de varias instituciones y evitar que el gobernante siguiera en el poder. El 7 de septiembre  estalló la revolución y los alzados avanzaron contra San Marcos, en donde tomaron el cuartel militar, la cárcel, las oficinas de rentas y las de telégrafos de esa ciudad. El 8 de septiembre, se registraron los primeros combates en San Juan Ostuncalco y varios revolucionarios murieron bajo las balas de los militares leales al presidente. Ese día en Quetzaltenango los militares detuvieron a Sinforoso Aguilar y Juan Aparicio, quienes fueron delatados y traicionados por unos supuestos amigos.

El 11 de septiembre, las fuerzas revolucionarias llegan a la ciudad de Quetzaltenango.  In grupo dejó sus caballos  en el ingreso principal de la ciudad, para así atacar en puntos estratégicos a los leales al gobierno de Reina Barrios mientras que otro grupo atacó desde el parque central a las fuerzas militares atrincheradas en La Pedrera y tomaron el antiguo edificio de rentas.

El 15 de septiembre las fuerzas revolucionarias proclamaron su victoria sobre las fuerzas militares y las autoridades quetzaltecas desconocieron al gobierno del presidente José María Reina Barrios. Posteriormente los revolucionarios tomaron Ocós, Colomba Costa Cuca y Coatepeque.

El 4 de octubre del mismo año el ejército, al mando del general de división Calixto Mendizábal, quien retomó el control y dio fin a la revolución.​  Pero la situación no terminó allí; el presidente Reina Barrios, ordenó fusilar a los ex alcaldes quetzaltecos, Sinforoso Aguilar y Juan Aparicio, por ser supuestamente los líderes revolucionarios. La sociedad quetzalteca mandó una petición urgente al presidente para que no se llevará a cabo la ejecución, ya que Aparicio era un filántropo muy apreciado en la region.  Reina Barrios accedió, pero su ministro de Gobernación, el licenciado quetzalteco Manuel Estrada Cabrera tenía una problema personal con Aparicio por las concesiones de la empresa eléctrica de Quetzaltenango y se demoró en enviar el telegrama con el indulto a Quetzaltenango hasta cuando estuvo seguro que la ejecución se había realizado.

Aquello sería el principio del fin del gobierno de Reina Barrios, quien murió asesinado en la ciudad de Guatemala el 8 de febrero de 1898, a manos de Edgar Zolinger, antiguo trabajador de Aparicio.  Irónicamente, fue el principio del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, el cual se prolongaría hasta 1920.

BIBLIOGRAFIA:

 

 

 

16 de agosto de 1897: una Asamblea Legislativa hecha a la medida del presidente José María Reyna Barrios deja en suspenso la constitución de 1879 y avala la extensión del mandato presidencial hasta 1902

Las fuerzas revolucionarias en Quetzaltenango luego de tomar el control de la ciudad.  El ejército leal a Reina Barrios recuperaría la plaza pocos días después.  Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico” de 1897.

A mediados de 1897 Guatemala había pasado prácticamente del Paraíso al Infierno por el colapso internacional del precio del café, que dejó al gobierno en bancarrota y con una enorme deuda con bancos ingleses. El hecho de haber intentado hacer una Exposición Centroamericana que promoviera el Ferrocarril Interoceánico que el régimen había estado construyendo antes del derrumbe de la economía solamente exacerbó la crisis, pues el gobierno ya nadie quería los bonos que se habían emitido para financiar los trabajos.

Ante el descontento popular, el general presidente José María Reina Barrios ordenó a los diputados a la Asamblea Nacional Legislativa que modificaran la Constitución que había mandado a hacer el general J. Rufino Barrios en 1879 a fin de que el mandato presidencial se extendiera por cuatro años.  Cuando los diputados se opusieron, el presidente impidió que se reunieran y por ello el 31 de mayo de 1897 la Asamblea fue declarada cerrada por consunción.

Con la Asamblea disuelta, y los candidatos presidenciales clamando porque se adelanaran las elecciones, Reina Barrios organizó otra Asamblea entre sus partidarios y consiguió que dicho cuerpo declarara en suspenso la Constitución de 1879 y que extendiera su mandato presidencial hasta 1902.

Fue entonces cuando ardió Troya:  el candidato Próspero Morales, hasta entonces ministro del gobierno de Reina Barrios se levantó en armas en San Marcos iniciando la llamada Revolución Quetzalteca, mientras que otro candidato, José León Castillo, alborotó los ánimos en el Oriente del país.  Reina Barrios sofocó ambas revoluciones a sangre y fuego, pero los ánimos no se calmaron.  De hecho, toda esta situación desembocó el 8 de febrero de 1898, cuando Edgar Zollinger asesinó a Reina Barrios en la ciudad de Guatemala.

BIBLIOGRAFIA:

 

11 de agosto de 1888: el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas impone sanciones contra la defraudación en los puertos de Livingston y de Ocós

Calle del Puerto internacional de Livingston en 1887.  Era la primera población guatemalteca que los visitantes europeos visitan en esa época.  Tomada de Wikimedia Commons.

En 1882 el gobierno de J. Rufino Barrios estableció zonas de libre comercio alrededor de los entonces principals puertos del país: Livingston en Izabal y Ocós en San Marcos.  Para 1888, las defraudaciones que había en los mencionados puertos eran considerables y el gobierno del general Manuel Lisandro Barillas se vió en la necesidad de implementar medidas drásticas contra los defraudadores.

En el siglo XXI los puestos guatemaltecos adolecen de los mismo problemas, al punto que basta con cambiar los nombres de los puertos por Santo Tomás de Castilla en vez de Livingston y Puerto Quetzal en vez de Ocós en el siguiente decreto emitido por el general Barillas:

Palacio del Poder Ejecutivo, Guatemala, agosto 11 de 1888.

Observándose:

Que muchas de las mercaderías que se importan libres de derechos, por el pueto de Livinston, para el consume de la zona libre creada por decreto número 278 de 14 de junio de 1882 y determinada por reglamento de 6 de diciembre del mismo año; y que, aunque abolida por decreto número 413, de 6 de julio del año en curso, por acuerdo gubernativo de 6 del presente continuarán importándose libres de derechos, hasta nueva disposición, son extraídas del territorio señalado como zona libre y se expenden en lugares a los que no corresponde esa concesión:

Que de esta manera se defraudan considerablemente las rentas nacionales, y se perjudica al comerciante que ha pagado los derechos de importación establecidos por las leyes:

Que por las mercaderías que se importan por el Puerto de Ocós, con frecuencia dejan de pagar los derechos respectivos;

Que es necesario dictar una medida por la cual se evite, en su mayor parte, la defraudación que se hace a las rentas nacionales;

Por tanto,

El Presidente de la República

Acuerda:

  1. Por las mercaderías que se importen por el Puerto de Livingston y sean destinadas al consume, fuera de la zona libre, deberá extender la Aduana de Izabal una guía en que consten las mercaderías que se conducen  y el punto de su destino.
  2. Igual document extenderá el Administrador de la Aduana de Ocós, por las mercaderías que se importen por aquel Puerto, con destino a cualquier punto de la República.
  3. Caerán en comiso las mercaderías que se conduzcan sin la guía correspondiente, y no podrán ser devueltas sin comprobar que han sido pagados los derechos respectivos.
  4. Si resultare que no han sido cubiertos los derechos de importanción que corresponden; seguidos los trámites de ley, se venderán las mercaderías decomisadas al mejor postor, en pública subasta, previo avalúo de expertos nombrados por la autoridad que conozca del juicio.
  5. La distribución del production de los efectos decomisados, si no fueren de ilícito comercio o que deban destruirse, se hará conforme lo dispuesto por el artículo 1331 del Código Fiscal, por el cual se dispone:   (1) Que se cubran los derechos de Hacienda Pública; (2) Se pague le papel sellado y demás gastos ocasionados por el delito; (3) El resto se dividirá en dos partes iguales, una para el Fisco y otra para los aprehensores, si no hubiere denunciante: si lo hubiere, se dividirá por iguales partes entre éste y aquellos.
  6. Los Jefes politicos, Jueces de Paz, Alcaldes Municipales y auxiliaries de las aldeas o caseríos, están obligados, según el artículo 1283 del Código Fiscal a perseguir de oficio y sin necesidad de denuncia el contraband y la defraudación; y deberán dictar todas las disposiciones convenientes para evitar las pérdidas que sufre el Tesoro Público.
  7. Así mismo, tienen obligación los empleados civiles y militares, en su respective territorio, y toda fuerza pública armada cuando sea requerida al efecto por las autoridades de hacienda o se hallare infraganti a los delincuentes.

Comoníquese

Barillas

BIBLIOGRAFIA:

12 de julio de 1945: San Cristóbal Cucho recupera la categoría de municipio tras haber sido adscrito a San Pedro Sacatepéquez como aldea por el gobierno de Jorge Ubico en 1935

 

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El general Jorge Ubico durante su primera toma de posesión en 1931.  Imagen tomada de Wikimedia Commons.

San Cristóbal Cucho es un municipio en el departamento de San Marcos, en Guatemala.  El área que ocupa este municipio fue descubierta por los conquistadores españoles al mando de Juan de Dios y Cardona quien ostentaba el cargo de capitán al servicio del Real Ejercito Español en la década de 1520.

 

El poblado original fue fundado el 11 de octubre de 1811 y estuvo constituido por personas descendientes de la etnía Mam, juntamente con comunidades de mestizos, ya hacia el final de la Época Colonial.

Después de la Independencia de Centroamérica, se aprovechó la división territorial que existía en base a los curatos a cargo de las órdenes religiosas y del clero secular, al punto que la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 creó los distritos y sus circuitos correspondientes para la administración de justicia con esta base.  En esa constitución, ya aparece San Cristóbal Cucho adscrito al cirtuito Del Barrio que pertenecía al Distrito N.°10 (Quezaltenango), junto con los municipios de San Marcos, Tejutla, San Pedro, San Antonio, Maclén, Izlamá, Coatepeque, San Lorenzo, San Pablo, Tajumulco, Santa Lucía Malacatán, San Miguel Ixtahuacán, Zipacapa y Comitancillo.

En el siglo XIX, como ahora en el siglo XXI, las diferencias entre los grandes grupos de criollos eran irreconciliables, y cuando los liberales se dieron cuenta de que iban a perder el poder en el Estado de Guatemala a manos de los conservadores, decidieron formar su propio estado aglutinando a los departamentos del Occidente.  Fue así como el 3 de abril de 1838, San Cristóbal Cucho, junto con el resto del occidente de Guatemala, pasó a formar parte de la región que se independizó constituyó el efímero Estado de Los Altos. Aquella secesión forzó a que el Estado de Guatemala se reorganizara en siete departamentos y dos distritos independientes el 12 de septiembre de 1839.  En ese entonces, Guatemala fue reducida únicamente a los departamentos de Chimaltenango, Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Mita, Sacatepéquez, y Verapaz, además de los distritos de Izabal y Petén.

Es importante destacar que actualmente son pocas las personas que conocen este dato histórico; y aun quienes la conocen creen que fue solamente la ciudad o departamento de Quetzaltenango la que se independizó.  En realidad, fueron todos los departamentos del Occidente: Soconusco (entonces parte de Guatemala), Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez son los modernos departamentos que formaron parte de Los Altos en 1838.

Pero el Estado de los Altos tenía graves problemas sociales.  Eran los criollos de la región habían mostrado intenciones de obtener mayor autonomía con respecto a las autoridades de la ciudad de Guatemala desde la época colonial, pues consideraban que los criollos capitalinos que tenían el monopolio comercial con España no les daban un trato justo.  Por su parte, los indígenas no simpatizaban en lo absolute con el pensamiento liberal anticlerical ni con la idea de juicios de jurados, el matrimonio civil y el divorcio que eran las principales armas propagandísticas de los liberales.

Este intento de secesión fue aplastado por el general Rafael Carrera, quien reintegró al Estado de Los Altos al Estado de Guatemala en 1840 y luego venció contundentemente al presidente de la República Federal de Centro América, el general liberal Francisco Morazán en la Ciudad de Guatemala unos cuantos meses después.  Esa derrota de Morazán significó la consolidación territorial del Estado de Guatemala, y el fin de la Carrera política de Morazán y del Estado de Los Altos.

En 1931 tomó el poder el general Jorge Ubico, tras una serie de gobiernos fugaces y de golpes de Estado que siguieron a la renuncia del general Lázaro Chacón, quien sufrió in derrame cerebral.  En ese momento, Guatemala estaba inmersa en una profunda crisis económica derivaba de la estrepitosa caída del precio del café causada por la Gran Depresión.  Ubico era un hábil administrador y tomó fuertes medidas de austeridad, que incluyeron la simplificación de la división política de la República para reducir los costos de operación. Así pues, suprimió varios departamentos y municipios, los cuales fueron integrados a sus vecinos. San Cristóbal Cucho fue uno de los municipios afectados: el 11 de diciembre de 1935 fue anexado al municipio de San Pedro Sacatepéquez, también del departamento de San Marcos, en calidad de aldea.

Fue hasta después de Revolución de Octubre de 1944 que la administración, aprovechando que el gobierno del general Ubico dejó la macroeconomía del país en muy buen estado, decidió restaurar algunos municipios.  Así pues, San Cristóbal Cucho recobró la categoría de municipio el 12 de julio de 1945, ya durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo.

BIBLIOGRAFIA: