Batalla de Coatepeque, tal y como fue esculpida en el Monumento a Gerardo Barrios en El Salvador. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Luego de la batalla de La Arada el gobierno de Guatemala vivió tranquilamente, pues sus vecinos centroamericanos quedaron bajo su control, mientras que México estaba hundido en graves guerras civiles. Pero hacia el final de la vida del general Rafael Carrera, el presidente Gerardo Barrios intentó deponer al fuerte gobierno conservador católico que se había establecido en Guatemala.
En 1863, el partido de los criollos liberales estaba decidido a acabar con el partido conservador en Nicaragua y, sobre todo, el aborrecido gobierno conservador de Carrera en Guatemala. Poco antes, el líder liberal Máximo Jerez había propuesto en Nicaragua que se hiciera una nueva república federal y que se le diera la presidencia de la misma a Carrera, estableciendo la capital nuevamente en la Ciudad de Guatemala. Esto no fue del agrado de los liberales de los otros estados quienes soñaban con una Federación, pero sin los “cachurecos” (es decir, los conservadores guatemaltecos y sus aliados, los miembros del clero). Entre aquellos destacaba el general Gerardo Barrios, presidente de El Salvador, quien atacó duramente la propuesta de Jerez, llegando a romper relaciones diplomáticas con los estados centroamericanos.
Carrera tomó aquello como una afrenta y dirigió a su ejército a la frontera con El Salvador e invadió Santa Ana. De esta cuenta, a principios de febrero, el gobierno de Gerardo Barrios lanzó una dura proclama en contra del gobierno cachureco fanático de Carrera, diciendo que éste gobernaba con el rosario en la boca y la espada sangrienta en la mano y que era indispensable derrocar aquel “tirano”. Y entonces, en respuesta, el 2 de febrero de 1863, al conmemorar el décimo segundo aniversario de la Batalla de La Arada, Carrera pasó revista a sus tropas en la calle frente al templo de San José en la Ciudad de Guatemala, y el 5 partió al frente de las mismas hacia Jutiapa, a donde llegó el 9 de febrero.
El 15 de febrero, estaban ya las tropas listas, desde Guatemala, Palencia, Mataquescuintla y Santa Rosa, comandadas, entre otros, por el general Serapio Cruz (“Tata Lapo”) y el también general José Víctor Zavala; solamente faltaba el destacamente de Chiquimula, comandado por el general Vicente Cerna. El 16, fuerzas compuestas por quinientos hombres salieron para Ahuchapán y la tomaron ese mismo día, mientras que por la tarde, salió Zavala con los batallones de la capital y de Santa Rosa, para que, finalmente, al día siguiente saliera Carrera con el resto de las fuerzas guatemaltecas.
Aquello significó la declaratoria de guerra y las fuerzas de Carrera, en total de seis mil hombres, ocuparon Chalchuapa. Ya con Ahuachpán tomada, los guatemaltecos avanzaron hacia Santa Ana, en donde los salvadoreños abandonaron la plaza y salieron a atrincherarse a Coatepeque, desde donde atacaron a la retaguardia del ejéricto de Carrera que hacía un reconocimiento del terreno antes de la batalla.
Al día siguiente, 23 de febrero, a pesar de iniciar con ímpetu desde las cinco de la mañana, las fuerzas guatemaltecas no pudieron someter a Coatepeque, en donde comandaban la batalla Gerardo Barrios y Máximo Jerez, y los salvadoreños, disfrutando de un mejor posición, hicieron estragos entre los atacantes. Debido a la escacez de agua y el calor sofocante, los guatemaltecos tuvieron que emprender la retirada, dejando casi mil muertos y sufriendo una gran cantidad de deserciones.
Al día siguiente, ya con el resto de sus fuerzas reorganizadas, Carrera intentó un nuevo ataque, pero nuevamente fue repelido por los salvadoreños, pero de tal forma, que el ejército guatemalteco huyó en desbandada y Carrera tuvo que ordenar la retirada. Los salvadoreños, no obstante el brillante triunfo, quedaron tan maltrechos, que no pudieron avanzar sobre la retaguardia y dejaron que se fueran los invasores.
Carrera regresó a la ciudad de Guatemala el 5 de marzo al frente de dos mil quinientos hombres, y fue recibido como que si hubiera derrotado al enemigo. ¡Era tal el servilismo que imperaba! Después de dos días de ausentarse de sus obligaciones como presidente por estar indispuesto, Carrera retomó su funciones y empezó a planificar su revancha, que a la larga se cumplió en forma absoluta: Barrios, vencido, tuvo que salir huyendo de su propio país, para caer luego en manos de sus enemigos, que lo ejecutaron sin piedad. Y Máximo Jerez, que había ayudado a Barrios enormemente en la campaña de Coatepeque, evalentonado por la victoria sobre Carrera se fue a Nicaragua para acabar con los conservadores de esa región, pero solo alcanzó una terrible derrota tras la cual fue exiliado a Costa Rica.
BIBLIOGRAFIA:
Hernández de León, Federico (22 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 22 de febrero de 1863, Acción de Coatepeque”. Guatemala: Nuestro Diario.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal. Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México). El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:
La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:
1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:
Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
José M, Gálvez
José Antonio Aguilar
General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.
Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.
Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:
Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala. Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.
Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:
La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:
Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.
En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular. Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:
Retrato de la famlia del Dr. Arévalo Bermejo en su juventud. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El Dr. Juan José Arévalo nació el 10 de septiembre de 1904 en Taxisco, Santa Rosa y desde su niñez demostró liderazgo e inteligencia. Fue compañero de estudios y amigo del gran pedagogo guatemalteco Luis Martínez Mont desde los diecisiete años, con quien fueron discípulos del profesor Miguel Morazán en la Escuela Normal Central para Varones, en donde estudiaron magisterio y en donde para 1923 ya eran profesores ejemplares. Por ese entonces publicaron la revista literaria “Alba” con textos de los reconocidos escritores guatemaltecos Rafael Arévalo Martínez, Flavio Herrera y Carlos Wyld Ospina.
En 1927, como parte de su proyecto educativo, el gobierno del general Lázaro Chacón convocó a un concurso para docentes, en el cual tanto Martínez como Arévalo ganaron becas para estudiar doctorados de pedagogía en el extranjero. Martínez viajó a Suiza a estudiar con el famoso psicólogo infantil suizo Jean Piaget, mientras que Arévalo partió para la Argentina.
1932 fue un año difícil para Arévalo y Martínez Mont, ya que el gobierno del general Jorge Ubico decidió recortarles la pensión que les enviaba mensualmente y que les servía para dedicarse a estudiar de lleno. De los 175 quetzales mensuales que habían estado recibiendo, ahora solamente iban a recibir 116 quetzales. Esta reducción obedeció a los cambios en educación que hizo el general Ubico, quien no prosiguió el proyecto de restructuración que habían iniciado los generales José María Orellana y Lázaro Chacón aduciendo que era necesario hacer recortes presupuestarios para afrontar la crisis económica derivada de la Gran Depresión. Tanto Martínez Mont como Arévalo tuvieron que regresar a Guatemala, en donde el gobierno autoritario de Ubico hacía difícil emprender un viaje nuevamente.
A mediados de 1932, a Luis Martínez Mont lo invitaron a un viaje a Washington como parte de una delegación oficial, y ambos concluyeron que era una oportunidad única para marcharse de Guatemala. Desde Washington, Martínez le envió una carta a Arévalo indicándole que no dejara pasar el mes de septiembre para regresar a Argentina, y así lo hizo, pero cuando llegó a Buenos Aires se enteró de que Martínez había retornado a Guatemala, en donde Ubico lo nombró director de la Escuela Normal Central para Varones. A partir de ese momento, la amistad entre ambos pedagogos se resquebrajó.
Arévalo obtuvo su doctorado en 1934 y se quedó en Argentina ejerciendo como profesor universitario. Tras la renuncia del general Ubico y el derrocamiento del general Federico Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944, el Dr. Arévalo fue llamado a Guatemala para ser candidato presidencial por el partido Frente Popular Libertador, formado por los estudiantes universitarios de la época. Por su parte, Martínez Mont salió al exilio a los Estados Unidos, en donde trabajó como psicólogo infantil para los estudios de Walt Disney.
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia“, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
BIBLIOGRAFIA:
Bucheli, Marcelo (2005). Bananas and Business: The United Fruit Company in Colombia, 1899-2000 (en inglés). Nueva York: New York University Press.
— (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
—; Read, Ian (2006). «Banana Boats and Baby Food: The Banana in U.S. History». En Topik, Steven; Marichal, Carlos; Frank, Zephyr. From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500-2000 (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3766-9.
— (2003). «United Fruit Company in Latin America». En Moberg, Mark; Striffler, Steve. Banana Wars: Power, Production, and History in the Americas (en inglés). Durham: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-3196-4.
— (2006). «United Fruit Company». En Geisst, Charles. Encyclopedia of American Business History (en inglés). Londres: Facts on File. ISBN 978-0-8160-4350-7.
— (2004). «United Fruit Company». En McCusker, John. History of World Trade Since 1450 (en inglés). New York: Macmillan.
Congreso de la República de Guatemala (1952). Decreto 900. Guatemala. Archivado desde el original el 13 de agosto de 2014.
Galich, Manuel (2013). «El tren amarillo». Tres obras de teatro, edición conmemorativa del centenario de su nacimiento. Guatemala: Cultura; Ministerio de Cultura y Deportes. ISBN 978-9929-559-44-8.
Marroquín Rojas, Clemente (1952). «Los ricos con el agua al cuello». Impacto (Guatemala): 1.
— (1954). «El caso del diputado José Luis Arenas». La Hora (Guatemala): 3.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Schoultz, Lars (1998). Beneath the United States : A History of U.S. Policy toward Latin America (en inglés). Boston: Harvard University Press. p. 496. ISBN 9780674922761.
Miembros del gabinete de gobiero del general Rafael Carrera, cuando ya estaba en la presidencia de Guatemala. Se reconoce , entre otros, a Pedro de Aycinena, Juan Diéguez Olaverri, el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez, José Milla y Vidaurre, Antonio José de Irisarri y el mariscal José Víctor Zavala. Imagen que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.
Reproducimos a continuación un fragmento de las memorias del general Rafael Carrera, quien las dictó a su secretario Mariano Chéves mientras estuvo en la presidencia de Guatemala:
Cuando a los pueblos se les quiere atacar en sus costumbres y variárselas repentinamente, causa en ellos una emoción, que por sana que sea la intención con que se quiere varias sus instituciones y costumbres añejas se sublevan. Tal fue lo que sucedió el año de 1937 en Santa Rosa, en cuya época mandaba el Doctor Gálvez el Estado de Guatemala, uno de los que componían la República de Centro-América, el más rico y poblado de la Federación, siendo presidente de la República el General Morazán. Muchas causas habían preparado de antemano el disgusto de los habitantes del Estado: una de ella fue la contribución personal que se había asignado por aquel gobierno a cada uno de los habitantes, a quienes se les señaló dos pesos por persona que pagaban anualmente. Sufrieron este gravamen con resignación, sustituyendo el tributo antes abolido desde que se hizo la Independencia del Gobierno Español. En seguidas jefes militares, no de muy buena conducta fueron desacreditando al Gobierno por el despotismo y arbitrariedades con que obraban, echándose la odiosidad de sus Gobernados.
Otras de las causas que contribuyeron no menos que las primeras, fue el establecimiento del Código en que se variaba enteramente la administración Judicial y la Religión, autorizando a los Jueces para casar y descasar a su antojo echando por tierra de un golpe a la Religión y sus ministros, y variando el Sistema, estableciendo solamente por influencia de unos pocos a quienes parecía bueno el Código, que ellos mismo o entendían; esto causó una alarma general en todo el país, en que por naturaleza las gentes son religiosas. Todavía sufrieron tal providencia; pero en seguidas la cosa subió de punto; sobre tanto conjunto de males, vino la epidemia de Cólera Morbus, epidemia desconocida en este país, y estando todos mal prevenidos con los sucesos anteriores, a la primera orden que dió el gobierno para despejar los pueblos, botar toda la arboleda dentro de ellos y sus inmediaciones, cercar las fuentes de agua de que se surtían los habitantes y establecer cordones sanitarios para evitar la comunicación entre unos pueblos con otros, subió de punto la agitación general y el 6 de mayo de 1837 tuvo lugar el primer levantamiento en Mataquescuintla con el Gobernador, que lo era Don Francisco Aqueche contra quien se amotinaron más de 1800 personas de ambos sexos. Dicho Gobernador se favoreció en el Convento cuyas puertas forzaban para sacarlo y asesinarlo en la plaza. En medio de tal desorden y no logrando que atendieran a sus súplicas, un tío suyo que era el párroco de aquella población, en tal aprieto ocurrió a un joven que reunía bastante opinion en aquel pueblo y a quien consideraban los habitants, porque a muchos que se hallaban presos por la contribución los sacaba de la cárcel pagando por ellos y desembargando de esta manera sus fierros de labranza y los tratos más precisos para vivir de que se servían privados por los Alcaldes de los Pueblos, quienes acosados por las multas que les imponían sus superiores obraban tan inhumanamente. El joven de que hemos hablado anteriormente era Don Rafael Carrera, hijo de Guatemala, con dos años de vecindario en dicho pueblo y casado con una de las principales familias bastante acomodadas; su edad era de veintitrés años y a pesar de esto ocurrió inmediatamente a salvar al Gobernador lo que logró”.
Como se pues, aquel 6 de mayo de 1837 surgió a la luz pública en Mataquescuintla una figura que sería fundamental en la historia de Guatemala: Rafael Carrera.
El puento sobre el río Los Esclavos, situado cerca del epicentro del terremoto. No fue afectado por el sismo. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano, tomada en 1897. Imagen de “La Ilustración del Pacífico“. En los recuadros: retratos del presidente Manuel Estrada Cabrera y del general José María Orellana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
De acuerdo al boletín enviado al presidente Manuel Estrada Cabrera, el 8 de marzo entre las 9 y 10 de la mañana, se sintió en Cuilapa un temblor que dejó en completa ruina a esa cabecera departamentos y los puebos vecinos; en las casas se lamentaban hasta quince víctimas pero fue en la Escuela Pública en donde ocurrió la mayor tragedia, pues allí murieron sepultados dos maestros con todos sus alumnos. También se derrumbaron los edificios del Cuartel, del Juzgado de Instancia, el de Administración de Rentas y la prisión, quedando los prisioneros sin custodia alguna. El informe también indica que se interrumpió la conexión telegráfica.
Tanto el terremoto inicial como las réplicas destruyeron muchas casas, escuelas e incluso la catedral y la prisión, con una considerable cantidad de víctimas mortales; similar destrucción sufrieron las localidades de Barberena, Cerro Redondo, Llano Grande y El Zapote también sufrieron daños considerables. También fueron dañados seriamente los poblados de Fraijanes, Pueblo Nuevo Viñas, Coatepeque y Jalpatagua. En el área del epicentro, el terremoto provocó derrumbes y bloqueo de caminos y carreteras; los vecinos culpaban del terremoto al cerro Los Esclavos, a 4 km de distancia, al punto que creían haber detectado una gran grieta que se veía desde Cuilapa. Por su parte, el puente de Los Esclavos, construido durante la época colonial no sufrió daño alguno.
El sismo se sintió en lugares tan remotos como en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz y en la ciudad de Guatemala, en donde provocó alarma, pero solamente daños menores en la infraestructura. También se sintió en el departamento de Sololá y en algunos lugares de El Salvador.
El gobierno del licenciado Estrada Cabrera encomendó al general José María Orellana que se encargada de la comisión de reconstrucción del poblado.
Mapa del curato de Jutiapa, según lo describe el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su reporte pastoral de 1768. El poblado no había cambiado mucho para 1848 debido a las constants guerras en la region centroamericana. Imagen tomada del Archivo General de Indias.
La organización territorial de la República Federal de Centro América estuvo ligada directamente a la division eclesiástica que las autoridades de la Iglesia Católica habían hecho de los curatos que había en la región durante la época colonial. Estos curatos estaban agrupados en grandes regiones que habían sido asignadas a determinadas órdenes de frailes y, dado que esta división administrativa estaba ya prácticamente hecha al momento de la Independencia, la primera delimitación territorial del Estado de Guatemala se basó en ella.
Uno de los departamentos originales era el de Chiquimula, el cual abarcaba prácticamente todo el oriente guatemalteco; así que el 23 de febrero de 1848 fue separado en dos, formado el departamento de Mita, el cual, a su vez, fue dividido en tres distritos (o corregimientos), de acuerdo al decreto que se reproduce a continuación:
El departamento de Mita se divide para su mejor administración en tres distritos que se denominarán, el 1.° de Jutiapa; el 2.° de Santa Rosa; y el 3.° de Jalapa.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jutiapa, como cabecera; Yupiltepeque, las dos Mitas y sus valles que son Suchitán, San Antonio, Achuapa, Atescatempa, Sapotitlán, Contepeque, Chingo, Quequesque, Limones y Tempisque; Comapa, Jalpatagua, Asulco, Conguatco y Moyuta.
El distrito de Santa Rosa se compondrá de las poblaciones siguientes: Santa Rosa como cabecera; Cuaginiquilapa, Chiquimulilla, Guazacapan, Taxisco, Pasaco, Nancinta, Tecuaco, Sinacantán, Ixguatán, Zacualpa, la Leona, Jumay y Mataquescuintla.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jalapa, cabecera; Sanarate, Sansaria, San Pedro Pinula, Santo Domingo, Agua Blanca, Espinal, Alzatate y Jutiaplilla; y para mayor claridad se entenderá este distrito dividido del de Jutiapa por el río que sale del Ingenio hasta la laguna de Atescatempa.
Para los distritos de Jutiapa y Jalapa se nombrarán corregidores y jueces de primera instancia que correspondan continuando en el de Santa Rosa los funcionarios que existen.
Estos distritos fueron de corta duración, y cuando fueron suprimidos el 9 de octubre de 1850, todos los poblados regresaron a sus antiguos departamentos.
Los departamentos actuales se formaron hasta la década de 1870.
