Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que le permitió permanecer en el país aunque le retiró el diezmo obligatorio dejándolo en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
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Miembros del gabinete de gobiero del general Rafael Carrera, cuando ya estaba en la presidencia de Guatemala. Se reconoce , entre otros, a Pedro de Aycinena, Juan Diéguez Olaverri, el arzobispo Francisco de Paula Garcia y Peláez, José Milla y Vidaurre, Antonio José de Irisarri y el mariscal José Víctor Zavala. Imagen que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Guatemala.
Reproducimos a continuación un fragmento de las memorias del general Rafael Carrera, quien las dictó a su secretario Mariano Chéves mientras estuvo en la presidencia de Guatemala:
Cuando a los pueblos se les quiere atacar en sus costumbres y variárselas repentinamente, causa en ellos una emoción, que por sana que sea la intención con que se quiere varias sus instituciones y costumbres añejas se sublevan. Tal fue lo que sucedió el año de 1937 en Santa Rosa, en cuya época mandaba el Doctor Gálvez el Estado de Guatemala, uno de los que componían la República de Centro-América, el más rico y poblado de la Federación, siendo presidente de la República el General Morazán. Muchas causas habían preparado de antemano el disgusto de los habitantes del Estado: una de ella fue la contribución personal que se había asignado por aquel gobierno a cada uno de los habitantes, a quienes se les señaló dos pesos por persona que pagaban anualmente. Sufrieron este gravamen con resignación, sustituyendo el tributo antes abolido desde que se hizo la Independencia del Gobierno Español. En seguidas jefes militares, no de muy buena conducta fueron desacreditando al Gobierno por el despotismo y arbitrariedades con que obraban, echándose la odiosidad de sus Gobernados.
Otras de las causas que contribuyeron no menos que las primeras, fue el establecimiento del Código en que se variaba enteramente la administración Judicial y la Religión, autorizando a los Jueces para casar y descasar a su antojo echando por tierra de un golpe a la Religión y sus ministros, y variando el Sistema, estableciendo solamente por influencia de unos pocos a quienes parecía bueno el Código, que ellos mismo o entendían; esto causó una alarma general en todo el país, en que por naturaleza las gentes son religiosas. Todavía sufrieron tal providencia; pero en seguidas la cosa subió de punto; sobre tanto conjunto de males, vino la epidemia de Cólera Morbus, epidemia desconocida en este país, y estando todos mal prevenidos con los sucesos anteriores, a la primera orden que dió el gobierno para despejar los pueblos, botar toda la arboleda dentro de ellos y sus inmediaciones, cercar las fuentes de agua de que se surtían los habitantes y establecer cordones sanitarios para evitar la comunicación entre unos pueblos con otros, subió de punto la agitación general y el 6 de mayo de 1837 tuvo lugar el primer levantamiento en Mataquescuintla con el Gobernador, que lo era Don Francisco Aqueche contra quien se amotinaron más de 1800 personas de ambos sexos. Dicho Gobernador se favoreció en el Convento cuyas puertas forzaban para sacarlo y asesinarlo en la plaza. En medio de tal desorden y no logrando que atendieran a sus súplicas, un tío suyo que era el párroco de aquella población, en tal aprieto ocurrió a un joven que reunía bastante opinion en aquel pueblo y a quien consideraban los habitants, porque a muchos que se hallaban presos por la contribución los sacaba de la cárcel pagando por ellos y desembargando de esta manera sus fierros de labranza y los tratos más precisos para vivir de que se servían privados por los Alcaldes de los Pueblos, quienes acosados por las multas que les imponían sus superiores obraban tan inhumanamente. El joven de que hemos hablado anteriormente era Don Rafael Carrera, hijo de Guatemala, con dos años de vecindario en dicho pueblo y casado con una de las principales familias bastante acomodadas; si edad era de veintitrés años y a pesar de esto ocurrió inmediatamente a salvar al Gobernador lo que logró”.
Como se pues, aquel 6 de mayo de 1837 surgió a la luz pública en Mataquescuintla una figura que sería fundamental en la historia de Guatemala: Rafael Carrera.
El puento sobre el río Los Esclavos, situado cerca del epicentro del terremoto. No fue afectado por el sismo. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano, tomada en 1897. Imagen de “La Ilustración del Pacífico“
De acuerdo al boletín enviado al presidente Manuel Estrada Cabrera, el 8 de marzo entre las 9 y 10 de la mañana se sintió en Cuilapa un temblor que dejó en completa ruina a esa cabecera departamentos y los puebos vecinos; en las casas se lamentaban hasta quince víctimas pero fue en la Escuela Pública en donde ocurrió la mayor tragedia, pues allí murieron sepultados dos maestros con todos sus alumnos. También se derrumbaron los edificios del Cuartel, del Juzgado de Instancia, el de Administración de Rentas y la prisión, quedando los prisioneros sin custodia alguna. El informe también indica que se interrumpió la conexión telegráfica.
Tanto el terremoto inicial como las réplicas destruyeron muchas casas, escuelas e incluso la catedral y la prisión, con una considerable cantidad de víctimas mortales; similar destrucción sufrieron las localidades de Barberena, Cerro Redondo, Llano Grande y El Zapote también sufrieron daños considerables. También fueron dañados seriamente los poblados de Fraijanes, Pueblo Nuevo Viñas, Coatepeque y Jalpatagua. En el área del epicentro, el terremoto provocó derrumbes y bloqueo de caminos y carreteras; los vecinos culpaban del terremoto al cerro Los Esclavos, a 4 km de distancia, al punto que creían haber detectado una gran grieta que se veía desde Cuilapa. Por su parte, el puente de Los Esclavos, construido durante la época colonial no sufrió daño alguno.
El sismo se sintió en lugares tan remotos como en el municipio de Salamá, departamento de Baja Verapaz y en la ciudad de Guatemala, en donde provocó alarma, pero solamente daños menores en la infraestructura. También se sintió en el departamento de Sololá y en algunos lugares de El Salvador
Mapa del curato de Jutiapa, según lo describe el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su reporte pastoral de 1768. El poblado no había cambiado mucho para 1848 debido a las constants guerras en la region centroamericana. Imagen tomada del Archivo General de Indias.
La organización territorial de la República Federal de Centro América estuvo ligada directamente a la division eclesiástica que las autoridades de la Iglesia Católica habían hecho de los curatos que había en la región durante la época colonial. Estos curatos estaban agrupados en grandes regiones que habían sido asignadas a determinadas órdenes de frailes y, dado que esta división administrativa estaba ya prácticamente hecha al momento de la Independencia, la primera delimitación territorial del Estado de Guatemala se basó en ella.
Uno de los departamentos originales era el de Chiquimula, el cual abarcaba prácticamente todo el oriente guatemalteco; así que el 23 de febrero de 1848 fue separado en dos, formado el departamento de Mita, el cual, a su vez, fue dividido en tres distritos (o corregimientos), de acuerdo al decreto que se reproduce a continuación:
El departamento de Mita se divide para su mejor administración en tres distritos que se denominarán, el 1.° de Jutiapa; el 2.° de Santa Rosa; y el 3.° de Jalapa.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jutiapa, como cabecera; Yupiltepeque, las dos Mitas y sus valles que son Suchitán, San Antonio, Achuapa, Atescatempa, Sapotitlán, Contepeque, Chingo, Quequesque, Limones y Tempisque; Comapa, Jalpatagua, Asulco, Conguatco y Moyuta.
El distrito de Santa Rosa se compondrá de las poblaciones siguientes: Santa Rosa como cabecera; Cuaginiquilapa, Chiquimulilla, Guazacapan, Taxisco, Pasaco, Nancinta, Tecuaco, Sinacantán, Ixguatán, Zacualpa, la Leona, Jumay y Mataquescuintla.
El distrito de Jalapa se compondrá de las poblaciones siguientes: Jalapa, cabecera; Sanarate, Sansaria, San Pedro Pinula, Santo Domingo, Agua Blanca, Espinal, Alzatate y Jutiaplilla; y para mayor claridad se entenderá este distrito dividido del de Jutiapa por el río que sale del Ingenio hasta la laguna de Atescatempa.
Para los distritos de Jutiapa y Jalapa se nombrarán corregidores y jueces de primera instancia que correspondan continuando en el de Santa Rosa los funcionarios que existen.
Estos distritos fueron de corta duración, y cuando fueron suprimidos el 9 de octubre de 1850, todos los poblados regresaron a sus antiguos departamentos.
Los departamentos actuales se formaron hasta la década de 1870.
El entonces coronel Arana Osorio conversando con asesores militares estadounidenses en 1965. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El general Carlos Arana Osorio, quien falleciera el 6 de diciembre de 2003, fue el primer presidente de los llamados “gobiernos militares” que estuvieron en el poder en Guatemala en la época en que los Estados Unidos promovían el establecimiento de dictaduras militares en América Latina y las apoyaban con logística y con la Escuela de las Américas, en la que entrenaban a los ejércitos de la región en estrategia contrainsurgente aprendida durante la Guerra de Vietnam.
Arana Osorio nació en Barberena, Santa Rosa, y fue militar de escuela y director de la Escuela Politécnica de Guatemala, y masón, alcanzando el grado 33, último del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y llegó al poder con el apoyo de una coalición de partidos políticos de ultraderecha anticomunista. Durante su gobierno el vicepresidente fue el licenciado Eduardo Cáceres Lehnhoff, quien posteriormente murió quemado en la toma de la Embajada de España en Guatemala en 1980. Entre sus ministros estuvieron Kjell Eugenio Laugerud García, como ministro de la Defensa y Alejandro Maldonado Aguirre como ministro de Educación, ambos futuros presidentes de Guatemala (Laugerud lo fue de 1974 a 1978 y Maldonado Aguirre en 2015-2016). El mismo Arana tenía fuertes lazos con otras dictaduras militares de la region, pues había sido embajador de Guatemala en Nicaragua durante el gobierno de Anastasio Somoza.
El Movimiento de Liberación Nacional, partido por el que fue electo, se formó para derrocar al gobierno del coronel Jacobo Arbenz y estaba conformado por fervientes anticomunistas que reconocía a Arana Osorio por sus notables triunfos contra la guerrilla en el oriente guatemalteco en la década de los sesenta. Esta alianza estratégica favoreció que durante su gobierno proliferaran los grupos paramilitares de extrema derecho como el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), la Nueva Organización Anticomunista (NOA), el Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG), el Comité de Represión Antiguerrillera (CRAG), la Mano Blanca y el Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO), los cuales empezaron a cometer todo tipo de acciones en contra de cualquier persona considerada como comunista.
A pesar de que para cuando tomó posesión la actividad insurgente era mínima, Arana Osorio impuso el Estado de Sitio en noviembre de 1970; además, impuso un toque de queda de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. en el que todo tráfico peatonal y vehicular (incluyendo ambulancias, bomberos y Cruz Roja) tenían prohibido circular. El Estado de Sitio dio lugar a un incremento en los secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de los que se consideraban opositores al régimen. El estado de sitio se mantuvo vigente hasta el final de 1972, cuando el régimen de Arana Osorio anunció oficialmente la derrota de la insurgencia.
El gobierno de Arana creó numerosas instituciones gubernamentales, entre ellas la Franja Transversal del Norte, creada oficialmente mediante el Decreto 60-70 en el Congreso de la República, para el establecimiento de desarrollo agrario. Altos oficiales guatemaltecos —incluyendo el presidente Fernando Romeo Lucas García y el expresidente Kjell Eugenio Laugerud García— se convirtieron entonces en grandes terratenientes e inversionistas aprovechando las políticas de traslado de campesinos, acceso a información privilegiada, ampliación del crédito público y grandes proyectos de desarrollo; de hecho, la oficilidad guatemalteca formó el Banco del Ejército, y diversificó sus fondos de pensión. Pero la presencia del Ejército Guerrillero de los Pobres en Quiché, especialmente en la región petrolera de Ixcán, hizo que la guerra civil se recrudeciera en el área y los proyectos no se llevaran a cabo.
También hizo concesiones a empresas internacionales, como la canadiense EXMIBAL. Ya desde el gobierno de Julio César Méndez Montenegro se discutió la posibilidad de ceder las minas de níquel en Izabal a la empresa «Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal, S.A.» (EXMIBAL); sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse durante ese gobierno. Tan pronto como Arana Osorio inició su gestión, reabrió el caso de EXMIBAL y empezó a trabajar para cederle la concesión, pero numerosos sectores sociales se opusieron a dicha concesión, ya que argumentaban que resultaría muy onerosa para el país. Uno de los principales opositores fue la Comisión que la Universidad de San Carlos creó para analizar el asunto. Entre los miembros de la comisión estaba el licenciado Oscar Adolfo Mijangos López, para entonces diputado en el Congreso y respetado intelectual guatemalteco, quien se opuso rotundamente a las condiciones de la concesión que propuso el Gobierno a EXMIBAL. El 13 de febrero de 1971 fue asesinado por desconocidos cuando salía de su oficina en la 4a. avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala y el 8 de mayo de 1971 el gobierno de Arana Osorio finalmente otorgó la concesión a EXMIBAL.
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En la historia liberal que se ha inculcado en la educación guatemalteca desde el gobierno de J. Rufino Barrios se le llama “Reforma Liberal” al movimiento revolucionario de 1871 y se le hace ver como un transformación de la estructura económica guatemalteca que logró enormes beneficios para el país. Pero el proceso de reforma no se inició sino hasta en 1873 y logró los mencionados beneficios para un grupo privilegiado únicamente.
El proceso consistió principalmente en promover una reforma agrarian que expropió las grandes tierras comunales de los grupos indígenas y de las órdenes religiosas en favor de los correligionarios de Barrios y luego emitió leyes laborales que obligaron a las comunidades indígenas a trabajar como jornaleros en las grandes fincas cafetaleras que se formaron con la introducción de la producción de dicho grano a gran escala. La construcción del ferrocarril obedeció más a la necesidad que tenían las fincas de exportar sus productos y trasladarlos de forma eficiente hasta los puertos del Pacífico y del Atlántico.
Inicialmente, la revolución liberal de 1871 tuvo que repeler la resistencia conservadora en el oriente guatemalteco luego del triunfo contra el gobierno de Vicente Cerna y Cerna el 30 de junio. Esto se debió a que la revolución ingresó por la frontera mexicana y fue venciendo las plazas militares del occidente con relativa facilidad, principalmente porque el dicha region siempre fue favorable a los intereses de los criollos liberales y a la superioridad del armamento del puñado de alzados.
Los consevadores se refugiaron en el oriente y desde allí iniciaron la resistencia, lo que obligó al presidente de facto provisio, Miguel García Granados, a instaurar el estado de sitio en la region el 16 de septiembre de ese año y de salir en persona con sus soldados a pacificar el área.
Las salidas de García Granados eran aprovechadas por el presidente en funciones, J. Rufino Barrios, para imponer decretos que adelantaban su agenda anticlerical a espaldas del presidente provisorio. Eventualmente, esta situación se hizo insostenible y García Granados tuvo que entregar el poder en manos de Barrios en 1873.
Fue entonces cuando Barrios inició un gobierno despótico que no toleró ninguna crítica y persiguió duramente a sus rivales politicos, muchos de los cuales terminaron torturados en las ergástulas de la Penitenciaría Central que Barrios construyó frente al Fuerte de San José en la Ciudad de Guatemala. Su principal colaborador en este régimen de terror fue el general Juan Martín Barrundia, su ministro de la Guerra, quien fue culpado de todos los crímenes por los historiadores liberales para glorificar así la figura del general Barrios, al que empezaron a llamar “benemérito héroe de Chalchuapa”.
La situación económica del país mejoró considerablemente, al punto que el gobierno del sobrino del general Barrios, José María Reina Barrios, obtuvo grandes ganancias derivadas del alto precio internacional del café. Los primeros años del gobierno de Reina se caracterizaron por una bonanza económica sin precedentes y por la extension de los beneficios a todos los ciudadanos, por primera vez en la historia del país; pero todo eso se vino abajo en 1897, cuando el precio internacional del café se desplomó cuando Brasil empezó a producirlo en gran escala.
Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala. Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.
El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.
Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.
Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.
Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.
De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años. Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país constitucionalmente a su sabor y antojo.
Doctor Juan José Arevalo Bermejo en su toma de posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
El doctor Juan José Arevalo Bermejo fue un educador, diplomático y político guatemalteco originario de Taxisco, Santa Rosa quien obtuvo una beca para estudiar en Argentina por el gobierno del general Lázaro Chacón. Esta beca era otorgada a los estudiantes más aventajados de la Escuela Normal para Varones y en 1934 se graduó con un doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación la Universidad Nacional de La Plata.
Arévalo se quedó en Argentina y se desempeñó como profesor en las universidades de Tucumán y Buenos Aires, como secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, como inspector de la Universidad Nacional de Cuyo y como organizador de la Escuela Normal de San Luis.
En 1944, tras el triunfo de la revolución de Octubre en Guatemala, Arevalo fue electo presidente de la República con una abrumadora mayoría tras ser apoyado por el partido Frente Popular Libertador de los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Su gobierno fue el primero de índole socialista en el país, luego de numerosas dictaduras tanto conservadoras como liberales.
Se definió a sí mismo como un socialista espiritual, que impulsó numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca, basado en el New Deal del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt; sin embargo, por ser estas reformas totalmente nuevas para Guatemala, los criollos guatemaltecos (tanto liberales como conservadores) lo tildaron de comunista.
Durante su gestión tuvo que enfrentar la fuerte intromisión de los Estados Unidos en los asuntos del Estado y cerca de treinta intentos de golpe de Estado. Muy aficionado a las damas, tuvo un grave accidente cuando se dirigía a Panajachel en compañía de dos bailarinas rusas que estaban de visita en el país, quienes murieron en el accidente. Arévalo sobrevivió pero su estado era tan grave que se pensó que no iba a sobrevivir y se pactó con el Jefe de las Fuerzas Armadas, coronel coronel Francisco Javier Arana para que se encargara del gobierno cuando falleciera el presidente en el pacto conocido como “Pacto del Barranco”. Arévalo sobrevivió gracias a su gran fortaleza física y continuó al frente del gobierno, por lo que Arana intent tomar el poder por la fuera, lo que obligó a Arévalo a ordenar a su Ministro de la Defensa, el coronel Jacobo Arbenz a que capturara a Arana y lo enviara al exilio a Cuba. Cuando Arana se resistió a la captura, murió por los disparos de sus captores.
Ya durante la presidencia del coronel Arbenz, Arévalo fue embajador itinerante de Guatemala y luego permaneció en el exilio tras el derrocamiento del presidente en 1954. Regresó a Guatemala en 1963 cuando el entonces presidente de Guatemala, general Miguel Ydígoras Fuentes, le dio permiso de participar en las elecciones presidenciales de ese año, pero tuvo que salir de inmediato al exilio cuando el presidente Ydígoras fue derrocado por su ministro de la defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia.
Arévale fue un prolífico escritor, y sus obras versan sobre temas de pedagogía e historia de Guatemala, en especial de su gobierno. Luego de un largo exilio, regresó a Guatemala en 1970, y finalmente murió en la Ciudad de Guatemala, el 8 de octubre de 1990 siendo sepultado con todos los honores correspondientes a un expresidente.
BIBLIOGRAFIA:
Arévalo Bermejo, J.J. (1998). Despacho Presidencial. Obra póstuma. Guatemala: Tipografía Oscar de León Palacios.
— (1970). La inquietud Normalista. Guatemala: Académica Centroamericana.
— (1963). Memorias de aldea. Guatemala: Académica Centroamericana.
Barrios Archila, Jaime (1985). Biografía mínima del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Guatemala: Cenaltex.
Cardoza y Aragón, Luis (1994) [1955]. La Revolución Guatemalteca (2a. edición). México: Talleres de Ediciones Don Quijote.
Palmieri, Jorge (11 de noviembre de 2007). «Autobiografía fotográfica». Blog de Jorge Palmieri. Guatemala. Consultado el 17 de agosto de 2014.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN9789992248522.
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge. En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898. La fotografía de la izquierda es de Eadweard Muybridge; todas las imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Restablecido el “Reglamento de Jornaleros” para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se dé una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.
El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en un azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.
“Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“. Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitud los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.
Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada. El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:
La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en completa y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.“
Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.
