El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer “exclusivamente sobre la clase desvalida” y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas. Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que “en cambio, prestran otros de diferente naturaleza“;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2
El decreto 83 dice así:1
Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y
Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;
Decreto:
Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.
Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados. Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.
Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.
Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.
Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:
Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
Los ordenados in sacris.
Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.
Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos. Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.
Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar. Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.
Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.
[…]
Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.
Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.
Miguel García-Granados
El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1
Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios. Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3
Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4
Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5
En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite el decreto 170, el cual autoriza la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, en todos los municipios de la República.
Un antiguo beneficio de café en Santa Cruz Verapaz convertido en museo. En el recuadro: la familia Diesseldorf de colonos alemanes en la Verapaz, la cual fue una de las más beneficiadas por el decreto 170. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La llamada Reforma Liberal emprendida por el gobierno de J. Rufino Barrios consistió en una Reforma Agraria por medio de la cual las tierras que anteriormente pertenecían a las órdenes religiosas y los ejidos municipales (es decir, tierras comunales de los indígenas) pasaron a manos privadas. El 8 de enero de 1877 el gobierno de Barrios decretó la alienación de los terrenos municipales a las personas privadas, eliminando la enfitéusis, o censo enfitéutico, la cual era un derecho real que se remontaba a la época colonial, y que suponía la cesión temporal del dominio útil de un terreno a cambio del pago anual de un canon o rédito.1 La enfitéusis era una especie de cesión de tierras, similar a un arrendamiento vitalicio, respecto del dominio útil de una finca por medio del cual existía un régimen compartido de tenencia de tierra que llevaba a la disociación entre el dominio directo del propietario y el útil de la persona que usaba y aprovechaba la finca. 2
Por el medio de la enfitéusis se establecieron las tierras ejidales o comunitarias de los indígenas en Guatemala, y su eliminación por el decreto 170 supuso que las tierras que ocupaban hasta 1877 pasaran a manos privadas.
El decreto en mención dice así:1
DECRETO Número 170
J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala;
Considerando: Que el contrato de censo enfitéutico, tanto por su origen anticuado, como por las condiciones especiales en que se funda, es una institución que no está en armonía con los principios económicos de la época, por cuyo motivo es conveniente proceder á la redención del dominio directo de los terrenos que en la actualidad están poseídos bajo las estipulaciones del expresado contrato;
Que si bien la enfitéusis ha facilitado el repartimiento de la propiedad raiz poniéndola al alcance de los que de otra suerte no habrían podido adquirirla, la limitación del dominio útil a que por la naturaleza del contrato están reducidos los derechos del censatario y las trabas que son consiguientes al reconocimiento del dominio directo, producen necesariamente un obstáculo que impide la libre trasmisión de la propiedad dando por resultado el decrecimiento de su valor y la falta de estímulos para mejorarla en beneficio de la agricultura;
Que para llevar adelante la redención y conciliar mejor los intereses de los municipios censualistas con los de los censatarios, no se debe tomar por base en la deducción del capital representativo del valor de los terrenos acensuados el dos ó 3 por ciento que asigna la ley agraria para la computación del canon, por que si bien ella es moderada cuando se trata de deducir el interés, sucede lo contrario al tiempo de establecerla como tipo del capital que debe redimirse;
Que tanto por esta causa, como por la diversidad de formas adoptadas en la institución del censo de que se trata en los diferentes lugares de la República, así como también por el aumento progresivo del valor que han tenido los terrenos acensuados con la creciente mejora de la agricultura, no es oportuno ni justo que se derive de una sola base el capital redimible, sino variar esta en proporción a la época en que se instituyó el contrato, buscando por ese medio equitativo la más justa moderación del precio, sin desatender los intereses de los municipios; y finalmente,
Que abolido el contrato de censo mediante la redención obligatoria que se establece en este decreto y no debiendo hacerse nuevas concesiones en igual sentido, es consiguiente disponer al mismo tiempo la forma y términos que en adelante deban adoptarse para transferir la propiedad de los terrenos no acensuados pertenecientes a los ejidos municipales, y de los que sin pago de pensión alguna ni previa concesión a censo, están poseídos sin título que justifique su propiedad;
Por tanto, decreta:
Art. 1°. Se procederá a la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfitéusis, ya sean urbanos o rústicos, correspondientes a todos los municipios de la República.
Art. 2°. Dicho valor redimible se computará por la pensión del censo que se cubra a los municipios, deducido como sigue: en las imposiciones anteriores al año de 1840 se calculará sobre el 5% anual; en las efectuadas del año de 1840 al año de 1860, sobre el 8%, y en los posteriores al último año consignado, sobre el 10%.
Art. 3°. Cuando por el cálculo anterior resultaren los terrenos con un precio extraordinario, se apreciará cada manzana, en las imposiciones anteriores al año de 1840, por la suma de cincuenta pesos; en la año de 1840 al del año de 1860 por cien pesos, y en los posteriores a este último año por ciento cincuenta pesos.
Art. 4° Los capitales procedentes de la redención relacionada, ingresarán al Banco Nacional, en donde serán administrados en cuanta corriente, con el interés del 4% anual, destinándose este producto a los gastos de los respectivos municipios.
Art 5°. Los enteros por cuenta del valor de los terrenos acensuados, se harán por partes iguales, en seis vencimientos de tres en tres meses, siendo el primero el 28 de febrero entrante, a cuyo efecto los interesados firmarán otros tantos pagarés previa liquidación del capital é incluyéndose en los respectivos vencimientos el interés de un 6% sobre la cantidad que corresponda. Cuando se hayan hecho anticipaciones por cuenta del censo se abonarán en ese pago los censatarios.
Art 6°. Para que se lleve a debido efecto la redención de que se trata, los Jefes Políticos de los departamentos recabarán, a la mayor brevedad posible, de las municipalidades de su jurisdicción, listas nominales de todas las personas que posean terrenos a censo, con especificación del canon anual que cubran y el área que posean. Estas listas en todo el presente mes se remitirán a la Secretaria de Hacienda para que, conforme al artículo anterior, disponga lo conveniente. La formación de dichas listas no excusa á los poseedores de ejidos ó terrenos comunales de hacer presente á las municipalidades respectivas que tienen lotes concedidos.
Art. 7°. Verificado el último entero, cada Municipio, autorizando al efecto a uno de los Alcaldes ó al Síndico de la corporación, ante un Escribano público, ó donde no lo hubiere ante el Juez de 1a. instancia del departamento, otorgará á favor de los compradores de los terrenos acensuados escrituras en que se haga constar su propiedad.
Art. 8°. Las ventas de dichos terrenos, efectuadas con motivo de la redención, no causarán pago de alcabala; pero los escribanos al extender las escrituras deberán atenerse en todo lo demás, a lo dispuesto por las leyes comunes respecto a los contratos de traslación de dominio.
Art. 9. – Cuando se posean ejidos sin previa concesión y sin haberse cubierto canon alguno, se valuarán esos lotes por dos peritos, uno nombrado de oficio por la Jefatura política del departamento respectivo y otro designado por la Municipalidad de acuerdo con el poseedor. Este valúo se hará atendiendo solamente a la calidad y situacion del terreno, sin tomar en cuenta las mejoras existentes. Practicado dicho justi-precio, procederá el interesado á enterar el valor del lote en lo términos señalados en el artículo 5°. Todas las diligencias que con tal objeto se practiquen serán á costa del mismo poseedor.
Art. 10°. Siendo obligatoria la redención del censo, el que se niegue a hacerla se entenderá que renuncia el derecho al terreno y el Municipio respectivo procederá a sacarlo al asta pública, rematándolo en el mejor licitante para que se entere su producto en el Banco Nacional. Si hubiere mejoras, se entregará al poseedor el exceso del precio de los terrenos indicados.
Art. 11°. Cuando algún individuo oculte que posee terreno de ejidos se le impondrá la multa de un 25% sobre el valor del terreno, a cuyo efecto se sacará este al asta pública y del producto de la venta se dará la mitad al denunciante, si lo hubiere. A los individuos de la Municipalidad que resultaren complicados en dicha ocultación, se impondrá a cada uno de ellos una multa de diez a cien pesos.
Art. 12°. Si hubiere cuestión sobre si un terreno es de ejidos o de propiedad particular, entonces el poseedor está obligado a ocurrir dentro del término de 15 días, después de publicado este decreto, a los tribunales para obtener la declaración correspondiente y no incurrir en la multa que se menciona en el artículo anterior.
Art. 13°. En lo sucesivo no se harán conseciones a censo, y cuando se soliciten terrenos pertenecientes a Municipalidades y que se patentice que están ó deban estar entre su ejidos ó en otra propiedad comunal, con aprobación del Gobierno, se medirán y sacarán al asta pública, librándose el título en la forma que se establece en el artículo 8°. En tales casos el valor del terreno ingresará al Banco Nacional, abonándose cada año al Municipio que corresponda el rédito consignado en el artículo 4°.
Art. 14°. En la solicituddes de terrenos a censo que en la actualidad se transmitan, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 15°. La Secretaría de Hacienda queda encargada de reglamentar la forma y términos en que se deberá efectuar la redención a que se refiere el presente decreto.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a ocho de enero de mil ochocientos setenta y siete.
J. Rufino Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia y Negocios Eclesiásticos1
Entre 1878 y 1894, los gobiernos liberales se enfocaron el la zona noroeste pastoral y forestal del país y se otorgaron extremas facilidades a los criadores-desbrozadores-colonos por un decreto de 1878. Las tierras dedicadas a los cultivos más especulativos (café, algodón, madera para construir) costaban 550 piastras por caballería, 400 piastras para los productos secundarios (plátano, caña de azúcar, tabaco) y únicamente 250 piastras para los productos juzgados menos rentables (ganado, cereales, viñas, añil y henequén). Por otra parte, los entonces marginales departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal, entonces ampliamente abiertos a la colonización extranjera —alemana en la Verapaz y estadounidense en Izabal y Petén—, las tierras ejidales se otorgaron otorgadas de preferencia por una simple denuncia a la prefectura y, en general, declaradas para un uso establecido en la tarifa más baja. Por esa razón, en los gobiernos liberales siguientes los colonos alemanes y la United Fruit Company adquierieronn gratuitamente, o por un precio simbólico, tierras llamadas “de crianza”, en donde en realidad cultivaban los protudos más rentables: café, algodón, plátanos, caña de azúcar.3
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista. Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del “New Deal” que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1
La Seguridad Social fue parte de este “New Deal” de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3
Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial. Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del “New Deal” de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6
A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina. Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9
Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo
BIBLIOGRAFIA:
Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana.
Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la “Ley de arrendamiento forzoso”
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial. Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto. Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso. Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1
Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826. Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2
Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4
Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata. De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7
El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.8 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13
El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó el Decreto Legislativo No. 712, llamado “Ley de arrendamiento forzoso“, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14
A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15
Decreto Legislativo No. 712
El Congreso de la República de Guatemala,
Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;
Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;
Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;
Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15
La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829). Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7) Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise.
En las elecciones presidenciales realizadas del 17 al 19 de diciembre resulta electo por aplastante mayoría el Dr. Juan José Arévalo Bermejo
Palacion Nacional de Guatemala, que fuera sede del Ejecutivo de 1943 a 1996. En el recuadro: el presidente Arévalo en el despacho presidencial. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La Junra Revolucionaria de Gobierno que se formó tras la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, presidente interino desde la renuncia del general Jorge Ubico ocurrida el 1 de julio de 1944,8 convocó a elecciones a celebrarse del 17 al 19 de diciembre de ese mismo año. Es conveniente indicar que aquella revolución no fue similar a las que hubo en el siglo XIX, en que eran productos de los criollos conservadores o de los criollos liberales tratando de derrocar a sus acérrimos rivales del poder, sino que se trató de un movimiento urbano de clases medias altas que, aprovechando la debilidad de la United Fruit Company (UFCO) en la región por estar enfocada en la Segunda Guerra Mundial, lograron tomar el poder. Y es que la UFCO era una poderosa transnacional estadounidense que se había adueñado del sistema ferroviario de la región centroamericana por medio de la International Railways of Central America (IRCA) y de los puertos guatemaltecos por medio de la Great White Fleet, y de esta forma tenía el monopolio del transporte de bienes y pasajeros en Honduras, Guatemala y El Salvador, con la complicidad de los gobiernos a los que había ayudado a llegar al poder.9
En las elecciones de diciembre de 1944 se permitió por primera vez el voto femenino y el de los analfabetos, y los requisitos para ser candidato eran únicamente, ser guatemalteco natural, mayor de 35 años y estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos; además no era necesario que los candidatos estuvieran forzosamente inscritos en alguna organización política para ser postulados, únicamente bastaba el registro electoral.10 Sin embargo, los partidos que se formaron tras la Revolución de Octubre buscaron al candidato ideal que no estuviera relacionado ni con los liberales ni con los conservadores y fue así como el partido de los estudiantes universitarios, llamado “Frente Popular Libertador“, se decidió por el Dr. Arévalo Bermejo, éste era un distinguido maestro egresado de la Escuela Normal para Varones a quien ya apoyaban un groupo de sus ex-compañeros de clases. Cuando se supo que lo estudiante apoyaban la candidatura de Arévalo, ésta fue acogida de tal manera que éste se convirtió en un personaje distinguido y aclamado en muchas ciudades de país. Por otra parte, habían surgido otros movimientos políticos, como el “Partido Social Democrático“, el cual estaba integrado por abogados en su mayoría conservadores y liderados por un militar distanciado del general Ubico, el coronel Guillermo Flores Avendaño. El otro grupo era la “Unión Cívica“, encabezada por Jorge Toriello Garrido, quien era uno de los triunviros que formaban al Junta Revolucionaria de Gobierno, junto con el mayor Francisco Javier Arana, quien también fue candidato presidencial, y el capitán Jacobo Arbenz Guzmán.11
Sin embargo, la popularidad de la candidatura de Arévalo llegó a tal grado, que el grito “¡Viva, Arévalo!“, se escuchabra por todos lados, incluyendo los mítines de sus oponentes; por ejemplo, cuando el licenciado Adrián Recinos llevó a cabo la presentación de su plan de gobierno en el Teatro Lux en el Centro de la Ciudad de Guatemala, justo en el momento en que se abrió el telón se escuchó un débil grito de “¡Viva, Arévalo!“, lo que bastó para que el público que abarrotaba el teatro estallara en una ovación para el Dr. Arévalo, lo que finalmente provocó que el licenciado Recinos y sus colaboradores se retiraran sin poder exponer ninguno de sus puntos, y bajo una lluvia de improperios.12
Las elecciones se realizaron en total calma y al realizarse el escrutinio se comprobó el triunfo arrollador de Arévalo, un profesional que había obtenido un doctorado en pedagogía en la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a una beca otorgada por los gobiernos de los generales José María Orellana y Lázaro Chacón. Arévalo promovía el socialismo espiritual, como su principio de gobierno, con la intención de agregar a las clases más necesitadas a los programas de gobierno; años después,definió su política de gobierno de esta forma: “En materia de métodos de gobierno somos democráticos, es decir que vamos a la socialización respetando la persona individual. En otras palabras no somos totalitarios, respetamos la opinión de los adversarios y escuchamos a los que saben cualquiera que sea la procedencia política de esas opiniones.13
Los resultados de aquellas elecciones se presentan a continuación, mostrando la abrumadora mayoría con la que resultó electo el Dr. Arévalo:11
Candidato
Datos
Votos
%
Dr. Juan José Arévalo
255,660
86.3
Lic. Adrián Recinos
Funcionario de varios gobiernos liberales y experto en el estudio de escritos mayas
20,949
7.0
Ing. Manuel María Herrera Cordón
Nieto del licenciado del mismo nombre que fue Ministro del gobierno del general J. Rufino Barrios y sobrino del licenciado homónimo que representó a Guatemala en el nefasto tratado de límites con México en 1882.14
Líder del Frente Popular Libertador, el partido de los estudiantes universitarios. Fue uno de los firmantes de la carta de los 311.18
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Lic. Eugenio Silva Peña
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Aquel socialismo espiritual que era el fundamento del gobierno arevalista iba en contra de la forma de gobierno que las élites criollas guatemaltecas y la UFCO habían establecido en el país, por lo que su gobierno estuvo bajo ataque tanto por los contrarevolucionarios como por el gobierno de los EEUU,13 aunque también ayudó a formar la Legión del Caribe, para intentar patrocinar revoluciones en otros país de la región en los que la UFCO tenía el control de la situación.19
Hernández de León, Federico (20 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 20 de febrero de 1838, Una Ley Conciliatoria”. Guatemala: Nuestro Diario.
Sabino, Carlos (2007). Guatemala, la historia silenciada (1944-1989) Tomo I: Revolución y Liberación. Guatemala: Fondo de Cultura Económica. ISBN 9789992248522.
Lainfiesta, Francisco (1885) Apuntamientos para la historia de Guatemala. Período de 20 años corridos del 14 de abril de 1865 al 6 de abril de 1885. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 191-192.
Asturias Morales, M. (28 de julio de 1930) “Levantamiento de indígenas de Totonicapán“. Guatemala: Nuestro Diario.
El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios emite la ley orgánica y reglamentaria de Instrucción Pública
Estudiantes de la Escuela Facultativa de Medicina en una clase de Anatomía en 1896. En el recuadro, estudiantes del Instituto Nacional Central para Varones y del Instituto Nacional Normal para Señoritas (Belén) con sus respectivos uniformes. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Artículo 1.- Se garantiza la libertad de enseñanza en la República.
Artículo 2.- La enseñanza que se dé a expensas del Estado es pública, laica, dirigida e inspeccionada por el Gobierno, y estará sujeta a las prescripciones de la presente ley.
Artículo 3.- La enseñanza privada es fomentada por el Gobierno, no ejerciendo sobre ella más que que la vigilancia que demandan la conservación del orden, la moral y las leyes. (Nota de HoyHistoriaGT: esto permitió que el Colegio de Infantes se mantuviera abierto al público).
Artículo 4.- La Instrucción Pública se divide en primaria, secundaria, normal y profesional.1 (Nota de HoyHistoriaGT: Normal corresponde a los estudios de magisterio. Por su parte, la educación profesional es la universitaria y en ese tiempo dependía del Ministerio de Instrucción Pública).
Artículo 5.- La Instrucción primaria costeada por el Estado es gratuita y se divive en primaria propiamente dicha o elemental, y complementaria.
Artículo 6.- La Instrucción primaria elemental es obligatoria para los individuos de ambos sexos, desde la edad de seis hasta la de catorce años.
Artículo 7.- La Instrucción primaria complementaria no es obligatoria; pero las autoridades influirán en lo posible, por los medios persuasivos que estuvieren a su alcance, para que los habitantes de la República no carezcan de ella. (Nota de HoyHistoria GT: a pesar de las buenas intenciones de este artículo, en la práctica solamente grupos de menos de diez estudiantes llegaban a los institutos de educación secundaria cada año).
Artículo 10.- El objeto de las escuelas es formar hombres con la suficiente instrucción y moralidad para ser digos de una sociedad republicana y libre.
Artículo 11.- Para conseguir este objeto, cuidarán los maestros de inculcar en sus alumnos ideas de libertad, igualdad, fraternidad, orden, progreso unión Centroamericana, amor a la patria, amor al trabajo y, en general, todas aquellas ideas que elevan el sentimiento moral y son la base de una sociedad bien organizada.2 (Nota de HoyHistoriaGT: en otras palabras, inculcar en los alumnos las ideas liberales).
Artículo 13.- En las escuelas elementales se enseñarán los ramos siguientes:
Lectura
Nociones prácticas de la lengua patria
Aritmética
Lecciones sobre objetos
Escritura y dibujo lineal
Geografía e Historia (Nota de HoyHistoriaGT: a este respecto se utilizaron textos en los que el gobierno conservador de los 30 años era presentando como una época oscura en la historia guatemalteca, y a la revolución liberal como una gesta libertadora)
Moral y Urbanidad
Ejercicios calisténicos3
Artículo 17.- La enseñanza de la Lectura se extenderá cuanto sea necesario para que los alumnos puedan leer correctamente prosa y overso, en impresos y manuscritos. En esta asignatura, queda comprendida la enseñanza y nociones prácticas sobre la lengua patria, la que se dará, corrigiendo escrupulosamente las faltas de lenguaje en que los niños incurran cuando hablen o escriban. Se ampliará la enseñanza de la Lectura con ejercicios de composición y recitación, y con explicaciones de la materia que se lea. (Nota de HoyHistoriaGT: este artículo muy bien intencionado se ha cumplido muy poco en la práctica. Aún hoy, de las personas que saben leer, un alto porcentaje no comprende lo que lee).
Artículo 18.- La enseñanza de la Aritmética comprenderá la expresión y cálculo de los números, es decir: numeración, operaciones de enteros, quebrados comunes y decimales, denominados y sistema decimal de pesos y medidas; debiando alternarse ejercicios mentales con los escritos.
Artículo 20.- La Escritura y el Dibujo lineal se enseñarán simultáneamente en una sola asignatura, hasta que los niños adquieran buena forma de letra y puedan dibujar las máquinas e instrumentos más sencillos y otros objetos naturales o de uso frecuente. Los maestros procurarán que los niños manejen con igual destreza ambas manos.4
Artículo 25.- En las escuelas complementarias se ampliará el estudio de los ramos que corresponden a las elementales, y además enseñará:
Escritura y Dibujo
Gramática castellana
Aritmética completa
Teneduría de libros
Nociones de Historia Natural
Constitución de la República
(Nota de HoyHistoriaGT: A este nivel ya llegaban muy pocos estudiantes, lo que permitía que recibieran una educación esmerada.
Artículo 29.- La enseñanza de la Lectura se ampliará con ejercicios escogidos de composición y recitación y se completará con lecturas explicadas sobre Fisiología, Higiene, Mecánica, Física, Química y otros ramos de Ciencias Naturales.
Artículo 32.- En Aritmética se ensancharán los conocimientos adquiridos en las escuelas elementales y se completará la enseíanza de la materia con el estudio sobre potencias, raíces, y análisis de los números, es decir: razones y proporciones.
Artículo 33.- La Teneduría de libros, por su especial importancia práctica, se enseñará con toda la extensión posible.
Artículo 36.- Se enseñará y explicará la Constitució de la República para que los niños comiencen a adquirir ideas claras acerca de la organización del poder público y de los derechos y deberes que les corresponden como ciudadanos guatemaltecos.5 (Nota de HoyHistoriaGT: por la muy escasa cantidad de alumnos que llegaban a la escuela complementaria, se hace evidente que eran muy pocos los ciudadanos que comprendían lo que estaba escrito en la Constitución de la República y todos aquellos decretos que emanaban del Ejecutivo y Legislativo.)
Artículo 44.- El jefe de cada escuela es un director o maestro, de nombramiento del Gobierno, a propuesta de la Dirección general de estudios.5 (Nota de HoyHistoriaGT: esto estaba en línea con la Constitución recién decretada, la cual le daba poder prácticamente absoluto al jefe del ejecutivo).
Artículo 52.- No habrá otros días festivos durante al año, que los domingos y los de fiestas cívicas. (Nota de HoyHistoriaGT: a diferencia de la educación católica que se impartía antes de 1871, cuando se guardaban muchas de las fiestas religiosas).
Artículo 55.- Los únicos castigos que se permiten en las escuelas son: amonestación privada o en presencia de los alumnos, privación de recreo, prolongación de horas de trabajo, notas de mala conducta, aislamiento y otros que, como los anteriores, no sean infamantes ni puedan alterar la salud o el desarrollo de los niños. En caso de que un niño sea incorregible será expulsado de la escuela por la Junta local, previo informe del director. La misma Junta dictará las providencias convenientes para que el alumno expulsado adquiera la instrucción necesaria donde sea posible.
Artículo 57.- Quedan severamente prohibidas en las escuelas las distinciones entre los alumnos, por razón de calse, nacionalidad, capital, color, posici social, etc. Al aplicarse las penas los maestros procederán con absoluta imparcialidad y justicia.6
Artículo 63.- El primer período escolar comenzará el 1 de enero de cada año, día en que tendrá lugar la apertura de las escuelas, y concluirá el viente de mayo. En los diez días siguientes al veinte, se verificarán exámenes privados sobre las materias enseñadas, para que los alumnos sean aprobados puedan pasar al grado inmediatamente superior. Los que no lo sean repetirán el curso.
Artículo 64.- El segundo período comenzará el 1.° de junio y concluirá el veinte de octubre. En los diez días siguientes al veinte se verificarán exámenes públicos y las distribuciones de premios.7
Artículo 70.- No habrá otras calificaciones que las de aprobado y suspenso. Estas calificaciones serán secretas, y los examinadores las darán, depositando en una oruna una bola blanca o una negrada, según que el alumno sea o no aprobado. Si algun alumno demostrare en el examen un aprovechamiento muy notable, se consignará esta circunstancia en el acta que se levante.
Artículo 74.- Los meses de noviembre y diciembre serán de vacaciones para alumnos y maestros.8
Artículo 83.- Se establecerán también escuelas dominicales, escuelas mixtas o de niños de ambos sexos y escuelas de párvulos, segun el sistema de salas de asilo o kindergarten. La Dirección general de Instrucción pública dictará las providencias necesarias a fin de organizar estos establecimientos de la manera más conveniente.
Artículo 97.- En las escuelas de niñas se enseñarán los mismo ramos que en las escuelas de niños, agregando las labores de mano, economía doméstica y jardinería.
Artículo 98.- Las escuelas de niñas se regirán por esta ley, con las variaciones que la Dirección general de Instrucción pública crea conveniente introducir en los programas de enseñanza, atendiendo a las consideraciones especiales que exige la esmerada educación de la mujer.9
Artículo 105.- La instrucción secundaria tiene por objeto hacer que los jóvenes perfecciones y aumenten los conocimientos adquiridos en las escuelas primarias, preparándolos para seguir una carrera profesionales. (Nota de HoyHistoriaGT: en esa época, los estudiantes que llegaban a los Institutos de Secundaria eran menos de diez por año y eran solamente de las clases más pudientes de la sociedad guatemalteca).
Artículo 106.- La enseñanza secundaria se dará en los Institutos Nacionales, y comprende los ramos siguientes:
Gramática castellana
Francés e inglés
Aritmética, Algebra, Geometría y Trigonometría rectilínea
Teneduría de libros
Filosofía elemental
Geografía e Historia
Retórica
Mecánica
Física y Química
Nociones de Historia Nacional, Fisiología e Higiene11
Artículo 120.- Además de las materias comprendidas en los artículos precedentes de este capítulo, se enseñarán en los Institutos los idiomas Alemán, Italiano y Latino, Caligrafía, Taquigrafía, Dibujo y Pintura, Música Instrumental, Canto, ejercicios calistécnicos y militares, y si fuese posible los de natación y equitación; pero no será obligatorios los exámenes sobre tales enseñanzas por no exigierse éstas para obtener el título de graduado en Ciencias y Letras. La enseñanza del Dibujo es obligatoria para todos los alumnos.11 (Nota de HoyHistoriaGT: el reducido número de estudiantes permitía que se enseñaran todas estas materias con gran calidad. En el siglo XXI, ni en los colegios privados de más trayectoria se enseñan tantas materias opcionales dada la gran cantidad de estudiantes que hay.)
Artículo 131.- Habrá en los Institutos alumnos internos, externos y medio internos. Los primeros serán los que se eduquen por cuenta de la Nación, y todos los que quieran vivir en el establecimiento con el objeto de instruirse, pagando una pensión. Los medios internos recibirán la enseñanza y alimentación; pero no dormirán en el establecimiento y pagarán también una pensión. Los externos pobres recibirán la enseñanza gratuitamente.12
Artículo 133.- Son condiciones necesarias para ingresar a un Instituto:
Tener buena conducta y moralidad.
Presentar un certificado médico en que conste que el solicitante no padece ninguna enfermedad crónica ni está predispuesto a padecerla
Presentar el certificado de aptitud en las materias que señala la enseñanza complementaria; y ser aprobado en una examen sobre las mismas materias, que deberá practicarse en el Instituto por un tribunal que nombrará el Director.
Artículo 159.- Las materias de enseñanza en los colegios para niñas serán las mismas que previene el artículo 14, menos la Trigonometría, Mecánica, Taquigrafía y ejercicios militares; pero se sustituirán estos ramos con el estudio de la economía doméstica, trabajos y labores propios del sexo.
Artículo 180.- La enseñanza profesional se da en las correspondientes Facultades.
Artículo 181.- Las Facultades son los cuerpos encargados de promover el adelanto de las ciencia y de las letras en el país.
Artículo 182.- Se establecen por ahora las Facultades siguientes:
De Derecho y Notariado
De Medicina y Farmacia
De Ingeniería
De Filosofía y Literatura
Artículo 183.- Cada Facultad se compondrá de los individuos respectivo que hayan obtenido o en lo sucesivo obtuvieren título legal para ejercer su profesión en la República, y de los incorporados con arreglo a la ley.13
Esta ley, con algunas modificaciones, estuvo vigente hasta la caída del gobierno del general Federico Ponce Vaides, y durante todos ese tiempo, fueron los Institutos Nacionales y Normales los que graduaron a los mejores profesionales de nivel medio en el país. Asimismo, fueron las Escuelas Facultativas las que se encargaron de la educación superior en el país, y no fue sino hasta en 1945 en que fueron reunidas nuevamente en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El gobierno del general José María Reina Barrios expande el presupuesto anual de Instrucción Pública en $66,270
Ciudad de Guatemala vista desde el Cerrito del Carmen en 1895 en una fotografía de Fernández Valdeavellano. Se aprecia la Iglesia de la Mercer y al fondo el Teatro Colón. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El 25 de noviembre de 1894 el gobierno del general presidente José María Reina Barrios tuvo que expander el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública, que entonces ascendía a un millón ciento veinte mil pesos debido al aumento de los precios de los muebles y útiles escolares.1
José María Reina Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala
Considerando: Que la cantidad de un millón ciento veinte mil pesos en que fijó la Asamblea Nacional Legislativa el Presupuesto de Instrucción Pública para el año económico de 1 de julio de 1894 a 30 de junio de 1895, no fué ni es en manera alguna suficiente para atender, como se debe, a los gastos que tan importante ramo ocasiona, ya que por las circunstancias económicas del país no pueden reducirse inconsideradamente los sueldos de los profesores, y que por el alto precio que han alcanzado los muebles y los útiles de enseñanza, no es posible, sin que medien grandes sacrificios, mantener los establecimientos de Instrucción Pública a la altura que su importancia y el buen nombre de la Nación reclaman;
Que el Gobierno, para concretar sus gastos á la cantidad votada por la Asamblea, se vio en la necesidad extraordinaria, contra sus principios y acatando únicamente los mandatos de una voluntad superior, de hacer modificaciones y alteraciones en el presupuesto establecido por la experiencia y fundado en los justos reclamos de la Nación;
Que el actual orden de cosas, en lo que respecta al ramo de que se trata, no corresponde a lo que el país tiene derecho a esperar y a lo que el Gobierno está obligado a hacer, y que, sólo por una anormal circunstancia, pudo entorpecerse en parte;
POR TANTO,
De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de las facultades que me concede la Constitución, aplicando como se debe los principios de mi programa político, y teniendo en cuenta que por insignificante que sea un lugar, la escuela primaria ejerce en él decisiva influencia, por cuanto civiliza y eleva el sentimiento moral del individuo, he tenido á bien decretar y decreto:
Artículo 1°. Desde el día 1 de enero de 1895, quedan establecidas las plazas y escuelas de que se hará mérito en los lugares que expresa la lista que se acompaña.
Artículo 2°. Las cantidades necesarias para su sostenimiento durante el primer semestre de 1895, se tomarán de la suma que aparece como superávit en el presupuesto vigente.
Artículo 3°. El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, queda encargado de la ejecución de este decreto y de dar cuenta de él a la Asamblea Legislativa en sus próximas sesiones.
Dado en Guatemala, en el Palacio del Poder Ejecutivo, á los veinticinco días del mes de noviembre de mil ochocientos noventa y cuatro.
José María Reina Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Manuel Cabral1
Sigue una tabla con todos los poblados en los que se crearon nuevas plazas de maestros. He aquí un ejemplo tomado de dicha tabla con los sueldos que se le pagaban a los maestros en 1894:3
El general presidente José María Reina Barrios modifica el inicio del ciclo escolar de 1898 moviéndolo hasta mayo como medida de austeridad ante crisis económica
La Escuela de Medicina y Farmacia, cuando estaba en el convento confiscado a los monjes Paulinos por J. Rufino Barrios. Allí funcionó hasta los terremotos de 1917-18. En el recuadro: el general presidente José María Reina Barrios. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
De hecho, a principios de diciembre había tenido que solicitar un aumento de la deuda pública, había decretado un aumento de la carga impositiva y había establecido medidas de austeridad, porque el costo de repeler las revoluciones de Occidente y de Oriente había aumentado considerablemente los gastos de la Administración Pública, provocando una baja considerable en la recaudación tributaria.3
Continuando con las medidas de austeridad, el 9 de diciembre Reina Barrios emitió el decreto 546, por medio del cual corría el inicio del ciclo escolar de 1898 de enero hasta el 1 de mayo, y despedía a todos los maestros y catedráticos universitarios a partir del 31 de diciembre, a fin de ahorrarse los sueldos de cuatro meses.
El decreto dice así:4
Decreto N.° 546
José María Reina Barrios
General de División y Presidente de la República de Guatemala
Considerando: que entre los preceptos de la higiene pedagógica está el de escogitar como período de vacaciones aquella época del año que conforme el clima de cada país sea la más adecuada para dar tregua a los trabajos intelectuales y favorecer al mismo tiempo el organismo físico de los educandos, y que los meses de marzo y abril son entre nosotros los más calurosos del año;
Considerando: Que por otra parte ha sido costumbre dar feriado a los empleados en los últimos días de diciembre y primero de enero;
Por tanto, en uso de las facultades que me confiere el Decreto número 4, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de agosto último,
Decreto:
Artículo 1°. El año escolar en los establecimientos de Instrucción Pública principiará el 1 de mayo y terminará el 14 de marzo del año siguiente, siendo en consecuencia las vacaciones del 15 de marzo al último de abril.
Artículo 2°. Serán también días feriados en los mismos establecimientos los comprendidos desde el 22 de diciembre al 6 de enero inclusive.
Artículo 3°. Las inscripciones deberán efectuarse en los primeros diez días del año escolar.
Artículo 4°. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo: en Guatemala, a nueve de diciembre de mil ochocientos noventa y siete.
José María Reina Barrios
El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública, Mariano Cruz4
Aunado a este decreto, Reina Barrios también emitió la nueva organización de la Instrucción Pública, a fin de ahorrarse los sueltos de enero a abril. Dicha organización quedó así:5
Deseando organizar la instrucción pública de la manera más conveniente en el próximo año escolar, el Presidente de la República acuerda:
Todos los nombramientos del personal de las Juntas Directivas de las Facultades, de profesores y empleados de los establecimientos de enseñanza, sea primera, secundaria, normal o profesional, y de sus dependencias, quedarán sin efecto alguno, el día último del corriente mes.
De conformidad con el decreto número 288 y el que se ha dictado con fecha de hoy, se procederá por quien corresopnda, del 15 al 30 de abril de 1898, a la organización del personal de los establecimientos de enseñanza de la República, nombrándose los empleados para llenar las vacantes provenientes de la disposición anterior.5
El decreto fue derogado el 11 de febrero de 1898, por el presidente interino, licenciado Manuel Estrada Cabrera,6 tan sólo tres días después del asesinato del general Reina Barrios no tanto porque ya se hubiera resuelto la situación económica, sino porque así empezaba su propaganda para las elecciones presidenciales del 1 de agosto de 1898 que él mismo había convocado un día antes.7
BIBLIOGRAFIA:
Nuestro Diario (12 de enero de 1926). Retazos de nuestra historia: el movimiento revolucionario de Castillo. Guatemala: Nuestro Diario. p. 1.
El gobierno liberal retira los cementerios del control eclesiástico y regula su administración mediante las municipalidades.
Pórtico del entonces majestuoso Cementerio General de la Ciudad de Guatemala en 1896. En el recuadro, la tumba casi abandonada del ex-presidente mariscal Vicente Cerna en 2014, y que se encuentra en la misma calle principal del Cementerio General. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
La secularización de las instituciones guatemaltecas se inició en 1829 con la invasión de Francisco Morazán, pero no se pudo establecer completamente por la revolución católico-campesina de 1837-38. No fue sino hasta durante el gobierno del general J. Rufino Barrios (1873-1885) que se completó definitivamente la separación de Iglesia y Estado en el país; por supuesto, aquella separación no fue instantánea, y más bien tardó varios lustros en completarse, ya que se fue haciendo paso a paso debido a la arraigada fé católica de los guatemaltecos.
Con la expulsión de las órdenes regulares terinó la costumbre de enterrar a los criollos en las catacumbas y columnas de los principales templos de los poblados y ciudades, y el 15 de noviembre de 1879, el gobierno del general Barrios retiró los cementerios a los curas párrocos, mediante el siguiente decreto:
DECRETO NÚM. 248 J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,
Considerando:
Que por no haber estado los lugares públicos de enterramientos sujetos a la inmediata inspección y administracíon de la autoridad civil, carecen los cementerios de las condiciones indispensables para conservar la salubridad pública, no se observan en las inhumaciones y exhumaciones las reglas de la higiene, y se encuentran en su mayor parte abandonados.
DECRETO:
Art. 1.° La construcción, admistración é inspección de los cementerios de la República, quedan a car go exclusivo de la autoridad municipal.
Art. 2.° Las Municipalidades ejercerán su intervención en los cementerios por medio de las comisioness de policía é higiene que establece el artículo 92 de su ley reglamentaria.
Art. 3.° Los derechos de sepultura serán exclusivamente destinados á los gastos de conservación y mejora de los cementerios.
Art. 4. Un reglamento especial determinará las bases de la administración, régimen y buen servicio de los cementerios.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a quince de noviembre de mil ochocientos setenta y nueve.
J. Rufino Barrios
Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, A. Ubico Urruela1
Ese mismo día se emitió el Reglamento respectivo, del cual se reproducen aquí algunos artículos importantes:2
Art. 1.° Todo cadáver deberá ser enterrado en cementerio público establecido con autorización previa, siendo prohibidas las inhumaciones dentro de poblado.
Art. 2.° En lo sucesivo, para la situación de los cementerios, se elijirán lugares secos, ventilados, a una distancia conveniente de las poblaciones en rumbos apartados de los vientos domiuantes, y que en lo posible reúnan las mejores condiciones higiénicas. No podrá determinarse el lugar sin oír la opinión de expertos.
Art. 10.° Habrá en el cementerio cinco clases de enterramientos: el primero es el de capillas: el segundo en mausoleos; el tercero en nichos; el cuarto de fábrica media; y el quinto de fábrica común en el suelo; a cuyo efecto el terreno estará dividido en otras tantas secciones proporcionadas .
Art. 11.° Las capillas se construirán por cuenta de los interesados, en una área cuya extensión no podrá exceder de 61 varas cuadradas, cubriéndose el valor de éstas con arreglo al adjunto arancel.2
Artículo 12.° en los laterales destinados a este objeto: en los cementerios se delineará y numerará el orden de los mausoleos, teniendo cada uno tres varas de largo y vara y media de ancho, formando calles de Oriente a Poniente y de Norte a Sur.
Art. 13.° Cada lugar de mausoleo se venderá con su cimiento de piedra, ladrillo y mezcla, puesto al nivel del terreno, por el precio del arancel y como sepultura perpetua.
Art. 14.° El que haya comprado un lugar de mausoleo puede edificar o permitir que se edifiquen para sus parientes ó amigos tres sepulcros á mas del primero, uno sobre otro; y cada uno de ellos que se vaya fabricando se pagará una tercera parte de lo que se pagó por el anterior.
Art. 15.° Los nichos se seguirán fabricando en las paredes de los cementerios y en la forma que ahora se ha adoptado sin perjuicio de las reformas que la experiencia y el buen gusto vayan indicando.
Art. 16.° Los entierros que se hagan en ellos, deben comenzar por una línea de abajo á arriba ocupando primero el de más abajo, y sucesivamente el que le sigue sin pasar a otra línea sin que esté cubierto el ultimo sepulcro de la anterior.
Art. 18. La sepultura en nichos no se vende a perpetuidad para un cadáver, porque a los seis años siendo adulto, puede exhumarse para conducir los restos a los osarios, pero los parientes o amigos del sepultado pueden evitar esta exhumación pagando una tercera parte menos de lo que se ha pagado los seis años anteriores; y cada vez que se cumpla este término, pueden hacer igual rescate. Siendo un párvulo el cadáver, el período será de cinco años.
Art. 20. Para los enterramientos de fábrica media é ínfima, el cementerio se dividirá en cuatro cuadros pequeños que corresponden a los cuatro ángulos del cuadrado grande, dejando dos calles, que los dividan ó se crucen en el centro, la una de Oriente á Poniente y la otra de Norte a Sur, prohibiéndose hacer entierros en ellas.
Art. 21. Para delinear mejor estas calles, se demarcarán, fabricando dos paredes de nichos para párvulos, cuya altura no excederá de dos varas, dejándose encima un canal para llenarlo de tierra bien preparada y cultivar un jardín que sirva de adorno del cementerio.3
No es casualidad que el cementerio de la Ciudad de Guatemala haya sido construido en 1881, dos años después de la emisión de este decreto. El cementerio original de la ciudad estaba al este de la Catedral Metropolitana, en donde después se construyó el Mercado Central. Luego, se trasladó a la par del Hospital San Juan de Dios, y allí estuvo hasta que fue trasladado al nuevo local, entonces totalmente alejado de la población en 1881. Fotografías antiguas del local muestran que antes de los terremotos de 1917-18, el cementerio general cumplía con lo estipulado con el reglamento de 1879. Desfortunadamente, luego de esos terremotos el cementerio general entró en un declive permanete al punto que en el siglo XXI se encuentra a la par del colector de basura más grande de la Ciudad de Guatemala (aparte de los ríos que le sirven desagüe a la metrópoli), y ha caído en completo abandono.3
Tras gobernar de facto desde 1873, el general presidente J. Rufino Barrios convoca a una Asamblea Constituyente
Monumento al general J. Rufino Barrios en su ubicación original, al final del Paseo de la Reforma, en 1915. En el recuadro, retrato del presidente guatemalteco, con la mano en la Constitución de 1879. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
El hecho de gobernar de facto le confirió a Barrios amplios poderes, pudiendo gobernar a su capricho. Sin embargo, convencido de que una constitución hecha a su medida le permitiría extenderse en el poder, convocó a una Asamblea Constituyente el 9 de noviembre de 1878, por medio del siguiente decreto:1
Decreto No. 225
Considerando:
Que la República está en plena paz, sin que por ninguna parte apa rezca amenazado el orden;
Que no obstante que la Asamblea Constituyente, en su decreto de 23 de octubre de 1876 declaró que por las circunstancias difíciles en que entonces se hallaba el país, no convenía emitir la ley fundamental, invistiéndome con facultades omnímodas para ejercer el Poder Ejecutivo, durante el período de cuatro años, también me autorizó para convocar la Legislatura antes, si lo estimaba conveniente;
Que la dictadura no está de acuerdo con los principios republicanos, y si la acepté fué por las circunstancias difíciles en que se encontraba el país, pero con la intención de no hacer uso de ella, sino para mantener la paz y tranquilidad publicas, mientras que el Estado pudiera darse por medio de sus legítimos representantes la ley fundamental que asegura los derechos y garantías de los ciudadanos:
Que consecuente con los principios democráticos que declaré desde que fui elevado al poder, considero que ha llegado la época feliz de restablecer el orden constitucional, renunciando las facultades omnímodas y el tiempo que me fué concedido para ejercerlas;
Que la Asamblea convocada en 21 de octubre de 1876, tuvo en mira el mantenimiento del orden público, confiriéndome los amplios poderes de que se ha hecho mérito, por ser el sentimiento general de los pueblos que representaban entonces; pero las circunstancias de paz y bienestar que ahora se disfrutan, exigen el que se decrete la Constitución de la República, que tanto se desea;
Que debiendo esta ley ser la expresión genuina de los pueblos, conviene que éstos estén representados por mayor número de delegados para que las difíciles cuestiones que pueda comprender la ley fundamental, sean mejor debatidas.
DECRETO:
Art. 1. Se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta de sesenta y un representantes de los pueblos de la República, que se elegirán cu la proporción que establece la adjunta tabla.
Art. 2. Las elecciones se harán de completa conformidad con lo establecido en decreto de 21 de octubre de 75, comenzándose a verificar el 10 de enero del 79.
Art. 3. La Asamblea Constituyente se instalará el día l5 de marzo del año próximo de 1879 con la solemnidad que prescribe su reglamento.
Art. 4. Este alto cuerpo ocupará esclusivamente de dar á la Nación la ley fundamental y de resolver todos los asuntos que el Gobierno presente á su deliberación.
Art. 5. Cualquier ciudadano podrá ser electo diputado, con excepción de los Jefes políticos, Administradores de rentas, Administradores y contadores de aguardientes, Jueces de 1ra. instancia y comandantes de armas, por el departamento ó distrito electoral en que ejercen sus funciones. Tampoco podrán serlo, los párrocos ni coadjutores por el distrito en que estén situadas sus parroquias; entendiéndose modificado en estos términos el artículo respectivo de la ley citada de 21 de octubre de 1875.
Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, el nueve de noviembre de mil ochocientos setenta y ocho.
J. Rufino Barrios.
El Ministro de Gobernación, Justicia y Asuntos Eclesiásticos, J. Barberena.1
TABLA1
De los distritos electorales en que se divide la República para la elección de diputados a la Asamblea Constituyente, convocada por decreto de 9 de noviembre del año de 1878, con expresión de las cabeceras de círculos; en donde deberán ser calificados los electores comprendidos en ellas y en sus anexiones filiales; de las ciudades, villas y pueblos que forman los distritos; del número de diputados señalado a cada uno de ellos, con advertencia de que la primera población de las designadas a cada distrito, es la cabecera del mismo, en donde deben practicarse las elecciones.
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