4 de mayo de 1830: renovación de las autoridades del Estado de Guatemala

Con el fin de retirar al Dr. Pedro Molina de la Jefatura del Estado de Guatemala, la Asamblea Legislativa convoca a elección de nuevas autoridades.

Calle real de Jocotenango en la ciudad de Guatemala a principios del siglo XX. En los recuadros: los líderes liberales Pedro Molina, José Francisco Barrundia y Mariano Gálvez. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y Pensamiento Centroamericano.

A principios de 1830 ya gobernaba el Estado de Guatemala el líder liberal y médico Pedro Molina, pero los mismos liberales dentro de la Asamblea Legislativa le abrieron un expediente y tuvo que delegar el poder al vicejefe de Estado, Antonio Rivera Cabezas.  Como era frívola la acusación, cuando ésta fue tramitada por la Corte Superior de Justicia se determinó que no había motivo para proceder contra Molina.  Sin embargo, los diputados estaban empeñados en salir del jefe de Estado y cerraron sus sesiones ordinarias antes de conocer el dictamente de la Corte Superior.1

Molina apeló ante el Congreso de la República Federal de Centro América —el cual en ese entonces se reunía en la Nueva Guatemala de la Asunción— y éste le pidió un informe a la Comisión Permanente de la Asamblea, forzándola a reiniciar sus sesiones.  Los diputados del Estado, empecinados en salir de Molina, formularon nuevas acusaciones en su contra y, comprendiendo que la Corte Superior de Justicia iba a desestimar el caso, decidieron dictar un decreto mandando a que se eligieron nuevas autoridades para el Estado.2

Esa era la situación cuando se produjo el terremoto del 23 de abril de 1830, que dañó severamente a la ciudad, y que forzó a las autoridades a trasladarse al poblado de Jocotenango, que entonces era un poblado indígena que estaba alejado del centro de la Nueva Guatemala de la Asunción, y que en el siglo XXI es parte de la zona 2 del Centro Histórico de la ciudad.3

Pero ni los sismos hicieron desistir a los diputados en su afán de salir de Molina.  Y así, el 4 de mayo de ese año suscribieron el siguiente Decreto en Jocotenango:4

La Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, teniendo presente:

1°.— Lo dispuesto en los artículos 86, 87, 115 y 199 de la Constitución del Estado;

2°.— Que el artículo 138 y el 139 de la misma, establecen que en falta del primero y segundo Jefe, antes de la época constitucional los designados para subrogarles no duren en sus funciones sino el tiempo que faltaba a los subrogados para la renovación ordinaria.

3°.— Que la de los ciudadanos Juan Barrundia y Cirilio Flores por un efecto de circunstancias, debía de verificarse hasta en las próximas elecciones, y los nuevos nombrados empezar a fungir en el año de 1831.

4°.— Que en tal concetp las funciones del primero y segundo Jefe, ciudadanos Pedro Molina y Antonio Rivera, deben termina en el mismo año, ha tenido a bien decretar y decreta:

Artículo 1°.— Se procederá a las elecciones de los representantes, consejeros, primero y segundo Jefe, y magistrados de la Corte Superior de Justicia, que deben renovarse con arreglo a las disposiciones de la materia y a la adjunta tabla y en los días que señala la Constitución.

Artículo 2°.— El departamento de Guatemala y Escuintla elegirá un diputado propietario y dos suplentes. Igual número el de Sacatepéquez y Chimaltenango.  El de Totonicapán nombrará dos diputados propietarios y dos suplentes. Los departamentos de Quetzaltenango, Verapaz, Sololá y Chiquimula, sufragarán cada uno por un diputado propietario y un suplente.

Artículo 3°.— Las juntas electorales de los departamentos de Sacatepéquez, Sololá, Chiquimula y Verapaz, procederán cada una a nombrar un Consejero propietario y un suplente.

Artículo 4°.— Todas las del Estado procederán a sufragar para primero y segundo Jefe y para cuatro magistrados propietarios de la Corte Superior de Justicia y tres suplentes.

Artículo 5°.— La legislatura de 1831 procederá en la renovación del primero y segundo jefe y magistrados de la Corte Superior de Justicia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4°. del decreto de la Asamblea Constituyente de 25 de octubre de 1825.

Comuníquese.

Jocotenango, mayo de 1830.4

En las elecciones resultó electo José Francisco Barrundia, quien no aceptó el cargo y se hizo a un lado, dejando el camino para que el Dr. Mariano Gálvez fuera prácticamente nombrado como Jefe de Estado el 24 de agosto 1831.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Hernández de León, Federico (1963) [1924]. El libro de las Efemérides: capítulos de la Historia de la América Central. VI. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 220.
  2. Ibid., p. 221. 
  3. Archivo General de Centro América. Leg. 2404. Exp. 50121. Folio No. 1, 1v y 2.
  4. Hernández de León, El libro de las Efemérides, pp. 222-223.
  5. Ibid., p. 224. 

26 de febrero de 1840: Guatemala toma bajo su protección a los pueblos de Los Altos

El gobierno de Mariano Rivera Paz en el Estado de Guatemala toma bajo su protección a los pueblos del Estado de Los Altos tras la derrota de sus autoridades, y elimina el impuesto individual a los indígenas.

26febrero1840
Fachada de la catedral colonial de Quetzaltenango, que es lo único que queda de dicho edificio, destruido por la erupción del volcán Santa María en 1902. La nueva catedral fue construida por detrás de esta fachada. Imagen tomada de Wikimedia Commons. En el recuadro: retrato a lápiz del general mexicano Agustín Guzmán, jefe de las fuerzas armadas del Estado de Los Altos y héroe militar de los criollos altenses. Imagen tomada de Historia Militar Mexicana.

Los criollos liberales que formaron el Estado de Los Altos tuvieron dos graves problemas: por una lado, la relación entre Los Altos y Guatemala era extremadamente tirante, ya que los altenses se habían quedado con el 50% del territorio y el 75% de la capacidad productiva del Estado de Guatemala cuando se formó su estado en 1838; y, por el otro,  pueblos indígenas de la región se resistían a pagar el impuesto individual que les quería cobrar el gobierno del Estado de Los Altos.  Así pues, bastaba con una excusa para que se rompieran las hostilidades, y ésta se dió con de la masacre en Santa Catarina Ixtahuacán cuando las fuerzas altenses asesinaron a decenas de indígenas que protestaban por el impuesto el 1 de octubre de 1839.1

Después de que los indígenas le pidieran ayuda, el general Rafael Carrera y sus hombres combatieron a las fuerzas altenses al mando del general Agustín Guzmán en Sololá, y tras derrotarlos categóricamente, entraron sin oposición a la ciudad de Quetzaltenango, hasta entonces capital del Estado de Los Altos. En ese momento cesó efectivamente dicho Estado, y los criollos liberales que lo formaron vieron como el gobierno del Estado de Guatemala tomó bajo su protección a los pueblos indígenas que lo componían.2

Tras la derrota de los criollos altentenses, los pueblos indígenas solicitaron al gobierno de Guatemala que reincorporara a la región del Estado de Los Altos a su territorio y que eliminara el impuesto individual.  Los criollos, por su parte, consideraron esto un movimiento ilegal, pero no estaban en posición de hacer valer su posición en ese momento, por lo que el Gobierno de guatemala emitió el siguiente decreto:3

Considerando:

      1. Que los pueblos de los Altos se han pronunciado por medio de sus municipalidades, según consta de las actas que existen en la secretaría, desconociendo las autoridades que estaban establecidas, solicitando quedar bajo la autoridad de este gobierno y ser regidos por las leyes de este estado;
      2. Que en consecuencia de estos pronunciamientos se disolvieron dichas autoridades, desaparecieron casi todos los funcionarios, y habiendo quedado de hecho casi todos los pueblos sin gobierno, se acogieron al amparo del general Carrera, y éste se vió obligado á nombrar provisionalmente jefes políticos y jueces que se encargasen de la administración;
      3. Que posteriormente se ha solicitado con instancia por dichos pueblos que este gobierno los tome bajo su protección, y los preserve de los males que les amenazan si una autoridad respetable no hace guardar en aquellos el orden público;
      4. Que el gobierno de Guatemala en tales circunstancias no puede ver con indiferencia la suerte de unos pueblos hermanos de los que componen este estado, cuya seguridad es también interesada en la tranquilidad general;
      5. Y últimamente, que el gobierno de Guatemala no puede resolver por sí mismo de una manera definitiva sobre la reincorporación que se solicita por los pueblos expresados; mientras se reúne la asamblea constituyente del estado de Guatemala y de conformidad con el parecer del consejo, decreta:

Artículo 1°. — El gobierno de este estado toma bajo su protección a todos los pueblos de los Altos, y se considerarán reincorporados de su propia voluntad al mismo estado, mientras se resuelve lo que convenga sobre el particular por la autoridad a quien corresponda.

Artículo 2°. — En consecuencia, los pueblos de los Altos serán regidos según las leyes decretadas por la asamblea constituyente de este estado; y el gobiemo designará á los funcionarios que deban encargarse provisionalmente de los diversos ramos de la administración.

Artículo 3°. — No se exigirán a los habitantes de los Altos otras contribuciones que las decretadas por la asamblea constituyente de este estado; y se tendrá presente que está abolida la que se cobraba con el nombre de capitación. Las que deban pagarse serán recaudadas con arreglo á las leyes decretadas por la misma asamblea de Guatemala.

Artículo 4°. — Los productos de las rentas que quedan vigentes serán invertidos en los gastos de la administración de aquellos departamentos, y se llevará cuenta separada de sus rendimientos é inversión; y los sobrantes, si los hubiere, serán reservados para satisfacer en su caso las deudas contraídas anteriormente según su naturaleza.

Artículo 5°. — El gobierno nombrará, si lo creyere conveniente, un comisionado que visite los pueblos expresados, les manifieste sus deseos de hacerles bien, oiga sus quejas, procure que se consolide entre ellos el orden y la paz que tanto conviene á aquellos habitantes, y proponga al gobierno, y ponga desde luego en ejecución, todas aquellas medidas que parezcan conducentes á su tranquilidad y bienestar.

Artículo 6°. — El secretario de gobernación cuidará de dar cuenta á la Asamblea constituyente de Guatemala con este decreto y documentos relativos al asunto, para que se sirva tomarlo en consideración.3

Por supuesto que los criollos altenses no estaban conformes con esta resolución, por lo que contactaron al general Francisco Morazán, a la sazón Jefe de Estado de El Salvador para que invadiera a Guatemala y restableciera el Estado de Los Altos, a lo que Morazán accedió.  El 17 de marzo de 1840 el caudillo hondureño invadió el territorio de Guatemala y el 19 de ese mes tomó posesión de la Ciudad de Guatemala.  Uno de sus primeros actos fue sacar  al general Agustín Guzmán de las bartolinas de la cárcel en donde estaba desde que Carrera lo humilló públicamente durante su entrada trinfual tras derrotar a Los Altos en enero, y cuando éste pudo recuperarse -pues no podía ni mover las articulaciones- salió al galope para Quetzaltenango para conformar nuevamente el gobierno del Estado de Los Altos.4

Desafortunadamente para Guzmán y los criollos altenses, todo había sido un plan de Carrera, quien hizo creer a Morazán que había tomado la ciudad, solamente para caerle por sorpresa desde El Aceituno por la noche, derrotándolo completamente y obligándolo a huir gritando «¡Que viva Carrera!»  Los criollos altentes, que habían sido advertidos por Carrera en enero de que no les iba a tolerar otra sublevación, sufrieron penosas consecuencias cuando éste llegó nuevamente a Quetzaltenango tras expulsar a Morazán.5


BIBLIOGRAFIA:

  1. Carranza, Jesús (1897) Un pueblo de Los Altos: Apuntamientos para su historia (Totonicapán).  Quetzaltenango: Popular. p. 100.
  2. Marure, Alejandro (1895). Efemérides de los hechos notables acaecidos en la República de Centro América desde el año 1821 hasta el de 1852.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 122-123.
  3. Pineda de Mont, Manuel (1869). Recopilación de las leyes de Guatemala, 1821-1869 I. Guatemala: Imprenta de la Paz en el Palacio. pp. 48-49.
  4. Coronado Aguilar, Manuel (1975). Apuntamientos para la Historia de GuatemalaI Guatemala: Editorial del Ejército. p. 159-163.
  5. Solís, ignacio (1906). Memorias del General Carrera. 1838-1840. En: Colección de Datos Históricos y Biográficos. (1) Guatemala: Tipografía Sánchez y de Guise. p. 70-90.

24 de febrero de 1893: censo general de Guatemala

El gobierno del general presidente José María Reina Barrios realiza el Censo General y la Demarcación Política de la República.

24febrero1893
Palacio de La Reforma, construido por el gobierno del general presidente José María Reina Barrios. Desapareció tras los terremotos de 1917-18. Fotografía de Alberto G. Valdeavellano tomada de Wikimedia Commons.

Los primeros años del gobierno del general presidente José María Reina Barrios fueron de una prosperidad sin precedentes en la historia de Guatemala, gracias al aumento del precio internacional del café.  Gracias a esta bonanza económica, el gobierno pudo realizar varios proyectos de infraestructura, y también de mejoramiento de las instituciones gubernamentales.

Uno de sus primeros proyectos fue la realización del censo de 1893, el cual pretendía establecer con certeza cuantos pobladores había en la República para así determinar qué proyectos tenían que ser prioritarios.  El gobierno emitió el siguiente decreto para iniciar el proceso:1

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 18 de mayo de 1892.

Considerando:

Que en observancia del artículo 49 del decreto número 244, deberá procederse durante el presento año ala formación del censo general del país;

El Jefe del Poder Ejecutivo acuerda: que la Sección de Estadística dé las instrucciones conducentes al fin indicado, pudiendo requerir la cooperación de todas las autoridades y corporaciones de la República.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios
        • El Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Jorge Vélez1

Con el fin de realizar el Censo General y documentar la Demarcación Política de la República, se utilizaron las siguientes definiciones:

      • Las pequeñas poblaciones que no tienen calles, que están formadas de chozas, ranchos que se encuentran aislados y en desorden, se llaman Caseríos. Los Caseríos pueden estar situados en las orillas de los mares, habitados por pescadores ó explotadores de salinas, entonces se llaman Caseríos litorales. Pueden estar situados en el interior del país, en las montañas, colinas, valles, etc., haciendas, fincas ó chacras y habitadas por agricultores y labradores, entonces se llaman Caseríos rurales.
      • Las localidades que tienen la apariencia de un pueblo por su considerable número de casas y habitantes, reunidos ya en sociedad, regidos por un Alcalde auxiiar, pero que no han adquirido el título de los pueblos por no tener una Municipalidad, se llama Aldeas.
      • Las agrupaciones que tienen Corporaciones Municipales, reciben la denominación de Pueblos.
      • Pueblos de alguna importancia por el ornato de sus calles, casas y plazas, por su industria, comercio, agricultura, instrucción pública, etc. se llaman Villas.
      • Las poblaciones extensas, con elegantes edificios públicos y particulares, asociaciones literarias, con importantes establecimientos de educación; ricas por su agricultura, comercio, industria, artes y ciencias; distinguidas por su cultura relativa, y que además han recibido del Gobierno el título de tales, se llaman Ciudades.2

Originalmente el censo se iba a realizar el 18 de diciembre de 1892 con un costo de diez mil pesos,3 pero por algunos problemas técnicos se pospuso para el último domingo de febrero de 1893, mediante el siguiente decreto:

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 25 de octubre de 1892.

Habiendo manifestado el Jefe de la Sección de Estadística, que á consecuncia de algunos inconvenientes insuperables, no ha sido posible llevar á cabo los trabajos preliminares del censo de población ; y que por esa causa, es conveniente transferir á una fecha posterior la fijada en acuerdo gubernativo de trece del mes próximo pasado,

El Presidente Constitucional, de conformidad con la exposición referida,
acuerda:

Que el último domingo del mes de febrero del año inmediato de mil ochocientos noventa y tres, se practique en todo el país el empadronamiento prevenido en el acuerdo citado.

Comuniqúese.

        • Reina Barrios.
        • El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Próspero Morales.4

Así pues, el censo se realizó el 24 de febrero5 de ese año y los resultados reflejaron lo siguiente:

    1. El total de pobladores era de 1,364,788 habitantes.
    2. En ese momento había 882,733 indígenas, y el resto eran ladinos, con un muy bajo porcentaje de criollos y extranjeros.
    3. Los varones eran 677,472 y las mujeres 687,206.
    4. La religión era todavía predominantemente católica, con 1,356,105 creyentes, mientras que las otras religiones se repartían así: 2,254 protestantes, y 1,146 de religiones no cristianas. Había 5,173 no creyentes.
    5. Y, por último, había solamente 99,553 personas que sabían leer y escribir, y 1,265,125 analfabetos.6

BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1894). Recopilación de las Leyes de la República de Guatemala, 1892-1893. Guatemala: Tipografía Nacional. p. 40.
  2. Ibid., 199.
  3. Ibid., 269.
  4. Ibid., 270.
  5. Hernández de León, Federico (1963) [1924] El Libro de las Efemérides. Capítulos de la Historia de la América Central. V.  Guatemala: Tipografía Nacional. p. 317.
  6. Ibid, p. 318.

 

27 de julio de 1957: Luis González López asume la presidencia interina

Tras el asesinato de Castillo Armas, el primer designado, Luis González López decreta el Estado de Sitio por un mes.

27julio1957
El Palacio Nacional visto desde el famoso «Peladero» del Parque Centenario en la década de 1950. En el recuadro: el licenciado Luis Arturo González López. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La misma noche del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó a sesiones extraordinarias de Legislativo1, el que al día siguiente que emitió los decretos 1191 y 1192, por medio de los que llamó al licenciado Luis Arturo Gonález López a hacerse cargo de la presidencia interina y convocó a elecciones presidenciales.  He aquí un resumen de aquel decreto:2

Decreto Número 1191

El Congreso de la República de Guatemala

Considerando: que la noche del veintiséis de los corrientes falleció trágicamente el ciudadano Presidente de la República, coronel Carlos Castillo Armas y que […] en caso de falta absoluta del Jefe del Ejecutivo, debe ser sustituido por el Primer Designado a la Presidencia de la República;

Considerando: […] el Decreto del Congreso en que se llame al Designado para ejercer la Presidencia, debe contener la convocatoria a elecciones presidenciales;

Por tanto, decreta:

Artículo 1. Se llama al primer Designado a la Presidencia de la República, licenciado Luis Arturo González López para que ejerza la Presidencia de la República, a quien previa protesta de ley se le da posesión. […]

Artículo 3. Se convoca al pueblo de Guatemala para elegir Presidente de la República dentro del término de cuatro meses, y en cuyas elecciones se observarán las prescripciones de la Ley Electoral.

Artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado pcon el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso, y entrará en vigor inmediatamente.[…]2

Una vez juramentado, González López emitió el Decreto número 590, por medio del cual instalaba el Estado de Sitio en todo el país:3

Decreto Número 590-Bis

El Primer Designado en Ejercicio de la Presidencia de la República,

Considerando: que la trágica muerte del Presidente Constitucional de la República, coronel Carlos Castillo Armas, coloca al país en una situación de grave pligro para la estabilidad de las instituciones públicas, y que en este concepto, es indispensable la adopción de medidas extraordinarias para preservar el orden público;

Considerando: que ante hecho de tal naturaleza el Organismo Ejecutivo está obligado a dictar las disposiciones que sean adecuadas para el mantenimiento de la constitucionalidad, seguridad de las personas y de sus bienes; 

Por tanto, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley de Orden Público, y en Consejo de Ministros, decreta:

Artículo 1. Se declara el Estado de Sitio en todo el territorio nacional por el término de treinta días a partir de esta fecha.

Artículo 2. Cesa la vigencia plena de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 43, 44, 46, 53, 54, 55 y 56, primer párrafo del número 54, 64, 70 y 71, última frase del 73 y 76, todos de la Constitución de la República.

Artículo 3. Durante la vigencia de este decreto se hará aplicación de las medidas comprendidas en los capítulos I, II y III del título II, capítulo II, II y III del título III, todos del Decreto número 22 de la Asamblea Nacional Constituyentes, Ley de Orden Público.

Artículo 4. Se ordena al Ministro de la Defensa emitir las ordenanzas y acuerdos de observancia general que sean necesarias, delegándose en las autoridades militares, la autoridad civil de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Orden Público.

Artículo 5. Se ordena la inmediat apublicidad y divulgación del presente decreto; de él se dará cuenta al Congreso de la República y entra en vigor inmediatamente.3

El Congreso de la República aprobó el decreto de González López ese mismo día, y pospuso la convocatoria a elecciones hasta que el Estado de Sitio se levantara:4

Decreto Número 1192

El Congreso de la República de Guatemala, 

Considerando: que son atendibles y justificadas las razones invocadas por el Primer Designado en ejercicio de la Presidencia para declarar el Estado de Sitio en todo el territorio nacional; […]

Considerando: que el Decreto 590 emitido por el Primer Desginado en Consejo de Ministros, con esta fecha, se ajusta a los principios constitucionales;

Considerando: que como consecuencia del Estado de Sitio se limitan los derechos ciudadanos, particularmente en cuanto se refiere a la función electoral y a la propaganda que de ella se deriva;

Por tanto, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución de la República, decreta:

Artículo 1. Se ratifica el Decreto número 590 emtido por el Primer Desginado en el ejercicio de la Presidencia en Consejo de Ministros.

Artículo 2. La convocatoria a que se refiere el artículo 3 del Decreto número 1191 de este Congreso […] surtirá sus efectos hasta que cese la situación de emergencia a que ha dado lugar el Estado de Sitio.

Artículo 3. Este decreto aprobado con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran este Congreso, entrará en vigor inmediatamente.[…]4

Un poco más tarde, el mismo 27 de julio, González López decretó duelo nacional por 9 días y el Ministro de la Defensa, Coronel Juan Francisco Oliva, en base al decreto 1192 del congreso emitió un decreto por el que se otorgó al ejército la facultad de hacerse cargo de la situación.5

Aquel estado de sitio duró hasta el 2 de agosto, fecha en que se convocó a elecciones.


BIBLIOGRAFIA:

  1. Sandoval, Marta (2014). «Tres disparos en una noche lluviosa»Contrapoder. Guatemala. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2014.
  2. Azurdia Alfaro, Roberto (1960). Recopilación de la Leyes de la República de Guatemala, 1956-1957. LXXVI. Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 50-51.
  3. Ibid, p. 73.
  4. Ibid,  pp. 51-52.
  5. Ibid,  pp. 263-264.

10 de febrero de 1958: Ydígoras Fuentes gana primera vuelta electoral

Tras un movimiento popular favorable a su causa luego de que se declaró que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 1957, el general Miguel Ydígoras Fuentes gana la primera vuelta electoral de 1958.

10febrero1958
Ciudad Univesitaria, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala recién construida en 1958. Solamente estaba el edificio de la Rectoría (a la derecha), el complejo de la Facultad de Ingeniería (a la izquierda) y el Aula Magna (Iglú). Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Luego del asesinato del coronel Carlos Castillo Armas, Guatemala entró en un período de inestabilidad en que el que sucedieron varias juntas militares en el poder, hasta que finalmente se convocó a elecciones para el 20 de octubre de 1957. Tras acusaciones de fraude, el presidente interino Carlos González López, mientro del consejo directivo del Movimiento Democrático Nacionalista (MDN) -que era el partido de los liberacionistas radicales-, tuvo que renunciar al poder y entregarlo a un triunvirato militar.1

Tras varios días de negociaciones, la Embajada de los Estados Unidos medió para que la Junta Militar entregara el poder al Segundo Designado, coronel Guillermo Flores Avendano y que el Congreso de la República emitió el decreto 1212, de fecha 18 de noviembre de 1957, que convocaba nuevamente a elecciones presidenciales para el día 19 de enero de 1958.1 Para estas nuevas elecciones, el ahora debilidato MDN postuló al coronel José Luis Cruz Salazar, a la sazón embajador de Guatemala en Washington, en alianza con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), candidatura que contó con las simpatías y apoyo financiero de Estados Unidos, pues el MDN era el partido de los liberacionistas y Cruz Salazar no solamente representaba la continuidad de éstos, sino que en el gobierno de Eisenhower lo consideraba un político de derecha moderada que podía llenar el vacío existente entre las corrientes extremas que había en el país en ese momento. Por otra parte, el Tribunal Electoral dio vía libre a la participación del Partido Revolucionario, el cual postuló a su dirigente, Mario Méndez Montenegro. Y, finalmente, el general Ydígoras Fuentes repitió con su partido Redención. Como se esperaba, el ganador fue el general Ydígoras, por encima del liberacionismo, que había estado en el poder hasta octubre y que sufrió una contundente derrota en las primeras elecciones relativamente libres en las que participó.2

A pesar del triunfo electoral de Ydígoras, la elección se fue a segunda vuelta, la cual tenía que ser realizada en el Congreso por votación directa de sus diputados entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos, tal y como lo estipulaba la Constitución de 1956, vigente en aquella época. Así pues, la elección fue entre Ydígoras y Cruz Salazar. Esto dió lugar a negociaciones entre los partidos participantes, con el fin de llegar al día de la elección en el Congreso con una solución ya definida.3

Un primer acuerdo entre ambas fuerzas políticas fue un pacto llamado de “Borrón y cuenta nueva” (frase que usaba la campaña de Ydígoras), firmado el 27 de enero de 1958, mediante el cual ambos candidatos y sus partidos se comprometieron, entre otras cosas, a dos puntos esenciales: respetar la decisión que tomara el Congreso respecto de la Presidencia de la República y que el candidato que fuera electo por el Congreso integraría un gobierno con la participación de partidos anticomunistas. Este documento se hizo público, aunque hubo otro que permaneció en secreto y que fue firmado el 31 de enero.  En este último, ambas partes dijeron que «[…] en la necesidad de aunar los esfuerzos de los partidos políticos en contienda a efecto de integrar un gobierno de carácter nacional y de contar así con mejores condiciones de luchar contra el comunismo, que como enemigo común, amenaza la subsistencia de las instituciones democráticas […]; se sugiere la conveniencia de que cuanto antes firme el coronel Cruz Salazar su renuncia de candidato ante el Congreso […]«.  Además, ambas partes se comprometieron a que el nuevo gobierno integraría un Gabinete con la inclusión de tres ministros anticomunistas  y que contribuiría con un subsidio mensual de 6 mil quetzales al partido MDN para su sostenimiento.3

De esta forma, el mismo 31 de enero el coronel Cruz Salazar presentó su renuncia al Congreso, mientras que Ydígoras, con el voto unánime del Congreso dado en su sesión del 12 de febrero, fue electo presidente de la República y tomó posesión del alto cargo el 2 de marzo.  Si bien Ydígoras comenzó su gobierno con un gran capital político obtenido en las jornadas de octubre de 1957, pero el nuevo presidente rápidamente perdió el favor de la ciudadanía, porque su gestión estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas que creó su campaña electoral y porque su estilo de gobierno fue muy errático.4

Eventualmente, el gobierno de Ydígoras fue derrocado el 30 de marzo de 1963 por un golpe de estado perpetrado por el ala anticomunista radical del Ejército dirigido por su propio ministro de la Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Alvarez Aragón, Virgilio, et. al. (2013).  Guatemala: Historia Reciente (1954-1996) Proceso político y antagonismo social. I. Guatemala: FLACSO, Serviprensa. pp. 87-90.
  2. Ibid., p. 91.
  3. Ibid., p. 93.
  4. Ibid., p. 94.
  5. Azurdia Alfaro, Roberto (1966) Recopilación de las Leyes de Guatemala, 1963-1964. LXXXII Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 14-15.

8 de febrero de 1982: sale a la luz pública la URNG

Las agrupaciones guerrilleras guatemalteca, Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) hacen saber que han formado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el 7 de febrero de 1982.

8febrero1982
El mercado de «La Terminal» en la ciudad de Guatemala en 1982. En el recuadro: la primera plana de «Prensa Libre» del 27 de enero de 1982, que muestra a Edgar Palma Lau, ex-presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien murió en un reducto guerrillero en Utatlán II, en la ciudad de Guatemala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons y la Hemeroteca de Prensa Libre.

En octubre de 1980, los grupos guerrilleros guatemaltecos conformaron la Unidad Revolucionaria Nacional (URN), luego de firmar acuerdos de unidad ideológica, política y estratégica para llevar a cabo lo que ellos llamaron una revolución de masas.1  Esos grupos fueron: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el proscrito Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-Núcleo.  Sin embargo, debido a las constantes derrotas que estaban sufriendo en el frente militar y a la destrucción de sus reductos guerrillos en la Ciudad de Guatemala, el EGP y la ORPA decidieron congelar los acuerdos indefinidamente.1

Tras varias reuniones y discusiones, en enero de 1982 se retomaron las reuniones de los grupos guerilleros y finalmente el 7 de febrero de 1982 se formó la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) cuando los principales grupos guerrilleros de Guatemala decidieron formar un solo frente, a fin de tomar el poder y realizar una revolución política y social en Guatemala.2

Para dar a conocer esta nueva agrupación, los miembros de la guerrilla detonaron bombas panfleteras con propaganda comunista que anunciaba la unión de las agrupaciones izquierdistas y provocaron el incendio de un conocido restaurante de comida rápida en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, además de la quema de una fábrica de café y la de varios camiones y vehículos en la capital.  Si bien no hubo víctimas mortales en esos hechos, por la violencia imperante en la época los bomberos reportaron el ametrallamiento de cuatro personas ese noche.3

Los guerrilleros también ocuparon las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde hicieron un mitin con los estudiantes, a quienes invitaron a unirse a la revolución armada. Finalmente, el 9 de febrero, grupos de guerrilleros tomaron las instalaciones de tres conocidas radioemisoras de la época en la Ciudad de Guatemala para transmitir un mensaje en el que hicieron el anuncio.  Las emisoras fueron: «Radio Rumbos«, «Fabuestereo» y «Radio Progreso«, en donde luego de obligar al personal a transmitir el mensaje, lo dejaron encerrado en sus propios instalaciones antes de huir.3

Todo esto ocurrió exactamente un mes antes de las elecciones presidenciales del 7 de marzo de ese año, en las que se presentaron cuatro candidatos de la extrema derecha:4

  1. El general Angel Aníbal Guevara, ex-Ministro de la Defensa del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, postulado por el Partido Institucional Democrático (PID) y el Frente de Unidad Nacional (FUN)4
  2. El licenciado Mario Sandoval Alarcón, ex-vipresidente de la República y ex-presidente del Congreso, y uno de los miembros del ejército mercenario del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en 1954.5 Fue postulado por el MLN.4
  3. El arquitecto Gustavo Anzueto Vielman, hijo del general Roderico Anzueto Valencia, quien fuera la mano derecha del general Jorge Ubico durante cuyo gobierno fungió como Jefe de la Policía y Ministro de la Guerra.6  Anzueto Valencia también fue el cadete que delató a sus compañeros cuanto éstos planeaban secuestrar al presidente Manuel Estrada Cabrera en 1908.7  Anzueto Vielman fue postulado por la Central Auténtica Nacionalista, que era el partido del ex-presidente general Carlos Arana Osorio.4
  4. Alejandro Maldonado Aguirre, postulado por la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y el Partido Nacional Renovador (PNR).4 Maldonado Aguirre llegaría a la presidencia de la República a finales de 2015, tras la renuncia del general Otto Pérez Molina luego de un golpe blando en su contra.

En los comicios fue declarado vencedor el general Guevara, ante lo cual hubo fuertes protestas de fraude de parte de los otros candidatos que protestaron en el centro de la ciudad, pero fueron dispersados con gases lacrimógenos, a pesar de pertenecer a la élite económica nacional.4  Pocos días después, el 23 de marzo de 1982, el gobierno de Lucas García fue derrocado por un golpe de estado y las elecciones declaradas nulas.  El nuevo gobierno, a cargo del general evangélico Efraín Ríos Mont, fortaleció la lucha con la recién establecida URNG.8


BIBLIOGRAFIA:

  1. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Movimiento Amplio de Izquierda (28 de enero de 2012). Treinta años de lucha por una democracia real y participativa. Guatemala: Albedrío.
  2. Lemus, Silvia (15 de agosto de 2015). URNG, el Partido de la Insurgencia. Guatemala. Prensa Libre.
  3. LEMUS (9 de febrero de 1982). Se unen los grupos guerrilleros de Guatemala y llaman a la revolución.  México: Diario de Colima. XXIX (8894). p. 1.
  4. Hemeroteca PL (6 de marzo de 2018). «1982: cuando el general Guevara no pudo asumir la presidencia». Prensa Libre (Guatemala)
  5. Cullather, Nicholas (2006). Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operations in Guatemala 1952-54 (en inglés) (2ª edición). Stanford University Press. ISBN 9780804754682
  6. De los Ríos, Efraín (1948). Ombres contra Hombres. México: Fondo de la Cultura de la Universidad de México.
  7. Unión Tipográfica (1920). Principales jefes del Cabrerismo. Guatemala: Unión Tipográfica.
  8. El País (24 de marzo de 1982). «Golpe de Estado militar en Guatemala»El País (Madrid).

11 de enero de 1873: eximen a los indígenas del servicio militar

El gobierno del general Miguel García-Granados y Zavala emite el decreto 83 eximiendo a los indígenas del servicio militar

11enero1873
Soldados guatemaltecos luego de la renuncia del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1920. Nótese que todos están descalzos. En el recuadro: el general Miguel García-Granados y Zavala. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

Tras la Revolución Liberal de 1871, el servicio militar se hizo obligatorio en 1872 planteando que el reclutamiento no debía caer «exclusivamente sobre la clase desvalida» y que los oficiales debían realizar enganches en las poblaciones ladinas.  Esto fue aclarado en el decreto N°. 83 emitido el 1873, el cual eximió a los indígenas del servicio militar, afimando que «en cambio, prestran otros de diferente naturaleza«;1 esto último, a su vez, quedaría reglamentado en 1877 con el Reglamento de Jornaleros que forzó a los indígenas a trabajar como colonos en las fincas cafetaleras.2

El decreto 83 dice así:1

Considerando: que el decreto número 66 de 8 de junio de 1872 no ha podido llenar en su totalidad el objeto que el Gobierno tuvo en mira al emitirlo, por las dificultades con que ha tropezado en la práctica, a consecuencia del régimen militar a que los pueblos se hallaban anteriormente acostumbrados; y 

Que es justo y conveniente aliviar en lo posible a la clase proletaria que por un largo período de tiempo ha sido la sola que ha pagado a la República la contribución de sangre, a que todos los ciudadanos están igualmente obligados;

Decreto:

Art. 1°. Todos los guatemaltecos, ya sean naturales o naturalizados, desde la edad de 18 años cumplidos hasta la edad de 40, tienen la obligación de prestar servicio militar cuando las necesidades de su patria así lo exijan.

Art. 2°. Al efecto, todos aquellos a quienes comprenda esta ley deberán alistarse en el cuerpo del distrito militar en que estuvieren avecindados.  Los que faltasen a este deber, ya sea por malicia o por descuido, serán penados con un año de servicio activo en la guarnición que se designe conmutable con sesenta pesos.

Art. 3°. Los Jefes Políticos pasarán lista a los Comandantes de los distritos militares de su departamento, de los guatemaltecos que se inscribieron en virtud del decreto de 8 de junio último, con expresión de aquellos a quienes sea obligatorio el servicio militar, segun lo mandado en la presente ley.

Art. 4°. Todo guatemalteco al cumplir 18 años, y teniendo las demás cualidades que expresa esta ley, deberá presentarse al Comandante del distrito militar donde estuviese avencidado, para ser alistado como miliciano, bajo la pena prescrita en el artículo 2°.

Art. 5°. Quedan exceptuados del servicio militar:

      1. Los que no hubiesen cumplido 18 años o pasaren de 40.
      2. Los indígenas que no han estado acostumbrados a este servicio y que, en cambio, prestan otros de diferente naturaleza.
      3. Los ordenados in sacris.
      4. Los física o moralmente impedidos. Este impedimento debe ser plenamente comprobado.
      5. Los que aun cuando no hubieren cumplido los 40 años que señala el artículo 1°., fueren padres de seis o más hijos legítimos.
      6. Los jóvenes menores de 21 años que acreditaren su concurrencia sin interrupción a los establecimientos nacionales de enseñanza.

Art. 6°. Los empleados públicos, que sean de elección popular o de nombramiento del Gobierno o de cualquiera otra autoridad, no podrán ser llamados a servicio activo mientras duren en el desempeño de sus cargos o destinos.  Tampoco serán llamados al servicio activo, los directores de colegios y maestros de escuelas, aunque lo sean de establecimientos privados, mientras ejercen su profesión.

Art. 7°. También podrán exceptuarse del servicio los que, a pesar de tener para prestarlo las cualidades que esta ley exige, paguen la contribución militar.  Esta contribución será para los simples artesanos, trabajadores y proletarios, de diez pesos al año; y para los que posean algunos bienes de fortuna o tengan giro o profesión productiva, de quince pesos al año.

Art. 8°. Para obtener la excepción de que habla el artículo 7°. se procederá de la manera prevenida en el artículo 6°. del Decreto de 8 de junio último.

[…]

Art. 18. Queda derogado el decreto de 8 de junio, en todo lo que se oponga a la presente ley, cuyo cumplimiento se encarga al Ministro de la Guerra.

Dado en Guatemala, a once de enero de mil ochocientos setenta y tres.

      • Miguel García-Granados
      • El Ministro de Hacienda, encargado del Despacho de la Guerra, Francisco Alburéz1

Este decreto estuvo vigente durante poco tiempo, ya que la inestabilidad del país obligó a modificarlo el 17 de octubre de ese mismo año, por el nuevo presidente J. Rufino Barrios.  Esta modificación afectó unicamente a los indígenas, ya que los obligó a realizar prácticas militares en las fincas en que estuvieran trabajando.3

Ahora bien, al exceptuar a los indígenas del servicio militar directamente, se formaron fuerzas milicianas ladinas que fueron esenciales para garantizar las transformaciones en la tenencia de la tierra que el gobierno liberal impulsó sobre las tierras comunales indígenas, especialmente la expropiación de las mismas realizada por el Decreto 170 de redención de tierras ejidales de 1877.4

Estas fuerzas ladinas protegieron a los agrimensores e intervinieron en los conflictos que hubo por disputa de tierras, además de que aseguraron el transporte de trabajadores a las fincas y actuaron para reprimir cualquier desorden que afectara los intereses gubernamentales, y los de los finqueros que necesitaran mantener orden y control dentro de sus propiedades.5

En la práctica, cuando era necesario organizar un ejército para realizar una movilización nacional, siempre se recurrió al reclutamiento de los indígenas,5 e incluso hubo momentos tan críticos en que se requirió militarizar a los institutos de educación media y las escuelas facultativas.6


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  2. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1871-1876 I. Guatemala: Tipografía El Progreso. p. 151.
  3. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1871-1876, p. 226-227.
  4. Gobierno de Guatemala, Recopilación: Leyes emitidas, 1877-1881, p. 3-6.
  5. García Vetorazzi, María Victoria (2010) Acción subalterna, desigualdades socioespaciales y modernización. La formación de actores y circuitos del comercio indígena en Guatemala, siglos XIX y XX.  Louvain-la-Neuve: Université Catholique de Louvian, École des sciences politiques et sociales. p. 196.
  6. Estrada Paniagua, Felipe (1908). Recopilación: Las Leyes de la República de Guatemala, 1901-1902 XX. Guatemala: Tipografía Nacional.

2 de enero de 1948: inauguran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo inaugura el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, basado en la Social Security Act de 1935 del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt.

2enero1948
La sede actual del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la Ciudad de Guatemala. En el recuadro: el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmando el Acta de Seguridad Social en 1935, en la cual está basado el IGSS. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

El gobierno del Dr. Juan José Arévalo Bermejo es considerado el pionero en la implementación de medidas sociales que benefician a los trabajadores en Guatemala, y por ello, es visto por algunos grupos de la élite nacional como un régimen comunista.  Sin embargo, las innovaciones introducidas por el gobierno arevalista no tenían su fundamento en las políticas marxistas-leninistas del Kremlin, sino en las políticas sociales del «New Deal» que el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt había implementado para contrarrestar los devastadores efectos económicos de la Gran Depresión que se inició en 1929 y que se extendió hasta principios de la década de 1940.1

La Seguridad Social fue parte de este «New Deal» de Roosevelt, y fue introducida en la Social Security Act firmada por el presidente estadounidense el 14 de agosto de 1935 ya que los Estados Unidos eran el único país industrializado de ese entonces que no contaba con ningún tipo de ayuda para los trabajadores. Durante los debates legislativos sobre la Seguridad Social, se incluyeron beneficios para los trabajadores, sus viudas y sus dependientes; incluyendo numerosos tipos de trabajo desde los burócratas hasta los maestros. El entonces nuevo programa fue financiado mediante un nuevo impuesto que fue llamado Impuesto de Contribución para Seguro Federal, el cual era recolectado por cada estado y para el que contribuían tanto el patrono como el trabajador a partes iguales. Ahora bien, la Seguridad Social estadounidense cubría mucho menos que su homóloga en los países europeos, pero fue la primera vez que el Gobierno Federal se hizo cargo de la seguridad económica de los ancianos, de los desempleados, de los dependientes y de los incapacitados.2,3

Los regímenes dictatoriales apoyados por la United Fruit Company en Guatemala y en El Salvador habían sido derrocados a mediados de 1944 por movimientos civiles similares en sus respectivos países debido a la debilidad que tenía la internacional frutera por los hundimientos de sus vapores durante la Segunda Guerra Mundial.  Esto permitió que subieran al poder regímenes que implementaron las medidas del «New Deal» de Roosevelt, y de allí los cambios sociales que implementó el gobierno arevalista.4,5 De esta forma, el 2 de enero de 1948 el presidente Arévalo inauguró oficialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un acto en el que participaron el licenciado José Rolz Bennett, primer presidente de la Junta Directiva del IGSS, y el licenciado Oscar Barahona Streber, primer gerente del Instituto.6

A principios de la década de 1950, con la llegada al poder del presidente Dwight Eisenhower la política estadounidense empezó a perseguir la supuesta amenaza comunista tanto dentro de los Estados Unidos como en los países de América Latina.  Y como en Guatemala el gobierno del Dr. Arévalo apoyó la formación de la Legión Caribe que perseguía derrocar a los gobiernos militares del área7 y luego el gobierno del coronel Jacobo Arbenz atacó frontalmene los intereses de la compañías estadounidenses en el país,8 el gobierno estadounidense favoreció el establecimiento de regímenes militares como el de Carlos Castillo Armas en Guatemala que apoyaron los intereses de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas.9

Ahora bien, es importante indicar que aunque los regímenes militares hicieron precisamente lo que les instruyó el gobierno estadounidense, y protegieron siempre los intereses patronales frente a los laborales, mantuvieron vigentes a la mayoría de los beneficios sociales introducidos durante el gobierno del Dr. Arévalo


BIBLIOGRAFIA:

  1. Bierman, Harold (2004). “The 1929 Stock Market Crash“. (en inglés) EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples.
  2. Kennedy, David M. (1999). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945. (en inglés) Oxford University Press. ISBN 978-0195038347. pp.: 257-271.
  3. McJimsey, George (2000). The Presidency of Franklin Delano Roosevelt. (en inglés) University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-1012-9. pp.: 107-108.
  4. Bucheli, Marcelo (2008). «Multinational Corporations, Totalitarian Regimes, and Economic Nationalism: United Fruit Company in Central America, 1899-1975». Business History (en inglés) 50 (4): 433-454. doi:10.1080/00076790802106315.
  5. —; Jones, Geoffrey (2005). «The Octopus and the Generals: the United Fruit Company in Guatemala»Harvard Business School Case (en inglés) (9–805–146). Archivado desde el original el 10 de diciembre de 2012.
  6. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (2021) Inauguración del IGSS. Guatemala: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
  7. Rabe, Stephen G. (s.f.). Eisenhower and Latin America: The Foreign Policy of Anticommunism (en inglés). Chapel Hill: University of North Carolina Press.
  8. Rovira Mas, Jorge (2017). José Figueres Ferrer. En Enciclopedia Latinoamericana. 
  9. Schlesinger, Stephen; Kinzer, Stephen (1982). «Bitter Fruit: The Untold Story of the American Coup in Guatemala»The David Rockefeller Center Series on Latin American Studies (en inglés) (Cambridge, EE. UU.: Harvard University Press): 1-331. ISBN 0-385-14861-

1 de enero de 1877: se inaugura la Universidad de Occidente

El gobierno del general presidente J. Rufino Barrios inaugura la Universidad de Occidente en la Ciudad de Quetzaltenango.

1enero1877
La Ciudad de Quetzaltenango en 1884. En el recuadro: el general presidente J. Rufino Barrios quien fundó la Universidad de Occidente. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.

La inauguración de la Universidad de Occidente, que funcionó en la ciudad de Quetzaltenango, ocurrió el 1 de enero de 1877, aunque la misma fue creada por el siguiente decreto del general presidente J. Rufino Barrios del 20 de noviembre de 1876:

J. Rufino Barrios, General de División y Presidente de la República de Guatemala,

Considerando:

Que no puede existir verdadera libertad donde falta la ilustración, y que la primera liase del engrandecimiento nacional es la difusión de los conocimientos útiles, que procura el Gobierno por cuantos medios están a su alcance, conseguir en su más amplio desarrollo;

Que para realizar tan importante objeto, es conveniente que la enseñanza superior no quede vinculada de una manera esclusiva a la universidad de esta capital, y que conforme lo demanden las circunstancias se vayan creando otros grandes centros de ilustración;

Que por el ensanche que los pueblos de los Altos adquieren en su población, en su riqueza y elementos de vitalidad, y porque su progreso intelectual y científico deben corresponder a sus adelantos económicos y materiales necesitan poseer desde luego uno de esos centros de enseñanza superior;

Que de esta suerte, los hijos de esos departamentos, con menos difcultades y sin los sacrificios que deben hacer para venir a la capital y permanecer en ella, podrán efectuar sus estudios profesionales, realizándose así también el propósito de la actual Administración, de que la enseñanza en todos sus ramos, sea lo más asequible y cómoda para los que han de recibirla;

Que el Gobierno está en la obligación y tiene el deseo de hacer que los departamentos todos de la República lleguen cuanto antes a disfrutar del grado de prosperidad á que están llamados por sus especiales circunstancias; y tomando en cuenta las que concurren en los de los Altos, he tenido a bien decretar y Decreto:

Art. 1°. : Se crea en la ciudad de Quetzaltenango, un establecimiento con el nombre de Universidad de Occidente, destinado a suministrar la enseñanza superior o profesional;

Art. 2. : Por ahora y mientras se construye un local perfectamente adecuado, servirá para la Universidad el que actualmente ocupa el Instituto, trasladándose a ella todas las clases que se daban en este establecimiento;

Art. 3°.: Se darán además en la Universidad de Occidente las otras clases establecidas en esta capital para la enseñanza superior, y son válidos todos los cursos tanto de ciencias y letras como de estudios facultativos que se hagan en ella.

Art 4°.: Son igualmente válidos los títulos académicos y profesionales que la misma Universidad confiera en ejercicio de sus atribuciones.

Art .5°.:  Regirá en la Universidad de Occidente la misma ley de instrucción superior, que para la de esta capital se decretó el 1 de  julio del año anterior, con las modificaciones que a ella se han hecho con posterioridad y las más que en adelante se introduzcan por vía de reforma.

Art. 6. – Finalmente, el Ministro de Instrucción pública queda encargado de la ejecución del presente decreto, así como de remover las dificultades que se presenten y de formar y expedir los reglamentos que requieran su desarrollo y detalles. 

Dado en el Palacio Nacional de Guatemala, a veinte de noviembre de mil ochocientos setenta y seis.

        • J. Rufino Barrios
        • El Ministro de Relaciones Exteriores e Instrucción Pública, Joaquín Macal1

En la práctica, solamente se pudo establecer la Escuela Facultativa de Derecho y Notariado de Occidente, pues no había posibilidades de crear una Facultad de Medicina en Quetzaltenango.  De esta Escuela de Derecho egresó el licenciado Manuel Estrada Cabrera, quien gobernaría a Guatemala entre 1898 y 1920.2

El hecho de que se haya creado esta escuela en Los Altos está directamente correlacionado con el hecho de que los criolos liberales altenses habían lleado al poder con el triunfo de la Revolución Liberal de 1871, y por ello su región se desarrolló más rápidamente que el resto del país en ese momento.  Es más, el resentimiento que los criollos liberales de Los Altos todavía sentían por el gobierno del fallecido capitán general Rafael Carrera queda plasmado en el poema del licenciado Juan P. Quintana, nacido en Patzún y radicado en Totonicapán, quien escribió lo siguiente con motivo de la inauguración de la nueva Universidad, refiriéndose a las invasiones de Carrera en 1840:3,4

Venid: los desengaños
De nuestra propia vida nos persuaden
También con evidencia
A buscar en la Ciencia
Nuestra propia honradez y nuestra gloria.
En nuestra misma historia
Una triste experiencia
Hallamos del gran mal de la ignorancia:
Más de una vez el territorio invaden
Las enemigas armas
Y á nuestra vista, en nuestras mismas plazas
Al patricio asesinan;
Al pudor atropellan
Sin rubor, compasión, ni repugnancia;
Nuestros hogares minan;
Nuestros haberes roban;
Y esclavos, tributarios miserables
Nuestros pueblos quedaron só la planta
De bárbaro opresor.4


BIBLIOGRAFIA:

  1. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 460-461.
  2. Arévalo Martínez, Rafael (1945). ¡Ecce Pericles!. Guatemala: Tipografía Nacional.
  3. Carranza, J.E. et. al. (1897) Un pueblo de Los Altos. Apuntamientos para su Historia (Totonicapán). Quetzaltenango: Popular. p. 210.
  4. Hernández de León, Federico (17 de febrero de 1926) “El capítulo de las efemérides: 17 de febrero de 1840, entrada triunfal de Carrera”. Guatemala: Nuestro Diario.

21 de diciembre de 1949: la «Ley de arrendamiento forzoso»

Durante el gobierno del Dr. Juan José Arévalo se emite el decreto 712, conocido como la «Ley de arrendamiento forzoso»

21diciembre1949
Vistas de las entonces nuevas plantaciones de café en Guatemala en 1875. Grabados realizados con base en fotografías tomadas por Eadweard Muybridge. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

La cuestión de la tenencia de la tierra en Guatemala ha sido un tema complicado desde la época colonial.  Durante la dominación española las grandes órdenes regulares de la Iglesia Católica eran propietarias de enormes haciendas, en donde utilizaban la mano de obra de los indígenas que vivían en las doctrinas a su cargo, y la de esclavos negros que habían hecho venir para el efecto.  Por otra parte, los criollos hacendados habían heredado las encomiendas de los conquistadores, y los criollos aristócratas en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y en la Nueva Guatemala de la Asunción se encargaban de comercializar los productos de los hacendados con la península española, obteniendo grandes ganancias e influencia política en el proceso.  Los indígenas por su parte, si bien no poseían terrenos propios, sí tenían tierras ejidales comunitarias en todos los poblados en donde estaban las doctrinas y encomiendas.1

Luego de la Independencia, el sistema de tenencia de tierra no cambió, pero sí lo hizo el poder de los criollos hacendados, quienes hartos de la dominación de los aristócratas, se rebelaron en contra de ellos, utilizando como excusa el golpe de estado dado a Juan Barrundia en el Estado de Guatemala en septiembre de 1826.  Allí se inició la Guerra Civil Centroamericana, en la que los criollos hacendados, aglutinados en el partido liberal, utilizaron la bandera de la Ilustración para  atarcar a los religiosos y a los aristócratas, esto últimos agrupados en el partido conservador.2

Tras la victoria de los liberales en 1829, los aristócratas y los religiosos fueron expulsados de Centroamérica,3 y las grandes fincas de los frailes pasaron a manos de los hacendados liberales, quienes las vendieron o arrendaron a los ingleses que los habían apoyado durante la guerra civil.1 Esto, junto con el impuesto personal para los campesinos y las leyes anticlericales que se impusieron hiceron que estallara una revolución campesino-católica contra el gobierno del Dr. Mariano Gálvez, quien fue derrocado en 1838 y sustituido por Mariano Rivera Paz, quien se alió con los conservadores que regresaron de su exilio.4

Los conservadores también hicieron negocios con los ingleses y dieron concesiones a los belgas en Izabal,5 pero la estructura de la tenencia de la tierra no se modificó significativamente.1 No fue sino hasta después del triunfo de la Revolución Liberal de 1871 que las leyes se reformaron drásticamente ya que se introdujo la producción del café a gran escala, lo cual requería de grandes extensiones de tierra y de una cantidad considerable de mano de obra barata.  De esta forma, tras expulsar nuevamente a los frailes y confiscar sus bienes,6 también se subastaron las tierras ejidales y comunes de las poblaciones indígenas, resultando en la formación de grandes fincas cafetaleras, que pasaron a manos de los colaboradores del general presidente J. Rufino Barrios y a las del mismo gobernante.7

El sistema de tenencia de la tierra se mantuvo sin mayor alteración durante los gobiernos liberales que se sucedieorn hasta 1944, y fue hasta en el gobierno del Dr. Juan José Arévalo que se empezaron a hacer pequeños cambios en la estructura de la misma.8 La constitución de 1945 era muy diferente a la constitución de 1879,9 bajo la cual se formaron las fincas cafetaleras en el país, ya que en 1945 se declaró que era responsabilidad del Estado desarrollar actividades agrícolas, y que los beneficios de las mismas deberían ir a los productores. De hecho, el artículo 90 de esta Constitución indicaba que la propiedad privada debía ser reconocida y garantizada solamente si la misma llenaba su función social.9 Además, estipuló la expropiación cuando fuera de beneficio público, la abolición de los contratos de servidumbre en las fincas (establecidos por el Reglamento de Jornaleros de Barrios10 y las leyes de Vagancia y de Vialidad de Ubico11), y la autorización de la organización y sindicalización de los campesinos y jornaleros. Es decir, con un marco constitucional favorable a los campesinos, se pudieron promulgar leyes con la finalidad de aliviar la situación de la población campesina. De esta forma, en 1945 se puso en vigor la Ley de Titulación Supletoria, que establecía un mecanismo por medio del cual el título de propiedad de la tierra trabajada durante diez años por lo menos, podía ser concedido a aquellos que la habían trabajado12 y, por otra parte, en 1947 fue aprobado el Código de Trabajo, que prohibía la sindicalización en la fincas que tuvieran menos de treinta trabajadores, pero lo permitía en las grandes plantaciones.13

El 20 de diciembre de 1949, tras un temporal que daño la agricultura nacional, el gobierno aprobó  el Decreto Legislativo No. 712, llamado «Ley de arrendamiento forzoso«, la cual obligaba a los propietarios que hubiesen dado parcelas en arrendamiento durante los últimos cuatro años a seguir arrendándolas por dos años más, así como exigía a los prpoiertarios a arrendar tierras ociosas y a no cobrar más del 5 por ciento del valor de la cosecha que se obtuviera.8 Aquel fue el primer intento de realizar una reforma agraria en el país, la cual fue impulsada a mayor escala poco tiempo después por el régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán y que eventualmente le costaría la presidencia en 1954, ya que aquella reforma agraria no solamente afectó a los terranientes locales sino que a la mayor propietaria de tierra en el país: la compañía transnacional estadounidense United Fruit Company.14

A continuación se reproduce la sección de los considerandos de aquella ley aprobada el 21 de diciembre de 1949, por su importancia histórica:15

Decreto Legislativo No. 712

El Congreso de la República de Guatemala,

Considerando: que es notoria la resistencia de algunos propietarios de fincas rústicas a seguir dando parcelas en arrendamiento a labriegos que han probado plenamente su capacidad para hacer producir la tierra y para responder a sus compromisos contractuales. Que esta negativa de parte de los propietarios, sólo obedece a un concepto excesivo del derecho de propiedad, tanto más dañino para los intereses colectivos cuanto que por costumbre han venido dando en arrendamiento sus tierras, las cuales sólo se han hecho productivas mediante el trabajo de los susodichos labriegos;

Considerando: que algunos propietarios de fincas rústicas, por razones y en circunstancias similares a las ya mencionadas, están expulsando a los labriegos de parcelas que arriendan desde hace varios años, ya por vías de hecho o por procedimientosjudiciales;

Considerando: que los menoscabos ocasionados a la República con motivo del recién pasado temporal hacen imperativa una política de fomento intensivo y extensivo de la producción agrícola, política que compete orientar al Estado de conformidad con el artículo 88 de la Constitución, en beneficio primordial de los que hacen producir la tierra y por ende, contribuyen más directamente al acrecentamiento de la riqueza nacional;

Considerando: que están plenamente establecidos la necesidad y utilidad públicas, y el interés nacional que median para limitar el derecho de propiedad privada de algunos propietarios de fincas rústicas que al pretender dejarlas improductivas en una época de emergencias serias como la actual, no hacen cumplir a esas fincas con su función social, según el espíritu del artículo 90 de la Constitución de la República.15


BIBLIOGRAFIA:

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  3. La Antorcha Centro-Americana (11 de septiembre de 1829).  Guatemala, septiembre 10. En: La Antorcha Centro-Americana. (7)  Guatemala: Imprenta Nueva. p. 28.
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  5. Compagnie Belge de Colonisation (1844). «Colonisation du district de Santo-Thomas de Guatemala par la Communauté de l’Union»Collection de renseignements publiés ou recueillis par la Compagnie (en francés) (Original held and digitised by the British Library): 31-44.
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  7. Tipografía El Renacimiento (3 de agosto de 1885). Memoria de las riquezas de la mortual del Señor General expresidente Don Justo Rufino Barrios, en su relación con los intereses de la Hacienda pública (2.ª edición). Guatemala: Tipografía de “El Renacimiento”. pp. 1-26.
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  10. Gobierno de Guatemala (1881). Recopilación: Las Leyes emitidas por el Gobierno democrático de la República de Guatemala, 1877-1881 II. Guatemala: Tipografía El Progreso. pp. 69-73.
  11. Ubico Castañeda, Jorge (1933). Decreto 1974. Ley de Vialidad. Guatemala: Tipografía Nacional.
  12. Gobierno de Guatemala (1945). Recopilación de las leyes de la República de Guatemala 1944-1945, LXIII, Tipografía Nacional, Guatemala, pp. 444-445.
  13. Colmenares Arandi, Rodolfo (2007). Código de Trabajo, 1947-2007. Edición conmemorativa. Guatemala: Ministerio de Trabajo y Previsión Social. p. 1.
  14. Árbenz, Jacobo; Fortuny, José Manuel (1954). «Discurso de renuncia de Árbenz (audio)»YouTube
  15. Congreso de la República de Guatemala (1949). Ley de Arrendamiento Forzoso. Decreto Legislativo No. 712.  Guatemala: El Guatemalteco.