Lago y volcán de Atitlan, aparecidos en una fotografía de 1897 publicada por Anne Maudslay en su obra “A Glimpse of Guatemala“
Reproducimos a continuación lo que relató en 1843 el historiador liberal Alejandro Marure sobre lo ocurrido en el lago de Atitlan el 18 de septiembre de 1827, cuando era jefe de estado de Guatemala Mariano de Aycinena:
“Reventó el volcán Atitlán, situado á las orillas del lago de Panajachel, en el Estado de Guatemala, arrojando una cantidad prodigiosa de mal-pais, arena y cenizas sobre la costa de Suchitepéquez, quedando toda aquella comarca, por más de cincuenta horas, envuelta en profundas tinieblas. Fueron notables los estragos que causó esta erupción, especialmente á causa de los grandes terremotos que la acompañaron. Este mismo fenómeno se repitió á principios de 828, y se ha repetido en años posteriores con no menor violencia, como está sucediendo en el presente de 1843.”
Se deduce de lo referido por Marure que la región del Lago de Atitlan sufrió esporádicamente un enjambre sísmico que se prolongó prácticamente durante todo el gobierno de Dr. Mariano Galvez (1831-1838) y parte del gobierno del licenciado Mariano Rivera Paz (1838-1844).
El volcán Atitlan es el único de los tres que rodean el lago del mismo nombre que ha estado activo en los siglos recientes. Documentos indigenas refieren que estuvo activo alrededor de 1469, mientras que la última erupción de la que se tiene registro data del 3 de junio de 1853, en la que arrojo ceniza que provoco obscurecimiento de la región.
BIBLIOGRAFIA:
Escalante Herrera, Marco Antonio (2007) Volcán Atitlán. Pbase. Guatemala
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal. Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México). El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:
La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:
1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:
Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
José M, Gálvez
José Antonio Aguilar
General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.
Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.
Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:
Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala. Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.
Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:
La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:
Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.
En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular. Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:
Valle de Totonicapán en 1887. Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez. Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal“
Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente. Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.
Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:
“Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad. Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos. Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz. Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:
Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.
Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.”
Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador. Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.
Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.
He aquí el desglose:
Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)
Tipo de bienes
Descripción
Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal
80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41
18.000
Casa en la 13 calle poniente
1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo
N/A
Casa en el Barrio de la Libertad
N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette
400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios
4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios
14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo
50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston
N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa
N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz
20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano
600.000
Suma general
$3.792,600
De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)
Descripción
Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873
Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente
50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república:
4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente
50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado
240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884.
4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años
1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años
800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico
800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios
100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos
300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina, Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras
400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos
100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar
31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios
9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años.
400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu
200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871
1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
Iglesia de Nuestra de Las Angutias en la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Felipe Yurrita, propietario de la finca de café “Ferrol” ubicada en el departamento de San Marcos, construyó la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias en la Ciudad de Guatemala para cumplir con la promesa que le hiciera a la Virgen cuando la erupción del Volcán Santa María que destruyó el occidente guatemalteco el 24 de octubre de 1902.
En lo peor de la erupción, Yurrita decidió improvisar un pequeño altar sobre unos sacos de café y puso sobre él un cuadrito de la Virgen de las Angustias que él siempre llevaba consigo. Frente al altar dispusieron rezar el rosario y, en el momento de la letanía, la caída de ceniza cesó. En sus oraciones, Yurrita prometió que, de salir con vida él y su familia, construirían una capilla para que cualquier creyente pudiera llegar a rezarle.
Como agradecimiento, la construcción de la capilla se inició en 1927, fue dirigida por Regino y Félix Velásquez y finalizó tras 14 años de trabajos el 15 de junio de 1941, cinco meses antes de la muerte de Yurrita.
Vista de Mazatenango, Suchitepequez en 1875. Fotografia de Eadweard Muybridge.
Luego de la conquista española, el poblado de San Antonio Suchitepéquez fue fundado oficialmente el 13 de junio de 1549. Tal y como se acostumbraba en esa época, el nombre del poblado consta de dos partes: el nombre del santo católico que se venera el día en que fue fundado (y que era uno de los santos principales de la orden religiosa a la que el poblado había sido otorgado como doctrina) y una descripción con raíz del idioma náhuatl (esto ultimo porque las tropas que invadieron la región en la década de 1520 al mando de Pedro de Alvarado estaban compuestas por alrededor de cien soldados españoles y por varios miles de indígenas tlaxcaltecas y cholultecas). En este caso en particular:
“San Antonio” proviene de su santo patrono, el franciscano Antonio de Padua
“Suchitepéquez” se deriva de la voz náhuatl «Xōchitepēke», lo que podría traducirse como “En el Cerro Florido” o «En el Cerro de las Flores“, ya que este vocablo esta formado a su vez por:
“Xōchi-“: flor
“tepē”: cerro, montaña, y
-“k”: en
Tras la Independencia de Centroamérica, la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 estableció los circuitos para la administración de justicia en el territorio del Estado y menciona que San Antonio Suchitepéquez era parte del Circuito de Mazatenango en el Distrito N.º11 de Suchitepéquez, junto con el propio Mazatenango, Samayaque, San Lorenzo, Santo Domingo, Retalhuleu, San Gabriel, San Bernardino, Sapotitlán y Santo Tomás.
A partir del 3 de abril de 1838, San Antonio Suchitepéquez fue parte de la región que formó el efímero Estado de Los Altos, el cual fue autorizado por el Congreso de la República Federal de Centro América el 25 de diciembre de ese año forzando a que las autoridades conservadoras que apenas habían retomado el poder en el Estado de Guatemala reorganizaran su territorio en siete departamentos y dos distritos independientes el 12 de septiembre de 1839. La región occidental de Guatemala había mostrado intenciones de obtener mayor autonomía con respecto a las autoridades de la Ciudad de Guatemala desde la época colonial, pues los criollos de la localidad consideraban que los criollos aristócratas capitalinos que tenían el monopolio comercial con España no les daban un trato justo; pero este intento de secesión fue aplastado por el general Rafael Carrera, quien reintegró al Estado de Los Altos al Estado de Guatemala en 1840.
En 1902 el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera publicó la “Demarcación Política de la República“, y en ella se describe así a San Antonio Suchitepéquez: “su cabecera es el pueblo del mismo nombre, a 12 km de Mazatenango, es de clima templado en unas partes y caliente en otras, y los principales cultivos, café, cacao, maíz y frijol. Una parte de la población se dedica a la crianza de ganado. Limita: al Norte, con el departamento de Sololá; al Sur, con el municipio de San José El Idolo; al oriente con el de Estrada Cabrera, y al Occidente, con el de San Bernardino“.
El 6 de agosto de 1942, el poblado fue sacudido por un sismo que se produjo a las 17:37 hora local (23:37 UTC) y tuvo una magnitud de 7.7 en la escala de magnitud de momento (Mw) y 7.9 en la escala de Magnitud de onda superficial (Ms). El epicentro se encontró a lo largo de la costa sur de Guatemala y causó extensos daños en el altiplano central y occidental de Guatemala dejando un saldo de treinta y ocho fallecidos.
Engdahl, E. R.; Vallaseñor, A. (2002). «Global seismicity: 1900-1999». International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology. Part A, Volume 81A (1.ª edición). Academic Press. p. 678. ISBN 978-0124406520. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2012.
Calle de San Nicolás en Quetzaltenango, luego de los fuertes combates entre las tropas alzadas lideradas por el coronel Próspero Morales y las fuerzas leales al gobierno de Reina Barrios en septiembre de 1897. Imagen tomada de “La Ilustración del Pacífico“
La crisis económica derivada de la caída del preció internacional del café tomó al general presidente José María Reina Barrios en medio de varios proyectos faraónicos con los que pretendía convertir a Guatemala en un destino de inversión para las naciones europeas y norteamericanas. Desafortunadamente todo quedó inconcluso cuando la economía se desplomó, y cuando Reina Barrios propuso extender su mandato para remediar la situación, se enfrentó a una férrea resistencia, en especial de los diputados de la Asamblea Legislativa.
La siguiente misiva fue enviada por Reina Barrios a todas las autoridades de la República indicando, según él, que se había “visto obligado” a tomar poderes dictatoriales ante la renuncia de los diputados de la Asamblea Legislativa cuando éstos prefirieron ausentarse de la misma en vez de prestarse a las imposiciones del presidente:
Telegrama del general presidente
A todas las autoridades departamentales y locales de la República
Guatemala, 1°. de junio de 1897
Todos los círculos sociales tienen ya conocimiento de que instalada la Asamblea Nacional Legislativa del presente año, algunos señores diputados, bajo la inspiración y la influencia de personalismos y ambiciones mal disimuladas, dieron lugar a incorrecciones e irregularidades sin precedente alguno en nuestra historia parlamentaria.
Surgió de allí la lucha entre elementos opuestos, o sea entre representantes excitados por las pasiones políticas y representantes partidades del orden y del bienestar sociales.
Se pretendió romper los lazos de la buena armonía entre los poderes de la nación, y se llegó hasta el punto de dictar leyes anticonstitucionales y por lo mismo inconvenientes y aun contradictoria alguna.
Era natural, por consiguiente, que la mayoría de los diputados, conociendo el terreno cubierto de sombras políticas por donde podía desviarse la Asamblea, se retiraran de sus puestos, y quedó la minoría que, persistiendo en sus propósitos antipatrióticos y hostiles, luchó inútilmente, durante más de un mes, por volver a reunir la mayoría que necesitaba para celebrar sesión, y a pesar de sus fuerzas nunca lo consiguió.
La misma minoría fue reduciéndose, cada vez más, hasta el número de nueve diputados, que no podían ni reunirse en junta el treinta y uno de mayo ultimo, quedando así disuelta, de hecho, la Augusta Representación Nacional, por las imprudencias y por la impolítica de unos cuantos representantes.
Circunstancia es esta que ha puesto al Ejecutivo en el caso imprescindible de asumir los Poderes Públicos Nacionales. No obstante esto, debo hacer constar antes todos mis compatriotras, en cumplimiento de mi deber, que no seré yo quien deje de continuar firme en mis propósitos de mantener el orden, las libertades y las garantasí individuales que prescriben nuestras leyes constitucional y reglamentarias; esperando que con el contingente de los buenos ciudadanos, continuaremos promoviendo el progreso moral y material, y realizando, para el porvenir, la verdadera felicidad de la República.
Enemigo como he sido y seré siempre de medidas extremas y violentas, todos los guatemaltecos estarán libres de atropellos y vejaciones, pudiendo continuar entregados, como hasta hoy, a la consecución de su bienestar personal y colectivo, pues no ha sido otra mi ambición que la de cumplir lo mejor posible los deberes que me imponen mi condición de hijo del pueblo y el alto empleo que me confiriera el voto de las mayorías.
[…]
Para conocimiento de todos publíquese por bando la presente manifestación.
José María Reina Barrios
Hubo dos tipos de respuesta a este telegrama; el más generalizado fue el de un total servilismo, mientras que hubo algunos que respondieron lacónicamente, presagiando las revoluciones que se desatarían ante esta situación.
El siguientes telegrama ejemplifica las contestaciones serviles que recibió Reina Barrios:
Totonicapán, 2 de junio de 1897 – Señor General Presidente: Desde que los buenos guatemaltecos vimos la conducta subversiva de varios representantes del pueblo, esperábamos que los demás, como sinceros patriotas, se retirasen del seno de aquel alto cuerpo, como en efecto sucedió, y que dejando al reconocido patriotismo de Ud. y a su ilustrado criterio la salvación del conflicto de la Patria, esta vendría indudablemente en las perfectas condiciones que encierra su estimable telegrama recibido hoy y fechado ayer: como funcionario púbico y como buen guatemalteco, ofrezco a Ud. incondicionalmente mi lealtad y humildes servicios para el sostenimiento del orden público y para el fomento de todo aquello que tienda al ensanche de nuestros principios democráticos y sus naturales consecuencias. Adrián F. Caballeros.
Por otra parte, he aquí dos telegramas muy significativos, enviados por el coronel Próspero Morales (ex-ministro del gabinete de Reina Barrios) y por el licenciado José León Castillo, quienes encabezarían sendas revueltas contra el gobierno pocos meses después:
San Marcos, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente. Al quedar enterado de su telegrama de ayer, lo he mandado publicar por bando, como está ordenado. Próspero Morales
Chiquimula, junio 2 de 1897. – Señor General Presidente: Se ha publicado por bando a los vecinos de esta cabecera y se ha comunicado a las autoridades de mi jurisdicción, su telegrama en que manifiesta haber asumido los poderes de la Nación. José León Castillo.
En 1848 el general Rafael Carrera fue obligado por los criollos a abandonar el poder, pues consideraron que ya no les servia a sus intereses y porque la situacion del pais estaba fuera de control: inseguridad, bandas de asaltantes por doquier e invasiones desde los estados vecinos habian colapsado al pais.
Carrera conocia muy bien el carácter de la élite guatemalteca y por ello aceptó retirarse dócilmente y se fué a vivir a México, desde donde estuvo pacientemente esperando por una oportunidad para regresar a hacerse cargo de la situación. Y no tuvo que esperar mucho. En abril de 1849 la situación ya era mucho peor de como la habia dejado y entonces entró nuevamente al territorio guatemalteco por la frontera con México, estableciendo alianzas con los líderes indígenas de todos los poblados por donde iba pasando.
Aprovechando que Carrera habia abandonado el poder, los criollos liberales formaron nuevamente el Estado de Los Altos pero, tal y como les había ocurrido en 1838 con lo intentaron por primera vez, no contaban con el apoyo de la mayoría indígena. Esta vez, cuando se enteraron que dicha mayoría había ya pactado con Carrera, los criollos de Los Altos tuvieron que negociar con el gobierno de Guatemala para reincorporarse y lograr asi que éste los defendiera de la inminente invasión.
He aqui el Convenio suscrito entre el presidente de Guatemala, coronel Mariano Paredes y el general Agustín Guzmán, entonces gobernador del Estado de Los Altos, el 15 de mayo de 1849, el cual resume la situación y postura de los criollos altenses:
Reunidos los Sres. general en jefe D. Mariano Paredes, Presidente de la Republica de Guatemala y general D. Agustin Guzman, llamado al ejercicio del poder ejecutivo por algunos departamentos de Los Altos, como Segundo Jefe elegido por la Asamblea constituyente de aquel Estado en 27 de diciembre de 1838, que han sostenido el restablecimiento del expresado Estado, con el fin de conferenciar y acordar el medio de poner término a las desaveniencias que esta pretensión ha producido: el primero con la autorización que la Asamblea constituyente de la República dió al gobierno para procurar el restablecimiento de la paz, por su decreto de 25 de abril próximo pasado; y el segundo con la que confiere su carácter de jefe del ejército de su mando, conforme al acta de éste, de cuatro del corriente, celebrado en la villa de Zaragoza.
Guiados ambos de unos mismos deseos y convencidos de que estas desaveniencias debilitan el país y lo arrastran a la ruina, y de que sólo la unión lo puede hacer fuerte y preservarlo de tamaña desgracia, han convenido en los puntos siguientes:
Los pueblos de Los Altos que han estado al mando del general D. Agustín Guzmán, se reincorporan a la República de Guatemala, y entran a formar parte de ella con iguales derechos y cargas que los otros de la misma República.
Las fuerza que manda el expresado general Guzmán, quedan, por tanto, a las órdenes de la República de Guatemala para que las emplee a su servicio.
Los pueblos de Los Altos procederan desde luego a elegir sus diputados para la Asamblea nacional constituyente de la República.
Como los pueblos de Los Altos han quedado en abandono, por consecuencia de la invasión del general Carrera, el gobierno de la República de Guatemala, proveerá inmediatamente a su seguridad, dándoles autoridades que los rijan y la necesaria a su defensa.
Siendo una de las razones por que los pueblos de Los Altos se empeñaban en formar Estado independiente, lo gravoso que les es tener que llevar a la capital de la República sus recursos en material de justicia, y mandar a sus hijos a instruirse a la misma capital, el gobierno de la misma república se encarga de proveer lo uno y a lo otro, haciendo por su parte, desde luego, lo que quepa en sus facultades, y recomendando muy eficazmente a la Asamblea constituyente lo que sea de su resorte.
Quejándose los pueblos de Los Altos de los quebrantos que han sufrido de que el comercio de la República Mejicana esté gravado con los derechos de alcabala, coo extranjeros, el gobierno de la República de Guatemala se compromete a rever y revocar el decreto que asi lo establecio sin perjuicio de lo que en esta materia resuelva la Asamblea.
El gobierno de la República de Guatemala se compromete a proveer en igualdad de circunstancias y capacidades en los hijos de los pueblos de Los Altos, los empleos públicos de aquellos departamentos, creados o que se creen por la ley.
El gobierno de la República de Guatemala, se compromete tambien, a que si ha de haber guarnición en los pueblos de Los Altos, ésta sea compuesta en su mayoria de hijos de aquellos mismos pueblos.
El gobierno de la República de Guatemala reconoce como suya la deuda contraida por el gobierno que se dieron los pueblos de Los Altos, desde que proclamaron por primera vez su independencia, con inclusión de sueldos y pensiones civiles y militares, procurando que este pago se haga con las rentas de aquellos departamentos.
El gobierno del a República de Guatemala se encarga de llevar a su ejecución el decreto de erección del puerto de Champerico en la Costa de Suchitepéquez, y de reparar y mejorar los caminos de tráfico de los pueblos de Los Altos, como lo demanda imperiosamente su comercio.
El gobierno de Guatemala dará las ordenes convenientes a los agentes subalternos que tiene o tenga en los departamentos de Los Altos para que en manera alguna persigan a los que hayan tenido opiniones por la erección de Estado.
Con la presente convención se dará cuenta al gobierno de la república para su aprobación. En fé de estar todo así convenido; firmamos la presente en la Antigua ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de mayo del año de mil ochocientos cuarenta y nueve.
Mariano Paredes
Agustín Guzmán
APROBACION
Palacio nacional de Guatemala, 15 de mayo de 1849. Habiendo visto y examinado detenidamente todos y cada uno de los artículos contenidos en el precedente convenio, concluído el día ocho del corriente mes, en la Antigua Guatemala, entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, Presidente actual de la República y general Dn. Agustín Guzmán jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, y encontrándolo útil y conveniente para la pacificación de la república, y demás intereses generales de ésta; y a lo dispuesto en el decreto gubernativo del 13 de febrero del presente año, y oído el dictamen del consejo consultivo emitido el 13 del que cursa, el gobierno acuerda:
Se acepta y aprueba en todas supartes el convenio concluído y firmado en la Antigua ciudad de Guatemala el dia ocho de este mes entre los Sres. coronel Dn. Mariano Paredes, presidente de la República, y el general Dn. Agustín Guzmán, jefe de las fuerzas de algunos pueblos de Los Altos, el cual tendrá desde luego su puntual cumplimiento, y se pondrá en conocimiento del cuerpo legislativo en sus próximas sesiones.
El convenio no sirvió de mucho. Poco después de firmado, Carrera tomó la región y la sometió nuevamente por la fuerza para luego entrar triunfalmente a la Ciudad de Guatemala y quedarse de hecho con el poder. Allí intentó combatirlo Guzmán, pero murió en batalla sin alcanzar sus objetivos.
El coronel Arbenz y su gabinete de gobierno durante la Gala de Toma de Posesión. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Indiscutiblemente una de las leyes más controversiales en la historia de Guatemala es el Decreto 900, o “Ley de Reforma Agraria” impulsada por el gobierno del coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La política agraria buscaba modificar el régimen de tenencia de la tierra, el cual había sido modificado radicalmente tras la Reforma Liberal y los gobiernos de Miguel García Granados y J. Rufino Barrios, los cuales expropiaron extensas propiedades a las órdenes regulares de la Iglesia Católica y subastaron las tierras ejidales de las comunidades campesinas, dando lugar a la formación de grandes haciendas que se dedicaron al cultivo del café. Además, durante los gobiernos liberales se habían hecho concesiones territoriales muy importantes a extranjeros; por ejemplo, una considerable área de Alta Verapaz fue cedida a inmigrantes alemanes por J. Rufino Barrios, mientras que grandes extensiones en Izabal y Escuintla fueron otorgadas a la multinacional estadounidense United Fruit Company por los gobiernos del licenciado Manuel Estrada Cabrera y del general Jorge Ubico, respectivamente. El gobierno conservador del general Rafael Carrera también había otorgado concesiones a extranjeros, como el área de Izabal para los belgas en 1840 y el sur de Belice, comprendido entre el río Belice y el río Sarstun, a los ingleses en 1857.
En 1950 se realizaron censos estadísticos panamericanos que arrojaron resultados abismales sobre el grado de concentración de la propiedad de la tierra en Guatemala, lo que hizo que el gobierno arbencista tomara cartas en el asunto. A continuación reproducimos algunos artículos del decreto 900, que muestran como pensaba el gobierno arbencista modificar la tenencia de la tierra en el país:
ARTÍCULO 1. La Reforma Agraria de la Revolución de Octubre tiene por objeto liquidar la propiedad feudal en el campo y las relaciones de producción que la originan para desarrollar la forma de explotación y métodos capitalistas de producción en la agricultura y preparar el camino para la industrialización de Guatemala.
ARTÍCULO 2. Quedan abolidas todas las formas de servidumbre y esclavitud, y por consiguiente prohibidas las prestaciones personales gratuitas de los campesinos mozos colonos y trabajadores agrícolas, el pago en trabajo del arrendamiento de la tierra y los repartimiento de indígenas cualquiera que sea la forma en que subsistan. El pago en especie del arrendamiento solo se permitirá en las tierras no cultivadas y que no sean afectables por la Reforma Agraria, no pudiendo exceder la renta del 5% de la cosecha. Cuando la renta se pague en dinero en las tierras a que se refiere el párrafo anterior, la misma no podrá ser tampoco mayor del 5% sobre el valor de la cosecha.
(Nota de Hoyhistoriagt: en otras palabras, en este artículo se deroga el “Reglamento de Jornaleros”, la “Ley de Vialidad” y la “Ley de Vagancia”, que fueron creadas durante los regímenes liberales para la obtencion de mano de obra barata para las fincas cafetaleras).
ARTÍCULO 3. Son objetivos esenciales que la Reforma Agraria debe realizar:
a) Desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general;
b) Dotar de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que no la poseen, o que poseen muy poca;
c) Facilitar la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada;
d) Introducir nuevas formas de cultivo, dotando, en especial a los campesinos menos pudientes, con ganado de laboreo, fertilizantes, semillas y asistencia técnica necesaria; y
e) Incrementar el crédito agrícola para todos los campesinos y agricultores capitalistas en general.
ARTÍCULO 4. Las tierras cuya expropiación se ordene para realizar los objetivos señalados en los artículos anteriores y demás que persigue esta ley, quedan nacionalizadas e incorporadas al patrimonio de la Nación. El Estado, por medio del Departamento Agrario Nacional concederá a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas que lo soliciten, el usufructo vitalicio de tales tierras o el arrendamiento de ellas, durante el término que en cada caso se establezca. S los agricultores capitalistas solamente podrá concedérseles en arrendamiento. El Departamento Agrario Nacional también podrá otorgar en propiedad, parcelas de tierra a los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, hasta extensiones no mayores de dieciocho hectáreas (25 manzanas), pero en este caso la expropiación se hará a favor de los beneficiados y no en beneficio de la Nación.
ARTÍCULO 5. La expropiación a que se refiere la presente ley decretada por interés social se consumará previa indemnización, cuyo importe será cubierto con “Bonos de la Reforma Agraria” redimibles en la forma que determina la Ley.
El 31 de mayo de 1952, al enterarse del contenido del Decreto 900, el influyente periodista Clemente Marroquín Rojas (patriarca de la prensa escrita en Guatemala) escribió un editorial en su periódico “La Hora”, explicando que muchos de los miembros de las clases altas guatemaltecas que habían apoyado al ahora presidente en las elecciones de noviembre de 1950, lo habían sido porque estaban seguros de que Árbenz era un hombre de la derecha y que no podía ser marxista porque “era militar, estaba casado con una dama de sociedad asociada a capitalistas, y gustaba de la buena vida”; sin embargo, Marroquín Rojas explicó en ese editorial que él había conocido al verdadero Árbenz en las juntas del consejo de ministros del presidente Juan José Arévalo y dijo que era “un hombre que le inspiraba un gran aprecio en lo personal, pero que era firme en sus convicciones extremistas y que no las dejaría de lado hasta que fuera derrocado“. Y, para terminar, sentenció que ya no había posibilidad de compromiso entre el gobierno arbencista y las élites guatemaltecas porque el Decreto 900 atacaba los intereses de ésta últimas directamente.
Y no solamente se produjo un rompimiento con las élites, sino que también con el enclave bananero de la United Fruit Company la cual era la que poseía las mayores extensiones de tierra ociosa en el país y había manejado los hilos del gobierno desde 1903 hasta 1944; incluso durante el gobierno de Arévalo no se tocó los intereses de la UFCO en lo absoluto. Pero como la United Fruit Company había reportado al fisco guatemalteco sus posesiones por un valor mucho menor al real para evadir el pago de impuesto, cuando recibió los bonos de la Reforma Agraria no quedó satisfechos con los mismos. De hecho, la UFCO protestó y con el apoyo del Departamento de Estado estadounidense (dirigido por el accionista de la UFCO John Foster Dulles) reclamó el pago del valor real, que era casi veinte veces el valor reportado para el pago de impuestos. Ese fue el principio del fin del gobierno arbencista.
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