Pintura llamada “El triunfo de la Iglesia” realizada en 1673 por Pedro Ramírez “el Mozo” por encargo del obispo Juan Sáenz de Santo Matía de Mañosca y Murillo para la nueva catedral que se estaba construyendo en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Actualmente se encuentra en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Imagen de HoyHistoriaGT.
El 6 de mayo de 1670 arriba la Real cédula en la que el rey llamó la atención y separó del cargo al capitán general y presidente Sebastián Alfonso Rosica de Caldas por los abusos de autoridad que había cometido, entre ellos los que incurrió durante un viaje que había hecho a Nicaragua con la excusa de repeler los ataques de piratas, y por enviar al fiscal licenciado Pedro de Santillán a la prisión del castillo de San Felipe en el Golfo Dulce y donde murió el 9 de diciembre de 1669.
En la Real cédula se indicaba que el obispo Juan Sáenz de Santo Matía de Mañosca y Murillo debía tomar la presidencia interina e iniciar un juicio contra Rosica de Caldas. El obispo cumplió con la orden el 29 de octubre de ese año, y envió a Rosica de Caldas al poblado de Patulul en Suchitepéquez mientras se realizaba el juicio de residencia. Posteriormente, el ahora presidencia y juez de residencia, nombró al doctor Jacinto Roldán de la Cueva el 11 de diciembre para que investiga el viaje de Rosica de Caldas a Nicaragua, a donde el doctor partió el 14 de diciembre.
El 5 de enero de 1671, en la villa de San Miguel el doctor Roldán de la Cueva terminó con la investigación de la conducta observada por el capitán general Rosica de Caldas durante su viaje a Nicaragua, y concluyó que el presidente se había servido de indígenas sin cubrirles el salario correspondiente, proveyó de ciertos puestos sin tener la autorización para hacerlo y que jugaba al dado y a los naipes en su propia residencia. Roldán de la Cueva elaboró así un informe final, el cual terminó en la Villa de Jerez de la Choluteca el 15 de enero para después pregonar en Granada que estaba abriendo el juicio de residencia contra el capitán general el 3 de marzo.
El 7 de febrero de 1672, Rosica de Caldas reportó que estaba enfermo en Patulul, y pidió que lo trasladaran a Panajachel, lo cual fue autorizado por el juez de residencia y presidente interino, Mañosca y Murillo. No obstante, la salud del capitán general no mejoró y el 6 de marzo el bachiller en medicina Juan de Alarcón certificó que era tal la gravedad de la enfermedad, que era necesario que Rosica de Caldas permaneciera en la capital del Reino de Guatemala recluido en la enfermería de Belén durante el trámite del juicio de residencia.
Poco después, el 10 de marzo de 1672, el oidor Roldán de la Cueva cerró la información de los testigos en Granada y determinó que los cargos contra el ahora expresidente eran graves. Pero ya de nada sirvió puesto que Rosica de Caldas falleció en la enfermería de Belén en la ciudad de Santiago de Guatemala el 31 de enero de 1673.
El Palacio Nacional de Guatemala el 20 de octubre de 1944. En el recuadro: los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobienro: Jacobo Arbenz, Jorge Toriello y Francisco J. Arana. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Desde la creación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 por el general consevador Rafael Carrera, hasta la caída del general Federico Ponce Vaides, el gobierno guatemalteco era dirigido por el presidente de la República, el cual tenía control absoluto sobre todos los organismos del Estado. Es decir, a pesar de que había tres poderes en el Estado, esto solamente era una pantalla para disfrazar el absolutismo imperante.
No importaba la clase social, el respeto hacia la figura presidencial rayaba el fanatismo. Así pues, la población ilustrada se refería al presidente de turno como “Benemérito“, “Supremo Gobierno“, “Excelentísimo Señor Presidente“, “Caudillo Adorado de los Pueblos” etc., mientras que la población se refería al gobernante como “Tata” (por ejemplo, a Rafael Carrera le decían “Tata Rafa” y a J. Rufino Barrios le decían “Tata Rufo“; de hecho, a todas las figuras de poder les decían así y por eso al General Serapio Cruz le decían “Tata Lapo“).
Esto empezó a cambiar cuando el 20 de octubre de 1944, la revolución de Octubre derrocó al gobierno del general Federico Ponce Vaides, quien había intentado perpetuarse en el poder tras la renuncia del general Jorge Ubico el 1 de julio de 1944. El 28 de noviembre de ese mismo año, la Junta Revolucionaria emitió el Decreto No. 17, el cual modificó por completo la forma de hacer gobierno en el país, eliminando la centralización del poder en la figura dictatorial de un presidente, y otorgó autonomía diferentes entidades gubernamentales.
El resultado no deseado de este cambio fue la creación de gobernantes títeres que han pasado con mayor pena que gloria por el Despacho Presidencial, obedeciendo a los intereses de grupos de poder nacionales y extranjeros.
El decreto se reproduce a continuación por su importancia histórica:
Decreto Número 17
La Junta Revolucionaría de Gobierno,
CONSIDERANDO:
Que es imperativo e impostergable consolidar el triunfo de la Revolución del veinte de octubre, iniciada en la gesta cívica de junio y afirmar la obra revolucionaria en forma que garantice los justos anhelos del pueblo para lograr una efectiva libertad política, económica y religiosa y un estado de bienestar social de acuerdo con las exigencias de la época y los postulados de la Revolución;
CONSIDERANDO:
Que la centralización de los poderes del Estado en manos de un dictador irresponsable ha sido característica de todos los gobiernos anteriores con detrimento de los principios democráticos que propugnan todos los pueblos libres de la tierra; que el pueblo de Guatemala está resuelto a defender esos principios para hacerlos efectivos y evitar que se repita la farsa democrática en que hasta ahora hemos vivido;
CONSIDERANDO:
Que el centralizar en un solo hombre las facultades y poderes para gobernar, ha traído como consecuencia la desmedida ambición de mando, creando el tipo absurdo de presidente providencial que tiende a perpetuarse no obstante la prohibición constitucional absoluta, establecida para garantizar el principio de alternabilidad; que la institución de designados a la presidencia ha sido uno de los medios para que hombres sin escrúpulos burlen el sufragio y ha contribuido de manera eficaz a que individuos que no encarnan la genuina voluntad del pueblo, lleguen al poder y se mantengan en él;
CONSIDERANDO:
Que para mejor garantizar el principio de no reelección, además de la disposición constitucional tantas veces violada, es indispensable poner en manos del pueblo un medio más eficaz: el derecho de rebelión;
CONSIDERANDO:
Que el Ejército Nacional debe ser una institución vinculada al pueblo e identificada con él en sus aspiraciones democráticas, apolítica en su organización, guardián fiel de la Constitución de la República y defensor de la integridad territorial, pero nunca sostén de las dictaduras ni apoyo de la opresión;
CONSIDERANDO:
Que la organización del municipio a base de elección popular de sus componentes constituye una modalidad de la forma democrática de Gobierno, y que la institución de intendentes fue creada dictatorialmente como uno de los medios de centralización del Poder, para cimentar la opresión e impedir el libre ejercicio del sufragio;
CONSIDERANDO:
Que el funcionamiento orgánico de la democracia exige como condición primordial la aplicación de la ley sin privilegios irritantes; y que para que la Justicia llene las altas finalidades a que está llamada, se hace indispensable la autonomía del Poder Judicial, condición ineludible para la defensa del derecho contra la arbitrariedad;
CONSIDERANDO:
Que una de las cuestiones de más alta trascendencia para el futuro de Guatemala, estriba en la difusión de la cultura en todas sus formas; y que hasta ahora los gobiernos totalitarios que nos han regido han sido enconados adversarios de las manifestaciones del pensamiento, negando a la Universidad Nacional su condición de autónoma, que es indispensable para que pueda realizar su elevada misión;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio mayoritario para elegir miembros de los cuerpos colegiados que establece la Carta Constitutiva deja sin representación en dichos cuerpos a las minorías organizadas en partidos políticos, con lo que a un sector de la opinión pública se le priva de intervenir en la gestión de los negocios del Estado; y que por tal razón debe reconocerse constitucionalmente la existencia de los partidos políticos que reúnan los requisitos que la ley determine;
CONSIDERANDO:
Que el sistema de sufragio que rige en Guatemala es imperfecto y constituye un mecanismo propicio para defraudar la voluntad del pueblo y que, por otra parte, no acepta las modernas tendencias que aspiran a conceder la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla;
CONSIDERANDO:
Que el peculado y la malversación de fondos del Erario ha sido vicio de las administraciones anteriores, sin que haya sido obstáculo para el enriquecimiento indebido de los altos funcionarios la existencia de disposiciones legales tendientes al resguardo de los haberes públicos; y que se hace indispensable el establecimiento de normas de moralidad y honradez para garantizar al pueblo, de manera efectiva, el manejo de los dineros que le pertenecen;
POR TANTO,
DECRETA:
ARTICULO 1.- Se declaran principios fundamentales de la Revolución del veinte de octubre, los siguientes:
I.— Descentralización de los poderes del Ejecutivo y efectiva separación de los del Estado. II.— Supresión de designados a la presidencia y substitución de éstos por un Vicepresidente. III.— Alternabilidad en el poder, aboliendo la reelección y reconociendo al pueblo el derecho de rebelarse cuando se intente IV.— Nueva constitución y organización del Ejército, que garantice en forma efectiva su posición apolítica y le permita desempañar la función, para que fue instituido, de defender la libertad, la Constitución y la integridad nacional, creando dentro de la nueva organización de éste una garantía efectiva para sus miembros a efecto de que su profesión quede instituída bajo bases sólidas que no puedan ser destruídas a capricho del gobernante, quien no tendrá ingerencia en la organización técnica ni profesional del mismo, la cual será delegada en el Consejo Superior del Ejército para obtener así la posición social y profesional que se merece. V.— Organización democrática de las municipalidades mediante la elección popular de sus miembros. VI.— Autonomía efectiva del Poder Judicial. VII.— Autonomía de la Universidad Nacional. VIII.— Reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme la ley, y representación de las minorías en los cuerpos colegiados de elección popular. IX.— Sufragio obligatorio y voto secreto para el hombre alfabeto. Sufragio obligatorio y voto público para el hombre analfabeto, limitando su ejercicio a elecciones municipales. Reconocimiento de la ciudadanía a la mujer preparada para ejercerla. X. — Efectiva probidad administrativa.
Los principios anteriores se consideran esenciales para consolidar la ideología de la Revolución del veinte de octubre y deberán incorporarse a la Constitución de la República. La reforma del principio III sólo podrá decretarse cuando lo resuelva así la Asamblea Nacional Legislativa, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y aun así, la Asamblea Constituyente no podrá reunirse para conocer de reforma en tal caso, sino cuando hayan transcurrido doce años contados desde que se decretó. La reforma de los otros principios sólo podrá ser decretada transcurridos seis años desde la promulgación de la nueva Carta fundamental.
ARTICULO 2.— Mientras se organiza el Poder Ejecutivo de acuerdo con la nueva Constitución que se dicte, la Junta Revolucionaria de Gobierno hará sus veces, y en ese concepto podrá dictar todas las disposiciones, acuerdos y decretos que a su juicio sean necesarios para consolidar los principios de la Revolución consignados anteriormente. La Junta durará en el ejercicio de sus funciones hasta el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que hará formal entrega del Poder al Presidente electo por la voluntad del pueblo.
ARTICULO 3.— Ninguno de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno podrá ser postulado candidato ni electo Presidente de la República para el próximo período constitucional. Esta prohibición, que constituye un compromiso irrevocable e ineludible de la Junta Revolucionaria de Gobierno para con el pueblo de Guatemala, se hace extensiva a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y a los miembros del Gabinete.
ARTICULO 4. Para el mejor desempeño de sus funciones ejecutivas, la Junta Revolucionaria de Gobierno actuará con el número de Secretarios que considere conveniente a la buena organización de la administración pública.
ARTICULO 5.— Todos los contratos y tratados internacionales debidamente aprobados y llevados a cabo de conformidad con la ley serán respetados por la Junta Revolucionaria de Gobierno y conservarán su plena validez jurídica.
ARTICULO 6.— Mientras entra en vigor la nueva Constitución, las municipalidades de la República continuarán organizadas en la forma en que se encuentran actualmente.
ARTICULO 7.— Practicadas las elecciones presidenciales, el Presidente electo tomará posesión de su cargo el día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco.
ARTICULO 8.— La nueva Carta fundamental de la República deberá ser promulgada a más tardar el cinco de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, a efecto de que entre en vigor y sea jurada por el Presidente de la República en el momento en que tome posesión de su cargo.
ARTICULO 9.— El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario oficial y de él se dará cuenta a la Asamblea Nacional Legislativa en sus próximas sesiones extraordinarias.
Dado en el Palacio nacional: en la ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Grupo familiar indígena de Chinautla, en el departamento de Guatemala. Fotografía de Alberto G. Valveavellano publicada en “La Ilustración Guatemalteca” en 1897.
A continuación presentamos un decreto que no solamente muestra la diferencia que había entre los gobiernos conservadores y liberales con respecto al trato de los indígenas, sino que demuestra cómo estos pueblos originarios de la región han sido considerados como pobladores de segunda categoría a pesar de ser la mayoría del país. A este respecto, el decreto en mención incluso hace referencia al uso de la legislación española colonial, de un gobierno “paternalista para esta clase recomendable”, y a las prácticas de curas párrocos predicadores de la misma época para su aplicación con la población indígena.
Durante el gobierno del general Rafael Carrera, a pesar de las alianzas que éste tenía con los principales de los pueblos indígenas y de la protección que les otorgaba, también existían mandamientos de colonos campesinos para trabajos en fincas lejanas de sus pueblos de origen, pero la diferencia principal con respecto a los gobiernos liberales fue que los territorios de las comunidades indígena se mantuvieron intactos. La Reforma Agraria impulsada por los liberales luego de que J. Rufino Barrios tomara el poder en 1873 resultó en la expropiación de estas tierras por medio de artimañas legales que dieron lugar a la formación de grandes fincas cafetaleras que beneficiaron tanto al presidente como a sus colaboradores.
Es también importante destacar que en la Recopilación de Leyes de 1869 de donde se obtuvo este decreto, existe una sección dedicada única y exclusivamente a la legislación decretada para intentar combatir el alholismo endémico que ha afligido a las comunidades indígenas desde la época colonial.
(Se hace al salvedad de que en el siguiente decreto se ha modificado el término “indio” que aparece en el orignal de 1851 por el de “indígena”).
DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, DE 8, DE NOVIEMBRE DE 1851, SOBRE VARIAS DISPOSICIONES RESPECTO A LOS INDIGENAS.
La asamblea constituyente de la república de Guatemala.
Habiendo tomado en consideración la iniciativa del gobierno, y animada en favor de los indígenas del mismo espíritu que dictó el artículo 3°, sección 2da. de la ley constitutiva de 5 de diciembre de 1839, ha venido en decretar y decreta:
Art. 3°.- Los corregidores tomarán el mayor interés:
En perseguir la embriaguez y holgazanería en los indígenas; cuidando al mismo tiempo de que los destinados por mandamientos á los trabajos de particulares, sean bien tratados, pagados con puntualidad, no solo de sus jornales, sino también del tiempo que inviertan en ida y vuelta á sus pueblos; y en caso de enfermedad, donde no haya hospitales, asistidos y curados por aquellos en cuyo servicio se hallaban.
En que los fondos de comunidad se cobren, conserven y administren con puntualidad, seguridad y legalidad, verificándose siempre su inversión en favor exclusive de los indígenas, donde solo ellos los formen; y que para su aumento se practiquen las siembras de comunidad, si ajuicio de los corregidores fueren éstas convenientes á los indígenas.
Que se levanten, conserven y reparen los edificios para cabildos y cárceles, cuidando de la mejora de éstas en cuanto á su salubridad y seguridad, y que no sean lo que hasta ahora han sido. (Nota de HoyHistoriaGT: entre 1837 y 1851 Guatemala se mantuvo en constantes guerras en contra de El Salvador, Honduras y el Estado de Los Altos, y estuvo azotada por bandas de forajidos. Como resultado, las comunidades rurales estaban prácticamente en el abandono como lo indica este inciso).
Que los indígenas se mantengan separados en su administración de justicia ó municipal, si asi lo solicitaren, y que los justicias ó municipales cumplan con puntualidad, y no falten á los pasajeros, por su justo precio, los auxilios que necesiten en su tránsito por los pueblos de indígenas.
Que se establezcan escuelas donde no las haya, ó se mejoren las que existen; y que en ellas se enseñe de preferencia á los indígenas el idioma castellano y la doctrina cristiana; siendo recomendables aquellos maestros que mayor número de indígenas presenten con esta instrucción. Para el cumplimiento de este deber se pondrán de acuerdo los corregidores con los padres curas, á quienes se recomienda el mayor celo en la instrucción moral y religiosa de la juventud de sus parroquias. (Nota de HoyHistoriaGT: el clero secular fue parte integral del triunfo de la revolución campesina que llevó a Rafael Carrera al poder en 1838. Fue gracias al indoctrinamiento de los curas párrocos que lograron unificar a los campesinos bajo la bandera de la religión católica y así combatir a los “herejes” liberales).
Con igual acuerdo, cuidando que se levanten o reparen las casas parroquiales y las iglesias y que éstas se conserven con la limpieza y decencia correspondiente al culto. (Nota de HoyHistoriaGT: con el general Carrera al mando del poder ejecutivo las órdenes religiosas y el clero secular recuperaron gran parte de los privilegios que tuvieron hata 1829. De esta cuenta, corrió por cuenta del Estado reparar las iglesias y casas parroquiales, como se ve en este artículo).
Que los indígenas no sean despojados, ni a pretexto de ventas, de sus tierras comunes, no habiéndose hecho aquellas con las formalidades de almoneda, como lo previene la ley 27. titulo 1°, libro 6? de la recopilación de indias: ni se les moleste para el servicio de armas. ni se les permita abandonar los pueblos para vivir en los montes ó andar vagando; y los gobernadores cuidarán de recogerlos y obligarlos á que reconozcan el pueblo de su vecindario
Por último, los corregidores cuidarán de que en ningún caso se conviertan contra los indígenas las disposiciones que á su favor se han dado: si hubieren de tener gobernadores sean estos de su misma clase: si éstos se excedieren en los castigos que por sus costumbres pueden aplicar, sean contenidos, reprendidos y también castigados: si hubiere de procederse contra algún indígena ó parcialidad de indígena, o ellos tuvieren que entablar ó seguir acción alguna, donde no se hallare el fiscal, se lea nombrado de oficio un protector que los auxilie; pero cuidando de que no se abuse de su ignorancia para sujetarlos a estafas ó exacciones indebidas.
Art. 4°.— Los corregidores cuidarán de que en el archivo de sus respectivos departamentos haya y se conserve un ejemplar do la recopilación de Indias, á cuyas leyes deberán arreglarse en los casos que ocurran: y tanto los mismos corregidores, como los jueces y demas autoridades de los pueblos de indígenas deberán, en el ejercicio de sus funciones, penetrarse del espíritu de aquellas leyes, para gobernar paternalmente esta recomendable clase y cuidar de que no se abuse de su ignorancia, ni se les perturbe en sus costumbres, no siendo éstas, como dice la ley, claramente injustas.
(Nota de HoyHistoriaGT: esta protección paternal y cuidados que se despliegan sobre las poblaciones indígenas se derivan de las alianzas que el general Carrera cultivó entre los pobladores rurales del país y que le permitieron obligar a los criollos conservadores a aceptar su gobierno, ya que éstos temían que los indígenas se alzaran y los lincharan).
Art. 5°. — El gobierno poniéndose de acuerdo con el ordinario eclesiástico, podrá, con el objeto de civilizar y reformar las costumbres de los indígenas, restablecer las pensiones de religiosos misioneros como existian antes con igual fin.
Lago y volcán de Atitlan, aparecidos en una fotografía de 1897 publicada por Anne Maudslay en su obra “A Glimpse of Guatemala“
Reproducimos a continuación lo que relató en 1843 el historiador liberal Alejandro Marure sobre lo ocurrido en el lago de Atitlan el 18 de septiembre de 1827, cuando era jefe de estado de Guatemala Mariano de Aycinena:
“Reventó el volcán Atitlán, situado á las orillas del lago de Panajachel, en el Estado de Guatemala, arrojando una cantidad prodigiosa de mal-pais, arena y cenizas sobre la costa de Suchitepéquez, quedando toda aquella comarca, por más de cincuenta horas, envuelta en profundas tinieblas. Fueron notables los estragos que causó esta erupción, especialmente á causa de los grandes terremotos que la acompañaron. Este mismo fenómeno se repitió á principios de 828, y se ha repetido en años posteriores con no menor violencia, como está sucediendo en el presente de 1843.”
Se deduce de lo referido por Marure que la región del Lago de Atitlan sufrió esporádicamente un enjambre sísmico que se prolongó prácticamente durante todo el gobierno de Dr. Mariano Galvez (1831-1838) y parte del gobierno del licenciado Mariano Rivera Paz (1838-1844).
El volcán Atitlan es el único de los tres que rodean el lago del mismo nombre que ha estado activo en los siglos recientes. Documentos indigenas refieren que estuvo activo alrededor de 1469, mientras que la última erupción de la que se tiene registro data del 3 de junio de 1853, en la que arrojo ceniza que provoco obscurecimiento de la región.
BIBLIOGRAFIA:
Escalante Herrera, Marco Antonio (2007) Volcán Atitlán. Pbase. Guatemala
Versión estilizada del escudo del Estado de Los Altos, mostrando el Volcán Santa María y un Quetzal. Actualmente es utilizado como escudo en Quetzaltenango. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
En 1838 se creó el sexto estado, el Estado de Los Altos, teniendo como capital la ciudad de Quetzaltenango, y comprendiendo los territorios del occidente de Guatemala y el territorio del actual de Soconusco, (que ahora es parte del estado de Chiapas, en México). El decreto por el que se creó el Estado de Los Altos dice así:
La Asamblea Nacional Constituyente de la Federación Centroamericana en sesión plenaria celebrada el cinco de junio del año de 1838 habiéndose tomado en consideración la necesidad de crear un Sexto Estado se acuerda:
1. Crear el Estado de Los Altos, teniendo como capital a la ciudad de Quetzaltenango conformada por una junta de gobierno provisional, de la siguiente manera:
Marcelo Molina Mata, electo Gobernador del Estado de Los Altos.
José M, Gálvez
José Antonio Aguilar
General Agustín Guzmán Comandante en Jefe del Ejército del Estado de Los Altos.
Procédase a trabajar de inmediato en el desarrollo del puerto del Pacífico por orden del Señor Gobernador del estado Federal de los Altos, José M. Gálvez y a mejorar las relaciones con el Gobierno Federal de San Salvador.
Nótese en el decreto anterior tres aspectos importantes:
Desde el principio el Estado tenía la intención de mejorar las relaciones con el gobierno Federal de San Salvador, lo que quiere decir, con el moribundo régimen liberal del general Francisco Morazán, el cual se había visto muy reducido por la secesión de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y por la reciente guerra civil que derrocó a Mariano Gálvez en Guatemala. Los liberales guatemaltecos estaban interesados en coneguir esta alianza con el fin de dejar a la Guatemala conservadora en medio de dos gobiernos liberales.
También desde un principio, tenían la intención de construir su propio puerto en Champerico con miras a establecer una economía completamente independiente de Guatemala.
El Estado no estaba desvalido, sino que contaba con su propio ejército, el cual estaba a cargo del general mexicano Agustín Guzmán.
Por su parte, el Estado de Guatemala estaba muy débl luego de la guerra civil contra Mariano Gálvez y la posteriores guerras, por lo que luego de la separación del Estado de Los Altos, la Asamblea Constituyente de Guatemala tuvo que dividir al Estado en siete departamentos y dos distritos, de acuerdo al siguiente decreto del 12 de septiembre de 1839:
La Asamblea Nacional Constituyente del Estado de Guatemala:
Habiendo tomado en consideración la necesidad que hay de hacer una nueva y conveniente división del territorio, después de la separación de los departamentos que componen el Estado de Los Altos. Con presencia de los datos e informes que ha presentado el gobierno sobre el particular, ha decretado:
Los departamentos y distritos referidos, comprenden las poblaciones y lugares que se señalan en la tabla que acompaña a esta ley.
Mientras se reúnan datos más exactos, con presencia de los padrones que deben formarse para hacer por otra ley la división permanente del territorio, el gobierno queda autorizado para poder agregar o segregar de unos a otros, los pueblos o lugares que lo soliciten, con causa fundada en el mejor servicio y bien de los mismos pueblos, previo al informe de los jefes respectivos.
El mismo gobierno, en las providencias que tome, para la demarcación del territorio de los departamentos, procurará en lo que sea posible, que sea la misma la de los curatos y sus comprensiones, a fin de evitar embarazos y facilitar en todo el mejor servicio público.
En este decreto se puede apreciar el poder que tenía la Iglesia Católica sobre la región americana que estuvo bajo el control espanol, ya que la división administrativa de los países y estados se hizo en base a los curatos existentes, los cuales eran los poblados de indígenas que estaban a cargo del clero secular. Estos curatos habían sido hasta 1750, aproximadamente, las doctrinas que estaban a cargo de las otrora poderosas órdenes regulares, las cuales poseían grandes extensiones de tierra en las que sus “doctrinados” trabajaban para ellos a cambio de la evangelización que les proporcionaban. Para poner un ejemplo, he aquí un listado de las doctrinas que poseían los dominicos en el Reino de Guatemala en 1638:
Valle de Totonicapán en 1887. Así se encontraba en la época en que Los Altos intentaron separarse de Guatemala por segunda vez. Imagen tomada de “Guatemala, Land of Quetzal“
Tras la renuncia forzada del general Rafael Carrera a la presidencia de Guatemala el 16 de agosto de 1848 debido a la inestabilidad del país, el ahora expresidente salió al exilio a Chiapas y en Los Altos recuperaron la esperanza de formar su Estado independiente. Los criollos liberales estaban en el poder en Guatemala y eso no podía significar un mejor ambiente para la formación del estado altense.
Ante esta situación, la Municipalidad de Totonicapán expresó:
“Sesión extraordinaria del día lunes veinticinco de agosto de mil ochocientos cuarenta y ocho, a que concurrieron los individuos municipales que se expresan al margen, las municipalidades de los pueblos de San Cristóbal, San Francisco El Alto, Santa María Chiquimula, San Andrés Xecul y San Carlos Sija, y un numero concurso de las personas más notables de esta ciudad. Reunidas estas corporaciones con el importante objeto de la libertad e independencia de Los Altos, a que ha sido invitada esta Municipalidad por la de Quetzaltenango, oídos los votos de los concurrentes y bien meditado y discutido el asunto, y en consideración a que si en el año 1838 por decreto del 5 de junio del mismo año se declaró erigidos en nuevo Estado los pueblos de Los Altos, atendiendo que reunen para serlo el número de habitantes y los demás elementos y suficiencia que previene el artículo 198 de la Ley Constitutiva de la República de Centro América; ahora que se han multiplicado estos elementos es más necesaria que nunca la libertad de Los Altos. Considerando vigentes los efectos del citado decreto de 5 de junio de 1838; que si por un hecho de armas hostil y prevalido el general Carrera de su poder, abusó de él, invadiendo los pueblos de Los Altos, arrebatándole sus más sacrosantos derechos y anonadando su dignidad y soberanía: que ninguno de estos pueblos ha desistido ni renunciado del rango a que fue llamado; que antes bien, en distintas épocas han reclamado sus augustos derechos ahollados por la fuerza; que ninguna ley, ninguna autoridad competente ha declarado hasta ahora justa y lelgal la ocupación de Carrera ni el estado humillante a que redujo por la fuerza a estos pueblos aquel hombre; que al fin llegó el día feliz en que los Altos recobraran su liberad, soberanía y dignidad a merced de sus nobles esfuerzos, de la ausencia de su opresor, del restablecimiento del Gobierno libre de Guatemala, a la cooperación de las fuerzas de la montaña y poderoso valimento del señor general de Brigada don Vicente Cruz. Tomado en consideración lo expuesto por la municipalidad de Quetzaltenango, el general entusiasmo y vehementes deseos de esta población y el de las demás municipalidades que componen esta Junta por la recuperación y la soberanía, se declara solemnemente:
Que por parte del departamento de Totonicapán se secunda en todas las partes el glorioso pronunciamiento de la independencia de los pueblos de Los Altos al Gobierno de Guatemala, como lo verificó la Ciudad de Quetzaltenango;
Protesta esta Junta que observará con las autoridades y los pueblos de Guatemala la más estrecha y fiel armonía;
Que el ánimo de estos pueblos al pronunciarse por la reorganización del Sexto Estado, no es para excitar conmociones sino para estrechar más y más estos pueblos con los demás inmediatos y procurar su felicidad y bienestar.
Sáquense copias de esta acta para remitir una con el correspondiente oficio al Supremo Gobierno Provisorio de Los Altos y una a cada uno de los pueblos de este departamento; con lo que se conluyó el al acta que firman los señores Antonio López y Felipe Zavala.”
Los otros poblados mandaron actas similares y José Dolores Nufio se manifestó a favor en Chiquimula, y había partidarios de la independencia de Los Altos en Oriente y en El Salvador. Así pues, el 4 de septiembre se reunieron en Quetzaltenango los representantes de las municipalidades de Los Altos y el 5 de septiembre acordaron en primer lugar que los señores presbítero Fernando Antonio Dávila, Rafael dela Torre y el licenciado José Velazsco se hicieran cargo del gobierno, el cual fue aceptado pasivamente por el endeble gobierno liberal de Guatemala el 21 de septiembre de ese ano.
Este sería el inicio del segundo y último intento de Los Altos por conseguir su deseada independencia de Guatemala, ya que Carrera regresó al poder en 1849.
Francisca Aparicio y Mérida, marquesa consorte de Vistabella, conocida por los guatemaltecos de la época como “doña Paca”. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La herencia que dejó al morir el general J. Rufino Barrios fue considerable y pasó íntegra a su viuda, Francisca Aparicio de Barrios. El documento original del inventario fue elaborado sobre la base de una auditoría realizada el 3 de agosto de 1885 por Carlos F. Murga, quien percibió seis mil pesos por sus servicios.
He aquí el desglose:
Inmuebles matriculados para el 3 por millar (valores aproximados)
Tipo de bienes
Descripción
Monto
Urbanas
Casas de dos niveles en la esquina del Mercado en donde estaba el Hotel Universal
80.000
Casas de dos pisos 6.ª avenida sur, número 41
18.000
Casa en la 13 calle poniente
1.000
Casa en el camino del Guarda Viejo
N/A
Casa en el Barrio de la Libertad
N/A
Dos casas en la antigua casa de la neveria del Carmen
Un palacio en París, Francia, en la calle de Lafayette
400.000
La finca San Rafael en Mixco que donó á su hijo, el general Benancio Barrios
4.000
La finca denominada “Salazar” donada al general Benancio Barrios
14.000
Pasivo
Producto de sociedad en la Casa de Préstamo de Aquiles Assardo
50.000
Participación en la compañía de vapores de Guatemala en el Atlántico girando principalmente con banano en Livingston
N/A
Participación en la extinguida sociedad con D. M. Forestier de siembra en Gualán y Zacapa
N/A
Acciones en la sociedad agrícola de Quina en Baja Verapaz
20.000
Donación recíproca del gobierno mejicano
600.000
Suma general
$3.792,600
De los negocios, o rentas con que formó su haber y sus millones el general Barrios en bancos extranjeros (valores aproximados)
Descripción
Monto
La renta diaria de la administración general de licores desde julio de 1873
Aprox. 2.400,000
La renta diaria desde julio de 1871 al 3 de agosto de 1885 de la administración central de occidente
50.000
Las diferentes cantidades mandadas traer por sus ayudantes a la Administración central y departamentales de Occidente, a la Tesorería general de Rentas Comunes y a la Administración general de licores de la república:
4.000,000
Los $50.000 con que lo agració la Asamblea Constituyente
50.000
Sus sueldos de Teniente general, primero, y después de Presidente con gastos de Representación del estado
240.000
Sus exportaciones de café por diez años hasta el año de 1884.
4.000,000
Sus beneficios de ganado sin pagar impuestos por diez años
1.000,000
Su venta de panela y otros productos de fincas por catorce años
800.000
Desde 1873, los $25.000 anuales que le pasaba la agencia de Champerico
800.000
$300.00 diarios desde 1871 que le sacaban extraordinariamente del presupuesto militar
Por exoneraciones en los pagos que debía hacer en su maquinaría de fincas, suyas y de sus socios
100.000
Ganancias en sociedad de distracción á las peleas de gallos
300.000
Ganancias en sociedad en otros juegos de recreo con los Presidentes de El Salvador González y Rafael Zaldívar en asociación de Dueñas, en sus entrevistas y otros muchos en Guatemala, de enormes cantidades lo propio que a los presidentes Medina, Marco Aurelio Soto y Luis Bográn de Honduras
400.000
Ganancias como las anteriores de diversión a las carreras de caballos
100.000
En 1884 vendió una casa en la calle principal a Zara de Zaldívar
31.000
En 1884 vendió una casa frente a la Comandancia de Armas a Mariano Barrios
9.000
Por gastos de representación tomados demás de los que expresa el presupuesto, en doce años.
400.000
En participación de ciertos negocios lucrativos con el jefe político Cajas y sucesores de Huehuetenango. El jefe político Socorro De León de Suchitepequez; y el jefe político Monterroso de Retalhuleu
200.000
Por los obsequios y ovaciones desde julio de 1871
1.500,000
Los potreros del “Suchiate” por la barra de Ocós en el departamento de San Marcos, comprados por el Sr. Gral. Barrios
Plaza de Quezaltenango en 1875, mostrando la Catedral original antes del terremoto y erupción del volcán Santa María de 1902. Para entonces, el registro bautimal era la forma preferida para llevar un registro de los recién nacidos. Fotografía de Eadweard Muybridge.
La relación de los gobiernos liberales que gobernaron Guatemala entre 1871 y 1944 y la Iglesia Católica fue muy tirante, aunque mejoró un poco con la llegada al gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera en 1898. Esta crisis se originó por la enemistad entre los criollos liberales en el poder y los criollos conservadores que eran miembros de las otrora poderosas órdenes regulares de la Iglesia y que fueron expulsados por el gobierno, al igual que los arzobispo Bernardo Piñol y Batres y su sucesor, Ricardo Casanova y Estrada. Además, la constitución promulgada en 1879 específicamente indicaba que se prohibía la existencias de monasterios y congregaciones religiosas, y el que el clero tuviera propiedades.
A pesar de las expulsiones y expropiaciones, el gobierno liberal comprendía que era importante mantener a los curas párrocos, ya que ellos se encargaban de impartir la doctrina entre la población, así que les permitió permanecer en el país aunque les retiró el diezmo obligatorio dejándolos en una posición económica por demás precaria. Pero dado que el registro bautismal era tradicional, se hacía difícil la implementación de leyes laicas, como la del Registro Civil para la inscripción de los nuevos habitantes.
En 1884, era tal la cantidad de padres de familia que no inscribían a sus hijos en el registro y que solamente los bautizaban en la fe católica, que el gobierno del general J. Rufino Barrios se vió obligado a emitir el siguiente decreto que multaba severamene a los párrocos que bautizaran a aquellos niños que no estuvieran registrados:
Palacio de Gobierno: Guatemala, 9 de julio de 1884.
Considerando: que a pesar de las disposiciones vigentes, no todos los padres de familia y demás personas obligadas por laley cumplen con hacer que se inscriban los recien nacidos en el libro respectivo: que tal modo de proceder, no solamente es un óbice para que la estadística de nacimiento sea completa y cual corresponde a su objeto, sino que implica perjuicios que más tarde pueden ser irreparables para las familias, por referirse al estado civil de las personas; y que para evitar esos inconvenientes se está en el deber de dictar medidas eficaciones; el general Presidente acuerda:
Los párrocos no procederán al bautizo de ninguna persona, mientras no se le exhiba constancia de estar previamente asentado el nacimiento en el Registro Civil.
Los párrocos que no cumplieren con la disposición anterior, incurrirán en la multa de diez pesos; por la primer reincidencia y por las sucesivas, la multa será de veinticinco pesos. En caso de insolvencia, el párroco sufrirá un día de prisión por cada peso que no pudiere pagar.
Las multas las aplicarán de un modo económico, en las cabeceras de departamento, los Jefes Políticos, y en los demás municipios, los jueces de paz, los jueces municipales o los alcaldes. Las multas ingresarán a la Tesorería Municipal correspondiente.
Contra la providencia de la Autoridad que imponga la multa, no habrá más recurso que el de responsabilidad.
Los encargados del Registro darán aviso a la Autoridad de las infracciones del presente acuerdo, de que tuvieren conocimiento; para lo cual continuarán, como hasta ahora, examinando los libros parroquiales.
El presente acuerdo comenzará a regir quince días después de publicado en el Periódico Oficial.
Iglesia de Nuestra de Las Angutias en la Ciudad de Guatemala. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
Felipe Yurrita, propietario de la finca de café “Ferrol” ubicada en el departamento de San Marcos, construyó la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias en la Ciudad de Guatemala para cumplir con la promesa que le hiciera a la Virgen cuando la erupción del Volcán Santa María que destruyó el occidente guatemalteco el 24 de octubre de 1902.
En lo peor de la erupción, Yurrita decidió improvisar un pequeño altar sobre unos sacos de café y puso sobre él un cuadrito de la Virgen de las Angustias que él siempre llevaba consigo. Frente al altar dispusieron rezar el rosario y, en el momento de la letanía, la caída de ceniza cesó. En sus oraciones, Yurrita prometió que, de salir con vida él y su familia, construirían una capilla para que cualquier creyente pudiera llegar a rezarle.
Como agradecimiento, la construcción de la capilla se inició en 1927, fue dirigida por Regino y Félix Velásquez y finalizó tras 14 años de trabajos el 15 de junio de 1941, cinco meses antes de la muerte de Yurrita.
Vista de Mazatenango, Suchitepequez en 1875. Fotografia de Eadweard Muybridge.
Luego de la conquista española, el poblado de San Antonio Suchitepéquez fue fundado oficialmente el 13 de junio de 1549. Tal y como se acostumbraba en esa época, el nombre del poblado consta de dos partes: el nombre del santo católico que se venera el día en que fue fundado (y que era uno de los santos principales de la orden religiosa a la que el poblado había sido otorgado como doctrina) y una descripción con raíz del idioma náhuatl (esto ultimo porque las tropas que invadieron la región en la década de 1520 al mando de Pedro de Alvarado estaban compuestas por alrededor de cien soldados españoles y por varios miles de indígenas tlaxcaltecas y cholultecas). En este caso en particular:
“San Antonio” proviene de su santo patrono, el franciscano Antonio de Padua
“Suchitepéquez” se deriva de la voz náhuatl «Xōchitepēke», lo que podría traducirse como “En el Cerro Florido” o «En el Cerro de las Flores“, ya que este vocablo esta formado a su vez por:
“Xōchi-“: flor
“tepē”: cerro, montaña, y
-“k”: en
Tras la Independencia de Centroamérica, la constitución del Estado de Guatemala promulgada el 11 de octubre de 1825 estableció los circuitos para la administración de justicia en el territorio del Estado y menciona que San Antonio Suchitepéquez era parte del Circuito de Mazatenango en el Distrito N.º11 de Suchitepéquez, junto con el propio Mazatenango, Samayaque, San Lorenzo, Santo Domingo, Retalhuleu, San Gabriel, San Bernardino, Sapotitlán y Santo Tomás.
A partir del 3 de abril de 1838, San Antonio Suchitepéquez fue parte de la región que formó el efímero Estado de Los Altos, el cual fue autorizado por el Congreso de la República Federal de Centro América el 25 de diciembre de ese año forzando a que las autoridades conservadoras que apenas habían retomado el poder en el Estado de Guatemala reorganizaran su territorio en siete departamentos y dos distritos independientes el 12 de septiembre de 1839. La región occidental de Guatemala había mostrado intenciones de obtener mayor autonomía con respecto a las autoridades de la Ciudad de Guatemala desde la época colonial, pues los criollos de la localidad consideraban que los criollos aristócratas capitalinos que tenían el monopolio comercial con España no les daban un trato justo; pero este intento de secesión fue aplastado por el general Rafael Carrera, quien reintegró al Estado de Los Altos al Estado de Guatemala en 1840.
En 1902 el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera publicó la “Demarcación Política de la República“, y en ella se describe así a San Antonio Suchitepéquez: “su cabecera es el pueblo del mismo nombre, a 12 km de Mazatenango, es de clima templado en unas partes y caliente en otras, y los principales cultivos, café, cacao, maíz y frijol. Una parte de la población se dedica a la crianza de ganado. Limita: al Norte, con el departamento de Sololá; al Sur, con el municipio de San José El Idolo; al oriente con el de Estrada Cabrera, y al Occidente, con el de San Bernardino“.
El 6 de agosto de 1942, el poblado fue sacudido por un sismo que se produjo a las 17:37 hora local (23:37 UTC) y tuvo una magnitud de 7.7 en la escala de magnitud de momento (Mw) y 7.9 en la escala de Magnitud de onda superficial (Ms). El epicentro se encontró a lo largo de la costa sur de Guatemala y causó extensos daños en el altiplano central y occidental de Guatemala dejando un saldo de treinta y ocho fallecidos.
Engdahl, E. R.; Vallaseñor, A. (2002). «Global seismicity: 1900-1999». International Handbook of Earthquake & Engineering Seismology. Part A, Volume 81A (1.ª edición). Academic Press. p. 678. ISBN 978-0124406520. Archivado desde el original el 17 de octubre de 2012.
