La República Federal de Centro América se formó el 22 de noviembre de 1824, con el mismo territorio que antes ocupara la Capitanía General de Guatemala —exceptuando a Chiapas que se quedó en México tras la efímera Anexión de Centroamérica a México— y quedó compuesta por cinco estados: Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
El Estado de Guatemala específicamente fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente de dicho estado que emitió la constitución del mismo el 11 de octubre de 1825: “el estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y los forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El estado de Guatemala es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior.”
La misma constitución de 1825 indicó cual era el territorio del estado, y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825. La Asamblea Constituyente dividió al territorio en siete departamentos de esta forma:
Artículo 1. El territorio del estado será dividido en los siete departamentos que siguen:
Verapaz, que comprenderá el antiguo partido de este nombre y todo el distrito del Petén.
Chiquimula, comprende todos los pueblos y valles del antiguo corregimiento de Chiquimula y Zacapa.
Guatemala y Escuintla: le forman todos los pueblos del partido de Escuintla y Guasacapán, la capital de Guatemala, las villas de Guadalupe y Nueva de Petapa, los pueblos de Mixco, Chinautla, Jocotenango, Pinula, San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja en la capital, San Miguel y Santa Inés Petapa, San Juan y San Cristóbal Amatitlán y la población de Palencia.
Sacatepéquez y Chimaltenango: le corresponden todos los pueblos de Sacatepéquez no comprendidos en el departamento de Guatemala y todos los del extinguido corregimiento de Chimaltenango.
Suchitepéquez y Sololá: forman este departamento los territorios pueblos de las alcaldías mayores de ambos partidos.
Quetzaltenango y Soconusco: son comprendidos en este departamento todos los pueblos del extinguido corregimiento de Quetzaltenango, y los del antiguo gobierno de Soconusco.
Totonicapán y Huehuetenango: los pueblos de este departamento serán los mismos que formaban antes los partidos de ambos nombres.
Las cabeceras y distritos de los departamentos fueron establecidas de esta forma:
La primera erupción del Santa María en la época colombina ocurrió el 24 de octubre de 1902. Hasta entonces, el volcán había estado inactivo por al menos quinientos años, pero su despertar fue claramente indicado por un enjambre sísmico en la región que comenzó en enero de 1902 y un fuerte terremoto destruyó la ciudad de Quetzaltenango el 18 de abril de 1902. La erupción comenzó el 24 de octubre, y las explosiones más grandes ocurrieron durante los siguientes dos días, expulsando aproximadamente 5,5 km³ de magma.
La pumita formada en la erupción culminante cayó sobre un área de aproximadamente 273.000 km², y la ceniza volcánica fue detectada hasta en San Francisco, California y la erupción arrancó gran parte del flanco sudoeste del volcán, dejando un cráter de aproximadamente in kilómetro de diámetro y unos trescientos metros de profundidad.
Los habitants no reconocieron la sismicidad precedente como un signo de aviso de una erupción y por lo menos cinco mil personas murieron no solamente como resultado directo de la erupción sino además por un brote posterior de malaria.
La erupción del volcán tardó treinta y seis horas y lanzó una columna de material que alcanzó veintiocho kilómetros de altura y formó una nube oscura que cubrió la luz del sol durante varios días.
La Jefatura Política y la Corporación Municipal se encargaron de organizar los recursos inmediatos de que disponían para socorrer a las víctimas, organizar la ayuda proveniente de los vecinos que la podían proporcionar y gestionarla al gobierno de la capital. En la Ciudad de Guatemala el Presidente Manuel Estrada Cabrera y su gabinete estaban ocupados en la organización de los festejos de Minerva. Su respuesta ante la catástrofe fue disminuirla y en el peor del caso, tratar de silenciarla evitando que los medios de prensa divulgaran las dimensiones de la catástrofe en la región occidental del país. Es más, la respuesta oficial del gobierno central ante las autoridades quezaltecas fue de declarar no disponibilidad de fondos públicos, ya que recientemente se habían empleado en la ayuda para esa misma ciudad, para los damnificados por los terremotos del mes de abril, por lo cual era imposible atender a la petición.
Ante semejante respuesta gubernamental, el alcalde de la ciudad, en sesión extraordinaria informó a todos los miembros del consejo que a raíz de la erupción los pastos y siembras de la “la zona de occidente de la República se arruinaron”, por lo que entonces era de esperarse escasez de granos básicos, afectando tal situación especialmente a las personas de escasos recursos. Por tal razón, la corporación municipal decidió que doscientos pesos se invirtieran en la compra de alimentos para ser repartidos entre los más necesitados. Asimismo, el ganado de las haciendas estaba pereciendo. Empezaron a reportarse pérdidas, no solo por la desaparición de los rebaños sino también por la falta de ganado para abastecimiento de las carnicerías de la ciudad. Ante la escasez de alimentos en la región, el consejo municipal tomó la decisión de solicitar al gobierno central la autorización para importar libre de gravamen dos mil quintales de harina hasta llegar a completar diez mil, durante los meses siguientes.
La población fue afectada en distintas formas: para los indígenas la situación fue verdaderamente catastrófica, ya que no solamente porque perdieron parientes y amigos, sus casas y cosechas, sino que además fueron obligados a trabajar en las labores de reconstrucción. Por su parte, los terratenientes vieron la oportunidad de resarcirse de los daños obteniendo otras tierras y así lo solicitaron al presidente Estrada Cabrera, quien les dio terrenos en San Miguel Uspantán en el Quiché y en Panam en Suchitepéquez y Sololá, las que hasta entonces habían sido tierras comunitarias de los indígenas de la región. De hecho, en la Recopilación de Leyes de la República de Guatemala de 1902-03 solamente aparece este decreto referente a la erupción:
Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 12 de noviembre de 1902
En el deseo de prestar toda clase de auxilios a los agricultores que, con motivo de los últimos fenómenos volcánicos, han venido tropezando con dificultades; y teniendo el Jefe del Ejecutivo decidio empeño en aliviar éstas y prestar todo apoyo para la recolección de los frutos,
El Presidente Constituciopnal de la República, en uso de las amplias facultades de que está investido, Acuerda:
Crear una oficina, con residencia en Quetzaltenango, bajo la denominación de «Proveeduría General de Auxilios para la Agricultura» […]
Nombrar para Jefe de oficina, al Coronel don Marcos R. Calderón, quien prudencialmente repartirá los auxilios, quedando, a la vez, autorizado para elegir y nombrar al Secretario y a los dos Auxiliares.
Los Jefes Políticos de los Departamentos de Occidentes, atenderán las comunicaciones que reciban del expresado Jefe de Oficina, para que ésta llene debidamente su cometido.
Quedan exceptuados de toda contribución directa los mozos que, en virtud de esta disposición, presten sus servicios a los agricultores.
El Ministerio de Fomento queda encargado de dicgar las providencias conducentes al exacto cumplimiento de este acuerdo.
Comuníquese.
—Estrada Cabrera Ministro de Fomento: José Flamenco
Bunzendahl, E.; Bluth, G. J.; Rose, W. I.; Reif, S. L.; Matias, O. (2001). «Developing a Long-term Hazard Mitigation Plan for Consequent Volcanic Sedimentation Hazards at Santiaguito Dome Complex, Guatemala». Fall Meeting 2001, abstract #V41A-0974 (en inglés) (American Geophysical Union).
Plaza de Armas de la Ciudad de Guatemala. Se observan la Catedral Metropolitana, la Fuente Colonial, el Colegio de Infantes y el Portal del Comercio. Fotografía de Eadweard Muybridge, tomada en 1875, el año en que Barrios fue nombrado dictador.
El 21 de octubre de 1875 la Asamblea Constituyente que había convocado el presidente J. Rufino Barrios entre sus correligionarios decidió conferirle al presidente guatemalteco amplios poderes de los que “se había hecho mérito” entre los pueblos que ellos representaban, con miras a mantener el orden público; de esta cuenta, el presidente Barrios gobernó como dictador con poderes absolutos a partir de ese momento.
Luego, el 23 de octubre de 1876, por considerar que las circunstancias no habían mejorado, la Asamblea convocada ese año consideró que las circunstancias difíciles se mantenían y por ello consideraron que no era conveniente emitir todavía la Constitución de la República por los próximos cuatro años.
Sin embargo, en 1878 Barrios convocó a una nueva Asamblea Nacional Constituyente compuesta por sesenta y un representantes de los pobladors de Guatemala, ya que consideraba que el país estaba finalmente en paz y era momento de regresar a la constitucionalidad.
Solamente los Jefes Políticos, Comandantes de armas y curas párrocos eran quienes no podían ser diputados constituyentes; pero debe aclararse que en esa época solamente los varones que supieran leer y escribir o que fueran soldados eran considerados como ciudadanos.
De esta cuenta, Barrios gobernó sin una constitución vigente desde que tomó el poder en 1873 hasta que fue electo como primer presidente constitucional en 1879, momento en el que fue elegido para un período de seis años. Queda claro que, con constitución o sin ella, el general Barrios, al igual que había hecho el general Carrera antes que él, gobernó el país a su sabor y antojo.
General Ulysses S. Grant, expresidente de los Estados Unidos y héroe de la Guerra Civil de ese país. Obtuvo la concesión para construir el Ferrocarril de Guatemala entre la frontera de México y la Ciudad de Guatemala, pero su compañía quebró antes de poder empezar la construcción. Imagen tomada de Wikimedia Commons.
La construcción de ferrocarril era algo que interesaba sobremanera al general J. Rufino Barrios, ya que este sería el principal medio de transporte utilizado por él mismo y el resto de grandes caficultores del país para agilizar la exportación del grano.
Mientras se encontraba en Nueva York para finalizar el convenio con México para renunciar al Soconusco se reunió con el expresidente estadounidenses, general Ulysses S. Grant, cuya compañía ferrocarrilera estaba por empezar la construcción del tramo entre la Ciudad de México y Oaxaca, conocido en ese entonces como el “Ferrocarril Meridional de México”. El 6 de octubre de 1882 firmaron un convenio por medio del cual se iba a extender dicho tramo desde Oaxaca hasta la Ciudad de Guatemala, y el 7 de octubre el general encargado de la presidencia en Guatemala, José María Orantes, firnmó la ratificació de dicho convenio.
La compañía del expresidente Grant no logró construir ni siquiera el tramo en México pues debido a malos manejos de los socios de Grant en una firma de inversions, se fue a la quiebra y el propio Grant quedó prácticamente en la miseria.
Es interesante analizar el contrato establecido, para que se el lector se de una idea de cómo se realizaban los convenios con las constructoras de los ferrocariles por los gobiernos liberales:
El Gobierno de Guatemala, deseoso de extender la construcción de ferrocarriles en su territorio para promover el progreso y engrandecimiento del país, ha convenido con el general Ulises Grant, en prolonger sobre el terriotrio de Guatemala la línea del ferrocarril que el ultimo preside, bajo las bases siguientes:
Para llevar a efecto las estipulaciones del presente convenio, el general Ulises S. Grant y los asociados que a él se reúnan para tal propósito, han formado una corporación, con plenos poderes y autoridad para construir, mantener y traficar una línea de ferrocarril y telégrafo en el territorio de Guatemala sobre rutas elegidas por la Compañía del Ferrocarril de Guatemala, con facultad de colectar peajes, derechos de tránsito, muellaje, bodegaje, impuestos por conducción de pasajeros y mercancías, transmisión de telegramas y otros cargos por el uso de la propiedad de la Compañía. Los derechos, poderes y privilegios aquí conferidos serán poseídos y ejercidos por dicha Compañía juntamente con todos los derechos, poderes y privilegios necesarios para el buen éxito, con facultad para obrar y mantenerlos en conexión o conjunción con cualesquiera otras compañías de ferrocarril o telégrafo, dentro o fuera de la República de Guatemala, y con pleno poder para transferir todo, o parte, de los derechos conferidos a la Compañía del Ferrocaril Meridional de México, Corporación legalizada por el Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América, o a cualquier otra corporación organizada en los Estados Unidos de América por el referido Ulises Grant y sus asociados, con el objeto de construir ferrocarriles en la República de Guatemala en conformidad con las estipulaciones de este convenio.
El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala la porción de tierras baldías que para la construcción del camino sean necesarias, así como para depósitos y almacenes, dándole una faja de setenta metros de ancho para su curso, Tambien el derecho de tomar de las tierras baldías y ríos, riberas, materiales de cualquiera clase que sean necesarios para la construcción y reparación del ferrocarril y telégrafo: además el derecho de adquirir propiedad privada para el uso público, conforme a las leyes de expropiación del Gobierno de Guatemala.
El gobierno de Guatemala concede a la Compañía del Ferrocarril de Guatemala el derecho de importer, libre de derechos por el término de veinticinco años, todo el material necesario par la construcción de su camino, depósitos, almacenes, etc.
El contrato continua en estos términos, pero que claro que era prácticamente un regalo a la compañía constructura. Cuando la compañía de Grant quebró y Barrios murió en 1885, el ferrocarril no se construyó, pero el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera estableció un contrato muy similar para la construcción del ferrocarril en la década de 1900.
Miller, Robert Ryal (May 1965). “Matias Romero: Mexican Minister to the United States during the Juarez-Maximilian Era”. The Hispanic American Historical Review. 45 (2): 228–245. JSTOR2510566.
“Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur”. Cultura: Secretaría de Cultura (in Spanish). Red Nacional de Información Cultural. September 17, 2015. Retrieved January 26, 2017.
En las imágenes: el Escudo del Estado de Los Altos, retrato del capitán general Rafael Carrera y la verdadera firma del president, a quien los historiadores liberals acusaron de analfabeto y de firmar como “Raca Carraca”. Imágenes tomada de Wikimedia Commons.
Para septiembre de 1848 el presidente Rafael Carrera había sido obligado a renunciar y abandonar Guatemala por sus mismos partidarios, los criollos conservadores. Carrera no había logrado pacificar el país y eran constantes los crímenes politicos, los asesinatos en las carreteras, las invasiones de forajidos desde Honduras y El Salvador y los intentos de invasión desde esos países.
Los criollos, tanto liberales como conservadores, no miraban con buenos ojos que un mestizo como Carrera dirigiera los destinos del país y encontraron en la situación imperante la oportunidad perfecta para salir de él. Carrera renunció y se fue a exiliar a México, hasta donde le llegó la noticia de que iba a ser fusilado sin previo juicio si osaba poner nuevamente un pie en Guatemala.
Pero era el general Carrera muy inteligente y más sagaz que sus rivales políticos y se dedicó a esperar un tiempo prudencial en el exilio, a sabiendas de que los criollos no iban a poder gobernar el país en su ausencia.
Y así sucedió. Para el 21 de septiembre de 1848, el estado de Los Altos se volvió a formar, de la mano de su líder militar y político, el general Agustín Guzmán y con el apoyo de los criollos liberales que residían al oeste de las Verapaces y de Escuintla. La respuesta del gobierno guatemalteco fue muy timorata, y da una idea de por qué Carrera simplemente esperó el momento oportuno para retornar a hacerse cargo del país en 1849.
He aquí la respuesta de la Asamblea Constituyente:
“Habiendo tomado en consideración la asamblea constituyente la consulta que el gobierno dirigió con fecha 31 de agosto ultimo, con motivo del pronunciamiento de la municipalidad de Quetzaltenango, erigiendo a los departamentos de Los Altos en estado independiente de Guatemala: oídos los dictámenes de varias comisiones que entendieron en el asunto con presencia de los demás pronunciamientos que posteriormente fueron remitidos; tuvo a bien acordar este alto cuerpo se diga al gobierno:
Que los pronunciamientos indicados, se consideran perjudiciales a la causa misma que por ellos se quiso establecer.
Que la voluntad general, libremente expresada por los pueblos de Los Altos, será respetada y decidirá de su suerte cuando se obtenga legalmente.
Que para reglamentar la manera de lograrlo como corresponde, es muy urgente la concurrencia de los diputados de todos los distritos de Los Altos.
Que el gobierno proteja eficazmente a los pueblos que no hayan secundado el pronunciamiento, o tengan manifestada su voluntad de continuar unidos a esta república.
Que explore la voluntad de aquellos pueblos, ya manifestada en muchos documentos, trayéndonos a la vista y dictando otras medidas, si lo tiene por conveniente.
Y en fin, que emplée todos los medios suaves que dicta la prudencia para atraer al orden a los pronunciados en aquellos departamentos, y si no fueren bastante para obtener el resultado que se desea, que use de sus facultades ordinarias conforme previente las leyes vigentes.”
De más estaría decir que el Estado de Los Altos se formó y empezó a intentar relaciones internacionales para ser reconocido. Pero no contaba con que el general Carrera regresaría en cuestión de unos pocos meses, y que retomar Los Altos por la fuerza sería solamente el primero de una larga serie de triunfos políticos y militares que se extendieron hasta su muerte, en 1865.
BIBLIOGRAFIA:
Municipalidad de Quetzaltenango (2012). «Quetzaltenango en la historia». Municipalidad de Quetzaltenango en línea. Quetzaltenango, Guatemala.
Temporeras (jornaleras) en una finca de café en 1875, fotografía de Eadweard Muybridge. En los retratos: general J. Rufino Barrios, quien implement el Reglamento de Jornaleros (arriba) y el licenciado Manuel Estrada Cabrera (abajo) quien lo restableció en 1898. Imágenes tomadas de Wikimedia Commons.
Restablecido el Reglamento de Jornaleros para surtir de mano de obra a las fincas del país durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, fue necesario emitir algunas directrices para regular su implementación. Para que el lector se de una idea de como era aplicada en la práctica, se reproducen a continuación fragmentos de dos circulares que envió el gobierno a sus Jefes Políticos para intentar regular el reglamento y evitar los abusos que se estaban cometiendo.
El 12 de agosto de 1903, el gobierno emitió una circular enviada a los Jefes Políticos, a quienes se les informaba que el reglamento mencionado no debería “nunca convertirse en in azote para el infeliz, ni en ramo de especulación y de comercio, que es tan más infame cuanto que recae sobre los desheredados de la fortuna, sobre los padres que abandonan sus hogares, que no pueden ni subsistir con el mezquino jornal que ahora se les paga“.
“Por estas poderosas razones“, continuaba la circular, “se le solicita notificar a los propietarios y pueblos de su jurisdicción, que el jornal que desde el próximo 1 de septiembre debe satisfacerse a los mozos es el de doce reales diarios, sin descuento alguno“. Y finalizaba: “haga Ud. que los jornaleros cumplan con exactitude los compromisos contraídos; que los propietarios entre sí respeten sus mutuos derechos; que no se exploten la ignorancia o la pobreza, y que no re cobren por ninguno ni a ninguno emolumentos indebidos“.
Pero la implementación de semejante circular era muy difícil, al punto que el 19 de septiembre se envió una nueva, que decía: “Aunque es bastante clara y precisa la circular del 12 de Agosto, ha sido, por ignorancia o malicia, mal interpretada. El Presidente de la República hace las siguientes aclaraciones:
La circular del 12 de agosto no se refiere en manera alguna a los mozos colonos de las fincas rústicas, culaquiera que sea la clase de cultivo a que sus propietarios los hayan destinado o en lo sucesivo los destinen.
Tampoco afecta a los mozos habilitados con anterioridad o que, voluntariamente, lo fueren después de la fecha de la expresada disposición,
Los contratos celebrados quedan en todo su vigor y fuerza; y los finqueros y mozos en complete y absoluta libertad para celebrar otros nuevos, al precio que les convenga.“
Luego continuaba diciendo: “reitero a Ud. (como Jefe Político) de una manera enérgica y terminante, la prevención de vigilar con toda actividad y eficacia, porque no se trafique por ninguno ni para ninguno con la ignorancia o la pobreza del indio“.
Plaza central de Mazatenango, Suchitepéquez con el templo franciscano a la izquierda. Esta fue la única provincial que el Obispo Villalpando (en el recuadro) logró quitar a las órdenes monásticas. La fotografía es una composición: Mazatenango en 1875 de Eadweard Muybridge y el retrato del Obispo de una composición realizada por Juan José de Jesús Yas a finales del siglo XIX.
El poder las órdenes regulares de la Iglesia Católica durante la época colonial casi no tuvo oposición ni por las autoridades españolas, ni por los representantes del poder criollo, ni por los miembros del clero secular, con el Obispo o arzobispo a la cabeza. Fue hasta en 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios españoles que dicha influencia se rompió.
Antes de que se cumpliera la Pragmática Sanción que expulsó a los jesuitas, hubo un Obispo que intentó oponerse a las órdenes religiosas, pero no por su animadversion hacia ellas, sino por cumplir con lo dispuesto en el Concilio de Trento, que había indicado que las doctrinas indígenas tenían que pasar al control del clero secular, y ya no estar controladas por los frailes (conocidos también como religiosos regulares).
Este proceso de secularización fue emprendido por el Obispo Villalpando con todo rigor, logrando despojar a la orden de San Francisco de su provincial en Suchitepéquez, y luego intentó hacer lo mismo con las provincias que éstos tenían en Totonicapán y Quetzaltenango.
Pero de nada valieron sus edictos para evitar que los frailes fungieran como curas párrocos, pues para éstos, las doctrinas (o poblados de indígenas) eran sumamente rentables y les reportan generosos ingresos en sus haciendas, ingenious y trapiches. Los religiosos regulares, principalmente los dominicos y los franciscanos que gozaban de gran influencia en la corte del rey Felipe II (quien prácticamente vivía enclaustrado en un monasterio) se quejaron con el gobernante y éste emitió una Real Cédula el 30 de agosto de 1567 por medio de la cual solicitaba al arzobispo de México que enviara un visitador a Guatemala para investigar los “abusos” que estaba cometiendo el Obispo Villalpando. Asimismo, el papa Pío V envió dos bulas en las que ratifica a las órdenes religiosas su privilegio de fungir como curas.
Al dares cuenta de que estaba remando contra la corriente, el Obispo guatemalteco, salió de la ciudad y empezó a recorrer su diócesis, hasta que lo encontraron muerto en su casa en el actual El Salvador, en agosto de 1569.
